La política macroeconómica (página 2)

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4. LA
POLÍTICA MONETARIA DEBE BASARSE EN UNA REGLA Y NO EN LA
DISCRECIÓN

El banco central
fija la política
monetaria. Su comité directivo se reúne
periódicamente para evaluar la situación de la
economía.
Basándose en esta evaluación
y en las predicciones de la futura situación
económica, decide subir, bajar o no alterar los tipos de
interés
a corto plazo.

En la mayoría de los países, el banco
central actúa con una discreción casi total en la
gestión
de la política monetaria. Las leyes que rigen
su funcionamiento sólo suelen darle vagas recomendaciones
sobre los objetivos que
debe perseguir y no le indican cómo debe perseguir los
objetivos que elija. Una vez nombrado el comité directivo
del banco central, sus miembros no tienen apenas otra orden que
«hacer lo que deben».

Algunos economistas han criticado esta concepción
institucional., la atención en la conveniencia o no de que el
banco central tenga menos poderes discrecionales y se comprometa
a seguir una regla para gestionar la política
monetaria.

La política monetaria debe basarse en una
regla

La discreción en la gestión de la
política monetaria plantea dos problemas. En
primer lugar, no limita la incompetencia ni el abuso de poder. Cuando
el gobierno manda a
la policía a un lugar para mantener el orden
público, le da unas directrices estrictas sobre la forma
en que debe realizar su trabajo. Como
la policía tiene mucho poder sería peligroso dejar
que lo ejerciera como quisiera. Sin embargo, cuando el gobierno
da a un banco central la potestad de mantener el orden
económico, no le da ninguna directriz. Las autoridades
monetarias gozan de una discreción ilimitada.

Por poner un ejemplo de abuso de poder, el banco central
a veces siente la tentación de utilizar la política
monetaria para influir en el resultado electoral. Supongamos que
los votos a favor del gobierno actual se basan en la
situación económica existente en el momento en que
se convocan las elecciones. Un banquero central proclive al
gobierno actual podría sentir la tentación de
adoptar medidas expansivas justo antes de las elecciones para
estimular la producción y el empleo,
sabiendo que la inflación resultante no se
manifestará hasta después de las elecciones. Por lo
tanto, si el banco central se alía con los
políticos. La política discrecional puede provocar
fluctuaciones económicas que reflejen el calendario
electoral. Los economistas llaman ciclo económico
político a estas fluctuaciones.

El segundo problema más sutil de la
política monetaria discrecional se halla en que puede
generar más inflación de la deseable. El banco
central, sabiendo que no existe ninguna disyuntiva a largo plazo
entre la inflación y el desempleo, suele
anunciar que su objetivo es
una inflación nula. Sin embargo, raras veces consigue
estabilizar los precios.
¿Por qué? Quizá porque, una vez que el
público se forma sus expectativas sobre la
inflación, los responsables de la política
económica se enfrentan a una disyuntiva a corto plazo
entre la inflación y el desempleo.

Una manera de evitar estos dos problemas de la
política discrecional es obligar al banco central a
atenerse a una regla.

Supongamos, por ejemplo, que el Parlamento aprobara
una ley que
obligara al banco central a aumentar la oferta
monetaria exactamente un 3 por 100 al año (por
qué un 3 por 100? Como el PIB real
crece, en promedio, alrededor de un 3 por 100 al año y
como la demanda de
dinero crece
con el PIB real, un crecimiento de la oferta monetaria del 3
por 100 es más o menos la tasa necesaria para
estabilizar los precios a largo plazo).
Una regla más activa posiblemente
permitiría que la situación de la economía
influyera a su vez en los cambios de la política
monetaria. Por ejemplo, una regla más activa
podría obligar al banco central a aumentar el
crecimiento monetario 1 punto porcentual por cada punto
porcentual en que aumentara el desempleo por encima de su tasa
natural. Independientemente de la forma exacta de la
regla.

Obligar al banco central a seguir una regla
tendría ventajas al limitar la incompetencia, el abuso de
poder y la incoherencia temporal en la gestión de la
política monetaria.

La política monetaria no debe basarse en una
regla

Aunque la política monetaria discrecional tenga
muchas trampas, también tiene una importante ventaja: la
flexibilidad. El banco central tiene que hacer frente a diversas
circunstancias. Muchas de ellas imprevistas. En los años
30, se registró en Estados Unidos
una cifra sin precedentes de quiebras bancarias. En los
años 70, el precio del
petróleo se disparó en todo el
mundo. En octubre de 1987 la bolsa de valores
bajó un 22 pbr 100 en un solo día. El banco central
debe decidir cómo ha de responder a estas perturbaciones
de la economía. Los encargados de elaborar una regla
posiblemente no podrían tener en cuenta todas las
contingencias y especificar de antemano la respuesta correcta. Es
mejor nombrar a personas competentes para gestionar la
política monetaria y darles la libertad
necesaria para que realicen su cometido de la mejor manera
posible.

Por otra parte, los supuestos problemas que plantea la
discreción son en gran medida hipotéticos. Por
ejemplo, la importancia práctica del ciclo
económico político dista de estar clara. En algunos
casos, parece que ocurre justamente lo contrario. Por ejemplo, el
Presidente Jimmy Carter nombró a Paul Voclker presidente
de la Reserva Federal en 1979. No obstante, en octubre de ese
año Volcker contrajo la política monetaria con el
fin de luchar contra la elevada tasa de inflación que
había heredado de su predecesor. El resultado predecible
de la decisión de Volcker fue una recesión y el
resultado predecible de la recesión fue una
disminución de la popularidad de Carter. En lugar de
utilizar la política monetaria para ayudar al presidente
que lo había nombrado, Volcker ayudó a garantizar
la derrota de Carter por parte de Ronald Reagan en las elecciones
de noviembre de 1980.

EL BANCO CENTRAL DEBE ASPIRAR A CONSEGUIR UNA
INFLACIÓN NULA

Según uno de los diez principios de la
economía el desarrollado más extensamente en el 28,
los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero.
Según otro, desarrollado más extensamente en el 33,
la sociedad se
enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación
y el desempleo. Estos dos principios, considerados conjuntamente,
plantean una cuestión a los responsables de la
política económica: ¿cuánta
inflación debe estar dispuesto a tolerar el banco central?
Nuestro tercer debate se
refiere a la conveniencia o no de que el objetivo correcto para
la inflación sea una tasa nula.

El banco central debe aspirar a conseguir una
inflación nula

La inflación no beneficia a la sociedad e impone
algunos costes reales. Los economistas han identificado
seis:

Los costes en suela de zapatos que conlleva la
reducción de las tenencias de dinero.
Los costes de menú que conlleva el ajuste
más frecuente de los precios.
El aumento de la variabilidad de los precios
relativos.
Las variaciones intencionadas de las obligaciones
fiscales debido a la ausencia de mediación de los
impuestos.
La confusión y la incomodidad que crean las
variaciones de la unidad de cuenta.
Las redistribuciones arbitrarias de la riqueza
relacionadas con las deudas denominadas en unidades
monetarias.

Algunos economistas sostienen que estos costes son
bajos, al menos cuando las tasas de inflación son
moderadas, como la del 3 por 100 que experimentó Estados
Unidos durante la primera mitad de los años 90. Pero otros
economistas sostienen que pueden ser considerables, incluso
cuando la inflación es moderada. Por otra parte, no cabe
duda de que al público le desagrada la inflación.
Cuando ésta se reaviva, es uno de los principales
problemas de los países según las encuestas de
opinión.

Naturalmente, los beneficios de una inflación
nula deben sopesarse con los costes de conseguirla. Para reducir
la inflación, normalmente es necesario un periodo de
elevado desempleo y baja producción, como muestra la curva
de Phillips a corto plazo. Pero esta recesión
desinflacionista sólo es temporal. Una vez que el
público comienza a comprender que las autoridades
económicas aspiran a conseguir una inflación nula,
las expectativas inflacionistas disminuyen, lo cual mejora la
disyuntiva a corto plazo. Como las expectativas se ajustan, no
existe ninguna disyuntiva entre la inflación y el
desempleo a largo plazo.

La reducción de la inflación es, pues, una
política que tiene unos costes temporales y unos
beneficios permanentes. Es decir, una vez que ha terminado la
recesión desinflacionista, los beneficios de una
inflación nula persisten en el futuro. Si las autoridades
económicas son previsoras, deberían estar
dispuestas a incurrir en los costes temporales a cambio de los
beneficios permanentes. Ese es precisamente el cálculo
que hizo Paul Volcker a principios de los años 80, cuando
redujo la inflación de alrededor de un 10 por 100 en 1980
a alrededor de un 4 por 100 en 1983. Actualmente, Volcker
está considerado un héroe entre los banqueros
centrales.

Por otra parte, los costes de reducir la
inflación no tienen por qué ser tan altos como
sostienen algunos economistas. Si el banco central anuncia que
está decidido a reducir a cero la inflación y su
anuncio es creíble, puede influir directamente en las
expectativas sobre la inflación. Ese cambio de las
expectativas puede mejorar la disyuntiva a corto plazo entre la
inflación y el desempleo y permitir que la economía
consiga una inflación más baja con un reducido
coste. La clave de esta estrategia es la
credibilidad: la gente debe creer que el banco central va a
llevar a cabo realmente la política que ha anunciado. El
Parlamento podría contribuir en este sentido aprobando
leyes que hicieran de la estabilidad de los precios el principal
objetivo del banco central. Esas leyes harían que fuera
menos costoso conseguir una inflación nula sin reducir
ninguno de los beneficios resultantes.

Una de las ventajas del objetivo de la inflación
nula se halla en que cero es un punto de referencia más
natural para las autoridades económicas que cualquier otra
cifra. Supongamos, por ejemplo, que el banco central anunciara
que va a mantener la inflación en un 3 por 100, que es la
tasa que se registró en Estados Unidos durante la primera
mitad de la década de 1990. ¿Mantendría
realmente ese objetivo del 3 por 100? Si los acontecimientos
elevaran sin querer la inflación a 4 o 5 por 100,
¿por qué no iban a elevar simplemente el objetivo?
Al fin y al cabo, el número tres no tiene nada de
especial. En cambio, cero es la única cifra de la tasa de
inflación a la que el Fed sostiene que puede estabilizar
los precios y eliminar totalmente los costes de la
inflación.

En contra: el banco central no debe aspirar a
conseguir una inflación nula

Aunque la estabilidad de los precios sea deseable, los
beneficios de una inflación nula en comparación con
una inflación moderada son pequeños, mientras que
los costes son elevados. En Estados Unidos, las estimaciones de
la tasa de sacrificio sugieren que para reducir la
inflación 1 punto porcentual, es necesario renunciar a
alrededor de un 5 por 100 de producción anual. Para
reducir la inflación, por ejemplo, de 4 por 100 a cero, es
necesaria una pérdida del 20 por 100 de producción
anual. Con el nivel actual del producto
interior bruto del orden de 7 billones de dólares, este
coste se traduce en una pérdida de producción de
1,4 billones de dólares, es decir, alrededor de 5.000$ per
cápita. Aunque al público le desagrade la
inflación, no está en absoluto claro que
esté dispuesto (o deba estarlo) a pagar tanto para
librarse de ella.

Los costes sociales de la desinflación son aun
mayores de lo que sugiere esta cifra de 5.000$, pues la renta
perdida no se distribuye equitativamente entre la población. Cuando la economía entra
en una recesión, las rentas no disminuyen todas
proporcionalmente, sino que la disminución de la renta
agregada se concentra en los trabajadores que pierden el empleo.
Los trabajadores vulnerables suelen ser los que tienen menos
cualificaciones y experiencia. Por lo tanto, una gran parte del
coste de la reducción de la inflación recae en las
personas que menos pueden pagarlo.

Aunque los economistas pueden enumerar varios costes de
la inflación, no existe unanimidad entre ellos en que
estos costes sean significativos.

5.
EL ESTADO DEBE
EQUILIBRAR SU PRESUPUESTO

Tal vez el debate macroeconómico más
persistente en los últimos años ha sido el que ha
girado en torno al
déficit presupuestario del gobierno federal de Estados
Unidos. Como recordará el lector, un déficit
presupuestario es un exceso de gasto
público sobre los ingresos del
Estado. El
Estado financia un déficit presupuestario emitiendo
deuda
pública. El déficit presupuestarios afectan al
ahorro, a la
inversión y a los tipos de interés.
Pero, ¿hasta qué punto son un problema los
déficit presupuestarios? Nuestro cuarto debate se refiere
a la conveniencia o no de que las autoridades fiscales
sitúen entre sus máximas prioridades el mantenimiento
de un presupuesto
equilibrado.

El Estado Debe Equilibrar Su
Presupuesto

En Estados Unidos, desde principios de los años
80, el Estado ha gastado considerablemente más de lo que
ha recibido en ingresos fiscales. Como consecuencia de estos
déficit presupuestarios, la deuda del gobierno federal
aumentó de 710.000 millones de dólares en 1980 a
3,6 billones en 1995. Si dividimos la deuda actual por el
tamaño de la población, sabemos que la
proporción de la deuda pública correspondiente a
cada persona es de
14.000$ aproximadamente.

El efecto más directo de la deuda pública
es que impone una carga a las futuras generaciones de
contribuyentes. Cuando vencen estas deudas y los intereses
acumulados, los futuros contribuyentes se encuentran ante una
difícil elección. Pueden pagar unos impuestos
más altos, disfrutar de un gasto público menor o
ambas cosas a la vez con el fin de disponer de suficientes
recursos para
devolver la deuda y los intereses acumulados o pueden retrasar el
día del juicio final y endeudar aún más al
Estado pidiendo de nuevo préstamos para devolver la
antigua deuda y los intereses. En esencia, cuando el Estado
incurre en un déficit presupuestario, permite que los
contribuyentes actuales pasen la factura de una
parte de su gasto público a los futuros contribuyentes. La
herencia de
una deuda tan elevada no puede sino reducir el nivel de vida de
las futuras generaciones.

Los déficit presupuestarios no sólo
producen este efecto directo, sino también otros efectos
macroeconómicos. Como representan un ahorro público
negativo, reducen el ahorro nacional (la suma del ahorro privado
y público). La reducción del ahorro nacional hace
que los tipos de interés reales suban y la
inversión disminuya. La reducción de la
inversión provoca con el paso del tiempo una
disminución del stock de capital. Una
disminución del stock de capital reduce la productividad del
trabajo, los salarios reales y
la producción de bienes y
servicios de
la economía. Por lo tanto, cuando el Estado aumenta su
deuda, las futuras generaciones nacen en una economía que
tiene unas rentas más bajas y unos impuestos más
altos.

No obstante, hay situaciones en las que está
justificado incurrir en un déficit presupuestario. A lo
largo de la historia de Estados Unidos,
la causa más frecuente del aumento de la deuda
pública han sido las guerras.
Cuando un conflicto
militar eleva el gasto público temporalmente, es razonable
financiar este gasto adicional endeudándose. De lo
contrario, habría que subir los impuestos vertiginosamente
durante la guerra. Esos
elevados tipos impositivos distorsionarían
extraordinariamente los incentivos de los
contribuyentes, lo que provocaría grandes pérdidas
irrecuperables de eficiencia.
También serían injustos para las generaciones
actuales de contribuyentes, que ya tienen que hacer el sacrificio
de luchar en la guerra.

También es razonable permitir un déficit
presupuestario durante una disminución temporal de la
actividad económica. Cuando la economía entra en
una recesión, los ingresos fiscales disminuyen
automáticamente, porque el impuesto sobre la
renta y el impuesto sobre
las nóminas se
calculan en función de
la cuantía de la renta. Si el Estado tratara de equilibrar
su presupuesto durante una recesión, tendría que
subir los impuestos o reducir el gasto en un momento de elevado
desempleo. Esa medida tendería a reducir la demanda agregada
precisamente en un momento en el que sería necesario
estimularla y, por lo tanto, tendería a aumentar la
magnitud de las fluctuaciones económicas.

Sin embargo, el déficit presupuestario reciente
no puede justificarse apelando a la guerra o a la
recesión. Desde principios de los años 80, Estados
Unidos ha evitado los grandes conflictos
militares y las grandes recesiones económicas. No
obstante, el Estado ha incurrido sistemáticamente en un
déficit presupuestario, debido en gran parte a que al
presidente y al Congreso les ha resultado más fácil
aumentar el gasto público que subir los impuestos. Como
consecuencia, la deuda pública en porcentaje del producto
interior bruto anual aumentó de 26 por 100 en 1980 a 51
por 100 en 1995. Es difícil comprender que esta
política tenga alguna justificación. Aunque el
gobierno no tuviera que comprometerse a mantener equilibrado el
presupuesto de una manera inflexible, lo normal debería
ser que el presupuesto estuviera equilibrado. Si los gobiernos de
Estados Unidos hubieran actuado con un presupuesto equilibrado
desde 1980, los titulados universitarios actuales
entrarían en una economía que les prometería
una prosperidad económica mayor.

El Estado no debería equilibrar su
presupuesto

El problema del déficit presupuestario se exagera
frecuentemente. Aunque la deuda pública representa
efectivamente una carga fiscal para
las generaciones más jóvenes, no es grande
comparada con la renta que percibe la persona media durante toda
su vida. La deuda del gobierno federal de Estados Unidos es del
orden de 14.000$ per cápita. Una persona que trabaje
durante 40 años por 25.000$ al año gana 1
millón de dólares durante toda su vida. La
proporción que le corresponde de la deuda pública
representa menos de un 2 por 100 de los recursos de que dispone
durante toda su vida.

Por otra parte, es erróneo considerar los efectos
de los déficit presupuestarios por separado. El
déficit presupuestario no es más que un elemento de
una descripción general de cómo decide
el gobierno recaudar dinero y gastarlo. Cuando las autoridades
económicas toman estas decisiones fiscales, afectan a
diferentes generaciones de contribuyentes de muchas formas. El
déficit presupuestario debe considerarse junto con estas
otras medidas.

Supongamos, por ejemplo, que el gobierno reduce el
déficit presupuestario recortando el gasto en educación.
¿Mejora este cambio de política el bienestar de las
generaciones jóvenes? La deuda pública será
menor cuando entren en la población activa, lo cual
significa una carga fiscal más pequeña. Sin
embargo, si tienen peor formación, su productividad y sus
rentas serán menores.

La legislación tributaria debe reformarse para
fomentar el ahorro

La tasa de ahorro de un país es un determinante
clave de su prosperidad económica a largo plazo. Cuando es
más alta, se dispone de más recursos para invertir
en nueva planta y equipo. Un aumento del stock de planta y equipo
eleva, a su vez, la productividad del trabajo, los salarios y las
rentas. No es sorprendente, pues, que los datos
internacionales muestren la existencia de una estrecha
correlación entre las tasas nacionales de ahorro y los
indicadores
del bienestar económico.

La legislación tributaria no debe reformarse
para fomentar el ahorro

Aunque sea deseable aumentar el ahorro, ése no es
el único objetivo de la política tributaria. Las
autoridades fiscales también deben asegurarse de que
distribuyen la carga fiscal equitativa- mente. El problema de las
propuestas para aumentar los incentivos para ahorrar se halla en
que elevan la carga fiscal de las personas que menos pueden
pagarla.

Es un hecho innegable que los hogares de renta alta
ahorran una proporción mayor de su renta que los de renta
baja, por lo que cualquier modificación tributaria que
favorezca a las personas que ahorran también
tenderá a favorecer a las que tienen una renta alta.
Algunas medidas, como las cuentas de
jubilación fiscalmente ventajosas parecen atractivas, pero
llevan a una sociedad menos igualitaria. Al reducir la carga
fiscal de los ricos que pueden beneficiarse de estas cuentas,
obligan al gobierno a aumentar la carga fiscal de los
pobres.

Por otra parte, no está claro que las medidas
tributarias destinadas a fomentar el ahorro logren realmente ese
objetivo. Según muchos estudios, el ahorro es
relativamente inelástico, es decir, la cantidad de ahorro
no es muy sensible a su tasa de rendimiento. Si fuera realmente
así, las disposiciones tributarias que elevan el
rendimiento efectivo reduciendo los impuestos sobre la renta del
capital enriquecerían aún más a los ricos
sin inducirlos a ahorrar más de lo que ahorrarían
de todos modos.

Desde el punto de vista de la teoría
económica, no está claro que un aumento de la tasa
de rendimiento elevara el ahorro. El resultado depende de la
magnitud relativa de dos efectos contrarios, llamados
efecto-sustitución y efecto-renta. Por una parte, un
aumento de la tasa de rendimiento eleva el beneficio del ahorro:
cada dólar ahorrado hoy produce más consumo en el
futuro. Este efecto-sustitución tiende a aumentar el
ahorro. Por otra parte, un aumento de la tasa de rendimiento
reduce la necesidad de ahorrar: un hogar tiene que ahorrar menos
para conseguir el nivel de consumo que se proponga para el
futuro. Este efecto-renta tiende a reducir el ahorro. Si el
efecto-sustitución y el efecto-renta se anulan
aproximadamente, como sugieren.

CONCLUSIÓN

El estudio de la economía no siempre facilita la
elección entre distintas medidas. De hecho, al aclarar las
inevitables disyuntivas a las que se enfrentan los responsables
de la política económica, puede dificultar la
elección.

Sin embargo, las elecciones difíciles no tienen
derecho a parecer fáciles. Cuando se oiga a los
políticos o a los observadores proponer algo que parece
demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo es. Si parece
que le ofrecen algo a cambio de nada. Debe buscar la ética
oculta del precio. Pocas medidas, por no decir
ninguna.