FUNDAMENTO DE FACTO DEL DEMANDADO

En cuanto a lo que alega el Gobierno Regional de Piura en su Procuradora Rosa Mercedes Chinchay Labrin manifiesta en su contestación de la demanda que, solicita que se declare improcedente o infundada la Demanda de Nulidad de Acto Administrativo por los siguientes fundamentos:

• Que, la Demandante solicita la nulidad de la Resolución Ficta producida por el silencio Administrativo negativo, respecto del cambio de la naturaleza de su Contrato de Servicios No Personales a SERVICIOS PERSONALES y su consecuente incorporación a planillas de pagos más el goce de los beneficios, en razón de tener 10 años de servicio prestados al Gobierno Regional Piura como Secretaria de la Oficina de Asesoría Jurídica, si bien la demandante labora desde hace varios años, contando con una plaza según CAP, sólo ha podido ser contratada Vía Servicios No Personales.
• Según el articulo 15 del Decreto Legislativo 276 y su reglamento D.S 005-90-PCM, establece el ingreso a la administración publica se produce de dos formas: Como servidor de Carrera o como servidor contratado para realizar labores de naturaleza permanente, en el primer caso la obligatoriedad de Concurso Publico y en el segundo la existencia de Plaza Vacante, teniendo en cuenta la Ley de Presupuesto del año 2004 articulo 14 inciso 1º a), en la que bajo sanción de Nulidad se precisa que se puede ingresar cuando se cuente con la plaza Presupuestada.
• Según la demandante se basa en el artículo 1º de la Ley 24041, en la que reconoce la cierta estabilidad de los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido de labores, en la que de ningún modo señala que pueda procederse el cambio de modalidad contractual.

3.1. RESPECTO DE LA LEGISLACION

FUNDAMENTO DE JURE DEL DEMANDANTE

• Los sucesivos Contratos de servicios no personales celebrados con el Ex – CTAR Y REGION GRAU no están enmarcados dentro de la normatividad vigente ya que de conformidad con la Ley Nº 26850, ley de contrataciones y adquisiciones del Estado y su reglamento aprobado mediante D.S Nº 013-2001-PCM  que en forma unificada regula las adquisiciones  de bienes servicios en ningún extremo considera entre los contratos Administrativos el contrato por servicios no personales menos para la contrataciones de servidores públicos para la cual no fue concebido distorsionándose su uso, soslayando la calidad jurídica que le otorgaron las normas legales que la propusieron. Nuestra legislación vigente en materia de contratación administrativa si reconoce el Contrato de Locación de Servicios por el cual el Locador se obliga sin estar subordinado y en  forma independiente al comitente a prestarle por cierto tiempo sus servicios realizando labores especificas y distintas a las realizadas por el personal permanente de planta , es decir para labores estrictamente ajenas y distintas a las funciones prevista en el MOF o sea labores especializadas no desempeña por el personal de la entidad en cargos establecidos en el CAP en estricta concordancia a lo estipulado en la ley del sector Público del 2003, ley Nº 270879 en su articulo 3º y 13.1  y su modificatoria la ley Nº 27991.y la Ley 281128_ Ley del presupuesto del Sector Público  para el año fiscal 2004 en lo expuesto en el literal b) del numeral 3 del Art. 14 en lo que estipula que pueden celebrase contratos de locación de servicios siempre que estén previstos en su respectivos presupuestos autorizados y que el locador que se pretende contratar no realice actividades o funciones equivalentes  a las que desempeña personal establecido en el CAP de la entidad y las normas del código civil ( Art. 1764 al 1770)
• La accionante viene realizando desde 31/05/93 hasta la fecha labores de naturaleza permanente e ininterrumpidas con un  promedio que supera los 10 años sin solución de continuidad con el pago de la contraprestación correspondiente, prestación encima de la jornada laboral en funciones de cargo de secretaria inherentes al CAP y al MOF mediante sucesivos contratos bajo la modalidad  de contratos no personales y siempre a ordenes impartidas del gerente de la ofician Regional  Asesoría Jurídica.
• Las labores las realizo dentro de los ambientes y contando pare el caso con las herramientas proporcionadas necesarias para el cumplimiento de las ordenes impartidas; sometidas a un horario de trabajo subordinadas al cumplimiento de funciones y a las normas internas que rigen al personal estable.
• La accionante tienes en sus labores las características de subordinación dependencia y permanencia cumplo las reglas básicas de la Primacía de la Realidad. En aplicación del principio de la realidad existe un verdadero contrato laboral y no en ropaje o en cubierto un contratos administrativo inexistente es decir se ha vulnerado los derechos fundamentales al trabajo, estabilidad y demás derechos colaterales a través de una relación jurídica administrativa inconciente sin sustentación jurídico valedero.
• Articulo 22, 23, 26 y 51 de la Constitución en cuanto precisan que en la relación laboral no se pueda limitar el ejerció de los derechos laborales.
• Articulo 1 de la Ley Nº 24041 concordante con el Art. 15 del D. Leg. Nº 276 debido a la realización de labores permanentes.
• Articulo 3º del D.S 005-90-PCM reglamentario del D. Leg. 276 que define "son servidores públicos no solo los nombrados sino los contratados.
• Articulo 24 Literal b) del D. Leg. 276 que establece que uno de los Derechos de los servidores Públicos a gozar de estabilidad.
• Articulo 6 y 101 del D.S Nº 005-90 PCM debido al tiempo de servicios no se pueda afectar los derechos adquiridos por el servidor.
• Articulo 38 de la ley Nº 27584.

• Articulo 15 del D. Leg. 276, y artículo 28 del D.S Nº 005-90PCM, que regulan el Ingreso de servidores contratados a la administración Pública.
• Articulo 14 inc. 1ª parágrafo a) de la Ley General de Presupuesto, que señala bajo sanción de nulidad, las condiciones y requisitos para el ingreso al servicio del Estado.

4. REFERENCIA AL MODO DE EXPOSICIÓN

El presente análisis del caso que estamos desarrollando se va a exponer de manera esquematizada, sincronizada y organizada, dividiendo el proceso de exposición en capítulos, temas y secciones que serán dadas a conocer por los miembros de nuestro grupo de trabajo de la siguiente manera:

En el Capitulo I, se explicara el Planteamiento del Asunto, determinando la situación planteada, las opiniones de cada una de las partes con respecto al aspecto fáctico y jurídico del tema.

En el Capitulo II, se desarrollaran el aspecto procesal y procedimental complementándolo con doctrina, explicando cada uno de las etapas del proceso y estadios del procedimiento, determinando además quienes son los sujetos y los órganos que intervienen en el proceso.

Finalmente en el Capitulo III, se expondrá lo relacionado con la crítica y el análisis en sí del expediente, logrando dar a conocer a todos, nuestro punto de vista y la profundidad con que hemos tocado todos los temas del análisis.

Al proceso se le conoce como el conjunto de resoluciones y actuaciones dentro de un litigio sometido al estudio y decisión de un tribunal. Además también se le conoce al proceso como una institución jurídica, regulada por el Derecho procesal, mediante la cual los órganos a los que el Estado tiene encomendada la función jurisdiccional resuelven los diferentes conflictos de intereses relevantes en el plano jurídico que se producen en cualquier forma de convivencia humana. El propio carácter social de la persona lleva consigo la existencia de una conflictividad entre los miembros de la sociedad que debe ser regulada por el Derecho. Cuando las personas que han generado el conflicto no lo resuelven de forma voluntaria (a través de un arreglo amistoso o transacción, o por medio del sometimiento al arbitraje), se hace necesaria su regulación coactiva que se lleva a cabo a través del proceso, al que también se denomina pleito, litigio, juicio o lite.

El proceso se inicia con una petición a los tribunales realizada por las partes o litigantes, petición que de acuerdo con el lenguaje jurídico se denomina pretensión, y que el órgano jurisdiccional actúa o deniega según parezca o no fundada en Derecho. Los sujetos que intervienen en el proceso son tres: el que hace la reclamación o formula la pretensión (llamado actor o demandante), el sujeto a quien se dirige la pretensión (que es el demandado) y el órgano jurisdiccional que decide si da la razón o no al demandante, decisión que se impone de forma coactiva a las partes.

Este esquema es el propio de los procesos civiles, aunque constituye el esquema típico, reproducible de una forma fácil en otros órdenes jurisdiccionales (sobre todo en los procesos ante los tribunales contenciosos administrativos y laborales). El proceso penal, en cambio, tiene un desarrollo distinto pues, por lo común, es el Estado quien se encarga de alentar la persecución del delito e incoar el correspondiente proceso, si bien, existen algunos delitos que sólo son perseguibles a instancia de parte, requiriendo denuncia del perjudicado, lo que hace que la aludida bipolarización demandante-demandado se reproduzca aquí también, salvando las distancias. Lo que en el proceso civil es el demandado, en el proceso penal se denomina reo. El demandante sería aquí el denunciante o el propio Estado. Y lo que en el proceso civil es la demanda, en el penal es la acusación.

El proceso se compone de una pluralidad de actos encadenados entre sí, de modo que los actos anteriores justifican y son requisito de validez de los posteriores. Este encadenamiento se denomina procedimiento. El proceso civil comienza con la demanda, en la que el demandante expone los hechos y los argumentos jurídicos en los que basa su pretensión. A la demanda contesta el demandado, que puede observar una de estas situaciones: allanamiento, si está de acuerdo con lo solicitado por el demandante y se allana a cumplir lo que éste le exige; oposición, si ocurre lo contrario, en cuyo caso formulará excepciones, es decir, argumentos que tienden a contrarrestar o quitar eficacia a lo que el demandante propone; por último, cabe la reconvención, que supone que el demandado se convierte a su vez en demandante y contesta a la demanda planteando a su vez otra demanda contra la parte opuesta. A continuación viene la fase probatoria, en la que cada una de las partes propone las pruebas que se quiera hacer valer (confesión, testimonio, pericia, documentos, inspección ocular del juez y prueba de presunciones). El procedimiento termina con la sentencia, que dará la razón a quien la tenga y se pronunciará también sobre quién tiene que soportar las costas del procedimiento.

El litigante que no queda satisfecho con la resolución judicial tiene abierta la posibilidad de formular recursos contra la sentencia

ORIGEN DEL PROCESO

En la sociedad humana se producen con frecuencia conflictos de intereses que el derecho está llamado a componer o arreglar a fin de restablecer la paz por medio de la justicia.

En tanto que las necesidades del hombre son ilimitadas y los bienes aptos para satisfacerlas, sobre los que recaen los intereses, son Iimitados, "como correlativa a la noción de interés y de bien, expresa Carnelutti, aparece la de conflicto de intereses"

Este conflicto "calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro" se denomina litigio. La institución jurídica que tiene como finalidad componer o arreglar y prevenir los litigios y resolver cualquier incertidumbre que pueda causados, es el proceso, aunque se dan procesos sin litigio (jurisdicción voluntaria) y litigio sin proceso (arreglo o transacción).

Algunos tratadistas consideran dos posturas conceptuales básicas en torno a la noción de proceso: una de orientación material y otra de orientación formal. Mientras la primera parte de la vida social humana, en la que se originan roces y colisiones, que deben normarse por el derecho en defensa de la paz, "que sufriría si no se diera regulación al conflicto" Y de la justicia que asimismo sufriría "si se' le diera Una regulación arbitraria", la segunda considera el proceso como un medio que tiene por objeto la puesta en práctica del derecho.

No se justifica considerar separadamente tales Posiciones. El proceso reconoce una base social constituida por conflictos humanos Ínter subjetivos que exigen solución mediante la actuación del derecho.

La formación de! proceso ha seguido una larga trayectoria.

En las sociedades primitivas -históricas ó actuales_ los hombres apelaban a la fuerza para defender sus derechos. Cada cual calificaba su pretensión; elegía los medios para poner término a la amenaza ó para vengar el agravio y era, de ese modo. Juez Y parte en los conflictos que le afectaban.

Esta etapa, llamada régimen de la "defensa privada" o de la "autodefensa" se caracteriza por el predominio de la violencia, y en ella. Como ha escrito Dos Rels "en vez de que la fuerza esté al servicio del derecho, este último se encontraba a merced de aquella".

Tal situación. Que lleva consigo radicales obstáculos para la convivencia humana, no podía persistir. De allí que Con el nacimiento de la autoridad se haya tendido a la limitación, al encauzamiento y a la reglamentación de la auto-defensa, para abolirla después, casi del todo, puesto que subsiste sólo como excepción.

La lucha contra la auto-defensa, largo y constante esfuerzo en pro de la creación, y el desenvolvimiento del proceso, cuya historia es la "historia del Estado y de la misma civilización humana" ha pasado por diversas etapas: 1º) la moderación de la venganza mediante el talión; 2º) la reglamentación del empleo de las armas y del combate mismo; y 3º) el sometimiento de las partes a la decisión de un tercero, Con el fin de autorizar el uso de la fuerza a quien le asista la razón.

La prohibición formal de este modo de solucionar los conflictos, se consigna por primera vez, según Calamandrei, en el decretum Divi Marci de Marco Aurelio, que castiga Con pérdida del derecho al acreedor que intenta hacerse pagar la deuda por la violencia y sin recurrir al juez; y en un rescripto posterior de los emperadores Valentiniano, Teodosio y Arcadio, que extiende el expresado principio a los derechos reales.

A la caída del imperio romano, por influencia de las costumbres bárbaras, el juez vuelve a ser un árbitro en el combate que se realiza entre las partes bajo las formas más toscas y rudimentarias.

Muy avanzada la época moderna, gracias a la renovación de los estudios de Derecho Público, a las nuevas investigaciones sobre el Derecho Romano, y a la influencia de! Derecho Canónico, aparece nuevamente la prohibición de la defensa privada, y se refuerza la idea del monopolio jurisdiccional del Estado.

A medida que la civilización elimina la autodefensa como sistema para resolver los conflictos entre los hombres, se afirma también. Gradualmente, otro principio: "la justicia exige que sea un tercero imparcial quien declare el derecho". Surge así, una forma de arbitraje, que al comienzo fue sólo facultativo para las partes que quedaban obligadas a cumplir las decisiones de los árbitros; se prescribe después, el arbitr8je obligatorio, encargándose la autoridad de hacer cumplir las resoluciones de los mediadores, y, finalmente, el Estado con la intervención de órganos apropiados (jueces, tribunales) se arroga la función de resolver las controversias y hacer cumplir sus decisiones.

El poder público asume así el monopolio de la función jurisdiccional. Prohibiendo la defensa privada y facultando a los interesados a recurrir ante determinadas autoridades en busca de amparo para sus derechos.

La evolución del proceso desde la defensa privada y la lucha entre las partes hasta el debate o controversia mediante el discurso hablado o escrito ante el Juez, significa la transformación de la fuerza en razón y de la lucha en diálogo gracias a la palabra.

La palabra de las partes se convierte, de ese modo, en instrumento de petición y de reclamo, de aceptación o de rechazo, mientras que la del juez es voz de orden y de decisión.

La acción humana que se manifiesta por !a palabra expresa la razón que busca la justicia a través de las formas que señala el derecho.

El término proceso deriva de "procedere" y "processus" que "indican una cadena de actos coordinados para el logro de una finalidad"

EVOLUCIÓN HISTÓRICA LEGISLATIVA DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL PERÚ

El Proceso Contencioso Administrativo en un momento de su evolución histórica formo parte del Código Procesal Civil de 1993 y se tramitó como Proceso Abreviado denominado para sus efectos "Impugnación de Acto o Resolución Administrativa"

Posteriormente en su evolución procesal estuvo regulada en la Ley 27584, denominado "Proceso Contencioso Administrativo", conteniendo a su vez dos procesos uno tramitado en vía Sumarísima en su Art. 24 y otro en vía Abreviado en su Art. 25 y excepcionalmente como proceso cautelar en el Art. 35 y demás del Código Procesal Civil.

Seguidamente el 20 de Diciembre del 2001, mediante el Decreto de Urgencia N° 136-2001, se amplía el plazo de vigencia de la Ley 27584.

Luego el 16 de Marzo del 2003 se publico la Ley 27684, la cual modificaba algunos artículos de la Ley 27584 así y fija la entrada en vigencia el 17 de Abril del 2002.

Finalmente y gracias a la jurisprudencia reiterada que nos brindaba una visión clara de las limitaciones y falencias del Proceso Contencioso Administrativo, surge el 05 de Mayo del 2005 la Ley N° 28531, la cual modifica los artículos 9 y 25 de la Ley N° 27584, quedando con ello sólo dos procesos tramitables en dos vías en la Sumarísima (Art. 24), Especial (Art. 25 modificado) y excepcionalmente Cautelar en el Art. 35 y siguientes del Código Procesal Civil.

2.1. ACTOS JURIDICOS PROCESALES.

a) Clases de actos procesales.-

Existen dos criterios diferentes de clasificación:

1º) Criterio subjetivo: atiende a la persona que produce el acto.

I) Actos de parte

II) Actos procesales del juez

1º) Por la forma de las resoluciones tenemos:

b) Resoluciones jurisdiccionales:

2º) Por su finalidad:

III) Actos del secretario judicial

- Notificación a las partes de los proveídos judiciales.

b) Requisitos de los actos procesales.-

II. Tiempo: