El Ministerio Público será administrado por la Dirección de Administración, que dependerá directamente del Fiscal General del Estado y que tendrá las funciones siguientes:

1. elaborar y proponer al Fiscal General del Estado el anteproyecto de presupuesto anual del Ministerio Público;
2. distribuir los materiales y recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la institución;
3. programar y autorizar las compras y gastos, salvo aquellos gastos que el Fiscal General del Estado determine que requieran de su autorización;
4. procurar los envíos de dinero necesarios para afrontar los gastos extraordinarios en los procesos o investigaciones;
5. gestionar el cobro de los recursos propios del Ministerio Público, preparar y ejecutar las partidas especiales de fondos propios;
6. administrar los programas de cooperación con el Ministerio Público o las donaciones para el mejoramiento del servicio;
7. controlar los depósitos de dinero del Ministerio Público;
8. coordinar sus tareas con el Ministerio de Hacienda, con la Contraloría General de la República y con otras dependencias del Estado vinculadas a la ejecución presupuestaria; y,
9. realizar todas las tareas de administración y organización del Ministerio Público que le encomiende el Fiscal General del Estado y asesorarlo en todos los problemas administrativos y financieros de la institución.

1. ADMINISTRADOR. Artículo 72 / Ley 1.562/2000

La Dirección de Administración estará a cargo de un Administrador, que será nombrado directamente por el Fiscal General del Estado y durará cinco años en sus funciones.

2. ARCHIVO CENTRAL Y DEPÓSITO DE OBJETOS. Artículos 73/ Ley 1.562/2000

Bajo la dependencia directa del Administrador se organizará un Archivo Central y una sección especial en el Depósito Judicial. Asimismo, se dispondrá de lugares de custodia especial para documentos u objetos que por su valor o importancia requieran una mayor seguridad.

3. PLANTEL ADMINISTRATIVO. Artículos 74/ Ley 1.562/2000

El Administrador será el Jefe del plantel administrativo del Ministerio Público, sin perjuicio de las facultades del Fiscal General del Estado.

4. RECURSOS MATERIALES. Artículo 75. / Ley 1.562/2000

El Administrador organizará la distribución y utilización de los recursos materiales, de los medios de comunicación y transporte. Anualmente cada funcionario presentará los requerimientos de recursos materiales y serán responsables de su buen uso y mantenimiento. El Administrador elaborará y mantendrá actualizado el inventario de bienes del Ministerio Público y dará de baja aquéllos que ya no sean útiles o se hayan deteriorado. Asimismo, estará a su cargo, cuando corresponda, la destrucción de los objetos decomisados de ilícita utilización, que se hayan deteriorado o sean peligrosos y la subasta de aquéllos que forman parte de los fondos propios del Ministerio Público.

BOLILLA VIII

RÉGIMEN INTERNO

1. INSTRUCCIONES
5. FACULTAD DE IMPARTIR INSTRUCCIONES. Artículo 76/ Ley 1.562/2000

Según el orden jerárquico, los miembros del Ministerio Público podrán impartir a sus subordinados las instrucciones convenientes al ejercicio delas funciones o a la organización administrativa, tanto de carácter general, como particulares, éstas referidas a asuntos específicos. Las instrucciones generales y las particulares que revistan importancia o trascendencia, serán comunicadas inmediatamente al superior jerárquico, quien podrá revocarlas o modificarlas. Las instrucciones generales serán públicas.

1. OBJECIÓN. Artículo 77/ Ley 1.562/2000

El funcionario que reciba una orden que considere contraria a la ley, manifiestamente arbitraria o inconveniente, lo hará saber a quien emitió la instrucción, en dictamen fundado. Este último, si insiste en la legitimidad o conveniencia de la instrucción, la remitirá junto con la objeción al superior jerárquico inmediato, quien decidirá.

1. ACTOS PROCESALES SUJETOS A PLAZOS O URGENTES. Artículo 78/ Ley 1.562/2000

Cuando una instrucción objetada, general o particular, se refiera a un acto procesal sujeto a un plazo breve o que no admita dilación, el funcionario que reciba la orden la cumplirá bajo responsabilidad y en nombre del superior que la emitió, sin perjuicio del procedimiento previsto en el artículo anterior. Si la instrucción objetada consiste en omitir un acto sujeto a plazo o que no admite dilación, el funcionario que la objete actuará bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio del desistimiento posterior de la actividad cumplida.

6. FORMA. Artículo 79/Ley 1.562/2000

Las instrucciones serán impartidas por escrito, pero no estarán sujetas a otras formalidades. Cuando se trate de instrucciones sencillas, que sólo consistan en simples órdenes de servicio, podrán ser impartidas oralmente y comunicadas por cualquier medio, incluso telefónicamente. Si el funcionario que debe actuar lo solicita serán confirmadas por escrito inmediatamente.

7. SUSTITUCIONES Y TRASLADOS. Artículo 80/Ley 1.562/2000

El Fiscal General del Estado y los fiscales adjuntos respecto de los funcionarios a su cargo, podrán designar a uno o más integrantes del Ministerio Público para que actúen en un asunto determinado o en varios de ellos, reemplazarlos entre sí, formar equipos que trabajen conjuntamente o asumir directamente la conducción de un caso. Asimismo, podrán ordenar traslados por razones de servicio. El funcionario que haya sido trasladado sin un motivo válido podrá impugnar la decisión. En ningún caso podrá trasladarse a agentes fiscales sin su consentimiento previo y expreso.

8. DEBER DE INFORMAR. Artículo 81 /Ley 1.562/2000

Los integrantes del Ministerio Público informarán por escrito a su superior sobre los asuntos que, por su importancia, trascendencia o complejidad, requieran un tratamiento especial, indicando concretamente las dificultades o las diligencias necesarias.

El Fiscal General del Estado, los funcionarios del Ministerio Público, los empleados y auxiliares administrativos serán responsables conforme a la ley, por los hechos punibles, faltas y omisiones que realicen durante el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ellas. También tendrán responsabilidad personal cuando por negligencia demoren el trámite de los procesos o de cualquier otra función del Ministerio Público.

SANCIONES. Artículo 83/Ley 1.562/2000

El Fiscal General del Estado, previo dictamen del Tribunal de Disciplina, podrá imponer las sanciones administrativas siguientes:

1. amonestación verbal o escrita;
2. multa que no exceda del treinta por ciento de la remuneración mensual;
3. suspensión del cargo o empleo hasta por un mes, sin goce de sueldo;
4. remoción, cuando se trate de otros funcionarios o empleados y auxiliares administrativos.
5. Para imponer las sanciones previstas en los incisos 1 y 2, no requerirá dictamen previo del Tribunal de Disciplina.

FALTAS. Artículo 84/Ley 1.562/2000

En especial, serán motivo de sanción disciplinaria los siguientes hechos u omisiones:

1. realizar o participar en un hecho antijurídico, en ocasión del ejercicio de sus funciones, o con motivo de éstas, sin perjuicio de su responsabilidad penal;
2. realizar o participar en un hecho antijurídico doloso cuando como consecuencia del mismo recaiga una condena a una pena privativa de libertad;
3. faltar frecuentemente, sin causa justificada, a sus oficinas, llegar ordinariamente tarde a ellas o no permanecer en el despacho el tiempo previsto en las instrucciones; se exceptúan los casos en que por razones de trabajo estén efectuando sus funciones fuera de la oficina;
4. demorar indebidamente el despacho de los asuntos, ya sea por negligencia, por
   incumplimiento de las obligaciones legales o de las instrucciones;
5. ejecutar hechos o incurrir en omisiones que tengan como consecuencia extraviar escritos, documentos o expedientes, dificultar o demorar el ejercicio de los derechos de las partes o de la institución en cualquier clase de asuntos;
6. ofender o denostar a los litigantes o a cualquier otra persona que acuda a las oficinas del Ministerio Público o a las audiencias de los Tribunales y no tratar a la víctima con el respeto previsto en esta ley;
7. sacar sin autorización los expedientes y documentos fuera de las oficinas o revelar indebidamente los asuntos o actuaciones del Ministerio Público;
8. hacer acusaciones, requerimientos, formular conclusiones o rendir dictámenes que tengan como base hechos notoriamente falsos o sean manifiestamente infundados;
9. no excusarse en los casos en que tengan impedimento manifiesto;
10. aceptar ofrecimientos o promesas, recibir dádivas o cualquier regalo, por ejercer las funciones de su cargo o después de ejercerlas, sin perjuicio de su responsabilidad penal;
11. solicitar de los litigantes o de cualquier persona, dinero o promesas o cualquier remuneración por ejercer las funciones de su cargo, aún en concepto de gastos;
12. utilizar su cargo para influenciar en otras autoridades administrativas o realizar gestiones oficiosas;
13. injuriar o faltar gravemente el respeto a sus superiores jerárquicos;
14. litigar con temeridad o mala fe, ocultar información o elementos de prueba o dar información falsa a las partes, salvo los casos en que el Código Procesal Penal autoriza el secreto de las actuaciones o cuando brindar la información requerida sea inconveniente para el ejercicio de las funciones del Ministerio Público; y,
15. las demás faltas tipificadas como tales en el reglamento interno del Ministerio Público.

1. GRAVEDAD. Artículo 85/Ley 1.562/2000

Las sanciones serán adecuadas a la naturaleza y gravedad de la falta, al daño causado, al desprestigio causado a la institución y a los antecedentes del funcionario en el ejercicio del cargo.

2. PROCEDIMIENTO. Artículo 86/Ley 1.562/2000

El Tribunal de Disciplina reglamentará un procedimiento breve, que asegure la defensa del funcionario imputado y el debate oral. La decisión será fundada y definitiva.
El funcionario imputado podrá ser suspendido en el ejercicio de su cargo mientras dure su enjuiciamiento disciplinario, pero esa suspensión no podrá durar más de tres meses. El dictamen fundado será remitido al Fiscal General del Estado, quien impondrá la sanción correspondiente. La investigación de los hechos y la acusación administrativa estará a cargo del Inspector General. Las amonestaciones verbales podrán ser impuestas directamente por los superiores jerárquicos y serán anotadas en los respectivos legajos, con indicación del motivo.

3. AVISO. Artículo 87/Ley 1.562/2000

Los jueces y tribunales, al tener conocimiento de alguna falta de los funcionarios del Ministerio Público, la pondrán en conocimiento del Inspector General.

CARRERA DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. CARRERA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Artículo 88/ Ley 1.562/2000

Todos los funcionarios y empleados del Ministerio Público pertenecerán a la carrera fiscal o a la carrera administrativa, conforme lo previsto en esta ley. No obstante el Fiscal General del Estado podrá celebrar contratos de servicios por tiempo determinado o aceptar servicios voluntarios, sin que ello signifique ingresar o pertenecer a la Carrera del Ministerio Público. La carrera administrativa será reglamentada por el Fiscal General del Estado, conforme a los principios y reglas básicas que rigen el servicio público.

NOMBRAMIENTO Y DURACIÓN. Artículo 89/ Ley 1.562/2000

Los fiscales adjuntos y los agentes fiscales y serán nombrados según lo previsto en la Constitución. Los relatores fiscales, los asistentes fiscales y los demás funcionarios y empleados administrativos serán nombrados por el Fiscal General del Estado, previo concurso, salvo cuando esta ley prevé expresamente el nombramiento directo.

4. CONCURSO. Artículo 90/ Ley 1.562/2000

La asignación de cargos en el Ministerio Público se realizará siempre previo concurso público de aspirantes, que tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

1. los requisitos del cargo, previstos en la ley;
2. los antecedentes que acrediten idoneidad especial para el área respectiva y una sólida formación para el desempeño de las funciones; y,
3. los antecedentes relativos a la tarea profesional o en la carrera del Ministerio Público. Para valorar estos aspectos, se podrá citar a una entrevista personal o realizar oposiciones.

1. INCOMPATIBILIDADES DE LOS FISCALES Y PROHIBICIONES GENERALES. Artículo 91/ Ley 1.562/2000

1. cualquier cargo político electivo o la postulación para ellos;
2. cualquier otro empleo o cargo público o privado remunerado, salvo la docencia a tiempo parcial, siempre que ella no perturbe el ejercicio de sus funciones; se comunicará la decisión de ejercer la docencia al Fiscal General del Estado, quien podrá ordenar al funcionario que limite esa actividad o la ejerza de un modo compatible con sus funciones;
3. el ejercicio de la abogacía en todas sus formas y la función notarial; excepto la defensa propia, de su cónyuge o conviviente, de sus padres, de sus hijos o de las personas que están bajo su guarda;
4. formar parte de un partido o movimiento político; y,
5. las demás incompatibilidades y prohibiciones previstas para los jueces y funcionarios judiciales. Los funcionarios del Ministerio Público no podrán concurrir habitualmente a lugares donde se practiquen juegos de azar por dinero y ejecutar públicamente actos que comprometan la seriedad de sus funciones y el prestigio de la institución. El reglamento de la carrera administrativa determinará las incompatibilidades y prohibiciones respecto de los empleados y auxiliares administrativos.

1. EVALUACIÓN. Artículo 92/Ley 1.562/2000

Los funcionarios y empleados del Ministerio Público serán evaluados periódicamente con un puntaje del uno al cien y se formará una lista por orden de méritos para el ascenso, en cada una de las categorías de funcionarios y empleados de la institución. El puntaje correspondiente a cada funcionario o empleado del Ministerio Público será elaborado según criterios objetivos, aprobados por el Fiscal General del Estado. Para asignar puntos se tendrá en cuenta, entre otros criterios:

1. la evaluación sobre el desempeño funcional realizada anualmente por cada superior jerárquico;
2. la participación y el desempeño en actividades de formación y capacitación;
3. las faltas administrativas cometidas y las sanciones impuestas;
4. los trabajos de investigación realizados, los estudios particulares o la participación en actividades académicas o científicas;
5. las contribuciones al mejoramiento general del funcionamiento del Ministerio Público;
6. los informes favorables o negativos presentados por jueces, magistrados, personalidades o entidades de reconocido prestigio;
7. el balance de casos y actividades realizadas.

El Fiscal General del Estado aprobará el método de asignación de puntaje, el que será comunicado a todos los funcionarios y empleados. Las listas de funcionarios fiscales serán presentadas anualmente al Consejo de la Magistratura.

1. REMOCIÓN. Artículo 93/Ley 1.562/2000

Los fiscales adjuntos y los agentes fiscales serán removidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, conforme lo previsto en la Constitución Nacional y en la ley. Los demás funcionarios y empleados del Ministerio Público serán removidos por el Fiscal General del Estado, previo dictamen del Tribunal de Disciplina, cuando hayan perdido algún requisito establecido por la ley para el ejercicio del cargo, o como sanción administrativa.

Los empleados y funcionarios del Ministerio Público podrán constituir asociaciones profesionales u otras organizaciones, o incorporarse a ellas, con el propósito de representar sus intereses, promover la capacitación profesional y proteger sus derechos.

El Ministerio Público, como representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, procurará conocer los reclamos e intereses sociales, mantendrá informados de su gestión a los ciudadanos y buscará canalizar sus demandas conforme a la ley.

El Ministerio Público podrá suscribir convenios de cooperación con instituciones públicas o con instituciones privadas de bien público y sin fines de lucro; podrá recibir de ellas aportes para afrontar los gastos cuando una investigación penal requiere recursos extraordinarios. Estos aportes serán públicos y se registrarán con precisión el donante y la cantidad aportada. Estos fondos sólo podrán ser utilizados en gastos extraordinarios de la investigación o el caso para el cual fueron aportados, no se podrán utilizar para pagar sueldos o asignaciones especiales a los funcionarios o empleados del Ministerio Público y serán depositados en una cuenta especial.

UNIVERSIDADES. Artículo 97/Ley 1.562/2000

El Ministerio Público podrá suscribir convenios con las universidades con el fin de que los estudiantes de los cursos superiores puedan desarrollar actividades voluntarias dentro del Ministerio Público, como parte de su formación profesional.

VOLUNTARIOS. Artículo 98/Ley 1.562/2000

El Ministerio Público podrá aceptar la colaboración voluntaria de personas u organizaciones que demuestren interés de participar en la investigación de violaciones a los derechos humanos fundamentales o en la defensa de intereses colectivos o difusos. Estos colaboradores serán nombrados para que auxilien exclusivamente en un caso
específico. Una vez concluida la labor del Ministerio Público cesarán en su función. Tendrán las atribuciones y deberes de un Asistente Fiscal y siempre actuarán bajo la
supervisión directa de un funcionario del Ministerio Público, que será responsable del cumplimiento del auxilio ofrecido. El Fiscal General del Estado expedirá una constancia que acredite su participación como voluntario, la duración del auxilio y el caso en el que colabora. También se podrá aceptar la colaboración de voluntarios para el fortalecimiento de otras tareas y funciones del Ministerio Público. Los voluntarios no recibirán ningún pago, directo o indirecto, por el desempeño de sus tareas.

1. En todo asunto en que haya interés fiscal comprometido, a menos que la representación de este interés estuviese confiada a otro funcionario;
2. En los juicios sobre nulidad de testamentos y de matrimonios, filiación, y en todos los demás relativos al estado civil de las personas,
3. En los juicios sucesorios, quiebras y convocaciones de acreedores, debiendo ejercer la curatela de las herencias vacantes; y
4. En los juicios sobre venias supletorias y en las declaraciones de pobreza.

El Ministerio Público ejerce la acción civil conforme con lo dispuesto por la Constitución y las leyes. El Juez que entiende en una causa en que deba ser parte un representante de dicho Ministerio, dispondrá que se le notifique en la forma establecida por este código. La falta de intervención del Ministerio Fiscal en los procesos en que es parte acarreará, a su pedido, la nulidad de las actuaciones.

El Ministerio Público debe cumplir los actos procesales en los mismos plazos que las partes, salvo disposición de leyes especiales.

Los representantes del Ministerio Público podrán ser recusados y deberán excusarse por las causas previstas en este Código para los jueces. El trámite será el previsto para la recusación de los jueces.

La ejecución de las multas impuestas por los jueces y tribunales, estará a cargo de los agentes fiscales, quienes deberán iniciarla dentro de los treinta días de notificada la resolución firme que las impuso.

Los representantes del Ministerio serán civilmente responsables cuando, en el ejercicio de sus funciones, procedieren con dolo o fraude.

Las disposiciones antecedentes serán aplicables en lo pertinente a los representantes de la Defensa Pública.

ARTÍCULO 151 C.P.C. EXTENSIÓN A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

El Ministerio Público y los funcionarios que a cualquier título intervinieren en el proceso, estarán sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados.

ARTÍCULO 20 C.P.L. El Ministerio Público del Trabajo estará desempeñado por Agentes Fiscales, cuyo número se fijará en la ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación.

Los requisitos para ser Agente Fiscal serán los mismos que los exigidos por el artículo 13º, y su nombramiento se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 16º.

a) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normativas de Derecho Laboral;
b) Intervenir en todas las causas del trabajo y contiendas de jurisdicción y competencia;
c) Impulsar el procedimiento laboral, realizando las gestiones conforme a los términos de la ley, para que las resoluciones, sentencias y acuerdos sean dictados dentro de los plazos establecidos;

d) Asistir a los acuerdos plenarios que celebran los Tribunales de Apelación del Trabajo, sin acordárseles voto:

e) Representar y defender los intereses fiscales;

f) Ejercer en juicio, la representación y defensa de los trabajadores y aprendices menores e incapaces ya sea separado o conjuntamente con los representantes que éstos tuvieron, entablando para la defensa de su persona o bienes, las acciones y recursos necesarios;
g) Recibir denuncia sobre incumplimiento de las leyes del trabajo o de los fallos judiciales y realizar investigaciones a su respecto, personalmente o por medio de funcionarios autorizados; y

h) Desempeñar, además, las funciones que la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia, confiere al Ministerio Fiscal y Defensor de Menores e Incapaces para actuar en un juicio.

a) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas del derecho laboral;

b) intervenir en todas la causas del trabajo y contienda de jurisdicción y competencia;

c) impulsar el procedimiento laboral, realizando las gestiones conforme a los términos de la ley, para que las resoluciones, sentencias y acuerdos, sean dictados dentro de los plazos establecidos;

d) asistir a los acuerdos plenarios que celebren los Tribunales de Apelación del Trabajo con voz pero sin voto;

e) representar y defender los intereses fiscales; y

f) recibir denuncia sobre incumplimiento de las leyes del trabajo o de los fallos judiciales, y realizar investigaciones a su respecto, personalmente o por medio de funcionarios autorizados.

Los Agentes Fiscales del Trabajo en ningún caso podrán asumir la representación y defensa en juicio de los trabajadores y aprendices, sean o no estos menores de edad o incapaces.

ARTÍCULO 22 C.E. A los efectos del artículo anterior, el movimiento político o los ciudadanos asociados con el propósito de constituir un Partido presentarán al Tribunal Electoral de la Capital, por intermedio de sus representantes, una solicitud de reconocimiento con los siguientes recaudos:

ARTÍCULO 64 C.O.J. Corresponde al Agente Fiscal de Cuentas intervenir ante la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas a los efectos de:

a) dictaminar sobre la aprobación o rechazo de las cuentas de inversión del Presupuesto General de la Nación y de los Municipios;

b) intervenir en todos los expedientes sobre rendiciones de cuentas que hicieren las dependencias estatales, municipales, entes autónomos o autárquicos, y personas o empresas que administren, recauden o inviertan valores o fondos fiscales, municipales o de beneficencia pública;

c) dictaminar sobre las fianzas que deban prestar los funcionarios públicos, personas o empresas mencionadas en el inciso anterior:

d) recibir denuncias sobre hechos que pudieran ser de carácter delictuoso en el manejo de los fondos públicos, y entablar las acciones que correspondan ante la jurisdicción competente sobre los hechos denunciados o los que llegaren a su conocimiento en el examen y control administrativo de las cuentas; y

e) elevar anualmente al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, una Memoria de la Fiscalía.

Los Jueces, Fiscales y Defensores Públicos que intervienen en procedimientos contra adolescentes deben reunir los requisitos generales para su cargo. Además, deben tener experiencia y capacidades especiales en materia de protección integral, educación y derechos humanos, especialmente de las personas privadas de libertad.

El Fiscal Penal en los procesos de la adolescencia ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal y la ley orgánica del Ministerio Público.