El mapa de los derechos humanos (página 2)

Enviado por Wilson De los Reyes Arag�n

Partes: 1, 2

DETALLE DEL PROGRAMA

En atención del tiempo se
propone trabajar los siguientes temas:

DIMENSIÓN FILOSÓFICA (2
HORAS)

1. 72. Definir los derechos humanos es una labor
  compleja e inconclusa, por varias razones. En primer
  lugar, por la posibilidad de abordar tal tema desde
  múltiples disciplinas, en muchas ocasiones
  incomunicadas total o parcialmente. La noción de
  derechos humanos extraída desde la teoría del Derecho difiere de la
  que se han obtenido partiendo de la sociología (incluso la
  jurídica), la economía, la historia
  o la
  ciencia política. El concepto también diferirá si
  se obtiene a partir de premisas apriorísticas,
  consecuencia de elaboraciones totalmente teóricas,
  como por ejemplo las definiciones que parten
  únicamente de criterios éticos, o si se
  utilizan metodologías empíricas o basadas
  en la experiencia, como pueden ser los análisis basados en medición estadística. En segundo lugar,
  porque la definición del término derechos
  humanos ha sido siempre vista como derivada de
  ideologías éticas y políticas concretas. Ello explica,
  entre otros motivos, la gran diferencia de
  justificaciones, así como la imposibilidad de
  conseguir un catálogo único de derechos
  humanos. En tercer lugar, la definición de los
  derechos humanos se dificulta por la variabilidad
  histórica de los mismos y de su interpretación, lo cual obliga a
  replantear constantemente la noción que se tiene
  sobre ellos, sus alcances, sus posibilidades de
  realización fáctica y también de los
  límites materiales, personales y funcionales de su
  contenido.
  73. Llegados a este punto, tampoco puede
  eludirse un comentario sobre la conflictividad del
  término "derechos humanos" y sus variantes
  terminológicas, pues la asignación que se
  le de a los derechos utilizando un término
  específico en vez de otro no es casual, sino que
  se corresponde con criterios "culturales, y explicaciones
  derivadas de un contexto histórico,
  de unos intereses, de unas ideologías y de unas
  posiciones científicas o filosóficas de
  fondo" (Peces-Barba, 1999: 22).
  74. Si se toma precisamente el referente
  ofrecido por Peces-Barba, se observa que este autor
  distingue entre los términos derechos humanos,
  derechos naturales, derechos públicos subjetivos,
  libertades públicas, derechos morales y derechos
  fundamentales, optando por este último
  término (1999: 36-38). Sin embargo, la
  multiplicidad terminológica no es patrimonio exclusivo de la teoría
  jurídica, pues en el terreno práctico, como
  el legislativo, también se ha intentado precisar
  el término que se utilizará para distinguir
  esta clase
  de normas
  jurídicas de las demás. Así, por
  ejemplo, cuando se comparan los textos constitucionales
  de varios Estados, e incluso cuando se analiza el
  contenido de una constitución en particular, se
  encuentran diferencias, o incluso concurrencias entre los
  términos derechos humanos (como en la
  Constitución francesa o la argentina), derechos
  fundamentales (como la Constitución
  española, o la de Antiqua and Barbuda), libertades
  fundamentales (como la Constitución de
  Camerún), derechos civiles (como la
  constitución canadiense, la cual incluso
  diferencia, como dos especies distintas, los derechos de
  propiedad y derechos civiles), etc. Los
  instrumentos internacionales sobre derechos humanos, si
  bien han acogido unívocamente el término,
  tampoco escapan a las tensiones entre las diversas
  posturas sobre su concepto, fundamento y
  alcance.
  75. Por otra parte, a pesar de todo lo que se
  pueda decir (o criticar) sobre la autonomía
  científica que tienen las investigaciones empíricas para
  definir el término "derechos humanos", y
  aún teniendo en cuenta la evidenciada
  dispersión y falta de formulación de una
  base conceptual y metodológica común
  (Aymerich, 2001: 15-17), estas investigaciones tampoco
  escapan a la disyuntiva de optar por una
  definición concreta del término "derechos
  humanos" en lugar de otras. Así, por ejemplo,
  Aymerich (2001: 29-30) afirma que algunas investigaciones
  empíricas se basan en convenciones internacionales
  sobre derechos humanos, como la Declaración
  Universal (utilizada por Charles Humana), otros en cierto
  catálogo de una legislación
  específica, como el Bill of Rights
  estadounidense (utilizado por Freedom House), y los que
  utilizan un concepto de derechos humanos elaborado desde
  una perspectiva de desarrollo
  económico (como la de Arat), entre muchos
  otros.
  76. A continuación analizaremos algunos
  de los diferentes conceptos que se han ofrecido para el
  término derechos humanos desde la teoría y
  la filosofía del derecho, y el
  concepto que se brinda desde la sociología jurídica,
  precisando las diferencias que dichos conceptos tienen
  entre sí.
  1. 77. A pesar de las diferencias existentes
    entre la filosofía y la teoría del
    Derecho, se agruparán las definiciones sobre
    derechos humanos elaboradas desde la filosofía
    y la teoría del Derecho, debido a que, salvo
    posiciones extremas, ambas disciplinas han confluido
    a la hora de delimitar el concepto de derechos
    humanos, utilizando elementos tanto
    filosóficos como de teoría del
    Derecho.
  2. Definición doctrinaria de los
    derechos humanos
    78. Esta perspectiva, que para efectos de
    este trabajo se denominará
    generalmente como dogmática,
    concentrará sus esfuerzos por encontrar un
    concepto y un fundamento que resulten aplicables al
    sistema jurídico de forma
    general, y su común denominador es, como se
    verá, la ética que subyace a cualquier
    consideración de los derechos humanos, basada
    en la premisa según la cual "toda persona posee unos derechos morales
    por el hecho de serlo y que éstos deben ser
    reconocidos y garantizados por la sociedad" (Fernández, 1991:
    78), aunque, por otra parte, en tanto derecho y
    moral deben ser términos
    diferenciados, el concepto no puede hacer referencia
    sólo a la justificación
    axiológica de tales derechos, sino
    también al derecho positivo, de suerte que en el
    concepto se aborden, según Peces-Barba (1999:
    102), tanto el por qué de los derechos
    (la fundamentación) como el para
    qué de los derechos (el concepto
    jurídico de los mismos).
    79. En esta dicotomía según la
    cual se intenta encontrar un por qué
    que universalmente válido, y un para
    qué coherente con los postulados de
    clausura de la ciencia jurídica se ha llegado
    incluso a plantear si verdaderamente es posible
    formar un concepto de derechos humanos (o
    fundamentales, morales, etc.) que cumpla cabalmente
    con ambos criterios, llegando a hablarse de posibles
    "reduccionismos" y "falacias", así como
    negaciones totales de la posibilidad de un concepto
    sobre derechos humanos, acusando de "iusnaturalista"
    a cualquier intento en tal sentido (ver Ross, 1961:
    38-57). Las dudas de Bobbio (1985: 89-90), por citar
    un ilustre ejemplo, se resumen en las
    objeciones, concretadas en la
    indeterminabilidad, relatividad, la heterogeneidad y
    la incoherencia interna (antinomias) que
    tendría una definición con pretensiones
    de validez absoluta.
    80. Abandonada entonces la ilusión de
    un fundamento eternamente válido (ver Bobbio,
    1992: 53-57; Rodríguez-Toubes, 1995: 89-90),
    se plantea la necesidad de procesar
    teóricamente la realidad que ya existía
    en los Ordenamientos Jurídicos que superasen
    la disputa escolástica entre el iusnaturalismo
    y el iuspositivismo sobre la preponderancia del
    criterio axiológico o el
    técnico-jurídico en la
    definición de los derechos humanos (o
    fundamentales, morales, etc.). En función de tal necesidad, se
    han intentado definiciones incluyentes, cuyo objetivo es abarcar los diferentes
    elementos éticos, jurídicos y
    fácticos.
    81. Pérez Luño, por ejemplo,
    define los "derechos fundamentales" a partir de
    criterios preponderantemente axiológicos,
    considerando su positivación como una
    consecuencia lógica, y también
    axiológica, de los encargados del diseño de un Ordenamiento
    Jurídico concreto. Para este autor, los
    derechos humanos son
    un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento
    histórico, concretan las exigencias de la
    dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser
    reconocidas positivamente por los ordenamientos
    jurídicos a nivel nacional e internacional
    (2003: 48)
    82. Una posición similar se encuentra
    en Fernández, para quien los derechos humanos
    (que este autor define como "morales fundamentales")
    "están a caballo entre las exigencias
    éticas y los derechos positivos" (1991: 109),
    con lo cual la labor del Derecho positivo respecto de
    los derechos humanos consiste "en reconocerlos,
    convertirlos en normas jurídicas y
    garantizarlos, también jurídicamente"
    (1991: 106). Esto es, sólo tienen una labor
    que, aunque se considera necesaria, es meramente
    declarativa, no de creación. Dworkin (1988:
    289) tiene un concepto de los derechos humanos que
    resulta concomitante con esta perspectiva, al afirmar
    que los derechos "no queda[n] agotados por
    ningún catálogo de reglas y principios". Nino (2003: 418)
    también puede ubicarse en esta
    categoría, pues en su criterio
    la existencia de los derechos individuales,
    en tanto derechos morales, no está
    condicionada a su reconocimiento a través de
    ciertas normas jurídicas, ya que ellos
    incluyen precisamente pretensiones de que se
    establezcan normas jurídicas prescribiendo
    medios de protección de los
    derechos en cuestión (por ejemplo,
    otorgándoles jerarquía constitucional y
    estableciendo el control de la constitucionalidad de
    leyes que pudieran restringirlos,
    estipulando sanciones para los funcionarios que las
    violen, prescribiendo deberes activos para implantarlos,
    etc.)
    83. Sin embargo, a pesar de la expresa
    referencia a la necesidad de su positivación,
    se evidencia un marcado énfasis
    axiológico, no ya de carácter absoluto, sino
    históricamente relativo. Es más,
    Pérez Luño, aunque la reconoce como un
    elemento indispensable en el concepto de los
    derechos, es crítico respecto de la
    positivación de los derechos fundamentales, en
    atención de los problemas técnicos que ella
    puede originar, y pone como ejemplo la
    Constitución española de 1978, la cual,
    a su juicio, suscita dudas respecto de la
    "complejidad y heterogeneidad de los medios de
    positivación empleados", así como
    también interrogantes sobre la metodología utilizada para la
    sistematización y agrupación de los
    diferentes derechos, con lo cual se presentaban
    duplicaciones innecesarias en el significado y
    alcance de un mismo derecho (Pérez
    Luño, 2003: 69). Los problemas de la
    positivación de los derechos, a modo general,
    también son enunciados por Fernández,
    quien reconoce que "ni el alcance, ni la
    jerarquía, ni los límites son los
    mismos para todos los derechos que contiene cualquier
    tabla contemporánea de los derechos humanos"
    (1991: 114)
  3. Algunas definiciones
    tradicionales
    84. Se conoce con el nombre de "dualismo" a
    la teoría de Peces-Barba (1999: 109-112),
    quien propone definir los "derechos fundamentales" a
    partir de tres (anteriormente dos, de ahí el
    nombre) elementos, en los siguientes
    términos:
    1) Una pretensión moral justificada,
    tendiente a facilitar la autonomía y la
    independencia personal, enraizada en las ideas de
    libertad e igualdad, con los matices que aportan
    conceptos como solidaridad y seguridad jurídica, y
    construida por la reflexión racional en la
    historia del mundo moderno, con las aportaciones
    sucesivas e integradas de la filosofía moral y
    política liberal, democrática y
    socialista. […] Para hablar de
    pretensión moral justificada es necesario que
    desde el punto de vista de sus contenidos sea
    generalizable, susceptible de ser elevada a Ley general. […]
    2) Un subsistema dentro del sistema
    jurídico, el Derecho de los derechos
    fundamentales, lo que supone que la pretensión
    moral justificada sea técnicamente
    incorporable a una norma, que pueda obligar a unos
    destinatarios correlativos de las obligaciones jurídicas que se
    desprenden para que el derecho sea efectivo, que sea
    susceptible de garantía o protección
    judicial, y, por supuesto que se pueda atribuir como
    derecho subjetivo, libertad, potestad o inmunidad a
    unos titulares concretos. […]
    3) En tercer lugar, los derechos
    fundamentales son una realidad social, es decir,
    actuante en la vida social y, por tanto,
    condicionados en su existencia por factores
    extrajurídicos de carácter social,
    económico o cultural que favorecen, dificultan
    o impiden su efectividad.
    85. Como se observa, el contenido (y
    también la extensión) de la
    definición implica la intención de
    lograr un concepto comprensivo que, como sugiere su
    autor, supere los reduccionismos de en qué se
    fundamentan, para qué sirven y cómo se
    gestionan los derechos fundamentales, al incluir tres
    "perspectivas igualmente imprescindibles"
    (Peces-Barba, 1999: 109).
    86. Así, lo que fuera objeto de la
    crítica de Ross, se convierte
    en la pieza central de la definición de
    Peces-Barba, quien abraza al dualismo jurídico
    como una forma de superar los reduccionismos del
    iusnaturalismo y del iuspositivismo, manejando tanto
    las exigencias axiológicas del fundamento,
    como las técnicas de la
    positivación jurídica. Este intento
    tampoco está exento de problemas, puesto que
    si el concepto de derechos humanos debe satisfacer
    los dos criterios mencionados, es posible que en
    algunas ocasiones sea necesario "resolver si se trata
    de planos igualmente importantes o si prima alguno de
    ellos" (De Asís, 2001: 17).
  4. El "dualismo"
  5. El garantismo
  93. Como alternativa superadora de las
  definiciones anteriormente expuestas y de sus
  deficiencias ya enunciadas, desde la teoría
  jurídica se han intentado otras nociones de
  derechos humanos que buscan liberarlos del
  "encorsetamiento" técnico-jurídico del
  Derecho positivo, aunque sin renunciar al mismo. Entre
  dichas definiciones, se destaca la teoría
  garantista expuesta por Ferrajoli (2001: 19),
  quien plantea que los "derechos fundamentales"
  son todos aquellos derechos subjetivos que
  corresponden universalmente a "todos" los seres humanos
  en cuanto dotados del status de personas, de
  ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo
  por "derecho subjetivo" cualquier expectativa positiva
  (de prestaciones) o negativa (de no sufrir
  lesiones) adscrita a un sujeto por una norma
  jurídica, y por "status" la
  condición de un sujeto, prevista asimismo por una
  norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser
  titular de situaciones jurídicas y/o autor de los
  actos que son ejercicio de éstas.
  94. Sobre esta definición, el mismo
  Ferrajoli (2001: 20) reivindica su naturaleza teórica, argumentando
  que "prescinde de la circunstancia de hecho de que en
  este o en aquel ordenamiento tales derechos se encuentren
  o no formulados" en el Derecho positivo, por lo que no
  hace referencia a un Ordenamiento Jurídico en
  concreto, sino a una categoría teórica. Con
  esta afirmación, se abre una ventana a las
  justificaciones axiológicas que subyacen a esta
  definición de derechos humanos, las cuales se
  identifican con las propuestas antes mencionadas, basadas
  en la idea de la dignidad humana. En relación con
  este aspecto, Ferrajoli afirma que la universalidad es
  uno de los "rasgos estructurales" de los derechos
  humanos, y explica que, debido a esa razón, los
  Ordenamientos Jurídicos totalitarios carecen de
  tales derechos, aunque formalmente puedan estar
  establecidos, o negados. Su rasgo característico,
  siempre según Ferrajoli, radica en "el
  carácter inalienable e indisponible de los
  intereses en que los mismos consisten" (2001: 21), lo
  cual determina que tales intereses, una vez convertidos
  en normas de Derecho positivo, no puedan ser negociables
  o alienables en su titularidad, debido a que su
  justificación excede los ámbitos de
  competencia jurídico-formales, para
  situarse mejor en su coincidencia con "las libertades y
  demás necesidades de cuya garantía,
  conquistada al precio
  de luchas y revoluciones, dependen la vida, la
  supervivencia, la igualdad y la dignidad de los seres
  humanos" (2001: 21).
  96. La diferencia entre la definición
  garantista y las otras de carácter teórico,
  entonces, viene dada por un intento por dotar a los
  derechos humanos de posibilidades de
  materialización que superen las categorías
  civil-contractualistas, cuyas consecuencias ya se
  expusieron. En este sentido, Ferrajoli habla de la
  "radical diferencia entre los derechos fundamentales y
  los derechos patrimoniales", y describe a los primeros
  como "concernientes a clases enteras de sujetos",
  mientras que los segundos corresponderían a "cada
  uno de sus titulares con la exclusión de todos los
  demás" (Ferrajoli, 2001: 25).
2. Algunas definiciones del término
  "derechos
  humanos"
  113. Los modelos sociológicos sobre derechos
  humanos de esta clasificación se enuncian de la
  siguiente forma: a) dialéctica sociedad
  civil – Estado; b) relativista; c) normativismo
  jurídico; d) normativismo ético; e)
  funcional-estructuralista de Luhmann; y finalmente, f)
  racionalización del derecho de Weber.
  Al final, este autor opta por el modelo
  weberiano, y propone una definición concreta sobre
  el término "derechos humanos" a partir de las
  premisas sociojurídicas weberianas. En tanto es
  una clasificación clara y sistemática,
  además de ser específica para el tema de
  los derechos humanos, vale la pena expresar sumariamente
  la característica esencial de cada uno de dichos
  modelos.
  a) El modelo de "dialéctica sociedad
  civil-Estado" (2001: 33-48) se caracteriza por definir
  los derechos humanos como el "resultado de procesos sociales que tienen lugar en un
  sistema social dado" (2001: 35) y diferenciar los
  espacios entre el "derecho intuitivo" y el "derecho
  formal".
  b) El modelo "relativista" (2001: 48-60) se ha
  asignado como tarea "servir de contrapunto a las
  pretensiones de validez absoluta de los enunciados
  normativos en que están expresados los derechos
  humanos". Este relativismo se traduce en un interés por analizar los argumentos
  expuestos para justificar la validez de los derechos
  desde una perspectiva moderada, donde sólo se les
  pretende cuestionar con el fin de determinar si se
  justifican o no; o desde una perspectiva radical, en la
  cual se pretende negar cualquier pretensión de
  valor
  a tales argumentos.
  c) Sobre el modelo del "normativismo
  jurídico" (2001: 60-71), se resalta que todos los
  análisis que puedan realizarse sobre el concepto
  de los derechos humanos deben partir de su
  institucionalización como normas jurídicas.
  Esto quiere decir que la sociología
  jurídica no estaría en capacidad de definir
  qué son los derechos humanos, pues tal tarea es
  patrimonio exclusivo de la ciencia del Derecho. La labor
  de la sociología jurídica se
  limitaría, entonces, al estudio de la
  verificación empírica de las normas
  positivas previamente existentes y sólo
  según el sentido y alcance que ellas
  indiquen.
  d) Luego se analiza el modelo del "normativismo
  moral" (2001: 73-82), que al contrario del
  jurídico priorizará el análisis de
  las premisas morales subyacentes al concepto de los
  derechos humanos, no ya desde una perspectiva
  iusnaturalista, sino teniendo en cuenta todos los
  factores involucrados en la génesis de los
  derechos humanos, especialmente en la historia y la
  lectura moral que se realice de ella. Es decir,
  realiza un análisis que es simultáneamente
  descriptivo y prescriptivo.
  e) Por su parte, el modelo
  "funcional-estructuralista" se centra en el concepto que
  los derechos humanos tienen para la teoría
  sociológica de Luhmann. Desde esta perspectiva,
  los derechos humanos son concebidos exclusivamente como
  "exigencias estructurales de los sistemas contemporáneos" (2001:
  83), con lo cual se descarta cualquier componente
  filosófico, axiológico o de lucha social.
  Por el contrario, este modelo tiende hacia el
  conservacionismo social.
  f) Finalmente, se presenta el "modelo
  weberiano", según el cual los derechos humanos
  entendidos en un sentido sociojurídico se definen
  según su función, cual es la de "operar
  como pretensiones típicas de legitimidad en las
  comunidades políticas donde el derecho se ha
  racionalizado y formalizado" (2001: 239). Este
  último modelo es, como ya se mencionó, el
  adoptado por Aymerich y sobre el cual basará su
  análisis de las investigaciones empíricas
  que él analiza, sobre las cuales ya se ha hecho
  alguna referencia (2001).
3. Aproximaciones al concepto desde la
  sociología jurídica
  1. 133. Aún en sus posiciones más
    abiertas a las aportaciones extrajurídicas,
    como las adoptadas por el dualismo jurídico, o
    el contenido mínimo del derecho natural, las definiciones
    dogmáticas sobre los derechos humanos se ven
    en la disyuntiva de ser coherentes con los
    fundamentos de los derechos, o ser coherentes con la
    técnica jurídica que se ha de utilizar
    para recogerlos en el Ordenamiento
    Jurídico.
    137. Esta visión limitada tiene
    efectos específicos sobre las
    responsabilidades internacionales de los Estados y
    sobre las responsabilidades de los individuos y las
    corporaciones comerciales respecto de la
    violación de los derechos humanos a nivel
    internacional. Lo anterior es particularmente grave
    si se tiene en cuenta que la gran mayoría de
    normas internacionales sobre derechos humanos es del
    tipo "soft law" es decir, que no son
    susceptibles de aplicación judicial por parte
    de Cortes o Tribunales a nivel internacional (y en
    muchos casos tampoco a nivel interno).
  2. Las definiciones
    "dogmáticas"
    149. La legitimidad de un ordenamiento
    jurídico racionalizado, según la
    propuesta de Weber, no sólo ocurre por canales
    de justificación racional-formal, sino
    también en función de otros aspectos y
    razones no-formales, que permiten la evolución (vista como
    movilización, y no necesariamente como avance,
    puesto que éste último es ya un
    concepto valorativo) de un orden legítimo.
    Esta multiplicidad de razones de legitimación explica tanto la
    generación de nuevos derechos como el abandono
    de algunos otros. También explica las nuevas
    interpretaciones que puedan tener derechos ya
    establecidos y el desuso de algunas interpretaciones
    antiguamente válidas sobre derechos vigentes.
    Un ejemplo clásico es el derecho a la
    propiedad, el carácter absoluto que
    revestía en sus orígenes, y las
    limitaciones que se han colocado a tal derecho
    condicionándolo a otros aspectos como la
    utilidad pública o la no
    vulneración de otros derechos considerados
    socialmente más importantes, entre
    otros.
    150. El estudio de la legitimidad y su papel
    en la creación, aplicación y
    modificación del contenido y alcance de los
    derechos humanos en una sociedad concreta tiene, como
    se dijo anteriormente, muchos aspectos que deben ser
    tenidos en cuenta, tanto desde la teoría como
    desde la práctica, y que convierten a este
    elemento en crucial dentro de la evaluación de la efectividad de
    los derechos humanos en un contexto
    determinado.
  3. Las definiciones
    "sociológicas"
  4. Propuesta de definición del
    término "derechos humanos"
4. Conclusión sobre las definiciones
  analizadas
Definición de Derechos
Humanos

161. La propuesta de este curso es concebir los derechos
humanos como instrumentos jurídicos cuyo contenido
universaliza una pretensión, expectativa o valor presente
en los actores sociales y que es considerado como "fundamental
por los mismos". Al decir que son "instrumentos
jurídicos", se indica que se encuentran en el Ordenamiento
Jurídico y, por tanto, son vigentes. Además deben
considerarse válidas. También significa que
el Estado
garantiza la efectividad de dichas normas a través de las
garantías jurídicas formalizadas, incluyendo la
coacción monopolizada. Finalmente, debe mencionarse que
los derechos humanos, entendidos según lo anteriormente
escrito, actuarían con una doble función, de
control y de promoción.

162. De control en tanto permiten separar las esferas
sistémicas, y establecen convencionalmente los criterios
de solución o comunicación de los contextos conflictivos,
es decir, aquellos en los cuales para una misma situación
se ofrecen distintos criterios de solución por parte de
dos o más sistemas sociales, siendo estas soluciones
más o menos contrapuestas. La función de los
derechos humanos, en tanto derechos fundamentales, es
básicamente una función de regulación de
conflictos
sistémicos, parecida a la función de las señales
de tránsito, estableciendo prioridades y formas de
interacción sistémica.

163. La función promocional se divide, a su vez,
en una "indirecta" y una "específica". La función
promocional "indirecta" guarda una estrecha relación con
la función de control, y consiste en garantizar las mismas
oportunidades de decisión y de influencia a los actores
sociales en el juego
político por la definición de las prioridades de
regulación intersistémica. Si la función de
control de los derechos humanos establece una serie de reglas
sobre la valoración de las diferentes soluciones
sistémicas sobre un asunto de confluencia, y esas reglas
se establecen desde el Ordenamiento Jurídico, la
participación de los actores sociales (tanto individuos
como grupos entendidos
como reunión o suma de individuos) es relevante, por
cuanto son ellos quienes otorgan la legitimidad a ese sistema
jurídico, y en un escenario democrático incluso
tienen formalmente la capacidad de decidir cuál es el
contenido del Ordenamiento que se quiere implantar, así
sea de forma indirecta. La participación resulta
así muy relevante (especialmente en los escenarios
democráticos), pues la voluntad general se convierte en
norma jurídica, y en esa norma jurídica se
incluirán los criterios de control
intersistémico.

164. La función promocional "específica"
será ya más cercana a las pretensiones y
expectativas de los actores sociales que, aún cuando su
contenido sea básicamente material, resulten
universalizables, y puedan por ello ser protegidas a
través de normas jurídicas. La consagración
jurídico-formal de derechos humanos es, entonces, la
consecuencia de la lucha por la preservación de un
interés específico que se considera socialmente
legítimo y, por ello, digno de protección no
sólo a nivel convencional, sino también a nivel
formal, mediante el apoyo coactivo del Estado. Dicho apoyo
coactivo puede no ser necesariamente represivo, sino
también prestacional, y ello dependerá de la
fuerza o
importancia de tal reivindicación y, por ello, de la
legitimidad que le otorgaría al Estado reconocerle tal
grado de importancia. También dependerá, en otros
casos, de los medios al alcance del Estado para garantizarla
desde el punto de vista formal (especialmente en materia
prestacional).

DIMENSIÓN JURÍDICA
INTERNA (6 HORAS)

Derecho Comparado: Definiciones legales del
término "derechos humanos"

117. En esta sección transcribiremos algunas de
las nociones que, sobre el término "derechos humanos", se
incluyen en distintos textos jurídicos estatales e
internacionales. Obviamente, la dinámica de la redacción legal es diferente a la
doctrinaria y, por lo tanto, no encontraremos definiciones
señaladas, sino criterios para indicar cuáles son
los parámetros que en cada texto se
entienden característicos de los derechos
humanos.

(El análisis de los diferentes textos
será una tarea a desarrollar por los estudiantes en
clase)

118. Alemania: La Ley Fundamental de Bonn de 1949
se redactó en la primera etapa de la postguerra mundial, y
con posterioridad a los juicios de Nuremberg. Su texto
inspiró en muchos aspectos las constituciones europeas de
postguerra, incluyendo a la española de 1978. En su
artículo 1º se menciona que "1. La dignidad del
hombre es
sagrada y constituye deber de todas las autoridades del Estado su
respeto y
protección; 2) El pueblo alemán reconoce, en
consecuencia, los derechos inviolables e inalienables del hombre
como fundamento (grundlage) de toda comunidad
humana, de la paz y de la justicia en el
mundo; 3) Los derechos fundamentales que se enuncian a
continuación vinculan al poder
legislativo, al poder
ejecutivo y a los tribunales a título de derecho
directamente aplicable".

119. Arabia Saudita: El artículo 26 de su
Constitución, adoptada por medio de un Decreto del Rey
Fahd en 1992, dispone que "El Estado protege los derechos
humanoxs según lo contenido en la Shariah
islámica". Esto debe entenderse a la luz del
artículo 23, donde se menciona que "el Estado protege el
Islam,
implementa la Shariah, ordena al pueblo a obrar bien y evitar el
mal, cumple sus deberes de acuerdo con el mandato
divino".

120. Austria: Esta Constitución es de la
década de 1920 (Kelsen aún vivía en Austria)
y ha sido reformada en repetidas ocasiones, no obstante se ha
mantenido la mayoría de su texto. El artículo 9
dispone que "las reglas generalmente reconocidas del derecho
internacional tendrán validez como parte integrante
del ordenamiento federal". Ahora bien, entre los tratados
reconocidos por Austria se encuentra el Convenio Europeo de
Derechos Humanos y sus protocolos
adicionales. Hay que leer lo anterior en función del
artículo 9.a.2, donde al afirmar el compromiso de Austria
con la defensa de su Estado, que supone también el
sustento de los deberes de los austriacos, se dispone que
"formarán parte de la defensa integral del territorio la
defensa militar, la espiritual, la civil y la
económica".

121. Chile: La Constitución de 1980,
promulgada bajo la dictadura de
Pinochet, fue redactada de tal forma que es muy difícil
cambiar su contenido. En lo referente a los derechos humanos es
muy dispersa en su redacción, sin embargo, podemos
observar los siguientes apartes. "Art. 1. Las personas nacen
libres e iguales en dignidad y derechos"; "Art. 5. […] El
ejercicio de la Soberanía reconoce como limitación
el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y
promover tales derechos, garantizados por esta
constitución, así como por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes"; "Art. 9. El terrorismo, en
cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos
humanos […] una ley de quórum calificado
determinará las conductas terroristas y su penalidad. Los
responsables por estos delitos
quedarán inhabilitados por el plazo de quince años
para ejercer funciones o
cargos públicos […]".

122. Colombia: Podemos observar el
artículo 2º de la Constitución colombiana de
1991, en la cual se lee que "Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […] Las autoridades de
la
República están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares".

123. España: La Constitución de
1978, redactada en la época de la transición a la
democracia
posterior a la dictadura franquista (y que sirvió de
modelo para la Constitución colombiana), indica en su
artículo 10.1 que "La dignidad de la persona, los derechos
que le son inherentes, el libre desarrollo de
la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los
demás son fundamento del orden político y la paz
social". Para mayor especificación, el artículo
10.2 indica que "Las normas relativas a los derechos
fundamentales y las libertades que la Constitución
reconoce se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y
acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por
España".

124. Estados Unidos de América: Si bien el texto original de
la Constitución de 1776 no hacía mención
alguna a los derechos humanos de forma directa, las enmiendas a
la Constitución sí que se han ocupado de la
materia. Se hace especial referencia a la primera enmienda
(libertad religiosa), la tercera (propiedad), cuarta y trece
(libertad individual, intimidad), quinta a octava (debido
proceso),
quince y otras (derechos políticos). Finalmente, haremos
especial mención a la novena enmienda, que se erige como
una cláusula abierta para la proclamación de otros
derechos, y que reza que "No por el hecho de que la
Constitución enumera ciertos derechos ha de entenderse que
niega o menosprecia otros que retiene el pueblo". Así,
queda abierta la posibilidad jurídica de la
garantía de los derechos humanos contenidos en los escasos
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por los
Estados
Unidos.

125. Francia: En el preámbulo de la
Constitución de la Quinta República Francesa de
1958 se lee que "El pueblo francés proclama su
adhesión a los derechos humanos y a los principios de
soberanía nacional tal y como fueron por la
Declaración de 1789, confirmada y complementada por el
Preámbulo de la Constitución de 1946 […] Francia es una
República indivisible, laica, democrática y social.
Asegura la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin
distinción de origen, raza o religión y respeta
todas las creencias. Su organización es
descentralizada".

126. Israel: Aunque este Estado no posee una
Constitución en un texto unificado (como Inglaterra o
Canadá) sí posee ciertas leyes fundamentales (como
las existentes durante la dictadura franquista en España),
entre las cuales se incluye la "Ley Básica: Dignidad
Humana y Libertad", cuyos primeros artículos disponen que
"Sección 1. Principios básicos: En Israel los
derechos humanos básicos están basados en el
reconocimiento del valor del ser humano, y en la santidad de su
vida y libertad, y éstas serán respetadas
según el espíritu de los principios de la
declaración de Independencia de Israel" (de mayo de 1948,
que contiene en su texto algunas referencias a los derechos
humanos). Por su parte la Sección 1ª, denominada
"Propósito" dispone que "El propósito de esta Ley
Básica es proteger la dignidad humana y la libertad, con
el fin de unir en una sola ley básica los valores
del Estado de Israel en tanto Estado Judío y
democrático".

127. Kenya: El artículo 70 de la
Constitución de Kenya indica que "Se da por sentado que
todas las personas en Kenya son titulares de derechos y
libertades fundamentales individuales. Esto es, a ser titular de
tales derechos sin distinción de raza, tribu, lugar de
origen o residencia o cualquier otra conexión local,
opinión política, color, credo o sexo. Todo
ello está sujeto al respeto por los derechos y libertades
de los demás y por el interés público
[…]".

128. República Popular China:
Además de su Declaración sobre derechos humanos de
1979, la Constitución china de 2004 prevé en su
artículo 33.3 que "El Estado respeta y preserva los
derechos humanos". Dicho texto debe interpretarse en
función de la definición hecha por el
artículo 1, según el cual China es "un Estado
socialista bajo una dictadura democrática popular dirigida
por el proletariado y basada en la alianza entre trabajadores y
campesinos".

129. Sudáfrica: La Constitución de
1997, en su Capítulo 1 – Sección 1 indica que "La
República de Sudáfrica es Estado soberano y
democrático fundado en los siguientes valores: (a)
Dignidad humana, la conquista de
la igualdad y el avance de los derechos y libertades humanas; (b)
La prohibición del racismo y del
sexismo; […]".

130. Suecia: El artículo 2 de la
Constitución Sueca (una de las más progresistas de
Europa) reza que
"El ejercicio del poder
político deberá respetar la igualdad del valor de
todos los seres humanos, así como la libertad y dignidad
de cada individuo.
[…] El bienestar personal, económico y cultural de los
individuos deberá constituir el objetivo primordial de las
actividades públicas. Corresponderá especialmente a
la autoridad
asegurar el derecho al trabajo, a la vivienda y a la
instrucción y actuar a favor de la previsión y de
la seguridad
social y de un marco favorable de vida".

131. Venezuela: El artículo 2 de la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela,
promulgada en 1999 indica que "Venezuela de constituye en un
Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico y de su actuación, la vida, la libertad,
la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la
responsabilidad
social y, en general, la preeminencia de los derechos
humanos, la ética y el pluralismo político". Sin
embargo, todo ello debería leerse en función del
artículo 1 inc. 2º, que reza que "Son derechos
irrenunciables de la Nación
la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad,
la integridad territorial y la autodeterminación
nacional".

1. El ordenamiento jurídico colombiano es,
  claramente, del tipo romano-germánico (continental
  o civil law). Ello le da preeminencia a las disposiciones
  jurídicas objetivas sobre los fallos judiciales o
  la interpretación informal.
  No obstante, para que el derecho sea un sistema,
  no es suficiente con que exista un conjunto de normas con
  ciertas características comunes (reglas similares
  para su expedición, normas sobre competencia,
  criterios unificados de validez territorial y temporal,
  etc.) sino que es necesario que, además, dichas
  normas estén conectadas de acuerdo con un tipo de
  criterios lógicos para que su interacción
  sea, y estas son las palabras mágicas, coherente y
  plena. Es decir, que el sistema jurídico sea
  suficiente para resolver todos los casos y situaciones
  que se le presenten, así como que sea capaz de
  resolver cualquier tipo de conflicto o contradicción entre dos
  o más normas vigentes.
  En Colombia, tales criterios lógicos
  están previstos en el Código Civil (arts. 1 al 32).
  Más recientemente, la Constitución de 1991
  estableció también unos criterios para
  lograr la coherencia y plenitud del ordenamiento,
  especialmente en los artículos 4 Inc. 1º, 84,
  89, 91 Inc. 1º, 93, 152, 157, 170, 224, 230 y el
  título XIII.
  TAREA: Lea los artículos citados en el
  párrafo precedente y tome nota de
  su contenido. Ello hace parte del contenido del
  curso.
2. Coherencia y plenitud del ordenamiento
  jurídico en Colombia
3. Principios constitucionales en
  Colombia
Los derechos humanos en el contexto del sistema
jurídico colombiano

Bajo esa premisa puede concluirse entonces que, en
materia de derechos humanos vigentes en el ordenamiento
jurídico colombiano…

La Constitución de 1991 es la norma
jurídica de mayor rango vigente en Colombia y que, en
caso de conflicto ella prevalecerá sobre cualquier otra
disposición jurídica.
Que debido a la variedad de temas y derechos
incluidos en el texto constitucional, muchas veces existen
contradicciones entre dos o más disposiciones
constitucionales, por lo que habrá que establecer
criterios para resolverlas.

Escoger entre dos derechos humanos, siendo ambos
vigentes y con posibilidad de ser aplicados a un caso concreto
suscita dificultades. Esta tarea, nada fácil por cierto,
ha tratado de ser dilucidada por la filosofía del derecho
de forma universal. Sin embargo, nunca ha sido posible llegar a
conclusiones definitivas. La clasificación de los derechos
humanos en categorías de importancia, la teoría de
la ponderación desarrollada por varios autores (entre los
más importantes están Dworkin y Alexy) o la
teoría de las garantías primarias y secundarias
(Ferrajoli) son solo dos de los muchos ejemplos de los esfuerzos
teóricos por resolver los conflictos entre derechos
considerados como "fundamentales" en un ordenamiento
jurídico. Igual puede decirse de la sociología
jurídica, que ha desarrollado múltiples estudios
sobre la categorización de los derechos y, en
consecuencia, su mayor o menor efectividad desde la
opinión sobre el derecho, o desde los indicadores de
derechos humanos.

Pero si la doctrina ha intentado, la jurisprudencia
y la práctica jurídica también. Es
así como se han desarrollado técnicas de
interpretación y ponderación entre derechos
fundamentales como la del "contenido esencial del derecho" o el
"bloque de constitucionalidad".

TAREA: Reunirse en grupos de máximo cuatro
personas y realiza lo siguiente:

Buscar en la doctrina nacional e internacional el
significado de "contenido esencial de un derecho
humano"
Ubicar sentencias de la Corte Constitucional
colombiana donde se desarrolle el concepto de "contenido
esencial" de los derechos humanos.
Ubicar sentencias de Cortes o Tribunales
constitucionales de otros Estados donde se desarrolle el
concepto de "contenido esencial" de los derechos
fundamentales.
Comparar los conceptos de los tribunales de otros
Estados con el concepto dado por la jurisprudencia
constitucional colombiana.

En tanto una solución universalmente
válida al problema que plantean las contradicciones entre
los contenidos de los derechos humanos positivados en un
ordenamiento jurídico, parece necesario recurrir a
principios orientadores y otra serie de enunciados que, si bien
no son necesariamente normas jurídicas, sí pueden
constituirse como criterios útiles para la
resolución de casos concretos.

Enumeración de los principios
constitucionales colombianos

Art. 1°.

Comprende tres aspectos importantes:

Diseña una definición de Estado
colombiano como Estado Social de Derecho
Enuncia la forma como se encuentra organizado dicho
Estado, es decir, como República Unitaria y
descentralizada. Se hace énfasis en la democracia
participativa y pluralista.
Fundamenta el Estado en cuatro valores
básicos: a) dignidad humana; b) trabajo; c) solidaridad
social; d) prevalencia del interés general sobre el
particular

Estado social de Derecho
Esta noción está aparejada con la
idea de "justicia social" y la de "prosperidad general". Se
encuentra desarrollada en el art. 366 constitucional cuando
determina que el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de
vida de la población son finalidades sociales
del Estado, de manera que es objetivo fundamental de su
actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de salud,
educación, saneamiento ambiental y
agua
potable. Para ello, dice la Constitución, es
necesario darle prioridad al gasto
público social sobre cualquier otra
asignación a nivel nacional o
territorial.
La Constitución (ver art. 287, entre otros)
reconoce dentro de la estructura gubernamental y administrativa
colombiana un Estado que, además de ser unitario con
importantes grados de descentralización administrativa en
sus entidades territoriales, se perfila hacia igualmente
importantes grados de autonomía política en
las mismas.
Desde la perspectiva de los DDHH y de su
efectividad, el fundamento de este perfil no es otro que el
de acercar el poder y la toma de
decisiones a las bases poblacionales, a fin de lograr
inmediatez en la relación entre gobernantes y
gobernados, así como una capacidad mayor de control
por parte de la ciudadanía de la gestión pública.
República Unitaria y
Descentralizada
Democracia participativa y pluralista

En cuanto a democracia participativa, ver
artículos

40 (derecho a la participación política activa y
pasiva)
103 (los mecanismos de participación son el
voto, plebiscito, referendo,
consulta popular, etc.)
155 (iniciativa legislativa popular)
258 (sufragio y
elecciones)
259 (voto programático)

En cuanto a la pluralidad, ver
artículos

2 (facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan)
7 (reconocimiento diversidad étnica y
cultural, protección)
13 (promoción igualdad y protección
especial para personas en situación de debilidad
manifiesta)
16 (libre desarrollo de la personalidad)
18 (libertad de conciencia)
19 (libertad de cultos)
20 (libertad de
expresión)
246 (jurisdicciones indígenas)

Art 2°

Contiene los fines del Estado, a saber:

Servir a la comunidad (art. 365)
Promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los derechos, deberes y principios de la
constitución (ver el art. 334, al permitir la
intervención estatal en la economía para mejorar
la calidad de
vida) (ver art. 86 y ss)
Facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural (13, 40,
etc.)
Defender la independencia nacional
Mantener la integridad territorial
Asegurar la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo (Sentencia T-102 1993)

Art 3°

La soberanía reside en el PUEBLO, del cual emana
el poder público. Esa soberanía es ejercida de
forma directa o de forma indirecta por medio de representantes,
en los términos indicados en la Constitución (ojo,
no en la ley)

Anteriormente, la responsabilidad del gobernante era de
carácter abstracta e impersonal, pues le debían
fidelidad a la nación,
el cual es un concepto abstracto de carácter más
sociológico que jurídico. La inclusión del
voto programático (art. 259) y la revocatoria
del mandato (art. 40, 183, 184 y 259). Si la soberanía
reside en el pueblo, que elige a los gobernantes, existe un nexo
de responsabilidad real y jurídico, de corte contractual
(ver ley 131 de 1994 sobre revocatoria del mandato)

Art 4°

Esta disposición es inherente a un ordenamiento
jurídico jerarquizado, en el cual la constitución
es el vértice de la pirámide jurídica.
Según la teoría jurídica, el ordenamiento
jurídico en un Estado debe estar organizado deforma
coherente y conjunta. Desde 1992 (Sentencia T-006), la Corte
Constitucional indicó que

"La posición de supremacía de la
Constitución sobre las restantes normas que integran el
ordenamiento jurídico estriba en que aquella determina la
estructura básica del Estado, instituye los órganos
a través de los cuales se ejerce la autoridad
pública, atribuye competencias para
dictar normas, ejecutarlas y decidir conforme a ellas las
controversias y litigios que se susciten en la sociedad, y al
efectuar todo esto funda el orden jurídico mismo del
Estado. La Constitución se erige en el marco supremo y
último para determinar tanto la pertenencia al orden
jurídico como la validez de cualquier norma, regla o
decisión que formulen o profieran los órganos por
ella instaurados. El conjunto de los actos de los órganos
constituidos, Congreso, ejecutivo, jueces, se identifica con
referencia a la Constitución y no se reconoce como derecho
si desconoce sus criterios de validez"

Habría que precisar, que la Corte hace referencia
a los criterios de validez no sólo formales, sino
también materiales, lo cual se concluye a partir del texto
constitucional, específicamente del artículo 2 y
del segundo inciso del artículo 4º, cuando menciona
que "en todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales".

Art 5°

Este artículo contiene dos disposiciones
especiales.

Reconocimiento de la primacía de los derechos
inalienables de las personas: Ello es concordante con el
preámbulo, el artículo 2 en cuanto a las
funciones del Estado, el art. 4 en cuanto a la ubicación
de las normas jurídicas sobre ddhh en el ordenamiento
jurídico y con los artículos 93 y 94 sobre la
preponderancia de los instrumentos internacionales suscritos
por Colombia en materia de ddhh y de dih dentro del orden
interno. Igualmente es concordante con el art. 86 y ss, donde
se menciona la forma de efectivizar los derechos inalienables
de las personas.

Amparo a la familia:
Ello es concordante con el art. 42 constitucional. Esta
disposición incluye no solo la posibilidad de formar
familias, sino también la garantía de los
mecanismos para desarrollar a todos sus integrantes
según sus necesidades, a través de otros derechos
ya incluidos en la constitución (educación,
intimidad, libre desarrollo de la personalidad,
etc.)

Art 6°

Diferenciación entre los ámbitos de
competencia entre los particulares y los servidores
públicos en ejercicio de sus funciones.

Particulares: Primacía de la libertad,
limitada únicamente por las garantías a los
derechos de terceros. Es el principio de legalidad
que garantiza inmunidad frente a la arbitrariedad
estatal.

Servidores Públicos: Primacía del
principio de legalidad, igualmente. Supresión de la
arbitrariedad. Garantía de la vigencia del derecho y de
las normas instituidas según los procedimientos
de expedición normativa que aseguran la confianza en que
el Estado y sus agentes cumplirán con su deber y que no
abusarán de su poder. Es una característica del
derecho como la expectativa sobre el comportamiento ajeno. Es un fundamento de la
responsabilidad estatal indicada en el art. 90
constitucional.

Art 7°

En este artículo se reconoce y se anuncia la
protección de la diversidad étnica y cultural. Esta
norma es consonante con muchas otras disposiciones posteriores de
la constitución. El hecho de que esté enunciada
además como principio la incluye como guía para la
interpretación de tales derechos.

Genera problemas cuando se habla de la igualdad ante la
ley (como punto de partida) o desde la ley (como punto de
llegada) y se analizan los alcances de las acciones
afirmativas o la discriminación positiva, como los cupos
escolares, jurisdicción especial y circunscripción
electoral especial.

Art 8°

Cuando se habla de la protección de las riquezas
naturales y culturales de la nación se hace una referencia
a los derechos sociales y colectivos, especialmente los
relacionados con el acceso a la prosperidad general y
redistribución de la riqueza producida por los recursos
naturales, así como a la protección del
medio
ambiente, la flora y la fauna.
También se hace mención a la obligación de
proteger los bienes culturales y patrimonios de los grupos
ancestrales. Es de anotar que es necesario contar con mucha
colaboración internacional para lograr efectivizar este
principio.

Art 10°

Para los derechos humanos, es particularmente relevante
el reconocimiento de que las lenguas
distintas al español,
como las indígenas y las criollas son igualmente oficiales
en los territorios donde tradicionalmente se asientan (la
diferencia entre un idioma y un dialecto es el ejército
que lo respalda)

TAREA: Reunirse en grupos de máximo cuatro
personas y realiza lo siguiente:

– Ubique algún caso que, según ud.,
pueda resolverse apelando a estos principios

Los principios constitucionales como
guías de interpretación
jurídica

La utilidad práctica que prestan los principios
constitucionales al ordenamiento jurídico es servir como
argumentos de autoridad que brinden luces en la
interpretación de las demás normas
jurídicas. Así, en los casos en los cuales se
presenten contradicciones (antinomias) o vacíos (lagunas)
en los que no exista normas aplicables o puedan ser aplicadas
varias disposiciones simultáneamente, la decisión
más válida para el caso concreto, entre las
posibles, será aquella que se encuentre más
conforme con los principios constitucionales. Un usual ejemplo de
ello son los casos de contraposición de los derechos al
debido proceso y a la seguridad del Estado, o los conflictos
entre libertad de expresión y derecho a la intimidad, etc.
Obviamente, este recurso conlleva a la casuística como una
herramienta indispensable, dada la especificidad de los
conflictos planteados.

En Colombia, la interpretación jurídica
constitucional puede entenderse guiada según los
siguientes parámetros:

a) Unidad de la Constitución (el texto
constitucional es uno solo y tiene unidad
filosófica)

b) Armonización práctica de la
Constitución (los principios no son absolutamente
excluyentes entre sí. En la práctica puede
preferirse uno a otro en un caso específico, pero ello no
implica su divergencia total)

c) Corrección constitucional funcional (el
intérprete no puede cambiar el sentido del contenido
constitucional, pues estaría desconociendo la
soberanía del constituyente primario) – ojo, ello no
significa desconocer los art. 93 y 94, sino precisamente
garantizar la movilidad interpretativa de la constitución
y la efectividad de los derechos humanos garantizados en ella
(art. 5)

d) Eficacia
integradora (todas las aplicaciones de la constitución
deben mantener sus objetivos e
irradiar con ellos el resto del ordenamiento
jurídico)

e) Eficacia normativa (las normas deben producir un
efecto jurídico, pues de lo contrario su existencia
carecería de sentido – principio del efecto
útil –)

En resumen, podemos decir que la constitución
colombiana, en materia de derechos humanos, debe siempre tener en
cuenta los principios fundamentales, los fines esenciales del
Estado (entre los cuales se incluye la garantía a los
ddhh), la responsabilidad estatal (por sus acciones u omisiones
contrarias a los ddhh), la soberanía del pueblo sobre el
poder del Estado, la dignidad del ser humano y sus derechos, la
prevalencia del interés general sobre el particular, la
prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y la
obediencia a los tratados internacionales en materia de ddhh (y a
la interpretación que de los mismos hagan los organismos
internacionales capacitados para ello).

Para ello es siempre necesario tener en cuenta dos
criterios relativamente nuevos en el ordenamiento jurídico
colombiano

El precedente judicial de la Corte Constitucional
como guardiana de la Constitución (Sentencia SU-047 de
1999)
El bloque de constitucionalidad (Sentencia 582 de
1999)

Se sigue la orientación de la
constitución española de 1978 que a su vez se
inspiró en la Ley fundamental de Bonn de
1949.
La principal consecuencia de la
clasificación colombiana estriba en la posibilidad
de acceder a unos u otros mecanismos de garantía de
los derechos.
1. Se identifican con los llamados derechos
  civiles y políticos, derechos de primera
  generación, o derechos negativos, en tanto
  implican la inacción del Estado. La realidad ha
  demostrado que necesitan también de la acción del Estado y de cierta
  garantía prestacional.
2. Derechos fundamentales
  Se identifican con los llamados derechos
  económicos, o positivos o de segunda
  generación. Son derechos que se ejercen y
  disfrutan en relación con los demás
  individuos sociales, y que se consideran necesarios no
  para la supervivencia sino para la calidad de la vida
  en comunidad.
3. Derechos sociales, económicos y
  culturales
  Se identifican con ellos los llamados derechos
  de tercera generación, donde se ha incluido a
  los derechos ambientales, los derechos de las
  minorías y los derechos específicos de
  carácter abstracto. Se ha dicho que ellos no
  pueden ejercerse de forma individual debido a que
  tienen una titularidad colectiva. Sobre esto existen
  voces discordantes, sobre todo por la
  identificación y legitimación de los
  representantes del colectivo con posibilidad de
  disponer de tales derechos de forma procesal,
  incluyendo el desistimiento procesal o la
  transacción, por ejemplo.
4. Derechos colectivos y del ambiente
  Los textos constitucionales en materia de ddhh
  también son objeto de referencia y/o
  remisión expresa o tácita por parte de
  otras disposiciones del ordenamiento jurídico.
  Resalta de forma especial el Código Penal y el de Procedimiento Penal, así como el
  Código Contencioso Administrativo, los cuales
  son pródigos en remisiones expresas y
  tácitas a normas y principios
  constitucionales.
  Como se indicó anteriormente, y
  siguiendo algunos ejemplos de otros Estados, la
  Constitución colombiana hace una referencia
  expresa al derecho internacional de los derechos
  humanos y el derecho internacional humanitario, para
  otorgarle jerarquía constitucional a sus
  disposiciones y considerarlas, con tal
  jerarquía, como derecho interno directamente
  aplicable. Ello quiere decir que una autoridad
  pública, administrativa o judicial por ejemplo,
  podrían invocar disposiciones de derecho
  internacional de los derechos humanos o del DIH sin
  necesidad de recurrir a la norma interna que
  ratificó tal convenio internacional.
5. Remisión de otros textos
  jurídicos a normas
  constitucionales
6. DDHH en la constitución
  colombiana
Clasificación de los derechos en el
ordenamiento jurídico colombiano

Para efectos de orden, analizaremos los derechos humanos
contenidos en la Carta
Fundamental colombiana de la siguiente forma:

DERECHOS RELATIVOS AL INDIVIDUO MISMO
1. Vida (11)
2. Integridad personal (12)
3. Igualdad y libertad ante la ley (13)
4. Personalidad jurídica (14)
5. Intimidad personal y familiar (15)
6. Libre desarrollo de la personalidad
  (16)
7. Honra y buen nombre (21 y 15)
8. Prohibición de esclavitud, servidumbre y trata de seres
  humanos (17)
DERECHOS INTELECTUALES O ESPIRITUALES
1. Libertad de conciencia (18)
2. Libertad de cultos o libre profesión
  religiosa (19)
3. Derecho a expresar o difundir el pensamiento y opiniones y de informarse de
  manera veraz e imparcial (20)
4. Enseñanza, aprendizaje
  e investigación (27)
DERECHOS DE INTERRELACIÓN SOCIAL O LIBERTADES
SOCIALES
1. Libre circulación, locomoción y
  residencia (24)
2. Trabajo como derecho y obligación social
  (25)
3. Libertad de escoger profesión u oficio
  (26)
4. Reunión y manifestación
  (37)
5. Libre asociación (38)
6. Sindicalización (39)
DERECHOS JUDICIALES Y PUNITIVOS
1. Derecho a captura, detención o arresto
  formal (28)
2. Debido proceso (29)
3. Hábeas corpus (30)
4. Apelación y consulta (31)
5. No declarar contra sí mismo o parientes
  cercanos (33)
6. Prohibición de destierro o prisión
  perpetua (34)
7. Limitación de la extradición
  (35)
8. Derecho de asilo (36)
DERECHOS CÍVICOS Y
POLÍTICOS
1. Derecho de petición (23)
2. Participación política activa y
  pasiva (40)
(VER LIBRO DE
WILSON HERRERA SOBRE LA DEFINICIÓN DE CADA UNO DE
ELLOS)
DERECHOS FUNDAMENTALES POR
CONEXIÓN

La Corte Constitucional ha concluido que los DESC pueden
ser declarados y tratados internamente como "derechos
fundamentales por conexión" a partir de un razonamiento
según el cual no tiene ninguna importancia una simple
definición de derechos fundamentales, ya que la
identificación de ellos corre por cuenta del juez, que es
quien determina en un momento dado ese carácter, con lo
cual se construye una verdadera interpretación
constitucional adecuada a la realidad.

Ello es consecuencia del principio de efectividad de los
derechos humanos estatalmente consagrados (art. 2 constitucional
y arts. 1 y 2 CADH)

Para declarar que un DESC particular en un caso
particular como un derecho fundamental susceptible de
garantía constitucional inmediata, deben verificarse los
siguientes requisitos:

Conexión directa, entre el derecho y los
principios constitucionales fundamentales, pues su
afectación constituiría una trasgresión a
la base axiológica-jurídica del ordenamiento, y
por el art. 4, ninguna norma o acto puede ir en contra de
ellos.
Garantía efectiva por el juez como resultado
de la aplicación directa de un DESC sin que exista
previsión normativa expresa.
Necesidad de que el contenido esencial del derecho
exija su protección a través de la
protección de un DESC sin atenerse a consideraciones
políticas.

En estos casos, el juez debe actuar con una
lógica razonable, asumiendo que los problemas de conectar
un DESC con un DDFF no son de generación de recursos, sino de
asignación de los mismos.

DEFINICIÓN DE CONTENIDO ESENCIAL DE UN
DERECHO: Es el conjunto de aquellos elementos sin los cuales
el derecho deja de ser lo que es.

TAREA: Reunirse en grupos de máximo cuatro
personas y realiza lo siguiente:

– Ubique un derecho de los vistos anteriormente e
identifique sus elementos que constituyen su contenido
esencial

1. El control de constitucionalidad significa la
  posibilidad de que uno o varios organismos competentes
  evalúen la concordancia de todas y cada una de las
  normas jurídicas de un ordenamiento con las
  disposiciones constitucionales, por vía de
  acción y/o excepción.
  En Colombia, tal control se encuentra asignado
  de forma general a todos los servidores públicos
  (art. 6) y personas en general (art. 95.1) y de forma
  especial a todos los jueces (en tanto conozcan de
  acciones de jurisdicción constitucional como
  tutelas, acciones de cumplimiento, etc.) y a la Corte
  Constitucional cuando conoce de demandas de
  inconstitucionalidad y/o de acciones de
  jurisdicción constitucional.
  1. Como se indicó anteriormente, y
    siguiendo algunos ejemplos de otros Estados, la
    Constitución colombiana hace una referencia
    expresa al derecho internacional de los derechos
    humanos y el derecho internacional humanitario, para
    otorgarle jerarquía constitucional a sus
    disposiciones y considerarlas, con tal
    jerarquía, como derecho interno directamente
    aplicable. Ello quiere decir que una autoridad
    pública, administrativa o judicial por
    ejemplo, podrían invocar disposiciones de
    derecho internacional de los derechos humanos o del
    DIH sin necesidad de recurrir a la norma interna que
    ratificó tal convenio
    internacional.
    Esto nos permite concluir que cuando se
    analiza, por vía de acción o
    excepción la constitucionalidad de una norma
    jurídica o de una actuación con
    consecuencias jurídicas, no se debe tener en
    cuenta solamente el contenido del ordenamiento
    proferido en Colombia, sino además las
    disposiciones internacionales en materia de DDHH y
    DIH, por cuanto ellas prevalecen en el orden
    interno.
  2. Significado y alcance de la preeminencia del
    derecho internacional de los derechos humanos en el
    ordenamiento jurídico colombiano
    Cualquier persona puede solicitarle a la
    Corte Constitucional que estudie la conformidad de
    las normas del ordenamiento colombiano actualmente
    vigentes o en proceso de formación y que
    determine su constitucionalidad o no, con
    consecuencias sobre su validez o no.
    El efecto de las decisiones de la Corte
    Constitucional sobre esta materia tiene efecto
    erga omnes. Su regulación se encuentra
    en el art. 241 constitucional y la ley 270 de
    1996.
  3. Por vía de
    acción
  4. Por vía de
    excepción
  Cualquier persona sujeta al ordenamiento
  jurídico colombiano puede, en el curso de una
  actuación administrativa y/o judicial ante
  cualquier autoridad pública, solicitar la
  inaplicación de cualquier disposición
  normativa vigente y válida, previa
  demostración de que su aplicación para el
  caso concreto conllevaría una consecuencia
  inconstitucional por la afectación de los derechos
  fundamentales propios o de terceros.
  La autoridad administrativa o judicial,
  según el caso, también está
  facultada para declarar la excepción de
  inconstitucionalidad de oficio, previa motivación, y en todo caso tal
  decisión tendrá un efecto limitado y
  exclusivamente inter partes.
2. Control de constitucionalidad en
  Colombia
  1. Derecho de petición
3. Mecanismos no-judiciales de protección
  a los derechos humanos
Mecanismos de garantía de los derechos
humanos en el ordenamiento jurídico
colombiano

El art. 23 dice que "Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales".

El CCA, por su parte, distingue entre las siguientes
clases de peticiones:

Escritas y verbales (art. 5 CCA): Las escritas deben
indicar la autoridad a la cual se dirigen, la
identificación (nombre, documento y calidad de quien
actúa) del peticionario, el objeto de la
petición, las razones (de hecho y derecho) en que se
apoya, la relación de documentos
adjuntos, la firma si es del caso. Las verbales serán
tomadas por la autoridad a la cual se dirigen, de acuerdo con
los datos antes
descritos.

En interés particular (art. 9 CCA): Pretenden
que la autoridad conceda algo específicamente al
peticionario. Debe contestarse en un plazo de 15 días
hábiles.

En interés general: Pretenden que la autoridad
realice algún acto con carácter y/o efecto
general. Debe contestarse en un plazo de 15 días
hábiles.

De información general o particular (art. 19
CCA): Se solicita la expedición de documentos o copias
de los mismos. Cuando se trata de informaciones particulares,
solo los interesados en dichos trámites pueden solicitar
tal copia. El plazo para contestar es de 10 días
hábiles.

El art. 155 constitucional contempla que
"Podrán presentar proyectos de ley, un número de
ciudadanos igual o superior al cinco por ciento (5%) del
censo electoral existente en la fecha respectiva o el
quince por ciento (15%) de los concejales o diputados del
país. La iniciativa popular será tramitada
por el Congreso, de conformidad con lo establecido en el
artículo 163, para los proyectos que hayan sido
objeto de manifestación de urgencia".
Este derecho está regulado adicionalmente
por la ley 134 de 1994. En la práctica es
extremadamente difícil efectivizar este derecho, al
ponerse un listón muy alto de conseguir.
Iniciativa legislativa popular
El art. 103 constitucional incluye dentro de las
formas de participación democrática la
"consulta popular", que se presenta cuando el pueblo da su
opinión sobre decisiones de trascendencia nacional
(art. 104) a través de una jornada electoral que no
puede ser concurrente con ningún otro tipo de
elección.
Las audiencias son, por su parte, una forma de
expresión del derecho a la información (art.
20) y de petición (23) que pueden realizarse previa
solicitud, para tratar diversos temas de interés
para la comunidad. Obviamente, implican el ejercicio de
derechos políticos en cuanto al control sobre la
función pública y es una muestra
de la soberanía popular respecto del poder
público subordinado a ella.
Audiencias y consultas
públicas
Control social y revocatoria del
mandato

La revocatoria del mandato (art. 40 y 103) supone el
ejercicio de derechos políticos de soberanía
popular. Quien elige a un gobernante territorial lo hace a
título contractual y por lo tanto puede exigirle
responsabilidad hasta el punto de retirarlo del cargo (art. 259).
El voto programático solo opera para alcaldes y
gobernadores, y solo ellos pueden ser objeto de revocatoria del
mandato.

La ley 131 de 1994 reglamentó la posibilidad de
revocar el mandato siempre que un 40% de los votantes de tales
funcionarios (alcalde o gobernador) así lo soliciten por
escrito a la Registraduría Nacional. Al igual que ocurre
con la iniciativa legislativa popular, es un porcentaje muy alto
para ser práctico en la realidad.

1. 1. El trámite a que se somete estas
    acciones se denomina "preferencial" entendiendo que
    el trámite las acciones constitucionales
    debe preferirse o imponerse a las demás
    acciones que conozca la autoridad judicial que la
    conozca. A diferencia de las acciones "ordinarias",
    las constitucionales tienen términos
    judiciales improrrogables y de perentorio
    cumplimiento.
    En cuanto a la informalidad, se observa
    que las acciones constitucionales se caracterizan
    porque en ellas es aún más importante
    la aplicación del principio constitucional
    de primacía del derecho sustancial sobre el
    derecho procesal, así como de
    la estricta observancia de los principios de
    economía, celeridad y eficacia del derecho
    (efecto útil de las normas).
  2. Preferencia e informalidad como
    criterios para identificar una acción de
    jurisdicción constitucional
  3. Acción de tutela
2. Acciones de jurisdicción
  constitucional
Mecanismos judiciales de protección a los
derechos humanos

Cualquier persona puede interponer una acción de
tutela. Su
objetivo se refiere exclusiva y directamente a la defensa de los
"derechos fundamentales". También los DESC cuya
violación vulnere conexamente un DDFF, según lo ya
visto anteriormente.

Esta acción (art. 86 y regulado por el Decreto
2591 de 1991) se caracteriza por ser:

Un procedimiento preferente y sumario (no
samario)
Que se promueve ante los jueces (dependiendo del
accionado, la primera instancia puede ser ante: juez municipal,
juez del circuito, tribunal seccional, altas
cortes)
En todo momento y lugar
Tener un fallo expedido en no más de 10
días hábiles a partir de la demanda
Tener un fallo consistente en una orden de inmediato
cumplimiento para que el accionado haga o se abstenga de hacer
algo
Susceptible de ser impugnada ante un juez competente
y de una eventual revisión por parte de la Corte
Constitucional.

Para que se otorgue la Tutela, se requiere:

Se trate de proteger derechos constitucionales
fundamentales de cualquier persona
Los derechos estén amenazados o
vulnerados
Que la violación o amenaza provenga de la
acción u omisión de cualquier autoridad
pública o de un particular bajo condiciones especiales
(que cumpla funciones publicas y/o que este en grado de
superioridad manifiesta respecto del accionante o que el
accionante esté en estado de indefensión –
ppio. De eficacia horizontal de los ddhh)
Que el afectados no dispongan de otro mecanismo de
defensa judicial
Que en caso de existir otro mecanismo de defensa, la
acción se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable

En el trámite de la acción de tutela debe
considerarse que:

Pueden tomarse medidas provisionales o
cautelares.
No es necesario agotar la vía gubernativa, por
lo que se puede ordenar el restablecimiento inmediato y sin
consideraciones previas.
Se puede requerir con urgencia la entrega de los
informes que
se crean pertinentes o necesarios para resolver prontamente la
protección solicitada, so pena de presumirse los hechos
como ciertos.
Las pruebas
pueden o no ser necesarias para decidir
Proferido el fallo, la autoridad debe cumplirlo en el
plazo señalado por el juez, so pena de ser sancionado
por desacato.
La impugnación del fallo se hace sin perjuicio
de su cumplimiento inmediato.
Impugnado y resuelto el fallo o no impugnado, debe
ser remitido a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Acción de cumplimiento

Cualquier persona puede instaurar una acción de
cumplimiento. El objetivo de la acción es hacer efectivo
el cumplimiento de la ley o un acto administrativo.

Esta acción (art. 87 y regulado por la Ley 393 de
1997) se caracteriza por ser:

Un trámite oficioso a partir de la
instauración de la demanda
Es una acción de sustanciación
preferente, salvo por la acción de tutela
Se ejerce solo ante la autoridad judicial
competente
En cualquier tiempo, solo por regla
general
Instaurada previa constitución de prueba de la
renuencia previa
Tener un fallo que, por lo general, es de inmediato
cumplimiento
Tener un fallo impugnable en el efecto suspensivo,
salvo en casos de perjuicios irremediables

Para que se otorgue el Cumplimiento, se
requiere:

Que no se ejerza sobre un derecho garantizado por
vía de tutela, caso en el cual el juez deberá
darle dicho trámite
Que no exista otro instrumento judicial para hacer
cumplir con dicha ley o acto administrativo, a menos que haya
amenaza de un "perjuicio grave e inminente" para el
accionante
Que se trate de hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de ley o actos
administrativos
Que estas normas no establezcan gastos, ni se
trate de derechos tutelables
Que el cumplimiento que se solicita provenga de la
"acción" o de la "omisión" de cualquier autoridad
pública y/o de los particulares
Que el caso de disponer de otro medio, la
acción se utilice para evitar un perjuicio grave e
inminente
Que si se pretende contra "particulares",
éstos actúen o deban actuar en ejercicio de
funciones públicas y sólo para el cumplimiento de
éstas.
Que se cumpla con el trámite, los
términos, requisitos y probanzas previstos por la
ley.

En el trámite de la Acción de
Cumplimiento, se debe tener en cuenta que:

El juez competente puede obligar al deber omitido sin
consideración formal alguna basado en la prueba aportada
que lo convenza
Las providencias carecen de recursos, salvo la
sentencia y la que deniegue la práctica de
pruebas
El juez puede requerir el urgente envío de
informes con consecuencias disciplinarias
El fallo debe cumplirse en el término indicado
en la sentencia con posibilidad de imponer sanciones por
desacato

Recurso de hábeas corpus

El art. 28 constitucional indica que "La persona
detenida preventivamente será puesta a disposición
del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes, para que este adopte la decisión
correspondiente en el término que establezca la
ley".

Está reglamentado adicionalmente por la Ley 1095
de 2006. Luego de pasadas 36 horas desde la captura sin haber
sido puesto a disposición judicial, se puede interponer
este recurso ante cualquier juez de la República, con las
siguientes características:

Invocarlo ante cualquier juez, para ser resuelto en
máximo 36 horas.
La acción puede ser invocada por terceros en
nombre del detenido, sin necesidad de poder o mandato alguno.
Igual puede interponerse por la Defensoría del Pueblo o
la personería.
Instaurar la acción en cualquier tiempo
mientras perdure la violación de la libertad
personal
La acción no se suspende por días
festivos o fines de semana
Puede impugnarse en los 3 días siguientes a su
denegación para ser fallada dentro de los 3 días
hábiles siguientes

El contenido de la petición de habeas corpus
es totalmente informal, por escrito o de forma verbal, y
deberá contener:

El nombre de la persona en cuyo favor se instaura la
acción
Las razones por las cuales se considera que la
privación de la libertad es ilegal o
arbitraria
La fecha de reclusión y el lugar donde se
encuentra la persona privada de la libertad
Indicar el nombre y cargo (si se conoce) del
funcionario que ordenó la privación de la
libertad
Nombre, documento de identidad y
dirección de notificaciones del
solicitante
Afirmar bajo juramento que no hay otro juez que
conozca de la misma solicitud
simultáneamente.

1. Acción popular y de
  grupo
Acciones de jurisdicción
ordinaria

Toda persona puede interponer acciones
populares con el objetivo de proteger "derechos e intereses
colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la
seguridad y la salubridad públicas, la moral
administrativa, el ambiente, la
libre competencia económica y otros de similar naturaleza"
(art. 88, regulado adicionalmente por la Ley 472 de
1998).

Los accionantes pueden recibir incentivos
económicos recogidos en los artículos 39 y 40 de la
ley 472 de 1998.

Las acciones populares se caracterizan por:

Perseguir la protección de intereses
colectivos y se ejerce para evitar un daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza,
vulneración o agravio de esos derechos o intereses
colectivos, o restituir las cosas a su estado
anterior
Ser de impulso oficioso a partir del momento en que
se presenta la demanda
Tener carácter preferencial sobre las otras
acciones que conozca el juez competente, a excepción de
tutelas, habeas corpus y cumplimiento.
Poderse interponer en cualquier tiempo, mientras
subsista la amenaza o el peligro al derecho o interés
colectivo
El agotamiento de la vía gubernativa es
opcional
Tener como jurisdicción competente a la
contenciosa administrativa o la privada, según las
reglas legales
Tener un trámite ordinario como las
demás acciones judiciales.

En lo referente a las "acciones de grupo" (art.
88 constitucional y Ley 472 de 1998), ellas pueden ser
interpuestas por un grupo plural de personas naturales y/o
jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio de este corte
colectivo ocasionado por una acción u omisión
estatal. Igualmente, estas acciones pueden ser instauradas por el
defensor del pueblo y la personería.

Las acciones de grupo se caracterizan por:

Ser interpuestas por un grupo de personas con
condiciones uniformes respecto a una misma causa que les
originó los perjuicios a cada uno y se ejerce para
obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de
los perjuicios.
Caduca a los 2 años de la fecha en que se
acusó el daño
Debe ejercerse por conducto de abogado,
individualmente considerado o de un comité de abogados
en los cuales se debe designar un representante.

Acciones
contencioso-administrativas

Las acciones tendientes a obtener la declaración
de responsabilidad del Estado (art. 90 constitucional) o la
sanción de los funcionarios (art. 92 constitucional) con
base en el principio de legalidad de la función
pública (art. 6 constitucional)

Entre ellas se incluyen:

Simple nulidad (art. 84 CCA)
Nulidad y restablecimiento del derecho (art. 85
CCA)
Indemnización o reparación directa
(art. 86 CCA)
Contractual (art. 87 CCA)

DIMENSIÓN JURÍDICA
INTERNACIONAL (8 HORAS)

1. Fuentes
2. Sujetos de derecho internacional
  público
3. Diferentes tipos de instrumentos
  internacionales
4. Soberanía estatal
5. Obligación internacional
6. Responsabilidad internacional del
  Estado
7. Jurisdicción internacional
8. Corte Internacional de Justicia
Nociones básicas de derecho internacional
público
1. Historia, noción y contexto de la
  Organización de las Naciones Unidas
  1. Asamblea general
  2. Secretario general
  3. Consejo de seguridad
  4. Consejo económico y social
  5. Consejo de derechos humanos
  6. Alto comisionado de naciones unidas para los
    derechos humanos
  7. Alto comisionado de naciones unidas para los
    refugiados
  8. Procedimientos Especiales
  9. Los relatores especiales (países,
    temáticos)
  10. Los grupos de trabajo
  11. Los programas especiales
  12. Organización internacional del
    trabajo
  13. Fondo de naciones unidas para la
    infancia
  14. Organización de las naciones unidas
    para la
    educación, la ciencia y la
    cultura
2. Estructura general de las Naciones
  Unidas e Instituciones en derechos humanos
  1. Promoción y especificación de
    obligaciones internacionales de los Estados
  2. Audiencias y Control Político
    (monitorización de los instrumentos en
    ddhh)
  3. Cooperación internacional y apoyo
    logístico en ddhh
  4. Reportes, comentarios generales y
    recomendaciones generales
  5. Visitas en terreno
  6. Quejas inter-estatales
  7. Quejas individuales
3. Funciones de las Naciones Unidas en derechos
  humanos
  1. Políticos (Declaraciones, Resoluciones
    y otros)
  2. Jurídicos (Convenciones)
4. Instrumentos internacionales en derechos
  humanos
  1. Mecanismos convencionales
  2. 1. Comité de derechos humanos
      (HCR)
    2. Comité de derechos
      económicos, sociales y culturales
      (CESCR)
    3. Comité para la eliminación
      de la discriminación racial
      (CERD)
    4. Comité para la eliminación
      de la discriminación contra la
      mujer (CEDAW)
    5. Comité contra la tortura
      (CAT)
    6. Comité sobre los derechos del niño
      (CRC)
    7. Comité sobre los trabajadores
      migrantes (MWC)
    1. Procedimientos especiales en
      general
    2. Grupos de trabajo
    3. Grupos de país
    4. Otros (cooperación técnica,
      presencia en terreno, misiones de paz,
      etc.)
  3. Mecanismos extra-convencionales
5. Mecanismos de protección de los derechos
  humanos a cargo de las Naciones Unidas
Sistema universal de derechos humanos
1. Historia y características
2. Distinciones generales entre el consejo de Europa
  y la Unión Europea
3. Estados parte en el sistema
  1. Convención europea de derechos
    humanos
  2. Los protocolos adicionales a la
    Convención europea
4. Instrumentos europeos en materia de derechos
  humanos
5. Instituciones europeas en materia de derechos
  humanos
6. Mecanismos de garantía del sistema europeo
  de derechos humanos
7. La recepción del derecho internacional por
  parte de los Estados parte
8. Mecanismos para asegurar la efectividad de las
  sentencias emitidas por la corte europea de derechos
  humanos
9. Tratamiento de los derechos humanos en la
  Unión Europea
Sistema europeo de derechos humanos
1. Historia y características
2. Estados parte en el sistema
  1. Declaración americana de derechos y
    deberes del hombre
  2. Convención americana de derechos
    humanos
  3. Protocolo adicional sobre derechos
    económicos, sociales y culturales
  4. Protocolo adicional sobre pena de
    muerte
  5. Convención interamericana para
    prevenir y sancionar la tortura
  6. Convención interamericana sobre
    desaparición forzada de personas
  7. Convención interamericana para
    prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
  8. Convención interamericana para la
    eliminación de todas las formas de
    discriminación contra las personas con
    discapacidad
  9. Carta democrática
    interamericana
3. Instrumentos interamericanos en materia de derechos
  humanos
  1. Las funciones de los órganos
    políticos de la OEA
    1. Composición
    2. Funciones
  2. La comisión interamericana de derechos
    humanos
    1. Composición
    2. Funciones
  3. La Corte interamericana de derechos
    humanos
4. Instituciones interamericanas en materia de
  derechos humanos
5. Mecanismos de garantía del sistema
  interamericano de derechos humanos
6. La recepción del derecho internacional por
  parte de los Estados parte
7. Mecanismos para asegurar la efectividad de las
  decisiones del sistema
8. Algunas consideraciones sobre el futuro del
  sistema interamericano de DDHH
Sistema interamericano de derechos
humanos
1. Historia y características
2. Estados parte en los sistemas
3. Instrumentos en materia de derechos
  humanos
4. Instituciones encargadas de velar por los
  derechos humanos
5. Mecanismos de garantía del sistema
  africano de derechos humanos
6. La recepción del derecho internacional por
  parte de los Estados parte
7. Mecanismos para asegurar la efectividad de las
  decisiones del sistema
Sistemas asiático y africano de derechos
humanos

Autor:

Wilson De los Reyes Aragón

Partes: 1, 2

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