Constitucionalidad del Habeas Corpus: Las resoluciones del Tribunal Constitucional y su aplicabilidad jurídica-protectora (Parte 7) (página 7)

1. Uno de los elementos característicos
   del proceso
   de Habeas Corpus radica en que la solicitud
   respectiva puede ser presentada por la persona
   agraviada o cualquier otra en su representación.
   Esta legitimidad bastante amplia puede encontrase prevista
   a nivel constitucional, como sucede en Bolivia
   (Artículo 18-I), Chile (Artículo 21º),
   Colombia
   (Artículo 30º), Ecuador
   (Artículo 93º) y Venezuela (Artículo 27º), o a
   nivel legal, como ocurre en el Perú (Ley
   28327: Código Procesal Constitucional, Art.
   26º).

   De especial importancia es remarcar la
   legitimidad que de modo expreso ha sido otorgada a las
   Defensorías del Pueblo para iniciar esta acción de garantía en los
   países de la región que contemplan esta
   institución.

2. La Legitimidad para Iniciar el
   Proceso:

   La no exigibilidad de formalismos para la
   presentación de las demandas de hábeas corpus es otra de las
   características de este proceso. Esto implica, entre
   otros aspectos, que la solicitud respectiva pueda ser
   presentada de forma escrita o verbal, que no sea
   obligatoria la firma o asesoría de un abogado, o el
   pago de una suma de dinero
   como contraprestación del servicio
   de administración de justicia
   (tasas judiciales). Así por ejemplo, la
   Legislación de Venezuela sobre el
   Amparo
   de la Libertad
   y Seguridad Personal
   (Habeas Corpus) dispone que la respectiva
   solicitud podrá ser presentada
   "por escrito, verbalmente o por
   vía telefónica, sin necesidad de asistencia
   de abogado" (Artículo 41º).
   Por su parte, la legislación del
   Perú establece que este proceso
   puede ser iniciado "La
   demanda
   puede presentarse por escrito o verbalmente, en forma
   directa o por correo, a través de medios
   electrónicos de comunicación u otro idóneo.
   […]" (Ley Nº 28 237:
   Código Procesal Constitucional, Art.
   27º).

   En cuanto al contenido de la demanda, los
   ordenamientos jurídicos exigen principalmente que en
   ésta se indiquen los hechos que motivan el inicio de
   un proceso de Habeas Corpus. La
   argumentación jurídica es opcional. Al
   respecto es interesante mencionar la legislación del
   Perú sobre el Habeas
   Corpus, en la cual sólo se exige
   "suministrar una sucinta relación de los
   hechos" para presentar la solicitud respectiva (Ley
   Nº 28 237, Artículo 14º). Por su parte, la
   legislación de Bolivia establece que
   la demanda de Habeas Corpus debe
   contener "los hechos
   motivantes del recurso, expuestos con precisión y
   claridad" y
   "el derecho o garantía que se
   considere afectado o violado",
   correspondiendo a la autoridad judicial salvar
   "los defectos u omisiones de derecho
   que fuesen advertidos en el recurso. (Ley
   del Tribunal Constitucional, Art.
   90º).

3. La Forma y el Contenido de la
   Solicitud:

   A nivel del Derecho
   Comparado existen diferentes formas en que la autoridad
   competente puede actuar para resolver acerca de la
   privación de la libertad de una persona. En todos
   los casos, se trata de un procedimiento sencillo, destinado a conocer
   las razones por las cuales se adoptó esa medida y
   evaluar si la misma ha sido o no
   arbitraria.

   Para lograr tal objetivo, la opción más
   efectiva consiste en ordenar que la persona privada de
   libertad sea conducida ante la autoridad que conoce el
   Habeas Corpus. A este mandato se le conoce
   como orden de exhibición personal, la cual se
   dirige a las personas presuntamente responsables de la
   privación de la libertad o bajo cuya vigilancia se
   encuentre el detenido.

   Para el sistema
   interamericano de protección de los derechos
   humanos, esta medida constituye el contenido esencial
   del Habeas Corpus. Al respecto, la Corte
   Interamericana de Derechos Humanos ha señalado
   que este proceso se caracteriza por el
   "mandato judicial dirigido a las
   autoridades correspondientes, a fin que se lleve al
   detenido a la presencia del juez para que pueda examinar la
   legalidad de la privación y, en su
   caso, decretar su
   libertad"(405).

   En algunos casos, la orden de
   exhibición personal respectiva implica trasladar a
   la persona privada de libertad al lugar en donde la
   autoridad que conoce del Habeas Corpus
   realiza sus actividades. En otros casos, por ser más
   práctico, la misma autoridad puede dirigirse al
   lugar en donde se encuentra el detenido y exigir verlo.
   Ambas posibilidades se encuentran previstas en los
   ordenamientos jurídicos de la región, cuyas
   normas
   legales son lo bastante generales para permitir adecuar el
   trámite del Habeas Corpus a las
   exigencias de la realidad.

   Así por ejemplo, el Texto
   Constitucional de Bolivia
   señala en su Artículo 18-IIº que la
   autoridad judicial que conozca del Habeas
   Corpus
   "señalará de inmediato
   día y hora de audiencia pública, disponiendo
   que el actor sea conducido a su
   presencia". De modo similar, en la
   Constitución del
   Ecuador (Art. 93º) se precisa que
   la autoridad que conozca del Habeas
   Corpus
   "ordenará que el recurrente
   sea conducido inmediatamente a su presencia".
   Por su parte, el Texto Constitucional de
   Venezuela precisa que ante la
   presentación de un Habeas
   Corpus "el detenido o
   detenida será puesto bajo la custodia del
   (órgano judicial competente) de manera
   inmediata, sin dilación
   alguna".

   De interés particular es el caso del
   Perú, en donde la
   legislación sobre el Habeas Corpus
   establece como regla general que el juez dispondrá
   que "…Para ello
   podrá constituirse al lugar de los hechos, y
   verificada la detención arbitraria… de ser el
   caso citar a quien o quienes ejecutaron la violación
   requiriéndoles expliquen la razón que motivo
   la agresión […]. (Ley
   Nº 28 237, Art. 31°).

   En algunos países, la orden de
   exhibición personal no ha sido establecida como una
   decisión que debe ser adoptada de modo obligatorio,
   sino como una medida de carácter
   discrecional.

   Este es el caso de
   Chile, en donde el Art. 21º de la
   Constitución establece que la magistratura
   competente para conocer esta garantía
   constitucional "podrá
   ordenar que el individuo sea traído a su
   presencia". Esta potestad discrecional se
   reitera en el Art. 310º del Código de
   Procedimiento Penal, el cual establece que
   "El tribunal que conoce del recurso
   podrá ordenar que, dentro del plazo que
   fijará según la distancia, el detenido o
   preso sea traído a su presencia, siempre que lo
   creyere necesario y éste no se opusiere
   […]". Asimismo, de conformidad con
   el 309º del mismo cuerpo legal
   "podrá […] comisionar a
   alguno de sus ministros para que, trasladándose al
   lugar en que se encuentra el detenido o preso, oiga a
   éste y, en vista de los antecedentes que obtengan,
   disponga o no su libertad o subsane los defectos
   reclamados. El ministro dará cuenta inmediata al
   tribunal de las resoluciones que adoptare,
   acompañando los antecedentes que las hayan
   motivado".

   En los casos en que no sea obligatorio
   expedir una orden de exhibición personal, las
   autoridades competentes pueden solicitar informes
   sobre la situación de una persona privada de
   libertad y las razones que motivaron su detención a
   quienes son considerados como responsables de dicha
   detención o tengan a la persona bajo su custodia.
   Esto puede originar que en los hechos la evaluación sobre la situación
   de una persona privada de su libertad se realice en base a
   fuentes
   indirectas, impidiendo un efectivo desarrollo de esta garantía
   constitucional. Esto es lo que ha ocurrido en el caso
   chileno. Sobre esta situación se ha
   dicho:

   
   

   "En la tramitación del recurso de
   amparo (Hábeas Corpus) la averiguación
   de la suerte del detenido se hace por medio de oficios
   dirigidos al organismo aprehensor (si la medida se dirige
   contra un juez, se solicita a éste una información por escrito), en algunos
   casos se recurre a medios
   más expeditos, como la consulta telefónica, y
   luego se falla sobre la base de los antecedentes obtenidos
   en estas averiguaciones más los elementos aportados
   por el recurrente. Los procedimientos de exhibición personal
   por medio de la presentación del detenido ante el
   tribunal o la constitución de un delegado de
   éste en el lugar de detención no son
   utilizados prácticamente
   nunca".

   La experiencia comparada, en todo caso,
   abona a favor de la obligatoriedad de exigir la presencia
   de la persona privada de su libertad ante la autoridad
   competente para conocer y resolver el proceso de
   Habeas Corpus.

4. La Orden de Exhibición Personal
   o el Requerimiento de
   Información:
5. El Plazo para la
   Resolución:

Los plazos previstos a nivel del Derecho Comparado
para la resolución de la solicitud del hábeas
corpus son muy breves, debido principalmente a que su
trámite y procedimiento son bastante
sencillos.

Al respecto, algunos ordenamientos
jurídicos establecen plazos máximos para el
desarrollo de una o varias de las siguientes etapas del
Habeas Corpus, las cuales
abarcan:

2. Desde la presentación de la solicitud
   hasta la decisión que adopte la autoridad competente
   para conocer la situación en la que se encuentra la
   persona privada de libertad. Esta decisión puede
   consistir en ordenar la presentación del detenido ante
   dicha autoridad o solicitar informes sobre su
   situación a quienes lo tienen bajo
   custodia.
3. Desde la decisión adoptada por la
   autoridad competente hasta su cumplimiento o
   ejecución. Esto puede consistir en presentar al
   detenido ante la autoridad competente o presentar los
   informes solicitados sobre su
   situación
4. Desde el cumplimiento o ejecución de
   la decisión adoptada por la autoridad competente hasta
   la expedición de la resolución sobre la
   situación de la persona privada de su
   libertad.

La opción por los plazos por etapas podemos
encontrarla, por ejemplo, en el Ecuador, en
donde el Art. 93º del Texto Constitucional establece que la
autoridad competente para conocer del Habeas
Corpus "en el plazo de
veinticuatro horas contadas a partir de la recepción de la
solicitud, ordenará que el recurrente sea conducido
inmediatamente a su presencia, y se exhiba la orden de
privación de libertad […]"
y "dictará su
resolución dentro de las veinticuatro horas
siguientes". Como se aprecia, la norma
constitucional sólo establece un plazo determinado para
algunas de las etapas mencionadas (en concreto,
aquellas que hemos identificado con las letras d.1. y d.3). Sin
embargo, el plazo omitido a nivel constitucional para una de las
etapas se encuentra previsto en las normas legales sobre la
materia, por
lo que para determinar el tiempo
máximo de duración del Habeas Corpus
se requiere hacer una interpretación que concuerde la normativa
constitucional y legal sobre este proceso.

En otros casos, para la resolución del
Habeas Corpus no se establecen plazos por etapas
sino plazos máximos que agrupan a todas ellas. Así
por ejemplo, en Colombia el Habeas
Corpus "debe resolverse en
el término de treinta y seis horas" (Art.
30º de la Constitución) mientras que en
Venezuela, la legislación sobre la
materia (Art. 42º) precisa que el juez que conozca del
proceso decidirá en un término
"no mayor de noventa y seis (96) horas
después de recibida la solicitud". Esta
opción evita de alguna forma la prolongación del
proceso en base a diferentes interpretaciones u omisiones
normativas sobre la duración de cada una de las etapas por
las que atraviesa el Habeas Corpus, como se ha
visto que ocurre, por ejemplo, en el
Ecuador.

1. El Contenido de la
   Resolución:

Luego de analizar los hechos que dieron origen a
la presentación del Habeas Corpus, la
autoridad competente debe decidir si acepta o niega la
pretensión solicitada. Si se estima procedente el
Habeas Corpus, la autoridad competente podrá
ordenar que se deje en libertad a la persona privada de ella en
forma arbitraria o que se adopten las medidas necesarias para
revertir esta situación. Todo depende de los motivos por
los cuales el proceso se inició. Algunos ordenamientos
contemplan ambas posibilidades y otros sólo una de ellas.
En el primer caso se encuentran, por ejemplo,
Bolivia, Chile,
Perú y
Venezuela, tal como se apreciará en
el Cuadro Nº 1.

Por otro lado, Colombia y
Ecuador son los únicos países
de la región que de modo expreso sólo contemplan la
posibilidad de poner en libertad a la persona si el Habeas
Corpus es declarado procedente.

En el caso de Colombia, el
Art. 437º de su Código de Procedimiento Penales
establece que "demostrada la
violación de las garantías constitucionales o
legales, el juez inmediatamente ordenará la libertad de la
persona capturada".

Por su parte, el Texto Constitucional del Ecuador
(Art. 93º) señala que la autoridad competente que
conozca del proceso de Habeas Corpus
"dispondrá la inmediata libertad del
reclamante si el detenido no fuere presentado, si no se exhibiere
la orden (de detención), si
ésta no cumpliere los requisitos legales, si se hubiere
incurrido en vicios de procedimiento en la detención o, si
se hubiere justificado el fundamento del
recurso".

Cuadro Nº
1

2. Las Responsabilidad por el Incumplimiento de las
   Decisiones Adoptadas en el
   Proceso:

Uno de los problemas
más frecuentes por los que atraviesa el Habeas
Corpus en la región consiste en la negativa o
demora para cumplir con las resoluciones que se expiden durante
su desarrollo. Esta situación resulta más grave
todavía cuando la demora o incumplimiento se produce en
relación a la resolución final que establece los
pasos a seguir para que cese la privación arbitraria de la
libertad.

A fin de remediar esta situación, algunos
ordenamientos establecen la obligación de que toda
autoridad o persona que no cumpla o que demore la
ejecución de estas decisiones, sea objeto de un proceso
penal en el cual se determine su responsabilidad por tales
conductas. Esto está previsto para los siguientes
casos:

1. Cuando no se cumple con la orden de la
   autoridad competente para presentar a la persona privada de
   libertad ante las instancias que están conociendo el
   Habeas Corpus o para informar acerca de su
   situación.
2. Cuando no se da cumplimiento a la
   decisión final de Habeas Corpus En
   algunos casos los ordenamientos jurídicos nacionales
   establecen normas de alcance general, aplicables a ambos
   supuestos.

Así ocurre por ejemplo en
Bolivia, cuyo texto constitucional (Art.
18º-V) señala que los funcionarios públicos o
personas particulares que resistan las decisiones judiciales en
el marco del Habeas Corpus, serán remitidos
por orden de la autoridad que conoció este proceso
"ante el Juez en lo Penal para su
juzgamiento como reos de atentado contra las garantías
constitucionales".

Por su parte, el Código de Procedimiento
Penal de Chile precisa (Art. 317º) que
la negativa o demora injustificada de cualquier autoridad en dar
cumplimiento a las órdenes dictadas (por la autoridad
competente) en el
conocimiento de un recurso de amparo (Habeas
Corpus) someterán al culpable a las penas
determinadas en el Código Penal respecto a los agravios
inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantizados por la
Constitución.

En algunos ordenamientos, las normas sobre este
tema sólo han sido previstas para el caso de
incumplimiento de la decisión final del Habeas
Corpus. Así por ejemplo, en
Venezuela, el Art. 30º de las normas
generales sobre el proceso de amparo aplicables en el caso de la
protección de la libertad personal- señala
que "quien incumpliere el
mandamiento de amparo constitucional dictado por el juez,
será castigado con prisión de seis (6) a quince
(15) meses". Como es obvio, la
aplicación de estas sanciones requiere el previo
desarrollo de un proceso penal. Sobre este tema es importante
mencionar el caso del Ecuador, en donde las normas
constitucionales establecen una sanción de
aplicación inmediata cuando no se cumple la orden de
exhibición personal o la resolución que ordena
poner en libertad al agraviado. En este sentido el Art. 93º
de la Constitución señala que el funcionario o
empleado renuente "será
inmediatamente destituido de su cargo o empleo sin
más trámite". La misma
disposición establece que "el
funcionario o empleado destituido, luego de haber puesto en
libertad al detenido, podrá reclamar por su
destitución ante los órganos competentes de la
Función
Judicial […]".

Tema aparte es el de la responsabilidad de la
autoridad ante la cual se presenta el Habeas Corpus
y que no cumple con los plazos o procedimientos previstos para el
trámite de este proceso. Por lo general, este tipo de
conducta, origina
la adopción
de medidas disciplinarias. En este sentido, por ejemplo, el texto
constitucional de Bolivia (Art.
18º-VI) señala que la autoridad judicial que no
proceda conforme a las normas constitucionales sobre el
Habeas Corpus quedará sujeta a
sanción disciplinaria por parte del Consejo de la
Judicatura, correspondiendo a la ley precisar esta materia.
Asimismo, en Venezuela, el Art. 34º de
la legislación aplicable al amparo de la libertad y
seguridad personal establece como
"falta grave al cumplimiento de sus
obligaciones
la inobservancia, por parte de los jueces, de los lapsos
establecidos en (la) ley para conocer y
decidir sobre las solicitudes de amparo". En otros casos,
como el del Ecuador, si la autoridad
competente no da trámite al recurso, será civil y
penalmente responsable, de conformidad con la ley (Art. 93º
de la Constitución).

1. La Responsabilidad del
   Agresor:

La esencia del Habeas Corpus es la
protección de la libertad personal. No tiene como objetivo
identificar a la autoridad o particular que ordenó o
ejecutó la medida restrictiva de este derecho fundamental
ni determinar su responsabilidad, ya sea de índole
administrativo, civil o penal. Sin embargo, si durante el
desarrollo del proceso se constata que existió una
afectación a la libertad personal, diversos ordenamientos
establecen la necesidad de que tal situación sea puesta en
conocimiento
de las autoridades competentes a fin de que sean adoptadas las
medidas necesarias para investigar y establecer la
responsabilidad que corresponda, lo cual no perjudica la
ejecución de las medidas que se dispongan en el proceso de
Habeas Corpus para garantizar la libertad de la
persona privada arbitrariamente de ella.

Así por ejemplo, el Art. 436º del
Código de Procedimiento Penal de
Colombia establece que
"reconocido el hábeas corpus, el
juez compulsará copias para que el funcionario competente
inicie las investigaciones a
que haya lugar".

Por su parte, la legislación del
Perú sobre la materia
señala: "Cuando exista causa
probable de la comisión de un delito, el Juez,
en la sentencia que declara fundada la demanda en los procesos
tratados en el
presente título, dispondrían la remisión de
los actuados al Fiscal Penal
que corresponda para los fines pertinentes […].
Tratándose de alguna autoridad o funcionario
público, además de la pena que corresponda, se le
impondrá la de destitución en el cargo y no
podrá ejercer función pública hasta pasados
dos años de cumplida la condena principal. Se
condenará asimismo al responsable al pago de las costas
del juicio y a una indemnización por el daño
causado". Precisa además esta
disposición que "El haber
procedido por orden superior no libera al ejecutor de los hechos
de la responsabilidad y de la pena a que haya lugar"
(Ley 28 237: Art. 8º). En algunas oportunidades puede
ocurrir que durante la tramitación del Habeas
Corpus cesen los actos que restringen de forma arbitraria
la libertad personal, por lo que carecería de sentido
pronunciarse sobre el fondo del asunto. Pero si durante el
desarrollo del proceso se pudo constatar que efectivamente se
produjo una privación arbitraria de la libertad, debe
ponerse este hecho en conocimiento de las autoridades
competentes, a fin de que se evalúe el grado de
responsabilidad y las sanciones a aplicar por dicha
conducta.

En algunos países, esta situación ha
sido prevista a nivel normativo. Así por ejemplo, el
Código de Procedimiento Penal de
Chile (Art. 313º) señala que
cuando se "comprobare que el
arresto, detención o prisión arbitraria o la
irregularidad que dio lugar al recurso existió al momento
de su interposición, pero que con posterioridad fue puesto
en libertad el detenido o preso o se subsanaron los defectos
reclamados, (la autoridad competente)
acogerá el amparo para los efectos de declarar la
existencia de la infracción y hacer uso de sus facultades
disciplinarias, o de las medidas (previstas en los
Artículos 311º y 313º del Código
Penal)".

1. Las Instancias de Resolución del
   Procesos de Habeas Corpus:

Esta sección tiene como objetivo realizar
un análisis comparado sobre las opciones
asumidas en los países de la región respecto a las
instancias competentes para conocer y resolver el proceso de
Habeas Corpus.

1. La mayoría de los países de la
   región andina señalan que corresponde a los
   órganos jurisdiccionales del Estado
   el conocimiento y resolución de los procesos de
   Habeas Corpus en primera instancia. La
   excepción al respecto ocurre en el
   Ecuador, en donde su texto
   constitucional otorga a las autoridades municipales esta
   competencia. Por tal razón, para el
   siguiente análisis se plantea la siguiente
   división entre instancias jurisdiccionales e
   instancias no jurisdiccionales.

   1. Las Instancias
      Jurisdiccionales:
2. La Primera
   Instancia:

Por lo general, los órganos
jurisdiccionales especializados en materia penal son los
encargados de conocer y resolver en primera instancia los
procesos de Habeas Corpus. En algunos
países, esta potestad es compartida con órganos de
otras especialidades.

1. Colombia y
   Venezuela son los países de la
   región en los cuales el Habeas Corpus es
   conocido de forma exclusiva por autoridades jurisdiccionales
   especializadas en materia penal.

   En Colombia, el Art.
   30º de la Constitución señala que
   "quien estuviere privado de su
   libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a
   invocar ante cualquier autoridad judicial […]
   el Habeas Corpus"
   (subrayado nuestro). Por su parte, las normas de
   desarrollo legal de esta institución previstas en el
   Código de Procedimiento Penal precisan que la
   respectiva solicitud "se puede
   presentar ante cualquier funcionario judicial pero el
   trámite corresponde exclusivamente al juez
   penal. (Art. 431º Inc. 1º –
   subrayado nuestro).

   Contra esta última norma se
   presentó una demanda de inconstitucionalidad. En su
   sentencia, la Corte Constitucional de Colombia declaró
   conforme a la Constitución la opción asumida
   por el legislador. En sus argumentos señaló que
   la misma satisface las exigencias del Habeas
   Corpus, ya que facilita el acceso a la justicia, en
   tanto la solicitud respectiva puede presentarse ante
   cualquier autoridad judicial, y establece una judicatura
   especializada para decidir sobre la libertad individual, la
   cual corresponde al Juez
   Penal(406).

   De otro lado, esta referencia al "Juez Penal"
   encargado de resolver el proceso de Habeas
   Corpus en primera instancia, prevista en el
   mencionado Art. 430º Inc. 1º del Código de
   Procedimiento Penal, ha sido objeto de una serie de
   interpretaciones, a efectos de dilucidar si ella comprende
   únicamente a los órganos jurisdiccionales
   unipersonales o si también incluye a los
   órganos colegiados, como los Tribunales Superiores y
   la Corte Suprema de Justicia (Sala Penal).

   El Proceso de Habeas Corpus en
   Colombia tiene una presencia discreta en
   los despachos judiciales, situación extraña si
   se toma en consideración la delicada situación
   política por la que atraviesa este
   país, en donde la libertad personal es con frecuencia
   uno de los derechos fundamentales más afectados. Si
   bien un estudio de Indicadores Judiciales efectuado por la
   Comisión Andina de Juristas sobre un
   número representativo de expedientes de Habeas
   Corpus presentados en la ciudad de Bogotá en
   1999, permitió constatar que las autoridades
   competentes no exceden el plazo máximo establecido
   constitucionalmente para la resolución de este proceso
   (36 horas), es importante señalar que en todos los
   expedientes revisados la demanda respectiva fue declarada
   improcedente.

   Venezuela es el otro
   país de la región que establece como
   competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales
   especializados en lo penal el conocimiento y
   resolución del proceso de Habeas Corpus.
   En este sentido, la legislación sobre esta
   garantía constitucional (Art. 40º) señala
   que los "Juzgados de Primera
   Instancia en lo Penal son competentes para conocer y decidir
   sobre el amparo de la libertad y seguridad
   personales", ya sea que éste tenga
   jurisdicción "en el lugar
   donde se hubiese ejecutado el acto causante de la solicitud o
   donde se encontrare la persona agraviada".
   (Art. 39º). En estos casos, estamos ante la presencia de
   un órgano jurisdiccional
   unipersonal.

2. Proceso de Habeas Corpus Resuelto
   de Forma Exclusiva por Órganos Especializados en Materia
   Penal:
3. Proceso de Habeas Corpus resuelto
   por Órganos Especializados en lo Penal y por
   Órganos de otras
   Especialidades:

A diferencia de Colombia y
Venezuela, en los demás países
de la región el proceso de Habeas Corpus
puede ser conocido a nivel de primera instancia tanto por
órganos jurisdiccionales de carácter penal como por
órganos de otras especialidades. Así ocurre en
Bolivia, Chile y
Perú, con las particularidades que
presenta cada uno de sus sistemas
judiciales.

En Bolivia, el Art.
18-Iº de la Constitución establece que el
Habeas Corpus puede ser presentado, a
elección del demandante,
"ante la Corte Superior del Distrito o ante
cualquier Juez de Partido (…) En los lugares donde no hubiere
Juez de Partido la demanda podrá interponerse ante un Juez
Instructor".

De conformidad con la estructura
judicial de Bolivia, prevista en la Ley de
Organización Judicial, las Cortes
Superiores de Distrito "se dividen
en salas denominadas: civil, penal y sala social, de minería y
administrativa" (Art. 93º). Por su parte,
los jueces de partido pueden serlo en las siguientes materias:
civil – comercial, penal, de sustancias controladas, de
familia, del
menor, de trabajo y
seguridad
social, de minería y administrativa (Art. 128º),
mientras que los jueces de instrucción pueden tener
competencia en materia civil – comercial, penal y de
familia (Art. 172º).

Como se aprecia, la opción asumida en
Bolivia resulta interesante pues presenta al
ciudadano una amplia gama de posibilidades para obtener una
protección oportuna a su libertad personal, a
través de órganos de diferente especialidad, tanto
colegiados como unipersonales.

En Chile, las normas de
desarrollo legal del recurso de amparo (Habeas
Corpus) establecen que este proceso será conocido
en primera instancia por las Cortes de Apelaciones. De acuerdo a
la estructura judicial de este país, estos órganos
no cuentan con una especialidad determinada, pues la competencia
que les ha sido asignada es amplia, pudiendo conocer casos de
diferente tipo, sea civil, penal, laboral,
etc.

En cuanto a la labor de estas instituciones,
algunos analistas sostienen que una de las razones por las cuales
el desarrollo del proceso de Habeas Corpus en
Chile ha encontrado algunas dificultades,
obedece a que la competencia para conocer este proceso en primera
instancia corresponde a un órgano jurisdiccional
colegiado.

Sobre este tema, es interesante comparar la
opción asumida en Bolivia y en
Chile con los argumentos presentados en el
caso de Colombia para desestimar la
opción de que el Habeas Corpus sea conocido
en primera instancia por órganos colegiados. En todo caso,
respecto a Bolivia el asunto no es tan grave
pues el demandante puede optar por acudir a un órgano
unipersonal, situación negada en el caso de
Chile, en donde directamente se debe acudir
a una instancia integrada por más de un magistrado. En
este último caso, la reforma legislativa es una
opción que merece atención.

1. Las Instancias No
   Jurisdiccionales:

Este es el caso excepcional del
Ecuador, país en el cual el
conocimiento del Proceso de Habeas Corpus recae en
una autoridad que no es jurisdiccional. Se trata del Alcalde. Al
respecto, el Texto Constitucional (Art. 93º)
señala:

"Toda persona que crea estar
ilegalmente privada de su libertad, podrá acogerse al
Habeas Corpus. Ejercerá este derecho […]
ante el alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentre, o
ante quien haga sus veces".

La competencia de las autoridades municipales en
relación al Habeas Corpus forma parte de la
tradición jurídica del
Ecuador, pues ha sido establecida en normas
constitucionales y legales desde la primera mitad del siglo XX,
como una respuesta a la falta de acción judicial para
resolver la situación de las personas afectadas por una
privación arbitraria de libertad. Sobre esta
opción, el Tribunal Constitucional del
Ecuador ha
señalado:

"Se debe tener presente que cuando
constitucionalmente se encargó esta función a las
Alcaldías y Presidencias de Concejos Cantonales, se hizo
con un nuevo criterio de justicia y democracia,
según el cual los mencionados funcionarios elegidos
mediante voto popular representan en mejor y más
auténtica forma a la colectividad y conocen mejor a sus
integrantes, y por ello, con un criterio de sana crítica
y equidad, sin
mayores formalismos puedan resolver con mayor certeza y eficacia si la
persona acusada tiene o no derecho a obtener libertad
ambulatoria. […]

El Alcalde o quien haga sus veces para conocer
y resolver el Hábeas Corpus se convierte en juez especial,
no perteneciente a la función judicial, con
jurisdicción y competencia eventuales, es decir no es juez
de pleno derecho, ni para ello necesitan ser
abogados".

La Constitución del
Ecuador ha establecido los aspectos
centrales del trámite a seguir ante la autoridad
municipal. En este sentido, en el Art. 93º
precisa:

"La autoridad municipal, en el
plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la
recepción de la solicitud, ordenará que el
recurrente sea conducido inmediatamente a su presencia, y se
exhiba la orden de privación de libertad. Su mandato
será obedecido sin observación ni excusa, por los encargados
del centro de rehabilitación o del lugar de
detención.

El alcalde dictará su resolución
dentro de las veinticuatro horas
siguientes".

En cuanto al sentido de la decisión que
adopte el alcalde, el mismo dispositivo constitucional
señala que éste:

"Dispondrá la inmediata
libertad del reclamante si el detenido no fuere presentado, si no
se exhibiere la orden, si ésta no cumpliere los requisitos
legales, si se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la
detención o, si se hubiere justificado el fundamento del
recurso".

Sobre el comportamiento
de los alcaldes al momento de resolver los Habeas
Corpus, el Tribunal Constitucional del Ecuador ha
señalado lo siguiente:

"En la mayoría de los casos
los alcaldes se limitan a constatar si el detenido está a
órdenes de un juez y si éste ha dictado, aunque sea
ilegal y extemporáneamente, orden de detención
preventiva y en base únicamente de ello, después de
la audiencia, niegan el recurso de hábeas corpus, lo que
en el fondo implica desconocimiento del derecho a la libertad
personal, como importante garantía constitucional. Es
obligación del Alcalde y sus asesores constatar si la
detención en lo sustantivo, es legal o ilegal, para lo
cual debe analizar si efectivamente se han cumplido (las normas
constitucionales y legales sobre la privación de la
libertad)".

Con todas las características mencionadas,
el Habeas Corpus es un proceso al cual se acude con
frecuencia en el Ecuador. Sobre el tipo de
decisiones adoptadas por las autoridades municipales, es
ilustrativo mencionar que de los procesos de Habeas
Corpus iniciados por la Defensoría del Pueblo de
este país durante su primer año de funcionamiento
(841), el 57% obtuvo respuesta favorable.

1. Los países de la región andina
   no cuentan con una legislación uniforme en cuanto a
   los órganos competentes para conocer el Proceso de
   Habeas Corpus en segunda
   instancia.

   En Bolivia, una vez
   resuelto el Proceso de Habeas Corpus en
   primera instancia, el expediente sube obligatoriamente en
   revisión al Tribunal Constitucional, el cual aprueba
   o desaprueba la decisión adoptada. La
   revisión ante el Tribunal no suspende la
   ejecución del fallo.

   En Chile, la segunda
   instancia en los Procesos de Habeas Corpus
   corresponde a la Corte Suprema, siempre y cuando se
   presente el recurso de impugnación correspondiente.
   La apelación respectiva sólo será en
   efecto devolutiva cuando la sentencia de primera instancia
   haya sido favorable al demandante.

   En Colombia, la
   legislación sobre la materia señala que si se
   demuestra la violación de las garantías
   constitucionales, el juez debe ordenar la libertad
   inmediata de la persona capturada, mediante una
   resolución (a la cual se le denomina auto
   interlocutorio) contra la cual no procede recurso
   alguno. Esto significa que en el ordenamiento
   jurídico colombiano no existe la posibilidad de
   impugnar la resolución judicial que declare
   procedente el Habeas Corpus. Sin embargo, la
   legislación no precisa qué ocurre cuando la
   pretensión es denegada. En estos casos, la doctrina
   se ha orientado a señalar que deben aplicarse los
   principios
   generales previstos en el ordenamiento procesal penal sobre
   impugnación de resoluciones judiciales, en especial
   los previstos para los denominados autos
   interlocutorios, consagrados en los Arts. 16º y
   202º del Código respectivo. De acuerdo a estas
   disposiciones, son apelables todas las providencias
   interlocutorias, salvo las excepciones taxativamente
   enunciadas en la Ley. Como la decisión que deniega
   el Habeas Corpus se produce a través
   de un auto interlocutorio que no se encuentra enmarcado
   dentro de las excepciones a la doble instancia, debe
   entenderse por consiguiente que aquella sí es
   apelable a través de los recursos
   pertinentes. Esta interpretación ha sido avalada por
   la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia
   C-496/94, del 3 de Noviembre de 1 994.

   En el Ecuador,
   sólo las resoluciones que deniegan la
   pretensión de Habeas Corpus en primera
   instancia son elevadas al Tribunal Constitucional. Para tal
   efecto se requiere presentar el recurso de revisión
   respectivo. En este país, tampoco existe la
   posibilidad de cuestionar una decisión de primera
   instancia que declare procedente el Habeas
   Corpus.

   En el Perú, las
   Cortes Superiores de Justicia actúan como segunda
   instancia en materia de Habeas Corpus,
   siempre que se presente el respectivo recurso impugnativo
   contra la decisión de primera instancia. Si la
   resolución judicial de las Cortes Superiores resulta
   favorable al demandante, el Proceso de Habeas
   Corpus culmina y no cabe la posibilidad de
   interponer recurso alguno contra esta
   decisión.

   Finalmente, en
   Venezuela, el Art. 40º de la ley
   sobre la materia señala que los Tribunales
   Superiores "conocerán
   en consulta" las sentencias de
   Habeas Corpus dictadas en primera instancia.
   Por su parte, el Art. 43º precisa que la consulta
   respectiva no impedirá la ejecución inmediata
   de la sentencia emitida. De conformidad con las normas
   sobre organización judicial en materia penal, los
   Tribunales Superiores a los que hace referencia el citado
   Art. 40º son las Cortes de Apelaciones en lo
   Penal.

2. La Segunda
   Instancia:

   En la región andina, la
   intervención de las Cortes Supremas en los procesos
   de Habeas Corpus se encuentra establecida en
   Chile y
   Venezuela. En el caso de
   Colombia, como ya se mencionó,
   existen diferentes interpretaciones sobre la competencia
   del máximo Tribunal del Poder
   Judicial respecto a esta materia.

   En Chile, la
   competencia de la Corte Suprema en relación al
   Habeas corpus está prevista el Art.
   316º del Código de Procedimiento Penal, el cual
   establece que la resolución de primera instancia
   emitida por las Cortes de Apelaciones
   "será apelable para ante la
   Corte Suprema, pero sólo en el efecto devolutivo
   cuando sea favorable al recurrente de
   amparo".

   En Venezuela, las
   normas constitucionales establecen como una de las competencias de la Sala Constitucional del
   Tribunal Supremo de Justicia la revisión de las
   sentencias de amparo constitucional (Art. 336º Inc.
   10). Al respecto, la Sala Constitucional ha señalado
   que esta facultad de revisión
   "puede ser
   ejercida, con relación a las
   decisiones de amparo dictadas por los tribunales que hayan
   conocido en consulta o apelación de las
   decisiones dictadas por sus inferiores
   jerárquicos". (Subrayado
   nuestro). En este sentido, en tanto las sentencias
   de los tribunales superiores son decisiones emitidas en
   consulta respecto a las resoluciones de los órganos
   que conocieron en primera instancia las solicitudes de
   hábeas corpus, su revisión revestiría
   un carácter facultativo para la Sala Constitucional
   del máximo órgano de justicia de este
   país.

3. La Intervención de las Cortes
   Supremas:
4. La Intervención de los
   Tribunales Constitucionales:

La intervención de los Tribunales o Cortes
Constitucionales en los procesos de Habeas Corpus a
nivel de la región puede ser apreciada en el Cuadro
Nº 2:

Cuadro Nº
2

Como se aprecia, no todos los países que
cuentan con un Tribunal Constitucional han previsto la
participación de esta institución en el desarrollo
del Proceso de Habeas Corpus. Esto sucede en
Chile y Colombia. En el
caso de Chile, el hecho que la Corte Suprema
de Justicia tenga competencia en torno a este
proceso, deja abierta la posibilidad de contar con una jurisprudencia
uniforme de alcance nacional sobre sus características y
su ámbito de aplicación. Situación contraria
ocurre en Colombia, en donde no existe
posibilidad de contar con una instancia que uniformice los
criterios de interpretación sobre el Habeas
Corpus, pues no se ha previsto la presencia de un
órgano con jurisdicción a nivel nacional que tenga
competencia en relación a este proceso.

En los países de la región que han
previsto la intervención del Tribunal Constitucional en el
desarrollo del Proceso de Habeas Corpus, esta
institución revisa todas o sólo algunas de las
resoluciones emitidas por el Poder Judicial según la
opción asumida.

1. Intervención del Tribunal
   Constitucional como última instancia en todos los
   Procesos de Habeas Corpus:

Este es el caso de Bolivia,
en donde el Tribunal Constitucional recibe para su
revisión todas las resoluciones sobre hábeas corpus
expedidas por el Poder Judicial, hayan sido estimadas o
denegadas. Así lo establece el Art. 120º Inc. 7 de la
Constitución. Como desarrollo de esta disposición,
la Ley del Tribunal Constitucional (Ley Nº 1 836)
señala:

"Artículo 93.-
Revisión de
Sentencia:

La sentencia pronunciada en el recurso (de
hábeas corpus) se elevará de oficio en
revisión, ante el Tribunal Constitucional en el plazo de
veinticuatro horas, sin que por tal motivo se suspenda la
ejecución inmediata del fallo, bajo responsabilidad. El
procedimiento de revisión de la sentencia ante el Tribunal
Constitucional se sujetará a lo dispuesto en el
Capítulo II, Título Tercero de la presente
Ley".

Anteriormente, esta revisión
correspondía a la Corte Suprema de Justicia,
institución que fue muy criticada por la excesiva demora
en que incurría. Esta fue una de las razones por las
cuales las reformas constitucionales de 1 994 eliminaron su
competencia en torno a esta materia, entregándola al
Tribunal Constitucional, que en su primer año de
actividades ha cumplido adecuadamente con la función que
le ha sido asignada.

En este sentido, desde el inicio de sus funciones, 1 de
junio de 1 999, hasta el 30 de abril del 2 000, el Tribunal
Constitucional emitió pronunciamiento sobre el 87% de los
Habeas Corpus que en ese mismo lapso fueron
elevados para su revisión.

Los Habeas Corpus representan un
importante porcentaje de los casos que son puestos a conocimiento
del Tribunal Constitucional de Bolivia.
Así por ejemplo, en el período antes mencionado,
los Habeas Corpus representaron el 47.42% (518
casos).

Un examen de los primeros siete meses de
funcionamiento del Tribunal Constitucional de
Bolivia (junio-diciembre de 1 999) nos
permite apreciar interesantes estadísticas sobre la relación entre
el sentido de las resoluciones del Tribunal y el de las
decisiones que revisa del Poder Judicial13. Tales cifras
demuestran que:

• El Tribunal aprobó el 73% de las
  decisiones judiciales (confirmó la improcedencia en un
  60% de casos y la procedencia en un 40%)
• El Tribunal revocó el 25% de las
  decisiones judiciales (declaró procedente el 81% e
  improcedente el 19%)
• El Tribunal declaró nulas el 2% de las
  decisiones judiciales

1. Intervención del Tribunal
   Constitucional como última instancia en algunos
   Procesos de Habeas Corpus:

Esta situación se presenta en el
Ecuador y el
Perú, países en los cuales se
han establecido requisitos similares para que sus respectivos
Tribunales Constitucionales puedan intervenir en los Procesos de
Habeas Corpus como última
instancia.

En el Ecuador, el Art.
276º Inc. 3 de la Constitución señala que
corresponde al Tribunal Constitucional
"conocer las resoluciones que denieguen el
Habeas Corpus […]". Pero el
Tribunal Constitucional no conoce todas las resoluciones
denegatorias, sino sólo aquellas, contra las cuales se ha
presentado el respectivo recurso de apelación (Ley de
Control
Constitucional, Art. 3º).

La revisión de los Procesos de Habeas
Corpus, representa un discreto porcentaje de los casos
que son puestos a conocimiento del Tribunal Constitucional.
Así por ejemplo, en 1999, los hábeas corpus
representaron el 5.9% (56 casos).

La revisión de las resoluciones de
Habeas Corpus, se realiza a través de Salas
integradas por tres magistrados. En el caso de que en una de
ellas se adopte una decisión con un voto salvado, la
resolución deberá, obligatoriamente, consultarse al
Pleno para que la confirme o revoque (Ley de Control
Constitucional – Art. 62º). Esto último es algo
frecuente como se aprecia en las siguientes
cifras:

• Total de Habeas Corpus
  resueltos por el Tribunal Constitucional en 1999:
  56.
• Total de Habeas Corpus
  resueltos por el Pleno: 9
• Total de Habeas Corpus
  resueltos por Salas: 47

En el Perú, el Art.
202º Inc. 2 de la Constitución señala que el
Tribunal Constitucional tiene competencia para
"conocer, en última y definitiva
instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus
[…]". Pero el Tribunal tampoco conoce
todas las resoluciones denegatorias, sino sólo aquellas,
contra las cuales se ha presentado el denominado "Recurso de
Agravio Constitucional"
(Código Procesal Constitucional, Art.
19º).

Las estadísticas del Tribunal
Constitucional Peruano nos permiten apreciar el siguiente
panorama en relación al número de Habeas
Corpus ingresados a esta institución para su
respectiva revisión, tal como lo veremos en el Cuadro
Nº 3:

Cuadro Nº
3

Fuente: Tribunal
Constitucional del Perú. Elaboración:
Comisión Andina de Juristas.

* Desde el 24 de Junio de 1
996

** Al 31 de Diciembre del 2
005

2. Configuración Extensiva en la
   Comparativa de América y
   Europa:

1. El Hábeas Corpus en el
   Ecuador:

El Dr. Jaime POZO CHAMORRO(407) hace
una extensiva acepción en lo que respecta al Habeas
Corpus en el Ecuador y expresa que:
«Aunque con seguridad ya se habrá escrito mucho
sobre el Habeas Corpus en el Ecuador, me parece
indispensable volver a insistir sobre el tema, ya que se
precisó que los ciudadanos en general tengan conocimiento
de una garantía constitucional que, pese a tener una larga
vigencia en el ordenamiento jurídico, hasta hoy no es bien
utilizada por quienes acuden a ella, en defensa de su libertad,
pues, de los recursos que por apelación llegan a
conocimiento del Tribunal Constitucional, menos de un 10% son
resueltos a favor de los recurrentes, lo que quiere decir, que la
gran mayoría de acciones en
este sentido son rechazadas por plantearse al margen de la
Normativa Constitucional, no obstante la informalidad que
caracteriza al mismo».

En el Ecuador, el Habeas Corpus se
halla en la cima del ordenamiento jurídico, al ser
consagrado como garantía en el Art. 93 de la
Constitución Política de la
República. Junto a la norma constitucional, existen
varias normas de menor jerarquía que lo reglamentan y le
dan viabilidad, así: Ley de Régimen Municipal, Ley
de Control Constitucional, Reglamento de Trámites de
Expedientes en el Tribunal Constitucional y Ley Orgánica
de la Defensoría del Pueblo. A continuación
abordaremos de manera ligera las características de esta
garantía en la legislación
ecuatoriana.