Comunicación, participación y el dilema existencial del Estado frente a las nuevas lógicas democráticas y ciudadanas (página 3)
LA
DIMENSIÓN DEL DISCURSO SOBRE
LA PARTICIPACIÓN, LA DEMOCRACIA Y
LA CIUDADANÍA: LEGITIMACIÓN/RESISTENCIA;
APROPIACIÓN/EXPROPIACIÓN.
El propósito de esta sección es proponer
algunas bases para la comprensión de los procesos de
producción del discurso, público o
no, sobre la participación, la democracia y
la ciudadanía, desde los diferentes enfoques y
corrientes, teóricas o no, que se integran en los debates.
Sin perjuicio de los otros conceptos, los cuales son
desarrollados en otras secciones (2.2. Modelos de
Democracia y Participación; 2.3.3. Participación y
Uso de Tecnologías; y 2.3.4. Comunicación, Participación, Acceso,
Toma de
Decisiones y Democracia), la discusión se
centrará aquí principalmente en las nociones de
ciudadanía y participación, desde los
diferentes enfoques que ha sido abordada, particularmente desde
las teorías
de la información, la
comunicación y el periodismo, y
las corrientes de la gestión
o gerencia de
los servicios
públicos.
Uno de los trabajos fundamentales sobre la
ciudadanía es el libro de
MARSHALL (1950), en el cual se entiende por ciudadanía una pertenencia "plena" a cierta
comunidad; en
cuyo caso la pertenencia implica, necesariamente y en sí
misma, la participación de los individuos en la
determinación de las condiciones de su propia pertenencia
a dicha comunidad.
Así, la noción de participación se
basa en una relación, más pretendida que lograda,
entre pertenencia a una comunidad y participación, como
una relación intrínseca, que sustentará los
planteamientos y teorías sobre la ciudadanía,
especialmente de los años ’80.
Ciudadanía, como lo sostiene ORTIZ (2003: 105),
es planteada en oposición a "clase", para
liberar a las tesis del
liberalismo de
las ataduras del marxismo. En
efecto, los planteamientos de MARSHALL sustentan el valor de la
ciudadanía en la adquisición de ciertos derechos, a saber, civiles
(siglo XVIII), políticos (siglo XIX) y sociales (siglo
XX).
El concepto de
ciudadanía, entonces, será desarrollado por
diferentes autores con bastante retórica y abundante
ruido
mediático, como sostiene ORTIZ (2003:108):
- Ciudadanía activa (ZUSMA-QUINTAR).
- Ciudadanía universal (BERMUDO,
2001). - Ciudadanía global (NEGRI, 2001).
- Ciudadanía cosmopolita (BOAVENTURA,
2002). - Ciudadanía planetaria (WELMAVICKI,
2001). - Ciudadanías híbridas (GARCÍA
CANCLINI, 1995). - Ciudadanías mestizas (URIBE,
2001). - Ciudadanías de baja intensidad (O’
DONELL). - Ciudadanía de empresa
(MATTIEUS). - Ciudadanía multicultural (CORTINA,
1999). - Ciudadanía intercultural (CORTINA,
1999).
Sin perjuicio de lo anterior, el trabajo de
ORTIZ (2003:109) es significativo por su distinción de los
tipos de ciudadanía:
- La ciudadanía sacra, que combina
ciertas tradiciones religiosas católicas y regionales,
que se sintetizan en el costumbrismo clerical y la política
reactiva. - La ciudadanía secular que, desde los
años ’30, con la industrialización y las
corrientes obreras masivas, destruye el tejido feudal y
campesino de
los países tradicionales. - La ciudadanía sociocultural, inaugurada
a inicios de la década del ’90 con la llegada de
nuevos actores sociales que antes no estaban representados:
indígenas, mestizos, negros y guerrilleros
arrepentidos".
Otra discusión central en el ámbito del
discurso es la referida a la concepción lineal del
tiempo y la
historia. Esta
concepción, sugiere CAIRO (2002), ha generado una
correlación perversa según la cual:
"Hay una ruta trazada por la que discurre el tiempo, que
nos lleva al futuro. La humanidad sigue esta ruta, de forma tal
que cada generación recibe el testigo del progreso
anterior. Hay una evolución, y este progreso evolutivo es
beneficioso para la sociedad y, en
definitiva, para la humanidad. Estamos en un proceso de
permanentes avances y esta progresión se realiza
básicamente a través de la tecnología". (CAIRO,
2002:46)
Son tan evidentes las divergencias en la construcción discursiva de las formas o
modelos de comunicación y participación, que no hay
acuerdo entre los diferentes conceptos al uso y, además,
estos apelan a significados muy diferentes. Por ejemplo, mientras
muchos defienden la idea de "comunicación para el desarrollo" o
la de "periodismo comunitario", MIRALLES (2001) opone a ambas la
noción de "periodismo público". Como he dicho, lo
anterior podría resultar meramente anecdótico, sino
fuera por las connotaciones que adquiere uno y otro en los
debates. Dejaremos, no obstante, de lado esta confusa nomenclatura,
para centrarnos en los fundamentos de la misma.
Resulta útil, desde la perspectiva del
periodismo, un análisis genealógico,
"Es significativo que el periodismo haya seguido el
modelo general
de la teoría
liberal de la ciudadanía […] al igual que del concepto
de cultura
política, porque excluye la participación del
ciudadano en la toma de decisiones y porque coloca la opinión
pública en el ámbito privado" (MIRALLES, 2001:
18 y 19).
Efectivamente, esta incorporación de la
teoría del periodismo en particular y de varias corrientes
de la comunicación –como ciertas concepciones de la
comunicación para el desarrollo, especialmente de origen
difusionista-, impide la construcción de un discurso sobre
un ciudadano activo, volviendo permanentemente al "metarrelato",
que aún se mantiene inconmovible, de una teoría
liberal de la ciudadanía.
En este contexto surge una pregunta crucial:
¿cómo pensar al ciudadano desde esta teoría
liberal?, pues siempre se retorna a concepciones que permiten la
mitificación de este metarrelato, como las ideas de
"periodismo cívico" y
"participación ciudadana", especialmente si están
asociadas a discursos como
el de "republicanismo cívico" y la idea de "ciudadano en
virtud de un Estado". Por
lo anterior, resulta interesante la idea de pensar esta
ciudadanía como un tercer espacio, independiente del
Estado (lo público) y el Mercado (lo
privado), si acaso es posible sostener esta oposición
más allá de lo analítico.
Estas mismas lógicas liberales mitificadas de la
ciudadanía se mantienen, por ejemplo, en el discurso de
los medios, los
cuales suelen mostrar a ciudadanos espectadores beneficiarios del
Estado y no a ciudadanos participativos. Lo que también se
ha traducido en la construcción discursiva de ciudadanos
pasivos en contextos de "beneficiarios del Estado" y ciudadanos
activos en
contextos de "inseguridad
ciudadana e ingobernabilidad", como es el caso
paradigmático de los diferentes movimientos
sociales.
En efecto, la concepción de un ciudadano inserto
en el espacio público como votante y consumidor a lo
largo del siglo XIX crean las condiciones para el "desarrollo de
una prensa de
carácter masivo a la que también los
adelantos tecnológicos le dieron enorme fuerza"
(MIRALLES, 2001: 53).
Como hemos señalado, la bibliografía no es en
absoluto sistemática ni uniforme desde el punto de vista
conceptual. Ya hemos revisado algunos de los recorridos referidos
a los tipos de democracia y ciudadanía. Otro de los
conceptos que se ha reiterado en esta investigación es el de opinión
pública, no como sinónimo de los anteriores, pero
su recorrido genealógico nos da pistas importantes sobre
la discusión emprendida aquí.
Otra corriente significativa en la aproximación a
los conceptos planteados en esta sección es la que sigue
la tradición de la gerencia (o gestión) de los
servicios
sociales, la cual encontramos ampliamente desarrollada en el
trabajo de
TOBÓN y MUÑOZ (2001). Esta corriente puede asumir
dos lógicas, una instrumental y otra más crítica.
Según la lógica
instrumental, la gestión de los servicios públicos
se sustenta en una concepción tecnológica del
desarrollo, en la cual el objetivo es
disponer, transferir y distribuir los instrumentos y operaciones del
sector productivo al ámbito de los servicios sociales, de
acuerdo a los artefactos que el mercado ha definido como
desarrollo y progreso. En efecto, lo que se observa actualmente
es la transferencia de procesos desde el campo de la industria y el
comercio,
según una racionalidad de mercado, al ámbito de los
servicios sociales, como medidas carentes de reflexión.
Los conceptos que operan la legitimación de estas acciones son
básicamente la racionalidad instrumental y
económica asociada a las nociones de eficiencia y
eficacia.
La pregunta central que permite la transición
desde la perspectiva instrumental a la crítica es:
¿cuál es el tipo de pensamiento
científico que sustenta y subyace en la gerencia
social?
Según la lógica crítica, es
fundamental la reflexión de para qué y por
qué es necesaria la incorporación de determinados
instrumentos a los servicios sociales,
"Para la gerencia de servicios sociales es
condición previa y necesaria el explicitar y optar
deliberadamente por el tipo de desarrollo social que se busca,
además de la política que lo orienta, pues sin este
fundamento, la acción
social (los servicios sociales y de bienestar) se convierte en
paliadora de necesidades de la población sin lograr un verdadero
desarrollo de las condiciones y calidades de vida de la misma"
(TOBÓN y MUÑOZ, 2001: 35).
Para la corriente crítica de la gestión de
los servicios sociales, es fundamental romper el monopolio
estatal y el centralismo en la
aplicación de cualquier política
social, para lo cual se requiere la creación de nuevas
institucionalidades, integradas por los distintos actores
sociales (públicos y privados) a través de procesos
de participación. En este escenario, se entiende que
cualquier mejora en el acceso a la información, la
democracia y la participación, suponen nuevas exigencias y
derechos de los usuarios, en una dinámica de permanente cambio social.
Así, el acceso, la democratización y la
participación no pueden ser entendidas como una respuesta
generosa desde un poder central
y centralizador.
"Las instituciones
creadas por la sociedad civil
son una de las formas de garantizar la democracia, pues
ésta no es real si no hay una participación
efectiva y eficiente de todos los estamentos de la sociedad en
los asuntos sociales. La participación es también
una forma de garantizar estrategias que
facilitan la expresión de cómo se siente y se
interpreta los asuntos de la sociedad; las formas institucionales
son una vía de la participación en la sociedad
moderna" (TOBÓN y MUÑOZ, 2001: 57 y 58).
El propósito de la creación de nuevas
formas de institucionalidad social no es reemplazar los modos de
participación político partidista, sino que
constituyen otras propuestas, dotadas de una concepción
ética y
política.
Por otra parte, la concepción de un servicio
social desde la dimensión crítica del desarrollo,
exige reformular las tradicionales nociones clientelares, las
cuales se centran en las carencias de los usuarios, en lo que no
poseen o lo que no han podido poseer, a fin de justificar
determinadas acciones desde el poder estatal y central. En
efecto, si sólo se observa a los usuarios como clientes
carentes
"los masificamos y los atendemos como elementos que se
pueden reemplazar pero que siempre estarán ahí,
pues mientras la carencia exista, la demanda
estará garantizada; minimizamos su participación en
la producción del servicio y les negamos cualquier poder
de elección y de negociación con respecto a los servicios
recibidos, anulando su participación y estableciendo como
elemento dominante en la relación el poder de la
institución y, como consecuencia, el sometimiento del
cliente"
(TOBÓN y MUÑOZ, 2001: 70 y 71).
Es evidente que detrás de esta dinámica de
dominación del cliente, se construye todo un lenguaje y una
retórica que permita operar sin ver más allá
de los resultados asociados a indicadores y
satisfactores inmediatos de ciertas necesidades. Es la arrogancia
institucional la que lleva a expresiones como "lo que es mejor
para los clientes", "lo que les conviene", etc. Por el uso de
estas lógicas es que se justifican recursos en
procesos de inducción y motivación
de los clientes para participar en los diseños y proyectos que se
les propone. Y el círculo vicioso consiste en que si no se
logra la participación, se justifica el incumplimiento de
los resultados sin una autocrítica a la falta de procesos
de participación en las instancias iniciales de los
proyectos, esto es, que sean los usuarios quienes determinen sus
propias necesidades.
Ahora bien, a la propuesta sobre la necesidad de
participación, se agregan preguntas fundamentales:
¿cómo se participa?, ¿en qué
condiciones se participa?, ¿qué relaciones se
establecen en los procesos de participación? Lo que
está más claro es la proporción existente
entre aumento del nivel de participación de los usuarios y
aumento de su autonomía. Por ello, el problema central es
que la dominación que ejercen las actuales instituciones
de los servicios públicos se traduce en
exclusión
"Los clientes son excluidos porque se les ignora o se
les niega participación en la toma de las decisiones que
tienen que ver con el servicio. Su saber es suplantado por el
saber del técnico y la dinámica de su vida es
suplantada por la dinámica programada para la
prestación del servicio" (TOBÓN y MUÑOZ,
2001: 79).
De esta forma, la participación está menos
relacionada con procedimientos
que con una cultura de la participación.
Por otra parte, las reflexiones sobre la
ciudadanía y la participación suelen centrarse en
la perspectiva del Estado y la necesidad de su fortalecimiento
ante los desafíos de la gobernabilidad. Por esta
razón los Estados nacionales han invertido fuertemente en
estudios, por ejemplo, a través de la Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe, CEPAL; el Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social,
CLADES; el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social,
ILPES; y el Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo, PNUD. Asimismo, como se menciona más
adelante (2.3.4.), los distintos programas han
surgido precisamente desde el Estado, desde el Estado con
apoyo de algunas ONG’s o
desde el Estado con apoyo de Organismos Internacionales de
carácter Interestatal (PNUD, UNESCO); o bien, como
programas que incluyen los distintos ámbitos de
relación.
PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN EN CHILE: DISCURSOS DE LAS EXPERIENCIAS
GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.
Los procesos de participación en Chile tienen dos
trayectorias y, al mismo tiempo, dos orígenes, en su
desarrollo:
- Forman parte de una lógica centralizada y
centralizadora desde el Gobierno,
recogida conceptualmente en la idea de Participación Ciudadana. Esta
lógica se inserta en un modelo de Democracia
Representativa o de Gestión -y no de Democracia
Participativa, que sustenta la visión de este estudio.
Este recorrido se inicia con el Instructivo Presidencial sobre
Participación Ciudadana (diciembre de 2000), el cual
actualmente es Proyecto de
Ley y que
sienta los "principios" de
la participación, particularmente desde el compromiso de
los Servicios Públicos del Estado. Esta trayectoria
considera, también, la Carta de
Santiago de Chile (22 y 23 de mayo de 2003) y las actividades
del Grupo de
Acción Digital (2004): Agenda Digital. Chile
2004-2006. - Organizaciones No Gubernamentales, ONG’s que,
con distintos tipos de financiamiento, siguen procesos relacionados de
diferentes formas con la trayectoria anterior.
Para el análisis del discurso público del
Gobierno y del Sector
Público, a nivel Central y Regional, sobre la
"participación", se analizó:
- Instructivo Presidencial sobre Participación
Ciudadana (diciembre de 2000). - Carta de Santiago de Chile (22 y 23 de mayo de
2003). - Grupo de Acción Digital (2004): Agenda
Digital. Chile 2004-2006. - Plan Regional de Participación Ciudadana.
Hacia la Construcción de una Política (Temuco,
diciembre de 2003).
Los principales ejes del discurso son:
- Jóvenes voluntarios se organizan para
participar. - Gobierno promueve y coordina la participación,
en contextos de gobernabilidad. - Empresas se comprometen con los valores
de la participación. - La Agenda Digital (2004 – 2006) y las 34 iniciativas
del gobierno organizan e instrumentalizan objetivos de
un Gobierno Digital y una población conectada
masivamente. - La incorporación de TIC’s
asegura la modernización del Estado y el Sector
público. - La incorporación de TIC’s permite
enfrentar los contextos tecnológicos y digitales a nivel
internacional. - La participación fortalece la sociedad civil y
legitima las políticas públicas. - El sector público abre la posibilidad de
participación real a la sociedad civil, a través
de políticas y programas gubernamentales que se ejecutan
en la región. - La Participación Ciudadana contribuye al
reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos y deberes
establecidos institucionalmente. - Las acciones orientadas a la Participación
Ciudadana, que involucran a los distintos actores sociales,
permiten la consolidación de una política
regional sobre la materia. - El cumplimiento de las 106 metas regionales sobre
Participación Ciudadana, se logra a partir de un
diseño previamente elaborado, que
contempla: ámbitos de acción pública
(factores), momentos (tiempos), instrumentos (procedimientos) y
herramientas
para cada una de las metas. - Las 106 metas regionales de Participación
Ciudadana se integran a una Estrategia
Regional de Desarrollo, en 4 niveles: Desarrollo
Humano y Cultural, Desarrollo Productivo, Desarrollo del
Conocimiento
Propio y Desarrollo Territorial. - Las 106 metas regionales de Participación
Ciudadana son tratadas en el Sistema de
Registro y
Monitoreo, SIRMON, lo cual asegura su cumplimiento en los
plazos pre establecidos.
Y las principales contradicciones de estos
discursos se traducen en las siguientes preguntas:
- Cómo logra el gobierno asegurar la responsabilidad
social de las empresas. - Cómo puede el gobierno establecer niveles
adecuados de "conciencia
cívica" en la ciudadanía. - Cómo colaboran las empresas con el gobierno y
la ciudadanía, para lograr la participación, a
partir de las diferencias de intereses:
Empresa: interés
privado y fin de lucro.
Gobierno: interés público sin fin de
lucro.
- Qué niveles de transformaciones sufre el
gobierno y la empresa,
como organizaciones,
producto de
su interrelación. - Se puede lograr la participación ciudadana,
iniciada desde un compromiso del sector público "por
Instructivo Presidencial". - Cómo se evalúa y asegura efectivamente
el rol del sector público, la relación
voluntariado-participación y la relación
participación-gobernabilidad. - Brecha digital: desigual distribución de ingresos
asociado a bajos índices de conectividad. - Centralización de la conectividad: las diez
comunas más conectadas corresponden a la zona Oriente de
Santiago (CENSO 2002). - Falta de calidad y
cantidad de capital humano
en TIC. - Falta de capacitación en TIC en el ámbito
laboral. - Desigual avance del gobierno digital, en
relación a los distintos servicios
públicos. - Débil acceso y uso de TIC en
empresas. - Escaso desarrollo de la industria TIC.
- El marco jurídico y normativo aún es
insuficiente e incoherente. - Es posible lograr una apertura del Sector Publico a
la participación ciudadana sin una innovación en la cultura
organizacional de la
administración pública y sin la
transformación del modelo de democracia
vigente. - Cómo se inserta la participación
ciudadana en un modelo de democracia representativa y de
gestión y no participativa. - Cómo se logra una participación
ciudadana en el contexto de una política regional con un
sistema centralizado y centralizador. - Cómo se pasa a un Gobierno Regional y una
Ciudadanía Regional desde una Voluntad Política
del Gobierno Central. - Es suficiente un Sistema de Registro y Monitoreo para
lograr el cumplimiento de 106 metas regionales sobre
participación ciudadana.
En tanto que a nivel del discurso de las ONG’s, se
observan los siguientes ejes discursivos:
- Tecnologías de la información al
servicio de la ciudadanía, pues permiten el
fortalecimiento de la participación de la sociedad
civil. - Vida en solidaridad,
democracia, justicia y
tolerancia. - Fortalecimiento de las instituciones del sistema
democrático. - Integración social de los
ciudadanos. - Formación de ciudadanos informados, con
opinión, concientes de sus derechos y
deberes. - Relación entre el Estado y los intereses y
necesidades de la ciudadanía. - Promoción de la
organización ciudadana y de la equidad. - Ciudadanos comprometidos
cívicamente. - Procesos electorales informados, participativos y
transparentes. - Seguimiento de la sociedad civil.
- Fortalecimiento de partidos
políticos. - Capacidad de gestión de las
organizaciones. - Personas involucradas en las cuestiones
públicas. - Estrategias efectivas para involucrar a las personas
en las cuestiones públicas. - Grado de satisfacción de las personas con sus
gobiernos comunales. - Grado de satisfacción de las personas con sus
propias organizaciones. - Disminución de los costos de la
acción social. - Ampliar la efectividad de las acciones
públicas (políticas de Estado) y privadas
(empresas). - Dar mayor sentido de pertenencia de los ciudadanos a
una localidad y su cultura. - Uso intensivo de tecnologías (internet) para
agregar valor a los proyectos.
Y las principales contradicciones que se observa
son:
- Es posible un control
ciudadano efectivo. - Cómo es posible, exactamente, la integración social de los ciudadanos en
sociedades
multiculturales. - Cómo es posible, concretamente, el
fortalecimiento de las instituciones del sistema
democrático y cómo esto se relaciona el
fortalecimiento de la sociedad civil. - Cómo es posible, exactamente, formar
ciudadanos informados, con opinión y concientes de sus
derechos y deberes. - Para qué se pretende buscar la promoción de la organización ciudadana y el compromiso
cívico de los ciudadanos. - Cómo es posible, concretamente, fortalecer la
sociedad civil. - Cómo se realiza el seguimiento de la sociedad
civil. - Cómo se logra una participación
ciudadana virtual. - Cómo se logra una relación entre la
incorporación de tecnologías de la
información y la comunicación y el
fortalecimiento de las capacidades participativas de la
sociedad civil. - A quién le interesa la disminución de
los costos de la acción social. - Cómo se logra la efectividad de las
políticas públicas y del rol social de las
empresas. - Según qué criterios tiene mayor valor
el entrenamiento
práctico que el
conocimiento teórico. - En qué medida las tecnologías agregan
valor a los proyectos. - En qué consiste la capacidad emprendedora de
las personas.
ALGUNAS
CONSIDERACIONES FINALES: ACCESO, TOMA DE DECISIONES, FORMAS Y
NIVELES DE PARTICIPACIÓN.
Una de las discusiones fundamentales sobre el acceso y
la toma de decisiones está referida a la necesidad de que
los actores que integran los procesos participativos precisamente
decidan y accedan a dichos procesos, en las instancias iniciales
y no como convocados a respaldar o no, mediante su
votación, determinados programas previamente
diseñados.
MIRALLES y ALFONZO (2001) plantean una
contradicción clave al respecto: "hemos urbanizado mucho
pero no hemos construido ciudad", lo que significa, entre otros
aspectos, que existe un excesivo énfasis en los
diseños y planes exógenos y escasa
preocupación por la integración de dichos espacios
con sus habitantes, una escasa apropiación de los sujetos
de sus entornos.
Asimismo, los autores apuntan a un "excesivo peso de los
factores técnicos y económicos en los proyectos de
desarrollo urbano y la debilidad del enfoque cultural en la
construcción de ciudad y ciudadanía" (MIRALLES y
ALFONZO, 2001). En efecto, las variables
"capital
social" y "capital cultural" aparecen insistentemente obviadas en
los programas, en una lógica de clientelismo autoritario.
De hecho, "en la promoción de la descentralización se deben establecer
sistemas para la
participación ciudadana en los gobiernos metropolitanos y
para la información pública, además de
actividades que eleven la conciencia pública" (MIRALLES y
ALFONZO, 2001).
Por su parte MUÑOZ (1997) distingue tres formas
de comunicación urbana que constituyen, sin duda, una
aproximación inicial a las formas y niveles de
participación:
- Los lugares de comunicación, como la
identificación espacial. - Las redes móviles, como
la red
vial. - Los territorios simbólicos, como los
graffittis.
Evidentemente, esta distinción es aún
insuficiente para las pretensiones comprensivas de la presente
investigación.
El rol de la comunicación en la toma de
decisiones y el acceso, va más allá de constituirse
en instrumentos de difusión, para transformarse en agentes
del proceso participativo. Este aspecto es crucial debido a la
existencia de determinadas estructuras de
medios y el desafío que supone, en ese contexto,
incorporar a los medios en una dinámica de
participación.
Así, para MIRALLES y ALFONZO (2001),
"el fortalecimiento de la articulación social y
de mediación de lo público [requiere tres
elementos]: una propaganda
político-cultural que genere identidades y legitimidades;
una publicidad
comercial que organice el mercado; y una comunicación
social que permita la participación y
orientación de la población en su ambiente"
(MIRALLES y ALFONZO, 2001).
En el caso latinoamericano resulta de interés
conocer la llamada Declaración de Lima Literal d, punto 2
(1996), la cual indica que:
"los gobiernos locales definan y articulen
políticas de comunicación y participación
ciudadana como componentes de la ejecución de obras
públicas, políticas sectoriales en el campo de
la
educación, salud, transportes,
servicios públicos, promoción cultural, etc.,
fomentando el ejercicio de deberes y derechos ciudadanos en
ellos".
Esta Declaración de Lima, patrocinada por la
UNESCO, se integra a otros planes que involucran a los distintos
actores. De hecho, en el proyecto de Estrategia a Medio Plazo
(2002-2007) de la UNESCO, se propone la creación de un
portal UNESCO del conocimiento, que destaque:
"Los diversos experimentos
realizados en materia de democracia electrónica y de gobernación
‘en línea’, así como de las
posibilidades de mejorar la administración
pública y la participación ciudadana utilizando
las tecnologías de la información y la
comunicación [considerando] la contribución [de
estas tecnologías] al desarrollo de la educación, la ciencia y
la cultura, y a la construcción de una sociedad del
conocimiento, entre cuyos objetivos estratégicos
están:
– Promover la utilización de las
tecnologías de la información y comunicación
con miras a la creación de las capacidades, la
autonomía, la gestión democrática y la
participación social.
– Fomentar la elaboración de instrumentos de
información y comunicación apropiados para
sustentar la adopción
de decisiones y fomentar el diálogo
entre los ciudadanos y los poderes públicos, consolidando
así la gestión democrática y la
participación ciudadsana" (UNESCO, 2001).
Otras experiencias latinoamericanas se han desarrollado
en Bolivia,
Colombia y
Uruguay. Por
ejemplo, en Bolivia a partir de la promulgación en 1994 de
la Ley de Participación Popular, se propuso un sistema
nacional de comunicación descentralizada, basado en 4
fundamentos:
- Planificación de la
comunicación. - Responsabilidad estatal.
- Comunicación para el desarrollo, entendida
más allá de un aumento cuantitativo de la
estructura
de medios, sino como el hecho de que las políticas,
estrategias y planes de desarrollo deben considerar a la
comunicación como un elemento central de sus
objetivos. - Democratización de la comunicación, en
los niveles de: acceso, participación y propiedad de
los medios.
Sin embargo, la relación acceso,
participación y propiedad de los medios no se agota en el
debate, y, por
cierto, en la solución, del problema de la
concentración de los medios, pues incluye, la diversidad
tanto en la propiedad, como en los contenidos. Es decir, las
medidas contra la concentración de la propiedad de los
medios (monopolios, duopolios u oligopolios), no asegura la
diversidad de contenidos.
En el caso de Colombia, el Gobierno y la
Fundación Social han propuesto un modelo de
comunicación pública basado en 5
principios:
- Visibilidad.
- Inclusión.
- Participación.
- Equidad.
- Prevención.
"Pensar la comunicación como movilización
social significa construir articulaciones
colectivas de sentido, mediadas por los medios masivos y
legitimadas por la actuación de las organizaciones
sociales, para que actores sociales de diferentes procedencias y
filiaciones puedan asumir concertadamente propósitos
comunes de transformación de la sociedad" (Gobierno de
Colombia/Fundación Social, 1999).
Los citados procesos de movilización social
suponen:
- Circulación suficiente y transparente de
información. - Construcción y socialización de imaginarios que apunten
a consolidar una voluntad común. - Inclusión de la información y los
imaginarios en la agenda pública.
Con la intervención de diferentes
actores:
- Productor social, que aporta el sentido general del
proceso y provee recursos. - Unidad editora, con capacidad técnica para
diseñar y realizar materiales
comunicativos. - Red de actores sociales, con sus propios
públicos, capaces de movilizar audiencias
particulares.
El modelo tiene una dinámica flexible en la
relación institucionalidad pública y estatal –
institucionalidad privada, aunque se trata de comunicación
en un sentido público.
El tercer caso corresponde al del Gobierno de la
República Oriental de Uruguay (1994-1995), en el cual
ocurrió un fenómeno extensible, en mayor o menor
grado, al resto de los casos latinoamericanos:
"La participación ciudadana en los procesos de
desarrollo local, el debate en torno a asuntos
que atañen a la sociedad civil e incluso el
análisis del aparente distanciamiento de los actores
locales en la toma de decisiones […] no había sido
abordado aún en claves comunicacionales".
En estos escenarios, CAIRO (2002), nos presenta algunos
debates claves en la relación entre las dimensiones del
acceso y el uso de las tecnologías. Estos debates son
fundamentales en el contexto del excesivo énfasis
tecnológico de la participación, pues
"en cualquier asamblea el número de cuestiones a
debatir y las opciones a tomar son necesariamente limitadas
[…] el problema del procesamiento y combinación de
millones de datos de manera
rápida y eficaz […] la posibilidad de aumentar
radicalmente el número de integrantes de la comunidad
política no es necesariamente una garantía de su
integración" (2002:25).
En este mismo sentido, TSAGAROUSIANOU (1998) plantea
que
"La democracia electrónica […] no puede,
por si misma, democratizar las comunidades que la utilizan. La
creación de espacios públicos, la
articulación de puntos de vista y demandas, la
formación de ciudadanos, requiere mucho más
energía y compromiso e implicación de las bases en
el debate público" (1998:176).
Por otra parte, WILHELM (2000) señala cuatro
elementos necesarios para la existencia de un "ciberespacio
democrático": la posesión de recursos anteriores,
la inclusividad, la deliberación y el diseño. En
efecto, resulta evidente que cualquier tipo de red no favorece la
relación y la conectividad, y, por lo tanto, el acceso y
la participación.
Junto al debate sobre el acceso y la toma de decisiones
en los procesos de participación, debemos comprender que
las actuales lógicas, particularmente las
tecnológicas, producen transgresiones en los espacios
públicos y privados y sus consecuencias exigen evaluar
críticamente los mecanismos y repensar la
composición de las comunidades, especialmente a partir de
las dinámicas reticulares y ya no
territorializadas.
Otra de las preocupaciones a partir de la
relación entre tecnologías y acceso y
participación es la necesidad de identificar ciertos
parámetros claves, como el acceso a computadores, la
infraestructura de entrada a la red y la adquisición de
conocimientos e información.
De estos parámetros se desprenden ciertas
variables claves para la discusión sobre el acceso, la
toma de decisiones y la participación: clase social,
género,
edad, nivel educativo, etnia, idioma,
zona-hábitat, convicciones políticas y
religiosas, etc. (CAIRO, 2002:53).
Naturalmente la discusión sobre el uso de
tecnologías y el acceso supone aspectos técnicos
como (CAIRO, 2002: 55-60):
- Equipamiento o hardware.
- Infraestructura de acceso: calidad técnica
(velocidad de
acceso, volumen de
datos posibles, protección y privacidad; modo de
conexión, disponibilidad del servidor, etc.)
y diseño de la estructura, intentando salir del modelo
de difusión. - Lugar de acceso.
- Conectividad a la red.
- Disponibilidad de la información.
- Objetivos y formas de aprendizaje.
Estos aspectos, por muy técnicos, son
también fundamentales, pues la discusión sobre el
acceso y la toma de decisiones, como dimensión, se enmarca
en la lógica de las tecnologías, la cual ha sido
incluida políticamente en la mayoría de los
programas de "participación ciudadana" y de "democracias
participativas".
Algunas de las preguntas que constituyen los actuales
desafíos son:
- ¿Qué rol cumple el Estado en los
procesos de participación?. - ¿Cómo influye el modelo de de
democracia vigente y las lógicas de centralización/descentralización
en los procesos de participación?. - ¿Qué relación existe
entre: - Gobernabilidad y
participación. - Gobernabilidad y empresa.
- Gobernabilidad y voluntariado.
- Empresa y voluntariado.
- Empresa y participación.
- Voluntariado y participación.
- Gobierno y acceso de usuarios.
- Gobierno y empresa.
- Gobierno y formación masiva de capital
humano. - Empresa y formación masiva de capital
humano. - Empresa y acceso de usuarios.
- Formación masiva de capital humano y
acceso de usuarios.
- Gobernabilidad y
- ¿Qué rol cumplen las tecnologías
en los procesos de participación: modelo de mercado,
modelo infocrático y modelo internet?. - ¿Cuáles son las formas de
participación de la gente?. - ¿Qué espacios de participación
se utilizan efectivamente: lugares, territorios
simbólicos, etc.?. - ¿Qué distinción se hace entre lo
público y lo privado?.
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Dr. Carlos Del Valle Rojas
Periodista, Licenciado en Comunicación Social,
Magíster en Ciencias de la Comunicación y Doctor en
Comunicación y Periodismo. Director del Departamento de
Lenguas, Literatura y Comunicación, Director del
Magíster en Ciencias de la Comunicación e
Investigador del Instituto de Desarrollo Local y Regional, IDER,
de la Universidad de La Frontera (CHILE). Actualmente es docente
de programas de Post Grado en la Universidad de Sevilla
(España), la Universidad de La Frontera (Chile) y la
Universidad Austral de Chile (Chile).
Académico
Universidad de La Frontera
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