La
perspectiva liberal pluralista sobre el
Estado.
La teoría
liberal – pluralista del Estado se
propugnó en el ámbito político
trasladándose como interpretación de fenómenos sociales
y económicos tendiente a explicar las relaciones de los
individuos en la sociedad
histórica.
El individuo es
un actor social que colabora en el surgimiento de
distintas relaciones sociales manteniendo como valor
fundamental la libertad del
propio individuo.
Par esta teoría el Estado es
una organización compleja menos individual que
los actores sociales constituyéndose así en un
peligro para la libertad individual.
Se presupone la postura racional de la acción
individual en pos de elegir la manera de organizar la vida
social, lo que lleva al individuo a la auto restricción
tan necesaria para consensuar pautas sociales que permitan la
existencia de la misma sociedad. En síntesis,
la reproducción de lo social surge de la
propia autorregulación de las conductas individuales. El
peligro de que las instituciones
propugnen sus propias normas alejadas
del interés
general se aleja al postular necesidades predeterminadas y
racionalmente aceptadas por los individuos.
El Estado actuaría como un agente que resuelve
conflictos de
individuos que se han agregado racional y voluntariamente y que
actúa a través de agencias que pasan a ser publicas
debido a que son reflejo de las acciones
sociales en búsqueda de equilibrio.
Este poder
público tiene un freno categórico: el consenso
sobre valores que
definen el equilibrio social a lo que se suma la parcialidad del
poder delegado en el gobierno y se
define precisamente por el intercambio de intereses sociales. Por
este motivo la existencia del estado como complejo organizacional
se justifica en la medida de permita la viabilidad de los
intereses concretos e individuales. Son los actores sociales los
que determinan las formas y funciones
políticas.
El estado es necesario para autoregular la
diferenciación, considerando la existencia de ésta
como un rasgo normal de las relaciones sociales. El estado
agregará, en sus políticas, los valores
sociales que respondan a los intereses individuales. Por ejemplo,
en el campo económico privilegiará la
relación mercado –
democracia en
la cual los actores sociales tienen un marcado protagonismo que
se desarrolla en la medida que se considera la libertad como
condición esencial.
Una visión más conservadora del pluralismo
considera al conflicto
social como un desajuste entre la participación de los
actores sociales y la institucionalización política. Recordemos
que para el liberalismo la
existencia del estado, si bien necesaria, es un peligro constante
para el ejercicio de los valores y la persecución de los
intereses individuales.
La teoría liberal pone en segundo plano lo
comunitario para priorizar lo individual. Precisamente esta es
una crítica
notoria que recibe permanentemente por parte de los que
reivindican el valor de lo social. El liberalismo descuenta el
interés general, ya que lo supone como una consecuencia
necesaria del desarrollo
individual lo que en la práctica, frecuentemente, no se
verifica. Si nos posicionáramos en un enfoque opuesto al
liberalismo, es precisamente en este punto donde podríamos
atacar su doctrina y abrir una puerta en la credibilidad de sus
postulados. La otra crítica podría asentarse en la
conceptualización del Estado, la cual en la
práctica a veces no ha sido insuficiente para dar soluciones a
los conflictos sociales. No estoy a favor de la
absolutización del poder político pero no se debe
desconocer la condición de cierta inmadurez que
caracteriza a nuestra sociedad, lo que la imposibilita de llegar
a algunos consensos urgentes. Los últimos tiempos
políticos han dado hincapié a esta opinión.
Se aprecia una inconsciencia de los verdaderos conflictos
sociales y además, una incapacidad manifiesta para
disponer políticas adecuadas a la historicidad que el
país propone mediante signos
concretos y patentemente visibles.
Se dice que el liberalismo no ha sabido estar a la
altura de los acontecimientos. Yo digo que el liberalismo o su
versión actual (el neoliberalismo) no ha sabido dar respuestas ni
siquiera a los intereses individuales que forman parte de sus
objetivos
básicos y de su razón de existir.
El Estado
populista y el Estado burocrático-autoritario en América
Latina.
El esquema de Estado populista que se desarrolla en
América
Latina durante las décadas de 1930-40 fue influido por los
acontecimientos internacionales sobre todo en el ámbito
económico. En efecto, la crisis
financiera producida en el mundo al comienzo de esta
década repercute en crisis locales en los mercados de
Latinoamérica.
Podemos citar dos consecuencias especificas para
América Latina: los mercados de exportación se cierran y se produce una
disminución dramática en los precios de las
materias primas lo que a su vez provoca una perdida de excedentes
financieros y además la interrupción de las
importaciones
de productos
elaborados de origen industrial.
El Estado nacional – popular, responde a esta
crisis con un proyecto de
industria
sustitutiva de las importaciones, proceso que
comienza a requerir gran cantidad de mano de obra asalariada que
llega a las ciudades, en cierta medida, a través de
movimientos migratorios internos. Los cambios económicos
producen cambios sociales: el surgimiento de una estructura
social que consta ahora de una gran masa asalariada que
reclamará muy pronto mayor participación en los
asuntos políticos y a la que el Estado populista
responderá con una ampliación de los derechos
políticos.
El Estado Burocrático – autoritario debe
enfrentar una situación bastante diferente en lo que
respecta a las relaciones
internacionales. En la década de 1960 este modelo de
estado manifiesta un marcado interés por la
inclusión en la economía nacional de
capitales multinacionales que instalaran empresas
dependientes de casas matrices
apuntando a satisfacer necesidades del propio mercado interno
donde se instalan. En efecto, esta etapa se caracteriza por una
apertura económica de los mercados internacionales y a la
inversión multinacional en los
países periféricos. En realidad el Estado
burocrático – autoritario no rompe con los modelos
económicos anteriores sino que los inserta en un marco
de mayor ingerencia de capitales extranjeros.
Con respecto a los actores políticos relevantes
en cada uno de los modelos de
Estado se puede afirmar que difieren notablemente. En el Estado
populista, como ya hemos expresado, los sectores populares toman
cada vez más protagonismo en las decisiones de gobierno, y
el estado, mediante maniobras demagógicas y una clara
política clientelística, intenta amparar el
ejercicio de los derechos políticos como una manera de
legitimar su poder. El Estado de tipo
burocrático-autoritario mantiene una relación muy
distinta con las estructuras
sociales.
Primero cabe aclarar que en este modelo los cargos
dirigenciales son ocupados por personas que han seguido una
carrera de poder civil o militar quedando excluidas las clases
sociales populares con las cuales mantienen una
relación distante y controladora. Este modelo
Burocrático-autoritario, precisamente se propone romper
con las viejas estructuras populistas y frenar los conflictos
sindicales o estudiantiles con la represión.
Estas consideraciones responden por sí solas a la
tercera parte de la consigna. ¿Qué tipo de
relación mantiene cada modelo de estado con la sociedad?
Esta claro que el Estado populista se comporta como un estado de
bienestar que intenta demagógicamente, tal vez, incluir a
la clase popular
asalariada en todos los ámbitos políticos y
sociales. En este sentido, recurre al asistencialismo social y a
la extensión de los derechos políticos y sociales a
fin de lograr el apoyo popular en tiempos electorales conformando
en realidad un sistema de tipo
corporativista que se auto gestiona y protege a sí mismo.
El Estado burocrático – autoritario, por el
contrario, intenta desmantelar este sistema proteccionista y solo
incluirá dentro del campo de sus preocupaciones a los
actores sociales que puedan aportar su trabajo al
proyecto desarrollista de progreso tecnológico recurriendo
a la represión para mantener a raya a los sectores
sociales más conflictivos.
Las reformas
estructurales durante los años noventa en la
Argentina
Me parece oportuno realizar una breve introducción relativa a los procesos de
cambio
profundos que se evidenció en América Latina
durante la década de 1990, para entender que se
trató de un proceso global más que local y de esta
manera disponer de un enfoque más objetivo de
las transformaciones en la relación entre el Estado y la
sociedad.
La reforma del Estado que se produjo entiende varios
aspectos que se podrían sintetizar en estos conceptos:
descentralización, desregulación y
privatización.
La descentralización política y
administrativa ha implicado el traspaso a las jurisdicciones
provinciales y a los municipios de funciones y atribuciones que
estaban centralizadas por el Estado Nacional.
La desregulación implica la supresión de
controles y restricciones para desarrollar actividades
económicas determinadas alcanzando el mercado laboral. El
proceso de privatizaciones ha constado esencialmente del
traspaso a manos privadas de empresas de bienes y
servicios que
se encontraban en la órbita estatal. Esta
privatización no siempre implica la venta de empresas
prestadoras de servicios sino que pueden ser adjudicadas en
concesión, como sucedió por ejemplo, con empresas
proveedoras de agua potable o
energía.
En el sector de transporte,
para citar otro ejemplo, se han producido procesos dobles de
privatización y desregulación en tanto empresas
privadas se han hecho cargo de empresas de transporte antes
estatales. En estos casos el Estado ha disminuido sensiblemente
– sino completamente – su intervención en el
sector llegando inclusive a la concesión de
infraestructura relacionada con esta actividad.
Citemos algunos ejemplos de privatizaciones en
América Latina:
- Argentina: YPF, Aerolíneas Argentina,
Gas del
Estado, ENTEL. - Bolivia: Corani, Guaracachi, Valle Hermoso
(plantas de
energía) - Brasil: Cia Siderúrgica Nacional. Usinas
Siderúrgica Gerais, Cia Petroquímica do Sul. - Chile: CTC, ENTEL, Endesa, Chilgener.
- Colombia: Banco de
Colombia,
Banco Corpavi, Colombiana Automotriz. - Cuba: Etecsa.
- Ecuador: Fertilizantes ecuatorianos, Azucarera
tropical Americana, La Cemento
Nacional. - México: Telmex, Banamex, Multibanco
Comermex., Televisión Azteca, Aseguradora
Mexicana. - Venezuela: Cia Anónima Nacional, Viasa,
Astilleros Navales de Venezuela.
Estos ejemplos no agotan la lista de empresas
privatizadas durante este proceso de transformación del
Estado sucedido en América Latina a partir de la
década del 90 pero nos dan una idea de la magnitud y de lo
extenso del proceso de cambio.
Para completar este somero análisis refresquemos algunas causas que
llevaron a los estados americanos a realizar estos profundos
cambios en sus economías internas.
Antes de 1980 la deuda externa de
América Latina aumentó de 27.000 millones de
dólares a 232.000 millones lo que, por supuesto,
devengó en pagos de altas sumas en concepto de
interés y amortización de capitales que sumaron
18.000 millones de dólares. Muy pronto bajaron los precios
de las exportaciones de
la región y aumentaron las tasas de
interés situación que sumió a los
países en una difícil encrucijada: pagar más
con menos recursos. Ante
esta situación, los banqueros retacearon los créditos y se produjo una verdadera
caída financiera.
En 1990 cuando ya se habían concedido más
préstamos para cubrir el pago de los intereses, la deuda
casi se había duplicado. América Latina
debía ya 417.000 millones de dólares. Otro dato
alarmante: entre 1982 y 1989 América había
transferido a sus acreedores una suma equivalente a varias veces
el comprendido en el famoso Plan Marshall:
alrededor de 200.000 millones de dólares. Este fue el
escenario que encontraban las nuevas democracias de
América Latina.
Durante estos años los banqueros privados y el
gobierno de EEUU y el FMI impusieron
condiciones estrictas a los deudores que, como es sabido,
incluían profundas transformaciones en sus
políticas económicas: apertura de los mercados a
las importaciones – y por supuesto el abandono de
políticas proteccionistas de la producción nacional – el otorgamiento
de condiciones beneficiosas para la instalación de
capitales extranjeros, la reducción del papel del Estado
en la economía – lo que suponía la
privatización de empresas estatales – y el impulso
de las exportaciones mientras se controlaba la inflación y
el déficit fiscal. Fueron
las denominadas "políticas de ajuste" receta que los
organismos internacionales de crédito
impusieron en América Latina y que han provocado gran
parte de los males que sufrió nuestro país hacia
fines de siglo XX, entre ellos el aumento de la desocupación la perdida paulatina de la
capacidad productiva de la industria, la perdida de la ventaja
competitiva en cuanto a exportaciones de bienes de consumo y
materias primas agro ganaderas, etc.
Para comienzos de la década de 1990 la
región había encontrado una salida, como
ocurrió con nuestro país. Acatar las disposiciones
del FMI. Bajó la inflación y como consecuencia de
la mejora de las condiciones para invertir en el país, las
inversiones
extranjeras, especialmente de Europa, y los
EE.UU. aumentaron considerablemente y se evidenció
rápidamente un crecimiento del PBI.
Sin embargo estas mejoras no deben exagerarse. Las
inversiones extranjeras estaban conformadas por capitales
financieros que se volcaron a estos mercados para aprovechas las
ventajas de los "mercados emergentes", capitales que
retornarían a sus países de origen apenas las
condiciones de la economía interna cambiaran.
Estas fluctuaciones agravaron los problemas
estructurales, dentro de los cuales la pobreza es el
de mayor consideración, que afecta actualmente a la mitad
de la población argentina. A pesar del
crecimiento macroeconómico que se produjo durante la
década de 1990 se agudizó la mala distribución de la riqueza provocando un
crecimiento de la marginación social. En el plano de la
producción y el empleo, la
flexibilización laboral y la desprotección absoluta
de la producción nacional, ha producido un incremento de
las tasas de desempleo,
índices que han llegado a récords históricos
a finales de la década analizada.
Autor:
Fernando Raúl Morro Cruellas
Profesor en Ciencias
Sociales
Profesor en Psicopedagogía
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