Resumen:
La finalidad de una sociedad
democrática es alcanzar el bien común y no
sólo lograr el bien individual o el conjunto de bienes
individuales de cada una de las personas que la forman, ya que la
defensa de la democracia
posibilita que el ciudadano disfrute plenamente de los
desarrollos del país. Pero, por otra parte, también
la sociedad tiene el derecho de definir que tipo de democracia
prefiere. En nuestro caso, la participación directa en los
asuntos del Estado
será el único medio para superar las grandes
dificultades que afligen a la nación
colombiana. Se pretende entonces en estas líneas esbozar
los alcances de la Constitución Política de 1991,
después de transcurridos 17 años de
vigencia.
Palabras Claves: Participación, ciudadanía, democracia,
representación, partidos
políticos, constitución, constituyente,
mecanismos de participación, neoliberalismo, globalización, seguridad
democrática, sujeto ético, civilidad.
Introducción
La democracia representativa, expresada fundamentalmente
en el voto para elegir unos representantes que, deben
"interpretar" la voluntad de un pueblo, es lo que se conoce como
modelo
clásico liberal. Es la manifestación más
clara de la soberanía de los partidos políticos.
Los que en Colombia no
aprovecharon el inmenso poder que este
sistema les
confiere y por el contrario, abusaron del mismo y terminaron
corrompiéndose hasta los niveles que hoy
conocemos.
La democracia participativa es otro modelo. Su
pretensión, superar la simple representación
directa de la soberanía partidista y construir un nuevo
Estado, fundamentado en la Participación Ciudadana como fundamento de
la democracia directa. Fue a través de la
Constitución de 1991 que, se crearon mecanismos más
directos. Se buscaba entonces una democracia, en la que ser
ciudadano signifique, más que un agente sufragante,
más que votar cada cuatro años, más que
"estar enterado" de lo que pasa en el país, se
pretendía que, el ciudadano fuera el protagonista de la
Construcción de la Nueva Sociedad cuyo
fundamento fuera la participación
democrática.
Esos fueron los presupuestos
teóricos de los constituyentes, autores intelectuales
de la actual carta que rige a
los colombianos. El gran propósito era superar el estrecho
marco de la democracia (electorera) representada y gestar un
nuevo ethos político, que diera un nuevo significado al
Estado colombiano.
El nuevo modelo pretendía mayor igualdad en el
ejercicio de la política para los nuevos sectores y
movimientos independientes de las tradicionales colectividades
"históricas" liberales y conservadores. Era desde luego
fundamental superar la marginalidad, la
exclusión y la pobreza a la
que habían sido sometidos la mayoría de los
colombianos desde mediados del siglo XX. Y para lograrlo se pacto
un nuevo compromiso político.
La democracia
participativa
De acuerdo con Camilo González Posso ese
compromiso político nació mucho antes de la
creación del histórico movimiento que
llevó a millones de colombianos a depositar en las
elecciones de marzo de 1990 un voto a favor de la convocatoria a
una asamblea constituyente dirigida a instituir la democracia
participativa como pacto nacional para alcanzar la paz y el
progreso del país. Si bien es cierto, fueron los
jóvenes los impulsadores de la propuesta, y fue en el seno
de las centrales obreras y movimientos comprometidos con la
izquierda democrática donde surgió la semilla
generadora de la propuesta.
De la necesidad de una Asamblea Constituyente se
venía hablando, señala el autor citado, por parte
de los partidos tradicionales sólo desde finales del
Frente
Nacional y se insistió con fuerza durante
los diálogos con un sector de la guerrilla (Movimiento
M-19) durante el gobierno del
presidente Belisario Betancourt. Pero la idea se concretó
en diciembre de 1989, cuando aún el país
sentía el duelo por los asesinatos de Luís Carlos
Galán, Guillermo Cano y Jaime Pardo Leal.
El nuevo escenario de la democracia participativa le da
un nuevo sentido ético al ejercicio de la política;
a la aplicación de la justicia, al
bienestar social y busca el pleno bienestar económico para
las mayorías nacionales. Por eso, garantizar la paz, a
través de comprometer a cada uno de los ciudadanos con un
destino público cobra un nuevo significado. De ahí
que, se proclama un nuevo Estado: el Estado
Social de Derecho. Cuya misión es
dar plenas garantías jurídicas a todos los
colombianos, ampliando el espacio público para el debate
razonado, en la búsqueda de la concertación o
acuerdo en la solución de los grandes conflictos que
afligen a la sociedad colombiana.
El gran propósito del Estado Social de Derecho,
garantizar los derechos económicos
de los colombianos y sobre todo, los derechos fundamentales,
vapuleados en los sectores más pobres. Han transcurrido ya
diez y siete años de vigencia de la carta
Constitucional aún no se ven sus frutos, porque el ajuste
neoliberal y la inserción forzosa de la economía colombiana a
la
globalización por parte de los mandatarios del Estado
sólo les ha preocupado cumplir los designios del gran
capital.
Página siguiente  |