Comunicación, participación y el dilema existencial del Estado frente a las nuevas lógicas democráticas y ciudadanas (página 2)

(PROGRAMA DE
NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO,
2002).

En síntesis,
las políticas
públicas sobre participación en Chile siguen la
lógica
de la tecnologización masiva de la ciudadanía, como punto de convergencia
entre el Estado y la
sociedad
civil. Asimismo, se mantiene, como hemos reiterado, una clara
lógica estatal, asociada a procedimientos
fuertemente presidencialistas, centralizados y centralizadores,
con 4 experiencias:

• Proyecto Enlaces (educativo).
• Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones
  (tecnológico).
• Programa de Infocentros (tecnológico y
  productivo).
• Red de Bibliotecas
  Públicas para el Nuevo Milenio (tecnológico y
  educativo).

Como hemos sostenido, entre las ONG’s
que han asumido el debate del
acceso a la información y la participación ciudadana está
PARTICIPA. Esta ONG chilena de carácter privado tiene como objetivo la
promoción de "una participación
ciudadana efectiva y la creación de vínculos entre
los distintos actores de la sociedad".

Uno de los aportes centrales de PARTICIPA ha sido su
esfuerzo por conceptualizar algunas nociones asociadas
habitualmente a la Participación Ciudadana y al Uso de
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, tales como:

• Acceso a la Información.
• Marco Legal existente en Chile.
• Evaluación más o menos crítica de los aspectos positivos y
  negativos asociados al acceso a la
  información.
• Características y condiciones efectivas y
  reales de la implementación del derecho a acceso a la
  información en Chile, más allá del
  discurso del
  gobierno.

No obstante, los estudios de PARTICIPA están
vinculados a otras áreas de interés,
como es el caso del medioambiente.

CRISIS DEL MODELO
ESTADO–NACIÓN. CENTRALISMO Y
RECENTRALIZACIÓN.

La crisis del
modelo Estado nación
en Chile es al mismo tiempo una
crisis política y económica y una crisis de
las identidades, particularmente, pero no exclusivamente,
étnica, y de la trayectoria de una etnonación
política a partir de una etno-nación
cultural. Es decir, resulta pertinente explicar la crisis del
Estado nación en Chile como una crisis en un doble
sentido: (i) del debilitamiento del diseño
político del Estado-nación, en relación al
fortalecimiento del mercado (factores
exógenos); y (ii) de la frustración de la
trayectoria posible del diseño político, a partir
de los diferentes grupos
étnicos.

Esta situación de crisis es la que genera un
proceso de
recentralización, pues, siguiendo a STÖHR (2001), las
políticas y acciones
siguen la lógica de un proyecto centrado
en la delegación espacial de la autoridad
administrativa y de planificación a niveles más bajos,
pero dentro de los ministerios u
organizaciones
del gobierno central; y no centrado en la delegación como
transferencia de responsabilidad de gobernar y decidir en temas de
planificación y presupuesto a
nivel local y regional, sustancialmente fuera del control directo
del gobierno central.

Evidentemente, el primero es promovido precisamente
mediante políticas como el programa de
"Participación Ciudadana" en Chile y está orientado
al fortalecimiento del Estado nacional. En tanto, la segunda
vía intenta prescindir de un poder y una
burocracia
central y centralista. La distinción no es sólo
analítica, sino fuertemente política, especialmente
en su dimensión operativa.

En tal sentido, no podemos coincidir con STOHR en el
sentido de que sólo se trata de "variaciones de un proceso
de descentralización política y
administrativa" (1981), pues en un caso es un proceso claramente
de recuperación desesperada y demagógica
–promovida como descentralización- del poder central
del Estado, de tal suerte que se trata de un proceso de
recentralización.

De esta forma, el análisis de STÖHR –hoy
constituido en referente obligado en temáticas de
descentralización- se acerca más a la noción
de "empoderamiento local" desarrollada por FRIEDMAN (1992), otra
conceptualización retórica orientada a reforzar las
lógicas de poder central, pues no abordan el debate sobre
¿qué empoderar?, ¿qué tipo de
empoderamiento?. Lo único claro es el proceso instrumental
de introducción de poder a las comunidades
locales, pero no los mecanismos de toma de decisión frente
a dicho poder, ni las lógicas clientelares que prevalecen
en las lógicas de desarrollo y empoderamiento, las cuales
ha estudiado detenidamente DURSTON (2002):

"Todos los gobiernos del mundo están cruzados por
el clientelismo político, que es uno de los aspectos de la
democracia
parlamentaria junto con el lobby, por los intentos de
diferentes grupos y actores de controlar espacios estatales. El
clientelismo no es, ciertamente, un tema tabú entre los
politólogos (AUYERO, 2000; GONZÁLEZ, 1997) ni entre
los políticos, pero sí lo parece ser en los
programas de
superación de la pobreza, que
pretenden mantenerse libres de ‘politización’
a la vez que ellos y sus destinatarios están siempre
inmersos en densas redes de clientelismo de un
signo u otro. Como el clientelismo paternalista reduce los radios
de confianza entre facciones al interior de la comunidad
indígena y alienta la captura de la institucionalidad
local por una facción privilegiada, en muchos casos el
primer paso para la formación del capital social
en sectores pobres es la reconstitución del radio de
confianza comunitaria y la reconquista por la mayoría de
la institucionalidad en asociaciones locales. Un segundo paso,
entonces, es el empoderamiento de la comunidad o de la
asociación como actor social en el sistema
político microrregional (territorio municipal), para
renegociar las relaciones de receptividad pasiva que caracteriza
el clientelismo paternalista". (DURSTON, 2002).

Por otra parte, tampoco es posible coincidir con el
análisis de STÖHR (2001), en el sentido que "las
restricciones [a la descentralización] se relacionan
principalmente a la falta de conocimiento,
de recursos
humanos y financieros al nivel subnacional, así como a
déficit de la sociedad civil y de la capacidad de
autoorganización". En efecto, las que enumera STÖHR
constituyen limitaciones, pero consignarlas como las
restricciones nos llevaría a pensar que la solución
pasa sólo por coordinar –desde algún nivel
central- procesos de
capacitación y fortalecimiento de la
sociedad civil, como se viene desarrollando, con énfasis
en los roles que los actores sociales deben cumplir en un
escenario, nuevamente centralizado y centralista.

Como hemos señalado, la crisis del modelo Estado
nación en Chile –así como en distintos
países de América
Latina, el Caribe, Europa y Asia– está
asociado fuertemente al quiebre de la opción de las
culturas étnicas en transformarse en culturas
políticas al imponerse un modelo político
administrativo exógeno. De tal suerte que el debate sobre
la descentralización y la participación
enfrentará inevitablemente el fantasma de la ruptura
definitiva del Estado nacional:

"Otro problema, que se da especialmente en países
multiétnicos, es que la descentralización puede
llevar a la desintegración de un país por fuerzas
centrífugas. Este es un problema importante, ya que muchos
países en desarrollo tienen una composición
multiétnica" (MAQUENANT y TAYLOR,
2001).

Otro argumento, esta vez de STÖHR (2001), orientado
a la protección del modelo de Estado nacional consiste en
su preocupación por la
organización social y cultural local de las
comunidades que, según el autor, menoscaba la
descentralización. En verdad, los procesos de organización local efectivamente
constituyen un desafío para la gobernabilidad entendida
centralizadamente; asimismo, constituye un desafío para
las tradicionales formas de intervención social,
política y económica. En definitiva, la
descentralización no puede estar asociada a procesos de
desintegración de las formas de organización social
(capital social) y cultural (capital cultural), del nivel local,
como apunta acertadamente DURSTON (2002), en su estudio del caso
de las comunidades campesinas indígenas del sur de
Chile:

"El proceso de fortalecimiento del capital social de
pueblos indígenas, partiendo de un aumento de escala de su
asociatividad a nivel regional, consiste en una cadena de
acción
y reacción de al menos tres de los principales actores
sociales: las élites urbanas provinciales, los organismos
externos de lucha contra la pobreza y las
comunidades y organizaciones indígenas de la zona. Es la
historia de la
creación de un nuevo actor social y de la
transición de las normas, conductas
y relaciones típicas del clientelismo autoritario al
semiclientelismo. Ese cambio puede
darse sólo cuando las comunidades ya hayan formado (o
reconstruido) su capital social rudimentario, para poder
intervenir y adaptarse como actores sociales, reaccionando tanto
a las estrategias de
sus adversarios como de sus aliados" (DURSTON, 2002).

DURSTON es plenamente conciente de que el
semiclientelismo no es la mejor alternativa, de hecho postula
como propuesta la "Sinergia de
Coproducción Estado-Sociedad Civil" –propuesta, por
cierto, discutible; sin embargo insiste en la necesidad de que
esta propuesta debe formar parte de una política
pública nacional, la cual debe diferir completamente de
aquellas "que se centran en cambios culturales e institucionales
implementados ‘de arriba hacia abajo’". La
crítica de DURSTON no es intrínseca a los cambios
culturales, como podría parecer, sino a la forma en que
son comprendidos,

"Más que planificar el cambio cultural, se trata
de crear estímulos y condiciones propicias para que
emerjan y florezcan formas y dinámicas impredecibles de
confianza y cooperación. Lo que no es legítimo, a
estas alturas del conocimiento empírico de las sociedades
nacionales, es seguir analizando el capital social a nivel
societal con modelos
simplistas que postulan un universo de
agentes con dotaciones idénticas de activos"
(DURSTON, 2002).

Para comprender adecuadamente los aportes de DURSTON,
conviene precisar sus nociones de capital social y capital
cultural, las cuales no recogen, precisamente, lo mejor de la
tradición crítica al respecto, pues se centran, al
menos, en lo conceptual, en la discutible idea de "capital". Al
respecto, aclara el autor chileno que:

"Definimos capital social como las actitudes de
confianza y las conductas de cooperación y reciprocidad
presentes como contenidos de algunas relaciones e instituciones
sociales [lo que incluye seis tipos o niveles de capital social:]
individual (contratos
diádicos y redes egocentradas), grupal (trabajo en
equipo, facción y líder),
comunitario (sistema complejo
inteligente), de puente (eslabonamiento de alianzas regional y
nacional), de escalera (apoyos potentes, contactos y
clientelismos) y societal (normas e instituciones generalizadas)
[en tanto que el capital cultural se define por la
inclusión de:] visiones compartidas acerca de
comportamientos esperables de las personas, valores
compartidos que jerarquizan los objetivos
deseables, normas de conducta
correcta, generales y para líderes; memoria
compartida de historia propia, religión compartida,
mitos, modelos
de personajes arquetípicos, identidad
compartida, reglas de parentesco: alianzas matrimoniales
deseables, definición de roles de parientes; rituales y
ceremonias para solemnizar vínculos e identidades,
principios de
reciprocidad horizontal y vertical y premios y castigos
culturalmente definidos que satisfacen necesidades
socioeconómicas: aceptación/ostracismo,
prestigio/repudio, honra, estatus" (DURSTON, 2002).

Por otro lado, y siguiendo con la discusión sobre
el "empoderamiento local" de FRIEDMANN (1992), en lo que este
autor se equivoca es en su análisis sobre el creciente
fortalecimiento de la sociedad civil, especialmente desde
mediados de la década del ’70:

"El aumento del rol de la sociedad civil [se atribuye a]
las consecuencias de la
globalización y los consiguientes procesos de
reestructuración, acompañado por una retirada del
Estado [donde sociedad civil son] aquellas organizaciones,
asociaciones e instituciones que existen más allá
de la esfera de supervisión y control directo del Estado"
(FRIEDMANN, 1998).

Por otra parte, es útil la distinción que
hace FRIEDMANN (1998) sobre dos tipos de sociedad civil en su
relación con el Estado:

1. Aquella de tipo institucional "mediadora" entre el
   individuo y
   el Estado.
2. Aquella que corresponde a un concepto
   más radical, de movilización política y de
   resistencia
   activa, con énfasis en la autogestión y la
   práctica de una democracia directa.

A lo que asistimos en la mayoría de los casos es
a procesos de carácter más institucional, guiados
desde el Estado, con énfasis en la subsidiariedad y la
clara delimitación entre las funciones del
individuo, los grupos (familia,
comunidad local) y Estado.

Además de la discusión sobre la mencionada
crisis del modelo de Estado nación, está la fuerte
presencia que durante siglos ha dominado a las comunidades
locales: los procesos colonialistas, feudalistas, militaristas,
entre otros: ¿cómo lograr más
participación en el contexto de esta carga
histórica y social?.

Los diferentes autores debaten entre el pesimismo y la
cautela: el pesimismo de OYUGI (2001) en el caso de
África, y la cautela y moderación de PASARIBU
(1998), en el caso de Indonesia.

Por su parte, las experiencias que se han denominado
"exitosas", se centran en una lógica claramente
institucional y de fortalecimiento del poder central, en tanto
gestor y subvencionador:

1. La experiencia de BAQIR (2001) propone la
   "creación de una gran red de ONG’s
   intercomunicadas hasta integrarse con los sistemas
   formales de gobierno y la empresa". Su
   finalidad declarada es, no obstante, lograr la
   autogestión.
2. La experiencia de STREMPLAT-PLATTE (2001), que
   plantea la necesidad de cambios que involucran aspectos
   "conductuales y estructurales de toda la estructura
   sociopolítica, que comprende todos los actores sociales
   y niveles societales desde el nivel local hasta el nacional, y
   la integración entre ellos".

MODELOS DE DEMOCRACIA Y
PARTICIPACIÓN

Según RODRÍGUEZ VILLASANTE (2002), la idea
de democracia participativa aparece incluida en los programas de
los partidos
políticos hace años, "como síntesis de
la democracia representativa y de las experiencias de democracias
directas (2002:1); sin embargo, las formas en que las instancias
políticas entienden esta idea es muy diversa.

Ya a principios de los ’90 RODRÍGUEZ
VILLASANTE y su equipo de trabajo
estudian las experiencias participativas en distintos municipios.
Y una distinción fundamental que surge es la de
"participación ciudadana" y "democracia
participativa".

Como ya se ha mencionado, la experiencia en Chile
estaría más referida al primer caso, en el
cual

"Además de tener muy escaso presupuesto, se
encarga de las relaciones con las asociaciones, sobre todo las
actividades culturales y reivindicativas de los barrios. Lo que
suele discutir son los reglamentos de participación, las
subvenciones a las asociaciones y actividades y pocas cosas
más" (2002:1).

Lo que pretende esta investigación es, precisamente, conocer las
condiciones exactas de la experiencia en Chile.

Por otra parte, en la lógica de las democracias
participativas se incluyen experiencias muy heterogéneas:
desde municipios pobres y pequeños a municipios ricos y
grandes, pasando por experiencias multiculturales; desde
iniciativas populares a iniciativas de partidos políticos.
Es decir,

"Apenas se puede hablar de democracia participativa en
singular, como un modelo de referencia, sino en plural, de
diversas vías o procesos de construcción, según las
características propias de cada lugar. No son reducibles a
un reglamento tipo. Otra característica es que implican a
los departamentos municipales en su conjunto […] en unos
casos parten de una parte de los presupuestos,
o de áreas como obras o urbanismo, y en otros casos de una
concepción integral de la participación en todos
los aspectos municipales, pero siempre con una voluntad de no
quedar restringidas al debate de las subvenciones de tal o cual
departamento. Tampoco se trata sólo de debatir con las
asociaciones constituidas, sino con toda la ciudadanía que
quiera participar [donde el objetivo es] promover procesos para
que nuevos sujetos sociales se sumen a las asociaciones ya
existentes o creen otras nuevas […] no tanto reglamentados
o subvencionados […] como autoorganizados en las formas y
tiempos que consideren más oportunos en cada
situación particular" (RODRÍGUEZ VILLASANTE, 2002:
1 y 2).

Muchas discusiones sobre las formas y niveles de
participación se centran en los mecanismos e instrumentos
utilizados; no obstante, una pregunta crucial es ¿de
dónde surgen las iniciativas?, ¿qué grado de
acceso y decisión hay en los procesos
iniciales?:

"Porque cualquier consulta o debate en el que la
información o las preguntas ya están restringidas
de ante mano son formas que nacen viciadas o sesgadas desde quien
las convoca. Puede participar muchísima gente en las
respuestas […] pero, ¿quién dicta las
preguntas?. Las informaciones previas que circulan, de donde se
seleccionan las preguntas, son claves; y estas suelen ser
manejadas por técnicos en la materia, al
servicio de
los poderes y sus objetivos" (RODRÍGUEZ VILLASANTE, 2002:
2).

De tal manera que el debate fundamental está en
el establecimiento de la agenda del proceso participativo y
quienes participan en esta fase.

RODRÍGUEZ VILLASANTE (2002) insiste en que la
problemática no está tanto en las técnicas
como en la forma en que se plantean los procesos
metodológicos que incluyen dichas
técnicas.

Así, resulta clave comprender
¿dónde se deciden los aspectos referidos a estos
procesos participativos? Otra de las preguntas fundamentales es,
entonces, ¿dónde surgen los comentarios y
planteamientos que fundamentan las experiencias
democráticas? Y el desafío es vincular los
programas e iniciativas con dichos "lugares", "momentos",
"situaciones", "hechos", etc., y no crear instrumentos de
recolección de información previamente
diseñados, por muy masivas que resulten las posteriores
"consultas". Sobre la lógica de las "opiniones
mayoritarias", ya ampliamente ha comentado NÖELLE-NEUMANN
(1995). La autora centra su atención en la relación entre
individuo y entorno social, y la contradicción entre
opinión
pública y temor al aislamiento:

"Para no encontrarse aislado, un individuo puede
renunciar a su propio juicio. Esta es una condición de la
vida en una sociedad humana. Si fuera de otra manera, la
integración sería imposible. Ese temor al
aislamiento (no sólo el temor que tiene el individuo de
que lo aprten sino también la duda sobre su propia
capacidad de juicio) forma parte integrante, según
nosotros, de todos los procesos de opinión pública
[…] Hay un vínculo estrecho entre los conceptos de
opinión pública, sanción y castigo"
(NÖELLE-NEUMANN, 1995).

Lo anterior explica la complejidad de sustentar la
participación exclusivamente en procesos de consulta
popular, aunque las técnicas sean muy sofisticadas. Sin
perjuicio de lo anterior, en el caso de los procesos de
participación no sólo se trata de una lógica
de temor al aislamiento frente a opiniones consideradas a
priori mayoritarias, sino que, también, se trata
de:

1. Una lógica de desconfianza en las
   dinámicas de acceso, decisión y estructuras
   materiales
   de la participación (medios).
2. Una apatía frente a las formas y niveles del
   centralismo político, administrativo y
   económico.
3. Un "sentimiento" de (auto)exclusión frente a
   procesos fuertemente exógenos.

Por otra parte, debemos centrarnos en los componentes
considerados fundamentales para las democracias participativas.
En este sentido, podemos consignar los siguientes momentos
históricos que, desde una perspectiva discursiva e
ideológica, y desde un ejercicio genealógico, nos
permiten debatir la necesidad de un modelo de democracias
participativas, de ciudadanía activa y de una
opinión pública autónoma: (1) racionalidad
iluminista e ilustrada, (2) los movimientos de protesta en las
calles, (3) la lógica de los líderes de
opinión, (4) la lógica de los sondeos
estadísticos, y (5) la postura del periodismo
público (MIRALLES, 2001). A continuación, este
cuadro recoge los principales elementos a considerar en un modelo
de democracias participativas y de comunicación para el desarrollo local
endógeno y territorial:

Fuente: Elaboración propia, a partir del
trabajo de BOISIER (2003), RODRÍGUEZ VILLASANTE (2002) y
MIRALLES (2001).

Entre la hegemonía de una racionalidad iluminista
e ilustrada, que marca el primer
momento histórico de nuestra genealogía en la
construcción de un modelo de democracias participativas,
de ciudadanía activa y de opinión pública
autónoma, y la hegemonía de una racionalidad
estadística "positivista", que corresponde al cuarto
momento histórico, hay un retorno, un cierre discursivo y
una re- hegemonización de ciertos valores liberales. El
quinto momento, que MIRALLES (2001) llama "periodismo
público" y otros llaman "periodismo cívico" o
"comunicación para el desarrollo", forma parte del debate
crítico actual.

Uno de los retos de la construcción de una
ciudadanía como la planteada hasta aquí es,
paradójicamente, salir de la lógica de la "ciudad",
la cual, a veces, se transforma en un eje hegemónico sobre
otras realidades. Lo anterior es asumido en la actualidad en el
debate desde el desarrollo endógeno territorial, lo cual
circunscribe el debate en la perspectiva de una
democratización no sólo "desde adentro", sino que
también toma como referente los territorios. La
noción de territorio, a riesgo de
"espacializar" o restringir el debate a lo "geofísico", es
más amplia que la idea de ciudad, a propósito de la
construcción de un modelo participativo de democracia,
pues

"El desarrollo es un proceso de indesmentible naturaleza
territorial; ocurre en el territorio, no levita […] Todo
proceso de desarrollo ha comenzado –históricamente-
en un lugar, normalmente de pequeña escala, o sea,
comienza como desarrollo local; ha sido endógeno en su
origen, siempre desatado por fuerzas internas del lugar (aunque
el crecimiento pudiese ser, como lo es crecientemente ahora,
exógeno); para desplegarse como proceso endógeno ha
debido ser también descentralizado [encontrándose
luego de su expansión] con fuerzas adversas (derivadas de la
hegemonía de la función
sobre el territorio, en la modernidad) que
terminan por configurar las conocidas modalidades de la geografía del
desarrollo: archipielagización o, dicotomía
centro-periferia [donde] pretender que la globalización haya dado muerte a la
geografía y al territorio es una miopía de algunos
analistas" (BOISIER, 2003).