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Cambios económicos en el marco de una revolución democrática (Bolivia)



Partes: 1, 2

    1. Resumen
    2. A modo de
      introducción
    3. Antecedentes
      históricos-jurídicos de la realidad
      económica boliviana
    4. El
      Movimiento Al Socialismo en el progreso
      económico
    5. Nuevas
      Medidas Revolucionarias
    6. Resultados
      económicos alcanzados en el año
      2006
    7. Un nuevo
      Modelo Económico en las propuestas hacia la Asamblea
      Constituyente
    8. Bibliografía

    Resumen

    Con la siguiente investigación he tenido como objetivo
    demostrar la importancia del Derecho en el progreso
    económico de una nación,
    que vive una época de cambios revolucionarios, como es el
    caso de Bolivia. Para
    ello, en primer orden he realizado un recorrido por la realidad
    jurídico-económica boliviana en la segunda mitad
    del siglo XX (Antecedentes históricos-jurídicos
    de la realidad económica boliviana
    ).De igual forma
    analizo las intenciones y el Programa
    Económico del Movimiento Al
    Socialismo
    (MAS) en: El Movimiento Al Socialismo en el progreso
    económico
    ; así como la realización de un
    análisis técnico-jurídico de
    las medidas tomadas por el gobierno
    revolucionario (Nuevas Medidas Revolucionarias) y
    la repercusión económica de las mismas
    (Resultados económicos alcanzados en el año
    2006
    ).Por último no sería posible finalizar
    parcialmente esta investigación sin evaluar la importancia
    de un cambio de
    modelo
    económico en dicho país y la influencia en ello de
    las recientes leyes de carácter económico y el actual
    proceso
    constituyente(Un nuevo Modelo Económico en las
    propuestas hacia la Asamblea Constituyente).

    A modo
    de introducción

    El Derecho, como ciencia del
    Deber ser, recrea aspiraciones humanas que tienen su base en
    realidades sociales. Por tanto es indudable que este se erige
    instrumento del hombre para
    moldear la realidad según sus propias necesidades y como
    resultado de un momento histórico determinado. Claro, no
    es posible obviar que toda creación legal depende en gran
    medida de la voluntad política del Estado, en su
    condición de principal ente legisferante. Por ello el
    Derecho es el lenguaje
    mediante el cual se expresa el Estado y
    del que se sirve para regular la vida de la sociedad en su
    conjunto, siendo indiscutible la función
    ordenadora que posee toda norma. Es imposible por tanto la
    concepción de una revolución, que se precie de ser
    democrática, sin que cada acto en pos del progreso social
    tenga el debido respaldo jurídico, de ahí, el tan
    mencionado, papel transformador del Derecho. Resulta importante
    destacar que no pocas veces al amparo de la
    ley se han
    cometido las mayores atrocidades y que esta ha sido reflejo de
    políticas despiadadas,
    evidenciándose así su carácter regulador
    desde un prisma negativo.

    El proceso que se lleva a cabo en Bolivia no es la
    excepción de las revoluciones democráticas, cuando
    se trata de refundar una nación
    y de salvar una economía sumergida
    por años en políticas lejanas del debido desarrollo, el
    derecho se convierte en protagonista de las nuevas tendencias e
    impulsor de la sociedad en todos los ámbitos,
    fundamentalmente en lo que a economía concierne, ya que
    una vez que el Estado decide intervenir en la vida
    económica y revertir cada ganancia a favor de los
    más necesitados, solo el Derecho, por sus propias
    características, podrá hacer legítima cada
    una de estas decisiones gubernamentales. Pero lo anterior
    serían solo palabras si tomando como referencia las
    medidas adoptadas por el gobierno de Evo Morales en cuanto a los
    llamados sectores estratégicos bolivianos, no existiera un
    antes y un después en la realidad económica del
    país andino.

    Antecedentes históricos-jurídicos de
    la realidad económica boliviana

    Para explicar de forma causal la situación
    económica de Bolivia antes de enero del 2006 y cómo
    influyen en ello cada una de las medidas jurídicas hasta
    ese entonces tomadas, resulta necesario retroceder en el tiempo y
    realizar una breve reseña económica de la
    nación. Para esto se ha de partir de que Bolivia ha
    sufrido la implantación de una estructura
    estatal desde el siglo XIX que ha fomentado la desigualdad y la
    exclusión
    social; y más allá una economía basada a
    lo largo de la historia en un patrón
    primario exportador y como consecuencia la dependencia, en
    ocasiones extrema, del acontecer externo.

    En la segunda mitad del siglo XX y comienzos del
    presente, el comportamiento
    de la economía boliviana ha tenido un carácter
    cíclico. En inicio, para diferenciar cada uno de lo
    períodos se toma como referencia el crecimiento promedio
    del PIB. Esto nos
    sitúa en un primer periodo que abarca los años de
    1953 a 1983, donde el mayor auge se registró sobre el
    año 1968 con una tasa de crecimiento de 7,18%, sin obviar
    que los 70 fueron una década próspera. El siguiente
    período comienza en el año 1983 y se extiende hasta
    1999, con un supremo crecimiento en 1991 de 5,27%. Aún
    cuando se evidencia una diferencia para defecto del crecimiento
    económico entre un período y el otro, de forma
    general, es en 1999 cuando la economía boliviana sufre un
    real estancamiento que se extiende hasta principios del
    2006. En resumen los ciclos se definen en los 50, 60 y 70; 80 y
    finales de los 90; y desde entonces hasta la llegada al poder del
    nuevo gobierno revolucionario. Pero las cifras anteriores son
    solo un reflejo de lo que en realidad aconteció en estos
    años, por lo tanto es necesario enmarcar estos
    índices económicos en su momento histórico y
    por ende su realidad jurídica.

    En 1952 se inicia en el país andino una
    revolución nacional cuyo objetivo definido era lograr la
    independencia
    económica con la intervención del Estado en la
    producción de bienes y
    servicios, en
    concordancia con un modelo de desarrollo hacia adentro, que
    buscaba la industrialización y la sustitución de
    importaciones,
    intentándose el desarrollo de un Capitalismo de
    Estado. Con ello vieron la luz medidas
    económicas- jurídicas progresistas como: la
    nacionalización de las minas, la aprobación del
    Código
    del Petróleo en octubre de 1955, el proceso de
    reforma
    agraria de 1953/1954. En estos momentos la inversión aumentó considerablemente
    alcanzando un promedio anual de 9,41%. A pesar del evidente
    progreso los resultados de estos gobiernos de corte nacionalista
    no fueron del todo los esperados, esto desencadenó la
    implantación gradual en Bolivia de un modelo más
    abierto al mercado
    internacional y propenso a la no intervención estatal en
    la economía, aunque se entiende que este cambio de modelo
    económico no ocurre hasta avanzados los años 80,
    vinculado a una tendencia internacional y factores internos que
    se abordaran más adelante. De la revolución
    nacionalista boliviana se dice que fracasó,
    fundamentalmente, por una excesiva burocratización de la
    economía, pero más allá de ello y pese al
    demostrado progreso, lo esencial fue que no logró romper
    con una estructura colonialista del Estado boliviano, que en gran
    medida frenaba los propósitos nacionalistas.

    En febrero de 1967 es aprobada una nueva Constitución Política del Estado, la
    cual en su Parte Tercera dedicada a los Regímenes
    Especiales, regula el Régimen Económico y
    Financiero. Desde el momento mismo de su aprobación la CPE
    es, en su condición de cumbre y base del ordenamiento
    jurídico boliviano, la máxima ordenadora de la
    sociedad y lo que en ella quede reglamentado permitirá o
    prohibirá determinados actuares. El articulado referente
    al régimen económico en primer orden, es escaso en
    cuanto a los principios que informan el actuar económico.
    Tampoco regula correctamente el tema de los recursos
    naturales, puesto que en un país con la riqueza
    natural de Bolivia se precisa una regulación
    constitucional más detallada y definida en este aspecto,
    con el objetivo de un mayor control y
    más provechosa explotación de los mismos. Carece
    además la CPE, del establecimiento de una adecuada
    interrelación entre el Estado y el mercado, aún
    cuando dentro de la política
    económica estatal se norma la planificación de la economía, lo
    cual responde a un momento histórico del Derecho
    Constitucional. Luego de la lectura de
    la normativa económica constitucional se puede apreciar el
    predominio de un texto poco
    preciso que condiciona múltiples interpretaciones
    posteriores. Por otra parte dicho articulado no muestra la
    intención de que el individuo
    incida con su opinión en la toma de decisiones
    económicas, reflejo evidente de exclusión
    socio-económica. En general la CPE resulta un tanto omisa
    en cuanto a la regulación necesaria para que la
    economía marche sin mayores contratiempos y por tanto ello
    la hace moldeable ante distintos tipos de políticas
    macroeconómicas. A la luz de esta Carta Magna se
    tomaron medidas de corte profundamente neoliberal, por tanto en
    gran medida la CPE dejó abierta las puertas a una mayor
    deformación de la economía boliviana, al presentar
    un contenido adaptable a diversas políticas
    económicas, en correspondencia con una voluntad estatal
    que respondía a los intereses de los partidos
    políticos en el poder.

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