Esta política en educación superior y como hemos visto, tiene un sustento constitucional y persigue como sus principales objetivos los siguientes:
Para el desarrollo de estos objetivos y específicamente para el desarrollo de los componentes de calidad en la educación superior se proponen dos instancias que se concretan en diseñar por un lado, un sistema de evaluación institucional de las universidades y por el otro, el diseño e implantación de un sistema de acreditación institucional. Es SEA representa esa política en sus dos vertientes.
Desde del punto de vista normativo, se puede afirmar que los procesos de evaluación institucional para el sector de la educación superior, tienen un estamento legal que incide de manera positiva para que estos se pudiesen llevar a cabo. El reconocimiento constitucional de la obligatoriedad del Estado de ofrecer una educación gratuita pero además con equidad, integralidad y de calidad, es un reconocimiento indirecto a la necesidad de evaluar el sistema de educación superior.
Se observa en los documentos legales revisados, que la coincidencia de las características de la educación superior en lo referentes a la calidad y pertinencia entre los organismos internacionales y las propuestas legales nacionales son totalmente coincidentes, en ambas se conciben como un binomio indisoluble. No hay calidad sin pertinencia. Por otro lado el concepto de equidad, aunque mencionado e incluso trabajado por los organismos internacionales, se percibe como de mayor importancia para los estamentos legales nacionales.
El SEA, tienen los siguientes propósitos:
El SEA, pretende organizar e instrumentar el marco legal y técnico en el que se puedan superar las deficiencias evaluativas del sistema nacional.
Este sistema de evaluación pretende ser un compromiso de responsabilidad compartida, es decir, debe dar lugar al ejercicio del principio de corresponsabilidad entre las universidades y el Estado y en este sentido, debe ser obligante para ambos.
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Dentro de los fundamentos básicos del SEA, se asume primero que la calidad no es algo etéreo como algunos autores tratan de establecer, se deja claro, que el concepto de calidad que se aborda y el cual sirve de sustento es el definido por la UNESCO en 1997, y que establece que se entiende por calidad "la adecuación del Ser y Quehacer de la educación superior a su Deber ser". (Cuadernos de la OPSU 2001).
A partir de esta definición se establece en el caso del Deber Ser lo concerniente a la misión de la institución, su visión y valores. El Que Hacer determina el funcionamiento, y es precisamente aquí donde se determina la calidad de la institución, esta es la instancia en la cual se verifica la pertinencia, eficiencia y eficacia de la misma. Y por último el Ser, éste se refiere a los resultados y logros que la institución está consiguiendo.
Queda claro que el SEA, establece las instancias correspondientes y responsabilidades hacia la construcción de sistema compartido para la evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior.
Se insiste a través de la propuesta, que no tiene sentido optar como en el pasado a la acreditación si previamente las instituciones no han pasado por todo un proceso de aseguración de la calidad. Para garantizar la calidad hay que pasar por un proceso de supervisión y seguimiento, en cuya instancia se determina la pertinencia, eficiencia, y se establece la rendición de cuentas. Sólo a través de este proceso se puede garantizar estándares de calidad mínimos para todo el sector universitario. Una vez cumplido este proceso, para optar a la acreditación se podrá hacer a través de áreas de especialización como ciencias económicas, salud, ciencias, etc. Lo que en este nivel se acreditaría, sería la excelencia de los programas o carreras universitaria.
Estos objetivos, están en sintonía total con el Plan de Acción de la UNESCO, para la educación superior del nuevo milenio. Y es que aparentemente, la mayoría de las instituciones de educación superior que se encuentran en este momento desarrollando este tipo de actividad, coinciden con las líneas estratégicas pautadas por la UNESCO. Esto es de vital importancia debido a que por lo menos en el discurso, existe un común acuerdo entre el Estado Venezolano y las instituciones de educación superior, en que los objetivos de pertinencia, calidad, equidad, rendición de cuentas e internacionalización, para la educación superior son los mismos. Esto se puede considerar una fortaleza en el sentido de realmente a corto plazo, poder contar en el país con un verdadero sistema de educación superior estructurado.
Según la UNESCO, en el documento para la Transformación de la Educación Superior Latino Americana y del Caribe se establecen tres características fundamentales, estas son:
Estos conceptos asumidos por el Estado Venezolano y plasmados como ejes rectores de la educación superior venezolana, han sido caracterizados en nuestro caso dependiendo de las necesidades específicas de sistema nacional es así como se definen de la siguiente manera:
Aquí se pueden sostener dos acepciones
En los lineamientos generales del Plan de Desarrollo del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, se concibe el problema de la equidad educativa como uno de derecho y no de compensación en consecuencia no se trata de crear condiciones si no que el Estado garantice a los estudiantes de todos los niveles educacionales una educación de calidad.
En el SEA se han establecido dos subsistamos, uno de garantía de la calidad y otro de garantía de la excelencia. Para ambos casos se corresponden dos procesos de evaluación distintos pero complementarios y a su vez dependientes. Es así, como a través de un proceso evaluación institucional se garantizaría en primera instancia la calidad de las instituciones, para luego proceder a entablar un proceso de garantía de la excelencia a través de procesos de acreditación.
Existe coherencia entre las políticas nacionales expresadas constitucionalmente y las propuestas de gestión ofrecidas por los entes llamados a implantarlas. Ambos estratos coincide con las propuestas hechas desde la UNESCO en 1998, para la mejora de la educación superior latinoamericana.
NIVELES EVALUATIVOS
El sistema de Evaluación y Acreditación consta de cuatro niveles evaluativos, que interactúan con diferentes grados de responsabilidad e involucramiento.
Es la evaluación que desde el Estado se aplicará a todas las universidades nacionales públicas y privadas. Esta evaluación tiene carácter obligatorio y se desarrollará desde la fase de creación de las universidades hasta la fase de rendición de cuentas, pasando por una fase de supervisión y seguimiento.
Aquí se desarrolla el proceso de autorregulación. Básicamente consistirá de un tipo de autoevaluación de cada universidad de carácter permanente y que abarca a toda la universidad. No es obligatoria pero se considera moralmente obligatoria.
Corresponde a las autoevaluaciones que de forma autónoma realizarán las dependencias de las universidades que se encuentran por debajo del nivel de facultad o su equivalente. Se propone que sea una evaluación con características mixtas, (evaluación interna y externa). Es de carácter voluntaria y ocasional.
La acreditación será la evaluación que permita reconocer y certificar la excelencia de los programas o carreras de las universidades. Es totalmente voluntaria, ocasional y limitada en cuanto a la validez de la certificación.
En síntesis, se establece que los diferentes niveles para la evaluación y acreditación comienzan por una rendición de cuentas que es de carácter obligatorio y está coordinada desde los organismos responsables por parte del Estado. Luego está la evaluación institucional, la cual se realiza a través de procesos de autorregulación, esta evaluación es de carácter opcional, aunque se considera moralmente obligatoria para las instituciones de educación superior. En este aspecto que tiene que ver con la obligatoriedad o no de los procesos de autorregulación, se presentan algunas diferencias entre algunos actores corresponsales de la implantación de las políticas, en el sentido que dejar a la libre elección de las universidades llevar a cabo o no los procesos institucionales de autorregulación no es garantía suficiente para desarrollar la política. Se piensa que la obligatoriedad en este nivel debería ser explicita y no solamente moralmente obligante. Otra instancia se da a nivel intrainstitucional, a través de la autoevaluación igualmente voluntaria. En este nivel se realizan las evaluaciones de los diferentes entes que componen la estructura académica administrativa de nuestras instituciones léase facultades, escuelas, institutos, etc.
En última instancia se encuentra la acreditación, a nivel de carreras o programas y en este caso, si es totalmente voluntaria. Este nivel certificaría puntualmente la excelencia de dichos programas considerando a esta como aquello que: " Excede la calidad ". (Ver anexo 1y 3)
En los momentos actuales el proceso de implantación del SEA, se ha conseguido con varias dificultades que han impedido su desarrollo previsto.
Estos elementos tienen que ver entre otras cosas con:
Este aspecto de orden general ha influido de manera directa en el desarrollo del sistema. No solo por las razones de suspensiones de actividades que de hecho han sucedido, sino también desde el punto de vista de la beligerancia propia de la política nacional, que ha producido posiciones radicales de tipo político que desvían el foco de atención de los objetivos centrales de la propuesta y logra un clima de poca colaboración entre personas o instituciones con posiciones alrededor de este aspecto divergentes.
Se desprende de las conversaciones establecidas con personeros encargados de la implantación de la política en cuestión, que existen diferencias internas a nivel de las personas involucradas, en lo referente a cual de las políticas que se quieren llevar a cabo son las de mayor prioridad. De igual manera la estructura organizativa del ministerio, presenta graves problemas entre oficinas técnicas desde el punto de vista del establecimiento de responsabilidades y de falta de información y colaboración entre las mismas.
Otro aspecto importante es la aparente falta de políticas de comunicación e información desde el ministerio y hacia las universidades. Según la información recogida existen inclusive algunas universidades que ni siquiera saben de que se trata la política.
La resistencia interna en las universidades hacia los procesos de evaluación es característica en la mayoría de las universidades, sobre todo en las universidades nacionales. Todavía se percibe a los procesos de evaluación institucional como procesos valorativos con carácter punitivo, en una extrapolación de la experiencia de evaluación del rendimiento académico estudiantil hacia los procesos de evaluación institucional.
Ha aparecido como un hecho concreto la situación de falta de confiabilidad de la información que se maneja en cuanto al funcionamiento de las universidades. Es así como la información requerida para los procesos de evaluación varía a lo interno de las misma universidades según esta sea obtenida o suministrada por entes descentralizados como escuelas, facultades, institutos etc, y la información ofrecida por entes centrales de la misma universidad.
Ahora, no solo la información es diferente entre los entes centralizados y descentralizados de la estructura universitaria, sino que muchas veces la información ni siquiera existe. Aparece como fundamental, el desarrollo de una política nacional de información paralela, que apuntale la política de evaluación.
Esta falta de información confiable y el poco desarrollo de los procesos mismos de evaluación en el país, tiene en estado de subdesarrollo al proceso de elaboración de estándares. No se tienen indicadores ni estándares propios de nuestro sistema de educación superior y los que se han intentado utilizar algunas veces no se corresponden con las realidades nacionales que evalúan. Hace falta el desarrollo de los mismos con criterios que se ajusten a la realidad y necesidades nacionales.
Aparentemente el compromiso que se observa de parte de los rectores de las universidades que conforman el directorio del CNU, es ambiguo. Se reconoce abiertamente la necesidad de la política de evaluación pero a lo interno de cada una de las universidades el discurso no tiene un asidero real que la impulse.
En la actualidad, la renuncia del coordinado Prof. Cesar Villarroel deja algunas incertidumbres alrededor de las posibilidades de continuidad del proyecto.
Se cree que otra dificultad es la de falta de preparación gerencial de los estratos medios de la OPSU, para poder llevar a cabo con éxito la política.
Los basamentos curriculares sobre los cuales descansan la mayoría de los planes de estudios de las carreras universitarias nacionales, tienen que ver con objetivos de formación pre establecidos como necesarios. En la actualidad el desarrollo de currículos y planes de estudios se basan en el concepto de las competencias. De esta manera, las políticas de evaluación de la calidad y de la excelencia deben partir de principios diferentes ya que evaluarían competencias adquiridas y no objetivos cumplidos.
Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

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Elaborado por.
Lermit Rosell Puche
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
Caracas, 10 de Marzo 2007.
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