Indice
1.
Introducción.
2. Punto Fijo y Sistema de
Partidos.
4. Puntofijismo.
5. Las Fuerzas Armadas
Nacionales.
6. La Revolución
Democrática.
7.
Cambios constitucionales.
8. Percepción de la
Coyuntura.
9.
Conclusión.
10.
Bibliografía.
El problema que nos congrega sobre estas líneas
se refiere a la situación por la que actualmente transita
la Democracia en
Venezuela, ya
que luego de 40 años de estabilidad, forjada con instituciones
de representación extendidas y consolidadas, está
hoy atravesando por una situación de incertidumbre, temor
y desconcierto. Nuestro análisis comprenderá la coyuntura
que ha dado paso a la fundación de la V República,
coyuntura con raíces en un giro en la situación
económica, en una ola de revueltas y en un golpe
frustrado, hecho éste último que ha desencadenado
con celeridad la total revolución
del Estado. A
partir del discurso dado
por Hugo Chávez para comunicar a sus compañeros de
armas el
fracaso del golpe, la ola de descontento y crítica se
generalizó, la idea de reunir a la Asamblea Nacional
Constituyente empezó lentamente a dar esperanzas de un
cambio en la
conducción de los agudos problemas
económicos y sociales.
Los hechos que analizaremos están en pleno
desarrollo,
puesto que estamos en vísperas de la primera etapa del
proceso
eleccionario que permitirá poner en práctica la
nueva constitución que la Nación
venezolana se ha dado. Esto implica elegir al total de las
"autoridades" que conformarán los poderes del Estado. El
domingo 30 de Julio se efectuará la elección
presidencial y parlamentarias, dejando para el 1 de Octubre las
municipales. Asistimos a los primeros pasos que la sociedad
venezolana da en el camino hacia la institucionalización
de la nueva Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en
la que se busca la transparencia de las Instituciones
Públicas, las que habían caído en
descrédito producto de la
gran Corrupción
advertida en el sistema.
Durante toda la década de los noventa se
observaron esfuerzos por cambiar el sistema de Punto
Fijo, se agudizó la necesidad de reducir las desigualdades
y estas tensiones fueron haciendo insoportable la brecha entre
las dos Venezuela. Una, desesperanzada e indignada por la
frustración que conlleva el caos; preocupada por el
futuro, trabajo, esfuerzo; con angustia existencial, por el robo,
por la ineficiencia, por la impunidad, por la falta de justicia, de
moral y de
ética.
Otra, negativa y perniciosa, que ha causado tanto daño al
país; una gran capa de venezolanos indolentes,
irresponsables, flojos, que corrían tras la riqueza
fácil, o que simplemente esperan que el Estado se
lo dé todo, como antaño; que buscaban y conspiraban
dentro de las entidades públicas y los partidos
políticos, para obtener el negocio fácil, el
contrato para
su empresa; que
ejercen un liderazgo
negativo; que hoy destruyen la moral con
su descarada defensa del puntofijismo; que no aportan nada, y que
sólo dilapidaban el futuro de la Nación.
A partir de la definición que Samuel Huntington
da respecto de Revolución, y a la luz del proceso
coyuntural que ha convulsionado a Venezuela en los últimos
3 años, se ha decidido plantear una hipótesis de investigación que problematiza con dicha
pauta de análisis, pues al aplicarla en el estudio
del caso surgió la necesidad de replantearse el concepto. Este
autor sostiene que una Revolución es un proceso de
cambio
rápido, fundamental y violento, que afecta a los valores y
mitos
dominantes en una sociedad, sus
instituciones políticas,
su estructura
social, sus liderazgos y la actividad y normas de su
gobierno.
En su definición, Huntington reconoce las fases y
condiciones que han de estar presentes en las coyunturas
revolucionarias que para él resultan paradigmáticas
y que se diferencian de otras coyunturas que no
representarían una Revolución propiamente tal, como
insurrecciones, rebeliones, alzamientos y golpes. Una
Revolución comenzaría a manifestarse con la
emergencia de nuevas fuerzas sociales, cuyas demandas van a ser
canalizadas por las nuevas élites políticas
recientemente constituídas, las que liderarán la
lucha por revertir la ausencia de instituciones que sirvan de
canales de expresión para los nuevos actores
políticos. Estas van a evidenciar el desgaste en que se
encuentran las estructuras
del régimen, promoviendo la movilización en aras de
las nuevas demandas de participación. Estas demandas
llegarán a un punto de saturación, después
del cual tenderán a producir una "explosión" de
violencia con
el objetivo de
eliminar todo vestigio de las desgastadas instituciones. Mas,
como dice el autor, "la medida del éxito
de una revolución es la autoridad y
estabilidad de las instituciones a que da nacimiento".
A partir de lo expuesto por Huntington, se podría
establecer que hay Revolución donde no hay Democracia.
Esto nos indica que en la práctica estas realidades se
oponen, porque en la Democracia las demandas de
participación son canalizadas por las vías de
participación y representación que la permiten,
como elecciones, partidos
políticos y libertad de
expresión, evitando la explosión de violencia. En
una Revolución, la coyuntura se ha desatado por la
necesidad de Democracia, la urgencia de una participación
mayor, a través de la violencia.
La realidad del caso de Venezuela nos revela la
necesidad de precisar el concepto, por
cuanto el proceso coyuntural que observamos nos plantea la
posibilidad de una Revolución para Democratizar. No
hablemos de Reforma, porque eso significa mantener las
instituciones y normas del
régimen cuestionado, hablemos de Revolución
Pacifica o Revolución Democrática, porque se cumple
la teorización dada por el autor acerca de
Revolución, pero sin violencia, es decir, Democratizar
desde la Democracia, a partir de la conciencia
política
generalizada de los actores, respecto de la caducidad de la
realidad. No hay un verdadero cambio sin nueva
institucionalización.
2. Punto Fijo y Sistema de
Partidos.
Para poder
comprender la real dimensión de las transformaciones
ocurridas en la coyuntura por la que Venezuela atraviesa,
será necesario establecer el contexto en el cual se
desenvolvió la Democracia venezolana, remitiéndonos
en este capítulo a revisar su Origen y analizar su
Evolución. Dejaremos para el próximo
capítulo el análisis que nos permitirá
determinar las causas inmediatas de su Crisis.
Para desarrollar este propósito, relacionaremos
el diagnóstico con el aparato conceptual
entregado por Mainwaring y Scully respecto de los sistemas de
partidos. Para los autores, el caso de Venezuela representaba el
paradigma de
su teorización. Estos autores señalan que para la
consolidación de una democracia es fundamental contar con
un Sistema de Partidos Institucionalizado (SPI), lo que implica
que los partidos políticos son, dentro de ese esquema, los
instrumentos básicos de movilización y
acción políticas; serán los agentes
principales para la
organización y canalización de los conflictos
políticos. En la política moderna,
llegarán a ser centrales el consentimiento y los votos
movilizados. Y para que exista un SPI fuerte, se requerirá
que los partidos tengan cierto grado de
institucionalización y coherencia con el estado de
la Sociedad Civil,
que den cabida a sectores amplios de la población y que los grupos
económicamente dominantes se consideren representados en
el sistema de partidos, ya sea mediante un partido conservador o
dentro de los demás partidos, más
heterogéneos. Será necesaria la celebración
de elecciones competitivas, regulares, libres, limpias y
abiertas.
Los partidos políticos han estado presentes en la
Democracia venezolana moderna desde el comienzo. Durante el siglo
XIX los "partidos políticos" no pasaban de ser bandas
armadas al mando de un caudillo, prestando un vital servicio a los
intereses de las elites económicas de la región
andina, donde se encontraban los estados más ricos y
poderosos de Venezuela. Pero avanzado el siglo XX, surgen y
obtienen su fuerza de los
cambios sociales masivos acarreados por el
petróleo. Podemos afirmar que ellos mediaron y
portaron toda forma de acción política desde el
principio, siendo fundamental su rol en la creación de la
Democracia en 1945 y en su renacimiento en
1958.
No deja de ser sugerente la semejanza entre el proceso
mediante el cual Venezuela se desembarazó de la dictadura de
los vástagos del general Gómez, y la actual
coyuntura por la que pasa nuestro país hermano.
Juan Vicente Gómez habría sido uno
más de los tantos caudillos venezolanos, pero tuvo la
fortuna de estar en el poder cuando
la industria del
petróleo
llegó a Venezuela. Utilizó hábilmente esos
inmensos recursos para
estabilizar el país y destruir a sus enemigos. Durante su
dictadura se
produjo el desarrollo de
la industria
petrolera (desde 1920 en adelante), lo que conllevó
discontinuidades radicales con el pasado; se produjo el fin de la
economía
agraria, se crearon ejércitos y burocracias nacionales
permanentes; se construyeron caminos y se produjo una intensa
migración interna. Junto con estos procesos,
surgen nuevos grupos y fuerzas
sociales, portando la necesidad de una expresión
organizativa legítima: se trata de los movimientos
universitarios y sindicales. Estas demandas no fueron
consideradas sino hasta después de la muerte del
dictador.
La vida moderna venezolana comenzó con la
muerte de
Gómez, la que se produjo el 17 de diciembre de 1935. Al
día siguiente asume el general Eleazar López
Contreras, en calidad de
encargado de terminar el período del mandatario fallecido.
Para el siguiente período (1936-1943), el Congreso
eligió al mismo López, pero reduciendo el
período a 5 años. A pesar de su pasado como
Ministro de Guerra del
dictador, su gobierno se
realizó con el mayor respeto a las
normas cívicas. El nuevo régimen inició la
difícil tarea de realizar la transición de la
dictadura a la democracia. Este proceso fue favorecido por el
compromiso asumido por su sucesor, Isaías Medina Angarita,
de respetar la estricta alternabilidad en el ejercicio de las
funciones
públicas. A poco de comenzar su gestión
el general Medina Angarita se ganó la voluntad popular,
impulsándola a una idea de libertad que
el pueblo siempre ambicionó. Comenzó por entonces
una gradual liberalización del régimen, facilitando
la organización sindical y
política.
En este contexto surge el primer partido político
reconocido legalmente: Acción Democrática (AD) en
1941. Sus líderes y activistas se propusieron construir un
tipo de estructura
política desconocido hasta entonces en Venezuela: un
partido que fuera permanente, con presencia en todos los niveles
de la vida nacional y local, capaz de integrar muchos intereses y
grupos en su vida organizada. Ellos presenciaron la
creación de la sociedad civil,
incluyendo sindicatos,
grupos campesinos, organizaciones de
profesores, sociedades de
estudiantes y profesionales, etc., e integraron a esos grupos
desde un comienzo, produciendo una sólida alianza con las
masas. Se observa como desde un principio los partidos
políticos en Venezuela han sido socialmente
heterogéneos.
El poder continuaba firme en las manos de las elites
militares y estatales andinas, de un tradicionalismo a ultranza.
Había organización masiva, pero no poder real;
las elecciones seguían siendo indirectas y con un sufragio
limitado. El 18 de octubre de 1945 marcará el inicio de la
política de masas en Venezuela. Seis meses antes de
terminar el período constitucional, y en plena
discusión política para candidatos a las elecciones
de presidente para el nuevo período, un golpe militar, con
el apoyo del partido AD, derribó el régimen. Al
día siguiente, una junta revolucionaria de gobierno
tomó el poder; fue integrada por dos oficiales del
ejército, cuatro dirigentes de AD (Rómulo
Betancourt como presidente) y un independiente. En un discurso a la
Nación comunicaron que su misión
inmediata sería la de "convocar al país a
elecciones generales, para que mediante el sistema de sufragio
directo, universal y secreto, puedan los venezolanos elegir a sus
representantes, darse la Constitución que anhelan y
escoger el futuro presidente de la república". El 17 de
diciembre de 1946 se reunió la Asamblea Nacional
Constituyente, la que aprobó una nueva Constitución
en 1947 y un nuevo estatuto Electoral, realizándose las
elecciones para presidente en medio de grandes disturbios. Se
inscribieron 1.621. 607 sufragantes mayores de 18 años.
Los resultados fueron favorables para Rómulo Gallegos
(AD), quien recibió el poder de manos de la junta de
gobierno el 4 de febrero de 1948. El régimen de partidos
nació muerto, por cuanto la excesiva
polítización de los ciudadanos impulsó a
elementos reaccionarios de las Fuerzas Armadas a derrocarlo,
produciéndose un golpe militar el 24 de noviembre de 1948.
En realidad, los temores habían sido despertados entre la
antigua élite, pues AD controlaba las organizaciones
populares como garantía de su poder; en cambio, las
élites económicas y sociales, confiaban en el
ejército y el control de la
administración para perpetuar sus
privilegios.
Durante este período, conocido como el trienio,
se formaron nuevos partidos: el Comité de
Organización Política Electoral Independiente
(COPEI), inspirados en la doctrina social de la iglesia
católica; y la Unión Radical Democrática
(URD), representando a la izquierda no comunista. También
se extendieron los sevicios a la población, recibiendo Educación (el
analfabetismo
superaba el 50%), Salud, Agua y acceso
a los medios de
comunicaciones.
Luego del derrocamiento del primer gobierno propiamente
democrático de Venezuela, vinieron 10 años de
dictadura
militar, a cargo del coronel Marcos Pérez
Jiménez, quien se hizo notar por la crueldad en la
persecución de los enemigos políticos y por el
enriquecimiento ilícito por el cual el dictador y todo un
sector de la burguesía se enriquecieron visible e
ilegalmente. Bajo su mandato, todos los partidos políticos
desaparecieron, aunque de todos modos subsistió una
red clandestina
de resistencia, la
que fue aumentando notoriamente desde 1957. Ese mismo año,
Pérez Jiménez se burlaría del pueblo
venezolano, causando su propio derrocamiento. Confiado,
llamó a elecciones en diciembre. De pronto, y sin mediar
consulta alguna, canceló la elección y la
sustituyó por un plebiscito: habría un solo
candidato por cada cargo. El pueblo tomó estos hechos como
una afrenta, lo que unió y estimuló a la
oposición. Se encendió la lucha callejera y una ola
de manifestaciones, por parte de fuerzas políticas
clandestinas, las que se unirían a un movimiento
militar. Esta situación alcanzó su punto culminante
el 23 de enero de 1958.
Una junta militar se hizo cargo del gobierno, para luego
ceder el poder a una junta de gobierno integrada por los
líderes políticos que regresaron del exilio. Ambas
dirigieron el país durante una breve transición a
la democracia representativa. Ésta se inició cuando
el fundador de AD, Rómulo Betancourt, asumió la
presidencia después de su triunfo en las elecciones. El
carácter específico de la
transición a la democracia en 1958 reside en que se
trató de una empresa
construída sobre coaliciones, que integraron a los
partidos políticos, a grupos de empresarios y
profesionales, a organizaciones populares y a sectores claves
entre los militares.
Antes de las elecciones de 1958, los principales
partidos no comunistas (AD, COPEI, URD) firmaron 2 acuerdos: el
Pacto de Punto Fijo, que obligaba a los firmantes a respetar los
resultados de las elecciones, a mantener la tregua
política, despersonalizando el debate y
asegurando mecanismos de consulta entre los partidos para la
toma de
decisiones de trascendencia; y el Programa
Mínimo de Gobierno, que corresponde a un modelo de
desarrollo basado en capital
privado, extranjero y nacional, subsidios al sector privado y un
enfoque cauteloso respecto a las reformas económicas y
sociales. Se procuró desincentivar la oposición
potencial: a los militares se les destinaron jugosos presupuestos,
la Iglesia obtuvo
un status mejor y fue permanentemente consultada en materia de
educación
y en lo social, se llevó a cabo la baja de la oficialidad
opositora en el Ejército y se derrotó a la
Izquierda guerrillera. Así Venezuela, de ser el
país menos democrático de América
Latina antes de 1958, pasó a ser una de las
democracias más estables después.
Punto Fijo estableció la necesaria solidaridad
política sobre la estabilidad del poder civil,
poniéndole límites al
canibalismo político y salvaguardando el régimen
democrático que se estaba fundando. La democracia no
habría sido posible en Venezuela sin un pacto para moderar
las controversias y las pugnas por el poder. Es por esto que se
considera que la viabilidad de la consolidación de la
democracia comenzó sobre la base de este pacto, firmado el
31 de octubre de 1958. El día antes de los comicios, los
tres candidatos firmaron, en la sede del Consejo Supremo
Electoral, una Declaración de principios y el
Programa
Mínimo. En las elecciones del 7 de diciembre de ese
año fue electo presidente Rómulo Betancourt.
Quedando demostrado así como la
organización de los partidos decidió las
elecciones y, en los años posteriores, decidirán
las siguientes elecciones y la vida de la Nación en su
conjunto.
En 1961 se puso en vigencia una nueva
Constitución, y en 1963 se dio el primer traspaso de mando
legítimo, cuando triunfa en las urnas Raúl Leoni
(AD) el 1 de diciembre. Durante la década de los 60, el
juego
político irá cambiando, aunque se mantendrá
el espíritu de cautela y compromiso, de dedicación
a la competencia y a
la democracia, que seguirá marcando el proceso de
consolidación. En esa década se superó la
fragmentación y surgió un sistema de partidos
dominado por la competencia
bipartidista. Esto, debido a la declinación constante de
AD y al crecimiento sostenido de COPEI, que gana las elecciones
de 1968, que marca la cota
más alta de dispersión electoral en la historia política de
Venezuela, marcando un hito, pues posteriormente se
producirá una alta concentración de los votos por
parte de AD-COPEI. El nuevo presidente fue el doctor Rafael
Caldera (COPEI), quien ganó por un escaso margen de 30 mil
votos. Durante su presidencia, en el marco del proceso de
"pacificación" que emprendió, el Partido Comunista
de Venezuela (PCV) se reintegró al debate
político pacífico y legal (había apoyado al
movimiento
guerrillero procastrista que pretendió tomarse el poder
unos años antes).
Desde los 70, la competencia entre los dos partidos
"grandes" ha dominado el escenario político. En las
elecciones de 1973 se consolidó el sistema bipartidista,
resultando electo para presidente Carlos Andrés
Pérez (AD). El nuevo residente del palacio de Miraflores,
apoyado en su gran popularidad y en la abrumadora mayoría
parlamentaria, promovió la nacionalización de la
industria petrolera en 1975. Esto coincidió con un aumento
notable de los precios del
petróleo,
lo que llevó al país a una especie de euforia y
distensión por la riqueza fácil. Asimismo, el
Estado se fue haciendo cargo de una serie de compromisos que
después le pasarían la cuenta, solicitando créditos para la construcción de monumentales obras
públicas y subvencionando los artículos de primera
necesidad hasta en un 50%.
En las elecciones de 1978 volvió al poder el
partido democratacristiano COPEI, eligiendo a Luis Herrera
Campins. Con esos resultados, los venezolanos dieron un notable
ejemplo de la viabilidad de la alternancia pacífica en el
poder, robusteciendo sus instituciones democráticas. Al
comenzar el nuevo período presidencial, la bonanza
económica se estimuló por una nueva alza en los
precios
internacionales del petróleo, hasta caer estrepitosamente
hacia el final del mandato. Esto provocó la devaluación del bolívar y una
inédita inflación, la que se agregó a la
generalización de la corrupción
administrativa, a manejos inescrupulosos en las entidades
bancarias y a la intensificación del escándalo
político; elementos de descomposición social y
política de esos años.
Al promediar la década de los 80, encontraremos
los orígenes de la Crisis del
sistema de partidos, tema que abordaremos en el próximo
apartado.
3. La Crisis de los tres
febreros.
En este capítulo deseamos abordar la urgencia de
reforma fundamental que se comenzó a sentir en el
régimen de partidos en Venezuela durante la década
de los 80 y comienzos de los 90. Esta tomó sentido de
Crisis luego de tres hechos ocurridos en febrero y que
afectarán a los pilares sobre los cuales se
sostenía la democracia de Punto Fijo.
El 18 de febrero de 1983 se produjo el llamado "Viernes
Negro", que debilitó la fuerte economía, iniciando
un inusitado período de inflación. Tras todos los
problemas
económicos y sociales que esto suscitó, el sistema
político fue siendo objeto de una creciente
crítica, ante lo que se veía como la incapacidad
del sistema para garantizar un mejor estándar de vida a
una población mal acostumbrada a la opulencia de los
años de oro del "oro negro"; incapacidad para canalizar
las nuevas demandas por mayor participación
política y socioeconómica. El debate se
centró en la necesidad de efectuar reformas electorales,
pues se cayó en cuenta que el sistema electoral vigente
hasta entonces favorecía la oligopolización del
juego
político, lo que se conoce por "partidocracia". Esto se
debe a que se votaba por lista cerrada, adquiriendo una
desmesurada relevancia la competencia interna de los partidos por
la selección
de los candidatos, donde los líderes decidían
más, entre sus cuatro paredes, que el pueblo con sus
votos.
En este contexto, AD vuelve al poder por las elecciones
del 4 de diciembre de 1983, resultando presidente Jaime Lusinchi,
para el período 1984-1989. El nuevo presidente, escuchando
a la opinión
pública, creó la Comisión Presidencial
para la Reforma del Estado (COPRE), el 17 de diciembre de 1984,
debido a la insuficiente complejidad de las instituciones
políticas en comparación con la complejidad
alcanzada por la sociedad venezolana. Las propuestas de reformas
tuvieron tres objetivos:
procurar la democratización interna de los partidos,
establecer condiciones de "juego justo" en la competencia entre
partidos, y la mencionada reforma institucional para el fomento
de una mayor calidad en el
proceso electoral. Como resultado se pudo apreciar por primera
vez el nombre de los candidatos en el voto, dejando atrás
el método de
lista cerrada.
Se introdujo la separación de las elecciones
municipales, es decir, un voto para alcalde y otro para concejal,
lo que dio mayor relevancia política e identidad al
gobierno local, permitiendo a los partidos y grupos
pequeños competir en política y obtener una
representación para sus minorías. También se
instauró la elección directa de los gobernadores
estatales, creando un nuevo espacio de participación y de
paso reforzando la tendencia a la descentralización del poder. En general, la
puesta en práctica de dichas reformas generó nuevas
dinámicas en el sistema de partidos venezolano, pero, como
lo prueban los hechos posteriores, fueron reformas más de
forma que de fondo.
Durante el gobierno de Lusinchi, las complicaciones
económicas y sociales fueron agravándose, afectando
la credibilidad y legitimidad de la que gozaban los partidos
políticos y deteriorando seriamente la calidad de
vida de la población. Al mismo tiempo, se
ponía en entredicho la capacidad de la democracia y de los
partidos para hacer frente a esas complicaciones y resolverlas.
La crisis económica hizo dudar sobre la capacidad del
sistema de operar en circunstancias tan adversas y tan distintas
a los inicios de la democracia. Al finalizar su período,
Venezuela está inmersa en una crisis global.
Situación que será aprovechada por el ex presidente
Carlos Andrés Pérez (quien solo podía
presentarse a la reelección tras dos períodos, es
decir 10 años), para presentarse a las elecciones del 4 de
diciembre de 1988, en las que obtuvo un rotundo
triunfo.
Su gobierno comenzó con grandes expectativas,
pero casi de inmediato debió afrontar una inesperada
oleada de varios días de protestas populares
acompañadas de saqueos y violencia, lo que
constituirá el segundo febrero.
Las sangrientas manifestaciones urbanas (saqueos) que
estallaron el 27 de febrero de 1989, se produjeron en respuesta
al ajuste estructural del gobierno, cuando el pueblo se
negó a pagar los precios que exigían los
transportistas. Esta manifestación espontánea
minó la capacidad de los partidos de canalizar y controlar
la participación. En respuesta a la furia popular, que en
corto tiempo
desbordó a la policía, el presidente Pérez
envió al ejército a controlar la situación
en Caracas y decretó la suspensión de las
garantías constitucionales y la vigencia del toque de
queda. Estas fueron las repercusiones sociales a los ajustes del
tipo venezolano, esos en los que "ustedes se aprietan el
cinturón pero nosotros seguimos haciéndonos de
mansiones, cuentas bancarias
y lujosos viajes".
El 27 de febrero de 1989 representa el inicio de la
noción de Crisis del régimen democrático
venezolano, y al inicio de las demandas por "democratizar la
democracia", solicitando nuevos canales de participación
ciudadana, ante la emergencia de nuevos grupos y/o movimientos,
más allá de las redes controladas por los
partidos. Esa jornada, triste por las tres centenas de muertos,
por los saqueos y los casi 200 incendios
provocados por la turba, fue señalada como "el 23 de enero
social", por los historiadores venezolanos, significando con esto
el arranque de una lucha por una nueva sociedad. En marzo de ese
año, fue restituída la libertad de
expresión, las garantías constitucionales y el
presidente anunció vastos programas
sociales.
En lo sucesivo la abstención irá creciendo
a ritmo sostenido, hasta llegar a niveles impensables en 1958.
Diversos actores afloran en la escena política y hacen
suya la demanda por
una reforma completa del sistema institucional del gobierno,
incluso de los partidos políticos y del Poder Judicial,
acusados de ser cómplices y culpables de la
dilapidación de la rica Venezuela.
Durante el mandato de Pérez, un grupo de
militares jóvenes encabezó un levantamiento armado,
que pretendía aniquilar al presidente, y que
fracasó. Eso si, el intento de golpe militar del 4 de
febrero de 1992, derribó la superioridad obtenida por los
partidos en el equilibrio de
fuerzas con los militares. Después de la intentona
liderada por Hugo Chávez Frías, nuevas
organizaciones comenzaron a consolidarse como organizaciones
políticas alternativas y los líderes de los
partidos vieron con horror el eco favorable que las intentonas
golpistas tenían en la opinión
pública.
Luego de la deposición de las armas vino el
encarcelamiento de los rebeldes, castigo que duró hasta
que, tras la destitución por corrupción de Carlos
Andrés Pérez en 1993, el nuevo presidente Rafael
Caldera los liberara en 1994. En todo caso esos meses sirvieron
para generar la convicción de que el mejor camino para
acabar con los corruptos era la vía de los votos, no la de
la violencia. El descontento económico y social
comenzó a hacerse oír, dejando la sensación
de que los partidos eran dirigidos por camarillas corruptas que
se habían distanciado irreversiblemente de las masas y que
habían creado un sistema de gobierno de los partidos,
más que del pueblo. La crítica se hizo despiadada y
arreciaron las acusaciones de corrupción, amiguismo y
apoyo mutuo e interesado entre los dos partidos principales.
Así surgió el concepto de "puntofijismo", que
sirvió a los nuevos portadores de demandas de
participación, para designar al sistema de partidos
originado en el Pacto de Punto Fijo de 1958, y que tiene una
connotación negativa.
Entre los nuevos actores políticos destacan el
Movimiento al Socialismo (MAS)
y el Movimiento V República (MVR), que apoyaron la
candidatura de Hugo Chávez y su programa de profunda y
radical reforma del Estado, materia que
será analizada en el próximo
capítulo.
El "puntofijismo" se ha convertido en un calificativo
denigrante de tono claramente peyorativo dentro del lenguaje
empleado en la realidad que se está viviendo en Venezuela.
Para algunos esto resulta vergonzoso puesto que sin un Pacto de
Punto Fijo para moderar las controversias y las pugnas por el
poder la democracia no habría sido posible en Venezuela.
Un venezolano, quien participó en la política en
aquellos días, solía decir que "si los venezolanos
fuéramos tan pacientes con la democracia como lo
éramos con las dictaduras, otra sería la
situación". Durante los primeros años de la
democracia abundaron los intentos de golpe militar, como el
encabezado por el general Castro León. Las raíces
de la dictadura mostraban resistencia al
cambio. Si la alianza de los partidos para defender el
régimen democrático de estos coletazos
dictatoriales, este no hubiese sobrevivido, pese al respaldo
masivo con que contaba la democracia. Quienes concertaron el
cambio, los jefes de AD, COPEI y URD, interpretaron
inteligentemente lo que era una prioridad de carácter
histórico. Cometieron un error: discriminaron al Partido
Comunista, quizás por el temor que éste suscitaba
entre los militares, lo que generó malestar en el
tiempo.
Punto fijo tuvo vigencia, así, para preservar,
ante todo, el poder civil. Hubo coaliciones de partidos para
ejercer el poder, en unas ocasiones de los tres partidos, en
otras de dos partidos y finalmente, el pacto se redujo al
Parlamento. Punto Fijo se fue ocultando en el pasado, mientras en
los partidos se pensaba que la democracia estaba garantizada de
una vez y para siempre. Craso error, porque la democracia es una
batalla cotidiana.
De esa concepción de Punto Fijo a la
utilización de la palabra "puntofijismo" para condenar
todo lo que es condenable del pasado, y confundirlo con lo que no
es condenable, no le rinde ningún tributo a una
interpretación equilibrada de la política. Se tuvo
éxito por que los partidos se comprometieron
también a no monopolizar el poder, como había
ocurrido en el período 1945-1948.
Ahora están frente al renacimiento de
los dos males políticos que se trató de evitar
entonces: el canibalismo y el monopolio del
poder. El debate ha degenerado en pugnas personales. Se
dividieron los generales del 4 de febrero, y se pusieron de
manifiesto discrepancias y enconos que pocos imaginaban. Civiles
y militares del MVR no parecen estar conformes unos con otro, y
se ha abierto entre ellos un duelo impredecible. En una palabra,
que el poder concentrado a sido inmanejable, y que quienes lo
controlan parecen haber perdido la perspectiva del enorme
compromiso adquirido con el país. De modo que todo aquello
que se condena indiscriminadamente con la palabra puntofijismo no
desaparece de la escena.
El país se encuentra envuelto en una alarma
generalizada. Ha pasado de la incertidumbre al desconcierto y al
temor. Venezuela deberá enfrentar el complejo proceso de
relegitimación de los poderes, en un clima de
inusitada "violencia verbal". Se necesitan medios que
garanticen la transparencia en los asuntos del Estado, y como en
las peores prácticas de la tradición venezolana,
antes de Punto Fijo, y con Punto Fijo, los factores
políticos se obstinan en mantener como secretos de Estado
todo lo que legítimamente concierne a los dominios de la
opinión pública.
Dentro de los argumentos que esgrime Hugo Chávez
para ganar las elecciones podría sintetizarse de la
siguiente manera: en las elecciones de 1998 su eslogan electoral
fue "hay que acabar con esto", y a la inmensa mayoría de
los venezolanos, hastiados de ese régimen corrupto,
compartió esa necesidad. A partir de 1999 cambia el
discurso electoral, ahora es "la culpa de tu pobreza la tiene
los ricos, y yo voy a quitarles a ellos para darte a ti". Ya no
son los corruptos de la Cuarta República, son los ricos.
Una apelación directa al sentimiento más ruin de
los que tiene enraizado la mente humana desde tiempo inmemorial:
la envidia generadora del odio social. Según la estrategia
chavista al envidioso en realidad no le importa si por su voto
él permanece igual o si incluso empeora. Lo que le importa
es que le quiten algo al envidiado. La segunda parte de la
oferta, que
después se lo den a él, le importa menos. En otras
palabras ya no es el puntofijismo y su corrupción que
desaparecieron, el enemigo responsable de la pobreza, ni
siquiera los nuevos corruptos de la quinta república, sino
que los responsables desde tiempos de la Independencia,
son los oligarcas.
5. Las Fuerzas Armadas
Nacionales.
La Constitución de 1961 establece que las FAN son
una institución profesional, impersonal y apolítico
al servicio
exclusivo de la Nación, y tiene por objeto fundamental su
defensa, el mantenimiento
de la estabilidad interna y el cumplimiento de la
Constitución y de las leyes; sus
miembros no pueden ejercer el derecho de sufragio, pertenecer a
agrupaciones políticas ni tomar parte en las actividades
de éstas, mientras permanezcan en servicio
activo.
Durante la época de Betancourt se hicieron
esfuerzos en el sector militar por definir de manera clara las
funciones de
las Fuerzas Armadas en un país democrático. Al
efecto, las FAN fueron definidas como instrumento
político, se adoptó la separación del poder
civil y el poder militar, y se estableció su
carácter de institución profesional, impersonal y
apolítica.
A finales del gobierno de Leoni se alcanzó un
modelo de
articulación civil-militar caracterizable en su
definición de resguardadora de la integridad del sistema,
un papel
político dado formalmente por unas normas legales
complementadas sustitutivamente por unas reglas no escritas y un
proceso de socialización política, y por
garantizar su desarrollo profesional y su estabilidad
socioeconómica.
El presidente Chávez por su parte ha conducido a
las FAN a jugar un papel
político convirtiéndolas en centro de su Gobierno,
el Plan
Bolívar 2000y las utiliza en toda la sociedad venezolana
para enfrentar la crisis social, buscando una simbiosis
cívico-militar, a esto hay que agregar que el Partido de
gobierno es constituido de una manera importante en su junta
directiva por los oficiales que estuvieron involucrados en el 4
de febrero y el 27 de noviembre; esto, a la vista de
especialistas puede resultar muy peligroso y delicado,
comprometiendo al régimen político existente en el
país. Agregan que por lo menos lo venezolanos han
interpretado que por lo menos las FAN están jugando un
papel por encima de lo que establece la
Constitución.
En general los militares han considerado que no deben
votar, porque consideran que el voto puede dividir las FAN, que
el país no está suficientemente maduro y que hay
demasiada pasión por la política.
Asamblea Nacional Constituyente.
Es la forma como el pueblo ejerce el poder
constituyente. El poder constituyente es la voluntad primaria y
soberana del pueblo que se manifiesta en la creación de
una Constitución, mediante la cual se organiza como
República o Estado y regula su convivencia en comunidad. Es,
por tanto, la soberanía misma, que se ejerce para
estructurar el sistema político. Consiste, por ende, en la
suprema capacidad y dominio del
pueblo sobre sí mismo, al darse por su propia voluntad una
organización política y un ordenamiento
jurídico. Es el inicio de la coyuntura concreta que
abordamos en este trabajo.
El vocablo "constituyente" fue creado por al Abate
Sieyes como adjetivo calificativo de aquel poder
específico que constituye la expresión de la
soberanía. A partir de ese momento
quedó el término e incorporado al derecho
público moderno, desde la publicación de su
famoso libro
"¿Qué es el Tercer Estado?" (1788).
La importancia del poder constituyente se percibe en los
momentos de cambio de la Constitución, "pacíficos o
revolucionarios", cuando surge de un "clima
constituyente" que sensibiliza a la opinión
pública. Aunque la mayoría de los ciudadanos ignora
los argumentos y términos jurídicos, este clima
constituyente les atrae y obliga a seguir los debates en torno al nuevo
texto
constitucional.
Es soberano o supremo, porque el poder constituyente
está por encima de todos los demás poderes y
órganos. No se encuentra subordinado a ningún poder
externo o interno. Las bases fundamentales de la
organización y funcionamiento de la comunidad han de
proceder de la voluntad soberana del pueblo, ya que afectan su
existencia y continuidad.
Es primario u originario, porque el poder constituyente
no deriva de la Constitución sino del pueblo integrado en
Nación. El poder constituyente es distinto a los poderes
fundados en la Constitución (ejecutivo, legislativo y
judicial). El poder lo ejerce el pueblo a través de
representantes suyos extraordinarios.
Mediante el ejercicio de su poder soberano, el pueblo
puede romper "revolucionariamente" con el régimen
jurídico, político o socioeconómico que no
se adecue a sus aspiraciones o que sea obstáculo para su
progreso. De allí que el poder constituyente tenga, en
primer lugar, un fin destructivo, en cuanto rompe con el sistema
anterior. Y, en segundo lugar, un fin constructivo, porque
persigue construir un nuevo sistema
jurídico-político en el cual se plasmen los
designios del pueblo, se apunten las soluciones a
los grandes problemas que lo afectan y se indique las medidas
para satisfacer las necesidades y carencias
colectivas.
El sujeto originario sobre el que descansa el poder
constituyente es el Pueblo, en cuanto colectividad
orgánica y unitaria. Encuentra su justificación en
las exigencias imperiosas del bien común.
Si la soberanía reside en el Pueblo, el Poder
Constituyente sólo a él pertenece. Es, por tanto,
la actividad que el pueblo despliega para realizar una
determinada finalidad que el mismo se propone, consistente en
darse una constitución positiva en la que se conviertan en
normas jurídicas los elementos que constituyen la
"constitución real"; es decir, el ser, el modo de ser y el
querer ser populares. El ser de un pueblo es su existencia misma;
el modo de ser, sus atributos; y el querer ser entraña sus
designios, aspiraciones e ideales.
El pueblo no puede ejercer por sí mismos el poder
constituyente. Es imposible que todo el pueblo participe en la
elaboración de la Constitución. Esta tarea es obra
de la inteligencia y
de la voluntad y su producción requiere la acción del
entendimiento manifestada en varias operaciones
sucesivas tales como la redacción de un proyecto, su
estudio y discusión, y finalmente su aprobación.
Estas operaciones no
son susceptibles de realizarse por el mismo pueblo directamente.
Por esta razón el ejercicio del poder constituyente se
delega en un cuerpo integrado por representantes del pueblo que
se denomina Asamblea Constituyente.
Este es el órgano al cual se le confía o
entrega el ejercicio del poder constituyente. Por este motivo los
títulos de legitimidad de dicha asamblea y de su obra
derivan de la relación directa que exista entre ella y el
pueblo, o sea, de la auténtica representación
popular que ostente. Sin esa relación directa o faltando
la representación, la obra constitucional, por más
perfecta que se suponga, tendrá un vicio de origen: su
carácter espúreo o ilegítimo.
Página siguiente  |