La elección de Rector en las Universidades Públicas estatales de Colombia. ¿Democracia participativa o representativa? (página 3)

7. ANÁLISIS DE
RESULTADOS

Para el presente estudio monográfico se ha tomado
en cuenta 26 universidades oficiales autónomas equivalente
al 81.25% de las 32 existentes en la
República de Colombia,
incluyendo la Universidad Francisco De Paula Santander, sede
Ocaña. Se ha establecido una clasificación por
Departamentos de manera que se pueda recoger el comportamiento
administrativo de estos entes autónomos en una parte
importante de la geografía nacional,
de acuerdo a los aspectos procedimentales en la
designación del rector en las universidades del
país se han establecido ocho grandes formas o procedimientos,
cada una de ellas participa de uno o varios de ellos según
las condiciones y sus definiciones estatutarias.

Todas las universidades descritas y analizadas en el
presente trabajo
cuentan con la respectiva autonomía académica,
administrativa y financiera, de tal manera que los
comportamientos allí descritos son el producto de
las decisiones y reglamentaciones del Consejo Superior
Universitario de cada institución. La clasificación
descrita es la siguiente:

7.1. Designación del rector por el
CSU

7.2. Selección de ternas para la
elección de rector en las universidades
públicas

7.3. Postulación estamentaria de
candidatos.

7.4. Consulta previa a los estamentos para elegir
candidatos.

7.5. Votación estamentaria definitoria y
vinculante sin ponderación.

7.6. Votación estamentaria definitoria y
vinculante ponderada

7.7. Postulación de candidatos por parte del
CSU y elección posterior por parte de los
estamentos.

7.8. Postulación por parte del consejo
académico.

1. 

    

    

   Este procedimiento consiste en la
   designación del Rector en cada universidad oficial
   del país por parte de cada Consejo Superior
   Universitario el cual en virtud de la ley 30 de 1992
   ostenta dicha facultad tal como lo reza su artículo
   66:

   "El Rector es el representante legal y la
   primera autoridad ejecutiva de la universidad estatal u
   oficial y será designado por el Consejo Superior
   Universitario. Su designación, requisitos y
   calidades se reglamentarán en los respectivos
   estatutos".

   Bajo esta circunstancia legal es comprendida la
   obediencia reglamentaria de todas las universidades
   públicas del país analizadas en el presente
   trabajo monográfico al acatar dicha directiva, en
   razón que no les es dado imponer el reconocimiento
   de otro sujeto como designador del rector, lo cual no obsta
   para que internamente se utilicen mecanismos
   democráticos de escogencia o elección por
   parte de la comunidad universitaria.

   Se entiende que el espíritu del articulo
   citado consiste en señalar el órgano
   encargado de realizar la designación, el cual en el
   contexto de la autonomía universitaria
   correspondería al consejo superior universitario
   como máximo órgano colegiado directivo, sin
   embargo no constituye esta voluntad normativa una
   limitación o una restricción a que se generen
   mecanismos consultivos y participativos dentro de la
   universidad, si bien es cierto reconoce la autoridad del
   ente superior, no limita con esto el procedimiento para la
   escogencia, estableciendo sólo uno de los pasos; el
   órgano designador, los demás aspectos
   procedimentales y democráticos, si es deseo incluir
   más, se dejan a consideración y
   decisión de cada universidad.

   El factor de la designación por parte del
   Consejo Superior Universitario es un factor común en
   todos los casos universitarios objeto de análisis.

   Como podemos ver no solo la designación del
   rector en el caso de la Universidad de la Amazonía
   recae totalmente sobre el Consejo Superior Universitario,
   sino además su elección. Lo que implica una
   potestad absoluta de este organismo para elegir al
   representante legal y primera autoridad ejecutiva de la
   universidad, con una participación nula por parte de
   la comunidad educativa de dicha institución,
   invalidando abiertamente pilares constitucionales de
   nuestro Estado
   Social de Derecho, que desarrolla nuestra actual carta
   política, y ubicando el mencionado
   mecanismo de elección de rector en una democracia meramente representativa propia
   de los siglos XIX y XX.

   El constituyente primario en el caso de las
   universidades que gozan de la autonomía de auto
   regularse y elegir sus directivas, lo instituye sin duda
   alguna la comunidad universitaria, en quien recae la
   soberanía y la verdadera
   autonomía universitaria que delega en los
   órganos de dirección el poder de
   decidir en los diferentes aspectos del quehacer
   académico y administrativo, es marginada del proceso
   de elección de su máximo representante legal
   y ejecutivo. No obstante, esta delegación en cabeza
   del Consejo Superior no puede ser absoluta, exclusiva e
   irrevocable, y entonces, será necesario que la
   comunidad académica tome medidas directamente sobre
   asuntos que le competen ineludiblemente por la
   trascendencia de la decisión y para ello, la
   constitución ha dispuesto de herramientas que acompañan el
   desarrollo de los derechos
   fundamentales de participación democrática,
   bajo unas garantías especiales que rodean la
   autonomía universitaria, para el caso concreto
   en lo concerniente a la elección de rector, como lo
   es la revocatoria del mandato, el voto
   programático, etc.

   Sin embargo la realidad es distinta y lamentable,
   pues aunque la Constitución Política de
   Colombia favorece la participación de la comunidad
   universitaria, por otro lado, especialmente la ley 30 de
   1992 ha dado altas atribuciones a los consejos superiores
   de cada universidad en virtud de la condición
   representativa estamentaria y estatal del mismo, e incluso
   la ley ha sido bastante generosa al darle poderes de
   decisión de auto regulación sobre asuntos
   administrativos, académicos y de la vida diaria y
   cotidiana.

   Así la ley, le ha facultado a los Consejos
   Superiores el poder de elegir directivas por parte de
   agentes externos de la comunidad educativa, como en el caso
   de los representantes del Presidente de la
   República, del Ministerio de
   educación, de la Gobernación, del
   Sector Productivo que generalmente recae sobre
   agremiaciones de los medios
   de producción excluyendo las
   asociaciones de las fuerzas productivas, de los
   Egresados que dependen del gobierno
   central o del sector productivo, y de los Ex
   Rectores que al igual que el anterior se ve
   comprometida su independencia e imparcialidad al depender
   también del sector productivo o del gobierno
   central.

   Estos miembros en realidad son 6, y 5 votos son
   suficientes para determinar y decidir el quehacer
   administrativo y académico de la universidad en la
   mayoría de los casos. Es decir estos 6 miembros
   externos de la comunidad educativa universitaria, ostentan
   la desfigurada autonomía universitaria en la
   practica y toman toda clase
   decisiones hasta las mas trascendentales, casi siempre en
   contra y por encima de los 3 representantes de los
   estamentos internos que conforman realmente la comunidad
   educativa universitaria, el Representante de los
   Estudiantes, el Representante de los Docentes y
   el Representante de los Decanos. Quienes son
   elegidos mediante procesos
   realmente democráticos y participativos al interior
   de las universidades, cosa que no sucede con los otros
   6.

   Y esto en el mejor de los casos, cuando aquellos 3
   representantes en una posición digna y comprometida
   con el alma
   mater, no se dejan comprar con prebendas
   burocráticas y mucho menos seden al
   constreñimiento político. De no ser
   así, la realidad seria aun más cruda y
   desalentadora.

   Todo esto genera desconfianza en la verdadera
   comunidad educativa universitaria y deslegitima al Consejo
   Superior como máximo órgano de
   dirección, ya que en la mayoría de sus actos
   se ha convertido en una tradición ultrajar el
   concepto
   genuino de Autonomía universitaria negando a
   ultranza la participación de la comunidad
   académica, creando un conflicto de intereses permanente entre
   estas y agentes externos enquistados en el órgano
   superior que viven de los favores y amparos que les brinda
   la política de turno. Desde este panorama de la
   realidad, la autonomía universitaria, y todas las
   garantías constitucionales de participación
   democrática de los ciudadanos y de defensa de los
   derechos
   humanos, se convierten en una mera ficción de la
   anhelada democracia.

    

2. Designación del Rector
   por el Consejo Superior Universitario
3. Selección de Ternas para la
   Elección de Rector en las Universidades
   Públicas.

Esta es una posibilidad de acuerdo al amplio poder
discrecional que tiene el Consejo Superior Universitario,
regulado en los Estatutos Universitarios por el mismo Consejo
Superior, para establecer un número limitado de candidatos
al cargo de rector, los cuales han de ser escogidos por el mismo
ente Superior o por el resultado de una consulta
estamentaria.

Las ternas son una opción consistente en la
selección de tres candidatos los cuales se disputaran el
cargo a la rectoría, para el periodo estatutariamente
establecido.

En los casos bajo análisis encontramos las
siguientes universidades que emplean dicho mecanismo:

• Universidad de la Guajira
• Universidad Surcolombiana
• Universidad del magdalena
• Colegio mayor de Cundinamarca

Este mecanismo dentro de los casos analizados es
aplicado en un:

17 %

Es apenas, evidente que el Consejo Superior
Universitario, tiene una potestad muy amplia y discrecional a la
hora de expedir sus propias reglas para la escogencia y
designación del Rector, a través de ternas. Y es el
mismo Consejo Superior Universitario quien a capricho de sus
integrantes bajo el constreñimiento gubernamental
representado allí, es el que logra finalmente imponer sus
intereses y por ende la terna de la cual saldrá su
candidato, incluso por encima de los candidatos de la comunidad
educativa, en quien reside originariamente la autonomía
universitaria, quien a la vez es aquella la única
facultada para delegarla en el órgano superior.

1. Postulación Estamentaria de
   Candidatos.

Dentro del grupo de
universidades objeto de análisis se encontraron algunas en
donde es posible la postulación de candidatos por parte de
los estamentos universitarios, sin embargo, esta posibilidad
estatutaria no obliga al Consejo Superior Universitario en
ninguno de los casos analizados a incluir dichas postulaciones en
el listado final de candidatos, la participación en ese
sentido sólo es consultiva más no vinculante, es
uno de los factores eventuales a tener en cuenta por parte del
órgano encargado pero en ninguno de los casos de
obligatorio cumplimiento.

La posibilidad de las postulaciones principalmente les
asiste a los estudiantes, cierta clase de profesores y algunos
trabajadores, de acuerdo a los casos bajo análisis, cada
universidad que lo permite ha regulado de manera diferente este
mecanismo.

Las universidades bajo análisis que han
posibilitado este mecanismo son:

• Universidad de Antioquia
• Universidad pedagógica y tecnológica de
  Colombia
• Universidad del Cauca
• Universidad de la Guajira
• Universidad Industrial de Santander
• Universidad del Tolima
• Universidad del Valle

Este mecanismo dentro de los casos analizados es
aplicado en un:

29. %

Igualmente es un mecanismo, que no es del todo
participativo. Toda vez, que el superior se congracia
generalmente con la comunidad administrativa, o con cierta elite
del profesorado, la que le es suficiente para elegir el candidato
de su predilección. Es decir no necesita el concurso
mayoritario de toda la comunidad educativa, porque en este caso
estaríamos frente a una masa de electores mucho más
grande en número, y por lo tanto, menos
manipulable.

Además, el poder discrecional del Consejo
Superior para elegir y designar a quien le parece, pone a este
ente en una posición autoritaria de "ustedes proponen yo
decido", arrebatándoles todo el poder de decisión y
dando un trato de menores de edad en términos kantianos a
la comunidad universitaria, en quien verdaderamente recae la
autonomía universitaria, en quien recae las
garantías ciudadanas y pilares constitucionales de
participación democrática, como en cualquier cuerpo
de carácter soberano y
autónomo.

1. Universidades donde se realiza consulta
   previa a los estamentos para elegir
   candidatos

Éste mecanismo de elección es utilizado en
algunas universidades para definir un número de candidatos
a la rectoría que responda u obedezca a ciertos niveles de
simpatía o aceptación estamentaria, bajo esta
modalidad sólo se pueden elegir candidatos, más
esto no implica que con ello se esté eligiendo
directamente el rector, de tal manera que esta voluntad
está mediada y definida por una decisión
posterior.

Ésta consulta consiste principalmente en procesos
electorales masivos de participación estamentaria, como
una etapa preliminar al verdadero proceso decisorio. Esta
permitida principalmente a estudiantes y profesores.

Las universidades que ofrecen esta posibilidad y que han
sido analizadas en el presente trabajo son:

• Universidad nacional de Colombia
• Universidad del Magdalena
• Universidad Industrial de Santander
• Universidad del Quindío
• Universidad distrital Francisco de Paula
  Santander
• Universidad del Pacifico

Este mecanismo dentro de los casos analizados es
aplicado en un:

25 %

Al igual que el caso anterior, estos procesos
eleccionarios tienen graves falencias y por ende se prestan para
que una vez la comunidad educativa elija un abanico importante de
candidatos, el Consejo Superior Universitario, de manera
dictatorial y generalmente encauzado por el poder central
nacional, entre a negociarlos para su posterior elección.
Y aquel candidato que acate su mejor oferta, queda
de hecho comprometido con un número reducido de
representantes en dicho órgano superior y no directamente
con la comunidad educativa que lo
preseleccionó.

Y esto en la lógica
que el Rector electo le debe más obediencia a quien
ostenta casi el absoluto poder de elegirlo y revocarlo, que a la
comunidad universitaria que lo preseleccionó entre una
gama amplia de candidatos.

1. 

   Este mecanismo aunque es jurídicamente
   viable no es de aplicación actual en ninguna
   universidad oficial colombiana, de las que ha sido
   estudiada, tampoco se tiene conocimiento o noticia que se practique en
   cualquier otra.

   Este mecanismo consiste en la posibilidad que la
   comunidad universitaria participe electoralmente en la
   elección del rector y que además esa
   elección sea suficiente criterio para la
   designación, es decir que dicha votación sea
   vinculante con la participación de todos los
   estamentos universitarios (estudiantes, profesores y
   trabajadores) sin establecer ponderaciones en el valor
   del voto de cada miembro estamentario.

   Este mecanismo dentro de los casos analizados es
   aplicado en un:

   0 %

   Es una clara radiografía del evidente
   desconocimiento de los derechos de participación
   democrática y autonomía universitaria, que
   sustenta la actual Carta Magna, en el caso concreto para
   las universidades publicas oficiales.

   Pero también hay que decir que no ha sido
   posible, precisamente porque no ha habido voluntad
   política, por parte de los Consejos Superiores
   Universitarios en poder del gobierno central de turno.
   Quien se sirve de la actual conformación legal de
   los mismos Órganos superiores, para hacer a su
   antojo, todo lo que este a su alcance para sus particulares
   propósitos, no importa si contraviene los postulados
   constitucionales y por ende, genere el truncamiento de la
   misión histórica de la
   universidad. Como quiera, que es atribuible a una conducta
   abiertamente contraria a la autonomía universitaria
   y especialmente a la participación
   democrática, y a todos los intentos del
   constituyente primario, de potencializar el desarrollo de
   un verdadero Estado social y Democrático de Derecho,
   Participativo y Pluralista.

   Sin más titubeos, es la comunidad educativa
   la llamada e ejercer el voto directo y definitorio, para la
   elección de sus directivas. Totalmente vinculante,
   de lo contrario es una ficción que deja entrever un
   claro quebrantamiento de los derechos de
   participación. Además, sin ponderación
   porque el voto no puede ser abiertamente discriminatorio,
   nadie tiene un papel más importante que el otro,
   dentro de una comunidad educativa o universitaria. Todos se
   necesitan complementariamente, y no se concibe universidad
   donde falten sus alumnos, o sus docentes, o sus
   trabajadores. Pero sí sin egresados, sin ex
   rectores, porque aunque sean académicos, en realidad
   no pertenecen directamente a la comunidad educativa de las
   universidades, son mas de la externalidad de la
   universidades, y por tanto, derivan mas su dependencia de
   agentes externos al alma mater, a no ser que estén
   vinculados como estudiantes de postgrado, como
   administrativos, o como docentes, en este caso es
   incuestionable que realmente viven el devenir de la vida
   académica y universitaria, y por tanto pertenecen
   directamente a la comunidad universitaria.

2. Votación Estamentaria definitoria
   y vinculante sin ponderación

   

   Esta posibilidad estatutaria consiste en la
   participación electoral de los diferentes estamentos
   universitarios en la elección del rector siendo esta
   participación democrática vinculante para las
   autoridades administrativas particularmente; el consejo
   superior el cual deberá reconocer y refrendar dicha
   elección. Otra característica de este
   mecanismo consiste en que si bien los estamentos participan
   y su voto es decisorio este último es ponderado, es
   decir se establece una diferenciación
   porcentual.

   Vale la pena destacar que la única
   universidad en Colombia que cuenta con este mecanismo
   aunque con la participación solamente de estudiantes
   y profesores es la:

   Universidad de Nariño

   Este mecanismo dentro de los casos analizados es
   aplicado en un:

   0.4 %

   Es un mecanismo deseable, por lo vinculante y
   definitorio, de la votación de los estamentos,
   porque realmente desarrolla en gran medida el
   espíritu de la actual Constitución
   Política, en lo concerniente a la elección de
   máximo ejecutivo de la universidad. Sin embargo, la
   ponderación trae problemas de discriminación entre estudiantes y
   docentes, pues en muchos casos, los estudiantes no admiten
   que su voto sea equivalente en la practica a N veces el de
   profesores, y si hay menos trabajadores que docentes, ni
   imaginemos como seria la ponderación de los
   trabajadores en X comunidad educativa frente a los
   estudiantes.

   Esto de hecho acarrea conflictos internos mas graves aun, que
   resquebrajan la participación democrática de
   los estamentos. ¿Porque razón el esfuerzo por
   parte de los estudiantes tiene que ser múltiple
   frente al esfuerzo de los docentes, y mas grande aun en el
   caso de existir trabajadores en menor numero?. Esto no
   parece estar acorde a una democracia que busca el interés de toda una comunidad, mas
   aun, cuando los candidatos con propuestas integrales y no fraccionadas para
   determinados estamentos de la universidad, deben llamar el
   concurso de toda la comunidad universitaria en mancomunado
   y equitativo esfuerzo, para la elección de un rector
   que finalmente es el de todos.

   A manera de ejemplo, supongamos, que estamos
   próximos a elecciones a la Alcaldía en el
   municipio de Neiva, y que las comunidades indígenas,
   por ser minoría reclaman un voto ponderado que les
   favorezca, porque sustancialmente en número son una
   comunidad muy reducida. Pero aparte de eso, otra comunidad
   mas reducida aun, el de las negritudes, reclama una
   ponderación más favorable, y así
   sucesivamente cuanto grupo racial, o de género, religioso, intelectual, o
   sexual, o por edad, etc. En ningún caso se justifica
   un trato discriminatorio, frente al igual derecho que todos
   tienen de elegir un alcalde que tiene que gobernarlos a
   todos, sin distinciones de ninguna
   índole.

    

3. Votación Estamentaria
   definitoria, vinculante y ponderada