Durante todo el régimen de Porfirio Díaz,
las haciendas habían crecido devorando las tierras de las
comunidades indígenas y englobando en su seno a los mismos
pueblos. En 1910, las haciendas abarcaban el 81% de todas las
comunidades habitadas de México.
Especialmente en el norte y en el extremo sur, las haciendas
absorbían del 85% al 95% de los pueblos. En los estados
del centro de la República, en cambio,
había una preponderancia mucho más marcada de los
pueblos indios: en Hidalgo, el 20.7% vivía en hacienda; en
Morelos, el 23.7%; en México, el 16.8%; en Oaxaca, el
14.5%; en Puebla, el 20.1%; en Tlaxcala, el 32.2%; en Veracruz,
el 24%. En total, había en el país menos de 13,000
pueblos libres contra cerca de 87,000 en las haciendas.
1
La culminación del ascenso del capitalismo en
México bajo el régimen de Díaz iba a ser la
destrucción definitiva de las tierras
comunales.2 Ahora que el capitalismo había
alcanzado un grado de desarrollo
superior, la vieja resistencia
campesina, que había ido cediendo, como lo prueba el
número de pueblos englobados en las
haciendas.3
La hacienda es heredera directa de la sociedad
feudal y la encomienda, con la salvedad de que la hacienda, en su
periodo final, gozó los beneficios de las innovaciones
tecnológicas del siglo XIX. La vertiginosa caída
que experimentó este sistema durante
la Revolución obligó al grupo
triunfante a modificar de forma pero no de fondo las relaciones
sociales de producción. La enorme acumulación de
poder y
dinero que
gozaron los hacendados a finales del XIX y principios del XX
fue uno de los factores que provocaron el movimiento
armado.4
LA
POLÍTICA DE MONOPOLIO DE
LA TIERRA BAJO
EL RÉGIMEN DE DÍAZ
Aunque recibió algunos duros golpes por la
aplicación de las Leyes de Reforma,
el monopolio de la tierra
resurgió rápidamente durante el régimen de
Porfirio Díaz. En ese período se estimuló la
entrada de capitales extranjeros al país, se abrieron
minas, se construyeron ferrocarriles y la tierra adquirió
un valor
potencial como objeto de operaciones
especulativas.
En el Norte y en las zonas costeras había grandes
áreas con población escasa y dispersa, y en ellas la
posesión de las tierras no estaba legalizada. En otras
partes del país existían grandes estaciones de
tierras cuyos ocupantes, que lo habían sido durante
generaciones, carecían de escrituras otorgadas por el
Gobierno que
legitimaran su posesión. Jurídicamente, todas esas
tierras pertenecían a la nación,
y durante el régimen de Díaz se dictaron
disposiciones que alentaron la incautación y el
apoderamiento indebido de dichos bienes en gran
escala.
Una ley de 1883
autorizó al Presidente para contratar
compañías deslindadoras para la realización
y la medición de los terrenos baldíos, a
cambio de darles como compensación un porcentaje del
terreno. En los contratos, se
estipuló que las compañías no podrían
vender las tierras en lotes mayores de 2500 Ha, y que los
compradores debían obligarse a radicar en la tierra
comprada. Durante los 10 años siguientes, las
compañías deslindaron aproximadamente 50 millones
de Ha., por lo cual les correspondió poco menos de 17
millones de Ha. En 1894 se dictó una disposición
aún más radical, pues suprimió todas las
restricciones que contenía la ley anterior respecto a la
limitación de la superficie de las fincas que las
compañías podían vender y a la
obligación de los compradores de establecerse en ellas.
Además, la nueva ley anuló cualquier sanción
en que se hubiera incurrido por infracciones a la ley anterior.
Con esto, se abrieron de par en par las puertas a la
especulación a gran escala con las tierras. No sólo
pidieron los especuladores posesionarse de tierras no ocupadas,
sino que también la ley les permitió,
además, denunciar y pedir la adjudicación de
tierras que habían sido poseídas durante
generaciones, pero cuyos títulos, por una u otra causa,
era defectuosos. Estas disposiciones operaron, todas, en
perjuicio de los pueblos que poseían tierras comunales o
de los pequeños propietarios que vivían en zonas
aisladas y que no comprendieron el alcance ni la importancia de
la ley. Orozco, refiriéndose al resultado de las
operaciones de las compañías deslindadoras, dice
que los grandes hacendados lograron confirmar y aun extender la
propiedad
vastos dominios, que las peticiones de adjudicación que
recibió el Gobierno afectaron a una cantidad
pequeña de tierra en comparación con los gastos
desembolsados, y que los pequeños propietarios y los
pueblos de indios fueron victimas de abogados que se salieron de
argucias legales para desposeerlos de sus tierras, ya
insuficientes entonces para proporcionar el sustento de ellos y
de sus familias.5 Con este marco legal tan
beneficioso, gran cantidad de haciendas vieron la oportunidad de
adjudicarse tierras y extender sus dominios.
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