Constitucionalidad del Habeas Corpus: Las resoluciones del Tribunal Constitucional y su aplicabilidad jurídica-protectora (Parte 7) (página 8)

Enviado por Jes�s Enrique Salazar Moreno

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

El Art. 93 del Código Político establece
que
«Toda persona
que crea estar ilegalmente privada de su libertad, podrá acogerse al Habeas
Corpus. Ejercerá este derecho por sí o
por interpuesta persona, sin necesidad de mandato escrito,
ante el alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentre,
o ante quien haga sus veces. La autoridad municipal, en el plazo de
veinticuatro horas contadas a partir de la recepción
de la solicitud, ordenará que el recurrente sea
conducido inmediatamente a su presencia y se exhiba la
orden de privación de libertad. Su mandato
será obedecido sin observación ni excusa, por los
encargados del centro de rehabilitación o del lugar
de detención.- El alcalde dictará su
resolución dentro de las veinticuatro horas
siguientes. Dispondrá la inmediata libertad del
reclamante si el detenido no fuere presentado, si no se
exhibiere la orden, si esta no cumpliere con los requisitos
legales, si hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la detención, o si
hubiere justificado el fundamento del
recurso».
El Art. 96 de igual manera, señala
que habrá un Defensor de Pueblo, con
jurisdicción nacional, para promover o patrocinar el
hábeas corpus de las personas que lo
requieran. Las disposiciones citadas contienen en sí
los caracteres del Habeas
Corpus.
Características del Hábeas
Corpus:
La Legitimación Activa para interponer
el recurso de Habeas Corpus
corresponde:
1. Toda persona que se crea privada
  ilegalmente de su libertad, por sí misma, sin
  necesidad de patrocinio de abogado; por interpuesta
  persona, aún sin necesidad de poder
  escrito;
2. Al defensor del pueblo, sus adjuntos y
  comisionados, en los casos que se los
  requiera.
La inexistencia del requisito de
legitimación es el resultado de aplicar el principio
de informalidad del Habeas Corpus,
caracterizado además por ser un recurso urgente,
sumario y sencillo.
Legitimación
Activa:
En efecto, quien conoce del Habeas
Corpus es el Alcalde o quien haga sus veces,
en primera instancia y, el Tribunal Constitucional en
segunda instancia. Respecto del tema, la Primera Sala del
Tribunal Constitucional, recogiendo el espíritu que
animó al legislador para conceder esta facultad a
los alcaldes señala que: "Se debe tener presente
que cuando constitucionalmente se encargó esta
función a las Alcaldías y
Presidencias de Concejos Cantonales, se hizo con un nuevo
criterio de justicia
y democracia, según el cual los
mencionados funcionarios elegido mediante voto popular
representan en mejor y más auténtica forma a
la colectividad y conocen mejor a sus integrantes, y por
ello, con un criterio de sana crítica y equidad,
sin mayores formalismos puedan resolver con mayor certeza y
eficacia
si la persona acusada tiene o no derecho a obtener libertad
ambulatoria. El Alcalde o quien haga sus veces para conocer
y resolver el Habeas Corpus se convierte en un juez
especial, no perteneciente a la función judicial,
con jurisdicción y competencia eventuales, es decir no es juez
de pleno derecho, ni para ello necesitan ser
abogados".
El Recurso se Interpone ante una
Autoridad No Judicial:
Como quedó dicho, el Habeas
Corpus se caracteriza por su sencillez y rapidez,
pues, no solo que no es exigible ningún formalismo
en cuanto a la legitimación, sino que tampoco se
requiere cumplir ninguna formalidad en cuanto al contenido
de la petición, tanto que, ni la Constitución, ni la Ley del
Control
Constitucional, ni la Ley de Régimen Municipal,
exigen requisitos para la presentación del recurso.
Además, no es necesario el patrocinio de un abogado,
a quien se acude por simple desconocimiento de las
disposiciones legales.
Trámite Sencillo y
Sumario:
De la Formalidad del
Recurso:

La misma disposición constitucional
contenida en el Art. 93 y concordante con ella el Art. 31 de la
Ley de Control Constitucional, establece que el Habeas
Corpus procede en los siguientes casos:

Cuando no ha sido presentado el
detenido;
Cuando no se exhibiere la orden de
privación de libertad;
Cuando ésta no cumpla con los
requisitos legales;
Cuando se haya incurrido en vicios de
procedimiento en la detención y,
Cuando se haya justificado el fundamento del
recurso. Nótese que este último caso en el que
procede el Recurso de Habeas Corpus es muy
general e indeterminado, por lo que puede presentarse a una
serie de interpretaciones.

De hecho, en la Legislación Ecuatoriana
coexisten el Recurso de Habeas Corpus y el
"amparo de
libertad" para tutelar el derecho fundamental de la
libertad.

Este ultimo solo es procedente ante el abuso del
poder o la violación de los preceptos legales, pero la
frase a la que nos hemos referido, como se dijo, resulta
indeterminada e imprecisa por lo que podría pensarse que
pueden ser también otras razones distintas a las meramente
formales las que harían procedente el recurso
constitucional, a parte de crear dudas sobre cuál de las
dos garantías antes mencionadas es el
procedente.

El problema es mayor si se considera en el caso
"haberse justificado el fundamento del recurso", pues,
podría entenderse que el alcalde está resolviendo
sobre el fondo del asunto, lo cual es inaplicable, dado que no
tiene competencia para ello. Bien dice el doctor Ricardo VCA
ANDRADE que: "un Alcalde debe tener toda la integridad moral que el
caso requiere para resistir a las tentaciones que ponen a su
vista abogados inescrupulosos para conseguir que se
desvirtúe la naturaleza del
recurso que no es otra cosa que la de evitar procedimientos
equivocados. El recurso es netamente formal, y por ello tan solo
le permite al Alcalde o Presidente del Concejo analizar las
formalidades de la privación de la libertad sin entrar a
analizar el fondo, es decir las causas o motivos que hubiere
tenido el juez para arriar a tan grave resolución. De
ahí que la defectuosa redacción de la norma constitucional ("o en
fin, si se hubiere justificado el fundamento del recurso") en la
última de las causas, siendo tan vaga y general, han
servido de pretexto para que no uno sino varios Alcaldes del
país se consideren con suficiente respaldo legal para
entrar a revisar actuaciones netamente judiciales; y,
considerando que "se ha justificado" el recurso de Habeas
Corpus, revocar órdenes de prisión legal y
fundamentalmente expedidas. Al respecto, nuestro criterio es el
de que se hace necesaria una revisión de esta
última causa, precisando debidamente su contenido para que
los Alcaldes no rebasen de sus atribuciones".

En Colombia
la primera consagración del Habeas
Corpus se encuentra en la Constitución
Política del Estado de
la Nueva Granada de 1 832, en cuyo Título X:
Disposiciones Generales, artículo 186 se
dispuso que:
"..Dentro de doce horas, a lo
más, de verificada la prisión o arresto de
alguna persona, expedirá el juez una orden firmada en
que se expresen los motivos del arresto o prisión si
debe o no estar o continuar incomunicado el preso, y se le
dará copia de ella. El juez que faltare a esta
disposición, y el carcelero que no reclamare la orden,
pasadas las doce horas, serán castigados como reos de
detención arbitraria. Ni uno ni otro podrán
usar de más apremios o prisiones que los necesarios
para la seguridad
del preso o arrestado."
La actual Constitución colombiana es la
primera en hacer del Habeas Corpus una
Garantía Constitucional. La Constitución
Política de 1 991 en el Título II: De
los Derechos,
las Garantías y los Deberes, Capítulo 1
De los Derechos Fundamentales, en su Art. 30º, le
dio expresa categoría de derecho fundamental
constitucional a la garantía del Habeas
Corpus así:
."Quien estuviere privado de la libertad, y
creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante
cualquier autoridad judicial, en todo tiempo,
por sí o por interpuesta persona, el Habeas
corpus, el cual debe resolverse en el término de
treinta y seis horas."
El Art. 85º de la Carta,
señala que el derecho de Habeas Corpus
es de aplicación inmediata, lo que significa que no
requiere de desarrollo
legal ni de otro acto para efectos de su aplicación y
garantía. El Art. 152º, Lit. a) de la misma,
establece que la regulación de los derechos y deberes
fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos
para su protección, debe hacerse mediante ley
estatutaria. Así, el Habeas Corpus fue
regulado por la Ley Nº 600 del 2 000, por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal en los Arts.
382º a 389º. Sin embargo, en Sentencia C-620 de 2
001, se declararon inexequibles tales disposiciones por
cuanto el Habeas Corpus había sido
objeto de una regulación exhaustiva, íntegra y
completa por el legislador ordinario, que afectó el
núcleo esencial del derecho
fundamental
De esta forma, se invocó al legislador
para que expidiera una Ley Estatutaria que regulara el
derecho fundamental del Habeas Corpus, los
procedimientos y recursos para su protección antes del
31 de Diciembre del 2 002, pues de no ser así, las
disposiciones mencionadas desaparecerían del
ordenamiento a partir de ese momento. La Sentencia C-620 de
2001 señala que uno de los miembros de la Asamblea
Nacional Constituyente, expuso el doble carácter del Habeas
Corpus así:
"…Una de las
garantías más importantes para tutelar la
libertad, es la que disfruta toda persona que se creyere
privada ilegalmente de ella para invocar ante cualquier
autoridad jurisdiccional y en todo tiempo por sí o por
interpuesta persona, el derecho de Habeas corpus, el cual no
podrá ser suspendido ni limitado en ninguna
circunstancia. La acción debe resolverse en el
término de treinta y seis horas, lo cual refuerza el
carácter imperativo de la norma y le otorga a los
posibles perjudicados la posibilidad de recuperar de
inmediato su
libertad…"
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede
observar la doble naturaleza del Habeas Corpus,
pues de una parte se le consagra en el Título
II: De los derechos Fundamentales,
otorgándole un carácter supremo e inalienable,
y por otra, se le regula como un medio procesal
específico encaminado a proteger la libertad física, .cuyos
alcances tienen por destino el definir si la captura se
realizó con fundamentos ilegales de cualquier género, que se ocupa de las detenciones
practicadas sin supuestos materiales
que las justifiquen, o de las que han sido dispuestas con
vulneración de las garantías constitucionales
preestablecidas, o por haberse excedido en el plazo
autorizado legalmente para la detención policial.
(Sentencia C-010 de 1 994).
Asimismo, es de resaltar el gran valor que
se le otorga a la libertad física en el ordenamiento
constitucional colombiano en comparación con los
demás derechos fundamentales que consagra la Carta, pues
el Habeas Corpus debe resolverse en el
término de treinta y seis horas, mientras que la
acción de tutela
tiene un plazo de diez días (Art. 86º CP). La
Corte en Sentencia T-046 de 1 993, indicó que el
constituyente elevó este mecanismo procesal a la
naturaleza de derecho fundamental con el fin de otorgarle
mayor garantía, siendo de aplicación inmediata,
vinculante y de imperativa observancia por todas las
autoridades públicas.
Atendiendo al carácter fundamental del
Habeas Corpus, el legislador cumpliendo con el
mandato constitucional expide la ley Estatutaria 1 095 del 2
006, por la cual se reglamenta el Art. 30º de la
Constitución Política
Colombiana.
Con la expedición de la Ley 1 095 del 2
006 se dio un paso necesario en el ordenamiento colombiano,
en tanto que si bien ya estaba reglamentado el derecho
fundamental de Habeas Corpus en la
legislación de procedimiento penal, la Corte
Constitucional derogó sus normas y
ordenó al legislador expedir una ley estatutaria que
fuera aprobada y sancionada conforme a los requisitos
exigidos en la Carta Constitucional para tal efecto, en tanto
que derecho fundamental.
De esta manera se redacta con gran fortuna un
estatuto a esta acción y la denomina principalmente
como una acción constitucional otorgándole el
matiz de garante de los derechos fundamentales del hombre y
que en su aplicación deberá perseguirse el
principio pro homine, principio pilar de todo el contenido de
los tratados
de derecho
internacional en materia de
derechos
humanos que ha desplazado el simple y particularista
derecho de los Estados como parte de un contrato.
Se reafirma en la norma el hecho que es uno de
aquellos derechos que no pueden ser suspendidos en
ningún momento y bajo ninguna circunstancia por la que
esté atravesando el
Estado.
La norma asimismo, trae una importante
claridad, que estriba sobre el punto que puede ser incoada
por cualquier persona en procura de los derechos
fundamentales de un tercero aún sin que medie mandato
que lo autorice, esto, en consonancia con la exigencia de la
aplicación del principio pro homine que lleva
envuelta.
Sin embargo trae una nota que deja abiertas
varias posibilidades en cuanto a los requisitos para dar
trámite a la acción, como lo son el nombre de
la persona por la cual se solicita la acción, el lugar
de reclusión, el nombre del funcionario que
ordenó la detención si se conoce, el nombre del
peticionario y teléfono así como
identificación y domicilio, requisitos que aunque
estipula que si alguno falta pero la información suministrada es suficiente,
ha de tramitarse, lleva a pensar que será cada juez el
que determine cuáles son los requisitos para la
presentación de la misma, situación que raya en
un vacío un poco peligroso en cuanto a la
protección del derecho a la igualdad y
otros derechos fundamentales.
De manera seguida, consigna una
institución importantísima como es la audiencia
por la cual se lleva ante el juez a la persona retenida y que
en caso de grave inconveniencia, seguridad u otros motivos
fundados, ha de ser el Juez quien deba acercarse al lugar de
reclusión, en todo caso para confirmar con la persona
objeto de la acción las circunstancias en que se da la
retención.
Es determinante la norma al señalar
claramente como la declaratoria de amparo del Habeas
Corpus constituye un mandato de excepción,
pues cuando la libertad fue producto
de esta acción, todas las medidas conducentes a
impedir la puesta en libertad del afectado, no
procederán mientras no se restituyan los derechos
fundamentales.
Y como todo texto
legal que ampare derechos fundamentales mediante una
acción ha de tener un elemento coactivo para que los
funcionarios o autoridades encargados de hacerlo cumplir,
hagan posible su efectividad, la Ley Nº 1 095 en su
parte final incluye la obligación del Juez que conozca
de la acción y que determine la aplicación del
Habeas Corpus de compulsar copias con destino a
la
investigación penal de la conducta
de las autoridades responsables de la detención
ilegal, arbitraria o que se prolongue injustificadamente para
determinar su responsabilidad por haberse conculcado los
derechos fundamentales de la persona amparada por la
decisión.
Fue un mandato constitucional que
demoró 15 años en ser cumplido, pues en 1 991,
con la expedición de la Carta Constitucional que
ordenó que los derechos fundamentales fueran
desarrollados mediante el trámite de una ley
estatutaria, estaba haciendo falta tal norma. Como se
mencionó antes, las normas que quedaron en firme y que
en adelante constituirán el marco de aplicación
del amparo de Habeas Corpus ya hacían
parte de la legislación penal, pero la Corte
Constitucional las declaró en contravía de la
Constitución por no haberse dado el trámite
idóneo para su integración al ordenamiento
interno.
De esta forma hay quienes afirman que el
ordenamiento penal fue convertido en un soldado de 2 cabezas
que piensan diferente y que en definitiva van contra la
armonía y la unidad de materia.
Otra de las críticas es que la orden
que le dio la Corte Constitucional al Congreso de expedir la
norma estatutaria antes de culminar el año 2 002 so
pena de que las normas contenidas en el Código de
Procedimiento Penal desaparecerían quedando en un
limbo jurídico la protección de los derechos
fundamentales por este conducto, sólo se dio hasta 2
006 con la aparición de la Ley Nº 1 095 y que en
definitiva no se puede negar que fue un periodo que no tuvo
protección legal en el que seguramente los agravios a
la libertad no brillaron por su ausencia.
El Habeas Corpus en
Colombia:
La finalidad con la que nació el
Habeas Corpus en Bolivia,
se adscribe dentro de los fines que persiguió esta
garantía desde sus primeras articulaciones jurídicas, hasta su
configuración moderna: dotar a la persona humana de un
medio de defensa breve y sumario, destinado a conservar o
recuperar su libertad, cuando la misma hubiere sido indebida
o arbitrariamente vulnerada, como alternativa a los
procedimientos ordinarios caracterizados por la morosidad en
su tramite y resolución.
Esta acción tutelar instituida en
resguardo de los derechos a la libertad física y a la
libertad de locomoción, no puede ser dirigida en
contra de particulares, sino únicamente en contra de
funcionarios y/o autoridades
públicas
El Hábeas Corpus en
Bolivia:
El Habeas Corpus en
Uruguay:

La Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre en su Art. XVIII establece que:
"Toda persona puede ocurrir a los
tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer
de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo
ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio
suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente".

La Constitución del Uruguay
de 1 967 dispone que:
Art. 17º: En caso de prisión
indebida el interesado o cualquier persona podrá
interponer ante el Juez competente el recurso de habeas
corpus, a fin de que la autoridad aprehensora explique y
justifique de inmediato el motivo legal de la
aprehensión, estándose a lo que decida el
Juez indicado".
Art. 30º: "Todo habitante tiene
derecho de petición para ante todas y cualesquier
autoridades de la
República".
Dispositivo
Constitucional:
Sobre "El sistema
normativo relacionado con la protección de los
derechos humanos", se desprende que, por lo menos
expresamente, las normas constitucionales arriba
transcritas no han sido revocadas o suspendidas. Sin
embargo, el Gobierno
sostiene la interpretación de que el recurso de
Habeas Corpus no es procedente en los casos
de arrestos por medidas prontas de
seguridad.
Según algunas denuncias recibidas por
la Comisión, esto quita toda vigencia al recurso,
porque arrestos que se efectúan sin
intervención judicial son calificados a
posteriori como realizados "en aplicación de las
medidas prontas de seguridad". La Comisión encuentra
fundamentos para dar crédito a esta afirmación, en
el hecho de que los informes
recibidos del Gobierno, sobre casos particulares de
arresto, sumamente numerosos, efectivamente invocan
corrientemente la aplicación de las "medidas prontas
de seguridad", en los casos en que no intervino la Justicia
Militar.
"De hecho, cuando se detiene a una persona
nadie sabe si su arresto se calificará luego como de
"aplicación de las medidas prontas de seguridad" y
se la liberará después de un lapso
imprevisible de prisión administrativa, o se
dará cuenta a un Juez Militar; y lo más
corriente es que la propia autoridad aprehensora tampoco
sepa aún si hará en definitiva una cosa o la
otra.
La Constitución establece el recurso
de Habeas Corpus; pero la
interpretación admitida por las autoridades le quita
toda posible efectividad.
Cuando se trata de casos sometidos a la
Justicia Militar, los Jueces Letrados de Instrucción
(competentes en el recurso) consideran que la
intervención de otra autoridad "jurisdiccional"
asegura la garantía que la Constitución
concedió, ya que la misma sólo se refiere a
detenciones administrativas. Y cuando no interviene Juez
Militar – o sea en los casos atribuidos al efecto de
las "medidas prontas de seguridad" – se sostiene que
la vigencia de tal régimen de excepción
enerva el recurso de Habeas Corpus. Los
Jueces que no comparten este punto de vista sólo han
llegado a inquirir de la autoridad aprehensora, mediante
oficio, la situación del detenido; pero se han
conformado con las respuestas que simplemente confirman la
detención y la explican con la invocación del
"régimen vigente de medidas prontas de
seguridad".
Improcedencia en casos de Arresto por
Medidas Prontas de Seguridad:
Alcance del Habeas
Corpus:

En lo que respecta al alcance del Habeas
Corpus, parece conveniente reiterar el pensamiento de
la Comisión Permanente. En otro informe sobre la
misma materia, ésta señaló lo
siguiente:

[…] ninguna forma de detención
arbitraria (irregular, abusiva, contraria a derecho) está
excluida del control de regularidad jurídica que supone el
habeas corpus. Y es innecesario demostrar que ese vicio de
arbitrariedad tanto se puede presentar en el caso de una
privación dispuesta por un modesto agente de
policía, como por el Presidente de la República, o
por quien haya recibido de él, en virtud de una
delegación de competencia (regular o no), tan excepcional
potestad. Claro es que el Juez no podrá discutir el
mérito de la decisión, no podrá discutir si
las exigencias del mantenimiento
del orden público hacen necesario o no que el ciudadano X
sea detenido preventivamente; pero podrá, en cambio,
reclamar que el cuerpo del detenido sea traído a su
presencia (habeas corpus), lo que le permitirá verificar
si vive o no, si está físicamente íntegro o
no, si presenta o no signos de
malos tratos o de tortura; le permitirá saber dónde
encuentra y se tiene o no quien le preste asistencia letrada;
podrá decidir si la orden de detención ha provenido
o no de autoridad competente y si reúne o no los
requisitos formales indispensables; podrá comprobar si el
detenido está en un lugar adecuado, o mezclado en una
cárcel con delincuentes comunes, etc. etc. Esa es la
enorme, la trascendental significación que posee el
recurso de habeas corpus en estos casos
excepcionales.

1. Aspectos
  Procesales:
El Habeas Corpus en
Cuba:

La Constitución de la República de
Cuba, aprobada
mediante la celebración del referendo del
15 de febrero de 1 976; y reformada en 1 992, y recientemente en
el 2 002, fija los fundamentos políticos, sociales y
económicos de un Estado socialista, los principios de sus
instituciones,
así como reconoce un elenco de derechos, deberes y
garantías de los individuos.

Sin embargo en la Constitución de Cuba se
ha omitido toda referencia al Habeas Corpus como
mecanismo protector de la libertad personal.
Sí se consagra este derecho en su Capítulo VII,
sobre "Derechos, Deberes, y
Garantías Fundamentales", al establecer
en el Art. 58º que la libertad e inviolabilidad de su
persona están garantizadas a todos los que residen en el
territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos,
en la forma y con las garantías que prescriben las
leyes. El
detenido o preso es inviolable en su integridad personal. El Art.
59º hace referencia a algunos principios sobre el derecho al
Debido Proceso. Por
tanto la Constitución deja a las leyes correspondientes la
determinación de los casos y la forma en que
inevitablemente ha de privarse de libertad a una persona o
limitarse, de manera provisional, esta libertad
personal.

A pesar de que en la Constitución no se
hace referencia expresa a esta importante garantía, se ha
regulado el proceso en la Ley No. 5, de 13 de Agosto de 1 977
como uno de los procedimientos especiales regulados en libro sexto de
dicha ley. Este procedimiento especial señala en su Art.
467º:

"Toda persona que se encuentre
privada de libertad fuera de los casos o sin las formalidades y
garantías que prevén la Constitución y las
leyes, debe ser puesta en libertad, a petición suya o de
cualquier otra persona, mediante un sumarísimo proceso de
Habeas Corpus ante los tribunales
competentes".

Y precisa también a
continuación:

"No procede el Habeas
Corpus en el caso de que la privación de libertad
obedezca a sentencia o auto de prisión provisional dictado
en expediente o causa por delito".

El procedimiento de Habeas Corpus se
presenta y resuelve en los respectivos tribunales provinciales
cuando se trata de actos ilegales realizados por los
Instructores, Fiscales, Tribunales Municipales Populares o de los
agentes de la autoridad del territorio del Tribunal Provincial
Popular respectivo. Pero cuando los actos ilícitos
proceden de los Tribunales Provinciales el procedimiento se
presenta y resuelve en las Salas correspondientes del Tribunal
Supremo Popular.

En la solicitud a que se hace referencia deben
consignarse de manera precisa los siguientes
particulares:

La persona a cuyo favor se pida el
mandamiento de libertad, el lugar donde se halla privada de
ella, y la autoridad o su agente, o el funcionario que la
mantenga en esa situación.
Los motivos de privación de libertad,
según el leal saber y entender del
peticionario.
Que la privación de libertad no ha
sido dispuesta a virtud de sentencias o de auto de
prisión provisional dictado en expediente o causa por
delito.
Si el encarcelamiento o privación de
libertad existe por virtud de un auto, providencia o
cualquier otra disposición, se agregará a la
solicitud una copia del mismo a no ser que el solicitante
asegure que, por razones de la traslación de la
persona encarcelada o privada de libertad con anterioridad a
la solicitud, no pudo exigirse tal copia o porque ésta
se exigió y fue rehusada su
entrega,
El peticionante hará constar en
qué consiste la ilegalidad que aduzca. Si el
solicitante ignora alguna de las circunstancias que se
señalan en este artículo, debe también
consignarlo expresamente.

Una vez recibida dicha solicitud, procederá
el Tribunal a darle curso, a no ser que resulte evidente que no
existen fundamentos legales para sostenerla y continuar los
trámites correspondientes. De acceder a dar curso a la
solicitud, ordenará a la autoridad o funcionario a cuya
disposición se encuentre el preso o detenido que lo
presente ante el Tribunal el día y la hora que al afecto
se señale, dentro del término de 72 horas. De la
misma manera podrá requerir a dicha autoridad o
funcionario para que informe por escrito cuándo y por
qué se realizó la prisión o detención
y el delito que se le impute al detenido. Si la persona a quien
se le dirige tal orden informa que no lo tiene bajo custodia o
sujeción, se le exhortará nuevamente para que
exprese si en algún momento lo tuvo y traspasó a
otra autoridad o funcionario y cuál es
éste.

Este mandamiento deberá ser cumplido
inexcusablemente. La autoridad o funcionario a quien se haya
dirigido presentará el preso o privado de libertad que
esté bajo su custodia de conformidad con lo ordenado en el
mandamiento, a menos que justifique a satisfacción del
tribunal la imposibilidad de hacerlo por causa alguna
insuperable. En todo caso, se deberá comprobar la certeza
de la imposibilidad alegada y se adoptarán las medidas
necesarias para sustanciar el proceso en el menor tiempo
posible.

Si la autoridad o funcionario a quien se haya
dirigido el mandamiento se resiste a cumplirlo sin causa justa,
el Tribunal lo librará a su superior jerárquico,
sin perjuicio de dar cuenta al Tribunal competente para que
conozca del delito en que hubiere podido incurrir. Presentado el
detenido con el informe correspondiente o en el caso relacionado
anteriormente, se celebrará una vista oral, en la que se
practicarán las pruebas
pertinentes que presenten los interesados; y una vez oídas
las alegaciones de éstos, el Tribunal dictará auto
fundado en el que decidirá lo que
proceda.

Al respecto si el Tribunal estima que existen
motivos para mantener la prisión del detenido,
declarará sin lugar la solicitud. De lo contrario, se
dispondrá su libertad inmediata.

Cuando el auto de Habeas Corpus es
declarado con lugar no se originará recurso alguno.
Mientras que contra el que lo deniegue, si proviene de un
Tribunal Provincial Popular, procede recurso de apelación
ante la Sala respectiva del Tribunal Supremo Popular que se
tramita en la forma que establece el Art. 439º. Contra el
auto dictado por una Sala del Tribunal Supremo Popular no procede
recurso alguno.

La Ley de Procedimiento aclara que no puede
repetirse la solicitud en relación con la misma
situación que haya determinado la denegación de
otra anterior, a menos que nuevos hechos hayan desvirtuado los
motivos que justifican la prisión o detención de
que se trate.

Cuando se ponga en libertad a la persona a virtud
de Habeas Corpus, no puede privársele
nuevamente de libertad por la misma causa, a menos que
circunstancias posteriores así lo
ameriten.

Deficiencias y perspectivas para el
perfeccionamiento del Habeas Corpus en
Cuba:

En Cuba el Habeas Corpus presenta
una realidad compleja, el mismo exhibe peculiaridades exclusivas,
que lo hacen atípico si lo comparamos con otras
legislaciones. La gran problemática en este sentido es que
esta garantía tan importante y de tan antiquísima
tradición, ha caído en el desuso.
Prácticamente en nuestros tribunales no se le invoca. Ni
siquiera constituye un espacio controvertible en los debates
académicos, y las referencias a él son muy
distantes y parcas. Incluso los especialistas en cuestiones
procesales ofrecen opiniones como esta: el procedimiento de
Habeas Corpus de la ley procesal penal pudiera
considerarse una institución anacrónica y
extemporánea, rezago olvidado de legislaciones anteriores,
en las que significaba un medio de lucha contra las habituales
detenciones ilegales y las desapariciones de los luchadores
revolucionarios de nuestra patria. En la actualidad, cuando se
han eliminado completamente por la Revolución
los desmanes típicos de la sociedad
burguesa que antes vivimos, cuando no existen detenciones
arbitrarias, ni desapariciones de ciudadanos y se cumplen
concientemente todas las formalidades para la detención de
una persona, esta institución no tiene utilización
práctica, carece de razón de ser, pero no obstante
sobrevive como una garantía más de los derechos que
proclaman nuestra Constitución, su existencia e
inactividad es un monumento silencioso a la justicia en el
socialismo.

En esta situación influye la primera de las
problemáticas técnicas–
jurídicas. La misma está referida a que el
Habeas Corpus no goza de un reconocimiento
constitucional.

El sistema de garantías de los derechos
fundamentales en Cuba país se caracteriza por la falta de
regulación expresa de los mecanismos tutelares de los
derechos en la Constitución, aún y cuando el
Capítulo VII se denomina Derechos, Deberes y
Garantías Fundamentales, refiriéndose solamente
este capítulo a las premisas o garantías de
carácter material y no a los instrumentos adecuados para
una pronta y eficaz tutela de los derechos ante cualquier amenaza
o vulneración de los mismos. En consecuencia, la
Constitución omite toda referencia expresa al Habeas
Corpus. Prima el criterio que a pesar de que leyes
complementarias lo hagan, es de vital importancia su
consagración constitucional, primero, porque así
estos principios adquieren un carácter supremo, se
convierten en derechos fundamentales de la persona, y por tanto
quedarían establecidos como mandatos imperativos, los
cuales el legislativo o las autoridades públicas no deben
desconocer. Si no se consagra un derecho de manera
constitucional, se corre el riesgo que pueda
ser suspendido en cualquier momento y se pueda hacer un uso
arbitrario de la institución. El alcance, contenido y
efectividad podría quedar en manos de quienes no deben
estar facultados para ello.

Esta situación de falta de reconocimiento
constitucional de la garantía a la libertad, tiene tanta
trascendencia, que se puede llegar al punto de atentar o
contradecir la naturaleza jurídica de este mecanismo,
recordemos que más que una mera tramitación, el
Habeas Corpus es un derecho, referido a la facultad
que tiene la persona de reclamar ante la autoridad
correspondiente por la violación inminente y actual de su
libertad. Si se excluye su consagración en la
Constitución se desvaloriza su función como
derecho, reduciéndolo a un circuito técnico –
procesal o a un simple formalismo.

Analizando en esta línea podemos
percatarnos de que la ausencia de referencia al Habeas
Corpus en la Carta Magna, influye en la exigua cultura
jurídica de la que hablábamos. Si la
Constitución de la República, por su
carácter de norma suprema y su contenido social es el
cuerpo jurídico que más debe conocer la población, de estar consagrada en la Ley
Suprema la garantía, una buena parte de la
población podría por lo menos conocer de su
existencia. La Ley de Procedimiento Penal, donde se regula el
Habeas Corpus, es prácticamente usada
solamente por los operadores del derecho, por tanto es
difícil que una persona ajena al sector jurídico
pueda tener acceso a ella.

El Habeas Corpus en
Panamá:

En el Ordenamiento Jurídico
Panameño, tanto el Art. 23º de la Constitución
Nacional como el Art. 2574º del Código Judicial
señalan, en forma clara, el objeto de esta
institución. Así, el Art. 23º de la
Constitución Nacional expresa lo
siguiente:

"Artículo 23. Todo individuo
detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta
Constitución y la Ley, será puesto en libertad a
petición suya o de otra persona, mediante el recurso de
Habeas Corpus."

Según este artículo, se colige que
el objeto del Habeas Corpus es la reposición
del Derecho de Libertad Corporal del individuo injustamente
detenido.

Por otro lado, el Capítulo I, del
Título II, Libro Cuarto del Código Judicial, en su
Art. 2574º se manifiesta al respecto de la naturaleza y el
objeto de la acción del Habeas Corpus de la
siguiente forma:

"Artículo 2574. Todo individuo detenido
fuera de los casos y la forma que prescriben la
Constitución y la Ley, por cualquier acto que emane de las
autoridades, funcionarios o corporaciones públicas del
órgano o rama que fuere, tiene derecho a un mandamiento de
Habeas Corpus, a fin de comparecer inmediata y
públicamente ante la justicia para que lo oiga y resuelva
si es fundada tal detención o prisión y para que,
en caso negativo, lo ponga en libertad y restituya así las
cosas al estado anterior."

Este precepto, al desarrollar el artículo
constitucional del Habeas Corpus, no sólo
reafirma lo establecido por éste, sino que especifica de
forma más clara el objeto de la acción al momento
de distinguir un detalle importante consistente en que el
funcionario conocedor del Habeas Corpus está
obligado a resolver sobre si es fundada la detención o la
prisión y, en caso de ser negativa la orden de
detención, debe poner en libertad al
detenido.

Lo que se pretende con la Acción de
Habeas Corpus es que la persona afectada por una
detención efectuada de forma contraria a la Ley o a la
misma Constitución recupere su libertad lo más
pronto posible. En pocas palabras, el objeto de la acción
de Habeas Corpus es la protección de la
libertas corporal, lo que nos lleva a indagar sobre qué es
la libertad corporal, así como también saber
cuáles son los presupuestos
de la Acción de Habeas
Corpus.

Presupuestos de la Acción de
Habeas Corpus:

El Habeas Corpus requiere, en
primer lugar, que se restrinja la libertad corporal de una
persona, es decir, que exista un acto consumado en
perjuicio de la libertad de una persona.
Cuando la Constitución, en su Art.
23º, señala: "todo individuo
detenido", se refiere a la persona que
verdaderamente haya sido víctima de un acto que le
impida movilizarse libremente. Siendo así, el Habeas
Corpus conlleva una finalidad reparadora, puesto que busca
que la persona afectada recupere su derecho a la libertad y
vuelva a ser libre.
El Código Judicial, en la parte final
de su Art. 2574º, establece claramente que éste
es el efecto principal del Habeas Corpus.
Taxativamente, el mencionado artículo dispone el
carácter reparador del Habeas Corpus,
en pro de la libertad corporal, cuando enuncia: "…y
restituya así las cosas al estado
anterior".
Privación de la
Libertad:
Ilegalidad de la
Detención:

El Art. 21º de la Constitución
Nacional vigente señala los casos en que una persona puede
ser privada de su libertad. El tenor del referido precepto
constitucional dice:

"Artículo 21. Nadie puede ser privado de
su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad
competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y
por motivo previamente definido en la Ley. Los ejecutores de
dicho mandamiento están obligados a dar copia de
él, al interesado si la pidiere.

El delincuente sorprendido in fraganti puede
ser aprendido por cualquier persona y debe ser entregado
inmediatamente a la autoridad.

Nadie puede ser detenido más de
veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de la
autoridad competente. Los servidores
públicos que violen este precepto tienen como
sanción la pérdida del empleo, sin el
juicio de las penas que para el efecto establezca la
Ley.

No hay prisión, detención o
arresto por deudas u obligaciones
puramente civiles."

El Código Judicial consagra otros actos
atentatorios de la libertad que son considerados ilegales, en los
que también procede el Habeas Corpus.
Así lo dispone el Art. 2575º del Código
Judicial cuando establece al respecto:

"Artículo 2575. Para los efectos del
artículo anterior se consideran, además, como acto
sin fundamento legal:

La detención de un individuo como
merma de las garantías procesales previstas en el
artículo 22 de la
Constitución.
La privación de la libertad de una
persona a quien intenten juzgar más de una vez por la
misma falta o delito.
La detención de una persona por
orden de una autoridad o funcionario carente de facultad para
ello.
La detención de una persona
amparada por una ley de amnistía o por un decreto de
indulto; y
El confinamiento, la deportación y
la expatriación sin causa
legal."

Estas garantías están consagradas en
el Art. 22 de la Carta Magna Panameña que es del tenor
siguiente:

"Artículo 22. Toda persona detenida debe
ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible,
de las razones de su detención y de sus derechos
constitucionales y legales
correspondientes.

Las personas acusadas de haber cometido un
delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se pruebe su culpabilidad
en juicio público que le haya asegurado todos las
garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido
tendrá derecho desde ese momento, a la asistencia de un
abogado en las diligencias policiales y
judiciales.

La Ley reglamentará esta
materia."

El principio de la Cosa Juzgada posee rango
constitucional debido a que el mismo está contemplado en
el Art. 32º de la Constitución Política, el
que se expresa de la siguiente manera:

"Artículo 32. Nadie será juzgado
sino por autoridad competente y conforme a los trámites
legales, ni más de una vez por la misma causa penal,
policiva o disciplinaria."

Competencia del Habeas
Corpus:

La competencia, o facultad que tiene un Tribunal
para conocer de un asunto determinado, en materia de Habeas
Corpus se determina utilizando dos criterios. El primero
de ellos está relacionado con la autoridad responsable del
acto de detención; el segundo, se relaciona con la
competencia de oficio.

Competencia por la Autoridad
Responsable del Acto:

El legislador panameño se ha apegado a la
calidad o el
ámbito de poder del funcionario que ejecutó el acto
demandado como arbitrario para así distribuir la
Competencia del Habeas Corpus. La Competencia del
Habeas Corpus, en este sentido, está ligada
a la competencia y jurisdicción territorial de la
autoridad que ejerce el funcionario que emite la orden de
detención.

El Art. 2611º del Código Judicial
determina el Tribunal competente para cada caso de Habeas Corpus
de la siguiente forma:

"Artículo 2611. Son competentes para
conocer de la demanda de
Habeas Corpus:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia
por actos que procedan de autoridades o funcionarios con
mando y jurisdicción en toda la República o en
dos o más provincias;
Los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, por actos que procedan de autoridades o
funcionarios con mando o jurisdicción en una
provincia;
Los Jueces de Circuito en el ramo de lo
penal por actos que precedan de autoridad o funcionario con
mando o jurisdicción en un distrito de su
circunscripción; y
Los Jueces Municipales para actos que
procedan de autoridad o funcionario con mando o
jurisdicción parcial en un distrito
judicial."

Competencia de
Oficio:

Normalmente, un Tribunal de Habeas
Corpus adquiere el
conocimiento de un Proceso de Habeas Corpus a
petición de la parte afectada. La Acción de
Habeas Corpus se dirige al Tribunal competente
según la ley, y casi siempre la petición la
efectúa la parte afectada o su apoderado
judicial.

A pesar de ello, en nuestro ordenamiento
jurídico consagra un tipo muy especial de Habeas
Corpus que es el que se conoce como Habeas
Corpus de Oficio. Esta medida excepcional que autoriza al
Tribunal a conocer de oficio un Habeas Corpus
está fundamentada legalmente por el Art. 2605º del
Código Judicial. El señalado artículo
expresa lo siguiente:

"Artículo 2605. Procedimiento igual
podrá seguirse, cuando el juez competente para la
expedición de un mandamiento de Habeas Corpus, compruebe,
al visitar una cárcel o establecimiento penal, que
allí se encuentran individuos detenidos o presos sin causa
conocida o sin estar a órdenes de ninguna autoridad o
funcionario competente."

Primeramente, cabe destacar que el único
requisito que el citado artículo exige para tramitar estos
Habeas Corpus de Oficio es que el Juez que inicia
el proceso sea competente por razón del funcionario que
mantiene la detención. El conocimiento
de esta materia se mantiene en los mismos Tribunales encargados
de conocer de los Habeas Corpus promovidos por los
particulares.

También es necesario recordar que los
Juzgadores Penales tienen el deber de efectuar visitas
periódicas a los centros penitenciarios, ya que así
lo establece el Art. 2538º del Código Judicial al
enunciar lo siguiente:

"Artículo 2538. Todos los
establecimientos penales serán visitados por los
funcionarios competentes del Órgano Judicial y del
Ministerio Público, cada mes. Durante el acto, el Director
de la cárcel o quien haga sus veces, deberá
permanecer en aquella y acudir al llamamiento del Juez, Tribunal
o Agente del Ministerio Público, para informar sobre
cualquier asunto de interés."

Respecto a la aplicabilidad de este tipo de
Habeas Corpus, se puede apreciar que su uso
práctico es poco frecuente y casi no figura en los
repertorios jurisprudenciales. A pesar de ello, la norma
está vigente en el ordenamiento jurídico
panameño y se puede aplicar en cualquier
momento.

Apelación del Fallo de Habeas
Corpus:

Conforme a las reglas del Derecho
Procesal Ordinario de Panamá,
las resoluciones judiciales son susceptibles de
impugnación, la que puede ser solicitada por alguna de las
partes o por ambas dentro del proceso.

En todo Estado de
Derecho, el funcionario que dicte una resolución
estará sujeto a que la misma sea susceptible de una
posible invalidación decretada por el superior
jerárquico. Debido al principio de igualdad ante la ley
que rige en el ordenamiento jurídico, las partes
involucradas en todo proceso poseen la facultad de impugnar la
resolución dictada. Siendo así, el Habeas
Corpus no escapa a estas reglas.

El Art. 2608º del Código Judicial
establece que contra el fallo que dicte el Tribunal de
Habeas Corpus cabe el Recurso de
Apelación. El mencionado precepto legal expresa lo
siguiente:

"Artículo 2608. Contra la sentencia que
dicte el Tribunal de Habeas Corpus sólo cabe el recurso de
apelación, en el efecto suspensivo, en el caso de que se
declare procedente la detención."

La precitada norma ofrece un beneficio adicional
para el perjudicado por la restricción de la libertad. En
el supuesto de que se declare procedente la detención, que
es la única forma en la que se puede apelar al fallo del
Tribunal de Habeas Corpus, la apelación a
este fallo se concede en el efecto suspensivo, es decir, que el
detenido debe recuperar su libertad hasta tanto el Tribunal
jerárquicamente superior resuelva el recurso
interpuesto.

1. La Constitución Nacional Argentina
  omitió toda la referencia expresa del Habeas
  Corpus.
  El Art. 18º establece que:
  "Ningún habitante de la Nación puede ser arrestado sino en
  virtud de orden escrita de autoridad competente". El
  Art. 33º expresa que: "Las declaraciones,
  derechos y garantías, que enumera la
  Constitución, no serán entendidos como
  negación de otros derechos y garantías, no
  enumerados".
  El Habeas Corpus ha sido
  institucionalizado por las constituciones provinciales y
  reglado por leyes nacionales y
  provinciales.
  La Reforma Constitucional de 1 949
  constitucionalizó el Habeas Corpus
  en el Art. 29º: "Todo habitante podrá
  interponer por sí o por intermedio de sus
  parientes o amigos, recurso de hábeas corpus ante
  la autoridad judicial competente, restricción o
  amenaza a la libertad de su persona. El tribunal,
  comprobada la violación, hará cesar la
  restricción o la amenaza".
2. La Constitución
  Nacional:
3. La Legislación
  Argentina:
La Ley Nº 23 098 del año 1 984,
por el Art. 3º corresponde Habeas Corpus,
cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad
pública, que implique la limitación o la
amenaza de la libertad ambulatoria, sin orden escrita de
autoridad competente; siendo igualmente, el caso de accionar
por Habeas Corpus, cuando se diera la
circunstancia de que se agravara ilegítimamente, la
forma y condiciones en que se cumple la privación de
la libertad (Art. 4º).
El Habeas Corpus en los casos de
limitación de la libertad dispuesta con motivo del
Estado de Sitio (Art. 23º de la Constitución
Nacional) la acción podrá comprobar: la
legitimidad del Estado de Sitio; la correlación entre
la orden de privación de la libertad y la
situación que dio origen a la declaración del
estado de sitio; agravación ilegítima de las
condiciones de privación de la libertad; ejercicio del
derecho de opción, Art. 23 de la
Constitución.
La acción de Habeas
Corpus podrá ser interpuesta por el
interesado, o persona que lo haga en su favor (Art. 5º).
En los casos de Habeas Corpus los jueces
podrán declarar la inconstitucionalidad de un precepto
legal (Art. 6º). Se considerarán definitivas, las
sentencias de los tribunales superiores, a efectos del
Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación (Art.
7º).
La ley nacional de Habeas Corpus
tiene vigencia en todo el territorio de la Nación,
cualquiera sea el tribunal que la aplique. No obstante, la
vigencia de la ley no impedirá la aplicación de
las disposiciones constitucionales o legales de las
provincias, cuando se considere más eficiente la
protección del Habeas Corpus (Art.
1º).
La aplicación del Habeas
Corpus corresponderá a los tribunales
nacionales o provinciales (Art. 2º).
La denuncia de Habeas Corpus
podrá ser formulada oralmente o por escrito (Art.
9º). El auto de Habeas Corpus,
determinará en el plazo que el juez fije, la
presentación del autor del acto lesivo, con un informe
circunstanciado del motivo (Arts. 11º y 12º). La
audiencia se realizará con la presencia de las partes
citadas, siendo obligatoria la presencia del detenido (Arts.
13º y 14º).
El juez admitirá o rechazará las
pruebas ofrecidas en la audiencia. El juez oirá a los
intervinientes (Art. 15). Terminada la audiencia, el juez
dictará inmediatamente la decisión (Art. 17).
Contra la decisión del juez, podrá apelarse por
escrito u oralmente ante la Cámara (Art. 19). Cuando
se haga lugar a la denuncia, las costas del proceso
serán a cargo del funcionario culpable (Art.
23).
El Habeas Corpus en la
Argentina:
El Habeas Corpus mantiene su
fundamento constitucional en el Art. 1º, Sección
9, Cláusula Segunda de la Constitución de los
Estados Unidos de América, en este precepto se indica
que: "…el privilegio de habeas corpus solo
será suspendido en caso de rebelión o
invasión que afecte de tal manera la seguridad publica
que obligue a realizar esta
suspensión".
Se ha criticado al régimen
estadounidense por mencionar de manera tan parca al
Habeas Corpus, de hecho en todo el texto
constitucional no se vuelve a mencionar algo relacionado.
Algunos doctrinarios arguyen que de hecho la
constitución en ningún momento otorga el
Habeas Corpus sino que solo menciona su
suspensión en caso de que este se utilizara; la
mayoría pro el contrario considera que le hecho de
mencionarlo en sentido contrario le brinda cierto grado de
jerarquía puesto que se supone siempre
vigente.
Conforme a su sistema legal la figura del
Habeas Corpus se ha ido desarrollando conforme
al tiempo y continúa una evolución. En la actualidad las cortes
estadounidenses han publicado un sin numero de criterios que
conforman la reglas del Habeas
Corpus.
La estructura
nacional de este país obliga a mantener un respeto
mayor a los estados producto del federalismo,
aun así se ha hecho común la
intervención de las corte federales a procesos
estatales. Para limitar esta alternativa a casos
estrictamente necesarios la suprema corte ha impuesto dos
requisitos para la intervención de la habeas
federal:
- Solo se usara ante la ausencia de
  recursos correctivo del proceso dentro del estado
  o
- Bajo circunstancias que sugieran que se
  protegerán ineficazmente los derechos del
  recurrente.
Otra limitación es las relacionadas con
violaciones a la cuarta enmienda por parte de las cortes
federales, esto ocurre cuando un reo alega que se ha excluido
evidencia contundente en su caso. La suprema corte a
determinado que no será valida la interposición
del Habeas Corpus puesto que la introducción de evidencia de manera
inconstitucional no puede ser protegida por las leyes
federales.
Dentro de los Estados Unidos es valida la
solicitud de apelación de Habeas Corpus,
esta se realizara con las reglas de una apelación
civil a nivel federal, puesto que todo prisionero puede
apelar una orden, decisión o juicio. El término
para apelación es de 30 días.
Dentro de esta nación el Habeas
Corpus se centra en materia penal pero existen
ciertos casos donde se ha utilizado ante la violación
de la libertad de los sujetos esto en materias civil y
mercantil.
1. El estado Canadiense al igual que la
  mayoría de los estados occidentales hace un
  reconocimiento a los derechos individuales de sus
  ciudadanos, exaltando estos y protegiéndolos a
  cualquier arbitrariedad. La Constitución de 1 982
  presenta las garantías básicas que se
  manejan junto al Habeas Corpus. El Art.
  6º presenta la libertad que tienen los ciudadanos de
  mantenerse o dejar Canadá. Complementando esta
  libertad de transito el Art. 10º de la Ley Suprema
  Canadiense muestra reglas básicas para
  cualquier detención realizada en ese país.
  Los requisitos para un arresto es informar la causa de
  este, informar a un abogado y utilizar el privilegio de
  Habeas Corpus en caso de que la
  detención sea ilegal. Lo anterior constituye le
  fundamento constitucional del Habeas
  Corpus, como complemento a esto el Bill of
  Rights canadiense muestra una prohibición de
  eliminar el derecho de libertad y el mencionado sobre la
  posibilidad de utilizar el Habeas Corpus.
  Esto parte de los principios de respeto a las
  garantías básicas promulgados en 1 960.
  Dentro de la legislación canadiense existe una
  limitación que se instituye por la ley de la
  suprema corte, esta en el Numeral 38 indica que este
  máximo tribunal no resolverá controversias
  sobre Habeas Corpus desechando los cargos
  penales o sobre la extradición de un reo aceptada
  mediante un convenio. Para complementar lo anterior la
  ley sobre las corte federales en el Capitulo b delega a
  estas cortes la jurisdicción original y exclusiva
  para oír de resolver cualquier caso de
  Habeas Corpus. El marco jurídico
  canadiense contempla el Habeas Corpus para
  dos casos exclusivamente la materia penal y de
  extradición. El código criminal federal
  indica que el Habeas Corpus se realizara
  solo a instancia de parte mediante un representante con
  la ratificación del afectado. En cuanto a la Ley
  de Extradición se limita a mencionar que le
  Habeas Corpus puede constituir un recurso
  para impedir esta, según el numeral 69 de la
  misma.
2. El Habeas Corpus en
  Canadá:
3. El Habeas Corpus en
  España:
En España, como hemos señalado, se
incorporó el Habeas Corpus en la
Constitución de 1 978, y aquí nos extendemos en
ella únicamente porque representa la
introducción literal de dicha institución,
así como por la vinculación que tiene este
país con América
Latina, sobre todo la de habla hispana.
El Habeas Corpus en
España protege a la persona contra toda
detención ilegal, con lo cual sigue la matriz
clásica. Por su parte, se considera ilegal la
detención cuando ella es realizada sin los requisitos
legales mínimos o cuando el internamiento es ilegal.
Se considera vulnerada la libertad individual cuando lo fuere
por una autoridad o agente de la misma, funcionario
público o particular, sin que concurran los supuestos
legales o sin haberse cumplido las formalidades previstas y
los requisitos exigidos por las leyes; las personas que
estén ilícitamente internadas en cualquier
establecimiento o lugar; las que lo estuvieran por plazo
superior al señalado en las leyes, si transcurrido el
mismo no fueran puestos en libertad o entregados al juez
más próximo al lugar de detención; las
privadas de libertad, a quienes no les sean respetados los
derechos que la Constitución y las leyes procesales
garantizan a toda persona detenida.
La introducción del Habeas
Corpus es nueva en España, y ha merecido
críticas diversas, pero ello en nuestra opinión
no es óbice para que el instituto, como ha sucedido en
casi todos los países de América Latina,
adquiera contornos más claros y acordes con los
tiempos, y proteja derechos colaterales a los que tutela
actualmente.
En la historia
jurídica española figura en el denominado
Recurso de las Personas del Reino de Aragón y en las
Constituciones de 1 869 y 1 876. En 1 526 el Fuero Nuevo del
Señorío de Vizcaya establece el Habeas
Corpus en su territorio.
El Art. 17.4 de la Constitución
Española de 1 978 dice:
La ley regulará un procedimiento de
"habeas corpus" para producir la inmediata puesta a
disposición judicial de toda persona detenida
ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo
máximo de duración de la prisión
provisional.
En la actualidad el procedimiento de
Habeas Corpus se encuentra regulado en el
ordenamiento jurídico español por la Ley de Habeas
Corpus de 24 de Mayo de 1 984, en la que se
desarrolla la garantía constitucional que permite a
todo aquel que se encuentre detenido o privado de libertad
solicite ser puesto de inmediato a disposición
judicial. Los requisitos recogidos en el Art. 1 de la
mencionada ley establecen que la persona privada de libertad
puede, bien por sí mismo, bien por mediación de
tercero, alegar su derecho de Habeas Corpus. En
sus solicitud tiene que indicar los motivos que alega para
considerar que su detención es contraria a derecho.
Tales motivos pueden ser:
- No cumplirse por la autoridad actuante
  con las garantías constitucionales a la hora de
  producirse la detención.
- Haber transcurrido el plazo máximo
  fijado por la ley en el que el reo puede estar privado de
  libertad.
- Aquel que sufra violaciones o
  maltratos
- Encontrarse retenido por persona sin
  autoridad para ello.
La solicitud ha de cursarse ante el Juzgado de
Instrucción de guardia del lugar donde se hallare
privado de libertad o bien del lugar donde se hubiera tenido
última noticia de su paradero. El Juez Competente
adoptará las resoluciones oportunas para conocer de
inmediato del estado del privado de libertad, recabando para
ello de la autoridad custodia del detenido toda la
información necesaria. En el plazo de 24 horas desde
que se cursó la solicitud, el privado de libertad
será puesto a disposición judicial sin que
quepa excusa de ningún tipo por parte de quien se
encuentra a su cargo, adoptándose al efecto las
medidas de traslado necesarias. Una vez examinado el
solicitante de Habeas Corpus por el juez
competente, dictará este resolución en el acto
resolviendo sobre la legalidad
o ilegalidad de la privación de libertad y ordenado en
cada caso la continuación de la detención o la
inmediata puesta en libertad del
detenido.

Autor:
Jesús Enrique Salazar
Moreno
El Habeas Corpus en los Estados Unidos
de América:

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

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