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El nivel de educación superior del sistema educativo venezolano (página 2)




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Es importante resaltar que desde sus comienzos, las instituciones de educación venían implicadas con unas determinadas funciones o misiones que variaban según los intereses particulares de las personas e instituciones desde las que la promovían. En tal sentido Marín y González (2000) señalan que lo normal en aquella época era que las universidades estuviesen promovidas por los reyes o por la Iglesia, y raras veces por particulares que quisieran crear una universidad por el mero interés humanístico y científico de conocer y aprender.

Refiriéndose a las funciones o misiones que ejercían las universidades en la edad media Marín y González (2000) destacan las siguientes:

  • Sedes de enseñanza, estudio y conocimiento de diversas materias como leyes, medicina, teología.
  • Servir de intereses eclesiásticos y políticos.
  • Fortalecer los poderes centrales del papado contra las exigencias y aspiraciones de los poderes terrenales y de los intereses feudales.
  • Servir como centros de reclutamiento de personas que pudieran servir de personal al servicio de la Iglesia.
  • Defender los intereses colectivos de los estudiosos y maestros contra las autoridades municipales y los ciudadanos mediante privilegios.
  • Proporcionar juristas que pudieran resolver problemas legales desconocidos para la ley común.
  • Preparar empleados civiles que pudieran competir con las autoridades principescas.

A finales de la Edad Media la educación académica, gracias a las universidades, se convirtió en un sello de distinción social. El doctorado se emparejaba con el título de nobleza en cuanto a la deferencia que exigía, incluso, señalan Marín y González (2000) que fuera de la universidad los grados académicos no daban derecho a la práctica de ninguna profesión en particular. Igualmente señala que en el siglo XV, el grado académico era reconocido como evidencia de la cualificación siendo importante a la hora de competir para conseguir los puestos eclesiásticos y seculares.

La creación de las universidades provocó un cambio en la realidad social de la época, entrando a formar parte la escuela de un nuevo estrato social que modificó la estructura de la sociedad desarrollándola y haciéndola más compleja. Marín y González (2000) resumiendo las particularidades de las universidades medievales señala que estas poseían tres características constitutivas: el universalismo, la autonomía, y la búsqueda espontánea del saber y de la verdad.

Las Universidades del Nuevo Mundo

Luego del descubrimiento de América en 1492, llegaron al nuevo mundo españoles de todos los niveles culturales, incluyendo sacerdotes y laicos con formación universitaria. Las primeras universidades fundadas entonces son la Universidad de Santo Domingo en La República Dominicana (1538), la Universidad de San Marcos en Lima (1551) y la Universidad de México en (1551), Universidad Santo Tomas Bogotá 1580.

La Universidad en Venezuela

La Etapa Colonial

A diferencia de Perú y México, naciones que antes del siglo XV tuvieron culturas indígenas de gran desarrollo y en las cuales, si se profundiza conceptualmente, podrían identificarse elementos de lo que hoy denominamos educación superior, el territorio que hoy es Venezuela estuvo habitado por un grupo numeroso de pequeñas tribus bastante primitivas, cuyos mayores adelantos estuvieron vinculados al cultivo de maíz y yuca, la alfarería y la construcción de terrazas para la defensa contra inundaciones.

Por esta razón se debe considerar que la historia de la educación superior en este país comienza después de la llegada de los europeos a nuestro continente, más concretamente en 1592, cuando un grupo de españoles residenciados en Caracas, ciudad fundada en 1567 y hoy capital del país, solicitó al rey de España la creación de una Cátedra de Gramática y un Colegio Seminario que sirvieran para la instrucción de sus hijos. Sin embargo, debido a que esta ciudad fue pronto azotada por pestes, piratas, gran precariedad económica y conflictos internos, sus habitantes no pudieron ocuparse mucho de desarrollar esta idea. A ello se agregó el hecho de que en 1641 un terrible terremoto destruyó gran parte de la ciudad y con ella lo poco que ya se había levantado del Colegio Seminario. La desolación fue tal que por casi tres décadas este asunto permaneció diferido ante la necesidad de atender prioridades de supervivencia.

Por todo lo anterior, y debido al pequeño número de habitantes de Caracas, durante mucho tiempo sólo funcionó la Cátedra de Gramática (educación secundaria de esa época), como expresión de la educación más alta. El Seminario, como inicio de la formación teológica, cuya creación fue autorizada por el Rey Felipe II en 1592, fue inaugurado y comenzó a funcionar 104 años después, el 29 de Agosto de 1696, con el nombre de "Magnífico y Real Seminario Colegio de Santa Rosa de Lima", siendo su rector el obispo peruano fray Antonio González de Acuña. Pero este establecimiento sólo sirvió por muchos años a una pequeña parte de los aspirantes, puesto que quienes deseaban una formación universitaria tenían que viajar a Santo Domingo, Bogotá o México.

Lo costoso de hacer los estudios en lugares tan lejanos hacía que la enseñanza superior quedara reservada para los hijos de las familias más acomodadas de los españoles y de los blancos criollos. Después de innumerables diligencias ante la Corona española, el Rey Felipe V, mediante real cédula fechada en Lerma el 22 de diciembre de 1721, decretó la creación de una universidad a la cual un año más tarde el Papa Inocencio XIII le concedió el carácter de Pontificia. Y así, en el antiguo Seminario de Santa Rosa se instaló ese año la "Real y Pontificia Universidad de Caracas", que, a manera similar a otras de Hispanoamérica, no tenía otra misión que defender los intereses de la corona y velar por la pureza de la religión católica, de cuya Iglesia dependía. En ella se enseñaba teología, leyes, medicina y artes, pero la formación eclesiástica era la misión más importante.

Para ingresar como alumno en esta casa de estudios se requería presentar un testimonio "de vida y costumbres", con documentos y testigos, para probar que se era blanco, hijo de legítimo matrimonio, descendiente de cristianos "limpios de toda mala raza" y de buena posición económica. Todo lo cual implicaba que no podía ingresar a ella sino un sector muy restringido de la comunidad.

Los estatutos coloniales de esta universidad comenzaron a regir en 1727, pero fueron modificados por disposición real en 1784. Los nuevos estatutos establecieron la elección del Rector por parte del Claustro (compuesto por los profesores de la universidad y los doctores residentes en la ciudad) en lugar de ser designado directamente por el Obispo, como era lo acostumbrado. Se autoriza a la Universidad para otorgar los títulos de Bachiller, Licenciado, Maestro y Doctor en diferentes campos del conocimiento y, como en otras partes del mundo de esa época, se dispone que el título de Doctor en Teología sea el grado académico más alto y exigente. El primer título de Doctor fue otorgado el 17 de abril de 1785 y se hizo en el campo de la medicina, al médico venezolano Francisco Molina. Este título (que todavía hoy es el grado más elevado que concede la mayoría de las universidades) se otorgaba en esa época sin el requisito de trabajo académico sistemático, extenso y supervisado como sucede con los estudios de postgrado en la actualidad.

En efecto, como en todas las universidades, medievales o coloniales, la única exigencia académica, adicional a la Licenciatura, para obtener dicho grado era la lectura pública de una "tesis", la cual consistía generalmente en la exposición y defensa, ante un Jurado designado por el Rector, de un tema controversial o novedoso escogido por el candidato, lo cual culminaba con un acto académico en la capilla universitaria, un colorido desfile por las calles de la ciudad y una fiesta pomposa pagada por el doctorando (Leal, 1981). En los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX, en esta Universidad comienzan a penetrar las ideas racionalistas de la Ilustración europea gracias al Dr. Baltasar de los Reyes Marrero, profesor de matemáticas, quien introduce el estudio de la filosofía racionalista de Locke, Newton, Spinoza, Leibnitz, Descartes y otros pensadores europeos y, bajo el influjo de las nuevas ideas, se rechazan las que predominaban en el modelo de universidad colonial, particularmente las de Santo Tomás, Aristóteles y Justiniano. Estas ideas, junto con la invasión de España por Napoleón y las contradicciones existentes entre blancos criollos y españoles, entre pardos y blancos y entre propietarios y esclavos, dan lugar a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX a numerosos levantamientos y rebeliones que condujeron, como en otras regiones de América Latina, a la Guerra de Independencia que se inicia formalmente en Venezuela el 5 de julio de 1811 y termina diez años después.

La Construcción de la República

Venezuela logró su independencia de España en 1821 con la Batalla de Carabobo, después de muchos movimientos revolucionarios y de batallas dirigidas por Simón Bolívar. Pero lo hizo formando parte de la Gran Colombia, proyecto bolivariano aprobado en el Congreso de Angostura (en 1819), que se disolvió en 1830 por rivalidades entre varios de quienes fueron héroes de la independencia. El proyecto grancolombiano incluía, además de Venezuela, a los departamentos de Nueva Granada (hoy Colombia y Panamá) y Quito (hoy Ecuador), pero una vez desintegrado, en Venezuela se inicia una larga serie de guerras civiles que impidieron durante el siglo XIX su desarrollo económico y social, y por lo tanto, educativo.

Una vez lograda la independencia, en la Universidad de Caracas se iniciaron cambios que fueron reemplazando el modelo elitesco y eclesiástico, por la llamada universidad republicana, más dinámica, tolerante y científica. En 1827, Bolívar, como Presidente de la Gran Colombia designa Rector de la Universidad al médico y Doctor José María Vargas y con su asesoramiento y el del letrado José Rafael Ravenga, realiza una gran reforma de la universidad mediante un Decreto emitido el 24 de junio, con lo cual la vieja casa de estudios, ahora denominada Universidad Central de Venezuela (UCV), se convierte en una institución con gran autonomía organizativa y académica, reforzada por el hecho de que se le otorgó en patrimonio la propiedad de varias haciendas.

El Estatuto bolivariano de 1827 incorporó nuevas cátedras y laboratorios, sobre todo en las áreas de Matemáticas, Física y Ciencias Naturales; se redujeron o eliminaron las restricciones raciales, económicas y de tipo religioso para el ingreso a la universidad y se eliminó el latín como lengua oficial de enseñanza.

Las reformas posteriores fueron lentas el resto del siglo XIX debido a la inestabilidad política. En 1856 la sede de la Universidad Central fue trasladada de su edificio original (hoy Palacio Municipal) al edificio del antiguo Convento de San Francisco (hoy Palacio de las Academias), y permaneció allí hasta 1953, cuando fue mudada a la moderna sede de la Ciudad Universitaria de Caracas situada cerca del centro de la ciudad y declarada por la UNESCO, en el 2.001, patrimonio cultural de la humanidad. Para mediados del siglo XIX la estructura académica de la Universidad Central se asemejaba bastante al modelo napoleónico, esto es, se había sustituido la estructura unitaria de la universidad colonial y la formación general que se daba en las Facultades de Artes, por un conjunto de escuelas aisladas, cuya función primordial era la formación profesional especializada.

Es así como al ser reorganizada en 1858, la UCV estaba constituida por las facultades de Ciencias Eclesiásticas; Ciencias Políticas; Ciencias Médicas; Ciencias Naturales; Ciencias Físicas, Matemáticas y Filosóficas; y Humanidades (Barrios, 1984). En 1870 el Presidente Antonio Guzmán Blanco, un autócrata progresista, le elimina la autonomía argumentando que la Universidad existente era "un nidal de godos y oligarcas". Con el modelo napoleónico de universidad se afirma en Venezuela, desde el último cuarto del siglo XIX, el pensamiento positivista y evolucionista. Lamentablemente, hasta 1935 este proceso no contó con un marco político favorable, pues las largas autocracias de los generales Cipriano Castro (1902-1904 y 1905-1908) y Juan V. Gómez (1910-1935) sometieron al país a un silencio y aislamiento que, pese a los movimientos de protesta estudiantil como los ocurridos en 1928, atrofiaron el desarrollo institucional, hasta el punto de que la Universidad Central estuvo cerrada por 10 años, entre 1912 y 1922 (Navas, 2001). La segunda universidad creada en Venezuela fue la de Mérida (hoy Universidad de los Andes), la cual nació a partir del Seminario de San Buenaventura, fundado en 1785 por el obispo Juan Ramos de Lora.

Este seminario fue elevado al rango de Universidad por el gobierno español en 1808 pero, debido a la guerra de independencia, no pudo iniciar su funcionamiento sino en 1832, y lo hizo muy irregularmente, al constituirse el país como república soberana. La tercera universidad fue la de la Maracaibo, fundada en 1891 y la cuarta la de Valencia en 1892 (refundada como de Carabobo en 1958), pero estas dos últimas, como la de Mérida, tampoco lograron funcionar por mucho tiempo.

Durante la segunda mitad del siglo XIX la universidad venezolana vivió algunas etapas de cierto esplendor, pero predominaron las de decadencia debido a la inestabilidad política, las crisis financieras y al intervencionismo oficial que eliminó su autonomía. Fueron largos años de luchas caudillescas por el control del poder político de la nación, lo cual afectó la evolución del sistema educativo en su totalidad. Un hecho de gran importancia, sin embargo, fue la promulgación, el 27 de Junio de 1870, del Decreto de Instrucción Pública, Gratuita y Obligatoria, ratificado en el Código de Instrucción Pública de 1897, mediante los cuales se establece el principio de la gratuidad de la enseñanza en universidades, colegios y demás institutos nacionales.

En el siglo XX, Venezuela vivió dos largas y cruentas dictaduras que pacificaron el país (la de Juan Vicente Gómez, por 26 años desde 1909 y la de Marcos Pérez Jiménez, por 10 años desde 1948), pero estos regímenes poco hicieron por la educación, hasta el punto de sólo dos universidades (la Universidad Central y la de Los Andes) funcionaron con cierta regularidad, aunque ellas continuaron siendo instituciones elitescas, hechas a la medida y gusto de los sectores sociales dominantes.

En 1918 se produce en Argentina el llamado Movimiento de Córdoba --el primer gran cuestionamiento de la universidad latinoamericana-- cuyos efectos se tradujeron principalmente en fortalecer las luchas por la autonomía y el cogobierno universitarios dando poder electoral a los estudiantes. Sus ideas se extendieron a casi todos los países de la región, entre ellos a Venezuela, aunque en este caso tardíamente debido a los largos períodos dictatoriales que finalizaron en 1958. En todo caso, este movimiento influyó muy poco en lo académico.

Para la primera mitad del siglo XX, Venezuela se caracterizó por ser un país de población eminentemente rural, con agricultura de subsistencia y una industria incipiente concentrada en la zona central. En este lapso no hubo crecimiento significativo de la matrícula escolar y por ende no se crearon nuevas instituciones de educación superior. Durante el período 1899 a 1935 las universidades continuaron su función de capacitar, fundamentalmente, para las profesiones liberales y clásicas: Derecho, Medicina e Ingeniería. En 1916 se incorporaron a la Universidad Central de Venezuela los estudios de Farmacia y en 1922 los de Odontología, carreras que a partir de 1928 se ofrecieron también en la Universidad de Mérida.

En 1935 muere el dictador Juan Vicente Gómez y en los diez años siguientes, con los gobiernos de los generales Eleazar López Contreras (1936-1941) e Isaías Medina Angarita (1941-1945), se inicia un proceso de apertura política y de cambios sociales y económicos. Se realizaron inversiones en la agricultura y se tomaron medidas para comenzar el proceso de industrialización del país. En materia educativa se adelantaron decisiones de importancia que contribuyeron a la expansión y mejoramiento cualitativo del sector. Se crearon Escuelas Normales para la formación de maestros de educación primaria y el Instituto Pedagógico Nacional en 1.936, para capacitar profesores para la educación media. En las universidades se hacen los primeros intentos por salir del modelo exclusivista de las profesiones liberales y por articular más su misión con necesidades socioeconómicas del país. Y así, en este período, en la Universidad Central se crearon Facultades de Agronomía, Veterinaria (1.937), Economía, Arquitectura, Ciencias y Humanidades y Educación. Las Facultades más antiguas de Ciencias Jurídicas y Políticas, Ingeniería y Medicina, fueron modernizadas y se crearon los primeros institutos de investigación. En 1940 se dicta una Ley de Universidades que otorga cierta autonomía a estas instituciones. En 1945 una coalición cívico-militar produce un golpe de estado, derriba al General Medina Angarita y establece un gobierno populista que dura tres años pero que, en ese lapso, establece el sufragio directo para la elección del Presidente de la República, concede a la mujer y a los analfabetas el derecho al voto y dicta un "Estatuto Orgánico de las Universidades Nacionales" que elimina la poca autonomía universitaria existente "para contrarrestar el carácter reaccionario del Claustro". En 1946, se reabre, con el nombre de Universidad del Zulia, la Universidad creada en Maracaibo en 1891. Sin embargo, la esperada transformación y expansión del subsistema de educación superior se vieron frenadas con el derrocamiento del Presidente electo, el escritor Rómulo Gallegos, y la implantación de un nuevo régimen dictatorial de un triunvirato.

Las décadas de los años 40 y 50 se caracterizan por el inicio de la explotación a gran escala de yacimientos petroleros y la conversión de país rural y agrícola en país urbano dependiente casi exclusivamente de ese recurso natural. Los ingresos por el "oro negro" permiten al gobierno de la Junta de Gobierno de 1945-48 y del General Pérez Jiménez (1948-58) ejecutar una política de desarrollo económico basada en la construcción masiva de obras de infraestructura y de industria pesada. Las necesidades de personal capacitado fueron solucionadas a través de la inmigración de obreros, técnicos y profesionales europeos. Para 1950, Venezuela, con cinco millones de habitantes, sólo tenía funcionando tres universidades (Central, de Los Andes y del Zulia) y un instituto superior de formación docente (el Instituto Pedagógico) en los cuales cursaban estudios unos 6.900 estudiantes. La dictadura imperante en este periodo no fortaleció la educación superior y, por el contrario, los universitarios fueron abanderados de resistencia contra el régimen. Las actividades académicas sufrieron varias interrupciones, fueron sometidas a estricto control oficial y en 1953, el Ejecutivo Nacional junto con dictar una Ley de Universidades antiautonómica autorizó, por primera vez, la apertura de universidades privadas, la Universidad (laica) Santa María y la Universidad Católica Andrés Bello, ambas en Caracas.

Durante este periodo las universidades se limitaron a establecer nuevas carreras, pero mantuvieron intacta su estructura académico-organizativa tradicional, el plan de estudios rígido, el carácter elitesco, la enseñanza magistral y el casi nulo desarrollo de las actividades de postgrado y de investigación. Las oportunidades de estudios superiores eran bastante escasas en cuanto a número y opciones profesionales y las clases populares tenían pocas posibilidades de ingresar a este nivel educativo.

En lo que se refiere a los estudios de postgrado, en cuanto actividades formales de educación avanzada, ellos se inician en 1936, cuando se crea en Maracay la Escuela de Malariología, dependiente del Ministerio de Sanidad, y en 1937 se dicta en ella sobre paludismo (enfermedad que azotaba a gran parte de la población) el primer curso de postgrado en el país. Cuatro años después, en 1941, la Universidad Central de Venezuela adscribe a su seno y norma los cursos de Tisiología e Higiene que el Ministerio de Sanidad venía dictando desde 1937, con lo cual da inicio a los estudios sistemáticos y permanentes de postgrado en Venezuela.

La Etapa Democrática

El régimen dictatorial del Gral. Pérez Jiménez es depuesto en enero de 1958 por una amplia coalición cívico-militar que decreta en diciembre de ese mismo año una Ley de Universidades bastante progresista. En ella se establece la plena autonomía universitaria y el principio de plena inviolabilidad de su recinto por parte de las fuerzas públicas. Pero a los pocos meses el poder quedó en manos de los principales partidos políticos del país, Acción Democrática y Unión Republicana Democrática (socialdemócratas) y COPEI (socialcristiano), los cuales firman el 31 de octubre un acuerdo (el Pacto de Punto Fijo), mediante el cual se instaura un sistema de democracia formal, o de la IV República, que permite a esos partidos alternarse en el poder por 40 años y aislar y reducir las fuerzas políticas de izquierda. Todo esto condujo, en la década de los 60, al surgimiento de movimientos guerrilleros, cuyos dirigentes más importantes eran estudiantes y profesores universitarios. En 1969, a partir de este antecedente y por influencia del movimiento estudiantil francés de Mayo de 1968 y de la ideología marxista predominante en el sector universitario, se produce el llamado Movimiento de Renovación Universitaria, el cual, al ser reprimido, condujo al cierre de la Universidad Central por más un año pero también a reformas curriculares de cierta importancia, como fueron los intentos de organizar las universidades por departamentos y la implantación del estudio por semestres, en lugar de años; la creación de Licenciaturas con varias opciones y el régimen de unidades-crédito, prelaciones y materias electivas, con lo cual se logró dar mayor flexibilidad a los estudios.

En 1970 el Congreso Nacional reforma la Ley de Universidades con el propósito de lograr mayor control político sobre las universidades. En ella se redefine el concepto de autonomía fijándole límites en los aspectos organizativo, académico, administrativo y financiero. Se ratifica el principio de inviolabilidad del recinto universitario, pero deja a 1as autoridades nacionales y locales la vigilancia de las áreas de acceso y circulación, así como la seguridad de personas y bienes y la salvaguardia del orden público. Así mismo, la nueva Ley otorga mayores poderes al Consejo Nacional de Universidades (CNU), definiéndolo como organismo coordinador de las instituciones universitarias y asignándole nuevas y más amplias funciones en lo referente a responsabilidades normativas y distribución del presupuesto de las universidades públicas. En ella se introduce la idea de planificación nacional, por lo cual se crea la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), como organismo de asesoría técnica del CNU en la materia. La Ley reformada introduce el concepto de universidad experimental, como alternativa frente a la tradicional-autónoma, con la idea de ensayar nuevas estrategias de enseñanza y autoriza al Ejecutivo Nacional para crear institutos y colegios universitarios estrictamente controlados por el gobierno. Con esto se refuerza la tutela del Estado sobre la educación superior y se crean dos sistemas paralelos: el de las universidades, por un lado, y el de los institutos y colegios universitarios, por el otro. El gobierno argumentó, desde luego, que la aparición de nuevas instituciones de educación superior, diferentes de las universidades, era una necesidad histórica, puesto que las casas de estudio superior tradicionales han sido, y son, muy resistentes a las transformaciones y porque su crecimiento matricular y la multiplicación de sus funciones y programas, hacían cada vez más difícil su productividad y eficiencia. Además de restringir la autonomía institucional, la reformada Ley de Universidades, conforma un conjunto heterogéneo y doblemente binario de educación superior: universidades vs. Institutos de educación superior (que no son universidades), por un lado, y sector oficial vs. sector privado, por el otro. Con esto, la educación superior se diversifica en muchas clases de instituciones, en varios niveles y modalidades de estudio y cubre casi toda la geografía nacional. Pero todo esto se hace de manera sumamente improvisada, por lo cual ha sido casi imposible la estructuración de un verdadero sistema nacional de educación superior.

En la década de los 60 las universidades autónomas nacionales de entonces (UCV, LUZ, ULA) despliegan una gran potencialidad dando apoyo a las actividades científicas y de postgrado; crean nuevos organismos como los Consejos de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH), los Consejos de Estudios de Postgrado, institutos y centros de investigación, y Organizaciones de Bienestar Estudiantil (OBE). Se crean universidades experimentales (Universidad Simón Bolívar, Universidad Simón Rodríguez y Universidad de Oriente), para competir con las autónomas, pero que son experimentales sólo de nombre, puesto que nunca han sido evaluadas para conocer su pertinencia, eficiencia o calidad.

En 1970 se crean programas de Estudios Universitarios Supervisados en la UCV y en 1974 inicia sus actividades la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO), como un gran programa de becas para estudios en el exterior, con la particularidad de que progresivamente ha ido destinando más recursos a créditos educativos (en lugar de becas) a programas de postgrado y a estudios en el país, en lugar del exterior.

En 1980 el Congreso Nacional aprueba una avanzada Ley Orgánica de Educación, la cual contribuye grandemente a orientar el desarrollo educacional e introduce elementos, que todavía no han sido instrumentados, para sistematizar la gran heterogeneidad institucional que se había ido conformando en los últimos años.

Conviene precisar que el sistema democrático-liberal de gobierno que se establece en el país en 1958, se fundamentó en la existencia de partidos políticos como principales instrumentos de poder ciudadano y en la elección de los poderes centrales (ejecutivo y legislativo) cada cinco años. Este régimen se caracterizó por otorgar gran prioridad a la educación, sector al cual vio como la mejor vía de movilidad social y económica, conformadora de una clase media profesional numerosa e influyente. Por eso, la educación primaria y media crecen substancialmente en esta época y esto presionó enormemente el crecimiento de la educación superior. Se conceden mayores facilidades para el estudio al eliminar o reducir considerablemente los pagos por matrícula y se abren numerosas carreras y cursos nocturnos.

Lamentablemente, al comenzar la década de los 80, los ingresos petroleros cayeron abruptamente como consecuencia de la Guerra del Golfo Pérsico y otras circunstancias internacionales. El gobierno se vio en dificultades financieras y comienza un período de restricciones para el funcionamiento de la educación superior. Esto obligó a las universidades a destinar sus recursos principalmente a la docencia de pregrado y a limitar el desarrollo de las actividades de investigación, postgrado, extensión, bibliotecas, equipamiento y desarrollo de planta física.

Pero lo cierto es que entre 1958 y 1998 la matrícula estudiantil en educación superior se incrementó notablemente, hasta el punto de que la matrícula que en 1950 era de apenas 6.900 estudiantes, en el 58 era de 11.000 y subió, treinta años después, en 1981, a 331.100 alumnos (esto es, se multiplicó por 48), en 1990 era de 513.000 (se había multiplicado por 74) y para el 2001 es de unos 770.000 estudiantes (o sea, es 114 veces mayor).

La diversificación institucional y el crecimiento de la educación superior en esta etapa se ilustran todavía más si se observa que para 1957 existían funcionando sólo 6 instituciones de educación superior: 3 universidades nacionales, 2 universidades privadas y un instituto pedagógico. Para 1980 el conjunto estaba conformado por 91 instituciones.

Para el año 2001 se tiene un conjunto de 145 instituciones de una impresionante heterogeneidad, destacándose el hecho de que el número de instituciones privadas ha superado al de las oficiales o públicas. Un dato interesante es que entre 1958, inicio de la etapa democrática, y el 2001, no fue creada ninguna universidad autónoma.

En lo que se refiere a la actividad de postgrado, ella comienza a institucionalizarse plenamente a partir de 1972, cuando el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), designa una comisión nacional que realiza varios estudios que condujeron a la creación en su seno de un programa de financiamiento de dicha actividad y, más concretamente, cuando en 1983 el Consejo Nacional de Universidades aprueba las "Normas para la Acreditación de los Estudios para Graduados", a imitación de las practicas evaluativas utilizadas en Estados Unidos, como mecanismo para controlar el crecimiento incontrolado de dichas actividades educacionales. Con estas normas se establecen criterios mínimos para optar voluntariamente a la acreditación de programas por parte del CNU y se crea el Consejo Consultivo Nacional de Estudios para Graduados, organismo que en 1987 inicia el proceso de acreditación de programas de postgrado que aún pervive.

En 1992 el CNU crea el Núcleo de Autoridades de Postgrado (NAP) conformado por los directivos de esta actividad en todas las instituciones del país, el cual comparte en paralelo con el Consejo Consultivo la coordinación de todo lo relativo a estudios postgraduales y asume como su tarea principal la organización de talleres nacionales de reflexión sobre la materia de su competencia.

En 1993 el Consejo Nacional de Universidades aprueba la primera política nacional sobre la materia, mediante una resolución en a cual se "declara como relevante la actividad de postgrado, dada su importancia para el desarrollo nacional" y se establecen condiciones institucionales mínimas para la creación de programas de este nivel. Y en 1996 el Consejo Nacional de Universidades dicta la "Normativa General de Estudios de Postgrado", vigente desde el 9 de octubre de ese año, en la cual se establece como obligatoria para los programas de postgrado tanto la acreditación como la autorización para iniciar su funcionamiento.

Los desarrollos de la educación superior, efectuados durante las dos primeras décadas del período democrático-liberal, fueron posibles gracias a la bonanza de los precios petroleros que produjo la llamada la "Venezuela Saudita", ilusión que se desplomó con el pronto derrumbe de esos precios, obra de hábiles políticas de las grandes naciones consumidoras de hidrocarburos. Este fenómeno ocasionó en la década de los 80 y los 90 la reducción de las posibilidades de desarrollo del país al producirse una gran devaluación de la moneda local, un gran malestar en la población y una caída estruendosa de los presupuestos para el sector social, entre ellos el educativo. En 1989 entra en crisis el sistema político, lo cual se refleja en grandes manifestaciones antigubernamentales y aumento de la represión policial. Esto da lugar en 1992 a dos intentos fallidos de golpe de estado (uno de los cuales, el del 4 de febrero, estuvo encabezado por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, actual Presidente de la República), y a que los gobiernos de turno tuvieran que recurrir primero a un gran endeudamiento externo y luego a la aplicación de programas de ajustes económicos neoliberales, que fueron profundizando la crisis nacional. Esta situación se resuelve con la destitución, por malversación de fondos públicos, del Presidente Carlos Andrés Pérez en 1993 y la realización de una Asamblea Nacional Constituyente en 1998, la cual produjo una nueva Constitución Nacional, que dio lugar a un Estado de nuevo tipo: la República Bolivariana de Venezuela, como sociedad federal, democrática y participativa, un intento inédito de revolución pacífica. En síntesis, en lo que se refiere a educación superior la etapa de democracia representativa se caracterizó por masificación de este nivel educativo, diversificación de las instituciones, fortalecimiento del sector privado, multiplicación de las carreras, consolidación de los estudios de postgrado y de la investigación, burocratización de las instituciones, clientelismo político e incapacidad de los gobiernos para convertir la educación superior en un verdadero sistema y en factor relevante para el desarrollo nacional.

El 20 de diciembre de 1999 la Asamblea Nacional Constituyente electa por el voto popular aprueba la Carta Magna que sustituye a la de 1961. La nueva Constitución es legitimada por referéndum popular y en ella se establecen transformaciones substanciales en la estructura política nacional. Entre tales cambios sobresale la reestructuración del Estado (integrado ahora por cinco poderes públicos independientes: legislativo, ejecutivo, judicial, electoral y ciudadano), la consagración de los derechos humanos de todo tipo (políticos, económicos y sociales) y el poder revocatorio otorgado al pueblo sobre todos los poderes públicos electos.

En ella se establece que: "Ya no es sólo el Estado el que debe ser democrático sino también la sociedad. Siendo democrática la sociedad, todos los elementos que la integran deben estar signados por los principios democráticos y someterse a ellos" (Exposición de Motivos). Y, con respecto a la educación superior la nueva Constitución fortalece el Estado docente, la autonomía universitaria y la gratuidad total de la educación en todos los institutos oficiales. Esto hace que el Ejecutivo Nacional se vea en la obligación y necesidad de aumentar significativamente el presupuesto de la educación, particularmente el del nivel superior (que en todas partes del mundo es el más costoso), y de crear dos nuevos Ministerios, el de Ciencia y Tecnología (año 2000) y el de Educación Superior (año 2001), con lo cual se fortalece jurídicamente este sector.

Misión y Finalidad de la Universidad

Al analizar los fines de la educación superior nos encontramos con diferentes puntos de vistas, que varían según circunstancias y contextos. Sobre este aspecto, De Juan (1996) comenta dos posiciones: por una parte aquellos que defienden la posición de que la universidad no debe sólo formar especialistas o profesionales, sino también y sobre todo hombres cultos. Entre ellos destaca las opiniones de Ortega y Gasset quienes respaldaban una clara división entre la docencia y la investigación, debido a que ésta estaba reservada a una minoría selecta de estudiantes y a que, en muchas ocasiones, la capacidad docente e investigadora no marchaban a la par. Esta posición sostiene que la enseñanza universitaria debería ser económica, en el sentido de enseñar justamente lo necesario, dada la limitada capacidad del individuo para aprender y la escasa participación del estudiante en las tareas de dirección universitaria.

Por otra parte De Juan (1996) señala la posición de otros pensadores que sustentan que la misión fundamental de las universidades debería ser la creación de ciencia e investigaciones puras. Entre ellos destaca las opiniones de La Torre y Jaspers; estos consideran que la universidad sólo puede dar una formación científica, quedando todo lo demás fuera de su ámbito.

De las opiniones mencionadas, De Juan (1996) extrae cuatro grandes misiones atribuibles a las universidades: docente, cultural, investigadora y social; sostiene que las universidades deberían asumir todas esas misiones sin menospreciar ninguna de ellas, tomando conciencia que no es más que un reflejo de la sociedad en la que se asienta.

Junto al término misión, particularmente cuando éste es referido a las

Organizaciones, entre ellas las universitarias; se vincula el término visión. La misión se refiere a la definición explicita de lo que hay que hacer para alcanzar la visión, y ésta es la definición de lo que se aspira cumplir como función en el seno de la sociedad con el conjunto de actividades y recursos puestos en operación de manera que la organización subsista. En palabras de Dávila (2001), la visión es la definición de un futuro realista, creíble y atractivo para las organizaciones.

En este sentido cabe mencionar los planteamientos de Marín y González (2000) relacionados con la misión de la universidad, el cual la vincula con una nueva visión. Sobre la misión considera que la universidad se concibe como una entidad colectiva al servicio de la sociedad que debe educar, formar e investigar con autonomía, ética y responsabilidad; ha de ser un instrumento crítico que ayude a la sociedad a delinear y prever su futuro para el desarrollo social, productivo y económico, además, debe constituirse en una red en expansión con una organización flexible, dinámica y versátil.

En cuanto a la visión, Marín y González (2000) considera que las universidades deben definir una nueva visión que contemple las siguientes finalidades: permitir la igualdad en el acceso, mejorar la participación, avanzar en el conocimiento, tener orientaciones a largo plazo basadas en su pertinencia, reforzar la cooperación con el mundo laboral y el análisis y previsión de las necesidades sociales, diversificar para mejorar la igualdad de oportunidades, desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad, y hacer del personal y de los estudiantes los protagonistas principales de su acción.

Por otra parte, la UNESCO (1998) abordando los principales aspectos de la educación superior ha reafirmado la necesidad de perseverar, reforzar y fomentar su misión y valores fundamentales, en particular la misión de contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento de la sociedad; en tal sentido señala las universidades deben orientar su misión a:

  • Formar diplomados altamente cualificados y ciudadanos responsables,

capaces de atender a las necesidades de todos los aspectos de la actividad humana.

  • Constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie el

aprendizaje permanente, brindando una óptima gama de opciones y la posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema, así como oportunidades de realización individual y movilidad social con el fin de formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad.

  • Promover, generar y difundir conocimientos por medio de la investigación y, proporcionar las competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las sociedades, fomentando y desarrollando la investigación científica y tecnológica a la par que la investigación en el campo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes creativas.
  • Contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas nacionales, regionales e internacionales.
  • Contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad.
  • Contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, en particular mediante la capacitación del personal docente.

Por las anteriores razones y frente a los cambios que están ocurriendo, la UNESCO resume así el desafío de la Universidad de cara al siglo XXI:

  • Su modernización, tanto estructural como curricular.
  • La adaptación de la enseñanza a las exigencias de las sociedades

latinoamericanas, asumiendo nuevas concepciones del aprendizaje y la necesidad de estrategias prioritarias para los estratos de población más carente.

  • El apoyo al desarrollo de un sistema que ofrezca educación a lo largo de toda la vida, teniendo un rol más protagónico y activo en la retroalimentación y la transformación del conjunto del sistema educativo para mejorar su actual calidad y equidad.

Algunos Modelos de Universidad

Basándonos en Corredor (1999) se pueden establecer varios modelos de universidad, según la corriente filosófica que la sustente. El autor considera que las universidades se han orientado en general hacia dos corrientes: una sustentada en el idealismo y otra en el pragmatismo. Sin embargo, la selección de estas dos corrientes no indica la limitada influencia de otras en la educación, sino que el autor las considera como determinantes e integradoras en el proceso.

El idealismo es una posición filosófica cuyo argumento se basa en que el ser verdadero no es lo que conocemos por los sentidos, sino lo que intuimos por la razón contemplativa. Corredor (1999) señala que el propósito educativo de esta corriente se ubica más en los valores de la humanidad y menos en la experiencia y en los hechos.

Este enfoque concibe a la universidad como un medio para producir ideas y promover el progreso a través de la formación y la investigación. Por su parte el pragmatismo es un pensamiento crítico que hace énfasis en el empirismo y en el cambio. Los postulados de este enfoque se centran en la eficiencia de la universidad y la adaptación de sus fines y estructura a los requerimientos de la sociedad y el Estado.

En resumen, las metas implícitas en estos enfoques son: servicio público del Estado, factor de producción, agente de cambio político, eficiencia administrativa y formación profesional.

Funciones de la Universidad

Existe una serie de funciones que le son propias a las instituciones de educación superior. Estas funciones aparecen reflejadas en la Ley de Universidades. En su artículo 3° expresa que las Universidades deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia. Para cumplirla, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; a completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso.

Por otra parte, Marín y González (2000) señalan que las funciones de la están íntimamente relacionadas con las diferentes concepciones de la misión que se le atribuye, sin embargo, resume una serie de funciones que considera deben cumplir todas las universidades:

  • Preparar y formar profesionales cualificados e investigadores atendiendo a las necesidades de la sociedad.
  • Transmisión de la cultura universitaria, entendida ésta como la transmisión de un conjunto de valores democráticos y universales que permitan a la persona actuar de una forma crítica ante los hechos que ocurren en la sociedad.
  • Desarrollo y transformación de la sociedad.
  • Creación, desarrollo e innovación de la ciencia.

Composición de la Universidad

La universidad esta compuesta por los siguientes actores quienes hacen vida en la misma y desarrollan sus procesos, estos son los estudiantes, el personal académico, el personal técnico y de apoyo y los egresados.

Los Estudiantes

Para el año 2001, Venezuela, con 24 millones de habitantes tenía una población en educación superior (pregrado) de 687.700 estudiantes de los cuales más del 55% eran del sexo femenino y 405.000 (59%) estudiaban en instituciones oficiales.

En lo que se refiere a las especialidades que cursan, el número de carreras que se ofrecen es bastante grande. En Venezuela, por ejemplo, para el año 2001 se pueden estudiar a nivel de educación superior 370 carreras o disciplinas profesionales distintas: 163 largas (de 5 o 6 años de estudios), y 207 cortas (o de 3 años), además de unas 200 especialidades de postgrado y más de 160 "menciones" u orientaciones profesionales. Pero si se agrupan las especialidades de pregrado en áreas amplias encontramos que las que tiene mayor número de estudiantes son: Ciencias Sociales (que incluye carreras que van desde antropología y economía hasta comunicación social, derecho, comercio internacional, turismo y publicidad) con 107.119 estudiantes (un 38,28 % del total general) y le siguen, en orden descendente, las Ingenierías y la Educación, con 33,24% y 12,07 % respectivamente. En contraste, las áreas con menor volumen de estudiantes son: Ciencias Básicas, Humanidades y, lógicamente, el sector militar.

En relación con la distribución de estudiantes según el tipo de institución, encontramos que el mayor volumen de estudiantes (un 52%) está en las universidades oficiales, 12% en universidades privadas y el resto (36%) en colegios e institutos universitarios oficiales y privados.

Por otra parte, los datos de la preinscripción nacional revelan que el empeño femenino en participar en la educación superior ha ido creciendo paulatinamente, hasta superar hoy al sexo opuesto con un 57% del total de aspirantes, aunque, desde luego hay carreras (ingeniería, por ejemplo) en las cuales todavía predominan el sexo masculino.

El Personal Académico

Para enfatizar el hecho de que los docentes del sistema de educación superior no deben ser solamente transmisores sino también creadores de conocimientos, en la Ley de Universidades venezolana se denomina personal docente y de investigación al profesorado o personal académico de las universidades y, por extensión, a los de las demás instituciones de educación superior. Al respecto se puede decir que para el año 2001, los institutos de educación superior contaban con 47.900 profesores que atendían una población de 720.000 estudiantes de pregrado, esto es 15 estudiantes por profesor, mientras que en 1990 la proporción era de 10 estudiantes por profesor.

Desde luego, esta proporción varía mucho con el tipo de carrera y de institución, por lo cual se puede afirmar que mientras en algunos planteles y carreras esta proporción es de 17 a 1 en otras es de sólo 7 a 1. Por otra parte, se puede decir que el crecimiento del personal docente se acelera a partir del año 1972 a consecuencia de la violenta expansión matricular de la educación básica a partir de 1958, pero este movimiento pierde su impulso en la década de los 80 como consecuencia de la disminución de los precios del petróleo y los procesos de privatización y, por lo tanto, de las restricciones presupuestarias que les fueron impuestas a las universidades.

Los mayores índices de crecimiento con relación al personal docente ordinario y de investigación se producen en el sector de las universidades privadas y los institutos universitarios tecnológicos privados, los cuales en la década 90-2000 incrementaron la nómina de este tipo de personal en un 221,4% y 154,3% respectivamente.

Para el año 2000 había un total de 49.700 profesores, de los cuales el 57% prestaba servicios en las instituciones del sector público y 43% lo hacía en el sector privado.

El personal docente, según el tiempo dedicado y tipo de compromiso adquirido se divide en cuatro grupos:

a) A dedicación exclusiva: que se supone dedican entre 36 y 40 horas semanales a labores académicas y no ejercen ninguna otra actividad remunerada fuera de la institución en la cual prestan servicios.

b) A tiempo completo: quienes tienen una dedicación de 30 a 36 horas semanales, pero pueden ejercer actividades remuneradas en las horas no comprometidas con la institución educativa.

c) A medio tiempo: quienes dedican entre 18 y 20 horas a actividades por lo general de tipo docente y administrativa.

d) A tiempo convencional: que trabajan pocas horas bien definidas, casi siempre en actividades docentes.

El Personal Técnico y de Apoyo

El personal técnico, administrativo y de servicios de los institutos oficiales de educación superior era de 30.960 en 1990 y subió a 51.600 el año 2001. Estas cifras permiten identificar un grave problema burocrático en nuestras instituciones públicas puesto que hay casi dos empleados por profesor, mientras en el sector privado la proporción es de casi tres profesores por cada empleado.

Por otro lado es de destacar que la relación empleado-estudiante para el año 2001 en las universidades oficiales era de 10 estudiantes por empleado, mientras en las privadas es de un empleado por cada 30 estudiantes.

Los institutos universitarios de tecnología oficiales mantienen un número relativo de personal de apoyo superior al de las universidades privadas entre 1990 y 1997, solo disminuyendo en los años 1998 y 1999, pero atendiendo una matricula inferior a la de las universidades.

En las instituciones de educación superior funcionan gremios que agrupan a los empleados, que en la mayoría de las universidades nacionales se constituyen en Asociaciones de Empleados. El sector de los obreros se agrupa en los Sindicatos Unidos de Trabajadores. Ambas formas de asociación tienen sus representantes nacionales en las Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Superior (FENATESV).

La mayoría de las instituciones de educación superior poseen programas de mejoramiento de sus trabajadores en las áreas relacionadas con los servicios que prestan a la universidad, además de que algunos gremios promueven iniciativas de mejoramiento de sus afiliados.

Los Egresados

En Venezuela, como en la mayoría de los países no desarrollados, hay grandes problemas de eficiencia interna y externa de la educación superior. Con respecto a la primera no sólo es baja la tasa de graduación y alta la de deserción sino también muy baja la relación entre el numero de estudiantes y profesores y la relativa a empleado-estudiante y empleado-profesor.

En cuanto a la eficiencia externa acerca de la cual los mejores indicadores son la tasa de empleo de los egresados y la fuga de talentos al exterior, lo cierto es que en las dos ultimas década tal fenómeno se ha agravado. En efecto, la proporción de universitarios sin empleo se elevó de 4% en 1981 a 10% en 1990 (Banco Mundial, 1995) y se estima que para el 2000 la tasa fue de 13,5% y va en aumento, como en aumento va la fuga de cerebros no sólo hacia el exterior sino hacia oficios no relacionados con los de graduación.

Sistema Educativo Venezolano

Es un conjunto orgánico integrador de políticas y servicios que garanticen la unidad del proceso educativo tanto escolar como extra-escolar y su continuidad a lo largo de la vida de la persona, mediante un proceso de educación permanente.

La educación debe formar para la vida. La educación burguesa forma para la vida a su aire, con sus modos y de acuerdo a sus necesidades. El sistema educativo venezolano es brutal y groseramente burgués. Mientras lo medular del sistema educativo continúe respondiendo a los valores propios del sistema capitalista: competitividad, individualismo, logros personales, etc., difícilmente alcanzaremos el objetivo de tener hombres solidarios y comprometidos con objetivos sociales. Mientras lo social no sea lo preeminente sino lo individual jamás alcanzaremos siquiera rozar al hombre nuevo.

Nuestro sistema educativo está diseñado, en el mejor de los casos, de acuerdo con la reflexión que al respecto hicieron los padres de la revolución burguesa en su momento, es decir, que en el más avanzado de los conceptos, la razón pensante, cultivada en cada miembro de la sociedad por sí misma sería suficiente para superar la situación inhumana que producía la

formación social feudalita. No será suficiente el esfuerzo que el gobierno revolucionario haga por llevar la educación hasta todos los venezolanos, de suyo un esfuerzo heroico, si no se cambia radicalmente la filosofía intrínseca del sistema. No es suficiente la enseñanza politécnica para todos, es necesaria la formación moral y estética para una nueva sociedad.
Niveles Educativos

Se muestran en el siguiente diagrama que se presenta a continuación:

  • Educación Preescolar: constituye el primer nivel obligatorio del sistema educativo y la atención pedagógica durará un año escolar. Los niños ingresan a estos establecimientos educativos preferiblemente a los cinco años.
  • La Educación Básica: es el segundo nivel obligatorio del sistema educativo; comprende tres etapas con duración de tres años cada una y se cursa preferentemente a partir de los seis años de edad. Es la que asegura la correcta alfabetización, es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos culturales considerados imprescindibles. Su finalidad es proporcionar a todos los alumnos una formación común que haga posible el desarrollo de las capacidades individuales motrices, de equilibrio personal; de relación y de actuación social con la adquisición de los elementos básicos culturales. La primera etapa es de primero a tercer grado, la segunda etapa de cuarto a sexto grado y la tercera etapa de séptimo a noveno grado.
  • La Educación Media Diversificada y Profesional: es el tercer nivel del sistema educativo; constituye el nivel siguiente al de Educación Básica y previo al de Educación Superior, con los cuales esta articulado curricular y administrativamente. Es la que tiene como objetivo capacitar al alumno para proseguir estudios superiores o bien para incorporarse al mundo laboral. Al terminar la educación secundaria se pretende que el alumno desarrolle las suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen desenvolvimiento en la sociedad. En particular, la enseñanza secundaria debe brindar formación básica para responder al fenómeno de la universalización de la matrícula; preparar para la universidad pensando en quienes aspiran y pueden continuar sus estudios; preparar para el mundo del trabajo a los que no siguen estudiando y desean o necesitan incorporarse a la vida laboral; y formar la personalidad integral de los jóvenes, con especial atención en los aspectos relacionados con el desempeño ciudadano.
  • Educación Especial: Es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas especiales debidas a sobre dotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La Educación Especial en sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a compensar dichas necesidades, ya sea en centros ordinarios o específicos.Aunque la atención educativa a deficientes sensoriales (generalmente auditivos y visuales) se viene prestando en España desde el s. XVI la adopción legal del término Educación Especial es reciente viniendo a sustituir a otros aun vigentes en ciertos países de Hispanoamérica como Defectología que tienen evidentes connotaciones negativas. En los últimos años del siglo XX se ha propuesto en España y otros países la sustitución del término Educación Especial por el de necesidades educativas especiales siguiendo las recomendaciones del informe Warnock, publicado en 1978 y difundido a lo largo de la década siguiente. Esta nueva definición supone hacer énfasis en la concepción de la educación básica como un servicio que se presta a la ciudadanía para que alcance sus máximas potencialidades y por tanto en la obligación del sistema de proporcionar apoyos y medios técnicos y humanos para compensar los déficits del alumnado en el acceso a los aprendizajes básicos imprescindibles para afrontar la vida adulta.
  • Educación para Adultos: Llamamos educación para Adultos a la que se brinda a un sector de la sociedad que concurre a las llamadas Escuelas para Adultos y Centros, con el objeto de continuar, especializar, su proceso de desarrollo o persiguiendo múltiples fines u objetivos; desde una capacitación profesional hasta un aprovechamiento inteligente del tiempo libre. En la misma forma que consideramos que el niño no es un adulto pequeño, sino que es un ser con naturaleza, estructura, intereses y características propias, la educación para adultos no puede entenderse como un traslado de la educación brindada en las escuelas a otros centros de realización sistemática. La educación para Adultos está destinada a una población realmente singular, con características, estructuras e intereses propios. 
  • Educación Preuniversitaria: El fin de la Educación Preuniversitaria es la formación integral de los jóvenes a partir del desarrollo de una cultura general, política y pre profesional sustentado en el principio estudio-trabajo, que garantice la participación protagónica e incondicional en la construcción y defensa del proyecto en la elección consciente de la continuidad de estudios superiores.
  • La Educación Superior: tiene como base los niveles precedentes y comprende la formación profesional y de postgrado, y puede cursarse en las Universidades, los Institutos Universitarios Pedagógicos, Politécnicos, Tecnológicos y Colegios Universitarios y en los Institutos de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas ; los Institutos Especiales de Formación Docente, de Bellas Artes y de Investigación; los Institutos Superiores de Formación de Ministros del Culto; y en general, aquellos que tengan los objetivos señalados en la Ley y se ajusten a sus requerimientos.

Modalidades Educativas

  • La Educación Estética, presenta especial atención y orienta a las personas cuya vocación especial, aptitudes e intereses estén dirigidos al arte y su promoción, asegurándoles la formación para el ejercicio profesional en este campo, mediante programas e instituciones de distinto nivel, destinado a tales fines.
  • La Educación Pre-Militar se rige por las disposiciones de leyes especiales, sin perjuicio del cumplimiento de los preceptos establecidos en la Ley Orgánica de Educación.
  • La Educación para la Formación de Ministros del Culto se rige por las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación, en cuanto le sean aplicables y por las normas que dicten las autoridades religiosas competentes.
  • La Educación Extraescolar atiende los requerimientos de la educación permanente. Programas diseñados especialmente proveen a la población de conocimientos y prácticas que eleven su nivel cultural, artístico y moral y perfeccionen la capacidad para el trabajo.

Partes: 1, 2, 3


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