Acción de nulidad simple frente a los actos administrativos de carácter particular (Colombia)

1. Acción de nulidad vista por
   la Corte constitucional
2. Problema
   jurídico de fondo
4. Límites de la
   competencia de la Corte constitucional visto por el Consejo de
   Estado
5. Conclusiones

Para adentrarnos en el análisis de las posiciones adoptadas por la
Corte Constitucional en fallo de 29 de 2002, C-426/02 y la del
Consejo de Estado, Sala
Plena de Lo Contencioso Administrativo, fallo de 4 de marzo de
2003, IJ-030, primero es menester hacer una puntualización
sobre la definición de Acción
de Nulidad Simple consagrada en el artículo 84 del C.C.A.
de la siguiente manera:

El ART. 84 dice: ". —Subrogado. D.E. 2304/89,
art. 14. Acción de nulidad. Toda persona
podrá solicitar por sí, o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos.

Procederá no sólo cuando los actos
administrativos infrinjan las normas en que
deberían fundarse, sino también cuando hayan sido
expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias del funcionario o corporación que los
profirió.

También puede pedirse que se declare la
nulidad de las circulares de servicio y de
los actos de certificación y registro".

Por lo anterior podemos plantear de forma personal que el
concepto de la
acción de Nulidad es:

Es una acción pública, que busca que
cualquier persona solicite la revisión y el estudio de
actos administrativos con el fin de llegar a su anulación,
bien sea por sí o por representante. Lo que indica que
cualquiera sea el acto administrativo, óigase bien, el
acto administrativo podrá ser demandado por cualquier
ciudadano a través del procedimiento
ordinario establecido en el articulo 84 del C.C.A.

Según el pronunciamiento reiterado de la Corte
Constitucional debe ser un profesional del derecho, tratando de
que el bienestar social no se vea afectado por acto emitido por
la autoridad.

ACCIÓN DE
NULIDAD

1. En primer termino tenemos que la corte
   Constitucional plantea un problema jurídico
   así: "…en el presente juicio le
   corresponde a la corte establecer si el alcance normativo
   reconocido por la jurisprudencia del consejo de estado al
   articulo 84 C.C.A. en el sentido de condicionar la
   procedencia de la acción de simple nulidad contra los
   actos de contenido particular, a los casos que la ley lo
   consagre expresamente o cuando estos representen interés para la comunidad,
   resultan contrarios a las garantías constitucionales
   de defensa y acceso a la
   administración de justicia,
   particularmente, por no estar contenidas tales exigencias en
   el texto del
   precepto acusado ni de deducirse de la regla que allí
   se fija."

2. VISTA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL

   Esgrime la Corte Constitucional que es competente
   para conocer de la demanda de
   inconstitucionalidad sobre cargos relacionados con la
   interpretación y aplicación de
   normas jurídicas, porque para ella, "la
   posibilidad de promover acciones
   públicas en defensa de la Constitución y su consecuente estudio
   por parte de un tribunal especializado, comporta una
   verdadera garantía de institucionalidad política, en cuanto permite a los
   coasociados "ejercer un control
   permanente sobre el organismo soberano a quien compete hacer
   las leyes,
   facilitando la correspondiente anulación de aquellas
   normas que se expidan en contravía de la Carta
   Fundamental o que resulten incompatibles con su
   texto".

   Bajo esta óptica la Corte se considera competente
   y por lo tanto desconoce los pronunciamientos de la
   Procuraduría General de la Nación y del Ministerio de Justicia y
   del derecho, quienes manifiestan que esta debe declararse
   inhibida para resolver de fondo el asunto sometido a debate,
   toda vez que la autoridad judicial especializada en lo
   contencioso administrativo tiene un pronunciamiento al
   respecto y es esta la que fija la interpretación bajo
   el influjo de su competencia y no la Corte Constitucional,
   "…ya que ello equivaldría a desconocer la
   facultad constitucional que posee la sala plena del Consejo
   de Estado para unificar los criterios relativos a la
   aplicación de las normas que rigen esa
   jurisdicción especializada.".

   Por lo tanto el alto tribunal constitucional acoge
   los pronunciamientos académicos de las facultades de
   Derecho de las Universidades Nacional de Colombia,
   Colegio Mayor de Nuestra Señor del Rosario y por ello
   afirma: "… Si bien es cierto que el punto objeto
   de controversia que ahora ocupa la atención de la Sala se origina en la
   interpretación que se hace de las normas acusadas y no
   en su texto literal, la Corte no puede declararse inhibida
   para conocer de la acusación presentada, toda vez que
   la interpretación que hace la actora de los preceptos
   acusados, está involucrando un problema de
   interpretación constitucional que, a diferencia de
   otros problemas
   de hermenéutica, debe ser resuelto por
   esta corporación, como ente encargado de la guarda e
   integridad de la Constitución.

   No se trata de establecer, en el caso sometido a
   análisis de esta Corte, el alcance de los dos
   preceptos acusados, asunto que compete a la
   jurisdicción contencioso administrativa y frente al
   cual, esta corporación tendría que declararse
   incompetente, sino de efectuar una interpretación de
   ellos acorde con los principios,
   fines y valores
   que subyacen en la Constitución …" (Sent.
   C-1436/2000 M.P. Alfredo Beltrán
   Sierra).

3. COMPETENCIA DE LA CORTE
   CONSTITUCIONAL