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Finanzas públicas (Derecho fiscal I) (página 2)

Enviado por Bonifaz



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SERVICIOS PÚBLICOS (CONCEPTO)

Es una actividad técnica que de manera general, uniforme, regular y continua realiza el Estado por sí o a través de los particulares concesionados, conforme a las disposiciones legales que la regulan, para la satisfacción de necesidades colectivas de interés general.

ECONOMÍA PÚBLICA Y PRIVADA (SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS)

  1. SEMEJANZAS. Existen grandes puntos de contacto entre ellas, porque se norman por principios generales que son aplicables por igual a una y otra; en efecto, tanto en la economía pública como en la privada existe una relación de interdependencia entre los ingresos y los gastos, y tanto en una como en otra, debe procurarse obtener la mayor utilidad posible de la inversión que se haga; es decir, que los gastos deben realizarse dentro de las más estrictas normas de aprovechamiento de las cantidades invertidas y de honestidad.
  2. DIFERENCIAS: La economía pública obtiene sus ingresos fundamentalmente de los impuestos. La economía privada obtiene sus ingresos del esfuerzo personal de los individuos, de la explotación de su capital o de la combinación de ambas.

En la economía pública, la inversión principal se realiza en primer lugar en provecho, no del Estado mismo, sino de sus miembros y, en segundo lugar, la inversión tiene por objeto principalmente la prestación de servicios públicos generales, por lo que no hay una relación visible y precisa entre la necesidad individual de los miembros del Estado y la satisfacción que proporciona la inversión hecha por la Entidad pública: Defensa Nacional, Seguridad Pública, Alumbrado Público, Pavimentación de Calles, Creación de Jardines, etc. En la economía privada, las inversiones se realizan para obtener la satisfacción de determinadas necesidades concretas, de modo que existe una relación visible y precisa entre el gasto hecho y la satisfacción lograda.

La economía pública no necesita ahorrar para hacer ahorrar para hacer frente a situaciones imprevistas, pues el Estado está siempre en la posibilidad de obtener ingresos extraordinarios, ya sea a través de impuestos que tengan ese carácter o bien por la emisión de empréstitos. La economía privada necesita ahorrar para hacer frente a situaciones imprevistas.

LOS INGRESOS DEL ESTADO.

Los ingresos del Estado se clasifican en dos grupos:

    1. Impuestos
    2. Derechos
    3. Productos
    4. Aprovechamientos
  1. ORDINARIOS: Son aquellos que se perciben regularmente, repitiéndose en cada ejercicio fiscal, y en un presupuesto bien establecido deben cubrir enteramente los gastos ordinarios.
    1. Impuestos Extraordinarios
    2. Derechos Extraordinarios
    3. Empréstitos
    4. Emisión de Moneda.
    5. Expropiación
    6. Servicios Personales.
    7. Contribuciones.
  2. EXTRAORDINARIOS: Son aquellos que se perciben solo cuando circunstancias anormales colocan al Estado frente a necesidades imprevistas que lo obligan a erogaciones extraordinarias, como sucede en casos de guerra, epidemia, catástrofe, déficit, etc.

PRESUPUESTOS: INGRESOS Y EGRESOS

PRESUPUESTO DEL ESTADO: Previsión de los ingresos y gastos públicos para un ejercicio anual, autorizado en la forma constitucionalmente predeterminada.

ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN DE IMPUESTOS

Son impuestos las prestaciones en dinero o en especie que fija la Ley con carácter general y obligatorio a cargo de personas físicas y morales, para cubrir los gastos públicos.

Dicha definición presenta los siguientes elementos:

  1. En consecuencia, resulta perfectamente válido afirmar que todo impuesto entraña una relación eminentemente unilateral, porque a cambio de su pago el sujeto pasivo no recibe absolutamente nada, al menos en forma directa e inmediata.

    Conforme lo narrado estamos en posibilidad de colegir, que al establecer que los impuestos constituyen "una prestación", está haciendo referencia al carácter jurídico esencial de este tributo, el que al encontrar su origen en un acto de soberanía del Estado, genera una relación unilateral que obliga a los contribuyentes a desprenderse de una parte proporcional de sus ingresos, utilidades o rendimiento, sin obtener a cambio ningún tipo de beneficio directo e inmediato.

  2. PRESTACIÓN: Todo impuesto implica una prestación. En Derecho Civil, por prestación debemos entender toda obligación de dar o de hacer. En Derecho Fiscal, dicha obligación consiste fundamentalmente en el deber jurídico que todo contribuyente tiene de desprenderse de una parte proporcional de sus ingresos, utilidades o rendimientos para entregársela al Estado.
  3. PRESTACIÓN EN DINERO O EN ESPECIE: Al respecto, cabe señalar que por pago en dinero debemos entender todo aquél que se efectúa en moneda de curso legal en la República Mexicana, o sea en Pesos, que es la unidad de nuestro sistema monetario. En tanto que por pago en especie debemos entender aquél que se efectúa mediante la entrega de bienes distinto de la moneda de curso legal, pero que poseen un indudable valor económico, como es el caso de los metales preciosos.
  4. PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA: Se refiere a que ningún impuesto puede tener validez si previa y expresamente no ha sido establecido en una ley expedida después de haberse agotado el correspondiente proceso legislativo que en materia fiscal contempla nuestra constitución.
  5. LEY DE CARÁCTER GENERAL: Los impuestos deben estar previstos en normas jurídicas de carácter general, es decir, aplicables sin distinciones ni discriminaciones de ninguna especie a todas a todas aquellas personas que por cualquier motivo se ubiquen o se coloquen dentro de las correspondientes hipótesis normativas. Cuando decimos que las leyes impositivas deben aplicarse en forma general, no estamos con ello indicando que todas las personas sin excepción deben pagar impuestos, sino que deben pagarlos todos aquellos que realicen el supuesto que en la propia ley se consigne como el correspondiente hecho generador de impuesto.

    El párrafo segundo del artículo 22 Constitucional, dispone textualmente: "No se considerará como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona,. . . para el pago de impuestos. . . "

    En otras palabras, cuando una persona se coloca dentro de la correspondiente hipótesis normativa o hecho generador del tributo o contribución automáticamente queda obligada al pago del impuesto respectivo en la forma y términos que establezca la ley tributaria aplicable.

  6. PRINCIPIOS DE OBLIGATORIEDAD: El principio de obligatoriedad en materia fiscal tiene que entenderse en función no de la existencia de un simple deber a cargo de los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria, sino como una auténtica obligación pública de cuyo incumplimiento pueden derivarse severas consecuencias para los particulares. El contribuir al sostenimiento de los gastos públicos no es, en modo alguno, una donación graciosa o una aportación voluntaria. Se trata de un verdadero sacrificio económico que las circunstancias imponen a la ciudadanía con el objeto de que puedan contar con una serie de servicios públicos y obras de beneficios colectivos, sin las cuales la vida en sociedad resultaría prácticamente imposible. Por eso nuestra constitución le impone el carácter de obligación pública y por eso faculta expresamente al Estado para llevar a cabo, en las situaciones que así lo ameriten el aludido procedimiento económico-coactivo
  7. LOS IMPUESTOS ESTÁN A CARGO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES: Todas las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, están obligadas a pagar impuestos cuando como consecuencia de las actividades que realicen, se coloquen dentro de cualquiera de las múltiples hipótesis normativas que aparecen previstas en nuestra legislación.
  8. VINCULACIÓN ENTRE IMPUESTOS Y GASTOS PÚBLICOS: El propósito fundamental que debe perseguirse con la recaudación impositiva, es precisamente la de destinarlos a gastos públicos; por que en la medida en que el Estado destina el producto o rendimiento de los impuestos a la prestación eficiente y adecuada de los servicios públicos, así como a la realización también eficiente y adecuada de los servicios públicos, así como a la realización también eficiente y adecuada de obras de interés general, en esa misma medida justifica la existencia de la relación jurídico-tributaria y en esa misma medida posee también no sólo autoridad legal, sino fundamentalmente autoridad moral, para exigir de la ciudadanía el pago fiel u oportuno de los impuestos.

El Código Fiscal de la Federación en su artículo 2 establece: "Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo…"

Se afirma terminantemente que esta definición es totalmente inadecuada para explicar lo que dentro del contexto jurídico-constitucional del Derecho Fiscal, debe entenderse por impuestos. En el precepto legal trascrito se omite lo siguiente: indicar que los impuestos constituyen una prestación, y que por lo tanto derivan de una relación unilateral de Derecho Público que se da entre el Fisco y los Contribuyentes, es decir, que los impuestos configuran un típico acto de soberanía por parte del Estado. Señalar que los impuestos pueden ser pagados indistintamente en dinero o en especie. Hacer referencia específica a los principios de generalidad y obligatoriedad que por mandato constitucional deben regir a todo tipo de contribuciones. Establecer el fundamental y tan necesario principio de que los impuestos deben estar destinados a sufragar los gastos públicos.

TEORÍAS QUE TRATAN DE FIJAR LA NATURALEZA DE LOS IMPUESTOS

Son cinco las teorías más sobresalientes que se han dado sobre la naturaleza del impuesto y son las siguientes:

  1. TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA: Para esta teoría el impuesto es el precio de los servicios prestados por el Estado a los particulares. Se considera inexacta, por que no todo el rendimiento de los impuestos sirve para cubrir los servicios públicos prestados por el Estado, pues cuando menos una parte, sirve para cubrir otros gastos que el Estado debe hacer que no son de servicio público; existen actividades realizadas por el Estado que son opuestas al de servicio público, pero deben ser cubiertas por los rendimientos de los impuestos, como las guerras; ordinariamente el particular que paga el impuesto, no percibe en cambio un servicio concreto y hay servicios que se prestan a los que no pagan impuestos Ejemplo: inválidos, niños, enfermos, ancianos, que viven de la asistencia pública por su misma situación personal.
  2. TEORÍA DEL SEGURO: Para esta teoría el impuesto es una prima de seguros que se paga como garantía de la seguridad individual que está obligado a proporcionar el Estado. Se considera inexacta, porque la actividad del Estado no se ha reducido en ningún tiempo ni podrá estarlo nunca, a una simple función de protección de la hacienda de sus súbditos; además de que las cantidades que el Estado destina a los servicios de seguridad de sus miembros, constituyen una pequeñísima parte de los presupuestos, porque grandes cantidades están destinadas a obra pública, salubridad, educación, etc. En ningún caso ha actuado en Estado como una empresa de seguros cuando alguno de sus miembros es atacado en su patrimonio o en su persona.
  3. TEORÍA DEL CAPITAL NACIONAL: Para esta teoría, el impuesto representa la cantidad necesaria para cubrir los gastos que demanda la aplicación y explotación del capital nacional. Se estima inexacta, por que la actividad del Estado no puede circunscribirse dentro de determinadas formas únicas, sino que tiene aspectos múltiples que requieren la erogación de cantidades que se obtienen, en forma fundamental, de los impuestos
  4. TEORÍA DEL SACRIFICIO: El impuesto es un sacrificio, que debe ser lo menor posible, está en función de dos variables: la mayor igualdad de repartición del impuesto entre los ciudadanos y el mínimo obstáculo puesto al aumento de la producción. Esta teoría se considera acertada, porque el impuesto significa para el que lo paga un sacrificio porque no obtiene compensación alguna concreta, visible, mesurable, por la disminución de sus rentas o de su patrimonio que sufre al pagar el impuesto y el Estado al establecer el impuesto, deberá tomar en cuenta esta situación para que ese sacrificio sea el menor posible.
  5. TEORÍA DE EHEBERG: El impuesto es sólo un deber que no necesita un fundamento jurídico especial. Sostiene que se debe considerar como un deber tributario o un axioma que en sí mismo no reconoce límites, pero que los tiene en cada caso particular en las razones de oportunidad que aconseja la tendencia a servir el interés general. No se considera acertada.

DEFINICIÓN DE DERECHOS

Son derechos las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio público particular divisible.

Dicha definición presenta los elementos siguientes:

  1. Los derechos implican esencialmente una contraprestación, lo cual significa que derivan de una relación bilateral en la que el contribuyente, a cambio de la entrega de la correspondiente aportación económica, recibe el Estado un servicio que le beneficia de manera directa y específica. Los derechos dan origen a una relación jurídica de carácter bilateral, por virtud de la cual el Estado y el contribuyente se otorgan prestaciones recíprocas. Ejemplo: cuando el propietario de una casa cubre los respectivos derechos por consumo de agua potable, ese tributo no va a ser utilizado para la satisfacción de necesidades colectivas en general, sino para sufragar precisamente el costo del suministro domiciliario de agua.
  2. Los derechos son establecidos por el Poder Público, o sea, por el Estado, conforme a la Ley, ningún derecho puede ser válido si previa y expresamente no se encuentra consignado en una norma jurídica aplicable al caso de que se trate.
  3. El último elemento de la definición consiste en el destino que el Estado debe dar al producto o rendimiento de los Derechos que recaude. Dicho destino debe ser el de sufragar el costo de los Servicios Públicos particulares divisibles. Por ello, cuando un servicio va destinado a alguien en particular y no a toda una comunidad, lo razonable es que su costo sea soportado por quien individualmente resulte beneficiado.

DIFERENCIAS ENTRE IMPUESTOS Y DERECHOS

Las principales diferencia son las siguientes:

  1. El impuesto deriva de un acto de Soberanía del Estado, constituye una imposición que da origen a una relación eminentemente unilateral entre el Fisco y el Causante. Por el contrario, los derechos derivan esencialmente de un acto de voluntad del particular, que solicita del Estado la prestación de un servicio público que lo va a beneficiar de manera directa y específica. Los Derechos generan una relación de tipo bilateral.
  2. Los impuestos implican una prestación, es decir, una obligación de dar, los derechos constituyen una contraprestación u obligación reciproca.
  3. Los impuestos se fijan sobre una parte proporcional del ingreso, utilidad o rendimiento que el contribuyente obtiene como consecuencia de la realización de determinadas actividades económicas. Los Derechos se establecen en función del consto del Servicio Público particular divisible que se preste.
  4. Los impuestos se causan debido a que el sujeto pasivo, al llevar a cabo sus actividades económicas, se coloca dentro de la hipótesis o supuesto normativo establecido en la ley impositiva, el cobro de los Derechos se origina en un acto de voluntad de dicho sujeto pasivo que solicita de la Administración Pública la prestación de un servicio que lo beneficia de manera directa y especifica.
  5. Los impuestos se destinan a sufragar el costo de servicios públicos generales indivisibles, el producto o rendimiento de los Derechos, se destina a cubrir el costo de los servicios públicos particulares indivisibles.

DEFINICIÓN DE PRODUCTOS.

Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado.

DEFINICIÓN DE APROVECHAMIENTO.

Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.

FINALIDAD DE LOS IMPUESTOS

Los impuestos tienen por fin proporcionar al Estado los recursos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones. El fin de los impuestos no puede ser otro que cubrir los gastos públicos; pero ¿Es éste el único fin que pueden tener los impuestos?

En teoría, existen dos soluciones fundamentales que corresponden a los dos pensamientos políticos dominantes. La Liberal-Manchesteriana, que niega que los impuestos puedan tener otra finalidad que la puramente fiscal. La otra solución considera que el impuesto no solamente tiene un fin financiero, sino que, su fuerza enorme, puede ser aplicada a finalidades diversas, como la distribución de la fortuna en forma más equitativa.

En realidad no puede negarse que los impuesto constituyen una fuerza económica tremenda que puede ser utilizada ya sea para impedir el desarrollo de actividades nocivas, o para favorecer el de aquellas que se consideren benéficas.

En referencia a los fines de los impuestos pueden distinguirse los casos siguientes:

  1. Los impuestos con fines exclusivamente fiscales, es decir, que no tienen otra misión que la obtención de los recursos necesarios para cubrir los gastos generales del Estado.
  2. Impuestos que tienen fines exclusivamente fiscales en cuanto a su establecimiento, pero cuyo rendimiento se aplicará a fines especiales. Es decir, no es el tributo en sí el que persigue un fin extraoficial, sino que el fin se va a realizar con el rendimiento del tributo.
  3. Los impuestos que persiguen fines fiscales y extrafiscales al mismo tiempo. Ejemplo: los impuesto sobre alcoholes, aguardientes, aguamiel y productos de su fermentación, se rebajó las cuotas del impuesto sobre alcoholes desnaturalizados, para fomentar la producción y pueda ser empleado en las diversas ramas de la industria.
  4. Impuestos que sólo persiguen fines extrafiscales. El legislador sabe que al establecer el impuesto, se obligará a los afectados a desarrollar determinada actividad o a dejar de desarrollarla, con tal de no pagar el impuesto, de manera que estos impuestos el fisco no percibe ingreso alguno. Ejemplo: cuando se establecen impuestos aduanales tan altos que no se realizan las operaciones gravadas; en estos casos lo que se pretende es prohibir la introducción al País o la salida de determinada clase de mercancías y no que el fisco obtenga recursos que de antemano sabe que no percibirá.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LOS PRINCIPIOS FISCALES

Los principios que en materia tributaria aparecen consignados en la constitución representan las guías supremas de todo el orden jurídico fiscal, debido a que las normas que integran dicho orden deben reflejarlos u respetarlos en todo momento, ya que de lo contrario asumirán caracteres inconstitucionales y, por ende, carecerán de validez jurídica, estando los afectados por tales disposiciones facultados para interponer el correspondiente Juicio de Amparo y evitar asi que les sea aplicada cualquier norma que contravenga los principios rectores que la Ley suprema consagra.

La constitución es indistintamente calificada como "Ley Fundamental" y como Ley Suprema", por que a la vez que proporciona los principios jurídicos esenciales de todo Derecho Positivo representa la norma superior a cuyos dictados debe subordinarse el resto de la legislación nacional.

Nuestras leyes fundamentales, desde los remotos tiempos de la independencia nacional, han procurado estructurar el sistema fiscal mexicano sobre principios de justicia, equidad y proporcionalidad, pensando no solo en el bien del Estado, sino también en la protección de los derechos ciudadanos.

El articulo 31 De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye: "Son obligaciones de los mexicanos…IV.- Contribuir para los gastos públicos, asi, de la federación, como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes…"

PRINCIPIOS JURÍDICOS DE LOS IMPUESTOS

Los principios jurídicos de los impuestos son los que se encuentran establecidos en la legislación positiva de un país. Pueden clasificarse en dos categorías: CONSTITUCIONALES (son aquellos que están establecidos en la Constitución), y ORDINARIOS (son los establecidos en las leyes ordinarias que se refieren a la actividad tributaria del Estado).

  • PRINCIPIO DE GENERALIDAD. (CONSTITUCIONAL).

Se afirma que una ley e general cuando se aplica, sin excepción, a todas las personas que se coloquen en las diversas hipótesis normativas que la misma establezca.

El principio de Generalidad Tributaria puede enunciarse diciendo que, solo están obligados a pagar los tributos aquellas personas, físicas o morales, que por cualquier motivo o circunstancia se ubiquen en alguna de las hipótesis normativas previstas en las leyes tributarias, llevando a cabo en consecuencia el correspondiente hecho generador de los tributos o contribuciones de que se trate.

El principio de generalidad no significa que todos deben pagar los impuestos, sino que todos los que tienen capacidad contributiva paguen algún impuesto.

El principio de generalidad encuentra su fundamento constitucional en el encabezado del articulo 31, que a la letra dice "son obligaciones de los mexicanos…". Tal encabezado genera el planteamiento de una interrogante ¿significa dicha disposición, que los extranjeros residentes en México o residentes en el extranjero, pero que obtengan ingresos gravables de fuentes de riqueza ubicadas en territorio nacional, no deben pagar ningún tributo al Estado Mexicano? La respuesta es NO, `porque el sujeto pasivo de un tributo o contribución puede ser cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, que lleve a cabo el correspondiente hecho generador.

  • PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD.

Con forme a la fracción IV del Artículo 31 Constitucional, el contribuir a los gastos públicos de la federación, de las entidades federativas y de los municipios constituye una obligación ciudadana de carácter público.

El cobro de los tributos es un acto de soberanía que le permite a la Administración Pública ejercitar plenamente su potestad de imperio el Fisco no puede quedar sujeto a la buena voluntad de los contribuyentes, toda vez que la función recaudatoria no es una colecta de caridad sino una cuestión de vital interés público. De ahí que la hacienda pública esta autorizada a emplear todos los medios y arbitrios que su personalidad jurídica, como órgano representativo del Estado, le confiere, incluyendo de manera especial la llamada ejecución forzosa.

Se afirma que el cobro de un tributo o contribución exigible, es verdaderamente el único acto jurídico que lleva aparejada ejecución, esto significa que ha transcurrido el plazo que la ley concede para su pago sin que el causante efectué el mismo trae como consecuencia que el fisco inicia en contra del contribuyente el llamado Procedimiento Económico Coactivo, el que, si no se paga el tributo adeudado en el plazo que marca la ley fiscal respectiva, puede culminar en el embargo o secuestro administrativo y en el remate de bienes propiedad del sujeto pasivo, en cantidad suficiente para cubrir el importe de la contribución de que se trate, más accesorios, recargos, multas y gastos de ejecución.

Atento a lo anterior, podemos colegir que la constitución, al mismo tiempo que estatuye el principio de obligatoriedad como un deber ciudadano de orden público, otorga al Estado los instrumentos jurídicos adecuados para velar su plena vigencia y su cabal cumplimiento.

  • PRINCIPIO DE VINCULACIÓN CON EL GASTO PUBLICO (CONSTITUCIONAL).

La fracción IV del articulo 31 constitucional señala en su parte inicial: Son obligaciones de los Mexicanos: IV Contribuir para los gastos públicos…"

Los ingresos tributos tienen como finalidad costear los servicios públicos que el estado presta, por lo que tales servicios deben representar para el particular un beneficio equivalente a las contribuciones efectuadas, ya que resultaría ilógico e infundado que el Estado exigiera en forma permanente de sus gobernados, una serie de contribuciones sin entregarles nada a cambio.

Para evitar posibles desviaciones, nuestra Carta Magna impone a los gobernantes el deber de destinar las contribuciones ciudadanas exclusivamente ala satisfacción de los gastos públicos y otorga implícitamente a los gobernados una especie de derecho moral para, en conciencia, negarse al sostenimiento económico de un gobierno, que haga un uso indebido de sus aportaciones. En esencia, este tercer principio constitucional establece una importante obligación a cargo del estado, el cual solo la cumplirá si emplea escrupulosamente todos y cada no de los ingresos tributarios que recaude; de lo contrario la Administración Publica de que se trate quedara automáticamente colocada al margen de la Constitución.

  • PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD (CONSTITUCIONAL)

El articulo 31 constitucional, indica "Son obligaciones de los mexicanos: IV contribuir para los gastos públicos,… de la manera proporcional…".

En materia fiscal podemos decir que la proporcionalidad es la correcta disposición entre las cuotas, tasas o tarifas previstas en las leyes tributarias y la capacidad económica de los sujetos pasivos por ellas gravados.

El principio de Proporcionalidad implica, por una parte, que los gravámenes se fijen en las leyes tributarias y la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a las de medianos y reducidos recursos; y por la otra, que a cada contribuyente individualmente considerado, exclusivamente la ley lo obligue a aportar al Fisco una parte razonable de sus percepciones gravables.

Resumiendo podemos concluir que de una correcta interpretación de la fracción IV del articulo 31 constitucional, el principio de Proporcionalidad se estructura dentro de nuestro Derecho Fiscal atendiendo a los siguientes elementos primordiales:

  1. La capacidad económica de los ciudadanos a fin de que cada uno de ellos contribuya cualitativamente en función a dicha actividad.
  2. Una parte justa y adecuada de los ingresos, utilidades o rendimientos percibidos por cada causante como factor determinante para fijar la base gravable.
  3. Las fuentes de riquezas disponibles y existentes en el País, entre las cuales deben ser distribuidas en forma equilibrada todas las cargas tributarias, con el objeto de que no sean solo una o dos de ellas las que la soporten en su totalidad.
  • PRINCIPIO DE EQUIDAD (CONSTITUCIONAL).

El articulo 31 Constitucional en su fracción IV, determina: "Son obligaciones de los mexicanos… IV.-…Contribuir para los gastos públicos,… y equitativa…"

La equidad significa la aplicación de la justicia a casos concretos, la cual se obtiene tratando igual a los iguales y desigual a los que no se encuentren en igualdad de circunstancias.

Que un tributo se a equitativo, significa: que el impacto del tributo sea el mismo para todos los comprendidos en la misma situación. Por lo tanto, la equidad exige que se respete el principio de igualdad, determinando que es norma de equidad la de que se encuentren obligados a determinada situación los que se hallen dentro de lo establecido por la ley y que no se encuentren en esa misma obligación los que están en situación jurídica diferente; o sea, tratar a los iguales de manera igual.

La equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.

  • PRINCIPIO DE LEGALIDAD (CONSTITUCIONAL)

El articulo 31 constitucional en su fracción IV establece: "Son obligaciones de los mexicanos:… IV.- Contribuir para los gastos públicos,… que dispongan las leyes".

Nuestra Ley suprema viene a confirmar el postulado básico del Derecho Fiscal relativo a que toda relación tributaria debe llevarse a cabo dentro de un marco legal que la establezca y la regule. Por tanto, esta haciendo referencia a la llamada "Piedra angular" de la disciplina, expresada a través del celebre aforismo latino "null um tributum sine lege"

(no puede existir ningún tributo valido sin una ley que le de origen)

la existencia de normas jurídico-tributarias constituye la mejor barrera que puede oponerse a la actitud arbitraria de quienes, detentando el poder publico, pretender utilizar el derecho que el Estado tiene de exigir aportaciones económicas de sus gobernados como pretexto para hacerlos victimas de toda clase de abusos y confiscaciones.

  • PRINCIPIO DE CERTIDUMBRE (ORDINARIO)

Significa que el impuesto debe ser fijo, entendiendo como tal que el impuesto no pueda ser arbitrario y por lo mismo requiere que el contribuyente lo conozca previamente.

El impuesto que cada individuo esta obligado a pagar, debe ser fijo y no arbitrario. La fecha de pago, la forma de realizarse, la cantidad a pagar, deben ser claras para el contribuyente que le desagrade, o arrancarle, por la amenaza de esa grabación algún presente o propina.

  • PRINCIPIO DE COMODIDAD (ORDINARIO)

Significa que el impuesto debe estructurarse de tal manera que se recaude en formas y épocas más oportunas.

  • PRINCIPIO DE ECONOMÍA (ORDINARIO)

Consiste en que se recaude sea realmente favorable para el Fisco. Es decir, que el costo de la recaudación de los impuestos sea el menor posible, con el objeto de que la mayor parte de su rendimiento pueda ser utilizado por el estado en el ejercicio de sus atribuciones.

  • PRINCIPIO DE SIMPLICIDAD. (ORDINARIO)

Consiste en que para el pago de las contribuciones se debe seguir un proceso sencillo que permita el acceso a toda persona que sea obligada.

  • PRINCIPIO DE CLARIDAD (ORDINARIO)

Este principio recomienda que las leyes estén tan explicitas que cualquiera pueda entenderlas y por lo mismo cumplirlas.

LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y EL DERECHO FISCAL

Se identifican las garantías constitucionales con las individuales consignadas en los primeros dos artículos de la constitución y se les define como "los derechos subjetivos públicos, declarados en esas normas legales".

Conforme a este tópico encontramos principios que se derivan de los artículos constitucionales que señalan las garantías individuales, a saber:

  • LA ACTIVIDAD TRIBUTARIA DEL ESTADO NO DEBE IMPEDIR O COARTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN.

El párrafo primero del articulo 5º constitucional, establece, "A ninguna persona podra impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial…".

Nótese que los impuestos gravan generalmente el resultado de las actividades profesionales, comerciales, industriales o de simple trabajo de los individuos, pero es la propia constitución, la que impone la obligación de pagar impuestos de manera que su cobro en tanto se haga dentro de los lineamientos generales que la Constitución ha señalado, no significa violación alguna a este precepto; pero si se establece un impuesto sobre determinada actividad, tan oneroso o molesto que haga imposible su ejercicio, tal gravamen será violatorio de esta garantía constitucional.

  • LAS LEYES TRIBUTARIAS NO DEBEN GRAVAR A UNA O VARIAS PERSONAS INDIVIDUALMENTE DETERMINADAS. EL GRAVAMEN SE DEBE ESTABLECER EN TAL FORMA QUE CUALQUIER PERSONA CUYA SITUACIÓN COINCIDA CON LA SEÑALADA COMO HECHO GENERADOR DEL CRÉDITO FISCAL DEBE SER SUJETO DEL IMPUESTO.

El articulo 13 Constitucional estatuye: "Nadie puede ser juzgado por leyes privativas…".

La ley de impuestos puede gravar determinado producto que solo e elaborado por uno o por cierto numero de fabricantes, o referirse a ciertas cuantías de rentas o capitales, sin violar el principio de generalidad y sin ser por lo mismo privativa, siempre que concurra con otras gravámenes que graven a los otros grupos sociales que por sus términos, sea posible aplicarla a cualquiera persona que se encuentre dentro de la situación que esta ley señale como hecho generador del credito fiscal y que a hechos generadores iguales correspondan créditos iguales.

  • LAS LEYES TRIBUTARIAS NO DEBEN TENER EFECTOS RETROACTIVOS.

El Articulo 14 constitucional determina "a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna…".

Las leyes impositivas solo son aplicables a las situaciones que la misma ley señala como hecho generador del credito fiscal, que se realicen con posterioridad a su vigencia. Si una ley pretende aplicar el impuesto a una situación realizada con anterioridad, será una ley retroactiva. Es decir, se refiere al principio de que la ley nueva no debe afectar los hechos realizados antes de su vigencia.

  • LAS RESOLUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN MATERIA FISCAL, SE DEBEN DICTAR POR ESCRITO, POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y CON EXPRESIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO EN QUE SE BASEN, LOS QUE SE HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS.

El articulo 16 constitucional señala, "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…".

Tanto el Tribunal Fiscal de la Federación, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han protegido a los particulares en aquellos casos en los que la autoridad ha dejado de cumplir con los requisitos referidos.

El Artículo 16 significa, por tanto, la delimitación de un área jurídica, dentro de la cual los derechos individuales han de ser respetados.

El Artículo 17 Constitucional entre otras cosas dispone: "… quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales… Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil".

El precepto que comentamos contiene una prohibición para que se cobren costas judiciales, quedando así eliminando, en nuestro medio jurídico, este renglón tributario. ¿Puede imponerse prisión como castigo el incumplimiento de las obligaciones tributarias?. Respuesta: Si es posible castigar en esta forma las infracciones a las leyes tributarias. Ejemplo: en materia aduanal, se considera como delito y se castiga con pena corporal el contrabando, que no es en esencia, sino un procedimiento para eludir el paga de los impuestos de importación o exportación.

  • LOS IMPUESTO COMO REGLA GENERAL, NO DEBEN ABSOLVER EL CAPITAL DE LOS PARTICULARES: SIN EMBARGO, EN CASO NECESARIO PODRÁ HACERSE ASÍ, SIN QUE SEAN CONSIDERADOS COMO CONFISCATORIOS.

El artículo 22 constitucional, estatuye: "Quedan prohibidas las penas de mutilación… la multa excesiva, la confiscación de bienes… no se considerará como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o multas…"

El artículo 28 constitucional, indica: "En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos… y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes…"

La interpretación que podemos llamar tradicional, es en el sentido de que se prohíbe la exención de impuestos concedida a título particular-individual, pero no las que se otorgan por medio de disposiciones de carácter general. Sin embargo, las exenciones que por diversas razones sociales, económicas, etc., se conceden a ciertas categorías de personas, como Cooperativas, Industrias nuevas, etc., creemos que sí son contrarias al texto constitucional.

PRINCIPIOS FISCALES GENERALES

Existen otros principios jurídicos que no están establecidos en la Ley Fundamental, sino en leyes ordinarias, y a los que llamas principios jurídicos ordinarios de los impuestos, porque aun cuando no tienen la fijeza de los estatuidos por la Constitución, si rigen todo lo relativo a los elementos esenciales de los impuestos, como Sujeto, Objeto, Cuotas, forma de recaudación, sanciones, e integran con las normas constitucionales, el Derecho Tributario.

Podemos distinguir tres clases de disposiciones ordinarias: la Ley de ingresos, las Leyes y demás disposiciones reglamentarias de cada uno de los renglones de ingresos, y el Código Fiscal de la Federación.

  • LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN: Expedida por el Congreso de la Unión cada año, y no contiene sino una enumeración de los ingresos que puede percibir la misma Federación dentro de cada ejercicio fiscal.
  • LEYES Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE CADA UNO DE LOS RENGLONES DE INGRESOS: En las leyes se establecen los elementos esenciales del impuesto: Sujeto, Objeto, Cuota,, Forma de Pago, Época de Pago, procedimiento para la determinación del Crédito Fiscal, sanciones, recursos del causante contra las violaciones de la Ley. Generalmente se expide un reglamento por el Ejecutivo, con referencia a cada ley, para hacer posible su aplicación, y demás las circulares y demás disposiciones necesarias para su mejor cumplimiento
  • EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN: Contiene normas de derecho positivo, las más avanzadas en cuanto a los principios de las ciencias de las finanzas en materia tributaria. La expedición del Código Fiscal y la creación del Tribunal Fiscal, son dos acontecimientos jurídicos de gran trascendencia, que colocan a nuestro país entre los más avanzados en esta materia.

FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA ESTABLECER IMPUESTOS

El artículo 73 de la Constitución General de la República, señala: "El Congreso tiene facultad… VII.- Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto…"

El artículo 74 de la Constitución General de la República, sostiene: "Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:… IV.- Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio deben decretarse para cubrirlo; así como revisar la Cuanta Pública del año anterior…"

La elaboración de la Ley de Ingresos y de las demás de carácter tributario, corresponde a las Dos Cámaras. Pero se deben estudiar y aprobar primero en la Cámara de Diputados, como lo determina el artículo 72 Constitucional, inciso H) que afirma: "… La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados…"

FUENTES DEL DERECHO FISCAL

Son fuentes del derecho fiscal, aquellos actos a través de los cuales se manifiesta la vigencia de dicho derecho: FUENTES FORMALES:

  • LA CONSTITUCIÓN: Es el ordenamiento fundamental y supremo del Estado que:
  • Establece su forma y la de su gobierno
  • Crea y estructura sus órganos primarios.
  • Proclama los principios políticos y socioeconómicos sobre los que se basan la organización y teología estatal.
  • Regula sustantivamente y controla adjetivamente el poder público del Estado en beneficio de los gobernados.

La llamada Carta Magna aparece como la Fuente primigenia del Derecho Tributario, puesto que va a proporcionar los lineamientos fundamentales y básicos a los que deberá ajustarse el contenido de la legislación que integra dicha disciplina.

En la Ley Suprema encontramos consignados los principios rectores del orden jurídico-fiscal, que revelan además la orientación precisa y las características esenciales a las que debe obedecer el sistema tributario.

El artículo 133 constitucional estatuye: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión..."

  • TRATADOS INTERNACIONALES: Los tratados internacionales se definen como los acuerdos de voluntades celebrados entre dos o más sujetos de Derecho Internacional, con el objeto de sentar las bases para la solución pacífica de problemas comunes.

Los tratados internacionales están encaminados a distribuir en forma más equitativa los gravámenes entre los Estados firmantes, logrando así que los contribuyentes de cada País no se enfrenten a dos o más cargas tributarias en jurisdicciones diferentes, sobre un mismo ingreso, utilidad o rendimiento.

Nótese que como consecuencia de la política de apertura comercial que nuestro País ha seguido en los últimos años u de la aprobación y entrada en vigor con fecha 1º de Enero de 1994, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ha sido necesario alentar la inversión y las garantías de seguridad jurídica para los extranjeros que lleven a cabo transacciones comerciales en México. De ahí que se hayan celebrado estos Tratados Internacionales, que como tales se convierten en una fuente fundamental sumamente importante de nuestro Derecho Fiscal, puesto que en los términos del Artículo 133 de nuestra Carta Magna, alcanza el rango de Ley Constitucional, que debe ser aplicada de manera preferente y a pesar de las disposiciones en contrario que pueda hacer en las Constituciones o leyes de las Entidades Federativas.

  • LEY ORDINARIA: La Ley constituye la fuente formal más importante del Derecho Fiscal, ya que, para alcanzar validez absolutamente todas las relaciones que se presenten dentro del ámbito tributario deben encontrarse previstas y reglamentadas por una norma jurídica aplicable al caso.

Se entiende por ley al acto emanado del Poder Legislativo que crea situaciones jurídicas, abstractas, impersonales, coercitivas y generales.

A continuación haremos referencia al Proceso Legislativo de creación de las normas jurídico-tributarias:

  • INICIATIVA: De acuerdo con lo que establece el artículo 71 constitucional, el derecho de iniciar leyes compete: Al Presidente de la República, a los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados. Consecuentemente, las iniciativas de leyes fiscales pueden provenir indistintamente de cualesquiera de estos tres órganos de poder, a los que por su naturaleza y funciones se les supone vivamente interesados en los problemas económicos del país.
  • DISCUSIÓN: Una vez que el proyecto de Ley tributaria es presentado ante la Cámara de Diputados por quienes están investidos del poder de iniciativa, se inicia el llamado debate camaral, que puede conducir tanto a su aprobación como a su rechazo definitivo dentro del período de sesiones en el que se haya dado a conocer.

La discusión no es más que el acto por el cual las Cámaras deliberan acerca de las iniciativas, a fin de determinar si deben o no ser aprobadas.

  • APROBACIÓN: Es el acto por el cual las Cámaras aceptan un proyecto de Ley. La aprobación puede ser total o parcial.
  • SANCIÓN: Se da este nombre a la aceptación de una iniciativa por el Poder Ejecutivo. La sanción debe ser posterior a la aprobación del proyecto por las Cámaras.

El Presidente de la República puede negar su sanción a un proyecto ya admitido por el Congreso (derecho de veto)

  • PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN: La promulgación y publicación constituyen los actos por virtud de los cuales el Titular del Ejecutivo da a conocer a la Ciudadanía en general una ley aprobada por el Congreso de la Unión y sancionada por él mismo. Algunos distinguen entre PROMULGACIÓN (que se materializa en un Decreto Presidencial que da a conocer el contenido de una ley debidamente aprobada y sancionada) y PUBLICACIÓN (que viene a ser el hecho material de insertar en el Diario Oficial de la Federación los textos, tanto de la Ley en sí como del decreto de promulgación, con objeto de puedan ser conocidos y obedecidos, en cuanto entren en vigor).
  • EL REFRENDO DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO: El artículo 92 constitucional, establece: "Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado o Jefe de Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos".

Se afirma que el refrendo ministerial forma parte integrante del proceso legislativo, toda vez que si las leyes se promulgan por medio de un decreto presidencial, es evidente que tal decreto debe llevar la firma del "Secretario del Despacho, encargado del ramo" al que la ley promulgada corresponda, ya que, en caso contrario, no existirá obligación alguna de obedecerla.

También se sostiene que los decretos presidenciales de promulgación de leyes fiscales deben contar, como mínimo, con la firma del Secretario de Hacienda y Crédito Público, puesto que es el funcionario de esta jerarquía que más estrechamente se encuentra vinculado con la problemática tributaria.

  • INICIACIÓN Y DURACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY TRIBUTARIA: Las leyes fiscales aprobadas por el Congreso Federal, sancionadas y promulgadas por el Presidente de la República, refrendadas por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y publicadas por el Diario Oficial de la Federación, reúnen los elementos y requisitos necesarios para entrar en vigor y para ser aplicadas y obedecidas. Sin embargo, la prudencia y las normas más elementales de buen gobierno aconsejan dejar que trascurra un cierto lapso entre la publicación y la iniciación de la vigencia, a fin de que las mismas puedan ser estudiadas, analizadas y ponderadas por sus destinatarios y por la ciudadanía en general.

De nuestro orden jurídico, dos son los sistemas que se siguen en lo tocante a la iniciación de vigencia de leyes y consecuentemente de plazos para la BACATIO-LEGIS: El sucesivo y el sincrónico. Nuestro Código Fiscal Federal se inclina por el sistema sincrónico, al disponer en el artículo 7 que: "Las leyes fiscales entrarán en vigor en toda la República el día siguiente al de su publicación en el "Diario Oficial de la Federación", salvo que en ellas se establezca una fecha posterior".

Se afirma que la vigencia constitucional de la ley fiscal es de un año.

  • DECRETO DELEGADO: El decreto delegado se produce cuando la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo para expedir leyes sin necesidad de una delegación del Congreso; en estos casos el origen de la autorización se encuentra directamente en la Constitución. En cuanto a la materia fiscal, se encuentra en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Federal, un caso específico de delegación de facultades por virtud del cual el Ejecutivo puede ser capacitado por el Congreso para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, con el fin de regular la economía nacional.
  • Decreto es una decisión de un órgano del Estado que crea situaciones jurídicas concretas o individuales y que requiere de cierta formalidad (publicidad), a efecto de que sea conocido por aquellos a quienes va dirigido.
  • DECRETO LEY: En el decreto ley, el congreso de la Unión transmite al Ejecutivo facultades legislativas. Esta situación podría presentarse en el caso previsto por el artículo 29 Constitucional, según el cual el Ejecutivo puede suspender las garantías individuales a raíz de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro motivo que ponga a la sociedad en grave peligro. En estas circunstancias, el Congreso concede la autorización necesaria para que el Ejecutivo haga frente a la situación.
  • REGLAMENTO: El reglamento se define como un conjunto de normas jurídicas de Derecho Público expedidas por el Presidente de la República con el único y exclusivo propósito de pormenorizar, particularizar y desarrollar en forma concreta los principios y enunciados generales contenidos en una ley emanada del Congreso de la Unión, a fin de llevar a cabo la ejecución de esta última, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

Podemos afirmar que los reglamentos administrativos constituyen una relevante fuente formal del Derecho Fiscal, debido a que al operar como complemento indispensable de la Ley, coadyuvan al mantenimiento del principio de legalidad tributaria.

  • LA JURISPRUDENCIA: La doctrina tributaria está constituida por el conjunto de conceptos, definiciones, críticas y opiniones vertidas por los especialistas en la materia acerca de los diversos temas que la componen, a través de libros, artículos, ensayos, editoriales, conferencias, cursos de actualización y demás medios de difusión permanente del pensamiento.

La Doctrina en sí no es una fuente formal del Derecho Fiscal, por cuanto no constituye un procedimiento encaminado a la creación de normas jurídicas, no las opiniones de los especialistas, por respetables y prestigiados que sean, poseen fuerza obligatoria alguna para las autoridades hacendarías, los causantes o los órganos jurisdiccionales competentes. Sin embargo, puede llegar a operar como fuente indirecta, en virtud de que los criterios y sugerencias de los especialistas llegan a influir en el ánimo del legislador cuando dicta nuevas leyes o modifica y adiciona las existentes, así como en el Juzgado, cuyas resoluciones sientan Jurisprudencia.

  • LAS CIRCULARES: Son comunicaciones o avisos expedidos por los superiores jerárquicos en la esfera administrativa, dando instrucciones a los inferiores sobre el régimen interior de las oficinas, sobre su funcionamiento en relación con el público, o para aclarar a los inferiores la inteligencia de disposiciones legales ya existentes; pero no para establecer derechos o imponer restricciones a ellos.

Las circulares a pesar de que provengan de "funcionarios fiscales facultados debidamente", carecen de eficacia jurídica, y por ende, no pueden convertirse en fuente de derechos y obligaciones para los sujetos pasivos de la relación tributaria.

Las circulares a pesar de su exagerada proliferación, no forman parte de los procesos de manifestación de las normas jurídico-fiscales, ni contienen disposiciones de observancia obligatoria para los contribuyentes.

El artículo 35 del Código Fiscal de la Federación estatuye: "Los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a las diversas dependencias, el criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el "Diario Oficial de la Federación".

  • LA COSTUMBRE: Ha sido definida como la observación constante y uniforme de una regla de conducta llevada a cabo por los miembros de una comunidad social con la convicción de que responde a una necesidad jurídica.

El artículo 1º del Código Fiscal de la Federación, determina: "Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas; las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto…"

Conforme al dispositivo trascrito, podemos colegir con claridad que las contribuciones se rigen, de manera exclusiva, por normas jurídicas, sin que se admita la posible aplicación supletoria de la Costumbre, ya que en defecto de las leyes hacendarías especiales, deberá recurrirse únicamente al Código Fiscal. Por consiguiente, preciso es desechar de plano cualquier posible aplicación de la costumbre como proceso de integración o como fuente formal del Derecho Fiscal Mexicano.

INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS FISCALES

La labor de interpretar las leyes fiscales, es decir, la función de determinar en qué casos las mismas no son aplicables a los gobernados, representa una actividad sumamente delicada, ya que de la forma como se ejerza dependerá en gran medida que, por una parte, no se grave a los causantes con cargas económicas indebidas y que por la otra, no se prive al Estado de los recursos económicos que imperiosamente necesita para sufragar el costo de los servicios públicos y demás actividades de interés general. La función interpretativa de la Ley tributaria permite la consecución de la justicia fiscal, armonizando en la práctica los postulados constitucionales de proporcionalidad y equidad.

INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES (SISTEMAS).

La interpretación de las leyes consiste en una labor que lleva a cabo cualquier persona interesada en desentrañar su contenido para poderlas aplicar a determinados casos o situaciones concretas y específicas.

La constante evolución de la ciencia y técnica del Derecho ha dado lugar a la estructuración de diversos sistemas interpretativos, los que, a pesar de utilizar variados criterios, tienen como finalidad única penetrar el sentido de las normas jurídicas para permitir su aplicación.

  • MÉTODO DE INTERPRETACIÓN LITERAL: Consiste en aplicar la norma jurídica atendiendo exclusivamente al significado gramatical de las palabras que componen su texto.

En virtud del principio de legalidad consagrado en los artículo 14 y 16 constitucionales, este método reviste una gran importancia, puesto que no podrá cobrarse un impuesto que no esté establecido en la ley.

  • MÉTODO DE INTERPRETACIÓN LÓGICO-CONCEPTUAL: Este método no se detiene exclusivamente en el análisis gramatical del texto de que se trate, sino que persigue descubrir su significado conceptual desde un punto de vista eminentemente lógico, trata de descubrir el verdadero sentido de la norma jurídica.
  • MÉTODO DE INTERPRETACIÓN AUTENTICA: Conforme a este sistema, para desentrañar la verdadera significación de una disposición normativa, no se atiende ni al significado gramatical, ni al significado lógico conceptual de las palabras que integran su texto, sino que se busca descubrir cual fue la intención perseguida por el legislador al expedir dicha disposición. Para tal efecto, se buscan los antecedentes legislativos que dieron origen a la ley sujeta a interpretación y con base en dichos antecedentes se resuelven los problemas que pudieran presentarse para su aplicación.
  • MÉTODO DE INTERPRETACIÓN A CONTRARIO SENSU: Este método parte de un supuesto de carácter esencialmente lógico, al considerar que no quedan comprendidos dentro de la hipótesis normativa prevista en una ley, todos aquellos que se encuentran colocados en una situación exactamente contraria a la que en tal hipótesis se contiene. Constituye una técnica jurídica bastante correcta que coadyuva a descubrir el significado de determinadas normas jurídicas. Se le objeta que sea un método de aplicación sumamente limitado, ya que para que el mismo surta efectos, es requisito indispensable que la norma jurídica a interpretar admita una situación a contrario y que además dicha situación se presente en la realidad.
  • MÉTODO DE INTERPRETACIÓN ANALÓGICA: Consiste en aplicar a una situación de hecho no prevista en una Ley, la norma jurídica aplicable a una situación similar que sí está prevista en dicha Ley. Es un sistema que presenta desventajas porque es totalmente subjetivo, porque su utilización depende del criterio de quien vaya a aplicar la Ley, en consecuencia carece de un punto de referencia objetivo, que es el requisito esencial para que un método de interpretación legal resulte justo y adecuado.
  • MÉTODO DE INTERPRETACIÓN EXACTA: Consiste en que una norma jurídica sólo es aplicable a un caso concreto cuando el hecho o la conducta respectiva encuadran exactamente dentro de la hipótesis prevista.

Este método requiere de manera imperiosa que exista una exacta adecuación entro lo que sucede en la realidad y lo que la ley dispone.

INTERPRETACIÓN EN NUESTRO DERECHO POSITIVO FISCAL

MÉTODO DE INTERPRETACIÓN ESTRICTA: El método de interpretación estricta de las normas fiscales, consiste en aplicar las normas jurídicas tributarias, atendiendo fundamentalmente al significado gramatical y conceptual de las palabras empleadas por el legislador, sin introducir ninguna hipótesis o situación que no se encuentre prevista de manera expresa en el texto de la propia ley.

El artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, indica: "Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

Conforme al precepto trascrito, estamos en posibilidad de concluir que el Derecho Tributario posee su propio método de interpretación legal.

SUPLETORIEDAD DE LAS NORMAS EN NUESTRO DERECHO FISCAL.

El artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, en su párrafo segundo, establece: "…Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Derecho Federal Común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal".

Esto nos lleva a establecer que si la norma jurídico-tributaria contiene omisiones o lagunas de carácter sustantivo, deberá recurrirse al Código Civil, para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en Materia Federal; si el fin que persigue la norma de que se trate, es de carácter procesal, entonces deberá aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles; y así sucesivamente.


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