9. Acuerdo con la Santa Sede. Ley
17.032
El 10 de octubre de 1966, se suscribió un acuerdo
entre la Santa Sede y la República Argentina. Dicho
acuerdo fue firmado por la Ley 17.032 del 23 de noviembre de 1966
y ratificado el 28 de enero de 1967.
Con la Ley 17.032 también denominada Concordato, se
suprime la necesidad del acuerdo previo a la designación
de autoridades de la Santa Sede para desempeñarse en
nuestro país, sustituyendo por la
comunicación previa con aprobación
automática de no mediar objeción (por parte del
Estado
Argentino) dentro de los treinta días de comunicada la
designación.
Lo expresado anteriormente y algunos puntos más
pueden apreciarse en la explicación de cada uno de los
artículos pertenecientes a dicha ley:
Artículo I: Reconoce y garantiza la Iglesia, por
parte del Estado Nacional, el libre y pleno ejercicio de su
poder
espiritual, el libre y publico ejercicio de su culto, así
como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia.
Artículo II: Dispone que la Santa Sede podrá
contribuir nuevas circunscripciones eclesiásticas,
así como modificar los limites de las
existentes o suprimirlas, si lo considerase necesario o
útil para la asistencia de los fieles.
Artículo III: El nombramiento de los obispos y los
arzobispos es de competencia de la Santa Sede. Deben ser
ciudadanos argentinos.
Antes de proceder al nombramiento, la Santa Sede debe
comunicar al gobierno
Argentino el nombre de la persona elegida
para conocer si existe algún tipo de objeción. El
Gobierno debe contestar dentro de los 30 días, de lo
contrario, se interpretará el silencio, como una
aceptación del apersona elegida.
Artículo IV: Se le reconoce a la Santa Sede el
derecho de publicar las disposiciones relativas al gobierno de la
Iglesia y el de mantener correspondencia en forma libre con los
obispos, el clero y los fieles
Artículo V: EL episcopado Argentino puede llamar al
país a congregaciones religiosas, sacerdotes seculares, si
lo cree útil para incrementar la educación cristiana
del pueblo. El gobierno Argentino (en armonía con las
leyes),
facilitará al personal
eclesiástico y religioso extranjero el permiso de
residencia y la carta de
ciudadanía.
Artículo VI: En caso de que el Gobierno Argentino
tenga alguna objeción sobre los artículo II y III,
las altas partes deberán llegar a un entendimiento y
resolver amistosamente las diferencias.
Artículo VII: El Convenio entrará en vigencia
en el momento del canje de los instrumentos de
ratificación.
Al igual que lo señalado en la introducción
dicha monografía
intentó reseñar los perfiles más importantes
concernientes a la unidad número cuatro de esta materia.
Con respecto a la conclusión pueden mencionarse varios
puntos que creemos convenientes destacar.
En primer lugar los Tratados han
asumido una importancia cada vez más creciente en la vida
internacional. En el siglo pasado el número de Tratados
era relativamente reducido y en su mayoría versaban sobre
temas de carácter político. Actualmente los Estados
celebran diariamente Tratados sobre los temas más
diversos.
Además por medio de los Tratados se tiende a mantener o
afianzar las buenas relaciones con los Estados extranjeros.
En lo que respecta a la Iglesia, el Estado la
reconoce como una persona jurídica de derecho
público, y entre ambos debe establecerse una
relación de cooperación.
El Estado argentino adopta una postura secular frente a la
Iglesia, es decir, sostiene la religión de la
mayoría.
Como conclusión final cabe destacar que esta
monografía encierra un gran valor en el
ámbito personal, puesto que es el resultado obtenido del
análisis e interpretación del
material adquirido, luego de varias horas de trabajo y
dedicación.
Esperamos haber cumplido con todas las pautas requeridas por
el profesor a cargo de dicha materia.
Jueves 1 de Junio de 2000
la re-reeleccion en peru: reunion
del consejo permanente en washington
Sin acuerdo en la OEA para
sancionar a Perú
Brasil, México y
Argentina, entre otros países, defendieron el principio de
no intervención · Y no avalaron la postura
más dura de EE.UU. · El tema, debilitado, pasa
ahora a la Asamblea General.
ANA BARON. Washington. Corresponsal.
La mayoría de los países latinoamericanos,
encabezados por México y Brasil y con
igual criterio de Argentina, enarbolaron ayer el principio de no
intervención y no dieron consenso para que el Consejo
Permanente de la OEA decida sanciones contra el gobierno de
Alberto Fujimori.
Se opusieron así a una iniciativa de EE.UU. para que se
aplique contra Lima, la llamada resolución 1080, que
castiga a los países donde se producen interrupciones
abruptas del orden constitucional.
La reunión del Consejo Permanente que tuvo lugar en
Washington decidió que el problemático proceso
electoral peruano sea discutido más informalmente en la
agenda que tratarán los cancilleres durante la
reunión plenaria de la Asamblea, que se celebrará
el fin de semana en Canadá.
El embajador de México, Claude Heller, fue el primero en
rechazar la propuesta de EE.UU. argumentando que no
correspondía aplicar la 1080 ya que ese instrumento fue
concebido para casos en que los procesos
constitucionales son interrumpidos por un golpe de Estado.
Uruguay,
Ecuador y
Venezuela
coincidieron. Mas aún: el embajador de Brasil, Leite
Barbosa, y el argentino, Juan José Arcuri, hablaron de la
necesidad de establecer un equilibrio
entre la defensa de la democracia y
el principio de no intervención.
"Mi país ha seguido con particular atención el
proceso electoral peruano, por el especial afecto y respeto que
siente por el Perú, sin la intención de intervenir
en sus asuntos internos, pero con el convencimiento de la
significación que tiene para la región la
consolidación de los procesos e instituciones
democráticas", dijo Arcuri. Su discurso fue
considerado como la primera prueba de que la entina ya no se
alinea automáticamente con EE.UU.
En efecto, Buenos Aires no
apoyó la propuesta de Washington y adoptó un perfil
mucho más bajo que en el pasado. "No fue ni frío ni
caliente", dijo luego un funcionario de la Casa Blanca al
comentar el discurso de Arcuri.
La reunión de ayer comenzó con la
presentación del crítico informe sobre las
elecciones peruanas que hizo el jefe de la misión de
los observadores electorales de la OEA, Eduardo Stein. El
diplomático explicó que de acuerdo a los
estándares internacionales, "el proceso electoral peruano
está lejos de ser considerado como libre y justo".
Para la embajadora peruana Beatriz Ramacciotti, los comicios se
celebraron en un marco de "plena normalidad", con la
participación masiva del pueblo peruano, y acusó
virulentamente a Stein de haber abusado de su mandato. En esas
elecciones, segunda vuelta de los comicios realizados en abril,
no se presentó el opositor Alejandro Toledo quien
denunció que el proceso estaba viciado, posición
que apoyaron los observadores de la OEA.
Al final de la reunión, muchos quedaron con la
impresión que el tema morirá en la Asamblea de
Canadá y luego EE.UU. decidirá si aplica sanciones
unilaterales. "No creo que los ministros de relaciones exteriores
encuentren otra fórmula en el marco de la OEA para
sancionar a Perú", dijo a Clarín un
diplomático latinoamericano que pidió no ser
identificado.
Las organizaciones de
derechos
humanos como Human Rights Watch reaccionaron con
preocupación. "Sinceramente yo pensé que iban a ser
más firmes", comentó a este diario José
Miguel Vivanco, su director para las Américas. "Esto es
una vergüenza", afirmó un representante de la
Comisión de Derechos Humanos de la OEA
que pidió no ser identificado.
No sería la primera vez que EE.UU. actúa
unilateralmente si la OEA permanece neutral. Pero la profesora de
la George Washington University y especialista en Perú,
Cynthia McClintock, dijo que al Departamento de Estado no
le será fácil decidir cuál es el mejor curso
de acción. "En este momento hay una gran discusión
entre las diferentes agencias del gobierno norteamericano. La
posición del zar antidroga, Barry McCaffrey, y de la CIA
no es la misma que la del Departamento de Estado o de la Casa
Blanca", explicó la especialista.
"Fujimori ha sido muy eficaz en su lucha contra las drogas y
contra la guerrilla y eso le ha creado vínculos con la
oficina
antidrogas y con la CIA que son muy fuertes", agregó.
"(Vladimiro) Montesinos, el jefe de la inteligencia
peruana, está muy ligado a la CIA. Perú es una
pieza clave para la lucha contra el narcotráfico."
Domingo 04 de junio de 2000
Iglesia: ¿un cambio de
habitos?
La procesión va por dentro
El cardenal Primatesta apoyó la marcha contra el
FMI y
sacudió a la Iglesia. Su controversia con la actual
jerarquía católica se hizo pública y
arrastró a su secretario en la Pastoral Social. La fuerte
presencia de los obispos en temas sociales da al Episcopado otro
perfil y traza otra relación con el Gobierno.
VICENTE MULEIRO. De la Redacción de Clarín
El tono templado de las comunicaciones
públicas de la Iglesia Católica y el susurro
inadvertido de sus disputas intestinas se tornaron ruidosos en
las últimas dos semanas. Ese cambio de hábitos
llegó a su pico luego del apoyo público de la
Pastoral Social al acto contra el FMI y el ajuste convocado el
miércoles 31 por la CGT disidente que lidera Hugo Moyano.
La figura del cardenal Raúl Primatesta,
titular de la Pastoral Social, comenzó a dividir
aguas con aquella adhesión que, ante el Gobierno
aliancista y hacia adentro de la Iglesia, cargó con todo
el peso de la novedad. La reacción del Episcopado, por su
dureza, fue inusual y arrastró al secretario de la
Pastoral Social, el laico Guillermo García Caliendo, un
hombre de
confianza de Primatesta.
No era nueva, sin embargo, la manera de plantarse de la Iglesia
ante la crisis social
y la deuda externa. En
línea con el papa Juan Pablo II, y despejadas las pugnas
con el antiguo bloque socialista, las jerarquías
católicas insisten en que los organismos internacionales
de crédito
deben reducir la mole financiera que aplasta a los países
pobres. En esa instancia han comenzado a disputar poder en las
alturas de la economía global.
América
latina contiene a casi la mitad de la grey. La Argentina es
el décimo país en cantidad de católicos. La
pauperización de la región y del país no
pasa de largo por Roma y obliga a
los pastores a plantarse: ¿serán los enfermeros de
una agonía, como intermediarios del asistencialismo
estatal o pugnarán por un cambio de tratamiento?
¿El modelo es
curable o hay que cambiarlo? Según el Papa la
incógnita doctrinaria está resuelta así: hay
que salir del capitalismo
salvaje. La fuerza de su
autoridad y de
su posición ante la deuda quedó escrita en el
párrafo 52 de su documento "Hacia el Tercer Milenio".
Aquí, los obispos van adecuándose a la línea
papal. El presidente Fernando de la Rúa escuchó al
arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio, en su primer
tedéum patrio, el jueves 25 de Mayo, que algunas promesas
y enunciados suenan a cortejo fúnebre: "Todos consuelan a
los deudos, pero nadie levanta al muerto".
Cinco días después, el presidente de la Conferencia
Episcopal, Estanislao Karlic, le entregaba a De la Rúa el
documento de treinta páginas "Jesucristo, señor de
la historia" donde
en su punto 11 habla de la "enorme inequidad que interpela a
todos" y define al cuadro social y a la pobreza como
"verdaderas estructuras de
pecado".
El Gobierno había lanzado su ajuste con reducción
salarial y no recibía de la Iglesia palabras de consuelo.
Sin embargo, esos dardos discursivos, que no mencionaban a la
deuda externa ni apoyaban protestas, no habían sido
tomados por el Gobierno como un ataque. La carta de
Primatesta a Moyano, con su adhesión a la marcha y la
designación de un observador en el mismísimo palco
-el secretario García Caliendo- preocuparon mucho
más.
Las fuentes del
Episcopado son unánimes: Primatesta se había
cortado solo en su apoyo. El obispo de Zárate,
monseñor Rafael Rey, ubicado en un ala más
progresita que Primatesta se molestó: "Fue una
decisión personal del cardenal", dijo. Monseñor
Karlic le pidió explicaciones por teléfono. Oficial
y extraoficialmente la mayoría del Episcopado hizo todo lo
que había que hacer para dejar en claro que la actitud de
Primatesta era inorgánica.
Desde la Pastoral Social -la estratégica comisión
que trama relaciones con políticos, sindicalistas y
empresarios-, Primatesta venía prendiendo velas. Su
criatura, la Mesa del Consenso, creada para fomentar el
diálogo ante el agravamiento de la crisis social tras el
efecto tequila, alumbrada por los encuentros "Constructores de la
Sociedad" no
consiguió la presencia que deseaba. El menemismo
temía que desde allí se creara un dicurso
antimodelo. Ya en campaña De la Rúa apoyó la
Mesa y como Presidente emitió señales positivas a
reuniones en las que envió a sus funcionarios y
concurrió personalmente. Luego el ministro de Trabajo,
Alberto Flamarique, convocó a su propio diálogo
multisectorial. Esto no le cayó bien al ex arzobispo de
Córdoba. También recibía recriminaciones por
un encuentro que realiza anualmente en Tanti, Córdoba, y
que suele abrir el sindicalista Juan José Zanola.
Pero más controversias generaba la presencia de
García Caliendo. En diciembre, cuando se hizo la
última votación para la secretaría de la
Pastoral Social, Caliendo fue objetado por varios obispos.
Primatesta debió defenderlo con energía para
mantenerlo por otro período de tres años. Caliendo
ya se desempeñaba como colaborador de Primatesta en
Córdoba. El año pasado su nombre circuló
como posible candidato a legislador por el PJ. En su pueblo, Alta
Gracia, se había desempeñado en el área de
Turismo bajo una
gestión
peronista. También encabezó el despliegue
político de Gustavo Beliz en Córdoba. Los obispos
más moderados impugnaban su decidido color
político y veían en él la marca de una
excesiva ambición personal.
Una alta fuente oficial confió a Zona que el Gobierno
siempre vio en la fuerte jugada de Primatesta de apoyar la marcha
de la CGT rebelde "una apuesta personal". El titular de la
Cámara de Diputados Rafael Pascual está convencido:
"Esto lo hizo Primatesta solo". El diputado Jesús
Rodríguez fue más duro: "La impresión que
tiene el Gobierno de la puesta en escena política-sindical-eclesiástica es la
de un aviador que tira la bomba atómica y después
propone el planeamiento
urbano de la misma ciudad que devastó".
La plana mayor del Gobierno da crédito a una buena
relación entre el Episcopado y el gobierno de De la
Rúa. Fue el secretario general del Episcopado, Guillermo
Rodríguez Melgarejo, quien el jueves, a las 11, le
comunicó al vicepresidente Carlos Alvarez, en ejercicio de
la Presidencia, que el Episcopado saldría al cruce de las
fuertes palabras de Caliendo en el acto del miércoles, en
que llamó a resistir la política
económica del FMI. Con desacostumbrado énfasis,
el Episcopado "deploró" su actitud de hablar en el acto y
lo acusó de "abuso de confianza" ya que solo había
sido designado "observador" en la marcha. Caliendo
renunció.
Su caída, dicen en medios
religiosos, fue sonora porque ya estaba apuntado. En la
rápida salida de Caliendo no se le quita mérito al
mismo presidente De la Rúa, inquieto por ese discurso
flamígero. Tampoco a su secretario de Culto, Norberto
Padilla, designado en ese cargo clave con el visto bueno de la
Iglesia.
Tras la turbulencia, el Episcopado que encabeza Karlic busca
volver al perfil que más le importa ante el Gobierno y que
se define como de "autonomía y cooperación", una
figura extraída del Concilio Vaticano II desarrollado
entre 1962 y 1965. Esa figura pretende conservar la identidad de
la Iglesia sin que por eso sea ajena al destino de un
país, sobre todo en relación con el bien
común.
La actual camada de obispos que domina la cúpula de la
Iglesia, repartida entre moderados como Karlic y Eduardo
Mirás, y progresistas moderados como Rey y Jorge
Casaretto, se dice escoriada con la "Iglesia en el poder" y por
el alto precio pagado
por la relación directa que el ex presidente Carlos
Menem
mantenía con Roma, aupado en su posición
antiabortista. No quieren más ese estilo, "ni quieren una
Iglesia corporativa y secreta en la que si un obispo insulta a un
periodista hay que callarse en nombre de intereses sagrados" dice
el padre Domingo Bresci de la diócesis porteña.
Ante el Gobierno, la Iglesia se mueve con buenas relaciones y
actúa con cierta distancia. De la Rúa le ha dado
todas las garantías posibles aunque eso no licue del todo
la desconfianza que genera el tradicional laicismo radical, con
su impronta anticlerical, y la integración de dirigentes de origen de
izquierda en la Alianza.
Pero pese al aval del Papa para pregonar los pecados de la deuda
externa, el Episcopado se mueve con cautela en ese terreno. Por
eso molestó más el estilo directo que empleó
Primatesta. En esa línea, también se notan
diferencias terrenales con el nuevo nuncio apostólico,
monseñor Santos Abril y Castello que presentó
cartas
credenciales a De la Rúa el 10 de mayo. Hasta que la
situación cobró temperatura
con el discurso de García Caliendo, el nuncio fue uno de
los respaldos que mantenía Primatesta. Abril y Castello
está en estricta sintonía con Roma y con las
críticas a los efectos del neoliberalismo. Se supone que el Episcopado
argentino, con respecto a la deuda externa subirá
lentamente su presión. "La Iglesia argentina, con sus
tiempos, con su metodología, está alineándose
con la postura del Papa", dice Mario Cafiero, presidente de la
Comisión Bicameral Jubileo 2000.
Lo que el Gobierno sí comienza a temer es la posibilidad
de que gestos tan audaces como los de Primatesta generen una
resurrección del peronismo no
menemista. El ex gobernador Eduardo Duhalde se exhibió muy
activo con la adhesión de Primatesta a la marcha. Su
circulación pública presagió una pelea de
espacios con su su cesor Carlos Ruckauf. También Gustavo
Beliz se apareció por la plaza. Desde ya que en la Iglesia
y en el peronismo persisten sectores interesados en alimentarse
mutuamente para reafianzar su papel en la
sociedad. El Gobierno no descarta que algunos legisladores
justicialistas presenten proyectos en
línea con las objeciones que el Papa les hace a los
organismos internacionales de crédito: ¿Qué
mejor bendición se podría conseguir? El PJ se
propone juntar un millón de firmas para apoyar la
moción de Juan Pablo II de condonar la deuda. Los
más entusiastas veían en las críticas de
Primatesta al FMI el comienzo de un nuevo "frente nacional". La
posibilidad de un entendimiento en esa línea depende mucho
de cómo el Gobierno se ubique ante el tema. Si deja el
espacio vacante habrá quienes lo ocupen.
La semana que pasó llevó estas cuestiones humanas y
religiosas a la superficie. Los cambios de hábitos en la
Iglesia argentina también tienen que ver con el estado
público de una polémica que guardaba el estilo
susurrado y dramático del confesionario.
Producción: Sergio Rubín, Eduardo De
Miguel y Pilar Ferreyra.
Martes 11 de julio de 2000
Derechos humanos: posicion frente a los juicios por la
verdad
desaparecidos: consulta de las ff.aa. A la iglesia
Los máximos jefes militares se reunieron con
monseñor bergoglio · quieren apoyo para crear una
comisión que reúna datos sobre la
represión · y evitar que la justicia cite
a más militares
los máximos jefes militares sondearon
informalmente al arzobispo de buenos aires, monseñor Jorge
Bergoglio, sobre la posibilidad de que la Iglesia Católica
apoye la eventual creación de "una mesa de diálogo"
para intentar buscar una solución a la búsqueda de
la verdad sobre el destino de los desaparecidos.
Durante el encuentro, que tuvo lugar hace más de un mes
pero recién trascendió ayer, el jefe del
Ejército, general Ricardo Brinzoni, explicó a
Bergoglio la idea de crear esa mesa de diálogo integrada
por representantes de las FF.AA. y organismos de derechos humanos
con el apoyo de la Iglesia para intentar armar "una verdad
completa" sobre la represión ilegal de los setenta y el
accionar de la guerrilla.
De la reunión, que protocolarmente fue de cortesía,
también participaron los jefes del Estado Mayor, general
Juan Carlos Mugnolo; de la Armada, almirante Joaquín
Stella; y de la Fuerza Aérea, brigadier Walter
Barbero.
Ante el comentario de Brinzoni, Bergoglio dijo que es una idea
que debería analizar la Conferencia Episcopal, confirmaron
a Clarín fuentes militares, eclesiásticas y
gubernamentales. Voceros del Episcopado dijieron que "la Iglesia
está empeñada en contribuir a la
reconciliación nacional y viene analizando de qué
forma podría hacer un mejor aporte". La idea de la
comisión no fue aún estudiada formalmente por los
obispos.
Para llegar a la verdad, los militares retirados que lideraron
las acciones del
Ejército contra la guerrilla "necesitarían
—habría dicho Brinzoni— de alguna
garantía judicial de que no sufrirán represalias" y
de consensos entre la Alianza y el PJ en el Congreso. Uno de los
problemas para
Brinzoni es que no existen archivos dentro
del Ejército con información sobre la represión
—los que había fueron destruidos en 1983, antes del
retorno de la democracia— y los militares retirados que
actuaron en esa época se niegan a colaborar.
Si bien no hubo ningún tipo de compromiso concreto de
Bergoglio, Brinzoni quedó en seguir estudiando esta idea,
y mientras tanto ordenó a su secretario general, el
general Eduardo Alfonso, ponerse a disposición —el
domingo— del suboficial retirado Armando Barrera, detenido
en Bahía Blanca por negarse a declarar en el juicio por el
destino de los desaparecidos abierto por la Cámara Federal
de esa ciudad. Lo mismo hará próximamente por otro
suboficial detenido en Mendoza.
Brinzoni tiene una vieja relación con Bergoglio.
Así, a fines de abril, luego del problema creado por el
respaldo del Ejército a los militares citados por la jueza
federal de Córdoba Cristina Garzón de Lazcano,
Brinzoni había dicho en una entrevista
exclusiva con Clarín que "monseñor Jorge Bergoglio
(arzobispo de Buenos Aires) ha dicho que no puede haber memoria enferma,
debe haber memoria completa sobre nuestro doloroso pasado".
Es que la citación de militares —después de
la rebaja de los salarios—
sigue causando preocupación en los cuadros del
Ejército y de la Armada y Brinzoni busca con esa movida
algún tipo de contención.
Aunque el sábado Brinzoni comenzó una semana de
vacaciones en Córdoba, sigue con atención la
experiencia de búsqueda de la verdad iniciada en Chile.
En reserva, el equipo del ministro de Defensa, Ricardo
López Murphy, sigue también con atención la
experiencia chilena, que si bien "es muy difícil de
aplicar en nuestro país, es un precedente valioso",
explicó a este diario una fuente oficial.
Más que la experiencia chilena, Brinzoni estudia con
más entusiasmo el proyecto de ley
del diputado peronista Mario Cafiero que impulsa la
creación de una comisión de notables en la que
representantes de la Iglesia y otras religiones puedan recibir
confesiones de militares que participaron de la represión
ilegal.
El obstáculo más firme contra este proyecto son los
organismos de derechos humanos, que insisten en buscar la
verdad sobre los desaparecidos a través de los juicios que
realizan las cámaras federales de Bahía Blanca, La
Plata y una jueza federal de Córdoba.
La secretaria de Derechos Humanos del Gobierno, Diana Conti,
constató a principios de
año la negativa de los organismos a integrar una
comisión de la verdad, aunque coincide con la necesidad de
que la Iglesia juegue algún papel en este tema.
Mientras tanto, Conti se dedica a termi nar un llamado Informe
Conadep II con más datos sobre el destino de los
desaparecidos, que se publicará a fin de año.
La prudencia de Conti también se debe a que el ex juez de
la Cámara Federal que juzgó a los comandantes y
actual ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, es uno de los
miembros del Gobierno más renuentes a buscar una salida
que no sea la judicial a este problema.
De todos modos, Gil Lavedra no pierde de vista una
apelación del teniente coronel Julián Corres
presentada ante la Cámara de Casación, que
eventualmente puede terminar en la Corte Suprema. Es así
porque si deciden limitar o impedir la convocatoria a militares
en actividad en los juicios por la verdad, amparándose en
las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos, el
Gobierno tendría un grave problema político que
enfrentar.
Por eso Gil Lavedra querría que ante ese hipotético
escenario se dejase "abierta una puerta" para que se siga
investigando el destino de los desaparecidos. No por nada, en
abril Gil Lavedra había dicho a este diario: "Estos
episodios de Córdoba me hacen dudar de si los juicios son
el mejor camino para llegar a la verdad".
Domingo 13 de agosto de 2000
CONVOCATORIA A LA MESA DEL CONSENSO
La Iglesia quiere sumar
SERGIO RUBIN. Río Cuarto. Enviado especial.
Con los ojos puestos en los elevados índices de pobreza y
desocupación y una reactivación que tarda en
llegar, la Iglesia procuró ayer aquí inyectarle
nuevos bríos al diálogo multisectorial que viene
impulsando en los últimos años y que tiene por fin
consensuar propuestas que ayuden a superar la crisis.
Fue en un aparte del XI Encuentro de Constructores de la
Sociedad, un ámbito de estudio de los problemas
políticos, económicos y sociales a la luz de la
doctrina social del catolicismo. El foro, que comenzó el
viernes, es organizado por el equipo de Pastoral Social del
Episcopado.
Su presidente, cardenal Raúl Primatesta, alma máter
de la iniciativa dialoguista, encabezó en la sede del
obispado local una reunión de la llamada Mesa del
Consenso, para el debate
multisectorial.
Del cónclave participaron el secretario general de la CGT
disidente, Hugo Moyano, secundado por el gremialista Horacio
Ghilini; el empresario Pablo Challú, en
representación de la UIA; el sindicalista Luis Cejas, por
la CGT oficial; y los dirigentes de PyMes Osvaldo
Cornide y Rolando Pietrantueno.
En la reunión se acordó apurar el consenso sobre
las propuestas para reactivar la economía. Y se
resolvió sumar a representantes de los partidos
políticos y a dirigentes sociales del interior.
El encuentro, que abordó el tema "La revalorización
de la política y la responsabilidad del político",
finalizará hoy con unas conclusiones que
reflejarían la inquietud de la Iglesia por el deterioro de
la situación social.
- Constitución de la Nación Argentina.
Editorial A-Z. - Diario Clarín.
- Ziulu, Adolfo (1era Edición). Derecho
Constitucional. Argentina. Editorial Depalma.
Trabajo enviado y realizado por:
Adriana López
Estudiante argentina de Ciencias
Económicas
18 años de edad
Argentina
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