- La confrontación social de
1954-60: La deposición violenta del presidente
Jacobo Arbenz definió el inicio de la etapa de
confrontación social (1954-1960), período
durante el cual se experimentó una tremenda
persecución a cualquier grupo,
persona
o asociación que hubiera estado
vinculada con el proceso
revolucionario; esto generó un momento sumamente
convulso que obligó a mucha gente a partir hacia el
exilio. Durante este periodo se integraron varias juntas
militares; fue asesinado el máximo dirigente del
movimiento contra revolucionario, el coronel
Carlos Castillo Armas, y
fue electo presidente uno de los generales vinculados con
la dictadura de los 143 años, en
momentos en que el país se encontraba al borde de la
polarización social.Para medir el contexto internacional de la
época, conviene referirse a la obra del
guatemalteco, ya fallecido, Manuel Galich "América Latina en el año del
Moncada". En ella uno se da cuenta de que los gobiernos
revolucionarios, tanto el de Arévalo como el de
Arbenz, habían perdido la perspectiva internacional.
Guatemala era una isla, todo el resto de
América Latina eran dictaduras, con
la excepción de Costa Rica;
el problema era no haber previsto eso y el mismo error
cometió Ydigoras FuentesAsí, durante su gestión, a los miembros de un grupo
de militares que hablan recibido adiestramiento para sobre vivencia en jungla
en los Estados
Unidos, se les negó el acceso a puestos de mando
al interior del ejército por temor a que dieran un
golpe de
Estado, pero se les ordenó entrenar al grupo de
mercenarios que se preparaban en territorio guatemalteco
pera intentar invadir Cuba en
abril de 1961, lo cual provocó la reacción
del gobierno
cubano y el cobro de esta factura
durante más de 36 años.El 13 de noviembre de 1960, los oficiales que
habían sido entrenados en sobre vivencia en jungla
se revelaron contra el gobierno Ydigorista, generando una
conjura que fue fácilmente controlable, según
parece debido a una nueva traición al interior del
ejército. Algún ciclo perverso dentro del
ejército a través de estos cincuenta
años determina que cada vez que hay momentos
políticos trascendentes, una parte de la oficialidad
de recambio traiciona a sus superiores para poder
ascender.Esta rebelión fracasada obligó a sus
dirigentes a escapar hacia el exilio y un grupo de ellos se
escondió en las montañas; con el tiempo,
este grupo se asoció con los cuadros
ideológicos del partido comunista que hablan sido
expulsados del gobierno en 1954 y, en una unión
estratégica, generaron, a principios
de 1962, la conformación de un proyecto
político militar que plantearía como estrategia prioritaria de la lucha de
clases, la toma del poder por la vía
armada.- La Polarización política de 1960-62:
Así nació la lucha armada; una
primera etapa basándose en la estrategia del foco
guerrillero duró de 1962 a 1971, durante la cual el
enfrentamiento se da entre compañeros de la misma
Escuela
Militar; con el pasar del tiempo, los cuadros militares de
ambos bandos empezaron a diferenciarse, cuando Cuba se
encargó de empezar a formar nuevos cuadros
insurgentes totalmente ajenos a la perspectiva
militar.A partir de 1963, con el golpe de Estado que
depuso al general Ydígoras Fuentes,
se inició en Guatemala un proyecto militar que
transformó en ejército contrainsurgente al
que fuera el ejército de la revolución entre 1944 y 1954, y que
durante 1954-1963 se convirtiera en un ejército
anticomunista. La diferencia cualitativa fue que en ese
momento principió el carácter dominante de la Doctrina de
la Seguridad Nacional, en cuyo concepto el
enemigo era visualizado como un sub-humano carente de
cualquier tipo de derechos a
quien hay que destruir, porque él actuaría de
igual modo con el defensor del sistema;
"O él lo destruye a usted o usted lo destruye a
él". Ése era el mensaje de fondo.Este condicionamiento mental incidió en la
profundización de la polarización de la
sociedad
guatemalteca, generando un tremendo baño de sangre;
esta etapa llegó a su final en 1971 cuando solo
quedaban algunos pequeños grupos
de comandos
insurgentes urbanos, después de una desproporcionada
escalada de violencia paramilitar durante los
años 1967-1968, que generó la reacción
del Departamento de Estado norteamericano, por las
múltiples desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales registradas durante ese
período.Pura frenar el producto
de la violencia se efectuaron cambios en la cúpula
militar. Otra traición en el interior del
ejército facilitó la salida de los dos
principales dirigentes de la contrainsurgencia. Los
coroneles Rafael Arriaga Bosque y Carlos Arana Osorio, el
primero ministro de la Defensa y el segundo el principal
comandante responsable de la zona de operaciones
anti-guerrilleras en el oriente del paísAl coronel Arana lo mandaron de agregado militar a
Nicaragua y al coronel Arriaga Bosque a los Estados Unidos.
Los partidos
políticos anticomunistas en la oposición
veían en Arana a un dirigente capaz de recuperar el
control
que habían perdido en 1958, por lo cual le
ofrecieron la candidatura presidencial, que aceptó
y, a su regreso, ganó las elecciones y se
convirtió en presidente de la
República.Este triunfo electoral legitimó al proyecto
militar, dándose un salto cualitativo en la forma
como los militares captaron el manejo del poder
político en Guatemala; plantearon estar en el mando
a largo plazo por medio del fortalecimiento de la
agrupación formada para este propósito, el
Partido Institucional Democrático, y mediante el
otorgamiento del grado de generales a los oficiales
superiores leales al proyecto aranista.Plantearon como grado superior en el mando militar
el de comandante general del ejército, en tanto
presidente de la República, y elaboraron un perfil
ideal para los futuros candidatos: haber sido director de
la Escuela Politécnica, agregado militar en
Washington, director del Centro de Estudios Militares, Jefe
del Estado Mayor General del Ejército, ministro de
la Defensa, candidato presidencial propuesto por el
PID y
presidente de la República.Al haber fallado los pronósticos del proyecto militar, ya
que pierden las elecciones en 1974 y en 1978, imponen a sus
respectivos candidatos mediante fraudes electorales, siendo
nombrados como presidentes los generales KjeIl Laugerud
García (1974-1978) y Fernando Romeo Lucas
García (1978-1982)El general Kjell Laugerud, sabiendo que su mandato
era espurio y que la insurgencia había sido
prácticamente eliminada, permitió la apertura
política mediante un importante apoyo a la
organización cooperativa, autorización para la
inscripción de sindicatos y condiciones para el libre
funcionamiento de los partidos políticos
legalizados. El hecho que, en nuestra opinión,
salvó su período, fue el terremoto del 4 de
febrero de 1976. El terremoto puso a flote el verdadero
rostro de la crisis
que se vivía en Guatemala; dado que el
ejército ha sido la única institución
que tiene presencia hasta en el último
centímetro del territorio nacional, los militares
captaron plenamente la magnitud de la tragedia. Estimulado
por un sentimiento nacionalista, el gobernante lanzó
la consigna "reconstruir sin dejar de
producir".Este ambiente
facilitó el desarrollo y profundización de la
organización social, desde donde se
evolucionó hacia la participación política y a la
protesta popular: a mediados de 1977 se da una masiva
marcha de mineros desde Ixtahuacán, Huehuetenango, y
la huelga
general en la Coca
Cola, empezando a generarse un ambiente de
insurrección.El movimiento guerrillero se había
desplegado hacia cuatro vertientes en el norte y en el
occidente del país desde principios de 1972; las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) se situaron en el
Peten; otro grupo formó el Ejército
Guerrillero de los Pobres (EGP) en el Ixcán,
Quiché; Y producto de la división de las
FAR-Regional de Occidente, se forma la Organización
del Pueblo en Armas (ORPA) en la bocacosta de San Marcos, y
el Movimiento Revolucionario Ixim, con presencia en la
ciudad capital.Cuando en 1978 el proyecto militar vuelve a perder
las elecciones e impone a Lucas García, ya se
registraba el
renacimiento de la guerrilla con la variante
estratégica de haber evolucionado desde la
visión del foco hacia la del Implante; desde la
visión del foco, el grupo guerrillero no entraba en
contacto directo con la población; en cambio,
en la visión del implante, este contacto con las
comunidades para ganar su confianza y colaboración
se vuelve determinante, porque les permite relacionarse con
poblaciones en zonas totalmente selváticas y
marginadas donde no entraba nadie.Al asumir el mando, Lucas García
sabía que su candidatura había sido impuesta
por sobre otro candidato que tenía mucha presencia
en el ejército, el general Ricardo Peralta
Méndez, lo cual generaba que un sector militar le
fuera adverso; por ello permitió que los operativos
represivos fueran controlados por grupos civiles,
habiéndose iniciado una sangrienta etapa de
"terrorismo de Estado" intentando controlar
la protesta popular y el desborde insurgente.Según Amnistía Internacional,
durante la guerra
murieron 150.000 guatemaltecos y, según datos
oficiales, las bajas militares fueron de 15.000 en ambos
bandos; es decir que durante el período de la
confrontación interna en Guatemala se cometieron
135.000 ejecuciones extrajudiciales.Lógicamente, a más terrorismo de
Estado, menos desarrollo
social y más deterioro en las condiciones de
vida, mayores fueron las posibilidades de crecimiento del
movimiento insurgente; el jefe del Estado Mayor General del
ejército, el general Benedicto Lucas García,
recientemente declaró que en junio de 1981, al
momento de asumir el mando técnico del
ejército, la guerrilla estaba a punto de asumir el
control político del país; la guerrilla
había declarado que tenía presencia en 17 de
los 22 departamentos de la República y el
ejército les reconocía presencia en 14 de los
22 departamentos.La corrupción política, la
interferencia de enemigos civiles en acciones
represivas fuera del control de lo militar, el descuido en
los programas
de abastecimiento y logística para las tropas en zonas de
combate, el crecido número de bajas experimentado a
partir de junio de 1981, producto de una fuerte ofensiva
militar en contra de los frentes guerrilleros y la
comisión de un nuevo fraude
electoral en marzo de 1982, entre otros factores, generaron
un nuevo golpe de Estado.En agosto de 1983 se dio un relevo en la
cúpula de mando para proceder a una nueva etapa de
apertura democrática, dentro del espacio permitido
por el proyecto militar, ya que los operativos en contra de
la insurgencia habían sido del todo exitosos; por
intermedio del plan de
campaña Victoria 82 el ejército
derrotó militarmente a la guerrilla y por intermedio
del plan de campaña Firmeza 83, se desplegó
por toda la República para garantizar el control
militar de la población civil y evitar que se dieran
apoyos a favor de los insurgentes.Mediante la aplicación de lectura
de espejo el ejército reaccionó en contra de
la insurgencia utilizando sus propias tácticas:
autodefensa civil, control militar de la población y
concentración de las comunidades para
adoctrinamiento; Prácticamente se trató de
una guerra en que se enfrentó al pueblo contra el
pueblo, ya que las tropas de ambos bandos eran
mayoritariamente indígenas.En 1983 la visión estratégica era
quitarle el agua
al pez, según la perspectiva maoísta de que
la población civil es a la guerrilla lo que el
agua es
al pez; si le quito al
pez el agua lo mato, y si a la guerrilla le quito el
contacto con la población civil garantizo su
muerte.
Esta estrategia sé operacionalizó mediante la
autodefensa civil, las aldeas modelo y
los polos de desarrollo; luego se formaron las
coordinadoras interinstitucionales para garantizar que
hubiera control militar en todas las áreas de
entrenamiento y después en toda la
República, como resultado, no hubo cargo
público que no lo manejara un militar.En 1984 se consolidó el triunfo del
Proyecto militar mediante la aplicación del plan de
campaña Reencuentro Institucional 84; el nuevo
gobierno militar convocó a elecciones para integrar
una Asamblea Nacional Constituyente, habiendo participado
17 organizaciones políticas y registrándose un
nivel de participación equivalente a un 78% de los
electores inscritos; Nunca antes en Guatemala se
había visto algo igual ya que, si bien durante las
elecciones que ganó el Dr. Juan José
Arévalo el índice de participación fue
de un 98%, los electores potenciales eran 300.000, Pero en
1984 los electores eran 2.4 millones. Ese fue el momento en
que se legitimó el proyecto contrainsurgente,
sé des-legitimó la lucha armada y se
abrió la apertura hacia la vida
institucional.Posteriormente, a finales de 1985, se realizaron
elecciones generales, ganadas por primera vez en cincuenta
años en forma libre y transparente por una
opción civil, a la que el gobierno militar
entregó el mando a principios de 1986. - La lucha armada
1962-1985:El nuevo presidente civil, Vinicio Cerezo,
"recibió el mando pero no el poder". Ya que
la presencia militar era tremenda-mente fuerte; ellos
estaban conscientes de su victoria y no aceptarían
ninguna fórmula de dialogo
a menos que fuera para que les entregaran las armas y
discutir los términos de la capitulación
insurgente.La cumbre presidencial conocida como Esquipulas II
fue la gran decisión política que
evitó que la región centroamericana se
convirtiera en el patio trasero de los norteamericanos,
para dirimir la confrontación Este-Oste. A
través de Esquipulas se abre el camino para iniciar
la negociación de los conflictos armados en la región y,
mediante las comisiones nacionales de
reconciliación, la vía hacia el dialogo. La
primera en entenderlo fue la guerrilla: después de
su derrota militar insiste en la opción del dialogo
directo con el gobierno de Vinicio Cerezo. Pero el
ejército no quiere dialogar porque se siente un
ejército victorioso, que ha sido el gran
artífice del retorno a la institucionalidad. El
ejército se considera el eje de la transición
política y no capta la necesidad de
negociar.En el contexto de Esquipulas II, Vinicio Cerezo
cree que existen condiciones para iniciar los acercamientos
hacia el diálogo con la URNG y envía un grupo
de militares y civiles a España en octubre del 87; el producto
de esa reunión fue que, años más
tarde, en 1990, se asesinara a Danilo Barillas, promotor de
la idea, en ese entonces embajador de Guatemala en
España.En mayo de 1988 se dio un primer intento de golpe
de Estado y, en mayo de 1989 se registró el segundo,
haciendo evidente que el ejército no quería
dialogar, mensaje captado por las cúpulas
políticas y militares que incidió en la
paralización de cualquier acción hasta 1990, cuando se le
encomienda a la Comisión Nacional de
Reconciliación (CNR) hacerse cargo de la iniciativa
de diálogo indirecto.El proceso de diálogo se abre en abril de
1990 mediante una reunión en Oslo, Noruega, en la
que convergen una representación de la guerrilla y
los miembros de la CNR avalados por el gobierno; en
esa ocasión acuerdan abrir un proceso de
diálogo de dos vías: primero entre la
comandancia guerrillera y la representación de las
organizaciones sociales del país; y después
entre la comandancia guerrillera y el gobierno de la
República, incluidos mandos militares.Ambos objetivos se cumplieron: durante 1990 hubo
reuniones entre la comandancia guerrillera con
representantes de los partidos políticos, la
cúpula empresarial, el sector religioso, el sector
sindical y popular, el sector de pequeña y mediana
empresa
y el sector académico. El mérito de esta
etapa es que la guerrilla, habiendo perdido sus fundamentos
ideológicos por la caída del muro de
Berlín y cambios inducidos en la Unión
Soviética por la 'perestroika", necesitaba de un
nuevo discurso, el cual les fue proporcionado por
la visión multisectorial que les plantearon durante
estas jornadas de diálogo.De las propuestas que los sectores sociales
hicieron durante las jornadas de diálogo,
nació el temario general de las negociaciones; por
ello no es cierto que la sociedad no haya participado
en este proceso, ya que el eje temático de
las negociaciones directas fue estructurado a partir de sus
propuestas. Tal vez el único sector ausente, en
tanto sector específico, fueron los
indígenas, porque no hubo una reunión directa
con ellos.Es importante resaltar que los procesos
de diálogo y negociación se dieron sin
suspender la lucha armada, sin que se suspendiera la
guerra, lo cual introdujo un componente de complejidad que
no fue fácil manejar. Otra peculiaridad del proceso
de negociación fue que generó acuerdos desde
un principio, dándole una especial denuncia a lo
actuado y manteniendo el interés de las partes. - El Diálogo del 86-90:
En 1991 sucedió uno de esos
fenómenos raros que se dan solamente en los
países subdesarrollados: en las elecciones de
finales de 1990 el candidato de un partido pequeño
ganó las elecciones, al no haberse permitido la
participación del ex jefe de gobierno, general
Ríos Montt, mayoritario en las encuestas de intención de
voto.El lng. Jorge Serrano Elías, ex presidente
del Consejo de Estado durante el gobierno de facto del
general Ríos Montt, había sido signatario del
Acuerdo de Oslo y participado en las etapas de dialogo, en
tanto representante titular de los partidos de
oposición en la Comisión Nacional de
Reconciliación. En su programa de
gobierno planteó como objetivo
nacional llegar a la paz, estructurar un pacto social y
desarrollar un gobierno de unidad.Cuando el lng. Serrano asume el mando prepone la
negociación directa con la guerrilla, después
de haber tomado dos decisiones trascendentales en el
ámbito del relacionamiento del presidente de la
República con las cúpulas militares: elige
como ministro de la Defensa al general que ocupaba el
tercer lugar en la terna que le fuera propuesta por
el
Estado Mayor de la Defensa Nacional; y ordena el
nombramiento de oficiales para que en nombre del
ejército se sumen a la comisión
negociadora.La decisión presidencial de nombrar al
nuevo ministro de la Defensa automáticamente
envió a retiro a los generales que estaban ubicados
de primero y segundo en la terna propuesta, con lo que se
rompió la continuidad del proyecto militar; el
tercero en el orden propuesto no estaba aún
preparado políticamente para continuar con la
línea estratégica que los mandos del proyecto
militar hablan trazado a largo plazo.La segunda decisión consolidó al
presidente Serrano como comandante general del
ejército y, a regañadientes, obligó al
ejército a involucrarse en un proceso de
negociación directa iniciado en abril de 1991, que
consumió tres etapas durante los casi seis
años que duró, hasta su finalización
en diciembre de 1996.La primera etapa se realizó desde abril de
1991 hasta mayo de 1993, correspondiendo a las tareas de
ruptura del hielo, catarsis
en ambos bandos e inicio de la aprobación de los
primeros acuerdos; fue tal vez el Paso determinante para
que los militares y los guerrilleros entendieran que
había que negociar. Durante este periodo se
aprobaron los acuerdos marco para la negociación y
sobre democratización y se discutió
ampliamente, casi hasta su aprobación, el tema de
los derechos
humanos.La segunda etapa transcurrió desde junio de
1993 hasta diciembre de 1995, durante la cual se
planteó la oportunidad de abordar
públicamente los grandes problemas que expresaba la crisis que
vivían los guatemaltecos, a fin de intentar
encontrarles solución mediante acuerdos
políticos verificables
internacionalmente.Aunque a los negociadores del gobierno no les
interesaba generar con la guerrilla un simple acuerdo de
cese al fuego, estratégicamente se destacó la
exigencia de que entregaran las armas y se amnistiaran. Sin
embargo, en la mesa de negociación se
insistió en discutir los grandes problemas
nacionales para generar un ambiente de denuncia y, al mismo
tiempo, lograr los acuerdos del 91 al 96. - La negociación del
91-96:A la pregunta ¿dónde estamos ahora?
Nosotros contestaríamos que estamos atorados en los
acuerdos, porque no se previó que la etapa siguiente
debería haber generado suficiente motivación para que los acuerdos
fueran la base de los grandes consensos sociales; por eso,
el reto actual para los guatemaltecos es tratar de
convertir los acuerdos en bases para la concertación
de grandes consensos. - Los consensos
sociales: - La conciliación
nacional:
Sin embargo, en los acuerdos hay suficientes contenidos
y motivaciones como para que una sociedad tremendamente
fragmentada y violenta como la guatemalteca encuentre en ellos el
punto de arranque para un proceso de conciliación
nacional, que deberla cubrir tres etapas
básicas:
- La primera etapa sería un balance sectorial en
el que cada uno dc los sectores haga su propio
balance
- La segunda haría referencia al reto de
efectuar un balance nacional buscando la generación de
acuerdos nacionales. - La tercera sería la de generar, a partir de
los primeros acuerdos nacionales, un pacto social que luciera
factible la gobernabilidad del país.
El informe de la
Comisión de Esclarecimiento Histórico nos aporta
los elementos para poder enfrentarnos juntos con el ayer, a fin
de determinar el inicio del proceso de conciliación
nacional; es importante que la sociedad guatemalteca experimente
su propia catarsis para que pueda perdonar, Pero solo puede
perdonar el agravio después de conocer la verdad; al
sentir que se acaba el llanto que genere el
conocimiento de la verdad principiará el desahogo y
solo entonces podremos principiar a construir el
futuro.
- El desarrollo
social: El desarrollo social sería la base para la
constricción de un proyecto nacional, es decir,
para empezar a aprovechar la coyuntura que hoy vive
Guatemala, para repensarla y ser capaces de superar su
inmensa pobreza, su
marginalidad
y sus injusticias a partir de una decisión colectiva
que nos involucrara a todos por igual.Pensar qué tipo de guatemalteco queremos que
nazca en el 2015, cuál va a ser su ingestión
proteico-calórica, cómo va a ser su educación y los niveles de su
salubridad; se trata de pensar multisectorialmente respecto
al futuro del país, como paso fundamental para poder
construirlo.Una política de desarrollo social
debería ser el principal objetivo de un proyecto
nacional; buscar recuperar los objetivos del proyecto que se
inició durante la apertura democrática de
1944-1954, adaptándolos a la actualidad que el
país experimenta, pero en un marco estructural de
justicia
social, de democracia
y paz.- La Paz
Antes de llegar a la paz habrá que trabajar en la
maduración de las etapas anteriores, producto de las
primeras decisiones políticas que expresen el logro de
consensos sociales y el arribo a niveles de conciliación
nacional.
Solo así cobrará importancia el contenido
de lo acordado durante las negociaciones de paz; solo así
la sociedad es capaz de apropiárselo, desarrollarlo y
convertirlo en grandes decisiones políticas; de lo
contrario, creemos que volveremos a la etapa de la
confrontación social y temo que este ciclo perverso vuelva
a repetirse.
El proceso de negociación de la paz en
Guatemala formo parte de una iniciativa que tuvo origen en un
esfuerzo centroamericano iniciado en mayo de 1986 con la
Declaración de Esquipulas. En ésta
Declaración los Presidentes de Costa Rica, Guatemala,
El
Salvador, Honduras y Nicaragua se comprometieron a
celebrar periódicamente reuniones presidenciales para
analizar los problemas más urgentes con
relación a la paz y desarrollo regional. En agosto de
1987, los mandatarios del área suscribieron el acuerdo
de Esquipulas II, en el que establecieron los procedimientos para establecer la paz firme y
duradera en toda Centroamérica.- Elecciones
Democráticas e inicio de las
negociaciones En Guatemala, en 1985, el Congreso aprobó
la nueva y actualmente vigente Constitución Política de la
República, que presta particular relevancia a los
derechos humanos. Ese mismo año un presidente
civil, Vinicio Cerezo Arévalo fue elegido mediante
elecciones democráticas Es en ese contexto
nacional y en cumplimiento del Acuerdo de Esquipulas II,
que en septiembre de 1987 el Presidente guatemalteco
estableció lo Comisión Nacional de
Reconciliación. La Conferencia Episcopal de Guatemala
promovió decididamente la creación de la
Comisión y formó parte de. La misma junto
con un representante del Gobierno, un representante de
los partidos políticos de oposición y un
ciudadano notable.En el marco del mandato de impulsar y verificar
el proceso de reconciliación nacional, en marzo de
1990 la Comisión suscribió eI Acuerdo
básico paro
la búsqueda de la paz por medios
políticos con la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG) En el Acuerdo se nombró a
Monseñor Rodolfo Quezada Toruño como
conciliador, con las funciones de proponer iniciativas a las
partes y mantener actividades de diálogo y
negociación. En el mismo Acuerdo, a su vez se
solicitó al Secretario General de las Naciones
Unidas observar las actividades y constituirse en
garante del cumplimiento de los acuerdos y compromisos
adquiridos por las Partes. Así mismo se
acordó que la URNG celebraría reuniones con
representantes de los partidos políticos de
Guatemala y distintos sectores de la sociedad, con el
objetivo de encontrar caminos de solución a los
problemas nacionales.En abril de 1991 el Gobierno de Guatemala y la
URNG suscribieron su primer acuerdo, el Acuerdo de
México. En el mismo se
establecieron los procedimientos a nivel nacional para la
búsqueda de la paz, así como una lista
limitada de temas que se debían discutir en el
proceso de negociación. Esta lista incluyó:
democratización y derechos humanos;
fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una
sociedad democrática; identidad y derechas de los pueblos
indígenas; Reformas constitucionales y
régimen electoral; aspectos
socioeconómicos; situación agraria;
reasentamiento de Ias poblaciones desarraigadas por el
enfrentamiento armado; bases para la incorporación
de la URNG a la vida política del país;
arreglos para el definitivo cese al fuego; cronograma
para la implementación, cumplimiento y
verificación de los acuerdos; y el Acuerdo de paz
firme y duradera y desmovilización. En el Acuerdo
de "Querétaro de julio de 1991 el Gobierno y la
URNG establecieron los requerimientos para el
"fortalecimiento de la democracia funcional y
participativa.- Los acuerdos de
paz:
- Elecciones
- EL
PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA PAZ
El proceso de paz fue reanudado en 1994, después
del intento de autogolpe de Estado del Presidente Jorge Serrano
Elías en 1993, y el nombramiento de Ramiro de León
Carpio para reemplazarle en el cargo. En el Acuerdo marco para la
reanudación del proceso de negociación entre el
Gobierno de Guatemala y la URNG las Partes solicitaron al
Secretario General de las Naciones Unidas asumir la
función de Moderador de las negociaciones entre el
Gobierno y la URNG. Tras varias propuestas de la sociedad civil
guatemalteca, procurando una mayor participación en el
proceso de negociaciones, las partes convinieron en promover la
creación de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASE) Las
funciones encomendadas a la Asamblea fueron: discutir los temas
sustantivos de las negociaciones y comunicar sus recomendaciones
tanto al Moderador de la ONU como a las
partes, para que fueran consideradas y asumidas si se estimaban
apropiadas; conocer los acuerdos firmados por las Partes y
avalarlos para darles el carácter de compromisos
nacionales. Finalmente, en él Acuerdo marco las Partes
solicitaron a los gobiernos de Colombia,
España, Estados Unidos, México, Noruega y Venezuela
integrar un Grupo de Países Amigos paro apoyar al
Moderador de la ONU y dar mayor seguridad y firmeza a los
compromisos asumidos por las Partes.
El 29 de diciembre de 1996 el proceso de
negociación del la paz culmina con la firma del Acuerdo de
paz firme y duradera.
Entre 1994 y 1996 las Partes acordaron un total de 12
Acuerdos, sobre los temas establecidos en el Acuerdo de
México de 1991:
- Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso
de Negociación entre el Gobierno de Guatemala y la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. (Ciudad de
México, 10 de enero de 1994) - Acuerdo Global sobre Derechos Humanas, (Ciudad de
México, 29 de marzo de 1994) - Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones
Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, (Oslo, 17 de junio
de 1994) - Acuerdo sobre el' Establecimiento de la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las
Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia
que han Causado Sufrimientos a la Población
Guatemalteca, (Oslo, 23 de Junio de 1994) - Acuerdo sobre identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas, (Ciudad de México, marzo de
1995) - Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y
Situación Agraria, (Ciudad de México, 6 de mayo
de 1996) - Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y
Función del Ejército en una Sociedad
Democrática, (Ciudad de México, 19 de septiembre
de 1996) - Acuerdo sobre el Definitivo Cese aI Fuego, (Oslo, 4
de diciembre de 1996) - Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y
Régimen Electoral, (Estocolmo, 7 de diciembre de
1996) - Acuerdo sobre bases para la Incorporación de
la URNG a la Legalidad, (
Madrid 12 de
diciembre de 1996) - Acuerdo sobre Cronograma para la
Implementación, Cumplimiento y Verificación de
los Acuerdos de Paz, (Guatemala, 29 de diciembre de
1996) - Acuerdo de Paz Firme y Duradera, (Guatemala, 29 de
diciembre de 1996)
Resumen
Conforme a lo consignado en el acuerdo de
calendario de Las Negociaciones para una Paz Firme y
Duradera, suscrito el 29 de marzo de 1994, como documentos de
base para la negociación sobre la temática
sustantiva, ambas partes convinieron en utilizar en su
versión original o actualizada, los documentos:
"Una Paz Justa y Democrática: Contenido de la
Negociación", publicado por la URNG en mayo de
1992; y "La paz no es solo la ausencia de guerra, sino que
la creación del conjunto de condiciones que le
permitan al hombre
vivir sin angustias ni temores", respuesta del Gobierno
de Guatemala en junio de 1992.Las fuentes documentales para el inicio de la
discusión de cada uno de los puntos incluidos en el
Temario General de la Negociación; fueron tanto las
opiniones iniciales del gobierno y de la URNG, como los
documentos de consenso o de no-disenso elaborados por la
Asamblea de la Sociedad Civil. Los documentos presentados por
las partes en 1992, cada vez que se iniciaron los
tratamientos y discusiones de un nuevo tema, fueron
sustancialmente reformados por las partes, en
aplicación al derecho de actualizar sus
posicionamientos.- [1] Acuerdo Marco para la
reanudación del Proceso de negociación entre
el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca URNG (Ciudad de México, 10 de
enero de 1994) Al aprobar el Acuerdo Marco para la
Reanudación del Proceso de Negociación se
acordó continuar negociando sobre el conjunto de
los puntos del temario general incluido en el Acuerdo de
México, decidir conjuntamente el alcance de los
compromisos de las partes, sujetos todos a
verificación; a estar representados en las
negociaciones por delegados de alto nivel; y asumir
acuerdos políticos acordes al marco
constitucional, sin limitar la facultad de arribar a
acuerdos para promover reformas institucionales y
constitucionales.Los negociadores del gobierno optaros por la
estrategia de tratar que el contenido de los acuerdos
garantizara una opción viable y realista para
solucionar determinados problemas nacionales,
fundamentados en la legalidad y en la justicia, sin dar
prioridad al proyecto político de cada una de las
partes en la negociación.Se aprobó el procedimiento para la moderación de
las negociaciones y la participación de los
sectores no gubernamentales de la sociedad guatemalteca,
ésta última con el encargo de discutir la
temática sustantiva de la negociación
bilateral, para formular posiciones de consenso que se
canalizarían a la mesa de las negociaciones por
intermedio del moderador, en calidad de recomendaciones u
orientaciones, sin carácter vinculante, para
favorecer el entendimiento entre las partes. Se le
encargó, también, conocer los acuerdos
bilaterales sobre la temática sustantiva y
avalarlos por consenso para darles el carácter de
compromisos nacionales, en el entendido que si no eran
avalados mantendrían su vigencia.Se acordó solicitar a los gobiernos de
Colombia. España, Estados Unidos, México,
Noruega y Venezuela, integrar un Grupo de Amigos del
Proceso de Paz Guatemalteco, para apoyar a la
moderación en la agilización del proceso de
negociación y dar mayor seguridad y firmeza a los
compromisos adquiridos en los acuerdos que se
firmaran.Ambas partes coincidieron en que la
verificación de sus acuerdos era fundamental para
garantizar su cumplimiento y respeto; por ello, acordaron qué
todos los acuerdos que se firmaran durante el proceso
negociador deberían ir acompañados de
mecanismos de verificación apropiados, nacionales
e internacionales, solicitándole a la ONU la
verificación del conjunto de los acuerdos, tanto
sustantivos como operativos.El contenido de este acuerdo ratifica el
compromiso general del Gobierno de Guatemala de respetar
y promover los Derechos Humanos, específicamente
delimitados en las disposiciones constitucionales
vigentes en esta materia, los tratados, convenciones e instrumentos
internacionales de los que Guatemala es signataria. Por
su parte la URNG asumió el compromiso de respetar
los atributos inherentes a la persona humana concurriendo
al goce de sus Derechos Humanos.Abarca el compromiso de fortalecimiento de las
instancias de protección de los Derechos Humanos,
especialmente el Organismo Judicial, el Procurador de los
Derechos Humanos y el Ministerio Público, en lo
atinente a la defensa de su autonomía, el respaldo
y fortalecimiento en el ejercicio de sus funciones, y la
protección de su libertad de acción.Otro de los contenidos del acuerdo hace
referencia al accionar en contra la impunidad, en especial el compromiso
gubernamental de no propiciar la adopción de medidas legislativas o
de cualquier otro orden, orientadas a impedir el
enjuiciamiento y sanción de los responsables de
violaciones a los Derechos Humanos. En este contexto, el
gobierno se compromete a promover ante el Organismo
Legislativo las modificaciones legales necesarias para la
tipificación y sanción, como delitos de especial gravedad, las
desapariciones forzadas o involuntarias y las ejecuciones
sumarias o extrajudiciales, promoviendo ante las
instancias internacionales correspondientes su
calificación como delitos de lesa
humanidadAdemás, este acuerdo cubre compromisos en
materia de: no-existencia de cuerpos de seguridad
ilegales y aparatos clandestinos; regulación de la
tenencia, aportación y uso de armas de fuego por
particulares; garantías para las libertades de
asociación y de movimiento, en especial a la
verificación de la voluntariedad en la pertenencia
a la autodefensa civil; conscripción militar
obligatoria pero no forzada; garantías y
protección a las personas y entidades que trabajan
en la protección de los derechos humanos;
resarcimiento y/o asistencia a las víctimas de
violaciones a los derechos humanos; y la
erradicación de los sufrimientos de la
población civil y el respeto de los derechos
humanos de los heridos, capturados y de quienes han
quedado fuera de combate, sin que éste
último apartado constituya un acuerdo especial en
materia de Derecho
Internacional Humanitario de parte del Estado
Guatemalteco.Como única excepción durante la
negociación a este acuerdo se le dio vigencia
inmediata, reconociendo la conveniencia de que, a titulo
excepcional, su verificación empezara antes de la
firma del acuerdo de paz final. Para dicha
verificación y asegurar que se respetara
éste acuerdo las Partes, solicitaron al Secretario
General de las Naciones Unidas, ONU, establecer una
Misión de Verificación de
Naciones Unidas para Guatemala. En respuesta a esta
solicitud la Asamblea General de la ONU acordó la
creación de la Misión Nacional de
Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala,
MINUGUA, para verificara a partir del 21 de noviembre de
1994 exclusivamente éste acuerdo.- [2] Acuerdo Global sobre Derechos Humanos
(Ciudad de México 29 de marzo de
1994)Este acuerdo plantea la necesidad de trabajar
por una solución duradera y facilitar el
reasentamiento de la población desarraigada, en un
marco de justicia social, democratización y
desarrollo nacional sostenible, sustentable y equitativo,
a la vez de reconocer que es indispensable la
participación de las poblaciones afectadas
(desarraigados por el enfrentamiento armado y poblaciones
de recepción), en la toma de
decisiones relativas al diseño y ejecución de una
estrategia global de reasentamientoLa estrategia global de reasentamiento pretende
garantizar a la población desarraigada el pleno
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales;
reintegrarlos al nivel social, económico y
político; priorizar la lucha contra la
pobreza y la pobreza extrema; desarrollar y
fortalecer la democratización de las estructuras del Estado, para garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales a nivel
comunal, municipal, departamental, regional y nacional; y
promover una auténtica reconciliación
favoreciendo en las áreas de reasentamiento la
participación, la tolerancia mutua, el respeto
recíproco y la concertación de
intereses.El acuerdo considera la vigencia de ciertas
garantías para el reasentamiento de la
población desarraigada, entre las cuales destacan:
el pleno respeto a los derechos humanos; la
protección de las familias encabezadas por
mujeres, así como la de las viudas y
huérfanos; la protección y respeto de los
derechos de las comunidades indígenas; la urgente
necesidad de remover todo tipo de minas o artefactos
explosivos abandonados o implantados en las áreas
de reasentamiento; reconocer los niveles educativos
formales e informales y los estudios no formales de los
promotores de educación y salud,
todos mediante el proceso de equiparación y
evaluación correspondiente;
facilitar el proceso de documentación y dictar las normas
necesarias para la inscripción como nacionales de
los hijos de los desarraigados que hubieran nacido en el
exterior, la seguridad jurídica de la tenencia de
la
tierra; la revisión de los casos calificados
como abandono voluntario de la tierra
y la ratificación de la imprescriptibilidad de los
derechos de tenencia; y el respeto a sus formas
organizativas integrando a los nuevos asentamientos de
poblaciones reasentadas al régimen
municipal.Especial atención mereció en el
acuerdo las garantías para lograr la integración productiva de la
población desarraigada, mediante proyectos de desarrollo agrícola
sustentando el desarrollo de infraestructura
básica de comunicación,
electrificación y productiva; el mejoramiento de
la calidad de
vida; la vigencia de esquemas concertados de planificación para el desarrollo de
las áreas de reasentamiento; el desarrollo
institucional de los municipios mediante su
fortalecimiento administrativo, técnico y
financiero; el fortalecimiento del sistema de
organización comunal; y la profundización
de los esquemas de descentralización de la administración pública y el
mejoramiento de la capacidad de ejecución,
mediante el traslado gradual a la comunidad y a los gobiernos locales del
poder de decisión, de manejo de los recursos y la
administración de los servicios.El cumplimiento de los compromisos
contraídos en la estrategia global de
reasentamiento se consideró mediante la
ejecución de proyectos específicos,
identificados, formulados, priorizados y aprobados por
una Comisión Técnica integrada por
representantes del gobierno y de las poblaciones
desarraigadas, contando con el apoyo consultivo de
representantes de los donantes, cooperantes y agencias de
cooperación internacional. - [3] Acuerdo para el
Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el
Enfrentamiento Armado (Oslo, Noruega, 17 de junio de
1994)Con el afán de esclarecer con toda
objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a
los derechos humanos y los hechos de violencia que han
causado sufrimiento a la población guatemalteca,
vinculados con el enfrentamiento armado, las partes
acordaron establecer la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico. - [4] Acuerdo sobre el Establecimiento de la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico
de las violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de
Violencia que han causado sufrimiento a la
población Guatemalteca (Oslo, Noruega, 23 de junio
de 1994)Este acuerdo es, a nuestro juicio, el más
importante de los acuerdos generados durante el proceso
negociador, porque enfrenta el problema central que
impide la construcción de la Nación Guatemalteca. Plantea
elementos que establecen marcos de acción para
superar y eliminar las lógicas de la exclusión social; genera la
posibilidad de construir nuevas bases de legitimidad por
medio de la eliminación de cualquier forma de
discriminación legal o de hecho; y
representa el inicio de la construcción de niveles
de acción política para enfrentar el reto
de adecuar lo normativo y lo cultural a la especificidad
multiétnica, pluricultural y multilingüe de
la sociedad guatemalteca.Este acuerdo posee una visión de futuro,
pero también una actitud critica hacia el pasado; por una
parte reconoce que todos los asuntos de interés
directo para los pueblos indígenas demandan ser
tratados por y con ellos y, por otra parte, acepta que
las fracturas internas en nuestra sociedad, a nivel
étnico, lingüístico y cultural, se
originan en procesos históricos de conquista, colonización,
desplazamientos y migraciones.Por primera vez en la historia
política del país, un documento oficial
registra la aceptación gubernamental
específica a la identidad y derechos
políticos, económicos, sociales y
culturales de los pueblos maya, xinca y garífuna,
componentes fundamentales de la herencia pre-colonial y colonial de
nuestra sociedad y, deja constancia escrita de la
pluralidad de las expresiones socioculturales del pueblo
maya.Este acuerdo destaca el compromiso de luchar
contra la discriminación legal y de hecho; y
el reconocimiento de que la política educativa y
cultural debe orientarse con un enfoque basado en el
reconocimiento, respeto y fomento de los
valores culturales indígenas.Por ello propone la oficialización de
idiomas indígenas; respetar el uso de nombres,
apellidos y toponimias indígenas; reconocer la
importancia y especificidad de la espiritualidad de los
pueblos indígenas, así como del valor
histórico y proyección de los templos,
centros ceremoniales y lugares sagrados; respetar y
garantizar el uso del traje indígena; reconocer la
existencia y el valor de los conocimientos
científicos y tecnológicos de los pueblos
indígenas, al igual que la necesidad de una
reforma educativa que responda a la diversidad cultural y
lingüística del país; y
el papel de los medios
de comunicación masiva en la defensa,
desarrollo y transmisión de los valores y conocimientos
culturales.En el área de los derechos civiles,
políticos, sociales y económicos destaca el
compromiso de promover una reforma de la
Constitución de la República, para definir
y caracterizar a la Nación guatemalteca como de unidad
nacional, multiétnica, pluricultural y
multilingüe. En esta parte del acuerdo reitera el
reconocimiento constitucional de reconocer, respetar y
promover las formas de organización propias de las
comunidades indígenas y el papel que les
corresponde a sus autoridades constituidas, de acuerdo a
sus normas consuetudinarias, en el manejo de sus asuntos
y en el proceso de toma de decisiones sobre los asuntos
que les afecten.Reconoce que los pueblos indígenas han
sido marginados en la toma de decisiones en la vida
política del país y que, para superar esta
situación limitante a la libre y completa
expresión de sus demandas y a la defensa de sus
derechos, reitera el derecho que les compete a la
creación y dirección de su propias instituciones, al control de su desarrollo
y a ejercer libremente sus derechos políticos,
siendo necesario institucionalizar la
representación de los pueblos indígenas a
nivel local, regional y nacional, y asegurar su libre
participación en el proceso de toma de decisiones
en los distintos ámbitos de la vida
nacional.Para fortalecer la seguridad jurídica de
las comunidades indígenas, el gobierno se
compromete a promover ante el Organismo Legislativo,
contando con su participación, el desarrollo de
normas legales que reconozcan a las comunidades
indígenas el manejo de sus asuntos internos de
acuerdo a sus normas consuetudinarias, siempre que
éstas no sean incompatibles con los derechos
fundamentales definidos por el sistema jurídico
nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos.Para garantizar los derechos relativos a la
tierra de los pueblos indígenas, se reconoce la
necesidad de desarrollar medidas legislativas y
administrativas para el reconocimiento,
titulación, protección,
reivindicación, restitución y
compensación de estos derechos, cubriendo en
especial: la regularización de la tenencia de la
tierra de las comunidades indígenas; la
restitución de tierras comunales y
compensación de derechos; la adquisición de
tierras para el desarrollo de estas comunidades; y la
protección jurídica de sus derechos
agrarios.Para dar mayor garantía al cumplimiento
de este acuerdo, se pactó el establecimiento de
comisiones paritarias integradas por representantes del
gobierno y de las organizaciones indígenas, en
materia de: definición y protección de
lugares sagrados; diseño de la reforma educativa,
reforma y participación; y derechos relativos a la
tierra de los pueblos indígenas. - [5] Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas (Ciudad de México 31 de
marzo de 1995)El acuerdo cubre aspectos de
democratización y desarrollo participativo;
desarrollo social, educación y capacitación, salud y seguridad
social, vivienda y trabajo; situación agraria y
desarrollo rural; y modernización de la
gestión pública y política fiscal, planteando metas
ambiciosas en materia de cobertura estatal de los
servicios sociales básicos.Expresa un buen documento que define la política social del gobierno del
Partido de Avanzada Nacional, el cual, si se logra
cumplir influirá notablemente en la
resolución de las demandas sociales provenientes
de los sectores de pobreza, que anteriores gobiernos no
han podido enfrentar exitosamente, y en la
generación de infraestructura productiva, caminos,
energía eléctrica, comunicaciones, ambas condiciones
básicas para el desarrollo capitalista en el agro
guatemalteco. - [6] Acuerdo sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria (Ciudad
de México, 6 de mayo de 1996)Este acuerdo busca la creación de
estructuras y prácticas que eviten la
exclusión política, la intolerancia
ideológica y la polarización de la
sociedad, mediante la reforma y cimentación de una
institucionalidad acorde con las exigencias del
desarrollo de la nación y de la
reconciliación del pueblo guatemalteco, que debe
abarcar desde las autoridades locales hasta el
funcionamiento de los organismos del Estado, para que
todos los depositarios del poder público cumplan
su cometido al servicio de la justicia social. - [7] Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder
Civil y Función del Ejército en una
Sociedad Democrática (Ciudad de México 19
de septiembre de 1996)Este acuerdo considera el cese de todas las
acciones insurgentes y contrainsurgentes; la
desmovilización escalonada de las fuerzas de la
URNG; su incorporación a la legalidad en
condiciones de seguridad y dignidad y el establecimiento de un
programa de actividades verificado por las Naciones
Unidas, el cual considera las etapas de: cese al fuego;
separación de fuerzas; desmovilización y
verificación. - [8] Acuerdo sobre el definitivo Cese al
Fuego (Oslo, Noruega, 4 de diciembre de
1996)Apelando a lo convenido durante las reuniones de
Oslo (marzo de 1990) y el Escorial junio de 1990), las
partes signatarias de este acuerdo gobierno e insurgencia
deciden promover las reformas constitucionales que fuesen
necesarias para la reconciliación de todos los
guatemaltecos, la finalización del enfrentamiento
armado interno y la solución pacífica de la
problemática nacional por medios políticos
y el irrestricto respeto y aplicación de la
ley.El texto
del acuerdo retoma y desarrolla, en algunos casos, los
compromisos contraídos en los acuerdos de
Identidad y Derechos de los Pueblos indígenas,
Aspectos Socioeconómicos y Situación
Agraria y Fortalecimiento del Poder Civil y
Función del Ejército en una sociedad
democrática, conducentes a promover reformas en el
texto de la Constitución Política
vigente.En el caso del reconocimiento de la identidad de
los pueblos Maya, Xinca y Garífuna, hace la
aclaración que no se trata de solamente reconocer
su identidad y existencia como grupos étnicos, lo
que ya está reconocido en el articulo 66 de la
Constitución vigente, sino de reconocer que esa es
la conformación de la sociedad guatemalteca sin
perjuicio de su unidad nacional y del Estado.Para contribuir a perfeccionar el régimen
electoral en tanto instrumento de transformación
democrática, el acuerdo conviene en la
conformación de una Comisión de Reforma
Electoral, integrada por un Presidente nombrado por el
Tribunal Supremo Electoral, un representante y un
suplente por cada uno de los partidos políticos
con representación parlamentaria y dos miembros y
sus respectivos suplentes designados por el Tribunal
Supremo Electoral. Como agenda indicativa se sugiere el
tiramiento de los temas: documentación,
empadronamiento, votación; transparencia y
publicidad, campaña de información y fortalecimiento
institucional. - [9] Acuerdo sobre Reformas
Constitucionales y Régimen Electoral (Estocolmo,
Suecia, 7 de diciembre de 1996)La suscripción de éste acuerdo
representa u giro total para la vida en democracia, con
participación en todos los ámbitos y por
ende de todos los ciudadanos, tomando en cuenta la
necesidad de desarrollar una sociedad más
conciente, más justa y donde prevalezca la
igualdad de derechos y sobre todo el
reconocimiento legal y digno de la URNG a la sociedad
guatemalteca, con derechos y deberes
constitucionales.El proceso de incorporación de la URNG se
inicia con la firma del acuerdo de paz firme y duradera,
que encierra todos los acuerdos firmados pero éste
en si comprende dos fases: la incorporación
inicial y la definitiva; mismos que consisten en la
concentración de la URNG, o sea la
desmilitarización, esto comprende también
los servicios de documentación y
capacitación, seguidamente se implementarán
programas de ayuda tanto de infraestructura
agrícola y demás servicios para la
incorporación a la vida productiva.Al estar incorporados a la vida social,
cultural, política, etc. Y manteniendo la figura
legal que indica el acuerdo las partes concluyen en la
extinción de responsabilidades penales por delitos
cometidos durante el conflicto, siempre y cuando no sean
imprescriptibles ya que de lo contrario tendrán un
proceso mas claro que el de cualquier otro ciudadano y
con ciertas condiciones a favor del procesado, esto en el
aspecto jurídico.En el aspecto político todo miembro de la
URNG incorporado a la ciudadanía guatemalteca
podrá ejercer todos los derechos y libertades
así como también deberes y
obligaciones.En el área de seguridad el gobierno se
compromete a brindar a miembros de la URNG toda la ayuda
a fin de mantener su seguridad.En el aspecto socioeconómico, se
implementarán medidas para que los ciudadanos
incorporados tengan todo lo necesario para que tengan una
buena orientación individual de acuerdo a la
actividad a la que cada uno se dedique.Así mismo implementar de parte del
gobierno medidas para Educación, Salud, Vivienda,
Proyectos Económicos y Productivos.En el área cultural la
incorporación se realizará tomando en
cuenta el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas.Como parte final dentro del presente acuerdo se
contemplan los subprogramas especiales que comprenden
Discapacidad, Asesoría
Jurídica y Reunificación Familiar, el
primero dirigido a todos los miembros que durante el
conflicto fueron afectados físicamente. La
Asesoría Jurídica servirá de apoyo a
todo miembro de la URNG para su incorporación. La
Reunificación Familiar, en este aspecto el
gobierno se compromete a facilitar el ingreso de los
miembros de la URNG al vínculo familiar así
como realizar todo el proceso para la recuperación
de las victimas del enfrentamiento armado. - [10] Acuerdo sobre Bases para la
Incorporación de la URNG a la legalidad (Madrid,
España, 12 de diciembre de
1996)Muy acertadamente, en este acuerdo se reconoce
que el proceso de negociación ha generado una
agenda de alcance nacional orientada a la
superación de las raíces de la
conflictividad social, política, económica,
étnica y cultural, así como a la
superación de las consecuencias del enfrentamiento
armado interno. Enfrentar esta problemática dual
-la herencia y los efectos- demanda de un empeño nacional que
permita establecer las bases políticas,
institucionales, financieras y técnicas para lograr su
superación, mediante el cumplimiento de lo
acordado.El cronograma fue dividido en tres fases: los
primeros 90 días a partir del 15 de enero de 1997;
el resto del presente año; y la etapa comprendida
desde el año 1998 hasta el final del 2000. La
estrategia para su cumplimiento considera: atender la
calendarización ya establecida en los acuerdos;
avanzar simultáneamente en el cumplimiento de
todos los acuerdos; asumir con realismo los recursos
humanos y materiales disponibles en cada fase;
escalonar en el tiempo la ejecución de los
componentes fundamentales de los acuerdos; poner
énfasis en el establecimiento de los mecanismos de
consulta previstos y de las bases institucionales legales
o financieras; propiciar la participación de la
sociedad en la definición de las políticas
públicas que les conciernen; la programación de metas intermedias
anuales, en relación al PIB; y
las metas de crecimiento económico esperado para
el período 1997-2000. - [11] Acuerdo sobre Cronograma para la
Implementación, Cumplimiento y Verificación
de los acuerdos de Paz (Guatemala, 29 de diciembre de 1
996) - [12] Acuerdo De Paz Firme Y Duradera:
(Guatemala, 29 de diciembre de
1996)
El gobierno se comprometió a cumplir este
acuerdo constituyéndose en un compromiso
histórico e irrenunciable. Este acuerdo contempla el
cumplimiento de todos los demás acuerdos antes
mencionados.- [1] Acuerdo Marco para la
- EL
CONTENIDO DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN GUATEMALA
- ANEXOS
- ANEXO 1: Acuerdo de Querétaro:
Acuerdo Marco sobre Democratización (México 25 de
julio de 1991)
Ambas partes consideraron que el tema de la
democratización permitiría construir el marco
general que inscribiera de manera coherente los demás
temas señalados para el proceso de negociaciones; y
requiriendo el país de medidas que aseguren el
desenvolvimiento de la democratización en lo
político, económico, social y cultural,
coincidieron en que los acuerdos políticos a que llegaran
durante la negociación deberían reflejar las
legitimas aspiraciones de todos los guatemaltecos, conducir a
medidas institucionales y a la propuesta de reformas
constitucionales ante el Congreso de la República, dentro
del marco y espíritu de la Constitución
Política de la República de Guatemala y de los
acuerdos de Oslo, el Escorial y México.
Conforme a lo acordado, el fortalecimiento de la
democracia funcional y participativa en Guatemala requería
de la preeminencia de la sociedad civil; el desarrollo de la vida
institucional democrática; el funcionamiento efectivo de
un estado de
derecho; eliminar para siempre la represión
política, el fraude e imposición electoral, las
asonadas y presiones militares y las acciones desestabilizadoras
antidemocráticas; el respeto irrestricto a los derechos
humanos, la subordinación de la función de las
fuerzas armadas al poder civil; el reconocimiento y respeto a la
identidad y derechos de los pueblos indígenas; el acceso y
goce de todos los guatemaltecos a los beneficios de la producción nacional y recursos de la
naturaleza,
que debía basarse en principios de justicia social; y el
efectivo reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el
enfrentamiento armado interno.
Acordaron, también, que la democratización
requería garantizar y promover la participación, en
forma directa o indirecta, de la sociedad civil en la
formulación, ejecución y evaluación de las
políticas de gobierno en los diferentes niveles
administrativos, reconociendo el derecho de todos los grupos que
constituyen la Nación, a desarrollarse en relaciones de
trabajo justas y equitativas, en sus propias formas culturales y
de organización, en un pleno respeto a los derechos
humanos y a la ley.
- ANEXO 2: Acuerdo de Procedimientos para la
búsqueda de la Paz por medios políticos
(México 26 de abril de 1991)
Con el propósito de poner fin al enfrentamiento
armado interno y conseguir la reconciliación de todos los
guatemaltecos, se acordó llevar a cabo conversaciones bajo
la conciliación y conducción del presidente de la
Comisión Nacional de Reconciliación y la observación del representante del
Secretario General de la Naciones Unidas. El gobierno y la URNG
se comprometieron a estar representados por delegados de alto
nivel, para negociar y asumir acuerdos políticos con apego
al marco constitucional vigente y de conformidad con el acuerdo
de El Escorial, España 1 de junio de 1990.
Ambas partes se comprometieron a llevar a cabo un
proceso de negociación que permitiera, en el menor tiempo
posible, la firma de un acuerdo de paz firme y duradera, en el
cual se consignaran los acuerdos políticos, su
implementación y ejecución por la partes, y los
términos de verificación de su cumplimiento; esta
última función fue asignada a la Comisión
Nacional de Reconciliación, la Organización de las
Naciones Unidas y a otras instancias internacionales que serian
designadas de común acuerdo.
Se autorizó al Conciliador de las negociaciones
para convocar a las reuniones; proponer iniciativas y soluciones a
las partes; gestionar y mantener acciones de diálogo y
negociación; y convocar a los sectores que participaron en
las diversas reuniones celebradas con la URNG durante el
transcurso de 1990, conforme al acuerdo de Oslo, para informarles
del avance de las negociaciones directas entre el gobierno y la
URNG.
Fue acordado el Temario General de las negociaciones
incluyendo los temas:
- [1] Democratización y Derechos
Humanos; - [2] Fortalecimiento del poder civil y función
del ejército en una sociedad
democrática; - [3] Identidad y derechos de los pueblos
indígenas; - [4] Reformas constitucionales y régimen
electoral; - [5] Aspectos socio-económicos;
- [6] Situación agraria;
- [7] Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas
por el enfrentamiento armado; - [8] Bases para la incorporación de la URNG a
la vida política del país; - [9] Arreglos para el definitivo cese el
fuego; - [10] Cronograma para la implementación,
cumplimiento y verificación de los acuerdos; - [11] Firma del Acuerdo de Paz firme y duradera y
desmovilización.
Nótese que, a petición de la URNG, en la
distribución de los temas en el acuerdo de
Temario General de la Negociación, se dio prioridad al
tratamiento de lo sustantivo –temas 1 a 7, relativos a los
grandes problemas nacionales-, dejando de último el
tratamiento de lo operativo -temas 8 a 11, relativos a la
desactivación del enfrentamiento armado interno; en la
práctica casi se respetó este orden aunque uno de
los últimos temas tratados -Reformas Constitucionales y
Régimen Electoral- es de carácter sustantivo y no
operativo.
Autor:
Wagner López Cardona
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