- Los filósofos
contractualistas - La
perspectiva liberal pluralista sobre el
Estado - El Estado
populista y el Estado burocrático-autoritario en
América Latina - Las
reformas estructurales durante los años noventa en la
Argentina
Los filósofos
contractualistas
Antes de comenzar con la sistematización de las
diferencias y semejanzas entre los pensadores netamente
contractualistas, intentaré realizar una introducción a la conceptualización
del poder en la
era moderna.
Es necesario partir de la necesidad imperiosa que se le
presenta a toda sociedad de
organizar un "orden social" mínimo y estable para el
desarrollo de
la persona y de las
instituciones.
En este sentido dos son los enfoques que se han propuesto. Por un
lado, se puede plantear de que el orden social y por ende el
sistema de
normas que lo
fijan y lo habilitan se basa en la cohesión entre los
intereses – que parte por supuesto de los consensos sociales y
los lógicos contratos
voluntarios por parte de los integrantes de los grupos
sociales – y por otro lado es menester considerar las
teorías
de coerción en la cuales el conflicto de
intereses prevalece sobre el consenso y las que plantean una
relación humana signada por la persecución
egoísta del propio interés
personal en
desmedro del interés general.
No obstante estas diferencias, debemos acordar en que el
uso del poder por parte de un Estado es
necesario para ejercer efectiva soberanía sobre los gobernados. Ahora bien,
la diferencia radica en el origen de este poder y en las formas
en que este se lleva a la práctica política.
En este sentido las dos concepciones esgrimen la
posibilidad de usar distintos instrumentos para ejercer este
poder.
En el caso de los partidarios del consenso, se
señala que el instrumento adecuado es un orden
jurídico justo y legítimo que permita salvar las
diferencias en orden. En otro sentido, los defensores del
conflicto social insisten en la necesidad de que exista una
instancia superior al conflicto, que lo supere en el uso el poder
y que pueda solucionar en forma coercitiva los problemas
sociales. Autores de esta línea, como Hobbes y
Maquiavelo,
otorgan, por ende, mucha importancia al poder político. El
poder constituye, de acuerdo a esta concepción, el
único instrumento válido y posible para garantizar
el orden social, poder que tiene su génesis, precisamente,
en las propias falencias de "la vida y la razón humanas".
Al darle importancia relevante al poder político, estos
pensadores insisten en reflexionar sobre las
características de quiénes están destinados
al ejercicio del poder y sus fuentes de
legitimidad.
En la primera etapa de la edad moderna
se utiliza el poder político como instrumento de gobierno y no de
cambio. Para
Maquiavelo, por ejemplo, este poder político reside en el
monarca – el soberano – que debe concentrar todo el
poder para gobernar con éxito y
su preocupación radica en legitimar la fuente del poder y
su traspaso desde el sistema feudal y de la Iglesia al
monarca que lo centraliza. La justificación de esta
centralización incluye la posibilidad de
que el gobierno escape a los designios de la ley si esta
violación va en mérito de que mantenga el poder a
toda costa.
La teoría
de Hobbes, asimismo, es una teoría del poder. Pero a
diferencia del planteo maquiavélico la política
actúa en la medida que los individuos acuerdan la
existencia del Leviatán. La sociedad es, en primer lugar,
una construcción humana y que depende del grado
de poder político que pueda adquirir el estado. El
Estado es un sujeto con mayor poder que controla desde "arriba"
los conflictos
humanos y se constituye como el poder necesario para coaccionar
las diferencias que provocan los enfrentamientos sociales. Este
poder esta enmarcado en el ejercicio de un monopolio
efectivo por parte del Estado. Hobbes plantea una teoría
individualista mientras que la existencia misma del Estado se
justifica en la protección de ese individualismo. A estas
teorías absolutistas se le contraponen las concepciones
contractualistas.
Analicemos el planteo común de los
contractualistas: el poder reside en la sociedad. El poder, como
la capacidad de influir sobre los individuos reside precisamente
en quienes van a ser afectados por esa influencia. Si el poder es
"delegado" por el pueblo al gobierno – como afirman estos
pensadores – necesariamente el poder sigue perteneciendo al
pueblo. Ahora bien ¿en qué punto se legitima el
poder? La respuesta es sencilla para estos pensadores: en la
indiscutible libertad del
individuo y en
el ejercicio de sus derechos. La diferencia
entre los autores contractualistas se presentará en la
concepción de sociedad y no en la génesis del
poder.
Locke reafirma el planteo de que el poder reside en los
individuos que componen la sociedad y que estos individuos son de
libertad y derechos de manera inalienable. Si estos derechos y
libertades son respetados, el individuo acepta un contrato por el
que se cede a un soberano el poder social, en beneficio de la
misma sociedad. La continuidad del consenso – y por ende el
orden social -sólo se da si el soberano actúa como
portador del poder político y social.
Para Rousseau
– que parte de la idea de que el individuo se realiza
naturalmente sólo en la comunidad – la
vida social no es una imposición sino "el estado natural
de la especie humana" en el cual los hombres desarrollan todas
sus potencialidades. No obstante Rousseau admite que este estado
puede sufrir una evolución: el contrato social,
que se constituye como una obligación para las
comunidades. A este acuerdo se llega por la razón y con el
aumento de la complejidad de las relaciones sociales –
argumentación doctrinal y central del liberalismo
político – en el cual el gobierno aparece como el
equilibrio
necesario para el desarrollo individual y para evitar la
interrupción del ejercicio de las libertades
individuales.
Siguiendo este razonamiento podemos incluir que el
liberalismo no es proclive a aceptar el poder concentrado,
precisamente por este motivo: la agregación de las
voluntades individuales pueda atentar contra el ejercicio de los
derechos. Ahora bien, acepta esta agregación cuando se
hace legal e institucionalmente como una síntesis
de voluntades y de morales individuales, haciéndose valido
el ejercicio del poder de manera "racional".
Un planteo diferente es el de Hegel que
considera al Estado como el resultado de la sumatoria del poder
social, como la síntesis del desarrollo cultural de una
sociedad,. De esta manera el estado debe concentrar el poder
social que ya existe en las instituciones civiles y constituirse
en una forma cultural y moral que va
evolucionando al ritmo histórico de la
sociedad.
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