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Haciendas en el porfiriato



Partes: 1, 2

    1. La política de monopolio
      de la tierra bajo el régimen de
      Díaz
    2. La
      hacienda en Córdoba

    Durante todo el régimen de Porfirio Díaz,
    las haciendas habían crecido devorando las tierras de las
    comunidades indígenas y englobando en su seno a los mismos
    pueblos. En 1910, las haciendas abarcaban el 81% de todas las
    comunidades habitadas de México.
    Especialmente en el norte y en el extremo sur, las haciendas
    absorbían del 85% al 95% de los pueblos. En los estados
    del centro de la República, en cambio,
    había una preponderancia mucho más marcada de los
    pueblos indios: en Hidalgo, el 20.7% vivía en hacienda; en
    Morelos, el 23.7%; en México, el 16.8%; en Oaxaca, el
    14.5%; en Puebla, el 20.1%; en Tlaxcala, el 32.2%; en Veracruz,
    el 24%. En total, había en el país menos de 13,000
    pueblos libres contra cerca de 87,000 en las haciendas.
    1

    La culminación del ascenso del capitalismo en
    México bajo el régimen de Díaz iba a ser la
    destrucción definitiva de las tierras
    comunales.2 Ahora que el capitalismo había
    alcanzado un grado de desarrollo
    superior, la vieja resistencia
    campesina, que había ido cediendo, como lo prueba el
    número de pueblos englobados en las
    haciendas.3

    La hacienda es heredera directa de la sociedad
    feudal y la encomienda, con la salvedad de que la hacienda, en su
    periodo final, gozó los beneficios de las innovaciones
    tecnológicas del siglo XIX. La vertiginosa caída
    que experimentó este sistema durante
    la Revolución obligó al grupo
    triunfante a modificar de forma pero no de fondo las relaciones
    sociales de producción. La enorme acumulación de
    poder y
    dinero que
    gozaron los hacendados a finales del XIX y principios del XX
    fue uno de los factores que provocaron el movimiento
    armado.4

    LA
    POLÍTICA DE MONOPOLIO DE
    LA TIERRA BAJO
    EL RÉGIMEN DE DÍAZ

    Aunque recibió algunos duros golpes por la
    aplicación de las Leyes de Reforma,
    el monopolio de la tierra
    resurgió rápidamente durante el régimen de
    Porfirio Díaz. En ese período se estimuló la
    entrada de capitales extranjeros al país, se abrieron
    minas, se construyeron ferrocarriles y la tierra adquirió
    un valor
    potencial como objeto de operaciones
    especulativas.

    En el Norte y en las zonas costeras había grandes
    áreas con población escasa y dispersa, y en ellas la
    posesión de las tierras no estaba legalizada. En otras
    partes del país existían grandes estaciones de
    tierras cuyos ocupantes, que lo habían sido durante
    generaciones, carecían de escrituras otorgadas por el
    Gobierno que
    legitimaran su posesión. Jurídicamente, todas esas
    tierras pertenecían a la nación,
    y durante el régimen de Díaz se dictaron
    disposiciones que alentaron la incautación y el
    apoderamiento indebido de dichos bienes en gran
    escala.

    Una ley de 1883
    autorizó al Presidente para contratar
    compañías deslindadoras para la realización
    y la medición de los terrenos baldíos, a
    cambio de darles como compensación un porcentaje del
    terreno. En los contratos, se
    estipuló que las compañías no podrían
    vender las tierras en lotes mayores de 2500 Ha, y que los
    compradores debían obligarse a radicar en la tierra
    comprada. Durante los 10 años siguientes, las
    compañías deslindaron aproximadamente 50 millones
    de Ha., por lo cual les correspondió poco menos de 17
    millones de Ha. En 1894 se dictó una disposición
    aún más radical, pues suprimió todas las
    restricciones que contenía la ley anterior respecto a la
    limitación de la superficie de las fincas que las
    compañías podían vender y a la
    obligación de los compradores de establecerse en ellas.
    Además, la nueva ley anuló cualquier sanción
    en que se hubiera incurrido por infracciones a la ley anterior.
    Con esto, se abrieron de par en par las puertas a la
    especulación a gran escala con las tierras. No sólo
    pidieron los especuladores posesionarse de tierras no ocupadas,
    sino que también la ley les permitió,
    además, denunciar y pedir la adjudicación de
    tierras que habían sido poseídas durante
    generaciones, pero cuyos títulos, por una u otra causa,
    era defectuosos. Estas disposiciones operaron, todas, en
    perjuicio de los pueblos que poseían tierras comunales o
    de los pequeños propietarios que vivían en zonas
    aisladas y que no comprendieron el alcance ni la importancia de
    la ley. Orozco, refiriéndose al resultado de las
    operaciones de las compañías deslindadoras, dice
    que los grandes hacendados lograron confirmar y aun extender la
    propiedad
    vastos dominios, que las peticiones de adjudicación que
    recibió el Gobierno afectaron a una cantidad
    pequeña de tierra en comparación con los gastos
    desembolsados, y que los pequeños propietarios y los
    pueblos de indios fueron victimas de abogados que se salieron de
    argucias legales para desposeerlos de sus tierras, ya
    insuficientes entonces para proporcionar el sustento de ellos y
    de sus familias.5 Con este marco legal tan
    beneficioso, gran cantidad de haciendas vieron la oportunidad de
    adjudicarse tierras y extender sus dominios.

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