Constitucionalidad del Habeas Corpus: Las resoluciones del Tribunal Constitucional y su aplicabilidad jurídica-protectora (Parte 3) (página 3)

Del mismo modo, se dirá, es factible "usar" un derecho
capitalista con un sentido marxista y viceversa; o un derecho de
tipo corporativo con un sentido liberal, y así
sucesivamente. Puede haber, de hecho, muchas alternativas de "uso
alternativo" del derecho.

El parentesco entre una Teoría de la Interpretación Mutativa y la
Teoría del Uso alternativo del Derecho, es bastante
próximo. En términos muy amplios podría
decirse que la primera atraca la Supremacía Normativa de
la Constitución, y la segunda la
Supremacía Ideológica.

• El Alzamiento de los Poderes Constituidos contra el
  Poder
  Constituyente:

Otro flanco de ataque al Principio de Supremacía
Constitucional proviene de la sedición de los poderes
constitucionalmente "constituidos", contra el poder
constituyente; es decir, cuando aquellos comienzan a actuar
inconstitucionalmente.

Si el alzamiento de los poderes constituidos proviene del
Poder Judicial, y
en particular de la Corte suprema o Tribunal Constitucional, la
Escuela
Kelseniana aporta para entender esta problemática, su
doctrina de la "norma de habilitación"(116).
Esta indica que el fallo del máximo tribunal de un
Estado nunca
es formalmente inconstitucional (por más que vaya contra
la Constitución), desde el momento que no hay procedimiento
recursivos para impugnarlo. En tal ejemplo, la sentencia
"inconstitucional" queda "constitucionalizada" tácitamente
por la misma Constitución, al adquirir fuerza la cosa
juzgada material.

• El Problema del Flaqueamiento de los Órganos
  de Control de
  Constitucionalidad:

El tercer cuestionamiento al Principio de Supremacía
Constitucional, deriva del déficit de comportamiento
de los órganos encargados de velar por la
Supremacía de la Constitución. Las omisiones
de éstos pueden derivar de defectos de arquitectura
constitucional, pero también con mucha frecuencia de tales
entes para cumplir sus obligaciones
constitucionales de control.

Algunas veces la renuencia llega a asumir categoría de
doctrina jurídica, como la creada por la jurisprudencia
norteamericana en materia de la
no justiciabilidad de las cuestiones políticas
("political questions"). En tales asuntos la judicatura se
ha autoestimado no competente para evaluar la constitucionalidad
de esas decisiones, afirmando que el juicio de su
inconstitucionalidad, corresponde exclusivamente a los poderes
(Ejecutivo y Legislativo) que la adoptaron.

En otras ocasiones, las falencias del sistema de
control de constitucionalidad provienen del comportamiento
concreto de
los jueces de la magistratura constitucional. Razones de
simpatías personales o partidarias, de compromisos
políticos, de pusilanimidad o vocación de
obsecuencia, de comodidad o de apetencia a futuros favores,
llevan de vez en cuando a convalidar situaciones
inconstitucionales, que quedan así, como ya vimos,
"constitucionalizadas"

• La Internacionalización de las
  Constituciones:

En cuarto lugar, arribamos como elemento erosionador de
Principio de Supremacía Constitucional, al
fenómeno de la Internacionalización de las
Constituciones, fenómeno que es sólo parte de otro
más amplio, que hace ya más de veinte años
Andrés ARAMBURU MENCHACA llamara la "federalización
de las naciones"

Todavía conservamos en nuestras mentes la idea de un
texto
constitucional "supremo", vértice de la pirámide
jurídica, interpretado – finalmente -, por una Corte o
Tribunal, también "supremo", inapelable en sus decisiones.
Tal imagen se ha
desdibujado expresamente en muchos de los textos
constitucionales, y tácitamente en otros, ante la
aparición de procesos de
integración regional que han erigido, por
sobre las cortes supremas nacionales, tribunales o cortes
transnacionales, encargadas de velas por la aplicación del
derecho transnacional o comunitario.

Normalmente, ese derecho comunitario abarca áreas
restringidas del derecho: derechos humanos,
aspectos económicos y culturales del proceso de
integración. Sin embargo – el caso europeo puede ser
paradigmático – el crecimiento cualitativo y cuantitativo
del derecho comunitario es llamativo. Yendo al caso
específico de los derechos humanos (que es el
que más interesa para América
Latina, atento la adhesión de varios Estados del
área al Pacto de San José de Costa Rica, que
implementa a su vez a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos), cabe observar que muchos
de esos derechos o garantías repiten derechos y
garantías reconocidos por las distintas constituciones
nacionales.

• Crisis Constitucional
  Contemporánea:

El Derecho es una de las manifestaciones de la cultura de un
pueblo y no puede ser aprehendido ni juzgado aisladamente de la
realidad de todas sus facetas.

Es necesario apuntar que la Crisis
Constitucional, en sentido estricto, sólo se da en el
seno de lo que llamamos globalmente Occidente, no en sentido
geográfico, sino cultural. Porque para que exista una
Crisis Constitucional, debe preexistir el
constitucionalismo como realidad efectiva o como
aspiración siempre presente. De allí que en los
países sometidos a regímenes totalitarios, en los
que aún padecen monarquías absolutas, en los que
está apenas saliendo del tribalismo o en los que
pertenecen a ámbitos culturales ajenos a la
valoración del Imperio del Derecho, no puede hablarse con
propiedad de
una "Crisis
Constitucional". En ellos, en rigor, lo fundamental es la batalla
por el constitucionalismo, por el Imperio de la Ley, bien
entendido. No atraviesan verdaderas crisis constitucionales
porque, para decirlo claramente, se encuentran todavía en
un estadio anterior. Para que esa crisis se presente debe haber
Constitución en su más prístino sentido; es
decir, no un mero documentos
escrito con apariencias de
Constitución, como los que suelen exhibir a los incautos
los países gobernados por partidos
totalitarios.

La Crisis Constitucional Contemporánea, es
un fenómeno propio de los pueblos que han coronado su
esfuerzo de convivencia al Marco de la Ley. Carlos SÁNCHEZ
VIAMONTE, decía que: "el constitucionalismo consiste en el
ordenamiento jurídico de una sociedad
política
mediante una Constitución escrita, cuya supremacía
significa la subordinación a sus disposiciones de todos
los actos emanados de los poderes constituidos que forman el
gobierno
ordinario"(117). El maestro continuando con su
acepción decía: " la lucha por la
república democrática, con la cual se
identifica el Estado de
Derecho(118). Y justamente explicando el significado
de Estado de Derecho
decía: "La expresión Estado de Derecho significa
que la comunidad
humana se halla sometida, toda ella, sin excepción, a
normas
fundamentales, cuya vigencia excluye, en principio, la
arbitrariedad. Es evidente que tal cosa no puede ocurrir si estas
normas no aparecen escritas, porque sólo la escritura
puede darles la exactitud y fijeza indispensable para su conocimiento y
aplicación uniforme, con fuerza igual sobre todos los
miembros de la sociedad"(119).

Hoy nos encontramos frente a una nueva Crisis
Constitucional, que demanda un
esfuerzo colectivo formidable para preservar un estilo de vida
pluralista, democrática, tolerante y libre. El estudio de
las etapas anteriores de esta verdadera batalla por el Derecho,
nos sirve para comprender mejor la tarea que nos guarda,
así como para salir con fe del pesimismo que a veces nos
embarga. El constitucionalismo occidental ha alcanzado un alto
grado de perfeccionamiento normativo. Se han elaborado delicados
y cada vez más precisos mecanismos que parecen satisfacer
los más exigentes requerimientos para el funcionamiento
democrático y republicano. De allí que se afirme
que lo que falla no es la Constitución jurídica, el
documento constitucional. El proceso de elaboración
normativa ha sido prolongado y exitoso. Con independencia
de ajustes, aquí y allá, en lo fundamental puede
decirse que las Constituciones no son las que fallan. Más
bien parecería que algo, muy íntimo, se hubiera
conmovido en el seno de la conciencia de los
pueblos cutos destinos tienen la misión de
regir. En alguna medida parecería que, insensiblemente
hubiera ido deteriorándose la satisfacción popular
con los sistemas
políticos trabajosamente edificados a través de
generaciones. La crisis, en consecuencia, no resultaría de
una insuficiencia normativa, ni de una imperfección de los
sistemas, sino que parece afectar algo más profundo y, por
eso se nos ocurre que es más grave y digna de
preocupación.

El terrorismo no
es un fenómeno ignorado en la historia de este siglo. El
mundo conoció sus dolorosas experiencias en etapas ya
superadas, pero jamás olvidadas. Basta detener la memoria en
el episodio bien conocido que tuvo por escenario a Sarajevo,
chispa que inicio el incendio de la Primera Guerra
Mundial. Pero lo realmente, novedoso del terrorismo
contemporáneo es su magnitud y la utilización que
del mismo se hace para conseguir fines de
desestabilización política y social. El terrorismo
contemporáneo rara vez nace de la iniciativa individual
espontánea, generalizándose, en cambio, como
herramienta de luchas políticas bien planteadas. Basta
pensar, para mencionar sólo alguno de los ejemplos
ocurridos en las últimas décadas y que por cierto
causaron notable trascendencia, como las tentativas del asesinato
del Presidente Reagan, del Papa Juan Pablo II, y el reciente
atentado contra las Torres Gemelas; para poder calibrar la
importancia de este fenómeno. No cabe duda que la ETA en
España,
el IRA en Gran Bretaña E Irlanda del Norte, las Brigadas
Rojas de Italia, el
ejercito de Liberación de Córcega en Francia y
finalizando hoy en día por el Grupo
Fundamentalista Árabe Al Qaeda; por parte de América
Latina tenemos a las FARC de
Colombia, Sendero
Luminoso y el MRTA en Perú entre otros; todos ellos que
con su presencia señalan verdaderas amenazas, actuales o
potenciales, para el Imperio del Derecho en los países
señalados su presencia; hasta ahora no han logrado sus
objetivos; la
república democrática no ha abandonado en esos
países, sus tradicionales reglas de juego
(más allá de algunos episodios dudosos). Pero
sí han conseguido abrir brechas en la fortaleza
democrática.

Alvin TOFFLER, el conocido escritor norteamericano,
escribió un libro titulado
"El Shock del Futuro", bastamente difundido. Allí se
refiere al aluvión de cambios que ha debido y debe
enfrentar el hombre
contemporáneo. La mayor parte, cuando no ha podido
todavía adaptarse normalmente a ellos, se ve obligada a
enfrentarse con otros nuevos, que reemplazan con celeridad
creciente a los anteriores. Se vive, así, en un proceso de
constante inadaptación. El mundo se transforma a un ritmo
vertiginoso, casi inhumano y ese torrente transformador no
respeta nada, no respeta a nadie. De alguna manera, según
el autor citado, somos golpeados por el futuro que nos atropella
sin darnos tiempo para
tomar aliento y recuperarnos.

De esa manera se explica, aunque sea parcialmente, por
razones insoslayables de extensión del presente trabajo, la
Crisis Constitucional Contemporánea, entendida como
desajuste entre la Constitución Escrita y la
Constitución Real, entre las normas y los hechos, Y esta
crisis no sólo afecta a las viejas Constituciones sino,
incluso, a algunas de las más modernas, que algunas veces
ya no responden a la realidad, al poco tiempo de haber visto la
luz.

Capítulo V

Situación
Actual de la Jurisdicción

Constitucional en el
Mundo

1. Modelos o Sistemas de
   Control Constitucional:

Lo expuesto bajo términos relativamente
resumidos, en el Capítulo II del presente Título,
habrá de servir para referirnos de una manera doctrinal
más amplia a todo cuanto se refiere a la Situación
Actual de la Jurisdicción Constitucional en el Mundo;
considerando para ello que hay tres Modelos o
Sistemas de Control Constitucional:

1. Sistema Americano, de Revisión o Control
   Judicial (judicial review)
2. Sistema Europeo, Austriaco o Kelseniano
3. Sistema Político o Socialista

Desde la perspectiva del Dr. José F. PALOMINO
MANCHEGO(120), procedamos a revisar y concertar de
acuerdo a su doctrina:

1. Cuyas características son de carácter declarativo, difuso
   (expresión acuñada por Carl
   SCHMITT), incidental, especial y de alcance relativo
   (inter pares), tal como lo refiere Piero
   CALAMANDREI. Esta labor le compete al Poder Judicial, a
   través de sus diversas instancias y tiene su
   Carta de
   Natalicio, en el celebérrimo Case Marbury vs.
   Madison, siendo el mentor Jhon MARSAHLL, quien lo
   pronunció en 1 803.

2. Sistema Americano, de Revisión o Control
   Judicial (judicial review):

   Calificado además como autónomo,
   concentrado, principal, general y constitutivo, con efecto
   erga omnes (notas características que
   también puso de relieve
   el procesalista CALAMANDREI), labor que realizan los
   Tribunales Constitucionales, en el entendimiento que
   están integrados por una magistratura especializada,
   vale decir los jueces o magistrados constitucionales, como
   interprete supremos de la Constitución. Es
   unánime el sentir que este modelo
   encuentra su partida de nacimiento en la
   Constitución Austriaca del 01 Oct. 1 920, donde por
   primera vez se implantó un verdadero Tribunal
   Constitucional, la «criatura más
   querida» de Kelsen; por lo demás, el Tribunal
   Constitucional Austriaco es reconocida como la madre de
   todos los tribunales constitucionales.

3. Sistema Europeo, Austriaco o
   Kelseniano:
4. Sistema Político o
   Socialista:

Que merece una breve explicación. Se dice
político ya que tiene sus gérmenes en el jurie
constitutionnaire que propuso Enmanuel SIEYÈS en 1
795, encaminado a velar la Constitución. Así
también, tenemos la Constitución del Año
VIII que creó un Senado Conservador, integrado por ochenta
miembros vitalicios e inamovibles, con lo cual se desprende que
eran órganos de carácter netamente político
y que no resolvían cuestiones litigiosas. Se observa la
superioridad Política del Parlamento. En el siglo XX se
corre traslado de esta labor a los países del bloque
socialista liderados por la URSS en donde se hablaba de legalidad y no
de constitucionalidad, otorgándose al Presidium del Soviet
Supremo el control de la Constitución.

1. A la verdad, las costas atrayentes de los tribunales
   constitucionales, predominan en los países del bloque
   occidental. ¿Cuál es la razón?,
   ¿Quién es el controlante? (órgano –
   control), ¿Quién es el controlado?
   (órgano – controlado), ¿Cuál es el buen
   servicio
   que presta a la doctrina? Desde luego que la tarea le compete
   a un órgano especializado: Tribunal Constitucional. Su
   expansión se aceptúa luego de finalizada la
   segunda gran guerra,
   por cuanto desarrolla una importante labor en la
   protección de los Derechos Humanos. En tal sentido,
   para descartar cualquier atisbo de dudas, merecen mencionar
   la Corte Constitucional Italiana (1 947), el Tribunal Federal
   Alemán (1 949), el Tribunal Constitucional Español (1 978 y su antecesor el
   Tribunal de Garantías Constitucionales de 1 931), y
   más de pronto el Tribunal Constitucional de Andorra (1
   993). Téngase en cuenta, por ende, que su
   desenvolvimiento, conforme puede desprenderse, lo realizan en
   estados federales, regionales o autonómicos. Al menos,
   esa nota característica se presenta en la Europa
   Occidental, donde también se encuentran el Tribunal
   Constitucional Portugués (1 983 y su predecesor al
   Comisión Constitucional de 1 976), y el Tribunal de
   Arbitraje
   Belga (1 983 y sus reformas de 1 988 y 1 989). Acaso, la
   mejor ilustración de los tribunales
   constitucionales lo ofrecen los tribunales constitucionales
   europeos(121).

   Los recientes cambios presentados en el viejo mundo,
   tales como la caída del Muro de
   Berlín y la Perestroika en la recordad
   Unión de Repúblicas Socialistas
   Soviéticas (URSS) – con relación a estos hechos
   episódicos, Giovanni SARTORI nos dice que «se ha
   pasado una página de la historia» -, trae como
   consecuencia la desaparición de las democracias del
   Este. Y los países que lo integraron en su día,
   luego de haber sufrido una erosión, a la fecha se han acoplado al
   Modelo de Control Constitucional Kelseniano, con lo cual el
   Modelo Socialista se fondeó. ¿Qué
   pasó con la repulsa al control constitucional que se
   tenía en la URSS?, ¿Dónde está el
   sistema de autocontrol que a tenor de los Arts. 119º Y
   124º, Inc. 4., de la Constitución Rusa de 1 977,
   le competía al Presidium del Soviet Supremo y donde el
   control de observancia de la Constitución De cuanto
   hasta aquí acabamos se señalar, cuando un
   modelo de control constitucional funciona, y es operativo,
   ofrece calidad de
   exportación. Y no son emociones
   infantiles lo que se está diciendo, ya que los
   títulos ejemplificativos citados a continuación
   demuestra que es así. Buen aprueba de ello son los
   tribunales constitucionales creados e implantados en Albania
   (1 992), Armenia (a partir de 1 996), Bulgaria (1 991),
   Croacia (1 991), Hungría (1 990), Lituania (1 993),
   Macedonia (de pronta creación), Polonia (1 986),
   república Checa (1 992 con antecedentes en 1 919 y 1
   968, cuando conformaba parte de Checoslovaquia), Rumania (1
   992), Rusia (1
   995), Servia (próximo a funcionar), Eslovaquia (a
   punto de crearse y que también tuvo sus antecedentes
   en Checoslovaquia), Eslovenia (1 994) y Yugoslavia (en
   puertas de su funcionamiento, pero con antecedentes en 1 963
   y 1 974).

   A tono con lo ocurrido en Europa, América
   Latina no se quedó a la saga, ya que también
   determinados ordenamientos jurídicos se han afiliado
   al Modelo Europeo o Kelseniano. Así,
   menciónense el Tribunal de Garantías
   Constitucionales de Cuba que
   dependía del Poder Judicial (1 940), La Corte de
   Constitucionalita de Guatemala
   (primero en 1 965 y ahora en 1 985), El Tribunal
   Constitucional de Ecuador
   (denominado en 1 945 el Tribunal de Garantías
   Constitucionales, ahora en vigor a partir de 1 978), la Corte
   Constitucional de Colombia (1 991), El Tribunal de
   Garantías Constitucionales de Perú (1
   979) hot denominado con mayor precisión
   Tribunal Constitucional (1 993) y el
   recentísimo Tribunal Constitucional de Bolivia (1
   994), en vísperas a marchar. Es notorio que – teniendo
   una visión actual – El Modelo de Revisión
   Judicial a cedido el paso al Modelo Austriaco, en donde
   sobresale la función tutelar de los Derechos Humanos
   (Jurisdicción Constitucional de la Libertad)
   y la denomina Jurisdicción Constitucional
   Orgánica, labor desarrollada principalmente por los
   tribunales constitucionales europeos. La realidad de los
   hechos siempre se impone. La supremacía planetaria es
   evidente.

2. Expansión Mundial de los Tribunales
   Constitucionales:
3. Origen de los Tribunales Constitucionales en
   América Latina:

Describiremos a continuación las
características más notables que han presentado en
sus orígenes los tribunales constitucionales en
América Latina, como lo demostraremos a
continuación. De su propio contenido podrá
advertirse, en primer término, que, desde la década
de los cuarenta, el tema del control constitucional concentrado,
ha sido, en mayor grado la preferencia que se optó en
pleno siglo XX, en algunas constituciones latinoamericanas, claro
está, con peculiaridades que no se ven en los tribunales
constitucionales europeos, a diferencia del siglo XIX donde el
control de revisión judicial (EEUU) y el político
empezaban a tomar cuerpo. En segundo orden se destaca el tema de
la protección procesal de los derechos constitucionales, a
través de los instrumentos procesales del viejo
cuño y características propias: el Habeas
Corpus y el Amparo.

Pero debemos asimismo, hacer constar que el Modelo
Concentrado ha tomado cuerpo en casi todos los países de
América Latina, por citare, Perú y Bolivia. Con lo
cual se demuestra que el Modelo de Revisión Judicial o
Americano ha pasado a un segundo plano, destacando más
bien su accionar en las Salas Constitucionales autónomas
en el seno de las Cortes Supremas(122).

1. Como antecedentes, hemos de significar que Colombia
   en más de una oportunidad ha intentado crear un
   Tribunal Constitucional con las características del
   Modelo Austriaco. La Constitución anterior data del 07
   Ago. 1 886. Sin embargo, sufrió alguitas reformas como
   la efectuada durante el periodo de gobierno del General
   Rafael REYES, por la Asamblea Nacional Constitucional
   Constituyente y Legislativa de 1 905, la reforma
   constitucional por acto legislativo Num. 3, la reforma de 1
   910 que establece un completo sistema de control
   constitucional, así como la reforma constitucional de
   1 936, la de 1 945, que por acto legislativo Num. 1.
   diseña un Concejo de Estado con carácter de
   jurisdicción contencioso administrativo. De igual
   forma la reforma constitucional plebiscitaria del 01 Dic. 1
   957, la reforma de 1 968 donde resalta la creación de
   la Sala Constitucional, así también las
   propuestas realizadas en 1 975, 1 977 – 1 978, que dieron
   como resultado la reforma constitucional contenida en el acto
   legislativo Num. 1. de 1 979.

   Renglón aparte, de todas las reformas arriba
   señaladas, merece la de 1 968 (Constitución
   Art. 214º), reglamentada por el Decreto Num. 432 de 1
   969, mediante el cual se creo una Sala Constitucional que
   dependía de la Corte Suprema de Justicia
   integrada por cuatro magistrados especialistas en derecho
   publico.

   Se estima que representó un avance, por
   cuanto especializó y separo el estudio de los Negocios
   Constitucionales dentro de un -tribunal de Casación,
   pero que no fue solución satisfactoria para algunos
   puesto que aun los proyectos de
   fallo de los especialistas quedaron mediatizados por la
   mayoría de los miembros de la Sala Plena, en la que se
   deciden todas las decisiones sobre
   constitucionalidad.

   En 1 977 durante el gobierno de Alfonso LÓPEZ
   MICHELSEN, se presento una iniciativa de reforma
   constitucional contemplado en el acto legislativo Num. 2.
   para tratar algunos puntos, destacándose la
   insistencia de crear una Corte Constitucional. La
   posición fue definitiva por la Comisión
   Echeandia. La Corte Suprema declaró inconstitucional
   la reforma de la Constitución mediante Sentencia del
   05 May. 1 978. Sin embargo el Proyecto de
   instaurar la Corte Constitucional, conjuntamente con otros
   proyectos, tales como los concernientes a la reforma del
   Congreso, de los estatutos de los partidos
   políticos y del Fiscal de
   la Nación, dieron origen a la reforma
   constitucional contenido en el Acto Legislativo Num. 1. de 1
   979 y que entró en vigencia el 20 Dic. Del mismo
   año, fecha de su promulgación. Será en
   esta reforma donde se introduce una vez más la Sala
   Constitucional, sin que llegue a prosperar el nacimiento
   definitivo de la Corte Constitucional, a pesar de haber sido
   sustentada con elocuencia.

   En resolución, se estableció un punto
   intermedio, es decir, se dejó de lado la Corte
   Constitucional que tenía el carácter de
   autónoma y la Corte Suprema en pleno no puedo
   controlar y custodiar la Constitución. En la
   práctica debe reconocerse que la Sala Constitucional,
   mantuvo en gran parte las características de un
   Tribunal Constitucional, con atribuciones limitadas. Empero,
   fue adquiriendo experiencia y sentía menos presión, independizándose con el
   tiempo de la Corte Suprema, y dar por fin nacimiento de esta
   forma a la Corte Constitucional que se galvanizó en la
   actual Constitución Promulgada el 07 Jul. 1
   991.

2. Los Intentos de Instaurar una Corte
   Constitucional en Colombia:

   Ha sido al través del Recurso de
   Inconstitucionalidad, verdadero mecanismo del control
   constitucional, que la República de Cuba –
   inspirándose indiscutiblemente en el Modelo
   Norteamericano -, accede a la jurisdicción
   constitucional. Los antecedentes lo encontramos en el Recurso
   de Inconstitucionalidad de las leyes que la
   plasmó la Constitución de 1 901 y reglado por
   la Ley del 31 Mar. 1 903.

   Ahora bien, inspirado el nomen iuris en el
   del Tribunal de Garantías Constitucionales consagrado
   en el Art. 100º de la Constitución
   Española de 1 931, la Constitución de Cuba del
   25 Jul. 1 940 estableció en su Art. 172º, que el
   Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales
   formaba parte como Sala Especializada del Tribunal Supremo
   (Poder Judicial) que se integra por su Presidente y quince
   magistrados al menos. Años después se dio la
   Ley Nº 7 del 31 May. 1 949, mediante la cual el Tribunal
   de Garantías «cobraba vida real, efectiva, al
   ver normado su funcionamiento y, básicamente el
   procedimiento a seguir en los asuntos en los que era
   competente.

   En tal sentido, el Tribunal de Garantías
   estaba facultado para conocer los recursos
   de inconstitucionalidad contra las leyes de la propia ley
   fundamental y las consultas de jueces y tribunales sobre la
   misma inconstitucionalidad. También admitía la
   Acción Popular contra la
   inconstitucionalidad de las leyes.

3. El Tribunal de Garantías Constitucionales
   y Sociales de Cuba de 1 940:

   El Tribunal Constitucional se constituyó en
   la Sesión del 10 Set. 1 971, con la total asistencia
   de sus señores ministros (así se les denominaba
   a los magistrados constitucionales), cesando sus actividades
   después de tres años a raíz del golpe
   militar llevado a término el 11 Set. 1 973, y que
   fuera encabezado por el General Augusto PINOCHET.

   La estructura
   y diseño del Tribunal Constitucional se
   reguló en el Estatuto Jurídico sobre Organización y Funcionamiento del
   Tribunal y Régimen de su Personal. El
   Tribunal Constitucional, como órgano autónomo e
   independiente de toda otra autoridad
   o poder del Estado y con personalidad jurídica se
   componía de cinco miembros a diferencia de la Corte
   Constituzionale de Italia que está compuesto por
   quince magistrados y duraban cuatro años en sus
   funciones y
   podían ser reelegidos.

   Haciendo un juicio en conjunto de la labor que
   realizó el Tribunal Constitucional, podemos afirmar
   que fue positivo, más aun si tomamos en cuenta la
   experiencia que adquirió luego del consenso nacional
   recogido en la Constitución Política de 1 980
   que lo consagra nuevamente en el ordenamiento jurídico
   de Chile, aunque con notoria influencia manu militare
   en sus decisiones.

   A continuación, la Constitución de
   Chile decretada el 21 Oct. 1 980, en el Capítulo VII
   se ocupa del Tribunal Constitucional, que sigue funcionando
   pero con diversa composición y atribuciones que le
   anterior.

4. El Tribunal Constitucional de Chile de 1
   971:

   La Constitución de Ecuador, dictada por la
   Asamblea Nacional Constituyente (1 944 – 1 945), el 06 May. 1
   945, estableció en sus Arts. 159º – 162º, el
   Tribunal de Garantías Constitucionales, con notoria
   influencia del que se instauró en España en 1
   931, aunque actuaba como organismo jurisdiccional en el campo
   de la justicia administrativa, pudiendo solamente suspender
   una ley que estuviere inconstitucional, correspondiendo al
   Congreso declarar si una ley, reglamento, acuerdo, orden,
   disposición, pacto o tratado, es o no
   inconstitucional.

   El Art. 160º establecía las siguientes
   atribuciones al Tribunal de Garantías
   Constitucionales: a) Velar por el cumplimiento de la
   Constitución y las leyes; b) formular observaciones
   acerca de los acuerdo, decretos, reglamentos, resoluciones
   que a su juicio de hubieran dictado con violación de
   la Constitución y las leyes; c) Dictaminar acerca de
   la inconstitucionalidad de los proyectos de ley o decretos;
   d) Suspender la vigencia de una ley o precepto legal
   considerados inconstitucionales; e) Conocer de las quejas que
   formulen cualquier persona
   natural o jurídica por quebrantamiento de la
   Constitución o de las leyes; y preparar la
   acusación contra los funcionarios responsables
   […].

   Sin embargo, pese a no funcionar de manera
   prolongada – solamente un año -, el Tribunal de
   Garantías Constitucionales con las atribuciones que se
   le concedió, Cumplió una función decente
   básicamente relacionado con lo contencioso –
   administrativo, ya que la Constitución del 31 Dic. 1
   946 instauró un Concejo de Estado, con influjo del
   Poder
   Legislativo en reemplazo del referido Tribunal de
   Garantías Constitucionales y las atribuciones que
   desempeñaba fueron las mismas.

   Al expedirse la Constitución de 1 967, los
   magistrados que integraban el tribunal de Garantías
   Constitucionales fueron nombrados al igual como
   sucedió con el texto de 1 945. de tal manera que la
   composición no alteró el funcionamiento. La
   Constitución de 1 967 restablece el Tribunal de
   Garantías Constitucionales y sus deberes y
   atribuciones estaban consagrados en el Art. 6º de su Ley
   Orgánica.

   Por último, con la experiencia a cuestas, la
   Constitución aprobada en referéndum el 15 Ene.
   1 978, estableció en sus Arts. 140º y siguientes
   un Tribunal Constitucional con atribuciones totalmente
   distintas a sus antecesores. Se complementa con la Ley de
   Control Constitucional de 1 997, calificada con
   carácter y jerarquía de Ley Orgánica El
   órgano de control que debía seguir el Modelo
   Concentrado Kelseniano surgió con muchas deficiencias
   que poco a poco fueron corrigiéndose: La
   Constitución de 1 978 – 1 979 lo recogió con
   algunas variaciones respecto de la de 1 967 y luego de
   reajustes menores que se dieron por reformar
   constitucionales. Aquellas reformas de 1 995 – 1 996
   reestructuraron adecuadamente y quedó con el nombre de
   Tribunal Constitucional. La actual Constitución
   codificada – para no decir nueva – en 1 998 mantuvo a esta
   institución y aumento sus facultades. Se colige por lo
   expuesto que, con la práctica adquirida a partir de 1
   945 en cada una de las Constituciones han dado como resultado
   positivo, paradójicamente una solución
   constitucional al tema.

5. El Tribunal de Garantías
   Constitucionales de Ecuador de 1 945:
6. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala de
   1 965:

Es notorio que el Sistema Europeo o Kelseniano ha
influido en la creación de la Corte de Constitucionalidad
de Guatemala. La Constitución de 1 956 ya reconocía
a la Institución del Amparo. Es la Constitución que
se promulgó el 15 Set. 1 965 (suspendida su vigencia hasta
el 05 May. 1 966), la que da vida a la Corte de
Constitucionalidad, reglamentada en gran medida por la Ley
Constitucional de Amparo, Habeas Corpus y
Constitucionalidad que se promulgó el 03 y entro en vigor
el 05 May. 1 966.

Sobre esta base se establece un Sistema Mixto de Control
Constitucional que plantea diversos problemas. En
efecto contempla por una parte una declaratoria de
inconstitucionalidad en casos concretos. La Corte de
Constitucionalidad estaba compuesto por doce magistrados, el
Presidente era el mismo de la Corte Suprema de
Justicia.

En cuanto se refiere a su funcionamiento debe hacerse
notar que la Corte de Constitucionalidad no era permanente como
sucede con el grueso de tribunales constitucionales en la vitrina
comparada, sino que se integraban cuando se presentaba un recurso
(en realidad un verdadero Proceso Constitucional). Es decir la
Corte de Constitucionalidad no tenía función
estable, solamente se integraba cuando se presentaba recurso de
inconstitucionalidad. Al no tratarse de un órgano
permanente, había que pronunciarse sobre la
suspensión provisional de la norma recurrida.

A raíz del Golpe de Estado
del 23 Mar. 1 982, se declaró en suspenso la
Constitución de 1 965. Luego del proceso de
transición política dio como resultado la nueva
Constitución Política que fue promulgada el 31 May.
1 985, lo que hace modificar la estructura general de la
tradición constitucional anterior y poner como contenido
de sus primeros títulos, «Los de la Persona Humana,
fines y deberes del Estado». Y además incluir un
Título especial el VI, sobre «Garantías
Constitucionales y Defensa del Orden
Constitucional»

Capítulo VI

Constitución Peruana

1. La república del Perú ha vivido
   haciendo y deshaciendo Constituciones. Hemos tenido una por
   cada quince años de vida independiente. Y esa
   abundancia así como la anarquía inicial y los
   defectos de nuestra vida política no han surgido de
   las Cartas
   Políticas. Algunas de éstas fueron ingenuas,
   desorbitadas o sin sentido de las limitaciones que
   imponía nuestra incipiente realidad: otras de escasa
   visión, centralistas en exceso o atendiendo
   sólo a intereses de las facciones. Nuestros males
   políticos han tenido sin embargo, causas más
   profundas: falta de una clase
   dirigente con persistencia en sus propósitos; ausencia
   de hábitos de gobierno al producirse la
   Emancipación; carencia de organismos intermedios entre
   el Estado y la Nación, escaso espíritu
   cívico.
   José Joaquín OLMEDO decía,
   refiriéndose a la Constitución de 1 823, que
   una Constitución no llegará a organizar una
   Nación, si desde sus comienzos no se funda en la
   voluntad, en el consentimiento y en la capacidad de los
   pueblos a los que va dirigida, por más perfecta que
   sea. La República fue una creación
   política, no habríamos tenido un una
   aristocracia territorial, ni una minoría experta en el
   arte del
   gobierno, ni tradiciones en el gobierno local, como
   había ocurrido en las colonias norteamericanas o en
   Chile. Fue necesario inventar todo eso dentro de un nuevo
   orden. De allí la profusión de nuestros textos
   constitucionales.

   El Estatuto Provisorio del 08 de Octubre de 1 821
   constaba de diez secciones y fue dictado por San
   Martín, a fin de regularizar sus poderes como
   Protector del Perú y establecer algunas pautas
   constitucionales y administrativas. Legislaba principalmente
   sobre la Religión del Estado, la
   Católica, no pudiendo ser funcionario público
   quien no la practique; atribuciones, derechos y deberes del
   Protector, que será Generalísimo de las Fuerzas
   de Mar y Tierra,
   obligándose a obtener la Independencia del
   Perú; a la determinación de nacionales,
   ciudadanos y naturalizados, derechos individuales; funciones
   de los ministros, del Consejo de Estado y del Poder Judicial,
   constituido éste último por la alta
   Cámara de Justicia; funciones y elecciones municipales
   y vigencia del Estatuto hasta que se declare la Independencia
   de todo territorio, en cuyo caso se convocará un
   Congreso general que establecerá la
   Constitución permanente y la forma de gobierno, sobre
   lo que no decía nada.

   El Reglamento Provisional dictado anteriormente por
   San martín en Huaura el 12 de Febrero de 1 921,
   contenía veinte artículos e iba precedido de
   extensos considerandos de cierta vaguedad que
   constituían más bien una disquisición de
   Derecho
   Constitucional. Se dividía el territorio del
   Perú en cuatro departamentos los de Trujillo, Tarma,
   Huaylas y la Costa. Se fijaban las atribuciones de los
   Presidentes de Departamentos; las de os Jefes de partido, que
   antes se denominaban subdelegados, así como de los
   tenientes gobernadores de los
   pueblos(123).

   Las bases de la futura Constitución Peruana,
   aprobadas por el Congreso del 17 de Diciembre de 1 822,
   constaban de 24 artículos. Todas las provincias del
   Perú reunidas en un solo cuerpo formaban la
   nación peruana. La soberanía residía esencialmente
   en la nación, la que sería independiente de la
   monarquía española y de toda
   dominación extranjera y no podía ser patrimonio
   de ninguna persona ni familia. El
   Perú sería po9pular representativo; la
   religión era la Católica, con exclusión
   del ejercicio de cualquier otra. A la Nación le
   correspondía dictar la Constitución y las leyes
   por medio de sus representantes y deberían concurrir
   todos los ciudadanos a la elección de éstos,
   siendo ésta "la única función del Poder
   Nacional, que se puede ejercer sin delegarla". La
   representación tendría por base a la población, principio que
   abandonó en 1 860. Se fijaban los derechos que
   debería proteger la Constitución. Se declaraba
   que el "Principio más necesario para el
   establecimiento y conservación de la libertad, era la
   división de los tres
   poderes, haciéndolos independientes en cuanto
   fuera dable. La Constitución protegía: la
   libertad de los ciudadanos, la libertad de imprenta,
   la seguridad
   personal, la inviolabilidad de la propiedad, el secreto de la
   correspondencia, la igualdad
   ante la ley, reparto de las contribuciones en
   proporción de las facultades de cada uno, el derecho
   de petición ante el Congreso o ante el Gobierno, la
   abolición de toda confiscación y de las penas
   crueles, del comercio
   de los negros y de los empleados y privilegios
   hereditarios(124).

   La Primera Constitución de la
   República, la de 1 823, sólo llega a regir
   tardía y fugazmente en 1 827. Ella es el producto
   más genuino de todos los documentos emanados de
   nuestra Revolución Emancipadora y la más
   acentuada expresión del liberalismo. Se basó en la teoría roussoniana del contrato
   social y en la consideración del poder como una
   delegación o emanación de aquel. Colocaron al
   Parlamento por encima de los demás poderes,
   disminuyeron y cercenaron las atribuciones del ejecutivo,
   quisieron ¡buenos convencionales! Organizar el gobierno
   de la moralidad
   y llevando hasta sus últimas consecuencias su ideología política,
   estructuraron el país bajo una forma casi federativa.
   La república que ellos hicieron fue una total
   creación política, pues no teníamos
   hábitos de libertad y experiencias
   política, y a la caída del régimen
   español fue necesario inventarlo todo dentro de un
   orden nuevo. En su lado favorable, hay que reconocer que los
   constituyentes de 1 822 fueron resueltamente a la
   República y establecieron la igualdad civil y
   generosos derechos individuales.

   La Carta de 1 828 rigió y funcionó no
   obstante que tuvo que convivir con el Gobierno de Gamarra,
   personal y autoritario. Como aquella había previsto
   que cinco años después se reuniera una Asamblea
   para modificarla o reemplazarla. La Convención
   Nacional del 1 833 – aunque absorbida fundamentalmente por el
   problema político de la sucesión presidencial,
   alcanzó a dictar la Constitución de 1 834, la
   Cuarta de la República y liberal como su predecesora.
   Ella revelo las huellas de las luchas civiles inmediatas
   contra la arbitrariedad y en despotismo encarnados en Gamarra
   y su camarilla y el desprestigio de esa oligarquía
   militar que venía gobernando. Su nota predominante fue
   su sentido antimilitarista por la limitación de los
   grados militares, la fijación de los efectivos por el
   Congreso, la ratificación por este mismo cuerpo, de
   los ascensos a las altas jerarquías castrenses y al
   suspensión en el ejercicio de la Presidencia cuando el
   titular asumiera el mando de las fuerzas del ejército,
   que consideraba inevitable la unión con Bolivia,
   suprimió la prohibición de federarse y
   omitió asimismo, las Justas
   departamentales.

   La Constitución Vitalicia Bolivariana de 1
   826 inicio la serie conservadora. Aprobada
   plebiscitariamente, por decisión de los colegios
   electorales, rigió solamente desde el 09 de Diciembre
   de 1 926, hasta el 27 de Enero de 1 827. Por ironía
   del destino, la Constitución Vitalicia, cuyo
   título parecía asegurarle una longeva
   permanencia, ha sido, de todas las peruanas, la que con sus
   siete semanas de vigencia, tuvo la más corta
   duración y la muerte
   más temprana y refleja así este hecho
   característico en nuestra República: el
   desacuerdo entre la teoría y la práctica
   constitucionales, ya que la Constitución Vitalicia ha
   sido la más fugaz y frustrada la nuestra
   Constituciones.

   Su importancia no radica, pues, en las instituciones que creó en su
   funcionamiento o sucesiva adaptación, sino que
   representa el maduro y final pensamiento de
   Bolívar, de lograr una transacción,
   realmente imposible, entre la Monarquía y la
   República, entre la tutela y
   la libertad, entre la jerarquía y la democracia. En 1 826, Bolívar desengañado por sus
   utopías y los extremismos, idea la República
   Vitalicia, que conciliaría la libertad y la democracia
   con la paz interna y la estabilidad social y que se
   apartaría por igual de la anarquía
   demagógica y de la tiranía monócrata, a
   fin de evitar al país, amargos días de
   turbulencia y de arbitrariedad. El Régimen Vitalicio
   de 1 826, ha dicho el Dr. Manuel VICENTE VILLARAN, creaba un
   gobierno cesarista, constituido sobre la base de la opinión
   pública y el origen popular de los Poderes del
   Estado.

   Si fracaso prontamente el primer intento conservador
   de estructurar el Estado Peruano, presento asimismo graves
   fallas la Segunda Constitución Conservadora, que fue
   la autoritaria centralista de Huancayo de 1 839, que al igual
   que la anterior, suprimió las municipalidades,
   expresión genuina de la vida social. El
   propósito de los constituyentes de Huancayo, fue
   aprobar un texto sencillo, simple, sin ninguna
   preocupación doctrinaria e ideológica, que nos
   evitara los horrores de la anarquía y preservara la
   República de las revoluciones, trágico
   péndulo en que se movía por entonces el
   Perú(125) y que trajera la paz y
   tranquilidad. Por ello no querían una
   Constitución ejemplar, ni un gobierno modelo, ni
   demasiadas garantías. Bastaba un Poder
   Ejecutivo robusto, pocas asambleas, administración y no política.
   Así fue la Constitución de Huancayo, que
   adoptó definitivamente, la política del orden
   ante todo. Carta que tuvo una duración mayor que las
   anteriores, pues rigió de 1 839 a 1855, o sea
   dieciséis años.

   De todos los documentos liberales, el más
   interesante, arrogante y extremista fue la Carta de 1
   856. El país vivía un momento de intensa
   polémica doctrinaria, oratoria y
   pública, parlamentaria y universitaria, entre
   liberales y conservadores, los partidarios de la
   libertad y los del orden, los exaltados y los prudentes,
   los que tenían la ilusión del porvenir y los
   que temían la anarquía del momento, los ilusos
   y los desencantados, los que hablaban ante todo de las
   esperanzas del futuro y los que consideraban más bien
   la realidad del presente. La Constitución de 1 956 se
   caracterizó por su fervor doctrinario y generoso, por
   su olvido de la realidad peruana, por sus reformas
   políticas exageradas, por su aliento
   democrático, por su ingenua ilusión de liquidar
   todos los errores y de crear una república modelo, por
   su incapacidad de transar, por su altivez y por la pureza de
   sus propósitos. Sus aspectos más resaltantes y
   que concitaron mayores resistencias, fueron la supresión del
   fuero eclesiástico y de la propiedad de los empleos,
   la ratificación legislativa de los ascensos militares,
   la amovilidad del Poder Judicial, la inviolabilidad de la
   vida humana, el cercenamiento de las facultades del Poder
   Judicial en beneficio del Congreso, la consideración
   del novísimo Consejo de Ministros como
   copartícipe del Ejecutivo y el restablecimiento de las
   Juntas Departamentales y de las Municipalidades.

   La última expresión liberal, mucho
   más avanzada, extremada y radical que al Estatuto de 1
   856, aunque inspirada en su contenido y espíritu, fue
   la Constitución de 1 867, que no alcanzó las
   proyecciones, la trascendencia ni la elevación
   doctrinaria de aquel y tuvo además breve
   duración, pues no tardó, al igual que su
   modelo, en ser barrida por una triunfante revolución
   militar conservadora que restauró el imperio de la
   Carta de 1 860.

   Muy distinto fue el pensamiento de los congresistas de 1 860,
   autores de la Constitución Progresista y mesurada de
   ese año. Fácil había sido prever que la
   Carta Liberal de 1 856 tendría escasa vida. El
   Presidente Castilla declaraba, en el momento mismo de
   jurarla, que eran inoportunas muchas de sus reformas, otras
   exageradas o impopulares. La Convención Nacional por
   su larga duración, por las resistencias que
   suscitó – eclesiásticas, militares y de
   empleados públicos perjudicados por las reformas -,
   por su intemperancia y altivez, estaba gastada y
   desprestigiada y terminó inopinadamente por su brutal
   disolución por un Cuerpo del Ejército, al mando
   del Coronel Arguedas. Castilla, con su habitual perspicacia
   política, comprendía que el viento de la
   opinión pública se inclinaba por los
   conservadores y por ello se había venido alejando de
   los liberales extremistas e inoportunos. Mediante un Golpe de
   Estado, convocó a elecciones para el Congreso
   Ordinario de 1 860. Este se instaló el 23 de Julio de
   ese año; se arrogó poderes constituyentes,
   fundándose en el tenor de las credenciales de los
   representantes, yéndose a la Reforma de la Carta
   Liberal de 1 856, y dictándose la Constitución
   de 1 860, que, atendidas la época y las
   circunstancias, ha sido nuestro más notable y sagaz
   estatuto constitucional, hasta la Carta de 1
   979(126)

   La Constitución de 1 920 introdujo saludables
   reformas y tuvo notorios aciertos, agrupándose sus
   reformas en medidas de carácter político; de
   saneamiento y moralización sociales con su extenso e
   interesante capítulo de garantías sociales y
   nacionales, y de descentralización, con el absurdo
   sistema de los Congresos Regionales. Desgraciadamente, el
   país vivió, los años de vigencia de este
   Estatuto (1 920 – 1 930), un estatuto de fuerza y de
   arbitrariedad, presidido por la robusta personalidad de
   Augusto B. Leguía, siendo ignoradas todas las
   garantías democráticas que la
   Constitución, en su deseo de hacerlas más
   efectivas, no consentía siquiera en su
   supresión transitoria, (aún cuando esto fue
   después modificado). Se vivió dentro del
   régimen de cesarismo
   burocrático, con las sucesivas reelecciones del
   Presidente Leguía; con la presuntuosa
   afirmación de que sólo él y sus sistemas
   podían salvar al país; se suprimió toda
   oposición y cualquier voz de disensión por
   más mesurada que fuera. La caída del
   régimen político que había violado
   sistemáticamente tuvo necesariamente que arrastrarla y
   se hizo urgente la convocatoria a otra Constituyente, la
   novena que tuvo la República.

   Y en medio de una enconada lucha electoral
   surgió el Congreso Constituyente de 1 931. la
   pugnacidad de la contienda política había sido
   violenta y tuvo forzosamente que proyectarse en la Asamblea,
   dividida en bandos irreconciliables. En medio de tal ambiente
   poco propicio, desde luego, se inicio el debate
   constitucional, interesantísimo en sus primeros
   días, hasta la deportación de la minoría
   aprista, verdadero atentado contra el Parlamento,
   violándose las inmunidades parlamentarias,
   mediatizando el Congreso y quitando altura y emoción a
   la discusión doctrinaria.

   El país había recibió
   alborozado la perspectiva de una nueva Constitución
   que hiciera no sólo imposible los abusos y excesos del
   régimen anterior, sino que creara nuevas instituciones
   y satisficiera determinadas aspiraciones, unánimemente
   reclamadas, como la descentralización y
   autonomía del Poder Judicial. Si bien es cierto que la
   Carta de 1 933 reconoció que las circunscripciones
   territoriales gozaban de autonomía administrativa y
   económica, la descentralización, en la forma y
   por los órganos establecidos, era deficiente, y los
   proyectados Consejos Departamentales nunca funcionaron. El
   país recibió en medio de la mayor indiferencia,
   la Constitución de 1 933, que no encaro ni
   solucionó los problemas fundamentales de la
   Nación ni presentó un positivo adelanto en
   la
   organización de nuestro Estado y cuya
   promulgación coincidió con severas leyes de
   represión social que hicieron aleatorio el pleno goce
   de los derechos individuales.

   Al examinar esta abundancia de Constituciones que ha
   tenido al Perú, cabe preguntarse: ¿A qué
   se debe esta prodigalidad explosiva? Ya hemos dicho,
   líneas antes, que el fracaso, la falta de
   aplicación y de respeto
   por las diversas Cartas Políticas es la nota dominante
   de nuestra vida republicana. Es decir, la disconformidad
   entre el contenido constitucional y la realidad
   política. Pero ese mal profundo no se debe
   exclusivamente a sus errores o defectos o a que contuvieran
   muchas veces, menudos artículos reglamentarios en ves
   de principios
   generales o que incluyeran disposiciones que debían
   ser objeto de leyes secundarias. Nuestras Cartas
   Políticas fueron catecismos llenos de dogmas
   republicanos y de promesas, pero sin creyentes no adeptos
   convencidos.

   El último antecedente previo a la actual
   Constitución es la de 1 979 y que constituye el
   más sagaz y notable estatuto constitucional – conforme
   lo expone PAREJA PAZ
   SOLDAN(127)-
   después de la Constitución de 1
   860.

2. Evolución Constitucional del
   Perú:

   En 1968 se inició en el Perú un largo
   período de gobierno militar(128) encabezado
   por el General EP Juan VELASCO ALVARADO y un grupo de
   coroneles y que duró doce años, el más
   largo que hemos tenido en toda nuestra historia y que luego
   se convirtió en un Gobierno Militar Institucional de
   la Fuerza Armada.  En él se hicieron muchas
   cosas, algunas bastante discutibles, y otras no tanto. 
   Pero sobre todo, se condensaron muchas ideas que
   venían desde antes. Y sobre todo, la élite
   militar tenía pensado, desde un primer momento, que el
   país necesitaba una nueva Constitución,
   más acorde con los tiempos. En Agosto de 1 975 fue
   desplazado el velasquismo, asumiendo el Gobierno Militar un
   nuevo y responsable grupo castrense presidido por el General
   EP MORALES BERMUDEZ, que rectificó muchos de los
   errores anteriores, limitó el despotismo estatal,
   permitió el retorno de la libertad de
   expresión y la actividad de los partidos
   políticos y decidió la devolución del
   Poder a los civiles y el retorno a la
   constitucionalidad.

   En efecto, si revisamos las constituciones peruanas
   del siglo XIX y las primeras del siglo XX, en especial las de
   1920 y 1933, constatamos que todas ellas se parecían
   mucho las unas a las otras, lo cual era explicable en su
   momento, pero no a la altura de 1968, cuando el
   constitucionalismo, sobre todo después de la Segunda
   Guerra Mundial, era muy distinto. Fue así que
   previo acuerdo con los partidos políticos, se
   convocó a una Asamblea Constituyente que fue plural y
   democrática, y que funcionó un año, del
   28 Julio de 1978 al 28 de Julio de 1979, tras lo cual se
   aprobó y sancionó una nueva
   Constitución, que fue realmente nueva en
   relación con todo lo anterior; y cuya vigencia
   rigió a partir del 18 de Julio de 1 980, en que se
   instaló un nuevo Gobierno Constitucional del
   Presidente Fernando BELAUNDE TERRY.

   El Gobierno Militar Revolucionario incurrió
   en su primera fase, en graves errores debido a una
   posición prepotente, sin comunicarse con la civilidad,
   ignorando a los Partidos Políticos y tomándose
   decisiones imprudentes o precipitadamente, tanto que tuvieron
   que rectificarse y modificarse posteriormente muchos de estos
   decretos leyes. La influencia comunista fue muy grande a
   través de los asesores soviéticos, yugoslavos y
   cubanos que tuvo entonces el Gobierno, así como una
   burocracia
   influenciada por los marxistas.

   Como aportes positivos del Gobierno de Facto,
   podemos señalar la Reforma
   Agraria, en cuanto suprimió el latifundio, pero
   que no tomó las medidas complementarias como
   asistencia técnica y crédito rural lo que determinó
   una notable reducción en la producción agrícola, sobre todo
   en materia alimenticia, habiéndose acrecentado
   notablemente la necesidad de importar alimentos del
   extranjero, cuyo costo
   creció desorbitadamente. La
   institucionalización de la mayoría de edad y en
   consecuencia el voto a los 18 años; la reforma
   educativa en algunos de sus aspectos, aunque otros como
   materia universitaria no fue orgánica ni
   constructiva.

3. Gobierno Militar de Facto ( 1 968 – 1
   980):

   Ya hemos dicho que la Constitución es la Ley
   Máxima y estructural de una Nación. Sólo
   ella es Suprema en la República. Es el Estatuto del
   estado, establecido en nombre de la nación soberana
   por el poder constituyente, a través de un
   procedimiento especial de fundación. La
   Constitución es el origen de toda la actividad
   estatal, organizando y fijando la competencia de todos los Poderes
   Públicos.

   Otra función pública esencial de la
   Constitución es garantizar a todos los ciudadanos el
   auténtico y pleno goce de la Libertad y de los
   Derechos Individuales, sociales y culturales que
   corresponden al ser humanos en cuanto persona. Tal como lo
   dijo Aristóteles hacia muchos siglos: "La
   Constitución organiza el Estado y asegura la
   libertad". Por ello un ideal más lo constituía
   ser expresión de la máxima ley de
   garantías, Carta Política que debería
   ser de todos y para todos los peruanos.

   El Plan
   Gubernativo Túpac Amaru, había planteado la
   necesidad de una Nueva Constitución que debería
   consolidar el ordenamiento político y jurídico
   del Gobierno Militar Revolucionario, incorporando los cambios
   fundamentales y producidos, corrigiendo los errores en que se
   hubiera incurrido y reemplazando las viejas estructuras por otras nuevas que respondan a
   las aspiraciones populares y a la realidad socio –
   económica que se vivía en el
   Perú.

   La Constitución establece nuevos horizontes y
   marca nuevos
   ideales, afirmando al mismo tiempo, la
   personalidad política y jurídica de la
   nación en la comunidad de países libres,
   asegurando y fortaleciendo la independencia económica
   del Estado y creando normas que aseguren la justicia
   social(129). Se tenía una amplia confianza
   en que la Constitución de 1 979 sería el
   instrumento eficaz y viable para el progreso general de la
   República; respetando los
   valores permanentes y sustantivos del Perú,
   consagrados en anteriores Constituciones, como la democracia
   representativa, el régimen republicano y los derechos
   humanos. Tratando también, de garantizar el
   funcionamiento estabilizado y permanente de los Poderes del
   Estado, la Primacía del Ejecutivo y la
   específica función de cada uno de los
   órganos del Poder Público. Creando la
   auténtica independencia del Poder Judicial y una nueva
   organización geográfica – administrativa del
   Perú.

   Esta Constitución debe ser y es de todos y
   para todos los peruanos. De ahí que en su
   elaboración y aprobación concurren casi todos
   los partidos y facciones políticas, así como
   las grandes instituciones nacionales y los organismos de
   base, a través de una Constituyente que integraron las
   ideologías democráticas y los sectores
   nacionales dentro de una atmósfera de unidad nacional buscando
   las convergencias más que las
   discrepancias.

   Toda Carta Política debe inspirarse en la
   ideología democrática y en la justicia social,
   pero al mismo tiempo, debe ser necesariamente realista y
   pragmática. Antiguas Constituciones Peruanas como las
   de 1 823, 1 828, 1 834, 1 856, ó 1 867, pecaron de un
   idealismo
   generoso pero en franca contraposición con la realidad
   política nacional. No hay nada perfecto sino
   perfectible. De allí la importancia de establecer
   preceptos que tengan aplicación e innovaciones que
   sean convenientes dentro de la promisora pero difícil
   etapa histórica. Hay que coordinar lo mejor de la
   Doctrina Constitucional con la realidad y sus posibilidades,
   dentro de los nuevos planteamientos y exigencias
   políticas, sociales y económicas que una
   Constitución debe institucionalizar. O sea como
   aconsejara el Libertador Simón Bolívar cuando
   quería "un gobierno que produjera la mayor suma de
   felicidad posible, la mayor suma de seguridad
   social y de estabilidad política". Y ya en el
   Anteproyecto
   de la Comisión Villarán de 1 931, muy superior
   en muchos aspectos a la Carta del ’33, se reclamaba
   para la Constitución que fuera "el perfeccionamiento y
   la integración de las instituciones políticas y
   administrativas y la satisfacción de los grandes y
   legítimos anhelos públicos, compatibles con la
   realidad nacional".

   En suma el anhelo e ideal deseado es que toda
   Constitución compatibilice las reformas estructurales
   con su viabilidad y permanencia, ampare la dignidad
   humana, promueva el bienestar general y la seguridad social,
   logre la participación equitativa de todos los
   peruanos en el disfrute de la riqueza según los
   principios de la justicia social, sustentando el orden
   democrático como el mejor sistema para asegurar los
   derechos y la dignidad de todos los peruanos fomentando la
   economía en servicio de todos los
   hombres(130).

4. Ideales y Realidad de la Constitución
   Peruana:
5. Importancia de la Constitución en la
   Vida Nacional:

La Constitución elimina la concentración
del Poder al separar las funciones de los grandes órganos
estatales, dentro de una necesaria interdependencia, aseguraba la
autonomía de los mismos, como era el caso del Poder
Judicial y la acción libre y definidora de sus
magistrados.

La Constitución tiene, asimismo, un fin difusivo
y didáctico. Es un instrumento normativo y por ende
educativo. Instruye al peruano sobre la organización del
Estado Nacional y sobre su participación en la actividad
política, social y cultural. La Constitución por
ello debe ser divulgada y explicada para contribuir a la
concientización ciudadana. El Titulo de los Derechos
Humanos era también un tema de adoctrinamiento
cívico, enseñando a todos – niños,
jóvenes, adultos y ancianos -, sus derechos y obligaciones
y debe estar en concordancia con las características
sociales, políticas y culturales y con la realidad del
país. Asimismo, debe completar su ámbito de
acción y procurar el perfeccionamiento moral,
intelectual y social de todos los ciudadanos a través de
la divulgación popular de su articulado. Instruye a los
peruanos sobre la organización del estado y sobre su
participación en la vida política y le da los
fundamentos para hacer operativos sus derechos, cumpliendo una
labor de adoctrinamiento cívico. Establece, asimismo, como
lo ha hecho acertadamente la Carta de 1 979, la nulidad de los
actos usurpadores de los funcionarios públicos y las
consiguientes y necesarias sanciones para sus violadores, los
cuales deben quedar marginados de la actividad pública y
política de la nación e imposibilitando de ejercer
cargos estatales y advirtiendo que las deudas contraídas
por los gobernantes de facto no obligan a los gobiernos
constitucionales.

La Constitución confluye importancia porque debe
reflejar la realidad del país que no haya
diversificación entre el país real y el país
legal. Esto es tan cierto que si un constitucionalista
extranjero, estudioso del texto de nuestras Constituciones, pero
sin conocer las historia peruana, concluiría que el
Perú ha sido un país permanentemente
democrático, con amplias libertades y con una
renovación periódica de gobiernos y no el
péndulo desdichado en que hemos vivido entre
regímenes constitucionales versus anarquía
política y golpes militares.

Sobre la extensión de las Constituciones hay dos
tendencias: Una como es el caso de la Carta Francesa de 1 958,
que sólo comprende los grandes principios generales con un
total de 90 artículos y la estructura de los principales
órganos del Estado. La otra tendencia, por la que se han
inclinado los Constituyentes de 1 978 – 1 979, no sólo
organizaba en forma detallada los Poderes Públicos sino,
asimismo las instituciones complementarias, los derechos de las
personas y su protección y establecía disposiciones
concretas y extensas sobre todos los aspectos de la vida
jurídica, social, económica, cultural y laboral del
país, incluyendo artículos que no tienen
categoría constitucional, sino meramente reglamentaria con
total de 307
artículos(131).

Capítulo VII

Constitución Política del
Perú de 1 979

1. Por Decreto Ley Nº 21949, del 04 de Octubre de
   1 977, el Gobierno Militar considerando que era necesario
   institucionalizar las transformaciones básicas que se
   habían producido desde la Revolución Castrense
   del 03 de Octubre de 1 968, así como definir una nueva
   Estructura del Estado, el ejercicio del pluralismo
   político, así como asegurar la plena vigencia
   de los Derechos Humanos a través de una
   Constitución Política, como paso previo e
   indispensable a la transferencia de Poder, convocó a
   elecciones para cien representantes, a una Asamblea que
   tenía como única finalidad, la dación de
   una Nueva Constitución Política del Estado. Los
   cien constituyentes fueron elegidos a nivel de distrito
   electoral de todo el territorio nacional.

   Doce agrupaciones políticas intervinieron en
   la elección. La lista que obtuvo mayor cantidad de
   votos fue la del APRA, seguidos del Partido Popular Cristiano
   (PPC) cuyo líder fue Luis BEDOYA REYES y el Frente
   Izquierdista de FOCET.

   La elección de los constituyentes se hizo por
   voto general directo y secreto. Por última vez
   participaron en el sufragio
   los mayores de 18 años reforma política que fue
   recibida con aprobación unánime ya que la
   juventud
   había madurado enormemente en los últimos
   años, y terminaba más tempranamente sus
   estudios escolares y universitarios, y comenzaba a trabajar
   más pronto.

   El Primer Vicepresidente de la Asamblea
   Constituyente, Dr. Luis ALBERTO SÁNCHEZ,
   promulgó la Carta de 1 979, en su condición de
   Presidente en ejercicio. Considerando acertada esa
   decisión no sólo de aprobarla sino de
   promulgarla, porque no había relaciones permanentes y
   oficiales entre la Asamblea Constituyente y el Gobierno
   Revolucionario que ejercía el Poder de Facto, porque
   la Convención era un Poder Constituyente con
   atribuciones completas y específicas para dictar una
   Constitución, o sea aprobarla, sancionarla y
   promulgarla, porque no podía invocarse el
   artículo 128º de la Carta de 1 933 que obliga al
   Ejecutivo a promulgar una ley aprobad por el Congreso ya que
   las funciones de ese poder también era ejercida por el
   Gobierno Militar y por que la máxima expresión
   de la voluntad para ese fin específico y único
   de dictar la Carta Política, gozando pues de plena
   autoridad para promulgarla como necesaria culminación
   de su labor(132).

2. La Convocatoria a la Asamblea Constituyente de 1
   979:

   El Dr. José F. PALOMINO
   MANCHEGO(133), nos presenta el siguiente análisis y panorama señalando
   que: "La Constitución de 1 979 es un texto que se
   inscribió en las modernas tendencias del
   constitucionalismo contemporáneo. Desde luego, el
   texto formalmente encerraba diversas limitaciones que, a la
   postre, podían haber sido superadas mediante el
   procedimiento normal de la Reforma Constitucional. De no
   haberse producido el autogolpe del 05 de abril de 1 992 y de
   haberse auspiciado las reformas que la realidad y experiencia
   de ese momento aconsejaban, aun se hubiera mantenido la Carta
   de 1 979. Todo habría operado, contando con los marcos
   de una adecuada reforma constitucional. De ahí que
   resulta importante tener en cuenta la presencia de un poder
   constituyente derivado, pues este cumple importantes
   funciones.

   Conforme señala el citado autor, los aspectos
   en que opera la reforma en la moderna organización
   constitucional democrática, son tres:

   1. Como instrumento de adecuación entre la
      realidad jurídica y la realidad
      política.
   2. Como mecanismo de articulación de la
      continuidad jurídica del Estado.

      Ahora bien en los doce años de vigencia
      de la Constitución de 1 979, se plantearon un
      aproximado de 85 proyectos de reforma constitucional,
      muchas de ellas técnicamente necesarias, sin
      embargo, no hubo intención política para
      realizarlo. En el periodo gubernamental de 1 990 – 1 992,
      quizá por falta de mayoría parlamentaria,
      del gobierno fujimorista, los congresistas si bien les
      correspondía desarrollar una labor legislativa y
      fiscalizadora, en la práctica no lo hicieron. La
      Constitución de 1 979 – criterio que
      todavía se mantiene en pie en gran parte de los
      partidos y agrupaciones políticas – debió
      seguir vigente, para lo cual era necesario que el poder
      de reforma que tiene el Parlamento, en cualquier momento
      auspiciara y ejecutara las reformas que la dinámica política
      imponía. Ello como bien se sabe, no
      ocurrió. En esa perspectiva, las cuotas de
      responsabilidad de lo que en la actualidad
      se vive les asisten a los partidos políticos de
      los noventa.

      En líneas generales y siguiendo a Domingo
      GARCÍA BELAUNDE(134), los principales
      rasgos característicos de la Constitución
      de 1 979 son:

      1. Fue un texto Consensuado: Es
         decir fruto de diversas posiciones políticos –
         partidarias, que reflejaron una composición
         plural. De allí que se realizaron diversas
         concesiones entre los constituyentes. Si bien los
         representantes en mayoría de la Asamblea
         Constituyente fueron del Partido Aprista Peruano (APRA)
         y el Partido Popular Cristiano, un aspecto
         político muy importante proviene de la izquierda
         marxista, cuyo sentir se reflejo en el texto
         constitucional.
      2. Consagro un Pluralismo: Tanto en
         el orden económico como político. En
         efecto admitió diversas modalidades de
         propiedad. Afirmo, asimismo, una economía
         social de mercado. También
         ratificó cierto intervencionismo estatal,
         heredado del decenio militar, sin que ello implique
         un divorcio con la iniciativa privada. En
         el ámbito político, extendió un
         status a los partidos políticos sin discriminación alguna.

         "Las Normas relativas a los
         derechos y libertades que la Constitución
         reconoce se interpretan de conformidad con la
         Declaración Universal de los Derechos Humanos
         y con los Tratados y Acuerdos Internacionales, sobre
         las mismas materias ratificados por el
         Perú".

      3. Consagro un Respeto y Afirmación
         por los Derechos Fundamentales: Hecho que fue
         calificado sin precedentes. Por otro lado los Derechos
         Constitucionales, consagrados en la parte
         dogmática, no se agotaban con la
         positivización, sino que el Constituyente
         afirmó la cláusula de los Derechos
         Fundamentales Innominados (Art. 4º),
         consagrándolos como Derechos Implícitos.
         Es decir, aquellos derechos que no estaban legislados,
         podían ser incorporados a través de una
         cláusula extensiva (Art. 4º). A mayor
         abundamiento, a través de un artículo
         específico (Art. 105º), consagró la
         internalización de los derechos, ahora como
         Derechos Humanos, otorgándole rango
         constitucional a los tratados sobre dicha materia, aspecto
         que fue pionero en el Derecho
         Comparado Latinoamericano, y que hoy lo han
         suscrito otras constituciones, tales como la de
         Guatemala de 1 985. Irónicamente la
         Constitución de 1 993, no tomó en cuenta
         este mensaje. Dicho sea de paso la Cuarta
         Disposición Final y Transitoria de la
         Constitución de 1 993 establece que:
      4. Reflejo toda una Impronta
         Antimilitarista: Tal y conforme se
         desprende de una visión en conjunto del texto
         político. Por lo demás esto se explica en
         la medida que la Asamblea Constituyente de 1 978 – 1
         979, afirmó una postura contra el decenio
         militar que empezaba a extinguirse.
      5. La Constitución reflejo una
         Tendencia Reglamentaria: Es decir el
         Constituyente pensaba que el texto político
         debería prever todos lo hechos posibles, y que
         se explicaba recogiendo la experiencia
         histórica.
      6. Se Perfeccionó la
         Protección Procesal de los Derechos
         Fundamentales: Con la incorporación de
         las Garantías Constitucionales,
         tales como el Habeas Corpus, el Amparo y
         la Acción de Inconstitucionalidad.
      7. Afirmo Explícitamente:
         Que el Perú es un Estado social y
         democrático de Derecho.
      8. Plasmó un Afán
         Descentralista: Por primera vez, aunque con
         diversos efectos, se normaba un interesante proyecto de
         modelo regional, situación que a la postre no
         dio buenos resultados, dándose más bien
         otro resultado: el Centralismo Gubernamental.
      9. La Configuración de Nuevos
         Órganos Constitucionales: En efecto,
         superando la clásica visión
         triárquica del Poder Político, se
         incorporaron otros órganos constitucionales
         como: El Consejo Nacional de la Magistratura,
         Tribunal de Garantías
         Constitucionales, Ministerio Público,
         Jurado Nacional de Elecciones y contraloría
         General de la República.
      10. Mantuvo en sus normas un "Maximalismo
          Programático": Es decir la
          Constitución contenía una generosa
          cantidad de normas programáticas que
          pretendían realizar una función de
          mito
          político, para crear una esperanza de
          mejoría. Como si se quisieran las insuficiencias
          e injusticias de las estructura sociales, se
          crean grandes promesas constitucionales,
          que pretenden garantizar futuras sociedades de bienestar
          general.
   3. Como institución básica de
      garantía.

   En esencia, tales serían las notas
   características de la Constitución de 1 979
   Pensamos que era necesario espera un buen tiempo, para que se
   vaya reafirmando el sentimiento constitucional y obtenga los
   resultado que en su día bosquejaron los
   Constituyentes.

3. Visión Panorámica de la
   Constitución Política de 1
   979:
4. Resumen del Contenido
   Normativo:

Este texto, que no está vigente, pero que es
modélico y que ha sentado las líneas maestras de lo
que vino después, incluyó en él los dos
sistemas de control, tanto el difuso, que venía desde
antes, como el concentrado, que creó en ese momento
según el modelo europeo.

El Dr. Aurelio PEREZ CABALLERO(135), resume
contextualmente el contenido sobre el que se sentaba la base
normativa de la Constitución de 1979, aduciendo
previamente que: "Como todos las Constituciones Latinoamericanas,
se establecen algunas normas cuyo cumplimiento será
posiblemente lírico, pero que en lo referente a la defensa
de la democracia, queda tan sólidamente expresado, que su
desobediencia, resultará un atropello, evidentemente
más irrespetuosos y descarado, que el que repetidamente
han sufrido en el Perú, las garantías para la
defensa del orden constitucional, inclusive las contenidas en la
anterior Constitución de 1 933".

El Título I, que abarcaba los Arts. 1º al
78º y consta de 8 Capítulo, trataba de los Derechos y
Deberes Fundamentales de la Persona. El enfoque humanista y de
sentido social, no sólo está representado por el
hecho de que tal asunto rompa la racha del texto, sino que
reviste de su espíritu e intensión, toda la
Carta.

El Título II, versaba sobre El Estado y La
Nación y constaba de 5 Capítulos, siendo el 1º
el que se refería al Estado y en el Art. 81 81º, como
una de las claras expresiones de afirmación de esta
Constitución, respecto de la vida social, que constituye
el tema de fondo de todo su texto, después de enunciar que
el poder emanaba del pueblo y que quienes lo ejercen lo hacen en
su representación, añadía incisivamente, que
ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Fuerza
Policial o Sector del Pueblo, pueden ejercer el poder, sin
cometer acto de sedición. En consecuencia el Art. 82º
establece que nadie debe obediencia un gobierno usurpador, ni a
quienes lo representen, siendo por tanto los actos que este
realice, consecuentemente nulos. Termina con una
invocación hacia el Derecho de Insurgencia, que tiene el
pueblo en defensa del orden constitucional violentado.

El Título III trataba del Régimen
Económico y consta de 8 Capítulos. El 1º trata
de los Principios Generales. En el 2º se contempla con
criterio técnico los Recursos
Naturales, y en su Art. 121º formulaba un enunciado
descentralista, al disponer que zonas productoras tengan una
adecuada participación, teniendo además preferencia
para la instalación de las unidades de
procesamiento.

El Título IV, De la Estructura del Estado,
constaba de 14 Capítulos y dedicaba su 1º al Poder
Legislativo. Establecía en el Art. 164º la
bicameralidad, pero llamábamos al Senado sólo por
su nombre y la colegisladora, Cámara de
Diputados.

El Título V versaba sobre las
Garantías Constitucionales y es de
Capítulo Único. En el Art. 295º, incorporaba a
la legislación peruana la institución
jurídica del Amparo, para cautelar todos los derechos
reconocidos por la Constitución, vulnerados o amenazados
por cualquier institución o persona y que sólo
consiste en el atropello a la Libertad Individual,
caso en el que procede la Acción de Habeas
Corpus. Igualmente, disponía la procedencia de la
Acción Popular ante el Poder Judicial por
infracción a la Constitución o la Ley, a
reglamentos y normas administrativas y aún contra
resoluciones y decretos de carácter general, expedidas por
el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Locales.

Así, reservó al Poder Judicial (Art. 234)
la facultad de inaplicar las leyes inconstitucionales, en toda
clase de procesos, formalizando al más alto nivel
normativo el control difuso que incorporado en 1936, había
funcionado con altibajos. Y por otro, el Art. 296º
creó el Tribunal de Garantías
Constitucionales, como órgano de control
concentrado, independiente y separado del Poder Judicial, y que
tenía pocas competencias. Lo
curioso es que se hizo coexistir dentro del propio ordenamiento
jurídico peruano a los dos sistemas, sin mezclarse, por lo
que calificarlo de mixto, como se ha hecho, no hace justicia a lo
existente.  Más bien, me he atrevido a  pensar
que es un sistema dual o paralelo, connotación que tiene
más fuerza explicativa que la
anterior(136).

El Título VI versaba sobre la Reforma de la
Constitución, disponiendo en su único Art.
306º, que toda Reforma Constitucional, debe ser aprobada en
una Primera Legislatura
Ordinaria y ratificada en otra consecutiva, debiendo en todo
caso, aprobarse por la mayoría de votos del número
legal de cada Cámara. El Proyecto no podía ser
observado por el Poder ejecutivo.

El Título VII, Disposición Final, en su
Art. 307º, establecía que la Constitución no
pierde su vigencia por acto que no sea el que ella misma dispone
para su modificación. Serán juzgados conforme a las
normas ya enunciadas no sólo aquellos que sean
responsables de violaciones a la misma, sino aun aquellos que no
han contribuido a restablecer imperio de la Constitución.
Establecía finalmente, pena pecuniaria de
incautación de los bienes de las
personas, que se hayan enriquecido al amparo de la
usurpación, para resarcir a la República por el
daño
causado.

El Título VIII, De las Disposiciones Generales y
Transitorias, disponían en su Número Primero, que
ésta Constitución entra en vigencia con el nuevo
Gobierno Constitucional o sea el 28 de Julio de 1 980, salvo los
Capítulos sobre la Persona y los Derechos
Políticos, del Régimen Agrario y los
artículos sobre prevalencia de la Constitución
sobre toda norma constitucional y una legal donde debe elegirse
la primera y la que contempla el Fuero Privativo, por esta vez,
la elección presidencial en una sola vuelta. El Numeral
Décimo Sexto ratificaba los pactos sobre Derechos civiles
y Políticos así como el Protocolo
Facultativo de las naciones Unidas y
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El
Décimo Séptimo, ratificaba el Convenio 15º de
la Organización Internacional de Trabajo.

Capítulo VIII

Constitución Política del
Perú de 1993

1. Los Cambios Fundamentales y sus
   Orígenes:

Mediante referéndum celebrado el 31 de Octubre de
1993, el pueblo peruano ratificó la aprobación de
la Constitución política de la República,
que había efectuado el Congreso Constituyente
Democrático. La Nueva Constitución sustituyó
a la de 1979, y fue concebida con el propósito de
modernizar el Estado. Al respecto, el entonces Ministro de
Justicia del Perú explicó en su presentación
de la Nueva Constitución que: "…la
burocracia política nacional no había experimentado
aún el descrédito que hoy sufre; el terrorismo no
era conocido, cuando menos en nuestra patria, en las magnitudes
que luego se revelaron; el explosivo avance tecnológico,
la consolidación del sistema liberal en lo
económico y la democracia en lo político no fueron
ponderados suficientemente por los constituyentes del 79. Puede
advertirse en su texto el marcado acento asistencial que se le
pretendió dar al Estado, reflejado en su conducta
intervencionista de la que hizo gala en la década pasada.
Era un Estado elefanteásico, tan grande como débil,
tan burocrático como anárquico. Una
situación a la que había que poner fin, y en efecto
se hizo. La Constitución de 1993 es la expresión
legal por revertir la situación
descrita"(137).

La Constitución peruana señala en su
artículo 43º que "la República del Perú
es democrática, social, independiente y soberana. El
Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario,
representativo y descentralizado, y se organiza según el
principio de la separación de poderes". Esta última
afirmación fue introducida en la Constitución de
1993. Dicha Carta Magna consagra también que el poder del
Estado emana del pueblo, y contempla como uno de los deberes
primordiales del Estado el "garantizar la plena vigencia de los
derechos humanos".

La Nueva Constitución Peruana de 1 993, contiene
180 innovaciones en relación con el texto constitucional
del año 1 979. Diremos qua hay tres áreas
fundamentales que surgen importantes modificaciones. En Primer
lugar, los Derechos de la Persona, como ciudadanos. En Segundo
lugar, El Régimen Económico; y, en Tercer lugar, la
relación entre los mal llamados Poderes del
Estado.

Para el Dr. Carlos TORRES Y TORRES LARA(138),
las causas inmediatas que determinaron que la modificación
constitucional se produjera, fueron más bien
fundamentalmente las siguientes:

1. Relación improductiva y conflictiva de
   poderes: Una condición generadora de la Nueva
   Constitución fue la dificultad que, tal como en
   anteriores gobiernos, tuvo el Gobierno del Presidente
   Fujimori. El Parlamento estaba excesivamente dividido y sin
   posibilidad de concretar una alianza a favor del gobierno o
   en contra con un proyecto alternativo. Nuevamente el
   país se encontraba se encontraba con un Parlamento
   inmovilizado por el fraccionamiento de los grupos
   políticos incapaces de conciliar, en medida guerra
   interna, el apoyo o una alternativa
   diferente(139).
2. Durante doce años de violencia
   subversiva nunca se logró que los partidos
   políticos concertaran con los gobiernos acerca de la
   estrategia
   contrasubversiva y menos aún que se comprometieran a
   llevar a cabo tareas concretas y sostenidas en defensa de la
   población contra los grupos
   terroristas(140).
3. La carencia de alternativas, no impedía sin
   embargo la simple oposición. En tal sentido el
   Parlamento aprobó una ley mediante la cual,
   sólo el Congreso podía autorizar la
   ampliación de los Estados de Emergencia decretados por
   el gobierno, facultad que conforme a la Constitución
   correspondía exclusivamente al presidente de la
   República y que en tiempo de guerra interna era de
   indispensable necesidad. A estas alturas de la guerra, la
   lucha contra la subversión era ya básicamente
   militar, motivo por el cual los referidos decretos de
   emergencia se debían dictar en forma inmediata, sin
   demoras propias de un debate parlamentario que indudablemente
   alertaría a los subversivos y terroristas de la
   respectiva zona.
4. Esta ley mentada parágrafos
   arriba, fue juzgada por CHIRINOS SOTO, constitucionalista de
   la oposición, como un golpe de Estado del Parlamento
   contra el Ejecutivo. Este hecho fue uno de los fundamentales
   para que el Presidente con la cooperación de las
   Fuerzas Armadas, dispusiera le cierre temporal del Congreso
   en lo que el mismo calificó con un Contragolpe –
   Autogolpe.
5. La reacción nacional e internacional fue
   otro de los factores que dio origen a la Nueva
   Constitución. Mientras que el apoyo interno a favor
   del contragolpe marcaba, conforme a las diversas encuestas,
   un 85%. La reacción internacional fue negativa. Como
   solución alternativa, las propias fuerzas partidarias
   presionaron a las instituciones internacionales para lograr
   el reestablecimiento de la democracia mediante la
   convocatoria a un Congreso Constituyente Democrático
   (CCD).

1. En el primer tema, que son los Derechos de la
   Persona como Ciudadano, las Constitución incorpora
   derechos que antes no estuvieron considerados en ninguna de
   nuestras constituciones, entre ellos, el Derechos al
   Referéndum, el Derecho a la Iniciativa Legislativa por
   los Ciudadanos (Art. 2º, Inc. 17), sus municipios o sus
   colegios profesionales (Art. 107); el Derechos a la
   Remoción de las autoridades designadas o elegidas
   (Art. 2º, Inc. 17) y ya no solamente a elegir a las
   autoridades; el derecho a elegir a los jueces de paz (Art.
   152º) y, eventualmente en algunos casos, a los jueces de
   primera instancia; el derecho a obtener la valiosa información que está en las
   instituciones del Estado, modificándose el principio
   de que el Estado es el propietario de la información
   acumulada, por el principio de que es solamente su administrador
   (Art. 2º, Inc. 5), ya que la propiedad de las
   informaciones en poder de organizaciones públicas es de la
   sociedad; y el impulso al concepto del
   mutuo respeto e integración de nuestras distintas
   etnias, razas y costumbres (Art. 2º, Inc. 19; Art.
   89º; Art. 149º).

   En el Perú estos derechos que intentan
   complementar la democracia indirecta con instituciones de la
   democracia directa, tienden a integrar a nuestra
   población. En efecto, con el uso de mecanismos de
   democracia directa, los sectores generalmente marginados
   podrán actuar integrándose a la
   conducción del destino nacional.

2. La Reforma Política: Democracia Directa e
   Indirecta:

   Otro cambio fundamental en la Nueva
   Constitución es la autonomía del Poder Judicial
   para liberarlo en lo posible de toda tendencia
   político – partidario. Un Poder Judicial donde no
   intervenga ni el Poder ejecutivo ni el Poder Legislativo.
   ¿Cómo se hace?, creando en realidad un nuevo
   poder. Este poder se llama el Consejo de la Magistratura. El
   Consejo de la Magistratura establecido por esta
   Constitución está integrado por uno designado
   por el Poder Judicial, uno por la Fiscalía, uno por
   los Colegios de Abogados, dos por los oteros Colegios
   Profesionales, y otros dos por los rectores de las
   universidades. En consecuencia, el nombramiento de los
   jueces, su ratificación o remoción,
   dependerá de este poder que se instituye.

   Además asegura la independencia
   jurisdiccional, Un Tribunal Constitucional que
   controla la acción del propio Congreso, pues si se
   dicta una ley inconstitucional, podrá ser materia del
   procedimiento correspondiente, no solamente a través
   de los propios ciudadanos, sino de los alcaldes provinciales,
   presidentes regionales o colegios profesionales (Art.
   203º), en adición a quienes antes tenían
   tal facultad conforme a la Constitución del
   ’79.

3. Relaciones con el Poder Judicial:

   Partes: ,
   2,
   3,
   4

4. Estructura Constitucional de la Carta
   Política de 1 993: