Nuevo modelo de seguridad policial (página 2)

 1.3.-Los 13 Conceptos Fundamentales de la
Reingeniería

 1. Consiste en empezar de cero, en una hoja en
blanco.

Se considera que prácticamente todo lo que
hacíamos antes como personas, empresas,
instituciones
o gobierno
parecería estar mal hecho, considerando los resultados
obtenidos.

 2. Consiste en cambios radicales, brutales,
espectaculares.

La reingeniería es enemiga de los cambios
graduales, moderados e intrascendentes. Se habla de cambios de
100%, no de cambios incrementales de 20 o 30%.

 3. Está enfocada a procesos.

No a departamentos o áreas, trabajos, personas o
estructuras.
Los viejos principios de la
administración que fragmentaban el trabajo en
varias unidades ya no funcionan, ahora hay nuevos principios. Se
define un proceso como
una colección de actividades que reciben una o más
entradas y generan una salida que es de valor para el
cliente.

 4. Tiene una visión
holística.

Observa todos los procesos desde una perspectiva
integral. Ve el todo y no las partes. Tiene una perspectiva
global.

 5. La división del trabajo ya no
funciona.

La división de tareas que fue clave para la
revolución
industrial (pensamiento
lineal) ya es obsoleta. Hoy día ya no procede trabajar en
serie, sino en forma integrada y dinámica. Tenemos que reintegrar los
procesos. Los actores de la reingeniería deben ser capaces
de desempeñar más de un rol.

 6. Es enemiga de la especialización. Es
multiespecialización (generalista).

La reingeniería es anti-especialización.
La especialidad tiene virtudes pero su defecto es la
pérdida de flexibilidad. En reingeniería lo que
más requieres es flexibilidad.

 7. Se apoya en el principio de la incertidumbre
(Teoría
del Caos).

En reingeniería todo es "pulso y vista". Pura
intuición pero no ciega. Parte del supuesto de que el
determinismo no existe y por lo tanto no existe nada establecido
ni predeterminado. Hay que aprender a administrar o manejar la
incertidumbre. Hay que tener una tolerancia a la
vaguedad, ya que no hay guías ni precisión. Es
construir un puente al vacio sin conocer la otra
orilla.

 8. Su herramienta principal es la
destrucción creativa.

Lo anterior ya no funciona y por lo tanto hay que
destruirlo, pero de una manera creativa, construyendo los nuevos
procesos. Se basa en el principio de que en un espacio
sólo cabe un edificio, para construir lo nuevo tiene que
hacerse sobre las ruinas o cenizas de lo viejo. Tienes que
destruir tu empresa ó
tu viejo "yo" ó tu organización para hacer una nueva de cero,
pero esta destrucción tiene que hacerse de manera
sistemática en base a los principios de la
transformación organizacional.

 9. No hay un "modelo de
reingeniería". No hay un plan
preestablecido.

El modelo es que no hay modelo. Cada quien tiene que
hacer su propio proyecto de
reingeniería. En el momento que rompas con lo anterior te
quedas en el aire, por eso
debes tener una tolerancia a la ambigüedad hasta que
recompongas los procesos. Sin embargo, debes tener conciencia de que
para realizar reingeniería necesitarías
asesoría o consultoría externa. Tu sólo
podrás avanzar en la mitad de la reingeniería, la
otra mitad deberá contar con supervización externa,
porque de lo contrario existe el riesgo de caer en
la autocomplacencia, en el autoengaño. Sólo una
auditoría externa evitará que sigas
haciendo lo mismo de antes con un nombre nuevo. No cualquier
cambio es
reingeniería, sólo un cambio que cumpla y respete
todos los conceptos y su metodología.

 10. Lo más importante es un cambio de
mentalidad o de enfoque. Metanoia.

No debemos pensar en tareas aisladas, sino en procesos
integrados. Si sigues viendo el mundo como era antes. Si piensas
que no hay nada nuevo bajo el sol y que no
debes cambiar tus actitudes, tus
comportamientos, tu forma de trabajar o si no estás
dispuesto a enfrentar la incertidumbre o la vaguedad, entonces la
reingeniería no es para ti. El día que cambies de
mentalidad, el día que tengas un cambio cultural, una
Metanoia, ese día podrás hacer reingeniería.
Un concepto
fundamental es que no podrás hacer la reingeniería
de una empresa o de
un organismo o de una institución cualquiera si primero no
haces una reingeniería de ti mismo. Si no cambias de
mentalidad no estás listo para entrar al
futuro.

 11. En un primer momento debe realizarse de
arriba hacia abajo.

Debe ser iniciado por el líder
de la
organización ("líder transformacional"), porque
si no hay voluntad y decisión, si no se canaliza poder y
recursos, no
prosperará.

 12. En un segundo momento, la
reingeniería requiere un impulso en sentido inverso, de
abajo hacia arriba.

Si no involucra a todos los miembros de la
organización fracasará, porque estos lo
boicotearán, lo sabotearán o lo harán
más lento. El involucramiento debe hacerse por
convencimiento o por "amor a la
camiseta".

 13. Si uno no está convencido es mejor
no hacer reingeniería.

Los resultados pueden ser desastrosos, ya que se
desmantelaría lo que funcionaba en el pasado y no se
acabaría de instalar los nuevos procesos. Nos
quedaríamos en el peor de ambos mundos: todo lo malo del
pasado sin lo bueno del futuro.

Si estás convencido de las bondades de la
reingeniería, de sus conceptos y de su metodología,
no esperes más, ponla en práctica cuanto antes. El
mundo ya cambió, ahora falta que cambies tú o tu
empresa o tu organización.

2.-
METODOLOGÍA ESQUEMÁTICA DE REINGENIERÍA DE
PROCESOS

Como extremo ideal, se puede establecer una
metodología de "papel en blanco", en la que se reinventa
toda la estructura y
funcionamiento del proceso o de la organización. Se
mantienen los objetivos y
estrategias
básicas del negocio, pero se adopta una libertad total
de ideas. Esta metodología se puede restringir
aprovechando en mayor o menor medida los procesos ya existentes,
haciéndose así un rediseño parcial del
proceso.

En cualquiera de los casos, la reingeniería
de procesos crea cambios directos y radicales que requieren
unas circunstancias en la organización para adoptarse con
éxito:

• Sensibilización al cambio.
• Planeación estratégica.
• Automatización.
• Gestión de Calidad
  Total.
• Reestructuración Organizacional.
• Mejora Continua.
• Valores compartidos.
• Perspectiva individual.
• Comportamiento en el lugar de trabajo.
• Resultados finales.

Las etapas de la reingeniería pueden ser las
siguientes:

• Identificación de los procesos
  estratégicos y operativos existentes o necesarios, y
  creación de un mapa (un modelo) de dichos
  procesos.
• Jerarquización del mapa de procesos para su
  rediseño, y determinación de los procesos clave,
  aquellos que se abordarán primero o con mayor interés.
• Desarrollo de la visión de los nuevos procesos
  mejorados.
• Reingeniería (creación y
  rediseño) de procesos, realizada por consultores
  externos, especialistas internos, o una mezcla de
  ambos.
• Preparación y prueba de los nuevos procesos
  (procesos pilotos) .
• Procesos posteriores de mejora continua.

Sin embargo, varios autores opinan que no existe una
metodología clara para llevar a cabo una
reingeniería de procesos, sino que la metodología
depende de las circunstancias de la organización: se puede
emplear personal externo
o interno, rediseñar toda la organización a la vez
o por partes, implantar los procesos nuevos en paralelo a los
antiguos o sustituirlos completamente.

3.-
REDISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS

La puesta en practica de un plan de calidad, puede
exigir el rediseño de los procedimientos de
trabajo y de los puestos de trabajo. Para la puesta en
práctica de este rediseño de los procesos es
preciso:

· Analizar los procesos que desarrolla
la empresa
desde la perspectiva del cliente. Estudiando como los
diferentes procesos y tareas aportan valor al cliente.

· Ciertos procesos que se desarrollan de forma
rutinaria en muchas empresas no aportan valor al cliente y pueden
ser eliminados.

· Analizar las diferentes tareas que componen
los procedimientos. Estudiando con especial atención los incidentes críticos.
Aquellas etapas de los procedimientos donde se producen los
errores.

· Eliminar tareas. Ciertas tareas pueden
ser eliminadas mediante una reorganización de los métodos de
trabajo.

· Rediseñar tareas. Algunas tareas
críticas deben ser rediseñadas para mejorar la
calidad, la atención a los clientes y la
rapidez en la respuesta.

· Establecer procedimientos. Fijar
normas y
procedimientos.

El análisis de los procesos y el
establecimiento de procedimientos forman parte de los procesos de
certificación de calidad que tiene los siguientes aspectos
fundamentales:

1.El servicio se
presta respondiendo a unas especificaciones
establecidas.

2.Y mediante una organización orientada a la
satisfacción del cliente.

3.Se establecen unos parámetros de
exigencia.

4.Estos parámetros se van a medir y controlar
de forma continua.

5.Que se van a adoptar medidas correctoras si
procede.

6.Que existen cauces específicos para atender
a los clientes en sus disconformidades e informarles de las
acciones
emprendidas.

El establecimiento de un sistema de
calidad total no se queda en el establecimiento y análisis
de unos procedimientos o normas sino que comporta un proceso
continuo de control de
calidad.

1.Investigación de usuarios finales para
conocer cuáles son sus estándares exigidos a la
calidad de cada producto o
servicio.

2.Comunicar a los empleados las acciones para
alcanzar el nivel de calidad
Y comunicar los resultados que se van obteniendo.

3.Creación de incentivos y
reconocimientos para motivar a los trabajadores. Fomentar la
orientación al cliente no sólo como
filosofía sino estableciendo incentivos y reconocimientos.
Es preciso poner el dinero
necesario para acompañar a las declaraciones de
calidad.

4.Control periódico
de las desviaciones. Medición continuada de los resultados
obtenidos y comparación con los objetivos establecidos en
el plan.

5.Compromiso de la dirección para solucionar los
problemas. Es imprescindible el compromiso de la
dirección con el sistema de calidad. El compromiso exige
alinear los incentivos, formación, evaluación
de los empleados con la satisfacción del
cliente

4.- LA REALIDAD
POLICIAL.

Comenzaremos reconociendo los diferentes factores que
conforman y condicionan la realidad policial. Para arribar a este
objetivo,
imprescindible para formular las consideraciones necesarias y
válidas para un cambio futuro; realizamos una lectura en su
aquí y ahora como de su devenir histórico en cuanto
a su pertenencia Estatal, a sus relaciones con la Comunidad y las
actividades realizadas en contra de la delincuencia.

Consecuentemente, identificamos y citamos a
continuación, una serie de presupuestos
que en más o en menos, subdivididos o agrupados
diferentemente, básicamente representan los más
importantes y que necesariamente deben ser analizados en su
conjunto.

• Conflictos con
la comunidad. Distanciamiento.

• Desempeño exclusivo de tareas operativas.
Eliminación de oportunidades y otras
supletorias.

• Descontrol del accionar de la delincuencia.
Desprotección.

• Casos de violaciones a los derechos humanos
y de corrupción.

• Inadecuada estructura institucional.
Disfuncionamiento.

• Precaria e inadecuada capacitación profesional.

• Pérdida de identidad.

• Influencia política.

• Falta de recursos financieros que atiendan
debidamente a los funcionarios policiales en sus necesidades y
decoro personales.

• Idem sistemas y
medios
logísticos para cumplir acabadamente su misión
específica.

La Policía tiene conflictos con su comunidad,
desde el preciso instante de su creación, lo cual tiene
mucho que ver con los aspectos y características de la
misión a cumplir como de la metodología
tradicionalmente empleada para llevarla a cabo, aunque más
adelante veremos la existencia de componentes más fuertes
y profundos. Estos conflictos, se traducen preponderantemente en
actos de violencia,
corrupción, violaciones sistemáticas
a los derechos
humanos, descontrol del accionar de la delincuencia y aún
su aislamiento institucional; todo lo cual converge, en la
desprotección ciudadana, en su distanciamiento y alto
grado de cuestionamiento social.

En la generalidad, todas las formaciones policiales, se
dedican por imperio de la Ley, al mantenimiento
del Orden Público y la Seguridad
Pública a la vez que la protección de su Comunidad
contra el accionar de la delincuencia, de manera tal, que si bien
ningún habitante reprocharía a priori, todos o
alguno de estos máximos preceptos, en cambio sí lo
haría, sobre la forma o manera que tiene la Policía
de cumplirlos. Y a este aspecto, hay que agregar y dejar bien en
claro, que la policía no hace lo que quiere, sino aquello
que le es ordenado, por lo que sería mediatizar nuestro
estudio, si nos cerráramos, y consideramos que la
problemática referida a su cuestionamiento o mal
funcionamiento, nace y muere con ella.

Con respecto a sus actividades en procura del Orden
Público y la Seguridad Pública como razón de
Estado para el
bien común, fueron históricas y
sistemáticamente tergiversadas por los diferentes
gobiernos; orientándolas hacia un fuerte control y
disciplinamiento social y enmascarando, detrás de la
agencia policial, además de un marcado absolutismo,
la realización de intereses ideológicos y
político-partidistas. Efectivamente, sus potencialidades
jurídicas y corporativas (humanas y de recursos
logísticos y financieros), fueron desgastadamente
distraídos para la contención y/o resolución
de conflictos emergentes del campo social, donde la
represión policial se observó como la repuesta
oficial y de primerísima línea; en lugar de
destinarlas a la protección de la ciudadanía y el desarrollo
comunitario.

En cuanto a su accionar contra la delincuencia, cuenta
con una estructura organizativa y funcional rígida,
obsoleta y preponderantemente negada hacia todo avance
tecnológico, producto de un marco legal inadecuado y
tendencioso que la conminaran tradicionalmente, a impulsar y
mantener un esquema de prevención basado exclusivamente en
la eliminación de oportunidades, preponderando la
saturación de objetivos en forma indiscriminada y
eventual, como de precarias técnicas
de investigación, requiriendo grandes aportes
económicos por parte de la Comunidad, habida cuenta que se
alimenta permanentemente de personal policial, de recursos
materiales y
financieros. La falta de actividades relacionadas a la
conformación de una cartografía delictual con su
correspondiente informe
científico, permitiendo así, la
identificación y el
conocimiento de las causales del delito que le
permitan colaborar en el desarrollo
social; la ubican en desventaja y le impiden un trabajo
efectivo y eficaz en los niveles pertinentes de la
prevención. Es decir, que además de evitar que el
delincuente delinca, se pretende lograr que el delincuente no sea
tal y que la víctima no llegue a serlo; lo cual requiere
de una planificación policial que incluya y
permita una coordinación multisectorial e
interdisciplinaria, orientada a la elaboración de un
diagnóstico criminológico del
territorio donde ejerce su función
con todos los operadores del sistema.

A modo de ejemplo, una tradicional medida, fue siempre
estructurar grandes despliegues de policías y patrulleros
en su ámbito de responsabilidad como mega operativos puntuales y
coyunturales; pero, si bien eliminaron muchas posibilidades de
delinquir, en los lugares donde fueron fijados sus asientos; no
le han asegurado el control de la delincuencia; es más, le
producen el desconcierto de comprobar su aumento, muchas veces
tildándolo de inexplicable, derivando en su fracaso
institucional. Esta clase de
esquemas preventivos, en el mejor de los casos, reacciona
positivamente después de la comisión del delito y
trabajando en sus efectos, pero con poca incidencia para
evitarlo, aunque la realidad también nos demuestra que ni
aún después, cumple acabadamente con su
misión por la carencia de Planeamiento e
Inteligencia
como de personal, de medios y sistemas logísticos con los
cuales responder, degenerando así en impunidad,
desconcierto, reproche y desprotección social.

Y en este punto, nos apartamos de la doctrina del
Derecho por cuanto el concepto de impunidad, desde la óptica
del ciudadano común, que con sus impuestos
sostiene un sistema que no le sirve, no lo asegura ni le brinda
protección; comprende y se explica a través de la
falta de calidad y cantidad de funcionarios, recursos y
métodos para su contención personal y
represión delictual, imputándosele al gobierno y
preponderantemente a la Policía, una pasividad o actividad
ineficaz contra el delito y no haber llegado a tiempo y
dejarlo ser víctima.

Esta situación, se agudiza al absorber funciones
supletorias que importan tareas que no le corresponde hacer y
normadas en otros instrumentos jurídicos, pero
convenientemente incorporadas por Ley como cuestiones de
auxiliaridad para con otros organismos a la vez que demostrando,
una clara falencia del Estado que llega a provocar la
pérdida de identidad de sus miembros, los cuales
constantemente se preguntan si en realidad son funcionarios
policiales o custodios de detenidos, vigiladores y guardadores de
vehículos automotores secuestrados, o empleados a pleno de
los otros poderes del Estado. Así es, los detenidos en
dependencias policiales como la custodia de secuestros producto
de ilícitos, las notificaciones judiciales y otros
trámites de efecto privado, son en realidad una deliberada
y perversa delegación de funciones enmascarada en la
auxiliaridad, distorsionando la misión policial y haciendo
peligrar la seguridad
ciudadana.

La ciudadanía entonces, se siente desprotegida y
enfadada con la policía pues la obligan a ubicarse en
primera fila de una obra de teatro en la cual
observan como la delincuencia triunfa. El funcionario de
policía por su parte, se siente también defraudado
por el Estado,
pues a diario observan, cuánto dedican en recursos y
esfuerzos a otras tareas distintas a la policial, en desmedro de
aquélla que le corresponde por mandato
comunitario.

En la generalidad, el poder político demuestra
una influencia perjudicial, avanzando sobre la institución
policial con designios ideológicos, partidistas y
coyunturales como en términos electoralistas, que nada
tiene que ver con su misión, o teniéndola, la
obligan a cumplir estrictamente sus órdenes, sin
posibilidad de revisión e inspección, pero en
cambio sí, a hacerse cargo de las responsabilidades
emergentes de los futuros fracasos. Esto produce un
condicionamiento que vulnera muy fuertemente su normal
desempeño, pues el pretendido, es que el poder
político, debe ser consecuente con las relaciones
interinstitucionales y referidas estrictamente a la dependencia
estructural, fijando los lineamientos gubernamentales para la
Seguridad Ciudadana como de los sistemas de verificación o
control. Evitará extralimitarse en sus atribuciones e
incidir negativamente en la labor cotidiana de los cuerpos
policiales, comprobándose que en muchas ocasiones, su
perjudicial influencia ha llegado hasta niveles mínimos y
primarios de neto corte policial, tales como ordenar traslados y
designaciones de personal, servicios
policiales, ubicación de patrulleros, formas de llevar a
cabo procedimientos, custodias o paradas policiales, etc.,
desestimando la autoridad y
disciplina
internas, sin el pleno y necesario conocimiento
profesional para ello.

En este mismo contexto y primando la necesidad de
satisfacer meros intereses particulares y/o partidistas, se han
generado megas estructuras organizativas y se han elegido
funcionarios, en algunas agencias policiales con anterioridad a
la creación de los cargos para ejercerlos, en
contradicción con la doctrina más elemental y
tradicional del Derecho como de la Organización, o
caracterizándose por la falta de idoneidad y capacidad
para asumirlos. Esto ha conducido a un generalizado
disfuncionamiento y falta de control institucional, que en lo
interno convergen en burocracia y en
el relajamiento integral de la
administración, y en lo externo, posibilitando
diferentes situaciones que incluyen sistemáticas
violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y
de libre albedrío, incluyéndose el desamparo del
trabajador policial y la negación y/o incumplimiento de
sus derechos.

Entonces, nada nos sorprende si por regular de esta
manera la vida de la comunidad, se produzca el distanciamiento y
recelo de ella, a la vez que el descontrol en su lucha contra el
delito. Pero esto no es todo, le debemos sumar el hecho de que
nunca fue tratada como un área profesional, de la misma
forma que fueron la salud, justicia o
educación,
entre otras. Siempre la Policía fue destinada a prestar un
servicio, primero a la institución Estado y en segundo
término a la Comunidad y en donde, la autoridad moral y
técnica, rarísimas veces se concilió con la
autoridad formal, tanto en las designaciones como en el ejercicio
funcional. A modo de ejemplo, ningún gobierno
designaría al frente del área de Salud a un abogado
o en el área de Arquitectura y
Urbanismo a un Odontólogo; menos aún para el
área de Justicia, a quien no posea título de
abogado, pero en cambio el área policial, fue siempre
permeable para coronar a ciertos profesionales como abogados o
integrantes de las Fuerzas Armadas, en franco desconocimiento y
negación de la carrera policial. Pero esto no es casual,
advirtiéndose en algunas agencias, precariedad o falta de
una política de personal que conlleve a una buena selección
y un soporte académico que los aparte de meras
técnicas investigativas y del manejo de algunas armas como del
seguimiento profesional de los funcionarios policiales para
reaseguro de la Comunidad, de la Institución y de ellos
mismos, ante la posibilidad de cualquier práctica
inconstitucional. Volveremos sobre esta cuestión
más adelante.

Un tema importantísimo es el salario de los
funcionarios policiales, que representa un gran problema de
Estado por resolver. ¿Hasta dónde se pretende
explotar la lírica de la vocación de servicio, de
la integridad, de la moral y de
las buenas costumbres?; ¿Cómo puede
exigírseles conductas poco menos que excepcionales y
anticorruptas, a quienes en muchísimas ocasiones, no
tienen para comer o se presentan al servicio dejando a sus
familias sin dinero y
además, bajo condiciones laborales deplorables?. Tengamos
presente que el trabajo policial es riesgoso e insalubre, por lo
que una jornada de labor mínima de conformidad a los
contenidos de las legislaciones nacionales y además bien
paga, es la adecuada, debida y aconsejada.

Las situaciones dramáticas propias de la
función y vividas a diario por los agentes policiales,
importan la necesidad de un seguimiento y apoyo
psicológico que en la generalidad no se cumple (por no
decir que no existe), generándose una falta de
contención y atención que pueden derivar en
peligrosas patologías, muchas veces exteriorizadas y
canalizadas a través de sí mismo, de la comunidad
en general, de los imputados en particular como del grupo familiar
al cual deterioran y/o destruyen.

Por otra parte, la Policía es y funciona gracias
al esfuerzo y patrimonio
personal, tanto espiritual como pecuniario de sus trabajadores
policiales; de lo cual, el Estado, se beneficia continua y
cotidianamente, a la vez que le resulta vital para el
sostenimiento del sistema imperante por cuanto funciona carente
de toda clase de recursos oficiales. De igual manera y a escala
institucional de las diferentes dependencias, que autofinancian
su misión, en el mejor y lícito de los casos, con
la colaboración de la comunidad.

Entonces, esta realidad no es peor, gracias a las
personas de los funcionarios policiales encargados de hacer
cumplir la ley que nunca han bajado sus brazos y siempre, todos
los días, se enfrentan contra el delito en defensa de la
Comunidad, muy a pesar de sus vidas y de sus afectos y dentro de
un esquema laboral, donde
sus derechos como trabajadores so pretexto de la vocación
de servicio, pocas veces o nunca, se han tenido o se tienen en
cuenta.

5.- MODELO
POLICIAL HEGEMÓNICO (MPH).

Como hemos visto, surge de la realidad policial, una
serie de presupuestos que interactúan entre sí y
dentro de un círculo vicioso, retroalimentado y
conformando una problemática estructural y
sistemática, como de carácter histórico.

Veamos a continuación, sus aspectos constructivos
y de sostenimiento, que se corresponden con:

• Relación Estado-Sociedad.

• Respeto y
acatamiento irrestricto -y hasta ciego- para con el
Estado.

• Marco jurídico inadecuado y tendencioso.
Legislaciones convenientemente orientadas hacia un fuerte control
y disciplinamiento social.

• Metodología. Corte represivo. Efectos del
delito.

• Estructura organizativa y funcional.
Militarismo.

• Corrupción.

La problemática policial en Lara como en toda
Venezuela,
tiene que ver con la respuesta histórica de la
Institución Policial, a un modelo utilitarista y
hegemónico, que no es fortuito o espontáneo, sino
deliberado y cuya génesis, se pierde con los
años.

Con esto no estamos afirmando que fueran los
conquistadores, quienes nos regalaran un modelo policial, de
ninguna manera, aunque muchas características
clásicas de tiempos coloniales aún persisten en la
actualidad.

El modelo policial hegemónico, ya tiene
más de cien años y aún se sostiene, pese a
las fuertes pseudo reformas de corte gatopardista que se le han
practicado. Un punto de partida posible para nuestro
análisis, sería la conformación de los
Estados en América
Latina que en la generalidad y respetando las
particularidades de los diferentes países involucrados, se
producen a fines del siglo XIX con características muy
similares.

Entonces, recordemos en principio, la constitución de los Estados Nacionales,
emparentados con las institucionalizaciones de los
Ejércitos Nacionales, habida cuenta de la necesidad,
además de limitar sus fronteras, de impartir orden y
poseer, a la vez que ejercer, el poder político
interno.

Pero esta necesidad, iniciada con un marcado y
enmascarado absolutismo, se legitimará sobre la base de la
razón del Estado para el orden y el bien común en
sus relaciones con la Sociedad.

En este cuadro de situación, sus primeras medidas
estuvieron orientadas a su constitución y
modernización, preponderando el fortalecimiento de la
justicia, del ejército y de la policía e
imponiéndoles, supletoriamente, una doctrina de alto
potencial filosófico, donde su actuación, en pro
del proceso de organización nacional, se emparentaba
igualitariamente con lo patriótico.

Debe quedar bien en claro, que el modelo de Estado
Nacional no fue meramente un conjunto de medidas orientadas hacia
una meta; representó toda una ideología que derivara en una nueva
cultura
impuesta por la clase dirigente, poseedora del poder
político y económico hacia el resto de la población, actora pasiva de su propio
devenir histórico. Se sentaron las bases jurídicas
para una sociedad violenta, donde unos pocos satisfacían
sus intereses a expensas del resto de la población. El
protagonismo oligárquico en este proceso, construyó
primero y se valió después, de una serie de
estructuras, entre las que se ubicó nuestro modelo
policial, como también el de la instrucción
pública, el modelo de salud, el de una justicia
corporativa, lamentablemente aún vigentes; generando y
tolerando la coexistencia de dos países en un mismo
territorio, el legal y el ilegal; respetando la Ley pero con
muchas excepciones. Prostitución-antiprostitución,
aborto-antiaborto, matrimonio-concubinato,
juego
oficial-juego clandestino, etc., representan las controversias
más claras y demostrativas de esta construcción; pero para todo caso,
países con seguridad insegura, sin estructuras dirigidas
hacia el bienestar social, particularmente referidas a la
prevención del delito a la vez que altamente permisivos al
avance del Estado sobre los derechos de las personas y con los
reaseguros brindados por un sistema jurídico
corporativista, por cierto injusto, reaccionando eficazmente ante
cualquier reproche individual.

En este contexto, las condiciones de exclusión
social que trajo aparejado las políticas
impuestas, deliberadas por cierto, y la necesidad de
contención de las masas reclamantes por parte del Estado,
determinaron la necesidad de constituir un verdadero sistema de
dominación por encima y a expensas de lo prevencional en
materia
delictual, en el cual la policía, fue siempre uno de sus
soportes fundacionales y fundamentales, desarrollando
notablemente, un fuerte y excesivo control y disciplinamiento
social, desvirtuando su razón de ser.

Al modelo de Estado Nacional, sostenido hasta muy
avanzado el siglo XX, le sigue el Benefactor, verificado en la
década del ´40 y reeditado en los años
´70, el cual se caracterizó por orientar el
ejercicio del poder político hacia el espectro social. Si
bien constituyó un modelo de inclusión social que
comprendió y movilizó a amplios sectores de la
población, la metodología empleada lo llevó
a situaciones comprometidas y reñidas con los aspectos
básicos de toda democrática como la falta de
representatividad de las minorías, derivando
lógicamente, en reiterados reclamos y conflictos
sociales.

Por su parte, el aparato policial, intacto y con la
doctrina del modelo anterior, paradójicamente sedujo al
modelo Benefactor, resultándole apto y muy conveniente
para responder y aplacar estos reclamos y/o contener los
conflictos suscitados, apoyándose en un vigente
corporativismo jurídico dogmático, también
heredado y permitiéndole continuar con un control y
disciplinamiento, acordes al grado de conflictividad social
emergente.

Un aspecto estructural y común de ambos modelos de
Estado, fue el despliegue operativo cada vez mayor de personal y
medios de la Policía, sobre todo en la vía
pública de las ciudades, lo cual permitía la
observación y control directo de la
población, a la vez que lo propio para con la
delincuencia. Esta situación generada, muy conveniente e
importante, además de neutralizar en cierta medida el
accionar delictivo, disimulaba perfectamente al modelo policial
hegemónico, enmascarando el seguimiento ciudadano so
pretexto de la investigación predelictual y descartando
toda posibilidad de aislamiento, a la vez que aplacar
considerablemente, un directo y permanente cuestionamiento a su
organización.

Paradójica y felizmente, la Institución
Policial fortaleció su condición de agencia social
referencial por cuanto al existir un contacto e interacción cotidiana entre la gente y sus
funcionarios policiales, tanto en las calles como en sus
dependencias, encontró su verdadera identidad y cumplir
con su verdadera misión que no es otra que contener y
proteger a los habitantes y colaborar denodadamente en el
desarrollo
social, a la vez que lograr la resolución de muchos y
variados problemas
relacionados específicamente a la seguridad
comunitaria.

El modelo que sigue es el denominado
Burocrático-Autoritario que hace su aparición en
las décadas de los ´60 y ´70 aproximadamente,
siendo una mezcla perversa de intereses financieros
internacionales con un alto grado de intelectualidad mecanizada
pero con una propuesta concreta y necesaria para su puesta en
marcha y mantenimiento: la contención y la
represión popular.

Para ello, una estrategia basada
en llevar una voz de mando a todos los niveles de la Comunidad y
donde lo social, responda a postulados técnicos y
formulaciones matemáticas, sin posibilidad alguna de
intromisión perjudicial desde las ciencias
sociales; fue su característica más evidente y
la ejecutara, iniciándola con un potente shock social, de
la magnitud que únicamente lo producen los golpes de
Estado, y sustentándola continuadamente a través de
un fuerte y excesivo control y disciplinamiento de la
población, sin disimular la ilegitimidad e ilegalidad de
su existencia, de su permanencia en el poder como de las medidas
para destrabar los conflictos sociales emergentes.

Entonces y lamentablemente, necesitó de una
corporación que lleve a cabo estos preceptos; y qué
mejor que la policía, otrora creada para fines similares y
formando parte de ese Estado que se pretende imponer para
transformar la vida ciudadana. Pero la realidad
sociopolítica, sobre todo a partir de la década de
los años ´70, modificó la operatividad
policial, verificándose un absoluto repliegue de personal
y recursos logísticos hacia sus dependencias, provocando
la pérdida del contacto diario con la gente, su
aislamiento y el descontrol ciudadano a la vez que una cuota muy
significativa en el fracaso de su lucha contra la delincuencia.
Sus acciones, condicionadas ideológicamente desde el
gobierno que usurpaba el Estado, para dar una respuesta armada
hacia los movimientos terroristas, se hicieron cada vez
más agresivas y represivas a la vez que indiscriminadas,
llegando hasta niveles de crisis
institucional inmanejables y con marcado desconocimiento
funcional, lográndose para todo caso, la
victimización de grandes y diversos sectores de la
población como periódicas ocupaciones
territoriales.

Finalmente llegamos al actual modelo, que intenta
construir un Nuevo Estado sobre la base de racionalizaciones y
profundas transformaciones. Se advierte que pretende cumplir con
la premisa democrática de la representatividad, mas tiene
serios inconvenientes con la participación integral de la
población. Efectivamente, los fuertes y continuos ajustes
en el plano económico, basados en la cara oscura de un
neoliberalismo
perverso y con influencia en todas las áreas de la vida
comunitaria; construyen y sostienen un modelo de exclusión
que abarca a grandes y diversos sectores de la población,
derivándose inevitablemente, en conflictos
sociales.

Y esto lo notamos a diario con la simple lectura de un
periódico o la escucha de un noticiero, reproduciendo
sucesos acaecidos en cualquier parte del mundo y especialmente en
Latinoamérica; comprobándose como
denominador común, que la respuesta primaria, dada por los
gobiernos ante los diversos reclamos formulados por amplios
sectores de la comunidad (estudiantiles, obreros, desocupados,
jubilados, etc), se corresponde con la acción
policial, muchas veces inusual, incontrolada y brutal.

No cabe la menor duda que la orientación de este
nuevo Estado es el ansiado Estado de
Derecho, pero las sucesivas etapas que debe sortear para su
meta, traen consigo una radicalización de la marginalidad,
conformando una plataforma permeable al conflicto
social violento y que conlleva al escape delictual,
situación que se ha verificado y es una constante en el
tiempo, a la vez que también lo fue y es, la
utilización del aparato policial con fines de aplacar la
conflictividad social pero de neto corte represivo. Se pretende
un esquema operativo y una apertura policial hacia la Comunidad
como forma de revertir lo sucedido en la etapa anterior a la vez
que disminuir y controlar el accionar de la delincuencia, lo cual
implica una fuerte inversión espiritual y material para su
puesta en marcha y sostenimiento, donde la vigencia del modelo
hegemónico es el principal factor negativo.

Vemos entonces cómo el Modelo Policial
Hegemónico, tiene su génesis en común con la
formación de los primeros Estados en Latinoamérica,
que no precisamente respondiera exclusivamente, a proteger al
habitante de la delincuencia. Se construyó y sostuvo un
aparato, al cual le fijaron una ideología
preponderantemente represiva que condicionó su
práctica policial hasta nuestros días, aunque en
algunos casos, notablemente modificado y disimulado. De esta
manera, se lograría la resolución de problemas tras
la imposición de aquellas políticas oficiales que
provoquen reclamos y conflictos por parte de la población;
abordándolos sistemáticamente, mediante la
fácil y rápida, aunque nada democrática,
solución policial.

Esto no descarta, de ninguna manera, que este modelo
haya tomado y sostenido como ya dijéramos, viejas
características y doctrinas policiales de tiempos
anteriores a su conformación y que datan desde la
época misma de la Colonia. Tampoco representa una
plantilla rígida que involucra a todas las fuerzas
policiales de la Región, muchas de las cuales pueden haber
tenido un devenir histórico-institucional distinto; pero
sí responde, a una generalidad muy aproximada.

La fuerza
policial, en el marco de su modelo hegemónico, fue creada
para ser violenta y responder así, a una también
creada sociedad violenta; operando inmersa en la violencia con
violencia. Esta relación lograda por el Estado para con su
Sociedad y en donde la Policía ocupara
históricamente una posición intermedia,
necesitó de un marco legal adecuado y conveniente que le
fijara una organización perfectamente diseñada y
una metodología funcional que respondiera con este modelo
y sus fines. Este diseño
institucional, poco refleja el sentir comunitario,
asignándole deliberadamente una perjudicial estructura
organizativa y funcional, de notable sobredimensionamiento a la
vez que burocratizada, e impidiéndole promover o
participar, en todas las acciones dirigidas a adelantarse a la
comisión del delito.

Las legislaciones policiales, desde los tiempos mismos
de su creación, no son el fiel reflejo de las expectativas
de la comunidad. No existe en sus letras, una interpretación adecuada de la verdadera
misión de la Policía como agente de control social,
dedicada a la protección comunitaria y que la obligue a
trabajar en todas las formas y niveles de la prevención. Y
en esto, mucho tiene que ver el sostenimiento de políticas
de gobierno por sobre las de Estado o existiendo éstas, su
falta de sustentabilidad y la errónea consideración
de separar aquéllas de corte social, económico y
cultural con de las de orden criminológico; determinando
un abordaje fragmentado de la problemática delictual desde
lo ocasional y a través de un sistema que no le
permitió combatirla correctamente sino provocar su
descontrol. Por otra parte, la persistencia o reincidencia
delictual, fue interpreta y afrontada de la misma forma,
aportando así, una considerable cuota al fracaso
policial.

En este contexto, la necesidad de funcionarios
policiales con permeables personalidades, tal vez aquéllas
de mentes empíricas y de moral utilitaria, se hacen
imprescindibles para la sustentabilidad del Modelo. Normalmente y
salvo excepciones, se recurre a un conservadorismo generacional
que se refleja en la tendencia hacia quienes son adultos maduros
en franca negación de los funcionarios jóvenes o de
las nuevas generaciones, como del temor a sus potencialidades;
salvo que éstas, aseguren con una labor obediente, la
continuidad del sistema y el acatamiento irrestricto a las
directivas oficiales en materia de control social. Es que el
Modelo Policial, nunca deseó funcionarios de buen nivel
cultural para ocupar cargos de conducción por el temor a
que sean o se conviertan en inmanejables, para lo cual
primó, una mala o improvisada selección y
propiciando una carrera policial de resistencia
personal y no de calidad profesional. A esta altura, dos
preguntas se hacen interesantes:

¿Está preparado un gobierno para poseer
un cuerpo policial que verdaderamente lo asesore
profesionalmente en materia de protección
ciudadana?.

¿Están preparados los gobiernos o mejor
dicho, los gobernantes de turno, a que su cuerpo policial les
manifieste que tal o cual medida o acción que la
involucre, no pueda realizarse por causas técnicamente
justificables o por qué constituye una violación
a los derechos humanos?.

Personalmente creemos que no; no está el
gobernante de turno preparado para escuchar realmente un informe
asesor; quiere escuchar que todo lo que ordene se cumpla; quiere
escuchar palabras mágicas como: sí, se puede, o
déjelo en mis manos, o yo me ocupo, o quédese
tranquilo que me hago cargo.

Entonces, esto requiere y hace, a un acatamiento ciego a
las directivas gubernamentales, donde lo legal o ilegal,
legítimo o ilegítimo, está determinado por
el funcionario político del momento y donde los
funcionarios policiales, son sustraídos o deliberadamente
se sustraen ellos mismos de todo razonamiento, revisión o
inspección de lo ordenado; quizás por temor,
conveniencia o necesidad. Por ello, el ejercicio del mando, su
verticalidad y autoridad, fueron convenientemente utilizados para
permitir que muchos funcionarios policiales, algunos sin saberlo,
otros por temor y el resto, felizmente los menos, plenamente
conscientes, cumplieran ordenes que derivaran en delitos.

Pero no se quiere decir o pensar, en una policía
deliberativa que no acate las órdenes oficiales del
gobierno; de ninguna manera, el pretendido es deliberar para el
correcto y democrático desempeño de sus funciones y
la debida interpretación -a ultranza- de la Obediencia
Debida o Deber de Obediencia, evitando hacer o dejar de hacer
todo aquello que se le ordene y sea o represente groseramente, la
comisión de un delito o falta administrativa.

La metodología empleada tradicionalmente por la
policía genera conflictos, pero no es caprichosa y tiene
su razón de ser, en las propias relaciones que el Estado
promueve y sostiene con la Sociedad. En los niveles cotidianos de
su trabajo contra la delincuencia, esta metodología le
impone una prevención por eliminación de
oportunidades que no es otra cosa que evitar que ¨la
ocasión haga al ladrón¨; frase
doméstica, a partir de la cual, se orienta su despliegue
operativo con acciones para que el delito no se suceda y por
ende, la delincuencia no prolifere; lo cual en principio,
sería lo más lógico e importante y la
comunidad se sentiría segura; pero lamentablemente,
eliminando las oportunidades delictuales, no se elimina la
existencia misma de la delincuencia ni se reduce su accionar, por
el contrario, aumenta, pues sus exponentes se mantienen activos y
fortalecidos, en permanente acecho y en procura de esa
oportunidad, que les permita cometer delitos.

Esta forma de prevención, la lleva a cabo a
través de una saturación de objetivos y de
técnicas de investigación criminal, mediante
tradicionales estrategias que implican tácticas de
presencia policial real y efectiva en todos aquellos lugares
susceptibles y posibles de comisión del delito como de
indagaciones predelictuales. Nuevamente sería lo ideal,
pero el delincuente que observa esa presencia, ese objetivo
saturado, recurrirá a otro lugar en donde no se encuentre
y pueda delinquir. De esta manera, se produce una
movilización horizontal de la delincuencia de un
territorio a otro (transdistritalización,
transprovincialización y/o transnacionalización o
internacionalización del delito). Por otra parte, las
citadas investigaciones,
ante la falta de eficaces y efectivos controles institucionales,
tal vez inadecuados o tendenciosos, dieron lugar a la
reunión de información que no fue empleada para una
debida saturación de estos objetivos, sino para el
seguimiento ideológico de las personas como a la
manipulación o regulación de la propia
delincuencia, en beneficio corporativo y personal.

Un esquema de estas características,
además de ser económicamente insostenible para las
comunidades, por cuanto se alimenta constantemente de más
y más funcionarios policiales, recursos financieros y
logísticos; genera una permeabilidad hacia la corruptela y
no tiene incidencia, como señaláramos, en la
disminución del delito, cuyas causas, si bien conocidas no
son atendidas o neutralizadas; mientras que la delincuencia
permanece activa y aún creciendo.

En el mejor de los casos, el éxito de estos
sistemas, implica mayor infraestructura en materia judicial y
penitenciaria, traduciéndose nuevamente en una
cuestión de finanzas que
la comunidad sostendrá a base de sus impuestos. Reiteramos
entonces que únicamente se estaría evitando la
producción delictual, que como ya
dijéramos, si bien sería lo ideal no siempre es
efectiva ni es lograda, muy a pesar de esta trilogía:
policía-justicia-penitenciaría, sin olvidar que
quien necesita y/o quiera delinquir, por las causas que fuesen,
perfeccionará sus métodos para el cometido, tales
como organizarse y aún llevar a cabo, tareas de
inteligencia que le permitan planificar su producción
ilícita.

La necesidad de contar con funcionarios para cumplir las
tareas de presencia real en la vía pública e
investigativas, que este modelo preventivo le impone; empeora
aún más la situación institucional de la
Policía, pues la condiciona negativamente,
obligándola a subordinar, la calidad a la cantidad, y
resultándole por demás impropio, toda exhaustiva
selección unida a una profunda capacitación y
seguimiento profesional, que conlleve a restar personal y
provocando una conformación e integración indeseada de funcionarios en
las agencias policiales.

La posibilidad de gastar siempre en recursos materiales,
se hace imposible para las comunidades; entonces, se abandona
paulatinamente el esquema de saturar objetivos para eliminar
oportunidades, derivando en una realidad delictual que la supera
y que por otra parte, su capacidad operativa le sea insuficiente
ni siquiera para cumplir con la investigación
postdelictual o la debida atención a las víctimas.
Por ello, este sistema de prevención deriva en que la
Policía dedique su trabajo, preponderantemente a delito
cometido, disponiendo del personal y medios con que cuentan
(nunca suficientes) para los efectos del delito y su posterior
investigación, lo cual se torna también
imposible.

La corrupción, es uno de los presupuestos de la
realidad policial que no puede ni debe dejarse pasar por alto. Si
bien no existen investigaciones globales que permitan concluir
sobre el tema, casos aislados de origen judicial,
periodísticos o porque no, del imaginario colectivo, nos
permite inferir con cierto grado de convencimiento que no es
coyuntural ni aislada, sino sistematizada y estructural. El
Modelo la genera y la necesita para sus fines, pero como la
Institución Policial, no es la corrupta (las instituciones
son inmaculadas), sino corruptos son algunos de sus funcionarios;
los cuales, se encuentran inmersos y aceptando las reglas de
juego impuestas, haciéndolos vulnerables primero, y a
posteriori, autores, partícipes o encubridores del escape
delictual y/o figuras del orden administrativo o interno. Para
ello, los agentes policiales fueron y son conminados permanente,
pero subrepticiamente, a cometer directa o indirectamente delitos
o a encubrirlos, bajo sus propias responsabilidades y para
satisfacer las exigencias del Modelo vigente so pretexto de la
aplicación de la Ley. Como mero ejemplo, si un superior
ordena a un subalterno a cometer un delito, bajo cualquier
circunstancia, y éste lo cumple, en la generalidad y sin
perjuicio del encuadramiento referido a cada ordenamiento
jurídico local, estamos ante el más amplio caso de
corrupción, y por otra parte genera una zona negra e
incontrolada, donde jamás podríamos conocer con
certeza, cuántos delitos debió haber cometido el
subalterno, para cumplir con aquél que le fuera
ordenado.

Un agente policial mal pago y en condiciones laborales
inadecuadas; una dependencia policial con escasez de
personal, recursos materiales y financieros, pero obligada a
trabajar como si los tuviera; un Estado que conoce perfectamente
de la falta de recursos en general de su Institución
Policial pues no los suministra, pero conminándola
igualmente a cumplir su misión como si contara con ellos,
a la vez que exigiéndole eficiencia,
eficacia y
responsabilidad; son aspectos generadores y regeneradores de
corrupción. La trama se cierra con la existencia de una
doctrina íntima e inconfesable, entre el Estado y la
Policía, ejecutada por esta última y desconocida
para la Sociedad, la cual además de impedirle toda
participación en la cosa pública, la somete a su
control y regulación.

Asimismo, se regeneran nuevas situaciones de shock entre
el personal policial, quien comprueba en su labor cotidiana como
sus esfuerzos extraordinarios contra el delito y el debido
cumplimiento del deber, fueron y son en vano. En este desaliento
por el resultado de su trabajo policial, mucho tienen que ver las
demás instituciones involucradas en la resolución
del conflicto delictual, asumiendo responsabilidades directas las
autoridades judiciales y legislativas que ofrecen una labor
lenta, ineficaz, improvisada, precaria y con claro
desconocimiento funcional que hace peligrar a la Comunidad. Desde
sus cómodos despachos estatales, están más
preocupadas en la opinión publicada de la prensa o de los
sectores de oposición política que de la opinión
pública de la gente o del esfuerzo y la vida de los
agentes policiales.

Y en este sentido, los agentes policiales, fueron
siempre desde la propia institución policial, el peor
enemigo del Modelo; pues la gran mayoría, llevan a cabo su
tarea, respondiendo con notable profesionalismo, vocación
y honestidad,
comprendiendo perfectamente que la comunidad requiere de su
protección y ésta, desde lo externo de la
institución, reclamando al Estado, su derecho a vivir en
seguridad.

El Modelo entonces, no contó con la forma tan
particular de ser y comportarse de los policías, sin
distinción de sexo,
jerarquía o grado (como de los maestros, como de los
médicos o enfermeros, etc., en sus áreas
correspondientes), semejantes unos a otros cualquiera sea el
lugar del mundo donde presten servicios y conformando una
verdadera subcultura policial que trasciende lo nacional y
absolutamente diferente y diferenciada de la ideología y
práctica tradicional que ha caracterizado
institucionalmente a este Modelo.

6.-
¿CÓMO APLICAR UN PROCESO PARA UN NUEVO MODELO DE
SEGURIDAD POLICIAL?

Mucho se habla del incremento de la delincuencia, que
genera preocupación e inseguridad en
la población como del mal funcionamiento de la
Policía, que conlleva a su alto cuestionamiento. Lo
más llamativo de todo esto, es reconocer en algunos
discursos
oficiales, el reciente descubrimiento de que la
problemática de la seguridad y la cuestión
policial, hayan adquirido ribetes de tal magnitud, que se
convirtieran en asuntos de Estado. Esto verdaderamente nos
alarma, pues para los profesionales de la seguridad, tanto
ésta en lo general como la agencia policial en particular,
siempre fueron inequívocamente asuntos de Estado y
sistemáticamente, fueron desoídas todas sus
advertencias sobre un pronóstico oscuro y la necesidad y
urgencia de promover un cambio en el sistema para no llegar
justamente, a la realidad que estamos viviendo.

Pese a nuestras afirmaciones y determinaciones, no
contamos con una fórmula mágica, aplicable para
cualquier caso y que además tenga el éxito
asegurado. Tampoco, proponemos modelos, pues entendemos y
pretendemos que ello debe ser una construcción nueva y
original, consecuente con la historia, la vida cultural,
social y económica de cada país; entonces, a
continuación ofrecemos una serie de consideraciones,
orientaciones y recomendaciones para aplicar una situación
de cambio policial.

Se:

• Tomar razón de la realidad policial y
generar su profunda reversión.

• Rescatar el espíritu de la Sociedad en
materia policial y de seguridad en términos de
Ley.

• Fortalecer sus relaciones con la
Comunidad.

• Cambiar el accionar y la metodología.
Operatividad con cientificidad y tecnología.

• Establecer las bases necesarias para una
transformación cultural de la Policía hacia la
protección de los derechos humanos. Carrera
policial.

• Definir una racional estructura organizativa y
funcional de la policía.

• Instituir mecanismos de control de
gestión y evaluación de la labor
policial.

• Asignar y distribuir adecuadamente el presupuesto para
el correcto desempeño de la Policía y el bienestar
de sus integrantes.

Los temas tratados, nos
permitieron tomar razón de la realidad policial, que si
bien se nos presenta como una problemática emergente, es
en verdad centenaria aunque urgentemente, hay que revertirla.
Esta reversión, hacia un nuevo modelo policial no
hegemónico y a la vez sustentable para un Estado de
Derecho, no es imposible pero sí costosa, sobre todo en lo
cultural y espiritual más que materialmente, a la vez que
debe apoyarse necesariamente sobre una firme voluntad de
realización por parte de todos los actores
sociopolíticos, y donde el Estado cumple un rol
fundamental, pues implica la destrucción de ese Modelo
Policial Hegemónico, que convenientemente creara y
sostuviera en América
latina, a través de sus sucesivos gobiernos.

Para ello, se iniciará un proceso de reforma con
la Policía y con los policías, y desde
ningún aspecto, sin o contra ella y sus integrantes; que
estará orientado a esa destrucción pero ejecutado
muy cuidadosamente y mediante una estrategia de
sustitución simultánea que evite los efectos
perjudiciales y desalentadores, producidos a causa de los
vacíos sistémicos.

Toda reforma, además de contar con un importante
cuerpo axiológico del cual se emanan sus políticas;
se sustenta sobre una serie de pilares o ejes principales a cuyo
alrededor, giran las estrategias y tácticas que se
pondrán en marcha.

En este sentido, y reconociendo a todos los trabajadores
como los actores fundamentales, y el potencial más valioso
de cualquier empresa o corporación; el eje director de
cualquier reforma policial que se denomine como tal;
tendrá entonces como protagonistas y sin lugar a dudas, a
los funcionarios policiales encargados de hacer cumplir la ley
como sus condiciones de seguridad e
higiene en el trabajo, en el concepto más amplio
posible: selección, formación, salario, salud y
bienestar, capacitación y actualización,
seguimiento del desenvolvimiento profesional como todo otro
aspecto que haga a la defensa de sus derechos en
complementación con su servicio comunitario.

Con relación al cuerpo axiológico que
guiará a la empresa, determinándole su futuro
perfil institucional, comprenderá y fijará
claramente que el propósito fundamental del trabajo
policial, es la prevención del delito y la
protección de la vida comunitaria. Para ello,
ejecutará un accionar sistemático, intercolegiado y
multisectorial, a la vez que orientado hacia los niveles
pertinentes de la prevención, ya sea en la
eliminación de oportunidades como en la observación
y reconocimiento de las causas culturales, sociales y
económicas determinantes para la producción
delictual, en coordinación con todos los organismos
oficiales y privados comprometidos en la modificación del
panorama social y aún más, con una respuesta
profesional que permita indicar la oportunidad y grado de
responsabilidad que éstos deban asumir.

Entonces, la Policía es un agente de control
social de contacto y referencial, en lo externo y en el
ámbito colectivo, importante y necesario, cuyas
incumbencias van más allá de la preservación
del orden público, la seguridad pública y la
investigación de hechos delictivos, sino también,
la determinación de sus causas generadoras, colaborando
para mejorar la calidad de
vida de la comunidad, virtud a una coordinación con
todos los actores sociales. Volveremos en el tópico
siguiente a tratar sobre la Policía y la
Comunidad.

Esta coordinación se logrará a
través del planeamiento policial que le permite un trabajo
eficaz y eficiente ante los requerimientos de seguridad,
asegurándole la correcta asignación y
desempeño de sus funcionarios en tareas que le son
específicas, a la vez que el buen uso de los recursos y de
una adecuada estructura organizativa y funcional. De esta manera,
se estaría ratificando lo dicho sobre la plena y necesaria
consideración de sus funcionarios y sus condiciones
generales de labor como de los sistemas y medios
logísticos y financieros disponibles para que
éstos, puedan cumplir con el mandado de la comunidad,
expresado en términos de Ley.

Se comienza entonces con la producción de un
diagnóstico de la realidad policial, imprescindible y
pretendiendo definir un universo
compuesto por todas las variables
ordenadas conforme sus características y efectos
(identificando particularmente las negativas) y agrupadas en:
independientes, interdependientes y dependientes,
permitiéndonos a partir de allí, producir un plan
integral que establezca objetivos generales y operacionales como
las políticas, estrategias y tácticas, necesarias
para la puesta en marcha de una reforma policial
sustentable.

Al decir diagnóstico, nos estamos refiriendo a la
fase del proceso planificador donde se lleva a cabo la
observación, selección y análisis de los
signos (lo que
se ve; lo objetivo) y los síntomas (lo que se siente; lo
subjetivo) de la realidad a tratar. Esto hace necesario
determinar una situación que será analizada
integralmente para responder a preguntas tales como:
¿Dónde se está?. ¿Cómo se
está?. ¿Qué se tiene?. ¿Dónde
se quiere ir?. ¿Qué se necesita? y
¿Cómo se hace para llegar a la
meta?.

En este contexto, está comprendida la realidad
criminológica territorial donde la Policía lleva a
cabo su misión; por ello, contará con los
necesarios estudios de victimización y tendencias
delictivas con la correspondiente cartografía delictual y
los informes
científicos sobre la delincuencia; conciliando para un
futuro modelo prevencional, el tradicional esquema de
eliminación de oportunidades con aquél que promueva
el trabajo sobre las causas generadoras del delito.
Efectivamente, esto quiere decir que la policía debe
comenzar a trabajar sobre una prevención basada en
políticas que hacen al desarrollo social y con el conjunto
de los operadores del sistema porque de no suceder así y
continuar como hasta ahora, las comunidades en general y la
policía en particular, fracasarán en su lucha
contra la delincuencia.

El público quiere seguridad, estar y sentirse
seguro, como
elementos fundamentales para su calidad de vida, y el Estado debe
procurarlo, pero integralmente y no en exclusiva con la agencia
policial, que representa aunque muy relevantemente, una de las
muchas profesiones que han de interactuar, solamente una parte de
ese todo que es la Seguridad. Esto requiere una apertura policial
hacia una operatividad con cientificidad y notable apoyo
tecnológico, empleando todas las posibilidades y
potencialidades que ofrece la ciencia y
la tecnología, desde la formación de personal
policial hasta recursos materiales e informáticos,
aplicadas hacia un sistema de prevención múltiple y
de simultáneo abordaje, que no escatime gastos, evitando
precariedades e improvisaciones, dirigido y potenciado hacia las
causas y los efectos del delito, y descartando toda posibilidad
de primar respuestas hacia una u otra unilateralmente.

Una pregunta emergente y desde lo práctico, es:
¿Cuál sería la formula polinómica que
nos permita conocer, por ejemplo, la cantidad de personal
policial o vehículos patrulleros necesarios para una
ciudad y que responda a los cambios de la Sociedad que la
habita?; cuya respuesta correcta es que no existe tal formula.
Tradicionalmente, los cuerpos policiales dentro de su doctrina de
planificación, cuentan con plantillas orientadoras que se
refieren a la conformación en cantidad y calidad de sus
Cuadros de Organización, de sus Mínimos
Operacionales Necesarios, etc., para su despliegue operativo.
Estos habrán servido en otras épocas y en el mejor
de los casos, producto de identificar y considerar un determinado
cuerpo de variables, pero que en la actualidad, el tema de la
necesidad de funcionarios policiales o vehículos
patrulleros como sus tácticas, estrategias y
metodologías, forman parte del informe científico
correspondiente al citado estudio de victimización y
tendencias delictivas para un sistema de prevención como
el tratado precedentemente y que toda institución, para no
trabajar a ciegas, debe poseer referido al territorio al cual
protege. El problema de estos estudios, es que a priori, suelen
asustar a los gobiernos en los aspectos correspondientes a sus
exigencias en materia policial que se traducen lógicamente
en finanzas, no solamente para la puesta en marcha, sino para su
mantenimiento, provocando, en la mayoría de los casos una
suerte de abandono y desistimiento oficial, que deriva en el
fracaso de la gestión. Pero en contrapartida, las
ventajas que ofrece un sistema preventivo de un abordaje
múltiple y simultáneo, es brindar la posibilidad
que, cuanto más se invierta en políticas integrales,
orientadas al desarrollo social para revertir las causas del
delito, la inversión en recursos para la
eliminación de oportunidades se hará
considerablemente menor. Y estos presupuestos deben sopesar, pues
justamente, de apoyarse en un esquema preventivo basado
exclusivamente en la utilización de personal y recursos
materiales; el tiempo comprobará su ineficacia para la
neutralización del delito a la vez que imposible su
continuidad; igualmente, si se elige un sistema preventivo,
apoyado exclusivamente en el desarrollo social, se
verificará que, mientras se llevan a cabo los estudios
para identificar las causas, o ya identificadas para su
reversión, la producción delictual será
ilimitada e incontrolada.

El análisis normativo vigente en materia
policial, en el contexto de la legislación penal y
procesal penal de cada país, es de suma importancia para
determinar, si corresponde o no su modificación en todo o
en parte. Asimismo, se hará lo propio con su estructura
organizativa y funcional, tendiente a comprender sus niveles de
responsabilidad, sus vías de comunicación, las cuestiones inherentes a
la autoridad, administración y metodología
empleada en lo interno y externo, a la vez que detectar anomias,
situaciones anárquicas y enárquicas, producto del
sobredimensionamiento y la repetición funcional como la
reformulación y/o actualización de funciones y
tareas, muchas de las cuales enmascaran detrás de la
auxiliaridad profesional, una contraproducente delegación
funcional. El organigrama
policial será racional, reducido, integral con demanda de
poco personal para tareas administrativas, con miras a retomar la
senda de la operatividad continua, efectiva y eficaz,
propiciándose también, la privatización de actividades referidas por
ejemplo, a talleres mecánicos como de obras y
mantenimiento en general, archivo,
impresiones y encuadernación, limpieza y aún las
comunicaciones, entre otras.

Mucho se habla de la controversia entre:
"garantismo-mano dura" que polariza la opinión de todos
los sectores, en "garantistas y duros"; nuestra meta debe
orientarse a comprender y practicar, que: "la única mano
dura, es la que garantiza la Ley". El peso más pesado
entonces, es el de la Ley; pero enmarcado no solamente en un
fuerte y decidido enfrentamiento contra el delito, sino
también contra sus causas motivadoras. En este mismo
sentido, la Policía no es un organismo independiente a la
cual se contrata para un servicio también independiente y
que realiza a su antojo e incontroladamente; es el instrumento
creado y sostenido por el Estado para la Defensa de su Comunidad,
haciendo exclusivamente, todo aquello que la Ley determine que
haga y no prohíba. Entonces, las atribuciones que la Ley
le otorgue, serán por mandato y en defensa de la gente,
comprendiéndose en ello, los mecanismos de
anticorrupción y abuso de la función que la misma
Ley fijare.

A riesgo de ser reiterativos, quede bien en claro que el
poder es de la Ley y no de la Policía, esta última
cumple con aquello que la Ley le ordena que haga y pueda hacer,
como todo aquello que la misma no le prohíba hacer.
Así también, determinará perfectamente la
manera de enfrentar al delito y a sus causas
generadoras.

De propiciarse una reforma en materia
jurídico-policial, ésta contendrá en su
espíritu, el de la comunidad que será
convenientemente rescatado y en este aspecto, un mero acuerdo
político-partidista no es del todo aconsejable. El tema
policial, es tan suficientemente delicado e importante por su
incidencia en la calidad de vida de los habitantes, que amerita
sin duda promover un gran debate
legislativo y aún llamar a la consulta popular vinculante;
contemplándose además, las conclusiones de las
encuestas,
jornadas, seminarios y reuniones de expertos como consultas con
todos los actores sociopolíticos per se o a través
de sus organizaciones.
Toda normativa, sentará las bases doctrinarias para una
nueva cultura policial que se manifestará en su labor
cotidiana y en virtud a una metodología orientada hacia la
prevención del delito con promoción y respeto de los derechos
humanos. Además, fijará una racional estructura
organizativa y funcional absolutamente desburocratizada y con
perfecta determinación de sus unidades y cargos, tanto en
lo interno para los fines de la empresa como en lo externo, en su
servicio de protección a la comunidad.

En este último aspecto, entendemos y
recomendamos, una organización policial que cumpla
claramente con la división del trabajo, separando
entonces, a ¨los que operan de los que piensan¨, es
decir, entre los elementos cuya misión y funciones se
orientan a llevar a cabo las tareas físicas y operativas,
de aquellos cuya misión y funciones, sean las de staff o
asesoramiento. De esta manera, no aportamos nada nuevo, pues
estamos ratificando el tradicional Sistema de
Organización, conocido como Mixto o Lineal de Estado Mayor
(también conocida como de supervisión doble o múltiple), sin
pretender con ello, retroceder en el tiempo u olvidarnos de la
época en que vivimos con respecto a la moderna
concepción de la empresa; pero es el que mejor responde a
regímenes estatutarios y jerarquizados de carácter
oficial como son los policiales en América Latina y El
Caribe. Ahora bien, este sistema es el que tiene la
mayoría (por no decir todos) de los cuerpos policiales,
los cuales lamentablemente, no supieron ni pudieron explotarlo
debidamente, a raíz de su acatamiento fiel al Modelo
hegemónico, que lo convirtió en la cara opuesta y
perversa de lo militar y de un militarismo perjudicial;
impidiéndole así, desarrollarlo en su real magnitud
y potencialidad, desplazando continuadamente o bien
restándoles importancia, a las áreas de staff o
planeamiento, so pretexto de fortalecer las operativas, en el
marco de una realidad criminológica descontrolada y
desbordante, que los superaba.

Desde la óptica estrictamente técnica y
organizacional, en toda estructura policial, deberá
verificarse la existencia primero, y sus efectos después,
de todos los elementos que hagan a una organización
administrativa inequívocamente democrática. La
cuantificación y cualificación de estos
componentes, varía conforme con el criterio de
análisis empleado, no obstante lo cual, podemos considerar
que en la generalidad, deben estar presentes, el elemento activo
de toda organización, representado por las personas y sus
actos, el vínculo asociativo, la coordinación, el
elemento finalista como así también, los aspectos
relacionados al tipo de organización, a la horizontalidad
y la división del trabajo, la verticalidad,
responsabilidad, autoridad y jerarquía, la
consultoría y la auxiliaridad, el control de
gestión y la capacitación interna.

En principio, debe reconocerse e identificarse, correcta
y adecuadamente la condición de organización
compleja de todo sistema policial que se pretenda instaurar y/o
reformar. Seguidamente y como ya expresáramos, el punto de
partida esencial y principal, son las personas que integran la
organización policial, y preponderantemente los actos que
éstos realizan dentro, y para la misma.

Contendrá además, un potenciado
vínculo asociativo, producto de la previsión de
mecanismos para las relaciones internas y ejecutados conforme a
una coordinación racional y sistemática.

Hablar del elemento finalista, sobre la base de lo dicho
precedentemente, quiere decir que las acciones llevadas a cabo en
la organización por el personal policial, están
dirigidas a la realización del propósito
fundamental de la misma, que en nuestro caso, es la Seguridad
Pública de los habitantes.

Las cuestiones de horizontalidad y distribución del trabajo, deben encontrarse
igualmente previstas, mediante la existencia de espacios
institucionales propicios para la especialización policial
como la existencia de una escala jerárquica, y la
necesaria subordinación de quienes son los ejecutores del
trabajo propiamente dicho para con aquellos que constituyen el
centro de coordinación o vértice piramidal de la
conducción; o dicho de otra manera, entre los que operan
de los que piensan. Debe verificarse también, la debida
aplicación de principios de unicidad y uniformidad,
característicos en toda organización, sobre todo en
las policiales, en el marco de la correcta división del
trabajo, evitándose así, la
sobrestructuración y clonación funcional.

En cuanto a la verticalidad como las cuestiones
inherentes a la responsabilidad, autoridad y jerarquía,
igualmente estarán comprendidas, al reconocerse
inequívocamente, un tipo de organización que
concilie la jerarquía de mando con la supervisión
doble y múltiple, o dicho de otra forma, de línea y
staff, compatible y aconsejada en virtud de la condición
de compleja y formal que tienen los sistemas policiales en
general, permitiendo cumplirse simultáneamente, con los
aspectos relacionados a la disciplina y la autoridad pero con
asesoramiento y supervisión, desde y entre los diferentes
niveles, y a través de canales técnicos. En este
mismo contexto, estará bien determinado, el orden de
prelación de los elementos que componen la estructura del
sistema policial, lo cual, además de especificar los
diferentes niveles de responsabilidad de la conducción,
cumple con la verticalidad de la línea de la orden, en
sentido descendente de arriba hacia abajo y por ende, la
consecuente respuesta inversa, de abajo hacia arriba.
Además, en cada unidad orgánica determinada en todo
anteproyecto,
se especificará su rango y misión,
cumpliéndose de esta manera con la doctrina tradicional
del derecho y la organización, en cuanto a la anterioridad
del cargo al funcionario que ha de ocuparlo y de todo aquello que
la Ley pretende que éste último, ejecute en su
nombre. Esto hace a la autoridad formal necesaria dentro de la
organización, para disponer el cumplimiento de todas las
acciones tendientes al logro de los fines policiales, y que se
complementará con la legislación vigente en materia
de personal.

Con relación a la función consultiva y
auxiliar, representada a través de los organismos de
staff, esto se cumplirá plenamente a la luz del tipo de
organización elegido. Efectivamente, dentro de la
estructura policial, quedarán establecidas
convenientemente dos áreas ocupadas respectivamente por la
consultoría y la auxiliaridad. En la primera, se
contemplan fundamentalmente, dos unidades tradicionales para el
asesoramiento de la conducción, y con sus funciones bien
delimitadas para la operatoria policial como son, la
jurídica y la técnica. En la segunda, la
auxiliaridad estará reconocida mediante la
determinación de unidades orgánicas
características para el cumplimiento de funciones como las
de Personal, Logística, Comunicaciones, Informática, Administración, Sanidad, etc, que
serán agrupadas convenientemente. Sin perjuicio de ello,
la génesis y espíritu de la norma legal que
formalice la estructura policial, obligará también
a todos los diferentes elementos especializados que integran la
organización del sistema policial, a aportar su cuota de
asesoramiento y auxiliaridad.

Un tema medular, es el control de gestión interno
que necesariamente debe existir en todas las estructuras
organizativas y funcionales democráticas, con su base
filosófica orientada a ese propósito y contando con
los mecanismos de sustento para la prevención, mediante la
detección, identificación y neutralización,
a través de actos ejecutivos, de cualquier
situación de carácter organizacional y/o
jurídica que condicione o posibilite el fracaso de la
labor operativa policial. En este sentido, todo anteproyecto
ofrecerá el espacio institucional interno, adecuado para
cumplir con este ineludible requisito de toda buena
administración, sin perjuicio de otros sistemas estatales
provinciales, previstos para el acceso externo y fluido, hacia la
organización policial, con propósitos
similares.

De corolario, todo futuro sistema policial, dentro de
uno mayor que es el de la Seguridad Ciudadana, cumplirá
con las exigencias y formalidades técnicas, inherentes a
una organización administrativa democrática,
permitiendo una correcta operatoria en un Estado de Derecho,
tanto en lo interno, externo, discrecional, como del control de
gestión.

No falta quienes, por interés, utilitarismo,
desconocimiento o convicción, confunden al sistema de
organización policial mixto como perteneciente a un
militarismo perjudicial, lo cual es incorrecto, pues si bien se
reconocen aspectos tradicionales de clara doctrina militar, de
ninguna manera debe tildárselo de inadecuado o
antidemocrático, y si está aplicado a pleno, se
concilian perfectamente todos los aspectos relacionados con el
ejercicio libre de la profesión policial en materia de
protección ciudadana, a la vez que aportando conocimientos
especializados, originalidad y creatividad
para el asesoramiento de los diferentes elementos con tareas
operativas, sobre la mejor manera de llevarlas a cabo y en un
ámbito donde debe existir necesariamente, la unidad de
mando, la autoridad, la disciplina y la estabilidad. Estamos
convencidos que coadyuvará a la generación de una
democrática cultura policial sustentable, y con esto
lamentamos muchísimo alarmar a quienes
inequívocamente confunden autoridad y disciplina, con
autoritarismo o militarismo perjudicial; únicamente
pretendemos que aprendan sobre instituciones policiales. Si
durante mucho tiempo, gracias al Modelo Policial imperante,
autoridad más obediencia haya sido igual a delito e
impunidad, gracias a los intereses inconfesables de unos pocos,
felizmente muy pocos; no podemos ni debemos permitirlo más
y decir basta. Las instituciones como dijimos, no son las
corruptas sino los hombres; obediencia más autoridad, a
los fines del trabajo policial, no son malas palabras sino
condiciones de ética
profesional que conllevan a la protección de la vida
de las personas. En este mismo contexto, desde un punto de vista
académico y teórico, el sistema de
organización mixto, por sí solo, no implica un
perverso militarismo; a esta ideología, lo llevaron
aquellos funcionarios, partidarios del Modelo Hegemónico,
que por otra parte, les resultaba altamente beneficioso en lo
personal. De igual forma, tampoco lo estrictamente militar
implica militarismo perjudicial o totalitarismo, sino que son los
hombres que la dirigen, que promueven prácticas
antidemocráticas; aunque no obstante ello, sea incorrecto
y nada ideal su aplicación en las agencias policiales,
pues lo militar es de génesis diferente a lo
policial.

Podemos avanzar un poco más, considerando que
toda agencia policial, debajo de su nivel más alto de
conducción (Jefe policial de carrera), necesariamente
conformará su Plana Mayor, en función de
mínimos organismos superiores para atender integralmente
las áreas de: Prevención del Delito y
Protección Ciudadana, Planificación, Control de
Gestión y Opinión Pública. La primera,
dedicada a lo explicitado en su misma denominación y es la
que desarrollará el trabajo operativo proyectado para la
tutela de la
comunidad. La segunda, fijará la más amplia
doctrina institucional en función de las políticas
de seguridad formuladas por la autoridad de gobierno. La tercera,
dedicada a detectar, corregir y/o neutralizar situaciones
psicosociales conflictivas y/o delictivas dentro de la
organización, y la cuarta, con incumbencias en las
relaciones con la comunidad en el concepto más amplio
posible, desde la publicidad de los
actos institucionales para conocimiento de la población,
hasta responder concretamente a la necesidad que ésta,
participe e interactúe en la formulación de
propuestas públicas para su propia seguridad. Algunos
ordenamientos jurídicos, determinan funciones judiciales a
la Policía, en consecuencia, nada impide que sean
intercalados los estamentos necesarios para el cometido. Por otra
parte, este esquema general, debe desarrollarse convenientemente,
estableciéndose los mecanismos de comunicación y
coordinación para responder al sistema de
prevención elegido.

Otro eje fundamental en todo proceso de reforma, lo
constituye la determinación de una Carrera Policial que
haga posible y sea el soporte académico-profesional de esa
transformación cultural.

En cuanto a su ubicación en el espectro
gubernamental, entendemos que debe poseer la vinculación
más directa posible con el poder político, evitando
innecesarias intermediaciones y con ello, no aportamos nada nuevo
al reconocer que toda agencia policial por su devenir,
características, amplitud y calidad de su misión,
debe conformar un organismo con rango de Secretaría de
Estado.

Los funcionarios designados para la conducción de
una nueva Policía, serán funcionarios de carrera,
exhaustivamente seleccionados, exigiéndoles la idoneidad y
el conocimiento suficientes para ocupar sus cargos en cuanto a la
función y tareas a desarrollar; lo cual quiere decir que
además de la autoridad formal, posean autoridad
técnica o moral, evitando lamentables improvisaciones a
expensas de los contribuyentes, quienes tendrían que
subvencionar a funcionarios con notable desconocimiento sobre
como brindarles seguridad y protección, o que
éstos, pretendan aprender o llevar a cabo un postgrado
académico desde tales cargos, para todo caso no es posible
permitir que se ¨aprenda sobre la marcha¨. En este mismo
contexto, la estructura determinará el mecanismo de
relación con los funcionarios policiales en
situación de retiro, a los fines de mantenerlos informados
sobre el devenir institucional, como si es voluntad de
éstos, y salvo que expresamente no estuviera normado en
los respectivos regímenes locales de personal, se
constituyan de manera individual o grupal, en fuentes
permanentes de asesoramiento integral.

La Inteligencia Policial, está convocada a
desarrollar un papel de significativa importancia en la
determinación de la realidad criminológica del
ámbito de responsabilidad territorial donde se ejerza la
misión policial. Debe trabajar también, en la
investigación criminal mediante la reunión y
análisis de toda la información correspondiente, a
las sucesivas etapas del ¨iter criminis¨, preponderando
las predelictuales, y consecuentemente la postdelictual.
Así también conocer al oponente, determinar su modo
de operar para adelantarse a sus acciones y neutralizarlo. Su
producción laboral, tendrá incidencia directa en el
despliegue operativo y metodológico policial con el
propósito de lograr una saturación de verdaderos y
potenciales objetivos para la delincuencia, accionando para
evitar su proliferación, adelantándose a la
comisión del delito y/o neutralizar su
producción.

Pero la falta de ésta, conlleva, en el mejor de
los casos, a un trabajo improvisado y a ciegas, realizando una
saturación indiscriminada y desesperada de objetivos, que
torna insostenible todo esquema de prevención por lo
costoso y desgastador; y además, sin incidencia en la
disminución del accionar de la delincuencia la cual, en
contraposición, aumenta.

En suma, la Inteligencia Policial conciliará la
teoría repetitiva del delito, conformando un mapa criminal
que ubicará en tiempo y espacio al delito como su
desplazamiento histórico con la teoría del
raciocinio delictual, considerando entonces la posibilidad de la
planificación criminal por parte del sujeto que aporta con
ello una situación imponderable.

La cuestión financiera es de suma importancia.
Todo sistema policial en el marco del más amplio sistema
integrado de seguridad, es caro y no admite regateos. Así
como en un hospital, resulta inadmisible la falta de un
médico o un medidor de presión
para la atención de la salud de la población; una
dependencia policial jamás puede carecer de personal,
patrulleros o insumos para la protección comunitaria. Un
despliegue policial requiere de funcionarios policiales a los que
hay que pagar y bien, como de sistemas logísticos que
comprendan recursos materiales suficientes para evitar toda
posibilidad de improvisación o corrupción. Por
ello, la asignación como la distribución de estas
finanzas, requiere de un alto grado de profesionalidad y
responsabilidad (por ello, los elementos de staff en su
organización) como del control de
gestión.

CONCLUSIÓN

Es importante que la Orden Policial sea a su vez la
expresión más pura de la Ley. Y que esta Ley, sea
la mejor posible.

Entonces, debemos formar personas para una cultura
democrática pues así tendremos policías con
cultura democrática a quienes se capacitará en lo
específico de la misión a cumplir para que sus
órdenes guarden el espíritu de la Ley a la vez que
interpretar rápidamente aquellas que guardan rasgos
ilegales como también ilegítimos.

Pero esta formación debe corresponderse
también con la situación que se plantea en los
regímenes policiales; por un lado la no
deliberación, es decir no deliberar en cuanto al apego,
respeto y cumplimiento de la Ley, pero por el otro, mostrar
nuestra condición de profesionales que nos obliga a
repasar su letra y verificar en el plano institucional la
posibilidad de que su aplicación, pueda implicar
injusticias o consecuencias graves que escapan a su marco
tutelar.

La Policía está obligada a responder ante
estas situaciones por los canales establecidos porque de esta
manera responderá a su compromiso con el orden
democrático. Vale aclarar que no es nuestra misión
proponer leyes, eso es
inequívoco de la Legislatura
quien detenta el "poder de policía" pero sí, su
repaso y alertar sobre consecuencias injustas que su
aplicación pueda ocasionar.

Vean como la selección de personas para ser
Policías como su capacitación y formación
para la función y el seguimiento personal, revisten
carácter de excelencia. Por que cada policía
formado y egresado de los correspondientes institutos, es quien
deberá discernir en el aquí y ahora de una calle
cualesquiera de nuestra Patria, virtud a mérito,
oportunidad y conveniencia y con la autoridad que emana de la Ley
qué conducta adoptar
frente a determinada situación en la que esté
involucrado un cohabitante, incluyendo la factibilidad de
regular sus derechos constitucionales.

Es por ello que tratándose de Agencias Policiales
no sería inadecuado hablar de Aplicación de la
Ley para los Derechos Humanos con lo cual
sentenciaríamos que ninguna Policía como alguno de
sus integrantes, pretenda ubicarse por encima o más
allá de la Ley. La Institución Policial o alguno de
sus integrantes que sustente una cultura que importe Aplicar la
Ley a expensas de la comisión de algunos delitos, en
realidad además de no estar aplicándola, la
está violando mediante la adopción
de conductas ilícitas o mafiosas.

Dicho esto, debemos reconocer a la Institución
Policial como la Defensora Oficial de los Derechos Humanos de los
habitantes de su Comunidad y consecuentemente llevar a cabo todas
las acciones orientadas a la generación de una nueva
cultura donde Aplicar la Ley por parte de la Policía sea
ni más ni menos la respuesta a una estrategia y
tácticas de respecto a los Derechos Humanos. Si no fuera
así, tendríamos cualquier cuerpo, formación
o banda, pero nunca una Policía.

Para ello y como dijimos, es imprescindible generar una
nueva cultura policial, es decir un cambio filosófico que
se traduzca en mentalidad y metodología diferentes, donde
el habitante se sienta protegido como regla general y no como
suceso extraordinario.

Pero además, Aplicar la Ley en el marco de
respeto y protección de los Derechos Humanos, es
también velar por las condiciones de seguridad e higiene en el
trabajo donde cada funcionario policial se sienta plenamente
protegido por el Estado en su condición de tal.

Esto significa entonces, el inexcusable compromiso
estatal de sustentar en adelante una conducta policial de
transparente constitucionalidad y de protección laboral de
sus trabajadores.

REFERENCIA
BIBLIOGRÁFICA.

Cheves, Raúl Marcelo; "Policía en Naciones Unidas
II", Segunda Edición
Actualizada (2000)

Autor
Rony Martinez

CURSO DE FORMACIÓN DE OFICIALES Nº
4

CÁTEDRA: GERENCIA
POLICIAL

FACILITADOR: COM (PEL) Ldo. YULI ALBERTO
ARTEAGA

BARQUISIMETO; Noviembre del 2007

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

GOBERNACIÓN DEL ESTADO LARA

SERVICIO AUTÓNOMO ESCUELA DE
POLICÍA

GRAL. DIV JUAN JACINTO LARA

IUPM-LARA