De la Reunión Normativa Laboral – Venezuela

1. Laudo
   Arbitral
2. Proceso
   de formación interna del Laudo
   Arbitral
3. La forma
   del Laudo Arbitral
5. El
   régimen jurídico del Laudo
   Arbitral

Laudo
Arbitral:

Son actos concretos de Ley emanados por
órganos jurisdiccionales ordinarios (Ad-Hoc) Ej. Justicia para
Todos. La actividad del Arbitro culmina cuando, resolviendo sobre
la pretensión, dicta su resolución, que recibe el
nombre de Laudo Arbitral por contraposición con el de
Sentencia, que se reserva a las resoluciones que se dictan por
los Órganos del Poder
Judicial, aunque es manifiesto el paralelismo entre uno y otra,
pudiendo tanto aquel como ésta ser puramente declarativo,
declarativo de condena y constitutivo.

La Ley 60/2.003, de 23 de diciembre, de Arbitraje dedica
al Laudo Arbitral el Título VI, regulando en el
artículo 34 la importante cuestión de qué
normas han de
aplicarse a la resolución del fondo de la controversia,
sobre la base de los siguientes criterios:

• La libertad de
  las partes como premisa, como ya ocurriera en la Ley de
  1988.
• La inversión de la regla que la ley de 1988
  contenía a favor del arbitraje de equidad
  dando preferencia por el arbitraje de derecho en defecto de
  acuerdo expreso de las partes, en sintonía con la
  orientación más generalizada en el panorama
  comparado y porque resulta, además, muy discutible que
  la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, sin
  más especificaciones, pueda presumirse que incluya la de
  que la controversia sea resuelta en equidad y no sobre la base
  de los mismos criterios jurídicos que si hubiere de
  resolver un Tribunal. Por ello, en la nueva norma queda
  limitado el arbitraje de equidad a los casos en que las partes
  lo hayan pactado expresamente, ya sea por remisión
  literal a la equidad o por referencia a términos
  similares, no pudiendo los Árbitros desatender normas
  jurídicas aplicables en el supuesto de que las partes
  autoricen la decisión en equidad y al tiempo
  señalen normas jurídicas aplicables.
• La supresión de la exigencia de que el derecho
  aplicable deba guardar sintonía con la relación
  jurídica o con la controversia, ya que se trata de un
  requisito de difusos contornos y difícil control, con
  lo que se siguen las orientaciones de las regulaciones y
  ordenamientos más avanzados.
• La preferencia por la expresión normas
  jurídicas aplicables a la de derecho aplicable, cambio
  semántico no baladí porque, como se explica en la
  Exposición de Motivos, esta última
  expresión parece englobar la exigencia de
  remisión a un concreto
  ordenamiento jurídico de un Estado,
  cuando en algunos casos lo que ha de aplicarse son normas de
  varios ordenamientos o reglas comunes del comercio
  internacional.
• La no sujeción de los árbitros a un
  sistema de
  reglas de conflicto.

Sin olvidar que la Ley prevé la posibilidad de
que los árbitros dicten un laudo sobre la base del
contenido de un previo acuerdo alcanzado por los litigantes,
previsión que podría entenderse innecesaria en la
medida en que las partes tienen poder de disposición sobre
el objeto de la controversia y que, a la postre resulta no ser
superflua esta previsión porque, a través de su
incorporación a un Laudo, el contenido del acuerdo
alcanzado por los litigantes adquiere la eficacia
jurídica de aquél, y teniendo presente
además que la Ley impide que los árbitros puedan
rechazar esta petición discrecionalmente, siguiendo a
Chillón Medina y a Merino Merchán[4], puede
definirse el laudo como "el acto del Arbitro por el cual emite un
juicio vinculante para las partes en el proceso y
resolutorio para el conflicto residenciado ante él", esto
es, el Laudo Arbitral es la expresión formal de la
decisión adoptada por el Arbitro para resolver la
cuestión litigiosa y que los litigantes vienen obligados a
aceptar por mor del pacto arbitral que las vincula, o dicho de
otra forma, el Laudo es el acto del Arbitro en el que se decide
sobre la cuestión de fondo sometida. Por ello, el laudo
constituye el punto culminante del proceso arbitral en cuanto
que, a través de él, el Arbitro pone fin a la
controversia de la que conoce y, con ello, restablece el equilibrio
entre las partes contendientes.

Para dictar el laudo debe el Arbitro desarrollar una
operación de índole intelectual y, además,
realizar un acto de carácter volitivo, al punto de que sin
concurrir aquella o faltando éste, la actividad de
cualquier tercero dirimente, tanto en sede arbitral como
jurisdiccional, carecería de sentido.