- Actuación policial en
España - Situación
en Europa - El
ejercicio individual de la prostitución no es
delito - El
proxeneta es un delincuente, salvo en España y en
Holanda - En
Suecia contratar servicios sexuales implica
cárcel - En
Holanda, las prostitutas existen en el Derecho
laboral - Alemania regula
donde no puede haber prostitución - Solo en
España, la prostitución no paga
impuestos - Conclusiones
INTRODUCCIÓN
El siguiente estudio analiza el régimen
jurídico de la prostitución en varios países
europeos, Alemania, Inglaterra y País de
Gales, Bélgica, Dinamarca,
España, Italia, Holanda y
Suecia. Con esto, el autor adelanta el soporte legal que
complementaría nuestro régimen jurídico
español.
Ha de destacar que las medidas particulares relativas a
la prostitución
infantil no han sido tenidas en cuenta en este
artículo ya que está tipificada como un delito en todo el
mundo
La mayoría de los países europeos se
enfrenta a un problema social, la prostitución. Ahora
bien, en las sociedades
democráticas, las medidas aplicadas son tomadas por el
legislador conforme a la percepción
de la ciudadanía. Si la ciudadana entiende la
prostitución como un problema de orden público, se
potencian las medidas amparadas por el Código
penal. Si reconoce el componente social, se habilitan medidas
administrativas y sociales.
ACTUACIÓN POLICIAL EN
ESPAÑA
En nuestro país, se entiende la
prostitución como el ejercicio habitual y venal por
persona de
cualquier sexo, mediante
precio, de
relaciones
sexuales con cualquiera que se lo pida, sea o no su
único medio de vida. Dicha actividad y su ejercicio no
están tipificadas penalmente, aunque es objeto de diversas
medidas no penales para evitar su extensión
Cuando la policía local de cualquier municipio se
enfrenta al problema de la prostitución, descubre un mundo
de miseria y explotación en el cual el sujeto de su
actuación, las prostitutas no son presuntas
delincuentes.
En efecto, es común que las intervenciones
policiales tengan lugar sobre aquellos que ejercen en la calle.
Generalmente, la actuación surge a instancia de parte toda
vez que su presencia deteriora el nivel económico de un
barrio. Caso paradigmatico en Madrid, el
Paseo de la Castellana está siendo barrido por la
policía local toda vez que la usual presencia de
prostitución en torno a la calle
Capitán Haya ha desbordado el "umbral de tolerancia" del
vecindario provocando las consabidas patrullas vecinales. El
conflicto fue
tal que tuvieron que intervenir las unidades de
intervención policial del Cuerpo Nacional de
Policía.
Cuando esta actividad está enclavado en barrios
degradados, la policía local no recibe la orden de
intervenir. La actividad económica del barrio se ha
deteriorado y se ha vinculado a este sector. Es
políticamente arriesgado intervenir. El caso extremo se da
en nuestra capital, en la
Casa de Campo. Es "oportuno" tolerar una zona de la ciudad con
unos tremendos niveles de degradación social. Abordar esta
situación supondría el traslado de este colectivo
hacia zonas urbanas con las consabidas protestas vecinales. De
ahí, la hipocresía. Se critica esta
concentración pero se permite la circulación de
55.000 turismos que acercan los clientes a los
prestatarios de servicios
durante las veinticuatro horas del día.
El hombre
público guía fundamentalmente su actuación
sobre la base de la obtención del máximo
número de votos que le permita mantenerse en el poder en la
próxima campaña electoral. Esto no quiere decir que
no está dispuesto a propugnar acciones que
él considere beneficiosas para la ciudad, pero siempre que
el cálculo
de ganancias y perdidas de votos le resulte altamente
favorable.
Luego, se permiten niveles de explotación sobre
un colectivo tan desasistido como los que "trabajan" en esta
zona, mil doscientos extranjeros y drogadictos porque no
sólo no tienen acceso a los grupos de
presión, sino que ni siquiera votan.
Fiel a su cargo, el defensor del menor de la Comunidad de
Madrid solicitó, en junio de 2.000, de la
Delegación del Gobierno que
investigara si jóvenes menores de edad ejercían la
prostitución en esa zona. Curiosamente, la investigación resultó negativa. De
haber sido positiva, alguien habría tenido que actuar para
no arriesgarse a dejar intencionadamente de promover la
persecución de este delito.
Sin embargo, la realidad es cruda con la pasividad
institucional. Una joven kosovar se ha fugado de la casa de
acogida de la Comunidad de Madrid y ha vuelto a su puesto en la
Casa de Campo. Por suerte para los "moralistas", es
yugoslava.
Es más, aunque no se quieran ver los riesgos
sociológicos que suponen la segregación entre el
mundo de la prostitución y la ciudad, las autoridades
deberían calibrar el alcance de su pasividad. Se
están permitiendo altísimos niveles de violencia
sobre seres humanos ya que la marginación en la que viven
impide la salida de este mundo, el abandono del mercado de las
prestaciones
sexuales denunciando si cupiera a aquellos que mediante violencia
se lucran de este mercado.
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