1.
Prólogo
3. El Drama
Patagónico
4. Los Sucesos de la
Patagonia
5. Convenio propuesto por los
estancieros a sus obreros
6. El Fin de una Interminable
Batalla
7.
Conclusión
La siguiente monografía, titulada "La Patagonia
Rebelde"; está constituída por tres secciones: una
introducción; un desarrollo
(Los Sucesos de la Patagonia); y una conclusión de dicho
tema.
a.- En la introducción puede observarse una
síntesis de los acontecimientos de la historia de nuestro
país hasta la fecha. Asimismo, se aborda brevemente el
tema de nuestra monografía; puntualizando los hechos
más importantes sin entrar en detalle, como lo haremos en
el desarrollo de la misma.
b.- En el desarrollo de esta monografía, que se
titula "Los Sucesos de la Patagonia"; se tratará amplia y
detenidamente el tema en cuestión, haciendo
hincapié en las actitudes del
gobierno y de los
represores frente a los reclamos de los huelguistas, y, a su vez,
la actitud de los
latifundistas y las grandes empresas
sureñas frente a la problemática que acarreó
la posguerra en relación a los costos de las
manufacturas que ellos producían.
c.- En la conclusión se expresarán
nuestras opiniones acerca de la actitud de los represores,
así como también la de los huelguistas, frente a
los sucesos de la época; enfatizando en la acción
de Kurt Wilckens.
Asimismo, la monografía posee notas al pie de las
páginas; para aclarar algún hecho, así como
también para comentar la fuente de dicha idea o
frase.
Consideramos menester aclarar que no existe abundante
información referida al tema de esta
monografía; pues los sucesos que tuvieron lugar en la
Patagonia entre los años 1920 y 1922 no han quedado
debidamente documentados, ya que a la clase oligarca de la
época no le favorecía en lo absoluto la
difusión de los mismos.
Los enemigos de la revolución
en la Argentina son una
minoría pero controlan las palancas fundamentales del
Estado, lo que
los hace extremadamente fuertes. Controlan el aparato
económico y jurídico y tienen a su servicio las
fuerzas armadas y represivas, como instrumento principal que les
garantiza la explotación al pueblo y el control del
poder.
Como enseña nuestra historia, los terratenientes,
primero para organizar el Estado que
les asegurase el poder y luego para perpetuarse en el control de
éste, apoyándose y/o subordinándose al
imperialismo
de turno, inglés,
ruso o estadounidense, asesinaron y reprimieron a mansalva. Junto
con ésto crearon las leyes y el
aparato jurídico que avalara la barbarie. Así, tras
más de 60 años de guerras
civiles (de 1815 a 1880), fue con las armas que la
oligarquía impuso la llamada Organización Nacional y masacró a
los pueblos indígenas para apoderarse de sus tierras. Y en
este siglo, aplastaron a sangre y fuego
los levantamientos obreros, campesinos, estudiantiles y
populares, cada vez que pusieron en peligro los privilegios de
esa minoría que controla el poder. Ahí están
de testigos las masacres del 1º de mayo de 1904, de la
semana de mayo de 1909, la Semana Trágica de enero de
1919, la Patagonia sangrienta de 1921, La Forestal, el golpe de
1955 y la dictadura
violovidelista de 1976. Al igual que la represión de la
insurrección radical de 1905, la huelga de la
construcción de 1935, la huelga azucarera
de 1949, las luchas de los ferroviarios y metalúrgicos de
1954, las huelgas de 1959, las puebladas del 60-70, etc., etc.
Antes, como ahora, modernizaron y utilizaron el aparato represivo
para frenar las heroicas luchas que jalonaron nuestra
historia.
La burguesía nacional, por su dualidad, cuando
estuvo en el gobierno, por un lado forcejeó con los
enemigos y por el otro, muchas veces terminó siendo
cómplice, avalando la represión o reprimiendo. Esta
política
posibilitó los golpes de Estado en 1930, 1955, 1966 y
1976; que sirvieron a las clases dominantes para recuperar el
gobierno e imponer por la fuerza de las
armas su política proterrateniente y proimperialista.
Resultó así equivocada la idea expresada
reiteradamente por el general Perón de
que era necesario tiempo para
ahorrar sangre. Esta opción es falsa. Ha corrido mucha
sangre de la clase obrera y el pueblo, y se ha perdido mucho
tiempo.
No es conciliando con los enemigos como se ahorra
sufrimientos a la clase obrera y el pueblo y se defienden los
intereses nacionales. Para enfrentar a los enemigos de la
revolución debemos prepararnos para una lucha que es
encarnizada y que será larga y no pacífica.
Sólo si el pueblo toma en sus manos las armas será
posible derrotar al enemigo y asaltar el poder.
A lo largo de nuestra historia, el problema de en manos
de quién estaba el poder, en particular las armas, ha sido
y es una de las cuestiones claves para extraer enseñanzas
y prepararnos para que el accionar revolucionario de las masas
desemboque en la destrucción del Estado
oligárquico-imperialista y la conquista del poder.
Sólo cuando el pueblo se levantó en armas pudo
triunfar. Así fue frente a las invasiones inglesas en 1806
y 1807, y así fue contra el colonialismo español de
1810 a 1824.
La organización de la autodefensa armada de masas
en los períodos de auge más avanzados ha dejado
grandes enseñanzas. Pero tuvieron un techo propio del
carácter defensivo de su objetivo.
Carecieron de, o era incipiente, una dirección revolucionaria que apuntara a
construir las milicias y otras formas de organización
armada propias de un plan de ofensiva
revolucionaria con objetivos
claros. Esta falta de dirección, línea,
organización y preparación para que el proletariado
defina a su favor, mediante la lucha armada de masas, una
crisis
revolucionaria; se manifestó en cada uno de los momentos
en que la lucha de clases llegó a su máxima
confrontación y se debía pasar a la ofensiva, al
asalto al poder.
En lo que se refiere a los diversos inconvenientes que
acarreó la Primera Guerra
Mundial, podemos destacar la escasez de insumos,
carestías y salarios bajos.
Hubo grandes huelgas, y la situación social estalló
en enero de 1919, dejando un saldo trágico de muertos y
heridos. En la Patagonia se desató un conflicto en
1920, que culminó con fusilamientos de huelguistas
dispuestos por el coronel Varela, enviado a poner orden en la
zona. La economía se fue
normalizando en la posguerra. En las Universidades, estudiantes y
profesores reformistas fueron ocupando posiciones toleradas por
el gobierno, pero que concitaron el odio de los desplazados y de
los sectores a que éstos pertenecían. No obstante
todos estos problemas, la
politiquería, el personalismo y las vacilaciones, la
conducción de Yrigoyen se esforzó siempre por
afirmar la democracia y
la conciliación social.
Desde 1917, con grandes huelgas como la de los obreros
ferroviarios, de la carne, azucareros tucumanos, etc., un nuevo
período de auge sacude a la Argentina. Esta oleada de
luchas obreras alcanza su pico más alto en la segunda
semana de enero de 1919. La lucha por salario,
condiciones y tiempo de trabajo de los 800 obreros de los
Talleres Vasena es reprimida violentamente por la policía,
dejando un saldo de 4 muertos y 30 heridos. Esta represión
pone en pie a los trabajadores y el pueblo de Buenos Aires y
Avellaneda.
El gobierno de Yrigoyen reprime sangrientamente la
sublevación popular. El ejército entra en la
ciudad; se arman grupos civiles de
la oligarquía que asaltan locales e imprentas obreras y
realizan verdaderas "razzias" en los barrios obreros con un saldo
de entre 800 y 1.500 muertos -según las fuentes
diplomáticas de la época- y más de 4.000
heridos, incluyendo mujeres, ancianos y niños. Genocidio
sólo comparable a los de Rosas y Roca
contra los indios, que pasará a la historia oficial con el
nombre de Semana Trágica.
Pese a la masacre, los ecos del levantamiento obrero y
popular de la Semana de Enero de 1919 llegarán hasta los
más apartados rincones, conmoviendo a los explotados y a
los explotadores de esos verdaderos imperios latifundistas del
norte y del sur argentinos. Ejemplos de esto serán las
históricas huelgas de los hacheros alzados contra La
Forestal y la rebelión de los obreros rurales y campesinos
pobres en la Patagonia, en 1920 y 1921.
En 1920 hubo una nueva y prolongada huelga de
marítimos, que fracasó. Pero ya para entonces se
sentían los primeros indicios de malestar en el sur de la
Patagonia, que en 1921 y 1922 tendrían un trágico
desenlace. Osvaldo Bayer, investigador de estos hechos, destaca
que los grandes stocks de lana, acumulados al terminar la
guerra por
falta de compradores, fueron el desencadenante de los sucesos de
la Patagonia. Una gran crisis se abatió sobre los
estancieros, los comerciantes y, sobre todo, los peones, que
vivían y trabajaban en condiciones inhumanas.
Activados por dirigentes anarquistas de Río
Gallegos, los peones rurales empezaron a manifestarse en el
invierno de 1920. A fines de ese año, y comienzos de 1921
se generalizó la huelga en el territorio de Santa Cruz, y
algunos grupos ocuparon estancias y tomaron rehenes, aunque sin
cometer hechos irreparables. Las denuncias de la Sociedad Rural
local y las exageradas informaciones publicadas por la prensa de Buenos
Aires movieron a Yrigoyen a enviar al coronel Héctor B.
Varela con efectivos del 10° de Caballería a poner
orden en la zona. El coronel Varela logró que las partes
en conflicto llegaran a un avenimiento, que reconocía la
mayor parte de los pedidos de los huelguistas.
Comenzaron las huelgas, y con ellas el consiguiente
apedreo amarillista de la prensa oligarca en Buenos Aires,
denunciando situaciones gravísimas en donde exigían
al gobierno nacional evitar los avances de "forajidos y
delincuentes, con feroces anarquistas a la cabeza, 600 de ellos
armados, envalentonados por la pasividad oficial", según
La Prensa.
El 29 de enero llega a Río Gallegos el gobernador
titular Izza, quien había sido designado por los
estancieros como árbitro del conflicto. Varela desembarca
en Santa Cruz junto a sus soldados tres días
después, el 1° de febrero. Luego de realizar algunas
inspecciones personales, Varela comprobó que los grandes
diarios habían deformado los hechos. Se dirigió a
Río Gallegos para entrevistarse con Iza,
manifestándole sus intenciones de solucionar el pleito
pacíficamente.
Al llegar el verano de 1921 el conflicto volvió a
estallar, pero ahora con mayor encono. Grupos de delincuentes
infiltrados entre los huelguistas cometieron desmanes que se
atribuyeron a los trabajadores; éstos, convencidos de que
los patrones no cumplirían nunca lo prometido, dieron a su
protesta una mayor virulencia. El coronel Varela, a su vez,
creyendo haber sido traicionado por los huelguistas y sospechando
que el gobierno chileno estaba detrás del movimiento, se
atribuyó poderes que nadie le había otorgado y se
lanzó a una represión indiscriminada. Decenas de
huelguistas fueron fusilados, muchos fueron reintegrados por la
fuerza a las estancias y algunos debieron escapar rumbo a
Chile.
En Buenos Aires los sucesos de la Patagonia tuvieron
repercusión en el Congreso pero no se investigaron a
fondo. El gobierno no tenía interés en
destapar un asunto en el que podía enjuiciarse su responsabilidad y la del ejército; los
socialistas cumplieron formalmente con un pedido de informes.
Sólo los anarquistas clamaron por los masacrados de la
Patagonia y juraron venganza contra Varela, quien más
tarde fue asesinado por un joven alemán, muerto, a su vez,
por un miembro de la Liga Patriótica mientras estaba en
Villa Devoto esperando su condena.
El 15 de febrero se convoca a una reunión entre
partes donde se plantea la necesidad de que los obreros entreguen
las armas y los rehenes tomados, y que sometieran a la justicia los
hechos ilegales. Sólo después de esta instancia se
discutirían los reclamos de los obreros.
Se organizó una asamblea que decidió, por
350 votos contra 200, entregarse al ejercito. En el grupo
minoritario se encontraban quienes habían realizado actos
vandálicos, comandados por El Toscano y El 68, los cuales
decidieron huir hacia la zona cordillerana.
El 24 de febrero se formalizaron las entregas, y en
reunión posterior entre los estancieros y la
Federación Obrera Regional se aprobó el "laudo
Izza"; que enmarcaba como reales las circunstancias planteadas
por el pliego obrero. Varela decidió sumariar a los
policías que habían cooperado en el apaleamiento de
huelguistas. Los trabajadores de Santa Cruz habían
triunfado.
Pero la solución pacifica del conflicto dejo
insatisfechos a grupos como la Sociedad Rural, los estancieros y
los ganaderos, quienes creían irrisorio que no se hubiese
castigado a los obreros por haber realizado la huelga, y que
además se les otorgara una compensación por los
días no trabajados durante el paro. Mientras los obreros
pensaban nuevas reivindicaciones, los grandes diarios de Buenos
Aires seguían denunciando hechos de vandalismo, sin hacer
distinción entre éstos y los auténticos
reclamos obreros.
La oligarquía aplastó sangrientamente
estas luchas. Pero ese río de sangre dividió las
aguas de la lucha de clases en la Argentina, creando nuevas
condiciones para la maduración de la conciencia
revolucionaria.
Cuando los ecos de la represión de Santa Cruz
llegaban a Buenos Aires, las manifestaciones de malestar social
estaban remitiendo notablemente. Las causas: los sustanciales
aumentos salariales obtenidos por muchos sectores y, sobre todo,
la normalización de la economía
producida por la posguerra. Además, los sindicatos
anarquistas habían quedado debilitados. Se había
producido, a lo largo de los años de Yrigoyen, una
significativa nacionalización de las fuerzas del trabajo.
Aún con errores y culpas en el manejo de las cuestiones
laborales, el gobierno radical había evidenciado que era
sincera su preocupación por el mejoramiento de la
situación de los trabajadores. Un colaborador de Yrigoyen,
el Dr. Víctor Guillot, sintetizaba así, por esos
años, la concepción del presidente: "Arrancar al
Estado de su posición indiferente u hostil frente a las
colisiones entre capital y
trabajo, y practicar un intervencionismo orgánico y
sistemático conducido por elevadas inspiraciones de humana
equidad". En los años siguientes, el número de
huelguistas llegó a ser sólo la décima parte
del que había alcanzado en la época de Yrigoyen, y
no se registró ningún movimiento de signo violento:
era el fruto de la conciliación social iniciada por el
primer presidente radical.
4. Los Sucesos de la
Patagonia
Uno de los capítulos de la primera presidencia de
Yrigoyen que no se puede pasar por alto, fueron los sucesos de la
Patagonia, cuya explicación plena no fue ni es
fácil a causa de los intereses que estuvieron en juego y que
presionaron desde la gran prensa y en las esferas del gobierno
quizá sin conciencia de sus consecuencias
finales.
En 1920, en plena postguerra, el precio de la
lana argentina, como la de todo el mundo, comenzó a caer
en grandes proporciones, de $9,74 a $3,08, ubicándose en
los niveles normales de tiempos no bélicos. Este proceso,
producto de la
caída de la demanda
mundial, provocó grandes crisis para los estancieros
latifundistas que usufructuaban el suelo
patagónico a través de la cría de ganado
lanar.
Esos mismos estancieros de elite, quienes anotaban a sus
hijos en Chile, por la cercanía, o utilizaban el idioma
ingles en sus estancias, e inclusive izaban la bandera
británica; pidieron ayuda a Don Hipólito Yrigoyen
porque sus negocios no se
mantenían en los niveles de antes.
Y pese a sus grandes aunque mermadas ganancias,
obligaban a los peones a trabajar con 18° bajo cero arriando
majadas. Los esquiladores terminaban jornadas de 16 horas con los
brazos agarrotados, mientras que los obreros trabajaban 12 horas
por día 27 días al mes.
Esta insostenible e inhumana situación
culminó en una serie de actos de tendencia anarquista,
prohibidos por el gobernador interino de Santa Cruz; un comisario
inspector de nombre Falcón.
La situación de los arrieros, ovejeros, peones de
las estancias patagónicas era penosa y ajena a todo
amparo; se
trabajaban de 12 a 15 horas diarias y los salarios eran
ínfimos, y muchas veces pagados en documentos o en
moneda extranjera con fuerte deterioro al hacerlos efectivos. Los
obreros exigían a través de un pliego condiciones
como que en habitaciones de 16 m² no durmiesen más de
tres hombres; que los patrones entregaran un paquete de velas por
obrero mensualmente (la noche se extiende por 14 horas, y los
obreros debían pagar 80 centavos en las estancias paquetes
de velas que valían sólo 5 centavos); que el
día sábado no fuese laborable; que la comida fuese
digna; y que los botiquines para curar sus sarnas y erupciones
tuvieran instrucciones en castellano, pues
la mayoría se encontraba en inglés, entre otras
cosas. El pliego fue rechazado por la Sociedad Rural, inclusive
uno posterior con menores condiciones.
Las autoridades locales respondían a las
órdenes y deseos de los grandes latifundistas y
dependían de ellos más que del gobierno nacional
mismo. Había que acudir a la autodefensa y así lo
hicieron los trabajadores de aquellos territorios. En Río
Gallegos se fundó hacia 1918 una Sociedad obrera de
oficios varios, que logró instalar una pequeña
imprenta y una escuela y
publicó el periódico
1° de Mayo. Desde Río Gallegos fueron enviados
delegados al campo, las estancias y se comenzó a difundir
literatura
laboral para
alentar la
organización del trabajo. Más de una vez fue
clausurada la Sociedad y encarcelados sus miembros y dirigentes.
En septiembre de 1920 la Sociedad proyectó un mitin para
el 1° de octubre a fin de recordar la vida y la obra de
Francisco Ferrer, ejecutado en Barcelona en 1909, apasionado
propulsor de la educación. La
policía prohibió el acto cuando ya estaban hechos
los preparativos y, entonces, como acto de protesta, se
declaró una huelga general por 48 horas; fue detenido el
secretario de la Sociedad y clausurado el local de la misma,
hasta que el juez letrado revocó la decisión y dio
autorización para celebrar los actos proyectados, con lo
cual se dio por terminada la huelga el 2 de octubre.
Para contrarrestar la influencia creciente de la
Sociedad obrera de Río Gallegos, se formó una Liga
de grandes comerciantes y latifundistas, la cual, con la Sociedad
rural, inició una ofensiva contra la organización
obrera; fue boicoteado el periódico La Gaceta del Sur por
haber aplaudido la actitud de los trabajadores en la huelga de
protesta de septiembre contra los excesos de las autoridades
policiales; por su parte la Sociedad obrera declaró el
boicot contra tres comerciantes de la Liga en represalia por el
boicot contra el mencionado periódico. Se quiso entonces
reunir en la comisaría a los obreros y a los comerciantes
afectados para imponer un de algún modo un arreglo. Los
obreros se rehusaron a acudir espontáneamente a la
citación del comisario y fueron detenidos y alojados en la
cárcel y puestos a disposición del gobernador
interino para su deportación. La Sociedad obrera se
dirigió entonces a los trabajadores del campo: "La
policía de ésta ha detenido a un grupo de obreros a
quienes se niega a poner en libertad a
pesar de haberlo ordenado el señor juez letrado doctor
Ismael P. Viñas. Tal arbitrariedad nos ha obligado a
decretar y continuar el paro general por cuya razón os
incitamos a dejar el trabajo y a
venir a esta capital como acto de solidaridad, y
hasta que nuestros compañeros recobren la libertad". El
manifiesto está fechado el 21 de octubre de 1920. El 30 de
dicho mes fueron libertados ocho de los detenidos, pero
aún quedaban dos más, que habían sido
maltratados, y mientras no recuperasen la libertad la huelga
continuaría. La Sociedad obrera recomendaba: "Prosigamos
como hasta aquí respetando a todo el mundo, chicos y
grandes, y particularmente a las personas que se hallan
investidas de autoridad. La
hora de exigir responsabilidades se acerca y cuando ella suene
sabremos cumplir con nuestro deber".
Comenzaron a llegar a Río Gallegos obreros de las
estancias respondiendo al pedido de solidaridad de la Sociedad
obrera. Y en oportunidad de hallarse reunidos en buen
número se confeccionó un pliego de condiciones para
reanudar el trabajo, y fue presentado a los estancieros de la
zona. Se atravesaba una grave crisis en la comercialización de la lana y los
dueños de los latifundios rehusaron la admisión de
las condiciones reclamadas por sus peones. Las reivindicaciones
eran mínimas, de higiene, de
comida de descanso, etc. Se pedía un sueldo mínimo
de cien pesos por mes y comida, doce pesos por día para
los peones mensuales que tuvieran que conducir arreos fuera del
establecimiento; y los arreadores no mensuales cobrarían
veinte pesos por día si utilizaban caballos propios. Los
estancieros se obligarían a poner en cada puesto un
ovejero o más, según la importancia del mismo,
dándose preferencia para estos cargos a los que tuviesen
familia, a los
cuales se les darían ciertas ventajas según el
número de hijos, "creyendo en esta forma fomentar el
aumento de la población y el engrandecimiento del
país". Los estancieros reconocerían también
a la Sociedad obrera de Río Gallegos como única
entidad representativa de los obreros, y aceptarían la
designación de un delegado que serviría de
intermediario en las relaciones entre las partes y estaría
autorizado para resolver con carácter provisional las
cuestiones de urgencia que afectasen tanto a los derechos de los obreros como
de los patrones.
No eran reclamos susceptibles de quebrantar el orden y
la economía del país. Reacios los estancieros a
escuchar esas peticiones, la huelga se hizo general en toda Santa
Cruz y en Chubut.
Un sentimiento de solidaridad animó a los
olvidados trabajadores de la Patagonia. Que en este vasto
movimiento algunos individuos hayan abusado de la fuerza que les
daba la unión y que se produjesen algunos excesos de
hostilidad patronal, sobre todo cuando el ejemplo de la violencia sin
freno era dado por los que tenían la misión de
actuar como guardianes del orden y de la legalidad. Pero la
prédica de la Sociedad obrera fue siempre responsable y no
se exhortó jamás a responder a la fuerza con la
fuerza.
Atemorizados los obreros de la zona del Lago Argentino
por los agravios policiales, resolvieron agruparse y ponerse en
marcha para buscar amparo en Río Gallegos. En el paraje
denominado El Cerrito fueron tomados entre dos fuegos por la
policía que les seguía desde Lago Argentino y la
que salió a su encuentro desde Río Gallegos; los
que tenían armas respondieron a la agresión y hubo
muertos y heridos por ambas partes. Hechos de esa naturaleza
alentaron la campaña que se venía haciendo desde
hacía meses por la gran prensa del país que llenaba
páginas diariamente sobre los " bandoleros del sur", el
mote con que se quiso encubrir las reclamaciones de los obreros
patagónicos. La Sociedad obrera lanzó un manifiesto
en el que se decía: "Llamamos nuevamente la
atención a los hombres públicos del país
para que, hiriendo con la saeta envenenada a los que, investidos
de autoridad, atropellan a los trabajadores, procedan al castigo
de los gobernantes del territorio, únicos culpables de los
luctuosos sucesos ocurridos". La prensa que acogía todas
las diatribas y calumnias contra la huelga, no consideró
acto de justicia escuchar esas voces. Los huelguistas
comprendieron que no tenían más defensa que la que
pudiesen articular ellos mismos. Se armaron como pudieron, se
apoderaron de empleados policiales y los retuvieron como rehenes
hasta la solución del conflicto.
Fue entonces cuando el presidente Yrigoyen
resolvió enviar al coronel Héctor Benigno Varela en
enero de 1921 a la Patagonia con fuerzas de caballería y
marinería.
La Sociedad obrera de Río Gallegos publicó
manifiestos que muestran la confianza con que eran recibidas las
tropas nacionales; el 16 de enero decía en un manifiesto
al pueblo y a los trabajadores: "La llegada de fuerzas del
ejército y de la armada nos devuelve la tranquilidad y las
garantías que los atropellos de la policía nos
habían quitado. Hoy estamos seguros de que
nuestros derechos de ciudadanos han de ser respetados por la
presencia de estas fuerzas, y por consiguiente hemos de mantener
el paro decretado con más energía que hasta la
fecha. No importa que algunos patrones, confiados equivocadamente
esta vez en que el ejército nacional se ha de poner
incondicionalmente al servicio del capitalismo,
hayan resuelto, coincidiendo con la llegada de éste,
despedir a sus empleados y obreros; estos patrones sufren un gran
error, porque la presencia de los elementos militares que hacen
un culto del honor y de la verdad, serán el mejor
contralor de la conciencia y educación de los obreros de
Río Gallegos y del respeto que
siempre han guardado a la Constitución y las Leyes". . .
Denunciaba también cómo el gobernador
interino de Santa Cruz, Edelmiro A. Correa Falcón,
secretario gerente de la
Sociedad rural de Río Gallegos, mientras que por un lado
prohibió toda reunión pública y el
tránsito por las calles después de las nueve de la
noche, convocaba a los estancieros del territorio a una
reunión para concertar la acción futura.
El 3 de diciembre de 1920 Yrigoyen nombró a Oscar
Schweizer jefe de policía del territorio de Santa Cruz y a
mediados de febrero del mismo año llegó el nuevo
gobernador, Ignacio A. Izza, capitán de ingenieros
retirado. Desembarcó la tropa del Teniente Coronel Varela
del transporte
"Guardia Nacional" en Puerto Santa Cruz, pero al advertir que el
eje del movimiento era Río Gallegos, se trasladó a
esa ciudad. El nuevo gobernador comunicó a Varela que la
solución debía ser pacífica y que
debía tener presente tanto los derechos de los patrones
como los de los huelguistas. El jefe militar propuso entonces a
los huelguistas una entrevista en
la estancia El Tero, a igual distancia de El Campamento, donde
estaban concentrados los huelguistas, y de La Vanguardia,
donde acampaba sin medios de
movilidad el destacamento del capitán Laprida.
Varela e Izza llegaron a El Tero sin escolta alguna y
la entrevista
se realizó el 15 de febrero. Se impuso a los obreros estas
condiciones: deposición de las armas, entrega de los
rehenes, la justicia entendería en las responsabilidades
por los hechos de sangre ocurridos.
Aceptadas esas condiciones se entró a discutir la
forma en que se haría la reanudación del trabajo.
Los delegados de El Campamento fueron a dar cuenta a sus
compañeros de las proposiciones ofrecidas. La gran
mayoría, unos 550 huelguistas, votaron a favor, y una
minoría, con cierta desconfianza, optó por alejarse
hacia la cordillera.
En la segunda entrevista, de regreso los delegados de El
Campamento, fue acatada la rendición incondicional, la
entrega de los rehenes y heridos y luego las armas. No hubo,
pues, la represión sangrienta que esperaba la Sociedad
rural. El gobernador Izza discutió con los obreros el
pliego de condiciones y denunció que los peones
habían sido pagados con vales, en moneda chilena o con
cheques a
plazo y señaló la importancia que tenía para
los hombres que vivían exclusivamente de su salario que se
les pagase en moneda nacional y de inmediato; también
habló de los galpones en donde se alojaban las peonadas
como "pocilgas inmundas".
Entre los huelguistas cundió la alegría
por el reconocimiento que habían logrado después de
tantos afanes, pero entre algunos oficiales de las tropas hubo
descontento por la inacción, pues habrían preferido
una operación brutal e indiscriminada. En esa tesitura se
hallaban el entonces teniente Elbio Carlos Anaya y el teniente
primero Sabino Adalid, que hizo declaraciones públicas
contra el Teniente Coronel Varela por la solución
pacífica que había logrado.
Antes de que las tropas retornasen a Buenos Aires, tuvo
lugar una asamblea que reunió a todos los hacendados, con
la presencia del flamante gobernador Izza. Allí los
estancieros aprueban un nuevo pliego de condiciones y eligen por
unanimidad árbitro del conflicto al mismo gobernador. En
el mismo, los hacendados hacían nuevas concesiones. He
aquí la redacción del pliego:
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