Comunicación, participación y el dilema existencial del Estado frente a las nuevas lógicas democráticas y ciudadanas

Partes: 1, 2, 3

Discursos y experiencias
participativas en Chile

RESUMEN

La incorporación masiva de tecnologías de
la información y la
comunicación, el fortalecimiento de la
institucionalidad y de los servicios
públicos del Estado; el
fortalecimiento de la ciudadanía, a través del compromiso
cívico; el
entrenamiento
de las "comunidades emprendedoras", el aumento del grado de
satisfacción de las personas con sus gobiernos, entre
otros, son los valores
que predominan en los principales discursos de
carácter público sobre la
"participación" en Chile.

El presente trabajo se
centra principalmente en un ejercicio genealógico y
crítico de los procesos de
participación en Chile, a través de un análisis de los discursos públicos
que sustentan las dos trayectorias de las experiencias
participativas en Chile:

El programa de
"Participación Ciudadana", instruido por
el Gobierno
Central y reproducido por los Gobiernos Regionales.
Los proyectos
dirigidos por ONG’s,
que actúan tanto a nivel metropolitano (Santiago), como
a nivel regional (IX Región de La
Araucanía).

ANTECEDENTES

En Chile los procesos de Participación han tenido
un enfoque centrado fuertemente en la ciudadanía desde la
perspectiva del Estado, principalmente porque han sido los
propios Gobiernos los que han diseñado una política en esta
dirección. En efecto, actualmente la
experiencia participativa ha sido asumida recientemente por la
Secretaría General de Gobierno, a través del
programa de "Participación Ciudadana"6. Otras
de las instituciones
que han patrocinado los procesos participativos en Chile, han
sido las Organizaciones No
Gubernamentales, ONG’s, que actúan a nivel local,
con fondos internacionales, y, habitualmente, asociadas
más o menos críticamente a las políticas
gubernamentales. Entre otras ONG’s e instituciones
asociadas está "Participa"7.

La experiencia de "Participación Ciudadana" en
Chile, surge a partir de un Instructivo Presidencial que
establece un compromiso de los Ministerios,
Servicios
Públicos y Gobiernos Regionales para implementar la
participación de los ciudadanos, además de una
serie de otras medidas legislativas: Ley Nº
19.653, de 1999, sobre Probidad Administrativa de los
Órganos de la
Administración del Estado; Decreto Nº 26, de
2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
Ley Nº 19.880, de 2003, que establece las bases de los
procedimientos
administrativos de los órganos de la Administración del Estado. Este hecho
marca no
sólo una clara lógica
estatal, sino también un procedimiento
fuertemente presidencialista, centralizado y centralizador. En
efecto, lo que hacen los Ministerios, Servicios Públicos y
Gobiernos Regionales, más que compartir una
filosofía de trabajo, es "cumplir" con ciertas
instrucciones administrativas y legales

"Buen trato, fundado en la dignidad de
todas las personas y en el deber de servicio del
sector Público.
Transparencia en la gestión, a través de la mayor
información y apertura a la
ciudadanía.
Igualdad de oportunidades para la
participación, generando condiciones de acceso para los
más vulnerables.
Respeto a la autonomía y diversidad de las
organizaciones de la sociedad
civil, evitando toda forma de discriminación e
instrumentalización" (INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL, GOBIERNO
DE CHILE. La cursiva es personal).

Lo anterior se ratifica a través de una Ley de
Participación Ciudadana, materializada en la Carta de
Santiago, firmada del 22 al 23 de mayo de 2003. En ella se
reconoce el distanciamiento existente entre los ciudadanos y las
instituciones del Estado, planteando como necesario el
establecimiento de procesos de participación "que
involucren y reconozcan el aporte de todos los ciudadanos y
ciudadanas". La Carta de Santiago
constituye un esfuerzo de un grupo de
"voluntarios" latinoamericanos por aunar criterios y
políticas en torno al
fortalecimiento, en primer lugar, del Estado y la gobernabilidad,
proponiendo para el logro de ello la instalación de
procesos de participación, coordinados fundamentalmente
por las acciones
voluntarias.

Genealógicamente, los procesos de
"Participación Ciudadana" en Chile están vinculados
directamente a iniciativas de incorporación de
Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC’s, a
mediados de la década de los ‘90. Las primeras
formas de "integración tecnológica"
corresponden a experiencias en el ámbito universitario,
tales como la Red Universitaria Nacional,
REUNA, el Instituto de Informática Educativa, IIE de la Universidad de La
Frontera; y el
Departamento de Ciencias de la
Computación, DCC, de la Universidad de
Chile. Luego las experiencias tecnológicas se trasladan al
sector
público, principalmente a través del Ministerio
de Educación
y el Servicio de Impuestos
Internos. Por su parte, en el ámbito privado destacan las
experiencias de introducción tecnológica en los
procesos productivos de la Compañía
Telefónica de Chile, CTC, -hoy Telefónica CTC
Chile, en el área de las telecomunicaciones; y la Asociación Chilena
de Empresas de
Tecnologías de la Información, ACTI, en el sector
productivo tecnológico industrial.

Una de las primeras acciones del Gobierno fue reunir a
las distintas organizaciones (universitarias, públicas y
privadas), que contaban con experiencias en la
incorporación de tecnologías, para elaborar un
"Proyecto
País", el cual fue encomendado a la Comisión
Presidencial de Nuevas
Tecnologías de la Información (1998). Es
evidente, como ya se ha mencionado, la clara lógica
estatal, asociada a procedimientos
fuertemente presidencialistas, centralizados y
centralizadores.

Posteriormente, y siempre en la lógica de que la
introducción masiva de tecnologías y acceso a las
mismas supone participación, se desarrolla una "ofensiva
digital", convocada desde el Discurso
Presidencial de Ricardo Lagos (2000), cuyo propósito es la
masificación del uso de las tecnologías,
materializada en un aumento significativo de la población chilena usuaria de internet (de un 4% a un
12%). En la actualidad, los debates siguen orientados a lo
productivo, pero con algunas discusiones relevantes sobre la
alfabetización digital y la equidad en el
acceso de la información.

Sin embargo, la discusión instalada sigue la
lógica estatal, presidencialista, centralizada y
centralizadora, pues a partir del año 2000 la coordinación de las políticas
públicas en esta materia
está a cargo del Comité de Ministros de
Tecnologías de Información, integrado por los
ministros asociados al sector tecnológico,
económico, laboral,
gubernamental, educativo y de telecomunicaciones. La agenda de
trabajo de este Comité se sustenta en 5 ejes:

Fomento al acceso.
Gobierno electrónico.
Incorporación de Nuevas tecnologías en
las Empresas.
Formación de Recursos
Humanos.
Información y Participación
Ciudadana

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