- Liberalización del sistema
educativo - Carencia de
formación en gestión - Ausencia de
control de calidad en el proceso - Formación
o desempeño profesional
La crisis
educativa en nuestro país se ha convertido en un tema y a
la vez en un problema que tiene múltiples y diversas
vertientes de estudio y por ende de explicación,
posiblemente todas ellas válidas. Tal problemática
puede ser dimensionada de acuerdo a su naturaleza y
complejidad como estructural, por su alcance espacio-temporal
como nacional e histórica, porque afecta a toda la
sociedad
peruana y de manera sincrónica, epistémicamente
tambien se constituye en un problema semiótico en
razón a que resulta casi imposible arribar a una
concepción mas o menos consensuada del término
calidad, dada
su reconocida multivocidad.
Es evidente que cada una de estas y otras dimensiones
del problema pueden seguir siendo estudiadas o analizadas de
acuerdo al interés y
dominio de los
estudiosos y sobre todo de los responsables de su atención o solución, de allí
que, en lo que a título personal nos
preocupa, podamos centrar el análisis – bastante somero – de esta
problemática planteando cuatro posibles
hipótesis, que a nuestro juicio han sido soslayados o
tratados muy
tangencialmente en otros análisis. Reiteramos que el
problema es complejo y vasto, incluso demasiado polémico,
porque de por medio están los enfoques ideológicos
utilizados para el análisis. Nuestras hipótesis son:
1° La liberalización del sistema
educativo
2° La ideologización del gremio
magisterial
3° La ausencia de formación en
gestión
4° La carencia de mecanismos de control de la
calidad
educativa en el proceso.
Sobre los cuales reflexionamos un poco más en
extenso y proponemos algunos lineamientos de solución en
sendos siguientes artículos, complementarios al
presente.
Liberalización del sistema
educativo
De todo lo que hemos, leído, analizado o
escuchado hasta el momento podemos inferir que no existe consenso
acerca del momento, fenómeno o episodio en que la educación comienza
a entrar en crisis y es que las opiniones son tan sui generis o
divergentes que no permiten llegar a una conclusión. Por
el contrario con mucha frecuencia se escucha que antes (pero no
se dice hasta cuando) la educación era mejor
que la actual; sin embargo, tal aforismo se refuta con la reforma
de la década de los setenta (DL 19326) la cual se
implantó precisamente en respuesta a la situación
crítica
del sistema
educativo de entonces.
Algunos analistas circunscriben la problemática
educativa a la calidad de las leyes, enfoque
que tambien puede ser refutado puesto que la ley de reforma
fue derogada y modificada en la década de los ochenta (Ley
23384) la misma que en la década del 2000 vuelve a
modificarse (Ley 24088) y muy a nuestro pesar la educación
no mejora.
En la década de los noventa bajo el
énfasis pragmatista debido al régimen liberal
adoptado por el gobierno de
entonces, se postuló y puso en práctica, por
recomendación de organismos internacionales,
después de algunos intentos transitorios, la
modificación del sistema de gestión
educativa, asumiendo que la gestión estatal era
ineficiente y por tanto causante de la baja calidad. En nuestro
modesto entender la crisis se agudiza aun más a partir del
reconocimiento oficial (DL 882) del servicio
educativo como una "mercancía" más, sujeto a las
azarosas y libérrimas leyes del mercado y con el
cual se oficializa y se autoriza el negocio educativo a ultranza,
lo que es más sin lugar a control estatal alguno, que dada
la naturaleza de ser considerado como un servicio público
debe ser un imperativo del estado,
generando así una situación dicotómica muy
diferenciada entre educación pública y
educación privada, de tal manera que hoy en día
el estado
abdica de obligación de cautelar la educación
estatal a favor indirecto de las entidades privadas, es decir a
menor calidad de la educación pública mayor
cantidad de instituciones
de educación privada y en la mayoría de los casos
de dudosa calidad. Afirmamos que es a partir de esta política – aun
vigente – que se acentúa la crisis de la
educación, por los siguientes hechos evidentes, entre
otros:
a) El crecimiento incesante de entidades educativas
privadas, sobre todo las del nivel superior. (tema de por
sí trascendente y complejo que rebasa los alcances del
presente comentario), que no nos exime de expresar nuestra
preocupación profesional por el desempeño deficitario y anárquico de
las universidades de reciente creación. Bastaría
sólo con indicar que resulta irracional que para un
país de 28 millones de habitantes hayan 85 universidades,
en tanto que para Francia con 60
millones tiene apenas 60 universidades y de mejor
calidad..
b) El descuido en la formación
docente, tanto en lo cuantitativo y mas aun en lo
cualitativo. ¿No sería acaso conveniente cerrar
un buen número de Institutos Pedagógicos, e incluso
recesar por un par de años algunas Facultades de
Educación para evitar seguir frustrando las justas
aspiraciones de los futuros maestros?. No es del caso citar
cifras para demostrar lo perentorio de esta medida, pues los casi
400 Institutos, las mas de 40 Facultades y los 120 mil profesores
desocupados así lo justifican.
Bajo este sistema, las instituciones educativas de
carácter privado han sido intencional y
literalmente convertidas en propiedad
privada, por tanto sujeto a los intereses mercantilistas de sus
propietarios (antes promotores). Al amparo de esta
consideración no es raro observar como se compren las
licencias de funcionamiento, se traspasen instituciones, se
negocien franquicias,
se seudo acrediten instituciones sin mayores méritos
justificatorios, etc. Como si eso no fuera suficiente se siguen
formando en especialidades tradicionales innecesarias, se
desarrollan planes curriculares demasiado débiles de tal
manera que hoy en día ya no se hable de educación
básica sino de educación mínima, más
aun si ya no hay el rigor necesario tanto en los procesos de
admisión como en los de graduación.
Si bien es importante destacar la participación
creciente del sector privado en el desarrollo
educativo, ésta no puede quedar al libre albedrío
del voluntarismo económico y menos aun divorciada del
modelo de
sociedad democrática, igualitaria, solidaria, justa,
inclusiva, etc. porque a este paso el sistema social se
irá desequilibrando cada vez más, pudiendo incluso
llegar a la fractura del orden social.
Sobre este acápite y con el fín de darle
validez y utilidad a la
política dispuesta a partir del dispositivo legal
mencionado, cabría preguntarnos:
¿ En cuanto se incrementó el PBI con la
inversión privada en
educación?
¿ Cual es la tasa de incremento de la mano de
obra en este rubro?
¿ Cuanto es el beneficio tributario que realmente
percibe el Estado?
¿ Que innovaciones significativas han introducido
estas nuevas entidades?
¿ En que medida estas nuevas instituciones
educativas estarán realmente coadyuvando al desarrollo
nacional?
Todas estas interrogantes se constituyen a nuestro
modesto entender en posibles líneas de investigación que los expertos en el tema
podrían realizar para demostrar la eficacia de la
política neoliberal, en el campo educativo.
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