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Transferencia de propiedad inmueble en el código civil peruano (página 2)




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3. LA TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD EN BIENES INMUEBLES.-

3.1 EL PRINCIPIO CONSENSUALÍSTICO.-

La norma clave en nuestro Código respecto a la transmisión de propiedad de los bienes inmuebles es el Art. 949° del CC: "La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de el, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario". De acuerdo a la tipología de sistemas de transferencia dominical imperantes en el Derecho comparado es fácil descartar que esta norma aluda al sistema de la tradición causalizada o al de la tradición abstracta (o a sus análogos de la inscripción causal o de la inscripción abstracta), por cuanto el Art. 949° no establece ningún requisito adicional para la transferencia de la propiedad, operando este efecto de manera automática o "ex lege". En tal sentido, nuestro Código opta claramente por el principio consensualistico.

Este principio tiene su origen en el influyente Código Civil francés de 1804, el cual llevó a cabo una modificación revolucionaria con respecto al Derecho romano, y marcó el triunfo de la voluntad sobre el formalismo jurídico; en consecuencia, protegió fundamentalmente a los adquirentes convertidos de manera inmediata en propietarios, mientras el transmitente sólo podía ejercer las acciones personales o de impugnación del contrato. Este Código consagró el solo consentimiento entre las partes contratantes como único requisito necesario para el desplazamiento de la propiedad a favor del comprador. No se necesitaba la tradición de la cosa, ni el pago del precio, ni formalidad externa alguna. Fue el triunfo de los prácticos del derecho y también de los jusnaturalistas.

En este estado de cosas, la doctrina francesa discutió denodadamente sobre los nuevos conceptos que trajo el Código. BIGOT-PRÉAMENEÜ señala que el consentimiento perfecciona la obligación de entregar la cosa y no hay necesidad de tradición real para que el acreedor deba ser considerado propietario de la cosa. Por otro lado, PORTALIS indica que el contrato tiene la eficacia de hacer operar una especie de tradición, civil. MARCADE con mayor pulcritud establece las siguientes pautas:

a) La convención de dar crea la obligación.

b) Esta obligación de dar lleva consigo la de entregar o realizar la tradición.

c) La tradición transfiere la propiedad.

d) Esta tradición no necesita ser real, ya que el consentimiento lleva en sí mismo una tradición fingida que produce el mismo efecto.

e) La tradición fingida opera la transmisión del derecho real.

Sea bajo cualquier punto de vista doctrinal, el hecho concreto es que el sistema francés original del Código Napoleónico de 1804 instauró el principio consensual de la transferencia de la propiedad, ya sea porque el consentimiento es suficiente para producir dicha transmisión, ya sea a través de la ficción de considerar que el consentimiento se anuda con una tradición ficticia.

En Italia se acogió rápidamente el principio consensual en el Código Civil de 1865, hijo de la reunificación italiana, y cuyo mismo temperamento está presente en el Código Civil de 1942. Sobre este tema se dice que la jurisprudencia práctica italiana, previa a la época de la codificación, había emprendido ya el mismo camino de admitir la eficacia de cláusulas entre las cuales predominaba el pacto de constitutum possesorio como subrogado de la tradición real.

3.2 VENTAJAS DEL PRINCIPIO CONSENSUALÍSTICO.-

La teoría del título y el modo nace como una interpretación de los textos romanos referidos a la tradición causal como instante decisivo de la transferencia de propiedad de las cosas. Es cierto que con el transcurso de los siglos cambió la función asignada a la tradición, de tal suerte que de la idea de una tradición como "realidad sobre la cosa", se pasó a la idea de una tradición como "mecanismo publicitario". Sin embargo, ya en el Derecho romano es evidente que la tradición se fue espiritualizando, de tal forma que terminó por admitirse una amplia cantidad de mecanismos ficticios de entrega, sin traspaso posesorio. En estos supuestos, la transferencia de la propiedad podía acontecer con el mero consentimiento manifestado en el título de adquisición, y al cual se le añadía una estipulación de "traditio".

En el Derecho intermedio fueron usuales las cláusulas de este tipo, lo cual determinaba que el principio romanista de la tradición tuviese valor meramente nominal, ya que en realidad era la voluntad de las partes la que determinaba el tránsito de la propiedad a favor del adquirente. Por ejemplo, a partir del siglo XI, en el Derecho franco se consideraba suficiente la sola tradición para constituir al nuevo propietario, sin embargo, eran usuales las cláusulas de "dessaísine saisine" incorporados en los documentos o cartas de venta, con lo cual se entendía efectuada la tradición por el solo pacto documental. Esta situación se mantuvo en Francia hasta antes de la Revolución de 1789, pues con excepción de las regiones donde imperaba la "nantissement", bastaba el contrato de venta y la cláusula antes citada para entender transferida la propiedad sin necesidad de formalidad exterior alguna.

En el Derecho español también se reconoció ampliamente la posibilidad de la "traditio ficte", y el famoso autor del siglo XVIII, ANTONIO GÓMEZ, dio cuenta de hasta nueve mecanismos ficticios de entrega de una cosa.

A esta situación también influyó la idea canónica de espiritualización de los conceptos, eliminando las soluciones demasiado rígidas o formalistas que contravenían el principio de buena fe.

Para los glosadores, la tradición era un acto que necesitaba de una forma solemne. En cambio, la doctrina canónica aceptó la sustitución de la verdadera tradición por una "traditio ficta", criterio que incluso mantuvo la Rota romana. El Derecho canónico acercó el concepto de "traditio" a la idea del contrato consensual, por lo que era suficiente examinar la voluntad de las partes distanciándose de las formalidades. Ello tuvo incidencia en la doctrina de los Comentaristas, quienes igualaron la tradición ficta con la tradición verdadera.

Esta concepción influyó en la Escuela Moderna del Derecho Natural, en donde el negocio jurídico y el contrato se convierten en los instrumentos jurídicos del individuo, en tanto, la simple declaración de voluntad transmite la propiedad. Su primer representante fue HUGO GROCIO, el cual expresamente consideró que la tradición no era necesaria en muchos supuestos reconocidos desde el derecho antiguo (en la sucesión hereditaria, en el constitutum possessorium) y por lo tanto, el requisito de la tradición no era de Derecho natural. Este autor holandés (1585 - 1645) expuso que el fundamento de la adquisición derivativa de la propiedad debía ser el contrato, algo que ya en la práctica ocurría por virtud de los mecanismos de tradición ficta, pero que nadie había manifestado con esa claridad. Seguidamente, SAMUEL PUFENDORF (1632 - 1694) desarrolló, también, una sistematización de la ciencia jurídica a través del Derecho natural. Para el punto que nos ocupa, este autor acogió el principio consensual de GROCIO, según el cual es indispensable y suficiente el acuerdo de voluntades para transmitir la propiedad, con lo que el contrato se incorpora como una de las causas de adquisición del dominio.

Nuevamente se determina y configura al "contrato" de acuerdo a su natural función social de intercambio de bienes a través de un convenio recíproco de cambio. Luego siguieron CHRISTIAN TPIOMASIO y CHRISTIAN WOLFF, con lo cual se consolidó el ambiente jusnaturalista de la época, y dio paso a las primeras codificaciones signadas por la doctrina del Derecho natural: Baviera, Prusia, Austria y Francia. En tal sentido, pues, el principio consensualistico es adoptado, en su origen, por ver en él un triunfo de la voluntad, esto es, de la libertad del ser humano, y como un mecanismo simplificado y práctico.

Modernamente, empero, se viene desarrollando una corriente favorable (minoritaria) hacia el principio consensualistico, aunque sus fundamentos sean distintos a los antes señalados. Se dice que este principio expresa un mayor favor a la circulación de la riqueza y a la utilización de los recursos, combinando de esa manera los postulados del jusnaturalismo con los propios del liberalismo económico. En los sistemas que adoptan la teoría del título y el modo se protege fundamentalmente al propietario, pues éste no pierde el derecho sobre la cosa hasta el momento ulterior en que se produce la tradición, y si tenemos en cuenta que normalmente la tradición viene unida con el pago de precio, se advertirá que el sistema del "título y el modo" termina subordinando el efecto traslativo con la desposesión, y ello generalmente ocurre con el pago de la contraprestación. Por el contrario, el principio consensualista opera como elemento activador de la circulación de la riqueza, beneficiando directamente al comprador, quien se convierte en propietario de la cosa antes que se produzca la entrega o el pago del precio.

Basta advertir que el comprador puede carecer de dinero para pagar el precio, pero puede procurárselo con la reventa de la cosa (y si es a un precio superior, se asegura una ganancia); y téngase en cuenta también que el comprador de un bien inmueble, desde el mismo consentimiento ya se convierte en propietario y por ende, puede procurarse el dinero a través del sistema bancario mediante la concesión de una hipoteca. Esta operación sería imposible si la traslación de dominio se dilata hasta la entrega; En Italia, se comienza a hablar del principio de "máxima circulación de la riqueza", por cuanto es sabido que el ordenamiento jurídico alienta esta situación.

Entre el conjunto de reglas que tienen como objetivo facilitar la circulación de la riqueza pueden citarse aquéllas que prevén la conservación de los efectos del contrato, la tutela del tercero de buena fe, el disfavor hacia los vínculos perpetuos, los supuestos de adquisición a "non domino", así como el simple consentimiento para entender transferida la propiedad. Lo que se pretende es facilitar la libre y segura circulación de los bienes como mecanismo creador de riqueza.

3.3 DESVENTAJAS DEL PRINCIPIO CONSENSUALÍSTICO.-

Al margen de las ventajas teóricas del consensualismo, entre las que se cuentan la facilitación de los intercambios, la más rápida circulación de la riqueza y la protección al comprador; es también necesario señalar que todos los autores (incluso los que sostienen una posición favorable de ella) reconocen las limitaciones generadas por un sistema consensual a ultranza. Así pues, el consensualismo descarta la utilización de instrumentos publicitarios para dar a conocer las transferencias y, en general, para dar a conocer el estado jurídico de los inmuebles. Obviamente en esta situación, el potencial adquirente se encuentra en graves dificultades para determinar quién es el propietario de un bien, y cuáles son las cargas que le afectan. En un apretado resumen, podemos señalar que las desventajas del principio consensualistico son las siguientes:

a) No se puede determinar con seguridad quien es el propietario de un inmueble, ni las cargas que le afectan. Con respecto al primer problema (la propiedad), el potencial comprador puede recurrir al estudio de los títulos del vendedor (y de los precedentes), pero siempre existe la dificultad de la "prueba diabólica". Para ello se requiere comprobar la posesión del vendedor por el término de la usucapión, empero, es difícil verificar el estado posesorio por un largo período de tiempo, y aun cuando se utilicen presunciones, estas siempre admiten prueba en contrario. Con respecto al segundo problema (las cargas) este si es insoluble, ya que muchas cargas que afectan la propiedad territorial (por ejemplo: las hipotecas) no tienen exteriorización posesoria, y por ello, en estos casos, es imprescindible contar con algún sistema publicitario que se constituya en una excepción del principio consensualista.

b) Por otro lado, inclusive en el caso de que el vendedor exhiba títulos legítimos, es posible que este haya enajenado el inmueble con anterioridad, siendo que el nuevo comprador desconozca la existencia del contrato precedente. En un sistema consensualista estricto, sin publicidad alguna, se presenta el grave problema de la doble venta

c) Aun en el caso de que el vendedor exhiba títulos de propiedad legítimos y no se produzca una doble venta, es posible que alguna de las enajenaciones anteriores en la cadena de transmisiones sea anulada o resuelta, con la consiguiente inseguridad para el último adquirente.

d) Si las transmisiones operan con el solo consentimiento (sin publicidad), existe la posibilidad que algún tercero pretenda la reivindicación del inmueble, ya sea por tener mejor derecho de propiedad (haber adquirido del verdadero propietario) o por invocar a su favor la usucapión.

4. EL REGISTRO ATENÚA LAS DESVENTAJAS DEL PRINCIPIO CONSENSUALÍSTICO.-

4.1 INTRODUCCIÓN.-

Normalmente, se reconoce que la publicidad registral tiene como esencia hacer de conocimiento público las circunstancias o hechos relevantes respecto a la situación jurídica de los bienes inmuebles. Sin embargo, el ámbito de la publicidad registral puede ser muy variado. Así pues, mientras algunos países adoptan el sistema de la inscripción constitutiva (Alemania, Austria o Australia), muchos otros la rechazan, aun cuando admiten mecanismos más o menos perfeccionados para dar entrada al fenómeno publicitario.

La publicidad, en cualquiera de sus modalidades, sólo es útil en cuanto brinda información y confianza (certeza). Téngase en cuenta que antes de entablar cualquier relación jurídica, los ciudadanos requieren el máximo de certeza sobre los presupuestos de dichas relaciones (quién es el dueño, cuáles son las cargas, etc.). Para adquirir esa certidumbre, los particulares pueden emprender averiguaciones más o menos largas y costosas. En su reemplazo, el Estado organiza una publicidad que hace innecesaria una ulterior investigación, reduciendo la inseguridad y facilitando la circulación de la riqueza. Empero, de poco valdría esa organización estatal de la publicidad si los datos que ofrece no tienen garantía de autenticidad y no puede depositarse en ellos la plena confianza de los interesados.

Precisamente, esa "garantía" constituye el nervio del fenómeno publicitario, por cuanto es el grado de certeza que el sistema registral le brinda al ciudadano. Ese "grado de certeza" puede ser mayor o menor; y en el presente apartado estudiaremos un esquema que nos ayudará a entender la incidencia de la publicidad registral en el ámbito más general de la adquisición, transmisión y extinción de situaciones jurídicas.

4.2 LOS DOS PLANOS DE PROTECCIÓN REGISTRAL.-

En efecto, el Registro de la Propiedad se halla vinculado con la publicidad de las distintas titularidades jurídicas sobre los inmuebles. Por ello, la primera cuestión que debe examinarse es la vinculación que existe entre la inscripción en el Registro y el nacimiento de dichas titularidades jurídicas. Según el jurista italiano RENATO CORRADO, la publicidad puede ser "constitutiva", entendiéndose por tal a la que produce la mutación del derecho real como punto final del trayecto que se inicia con la celebración del negocio; por otro lado, la publicidad puede ser "declarativa", en cuanto el derecho real nace con prescindencia de la inscripción, pero ésta tiene el efecto de eliminar cualquier obstáculo que se produzca para la plena efectividad del derecho transmitido. Este es el primer plano de la publicidad registral, el cual hace referencia al papel que la inscripción desempeña en el mecanismo traslativo de la propiedad o de los derechos reales, y que -conforme se ha visto- ofrece dos modalidades cercanas: la inscripción constitutiva (de formulación rígida y sustantiva), consagrada por las legislaciones germánicas; mientras que la inscripción declarativa (de formulación menos rígida y de tono procesal) establece que el derecho real se adquiere extra-registro, pero ese derecho no goza de oponibilidad absoluta, ya que si un tercero logra inscribir su título, entonces el primer adquirente es privado del derecho.

En este sentido, la inscripción constitutiva se caracteriza por excluir la oponibilidad extrarregistral en términos absolutos. En estos sistemas, no existe un derecho real "extrarregistral" y sólo la inscripción produce la transmisión, constitución, modificación o extinción de los derechos reales. En cambio, la comúnmente denominada "inscripción declarativa" sí permite que los derechos reales nazcan previamente al Registro (por ejemplo: la transferencia de propiedad opera con el solo consentimiento), y aun en ese caso pueden ser oponibles frente a terceros. Sin embargo, la inscripción declarativa se hace necesaria para eliminar cualquier obstáculo que impida la efectividad plena de los elementos principales de la mutación jurídico-real.

Así pues, el primer problema que enfrenta el legislador es indicar el momento exacto en que acontece la transferencia de los derechos. Puede optarse por el consensualismo, por la tradición o por la inscripción (constitutiva). Sin embargo, el reconocimiento de la publicidad registral no se agota en la inscripción constitutiva ("principio de inscripción"), pudiendo el legislador optar por otras variantes, en la cual rija el "principio de publicidad" o de "inoponibilidad de lo no-inscrito". Por tanto, en el primer plano de protección registral Se puede optar por establecer a la inscripción como "modo" de adquisición de los derechos reales, o establecer la inscripción como "requisito de oponibilidad" frente al tercero, sin llegar a convertirse en modo adquisitivo.

Este primer plano de protección puede esquematizarse de la siguiente manera:

A ________ B (Primera Venta: no inscrita)

________ C (Segunda Venta: inscrita)

En el caso de la inscripción constitutiva, este esquema no presenta ningún problema. El primer comprador que no inscribió, jamás llega a ser propietario por falta del requisito legal de la inscripción. Ese primer comprador se quedó en el ámbito obligacional (es acreedor del dominio), pero nunca llegará al ámbito real, es decir, nunca será propietario. En cambio, el segundo comprador que sí inscribe, cumple íntegramente la ley de circulación de los bienes inmuebles y, en consecuencia, se convierte en propietario, sin importarle que haya existido, anterior a él mismo, un primer comprador.

Por otro lado, en el caso de la inscripción declarativa, el primer comprador llegará a ser propietario si es que cumple la ley de circulación de los bienes inmuebles (consentimiento o entrega). Sin embargo, como su adquisición NO ES OPONIBLE frente a todos; entonces, se encontrará en el peligro de que un tercero llegue a inscribir antes que él, y lo prive retroactivamente del dominio. Si ello ocurre, el segundo comprador -con inscripción- será el preferido y, en consecuencia, habrá adquirido la propiedad.

Nótese que el sistema de la inscripción declarativa es más flexible por permitir inmediatamente la transmisión de la propiedad al comprador (si se requiere la entrega, también es muy flexible por el reconocimiento de variadas fórmulas de traditio ficta), sin necesidad de requisitos o gastos, pero obviamente tiene una dosis de inseguridad. Esta es una clara muestra de que el primer plano de protección registral se reduce a regular un mismo problema práctico (¿cuándo se es propietario?), aunque con distintas soluciones.

La decisión que se tome al optar entre la "publicidad necesaria-constitutiva" o la "publicidad necesaria declarativa" es un asunto de política legislativa, en la que se encuentran involucrados aspectos de orden social, cultural y económico, no siendo suficiente ampararse en conceptos o dogmas jurídicos.

Una vez superado el primer problema del legislador, cabe plantear un segundo entuerto: ¿qué ocurre si el acto jurídico contenido en la inscripción es nulo? Parece existir consenso doctrinal en que dicha hipótesis puede convalidar la inscripción; sin embargo, el conflicto de intereses se presenta cuando el negocio nulo no afecta sólo a las partes contratantes, sino además pretende afectar a los terceros causahabientes del negocio viciado que confiaron en la información (inexacta) del Registro. La regla típica de protección en los sistemas germánicos es el principio de fe pública, en donde el inscribiente es protegido frente a las acciones reivindicatorias, anulatorias o revocatorias de la propiedad. En caso contrario, de descartarse la admisión del principio de fe pública, se dirá que dicho Registro NO cuenta con presunción de exactitud, por lo que la nulidad de un acto inscrito afectará a los sucesivos causahabientes, quienes no podrán confiar en la información contenida en el Registro al momento de su adquisición.

El esquema del segundo plano de protección registral (principio de fe pública) es el siguiente:

En los sistemas que admiten el principio de fe pública, "C" se encuentra protegido, ya que el vicio de nulidad del negocio antecedente no lo afecta. El tercero ("C") es tutelado por su confianza en el Registro, ya que éste se presume exacto. En cambio, en un sistema en el que no se reconociera la presunción de exactitud, "C" vería decaer su adquisición, pues de ser nulo el negocio entre "A-B", es nulo también el negocio subsecuente entre "B-C". En este caso, existe una lucha entre el "verus dominus" ("A") y el tercero confiado en el Registro ("C"). El primero, trata de hacer valer la realidad extrarregistral, en donde el negocio de transmisión es nulo, con el consiguiente arrastre de nulidad a los sucesivos causahabientes. El segundo, trata de hacer valer la realidad exclusivamente tabular o registral, teniéndola por exacta, a fui de obtener protección.

4.3 COMBINACIÓN DE SISTEMAS EN BASE A LOS DOS PLANOS DE PROTECCIÓN REGISTRAL.-

En resumen, puede decirse que los dos planos de protección registral constituyen dos problemas típicos del tráfico inmobiliario, los mismos que tienen carácter universal, pues ocurren en el Perú, en Argentina o en Alemania. Para cada uno de estos problemas se han ideado a su vez dos reglas (o soluciones) legales. A saber:

PROBLEMA REFERIDO A LA TRANSMISIÓN DEL DERECHO (PRIMER PLANO):

a) Primera regla legal: inscripción constitutiva o principio de la inscripción.

b) Segunda regla legal: inscripción declarativa o principio de la publicidad.

PROBLEMA REFERIDO A LA EXACTITUD DEL REGISTRO (SEGUNDO PLANO):

a) Primera regla legal: principio de fe pública.

b) Segunda regla legal: inexistencia del principio de fe pública.

La existencia de estos dos planos, claramente diferenciados, hace posible que en el Derecho comparado se presenten todas las combinaciones posibles, dependiendo de las opciones tomadas por el legislador en cada ordenamiento nacional.

La primera combinación se presenta en los ordenamientos que admiten el principio de la inscripción constitutiva y el de la fe pública. En este caso, nos encontramos ante sistemas que otorgan enérgica eficacia a la publicidad registral, pues la transmisión del derecho opera con la inscripción y, además, los terceros pueden ampararse en la exactitud del Registro, por lo que si éste brinda información inexacta (p. ej.: el negocio adquisitivo del transmitente es nulo), entonces el tercero no es afectado aunque el negocio antecedente devenga en nulo o ineficaz. Los países que acogen esta combinación otorgan una elevadísima seguridad jurídica al tráfico inmobiliario. Es el caso de Alemania, Austria y Australia.

La segunda combinación se presenta en los países que admiten el principio de la inscripción constitutiva, pero que descartan la presunción de exactitud. Realmente, se trata de casos extraños, ya que es difícil explicar porque se le da tanta importancia a la inscripción (elemento final en el iter transmisivo), pero al mismo tiempo no se le considera exacta. El caso típico de esta combinación es el Código Civil chileno, en donde se consagra un sistema romano de transmisión de la propiedad, consistente en el título (contrato) y el modo (tradición). La particularidad en los bienes inmuebles se halla en que la tradición sólo se entiende realizada con la inscripción en el Registro, convirtiéndola en constitutiva, aunque ésta no contiene ninguna otra garantía de exactitud o legalidad.

La tercera combinación se presenta en aquellos ordenamientos que admiten la inscripción declarativa y, también, el principio de fe pública. Por ello, la inscripción no produce la transmisión del derecho real, pero sí es un requisito de oponibilidad absoluta, de tal suerte que sólo el inscribiente puede desconocer los otros títulos no inscritos. Además, la nulidad del acto inscrito no afecta al tercero registral. Este sistema se presenta, entre otros países, en España y el Perú.

La cuarta combinación se presenta en aquellos ordenamientos en los cuales sólo se admite la inscripción declarativa, pero no existe principio de fe pública. Es decir, la inscripción es sólo un requisito de eficacia que entra a tallar en el caso de conflicto con un tercero registral; pero en el caso de que un título sea nulo, el tercero no podrá confiar en el Registro, y por ello verá como el título anterior, y el suyo propio, decaen y son dejados sin efecto. La escasa protección que genera este tipo de Registro lo hace técnicamente deficiente, siendo que los países que lo adoptaron inicialmente como Francia e Italia, han ido robusteciendo la protección registral mediante la introducción (atenuada) de algunos rasgos propios del principio de fe pública.

El sistema "puro" de simple inscripción declarativa, se puede hallar en algunos países latinoamericanos, como es el caso del Paraguay.

5. ¿CUÁL ES LA OBLIGACIÓN DEL VENDEDOR (O DE CUALQUIER OTRO ENAJENANTE) DENTRO DE UN SISTEMA CONSENSUALÍSTICO?

En el actual estado de la doctrina, puede decirse que la gran mayoría de los autores ha optado por considerar que la finalidad esencial del contrato de compraventa es la transferencia de la propiedad, abandonando de esta manera la concepción romana de la compraventa, por la cual ésta sólo transmitía la posesión conjuntamente con la prestación de una garantía (evicción) a favor del comprador para mantenerlo en el libre goce de la cosa hasta completar el plazo de la usucapión.

Si se acepta que la causa "fin lícito" es la función económico-individual que cumple el negocio jurídico o contrato, resulta evidente que la causa de la compraventa es el intercambio de una cosa por su precio en dinero (finalidad traslativa de dominio). Se trata, pues, de una función legalmente tipificada (art. 1529° C.C.), por cuanto tutela intereses razonables de la vida social. Hasta allí no existen dudas. Sin embargo, los problemas comienzan a surgir cuando se trata de desentrañar cuál es la obligación (o las obligaciones) del vendedor en un contrato de compraventa en tanto el legislador ha optado por acoger el principio consensualistico. Téngase en cuenta que la transmisión de la propiedad por el solo consentimiento produce normalmente una igualación cronológica entre el perfeccionamiento del negocio enajenativo y el efecto transmisivo. Por ello, en doctrina existe un importante debate respecto a la obligación que nacería del contrato de compraventa en los sistemas consensuales de transferencia de la propiedad (art. 949° C.C.).

La disputa se centra en dos corrientes bien definidas: Para la primera, el contrato de compraventa genera en el vendedor, entre otras, una obligación de transferir la propiedad a favor del comprador, por lo que se habla de una "obligación de enajenar" (venta consensual con eficacia obligacional). Para la segunda corriente, la transmisión del dominio opera por mandato exclusivo de la ley, ya que no es necesario ningún comportamiento del vendedor para cumplir su obligación, de lo cual se deduce que ésta no puede existir (venta consensual con eficacia real)

Para entrar al análisis de este complejo problema, es necesario tomar en consideración que el artículo 949° del Código Civil (norma matriz de la transferencia de propiedad inmobiliaria) sigue la tradición marcada por el Código de 1936 y antes por el Código de 1852, todos los cuales se han inspirado -en esta materia- en el Código Civil francés de 1804. De la norma francesa, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

a) En el Derecho francés no existe una "obligación de enajenar" distinta a la natural obligación de dar que surge en el contrato de compraventa. Tan es así que el artículo 1138 considera que la obligación de entregar la cosa se perfecciona con el consentimiento; es decir, la entrega se entiende consumada con el acuerdo de voluntades, sin necesidad de que se produzca la entrega física.

Por lo tanto, cualquier contrato de enajenación (por ejemplo: la compraventa) produce simplemente una obligación de dar (o entregar) una cosa en propiedad, no existiendo una independiente "obligación de enajenar".

b) Siguiendo la línea de pensamiento del Derecho francés, la obligación de entregar la cosa en propiedad se perfecciona automáticamente, de lo cual se deduce que el acuerdo de voluntades hace consumar la entrega a través de un mecanismo de tradición espiritualizada que ya se venía dando antes de la codificación, en tanto las escrituras notariales consideraban siempre como una cláusula de estilo la entrada en posesión del adquirente y la pérdida de la posesión por parte del transmitente, en virtud a la sola voluntad declarada en el contrato, y sin necesidad de que hubiese operado la entrega real. Pues bien, el Código francés intentó sincerar esta situación y estableció que el solo acuerdo de voluntades constituía, por sí mismo, una tradición fingida de la cosa y en consecuencia, desde ese mismo acuerdo de voluntades se producía la transferencia de propiedad inmobiliaria. Sea cual fuere el estado de la cuestión, es evidente que no puede aplicarse en el Derecho peruano la tradición espiritualizada que pretendió imponer el legislador francés de 1804. La razón es muy simple: el Derecho peruano NO TIENE una norma análoga al primer párrafo del artículo 1138 del Código Napoleónico. Recuérdese que el párrafo citado de esta norma establece que "la obligación de entregar se entiende perfeccionada con el con sentimiento". En este punto debe existir un claro deslinde con el Derecho francés.

Luego de este breve "excursus" histórico, puede concluirse que el Derecho francés NO estableció una "obligación de enajenar". El contrato de compraventa simplemente produce una obligación de entregar la cosa vendida, entendiéndose que el solo consentimiento ocasiona una tradición espiritualizada, que conlleva la transferencia automática de la propiedad.

Por otro lado, la doctrina italiana se alejo desde un primer momento de los presupuestos construidos por el legislador y la doctrina francesa, aunque ambas han compartido y comparten el principio consensualistico de transmisión de la propiedad. Así pues, los autores italianos no solamente rechazan la idea de una "obligación de enajenar" como punto intermedio entre el contrato y la transmisión de propiedad, sino además consideran viable la existencia de una "tradición espiritualizada" como ficción para mantener vigente el sistema romano justinianeo de transferencia de la propiedad (titulo y modo)

Una vez negada la existencia de la "obligación de enajenar", queda todavía sin responder cual es la obligación del vendedor surgida en el contrato de compraventa, o en general, en cualquier contrato de enajenación, de no existir una obligación de transmitir el dominio ("obligación de enajenación"), entones podría concluirse que en la compraventa, el vendedor no tiene esta obligación, sino solo la de entrega. Sin embargo, la cuestión parece haber sido tratada desde un punto de vista excesivamente teórico, y sin vincular el tema con el resto del ordenamiento y con la finalidad económica del instituto jurídico.

Así pues, desde un punto de vista teleológico debe tenerse en cuenta que la naturaleza de los actos de enajenación, entre ellos la compraventa, es producir la transferencia de bienes y, en consecuencia, la finalidad buscada es que el adquirente devenga en poseedor del bien, conjuntamente con el título que lo habilite como propietario.

La finalidad traslativa de los actos de enajenación sólo se entiende cumplida cuando el adquirente recibe el bien como propietario. Por tanto, la entrega física del bien y el título de propietario son las dos caras de una misma moneda, ambas vienen indisolublemente unidas, por cuanto la posesión es la REALIDAD CONCRETA DEL DERECHO DE PROPIEDAD. El que tuviese alguna duda sobre la veracidad de esta afirmación, deberá contestar antes la siguiente pregunta: ¿Vale para algo ser propietario de un bien sobre el cuál no se puede ejercer ningún acto de goce o disfrute? O incluso podemos plantear el tema como una cuestión filosófica de preponderancia entre la posesión o el título de propietario: ¿Que es preferible, ser poseedor sin título de propiedad, o tener el título sin poder ejercer ningún acto posesorio? Filosóficamente, pues, la posesión es la realidad misma del derecho de propiedad. La dogmática jurídica así lo reconoce.

Por ejemplo, el profesor italiano MARCO COMPORTI señala que el interés fundamental protegido por cualquier derecho real es el aprovechamiento de la cosa, esto es, contar con la posesión. La más autorizada doctrina italiana viene sosteniendo que la posesión es el fin de la propiedad, pues aun el legislador más inexperto no podrá negarle en modo permanente la posesión del bien al propietario. La ventaja que las cosas o los bienes proporcionan al hombre (interés protegido en el derecho real) no puede prescindir de la posesión; y en cambio, sí pueden prescindir de un título formal. En una visión teleológica de las cosas, es evidente que el "fin" trasciende al "medio", es decir, el "fin" es más importante que el "medio", es su "principio" lógico. En tal sentido, si la propiedad es un instrumento para realizar el legítimo poder de la persona sobre los bienes, entonces este recíproco poder, llamado posesión, es la finalidad del derecho de propiedad. Por ello, la posesión tiene aquella importancia central, que no se puede reconocer a la propiedad.

Siguiendo este punto de vista ideológico, la entrega posesoria no puede encontrarse en un nivel de accesoriedad frente a la transmisión de la propiedad, por lo que resulta preferible entender que la obligación esencial del vendedor es una sola: "procurar la entrega del bien (dar) en propiedad". Es decir, la finalidad económica perseguida con el contrato de compraventa es compleja, pues no se agota en el traspaso del poder táctico sobre la cosa al comprador, sino además se requiere que esa entrega se halle insuflada con la transmisión de la propiedad. Si la propiedad es el instrumento para realizar el legítimo poder táctico sobre las cosas, entonces en la compraventa no sólo se requiere transmitir el dominio como obligación fundamental, sino además realizar la entrega. La situación es al revés: la propiedad es el INSTRUMENTO para el goce legítimo de las cosas, mientras el goce (posesión) es la FINALIDAD. Si respetamos la teleología de las figuras jurídicas, la obligación principal del vendedor es procurar la entrega del bien (dar) en propiedad.

Esta peculiar conformación de la obligación del vendedor, se nota claramente en la responsabilidad que surge cuando se produce la evicción del derecho transmitido. En frase feliz del romanista francés GIRARD, la garantía por evicción es como una prolongación de la obligación de entregar la cosa: así, como el vendedor debe hacer la entrega, así también debe el vendedor responder en el caso que sucesivamente a la entrega un tercero reivindique victoriosamente la cosa contra el comprador. Si la obligación del vendedor se partiera en dos: una de consumar la transferencia de propiedad y otra la de entrega; entonces, la tradición implicaría el pago de una de las obligaciones (la de entrega), y cualquier privación posterior no afectaría un cumplimiento (parcial) ya realizado. Como es ilógico suponer que la evicción del derecho transmitido constituya un simple "incumplimiento parcial" es de suponer que estamos en presencia de una obligación del vendedor de carácter compleja (dar el bien en propiedad), en la que ésta se prolonga aun con la cosa entregada y, por ello, el comprador es garantizado contra la privación que sufra por parte de un tercero del derecho transmitido. BERCOVITZ ALVAREZ señala que la regulación de la evicción permite deducir que el vendedor está obligado a "algo más" que a entregar la cosa.

La complejidad de la obligación del vendedor implica que no basta la entrega material, es necesario además consumar la transmisión en una obligación de carácter compleja. La obligación de entrega del vendedor se prolonga con la garantía por evicción; y ello se justifica si entendemos que dicha obligación está insuflada (O integrada) con la transmisión de la propiedad del bien enajenado.

Por tal razón, la entrega que haga un "non-domino" carece de los efectos del pago, ni siquiera parcial, ya que el enajenante no tiene la libre disposición de la cosa. La simple entrega sin transmisión de la propiedad no cumple la obligación esencial del vendedor, lo cual implica que sólo la consumación de ambas cuestiones PRODUCEN EL PAGO. En tal sentido, el artículo 1223° de nuestro Código Civil calza perfectamente con esta concepción: "Es válido el pago de quien se encuentra en aptitud legal de efectuarlo...." En caso contrario, es decir, cuando el deudor no se encuentre en aptitud legal de disponer de la cosa debida, no realiza un pago válido, por más que haya entrega.

Dentro de este contexto, se puede hablar, también del "acreedor del dominio", como aquel que tiene derecho a recibir un bien en condiciones de hacerlo propio. Se trata, pues, de quien aún no es propietario pero tiene un derecho de crédito de cuya satisfacción resultará la adquisición de la propiedad de un bien.

En un sistema que acoja la teoría del título y el modo, no cabe dudas de que existe la figura del "acreedor del dominio" entendido como el contratante que tiene derecho a que se le entregue el bien en propiedad, aunque no se haya producido o consumado el "modo de adquisición" establecido legalmente, sea la tradición o la inscripción. En estos casos, sólo existirá el "título", esto es, el acto jurídico con la virtualidad intrínseca de transmitir la propiedad, como es el caso de la compraventa, la permuta, la dación en pago, la renta vitalicia, la transacción (cuando fuera el caso), la sociedad, el mandato sin representación (en cuanto a la obligación del mandatario de retransmitir al mandante lo adquirido en cumplimiento del contrato de mandato), la donación, etc. Sin embargo, y siguiendo la exposición de CLEMENTE MEORO, la figura del acreedor del dominio no es exclusiva de los ordenamientos que siguen el sistema del título y el modo. También en aquellos que reconocen la virtualidad transmisiva del solo consentimiento puede hablarse de "acreedor de dominio", sobre la base de los contratos con efecto obligatorio, y a los que ya hemos hecho referencia.

Asimismo, CLEMENTE MEORO opina que la figura del "acreedor del dominio" no solamente se presenta en las ventas obligatorias, sino además, en las ventas inmediatamente traslativas regidas por el principio consensualistico, lo cual, según este autor, se pone de manifiesto cuando la transmisión no se produce por cualquier causa: "Puesto que la obligación de transmitir la propiedad existe, cabe su incumplimiento y también el ejercicio de las acciones contractuales correspondientes, entre las que están la de cumplimiento, la de resolución y la de indemnización de daños y perjuicios". Esta opinión puede compartirse siempre que se entienda a la obligación del vendedor como compleja: "dar el bien en propiedad". Lo que no resulta admisible es diseccionar una prestación unitaria, asumida y querida por las partes, de acuerdo al programa contractual propio de los negocios de atribución, y exhibir dos prestaciones separadas que independientemente no producen satisfacción en el interés del acreedor.

6. CONTRADICCIONES LEGALES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD INMUEBLE.-

  En el Derecho romano se organizaron modos especiales de transmisión de la propiedad: la emancipatio y la in iure cessio, los mismos que con Justiniano fueron reemplazados por la traditio. Los contratos no transmitían la propiedad, el comprador en la compra – venta era únicamente acreedor del vendedor, para transferir la propiedad debía emanciparla o hacer la tradición de ella.

  Nuestro sistema acoge la doctrina francesa. La obligación de entregar una cosa se perfecciona por el solo consentimiento de las partes contratantes, el consentimiento perfecciona la obligación de entregar la cosa, no hay necesidad de la tradición real, para que el acreedor sea considerado como propietario. El Código Civil francés establece que la sola obligación de entregar hace al acreedor propietario.

  En efecto, el artículo 949° de nuestro código civil establece que "la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario". Se adopta el título como medio de transmisión de la propiedad, en cuanto al modo: la tradición se reserva para los bienes muebles y la inscripción continúa como facultativa, no constitutiva ni menos legitimadora o convalidatoria.

  No obstante el sistema adoptado por nuestro Código civil, la promesa de entrega a varios acreedores es posible y al respecto el artículo 1135° de nuestro Código regula que "cuando el bien es inmueble y concurran diversos acreedores a quienes el mismo deudor se ha obligado a entregarlo se prefiere al acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito o, en defecto de inscripción, al acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Se prefiere en este último caso, el título que conste de documento de fecha cierta más antigua".

  La contradicción que puede apreciarse de las normas contenidas en los artículos 949° y 1135° del Código Civil hace que se hable de "propiedades relativas". Así, el propietario que vende un bien y que luego de un lapso realiza otra transferencia de propiedad del mismo bien a otro que sí lo inscribe; la regla del concurso de acreedores resuelve en favor de éste último; mas, siguiendo la propuesta de la doctrina del solo consenso que adopta nuestro Código: si la propiedad fue transferida en la primera oportunidad, que derecho puede considerarse transferido en la segunda y posteriores si ya el propietario es el primer adquiriente, la respuesta es ninguno; no obstante, la inscripción es quien convierte al segundo adquiriente en propietario. Así está regulada hoy, no existe el título y modo en la transmisión de la propiedad, se exige únicamente el título: acto, contrato, consuno, declaración de voluntad, acuerdo de voluntades. El modo, la inscripción, es sólo facultativa y funciona como elemento de seguridad.

7. EL SISTEMA GENERAL DE TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD Y SU COORDINACIÓN CON LA INSCRIPCIÓN.-

7.1 EL CONFLICTO DE INTERESES.-

En nuestra legislación se ha venido sosteniendo que el solo consentimiento transmite una propiedad absoluta, tal y conforme lo establece la terminante disposición del articulo 949° del Código Civil. Siendo ello así, podría pensarse apresuradamente que la inscripción del acto traslativo no modifica en nada el sistema general de transferencia de los derechos reales. Sin embargo, existen algunas hipótesis en las cuales el principio consensualistico tambalea y, en buena cuentan es dejado de lado en beneficio de la inscripción. El caso mas conocido de esta confrontación entre "consentimiento" e "inscripción" se produce en el articulo 1135° del Código Civil, conocido entre nosotros como el problema de la "concurrencia de acreedores", y que en la doctrina se le conoce preferentemente como el nombre de "doble venta".

Sobre esta ultima figura RUBIO GARRIDO dice que su verdadero supuesto de hecho es "aquel configurado por dos o mas contratos de compraventa, validos y aun eficaces, cuyos cumplimientos en forma especifica son de todo punto incompatibles, y celebrados, sobre la misma cosa o derecho, por el mismo vendedor que, por lo menos en relación con uno de ellos, era el titular de aquella cosa o derecho doblemente vendido, con independencia de que alguno de los compradores haya o no recibido la entrega, real o ficta". En forma mas genérica –y aplicable a nuestro articulo 1135°- se puede decir que se trata del conflicto entre dos o mas títulos adquisitivos validos otorgados por la misma persona y sobre el mismo bien inmueble, siendo que dicha pugna de intereses debe ser zanjada claramente por la ley, en tanto, no es posible admitir que un solo bien pueda ser entregado a distintas personas que arguyen títulos incompatibles sobre el.

De acuerdo al principio consensualistico, el vendedor que celebra el primer contrato de compraventa, en ese mismo instante transfiere la propiedad al comprador (articulo 949°) Pues bien, si ese mismo vendedor celebra una segunda venta con un comprador distinto, la solución emanada del principio consensualistico indicaría que el primer comprador ya es propietario y, en consecuencia, el vendedor quedo despojado de todo poder dispositivo sobre el bien inmueble, deduciéndose que este segundo comprador no adquirió nada, en atención a que el vendedor ya no era el propietario.

Siguiendo el ejemplo antes citado, si el vendedor celebra un contrato de compraventa con un primer comprador que no inscribe, lo que no parece relevante ya que este igualmente es propietario a tenor del articulo 949° del Código, y luego con un segundo comprador que si inscribe su adquisición, resulta que este ultimo será el preferido. ¿No constituye esto una infracción al principio consensual? Pues, evidentemente la respuesta es positiva, en tanto, el primer comprador ya era propietario y el vendedor dejo de serlo. En consecuencia, el segundo comprador nada debió adquirir por que el vendedor ya no era dueño. Sin embargo, resulta que si adquiere, y se prefiere al primer inscribiente (principio de la inscripción) frente al primer contratante (principio de consentimiento).

Se trata de una clara excepción del artículo 949° del Código Civil en donde triunfa el principio de la inscripción (que excepcionalmente tiene carácter constitutivo), aunque ello no pueda ser explicado satisfactoriamente por la doctrina francesa referida a que existen dos propiedades, una relativa entre las partes y otra absoluta frente a todos los terceros, ya que en ese caso el "propietario relativo" no podría siquiera desalojar a un precario o exhibir su titulo ante la administración, conforme se demostró en el apartado anterior.

En realidad, la solución legal, favorable a la inscripción, se explica solo como una preferencia exclusiva a favor del tercero que se constituye como primer inscribiente y no frente a "cualquier tercero". El derecho tiene que solucionar conflictos vitales y, en este caso, no pueden existir dos propietarios con derechos incompatibles sobre el mismo bien inmueble. Solo en esa hipótesis excepcional funciona el artículo 1135°, esto es, a favor de un tercero concreto y no frente a una generalidad de personas o "terceros indeterminados". Se trata, por lo tanto, de solucionar un problema de incertidumbre social respecto al adquirente de un bien, razón por la cual el legislador se limita a dar una respuesta a un problema patológico representado por el conflicto de dos títulos que, en buena cuenta, es el conflicto de dos seres humanos, de dos dramas que buscan una respuesta a su incertidumbre. Deben rechazarse los conceptos excesivamente teóricos que se vierten sobre este tema, ya que el problema no se presenta entre el adquirente y los "terceros indeterminados", a quienes el acto no les interesa en lo más mínimo; se trata en cambio, de un problema concreto entre dos personas con intereses contrapuestos, y a quienes es necesario atender con alguna solución.

7.2 LA HIPÓTESIS DE LA FALTA DE TITULARIDAD DEL TRANSMITENTE.-

En el apartado anterior hemos visto el problema derivado de la colisión de títulos otorgados por el mismo causante, en cuyo caso la ley confiere preferencia a favor del titulo primeramente inscrito, con lo cual la inscripción tiene el carácter de "necesaria", por cuanto asegura el derecho (evita su decadencia y protege al titular inscrito). El registro inmuniza frente a actos y contratos sujetos a registracion y no inscritos, los cuales no perjudican al tercero que inscribe. Sin embargo, en este sistema de "inoponobilidad" pura, esta excluido la protección del adquirente registral frente a acciones reivindicatorias, de nulidad y de resolución. La seguridad del dominio sigue manteniéndose únicamente en la usucapión. Sin embargo, existen registros que avanzan mas allá de una mera preferencia en la colisión de títulos, en tanto, garantizan, además, la titularidad del transmitente, aun cuando este no fuese realmente propietario del bien inmueble.

Por ejemplo, supongamos que A, titular inscrito, vende a B, que a su vez inscribe. Si B vende a su vez a C, y este también inscribe, la eventual nulidad de la venta A-B, aunque se declare judicialmente no producirá el efecto de privar a C de la finca si la causa de nulidad no se desprendía o constaba en el registro mismo. Otro ejemplo sencillo: A vende a B una finca, estableciéndose como condición resolutoria que si B no edifica en ella en el plazo de 5 años, quedara resuelto el contrato y volverá la finca a poder de A (lo cual también implica que A devuelva el precio a B). Este pacto figuro en el documento privado de venta pero no se incorporo, por acuerdo de las partes, a la correspondiente escritura, a pesar que A y B quisieron mantener su vigencia. Dado que en el registro se inscribe la escritura, el pacto resolutorio quedo oculto. Si en estas circunstancias B vende la finca a C, este no se vera afectado por una eventual resolución del contrato de compraventa entre A y B, ya que el registro no permitió conocer la existencia de dicha condición, en general, estos conflictos se resuelven, teniendo en cuenta, la confianza en el contenido del registro, reputándolo como una verdad oficial, de tal suerte que nadie podría verse privado del derecho adquirido aunque luego se compruebe que el titulo, valido en un principio, quede mas tarde sin efecto. El derecho peruano contempla expresamente esta figura en el artículo 2014° del Código Civil y en el artículo VII del Titulo Preliminar del Reglamento General de Registros Públicos.

8. EL PRINCIPIO DE OPONOBILIDAD.-

En términos generales Capitant considera que la oponobilidad es la calidad del derecho o defensa que su titular puede hacer valer contra terceros. Cabanellas expresa que la oponobilidad es un tecnicismo de indudable utilidad que emplean los juristas franceses para referirse a la índole de un acto jurídico cuya eficacia se revela mas allá de las partes, obligados a la abstención que lo respeta en unos casos, como ocurre respecto de los derechos reales. Por ello la oponobilidad se fundamenta en lo consumado y en lo público.

Específicamente este principio hace alusión a que lo inscrito es oponible a lo no inscrito; teniendo su sustento en que lo inscrito; teniendo su sustento en que lo inscrito tiene carácter de publico, produciendo cognocibilidad general, que surge cuando se confrontan derechos originados extra registralmente, se encuentra en aquellos sistemas en los que la inscripción registral tiene carácter declarativo, por lo que es indispensable reglas referentes a la preferencia y oponobilidad de derechos cuando sean incompatibles entre ellos; determinándose cual tiene derecho preferente, oponiéndose a los demás. En nuestro caso, lo señalado se ha tangibilizado en los artículos 2022 y 1135 del Código Civil; existiendo algunos tratamientos específicos como el relativo a la concurrencia de acreedores.

8.1 CONFLICTO ENTRE DERECHOS QUE GENERAN OBLIGACIÓN DE DAR: CONCURRENCIA DE ACREEDORES.-

El articulo 1135 del Código Civil expresa que cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores a quienes el mismo deudor se ha obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor de buena fe cuyo titulo ha sido primeramente inscrito, o en defecto de inscripción, al acreedor con titulo de fecha anterior. En este último supuesto se prefiere el titulo que conste de documento de fecha cierta más antigua.

Este articulo determina la prelación en el caso de concurrencia de acreedores respecto a un idéntico inmueble, teniendo uno de sus sustentos en el principio de oponobilidad; es decir, establece el orden de preferencia respecto a quien debe entregarse un inmueble cuando se confrontan derechos reales, como sucede en el caso de la concurrencia de adquirentes, donde una misma persona vendió o transfirió a varias personas el mismo inmueble.

Igualmente pretende solucionar el conflicto generado entre un derecho personal inscribible que origina una obligación de dar y un derecho real que ocasiona la igual obligación; como por ejemplo la confrontación entre un arrendamiento (derecho personal inscribible) y un derecho de propiedad (derecho real).

En síntesis, el ámbito de aplicación del artículo 1135 del Código Civil esta relacionado a la concurrencia de acreedores respecto de las obligaciones de dar; en los que por cualquier fuente de las obligaciones una persona se halla obligada de entregar un bien al tener la calidad de deudor, a distintos acreedores, tengan o no títulos similares, aun cuando los derechos sobre el bien sean distintos. Lo importante radica en que los acreedores, pese a que tienen títulos de diferente naturaleza, deben tener derecho a que el deudor les entregue el bien, aunque no necesariamente en propiedad.

8.1.1 FINALIDAD.-

La finalidad del artículo 1135 del Código Civil, en sentido amplio, se refiere a establecer a quien se va a entregar el inmueble, siendo que dicha persona ejercerá sobre éste los derechos que corresponde al propietario. Su finalidad no radica en determinar reglas a cerca de la transferencia de la propiedad, aunque se encuentra directamente vinculado, por lo que en este caso debe relacionarse con el artículo 949 del Código Civil. Como ya expresamos, los conceptos indicados resultan igualmente aplicables en los casos de concurrencia de acreedores que comprenden derechos reales distintos al de propiedad, como son los derechos de habitación, usufructo, uso, superficie, servidumbres, posesión, o cuando se trate de otro título de distinta naturaleza que signifique obligación de dar un bien a más de un acreedor.

"La norma de la concurrencia de acreedores sobre un mismo bien inmueble, se refiere a la prelación que tienen los acreedores a quienes un mismo deudor se obligó a entregarlo, que podría ser el caso de varias ventas de un mismo bien a favor de distintas personas u otros contratos que generen la obligación de entregar un inmueble, como los derechos reales de usufructo, habitación, superficie o anticresis".

(Casación Nro. 672-97-Lima. publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 15 de octubre de 1998. Pg. 1930).

Es conveniente resaltar la importancia que asume en este problema las normas regístrales, por cuanto la inscripción de las transferencias inmobiliarias en nuestro país es de carácter declarativa mas no constitutiva de derechos, siendo un elemento importante a tener en cuenta; debiendo ser relacionadas con los artículos 1135 y 949 del Código Civil, lo que puede generar ciertos inconvenientes en cuanto a la transmisión de la propiedad.

Al examinar el artículo 1135 se aprecia que la prelación determinada establece un orden de importancia que se confiere a los medios de preferencia: hallándose en primer orden a la inscripción registral. Observándose también que se ha considerado la prioridad en el tiempo como la regla a seguir siendo que la fecha cierta prima sobre la debitable. Es importante considerar; que para el ejercicio y goce de un derecho en forma excluyente se requiere que los demás puedan acceder a la información necesaria que les permita conocer a quien pertenece ese derecho, siendo oponible erga omnes; lo que permitirá identificar de quien podrán adquirir tal derecho. Es decir, se requiere de signos de recognoscibilidad que generen información respecto a la titularidad de los derechos y la consecuente oponibilidad: sin cuya presencia no existirían los medios de acceder a tal información, perjudicando la seguridad en la adquisición de derechos. La función de los signos de reconoscibilidad es el de crear el medio adecuado para publicitar objetivamente los derechos en un clima de seguridad jurídica, que posibiliten transacciones eficientes.

Se considera como signos de recognoscibilidad de derechos a la posesión a la inscripción registral, apreciándose que la información brindada por la posesión presenta inconvenientes como en los casos de los poseedores ilegítimos que manifiestan ser propietarios; sin embargo se destaca su importancia como medio de información respecto a la titularidad de derechos por cuanto usualmente el poseedor es reputado propietario, mientras no se le pruebe lo contrario (Art. 912 del Código Civil); pero no genera confianza plena. En cuanto al registro, se suele afirmar que es el mejor signo de recognoscibilidad al brindar información que genera efectos jurídicos, aún cuando aquella no concuerde con la realidad extrarregistral, siendo protegido por el ordenamiento, al considerarse que "el contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez" (Art. 2013 del Código Civil; principio de legitimación).

8.1.2 ORDEN DE PRELACIÓN.-

Los supuestos de preferencia considerados en el artículo 1135 cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores a quienes el mismo deudor se ha obligado a entregarlo, son los siguientes: En primer lugar se prefiere al acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito; en segundo lugar, por defecto de inscripción, al acreedor cuyo título sea de fecha cierta más antigua; y, en tercer lugar al acreedor cuyo título sea de fecha anterior.

En todos los casos mencionados se requiere necesariamente la existencia de buena fe; al respecto Jorge Avendaño Valdez considera que "... allí hay una pregunta adicional: ¿qué clase de buena fe es la que se requiere? ¿Es una buena fe registral o es una buena fe civil? ¿Qué debemos entender por buena fe registral? Es la que resulta de creer en lo que dice el asiento registral. ¿Es esto suficiente, creer en lo que la inscripción dice, en lo que el Registro publicita, o es necesario tener una buena fe civil. Es decir una ignorancia real y absoluta de que ha habido, una transferencia anterior?. Yo, personalmente, interpreto que la ley exige la buena fe registral, pero nuestros tribunales, en mi opinión en forma equivocada, han interpretado reiteradamente que lo que requiere el artículo 1135 del Código es la buena fe civil. De manera que aun cuando el asiento no permitiese entender que ha habido invalidez del título o una transferencia anterior, esa ausencia de referencia en el asiento, no seria suficiente para configurar la buena fe en el comprador, sino que además sería necesario que tuviera una ignorancia total del vicio existente o de la primera transferencia".

En términos generales la buena fe es concebida como una conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado. Cossío considera como finalidad del principio de la buena fe que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador, ni establecido por la costumbre o por el contrato; principios que están implícitos o deben estarlo en el ordenamiento positivo, que tienen carácter general, pero que exigen una solución distinta en cada caso concreto.

En tanto que la buena fe registral a que se refiere el artículo 2014 del Código Civil es aquella que se traduce en el desconocimiento de la inexactitud del registro; siendo que el adquiriente de un derecho inscrito actúa de buena fe si desconoce la inexactitud registral, por cuanto no conoce objetivamente de las causales de invalidez o ineficacia que afectaban al derecho transmitido de acuerdo a lo que aparece en el registro. Si a lo señalado agregamos el desconocimiento subjetivo, estaríamos frente a la buena fe civil.

Respecto a la titularidad de la buena fe, del Art. 2014 se desprende que corresponde al adquiriente, del derecho, debiendo estar presente la buena fe al momento en que se celebra el acto jurídico por el que se adquiere tal derecho, lo que determina la duración de ésta; mas no puede extenderse al momento de la inscripción registral dado el sistema que hemos adoptado en cuanto a la transmisión de bienes inmuebles; ya que la inscripción puede o no realizarse al ser facultativa. Pero para acogerse al principio de la buena fe pública registral. Necesariamente debe inscribir su derecho, por cuanto a partir de allí será tercero registral.

En cuanto a la fe pública registral ¿será suficiente con examinar los asientos regístrales? Al efecto tenemos la siguiente casación: "... a fin de asegurar la buena fe registral no sólo es necesario leer el resumen del asiento registral. sino tomar conocimiento del título archivado que le dio origen, más aún cuando el articulo ciento ochenta y ocho del Reglamento dispone que para conseguir la manifestación de los libros y demás documentos no se requiere tener interés directo o indirecto en la inscripción o documentos, ni expresar el motivo o causa por las cuales se solicitan.,.". (Casación Nro. 1104-02 La Libertad, Tercería de Propiedad, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 03-02-2003: Pgs. 9990-9991).

No estamos de acuerdo con lo expresado en dicha casación por cuanto ello ocasiona una mayor inseguridad jurídica, al no bastar con examinar todos los asientos regístrales vinculados con el acto o derecho que pretendemos adquirir; sino que, además debemos indagar en todos los títulos archivados que en una u otra forma "dicen algo" sobre el inmueble respecto al cual pretendemos algún derecho, lo que resulta prácticamente imposible, prestándose a una serie de situaciones que debiliten la seguridad y el tráfico económico. La mencionada casación ha dejado de lado lo señalado en el artículo octavo del Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución Nro. 195-2001-SLJ-NARP-SN), y que expresamente pretendía resolver problemas suscitados por resoluciones como la recaída en la indicada casación y que afectan la seguridad jurídica que brinda el Registro.

Situación distinta es la de la pluralidad de propietarios y la concurrencia de acreedores; supuestos a los que no resulta aplicable el artículo 1135 del Código Civil. Así, en el primer caso existe conflicto entre dos títulos de propiedad sobre un mismo inmueble, presentándose una pluralidad de propietarios, al ser personas distintas los transfirientes. En tanto que el caso específico de concurrencia de arrendatarios se encuentra regulado por el artículo 1670 del Código Civil, aplicable cuando todos los concurrentes tienen la calidad de "arrendatarios"; pero, de encontramos en una situación en la que no todos sean arrendatarios se aplicaría necesariamente el artículo 1135 del Código Civil, mas no el artículo 1670 del Código sustantivo.

A) ACREEDOR DE BUENA FE CUYO TÍTULO HA SIDO PRIMERAMENTE INSCRITO.-

De acuerdo al artículo 1135 quien tiene primer lugar en la prelación para que el obligado le haga entrega del inmueble es él acreedor de buena fe cuyo título fue primeramente inscrito. Nuevamente reiteramos que la inscripción registral, si bien no es obligatoria, sino facultativa, nos brinda una mayor seguridad jurídica que se traduce en un beneficio de primera preferencia para la entrega del inmueble; en este caso, el título inscrito es privilegiado frente a los documentos de fecha cierta y los documentos privados que carecen de ella; aún cuando el título inscrito sea de fecha posterior.

B) ACREEDOR DE BUENA FE CUYO TÍTULO SEA DE FECHA CIERTA MÁS ANTIGUA; EN DEFECTO DE INSCRIPCIÓN.-

En el artículo 1135 se hace referencia al título que conste de documento de fecha cierta más antigua, en caso de inmuebles no inscritos por alguno de los acreedores, existiendo diversos títulos para la transferencia del bien. El Código Civil no brinda un concepto de "documento de fecha cierta", sin embargo, ante tal ausencia podrían considerarse los artículos 248 y 235 del Código Procesal Civil.

El artículo 245 expresa que un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde: a) La muerte del otorgante; b) La presentación del documento ante funcionario público; c) La presentación del documento ante notario público, para que certifique o legalice las firmas; d) La difusión a través de un medio público de fecha determinada o determinable; e) Otros análogos. En su último párrafo señala que en forma excepcional, el Juez puede considerar como fecha cierta la que haya sido determinada por medios técnicos que le produzcan convicción.

En tanto que el artículo 235 considera como documento público: a) El otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; y, b) La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público, según la ley de la materia.

En cuanto a la validez de los títulos de propiedad que no se hubieran inscrito en el Registro por diversas causales, debe tenerse en cuenta la Casación Nro. 810-97-Piura: "Los títulos de propiedad aún no registrados en los Registros Públicos tienen valor frente a terceros en general: cosa distinta es que el tercero tenga derecho inscrito que se oponga al efecto jurídico de esos títulos (Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 23-11-1998. Pg. 2081).

C) ACREEDOR DE BUENA FE CUYO TÍTULO SEA DE FECHA ANTERIOR.-

Cuando no exista acreedor de buena fe que haya inscrito primeramente el título o que tenga documento de fecha cierta más antigua; recién se procederá a considerar al acreedor de buena fe cuyo título sea de fecha anterior o más antigua.

CONCLUSIONES:

La especial complejidad de este tema aconseja terminarlo con un resumen de las notas distintivas correspondientes a nuestro sistema de transferencia de propiedad en bienes inmuebles:

  1. Nuestro sistema de transferencia de propiedad inmueble adopta el principio consensualistico, propio de los sistemas jurídicos francés e italiano. Sin embargo, este principio se halla modalizado o corregido por la introducción del registro y los efectos de la inscripción, así la transferencia de propiedad (o de cualquier otro derecho real) opera en virtud de un contrato traslativo, por lo que se trata de un sistema causalista, en donde no es necesario un "modo" específico de adquisición.
  2. Un adecuado sistema de transferencia de propiedad inmueble, debe hacer coincidir la transferencia de la propiedad con la consumación de la obligación de dar en propiedad, esto es, con la tradición; o también puede preferir un momento anterior a la tradición (el solo, acuerdo de voluntades) o un momento distinto a cualquiera de los dos anteriores (la inscripción). Si se optara por establecer que la propiedad se transfiera antes de la tradición (principio consensual), el comprador ya es propietario, y el vendedor sólo se encuentra obligado a entregar la cosa. En cambio, si se optara por establecer que la propiedad se transfiera después, o con independencia, de la tradición (principio de inscripción constitutiva), el comprador no es propietario aunque ya exista tradición, sin embargo, consideramos que de esta ultima manera se otorgara eficacia a la publicidad registral y protección contra terceros logrando de esta manera una mayor seguridad jurídica al trafico inmobiliario.

 

Brandon M. Olivera Lovón


Partes: 1, 2


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