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?Las implicaciones en el Derecho Internacional Humanitario de los

Enviado por cyberdiplomat



Indice
1. Postulados Filosóficos del derecho humanitario contemporáneo
2. Organismo Internacional con máximas competencias en materia de refugiados y desplazados
3. Normativas que regulan la materia de desplazados y de refugiados en el Ordenamiento Jurídico venezolano vigente
4. Problemas que se han suscitado en el territorio venezolano por la presencia de refugiados y desplazados por conflictos originados en otros países
5. Consideraciones finales
6. Lista de referencias

1. Postulados Filosóficos del derecho humanitario contemporáneo

La idea del derecho se nos presenta desde un principio como la idea de un "orden de paz" que prohíbe el uso de la fuerza, la violencia o el desconocimiento al respeto del prójimo; sin embargo, el "orden de paz" de la comunidad internacional requiere algo más que la proscripción de la guerra y los maltratos a las minorías étnicas, religiosas o políticas; en efecto, exige también una cooperación positiva de los Estados, encaminados a realizar un orden que garantice los derechos vitales de todos los pueblos sobre la base de la igualdad de derechos de las naciones, grandes y pequeñas, y de los grupos o asentamientos humanos, tal como lo establece el preámbulo de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

Todo este orden de conceptos sobre el derecho, si bien ya se esbozaban en el Tratado de Versailles de 1918, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, es plenamente desarrollado como tal, luego de la finalización del segundo gran acontecimiento bélico conocido por la humanidad, pues fue luego de los juicios de Nürnberg de 1945, y que se dieron a conocer al mundo las atrocidades cometidas por las "potencias del Eje", el momento en que se establecieron las bases de la cooperación entre las naciones, para evitar en la medida de lo posible que hechos similares fueran repetidos en la posteridad. Y fue naciendo la idea de consenso, creando un foro que aunque inspirado en la Sociedad de Naciones, pudiera lograr todo lo que no pudo alcanzar el endeble órgano que nació en 1919. Es así como se funda el 24 de octubre de 1945, por el Tratado de San Francisco, la Organización de las Naciones Unidas; un organismo que con cincuenta y cinco años de vigencia ya muestra un desgaste preocupante, y que pese a su permanencia ininterrumpida se cuestiona la efectividad de sus órganos y disposiciones en aras del mantenimiento la paz en el mundo, se le critica su estructura burocrática, la distribución poco equitativa y parcializada de sus funciones, comisiones y atribuciones, su organización anacrónica, el empleo de una vana retórica, y en fin, las mismas fallas que se observaban en la antigua Sociedad de Naciones.

Paralelamente, a la formación de la O.N.U., se iba desarrollando la llamada tercera generación de derechos, entendidos como aquellos que desarrollan a los derechos fundamentales y hacen que éstos sean plenamente ejercidos por sus titulares. Es así como tenemos que se le da una mayor importancia al derecho que tienen las personas sin distingo alguno a poseer una nación en la cual puedan desarrollarse, y en caso de que su país no les pueda prestar la protección que se merecen, entonces que cuenten con el amparo del resto de la comunidad internacional; además, se comienza a entender que una situación de desplazados o de refugiados no resuelta, no atendida y no canalizada representa un problema para la estabilidad internacional y del Estado nacional del caso particular.

En la Quinta Asamblea General de las Naciones Unidas en 1950, se definió como refugiado:

"...toda persona que, debido a un temor bien fundado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado o adhesión a una opinión política determinada se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, debido a ese temor, no desea, acogerse a la protección de ese país." (Naciones Unidas, 1990: 153)

Esta misma cita sobre la definición jurídico – institucional de lo que es refugiado también está preceptuada en el Estatuto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Si bien, dicha definición es genérica, por eso mismo abarca un sinnúmero de supuestos que se considerarían como situaciones de refugiados si se llegaran a configurar todos los elementos necesarios, es decir los enunciados en dicha disposición.

Antecedentes del Derecho Internacional Humanitario en América

El Continente americano, distinto a la errada idea que se tiene de la indiferencia y la pasividad de sus países –alusión a los países de Latinoamérica- ante los grandes acontecimientos del ámbito internacional, si ha tenido una participación activa en lo que se refiere a la creación de normas de Derecho Internacional y de Derecho Humanitario en particular. Tanto es así, que cuando se fundó la Sociedad de Naciones en 1919, en gran medida este órgano se inspiró en el pensamiento político bolivariano y la concepción del Libertador sobre la unidad de la América. El antecedente más remoto de este aporte en el llamado nuevo mundo, lo constituye el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado por el Libertador Simón Bolívar y considerado la piedra angular o la base histórica del Derecho Internacional Americano.

Pero, debe destacarse que antes de este acto formal impulsado por el "Genio de América" ocurrió un hecho quizás de mayor trascendencia histórica y de significado para el Derecho Internacional continental, y más específicamente en lo referido al Derecho Humanitario. Este hecho lo constituye la realización y suscripción del Tratado de Armisticio con el Reino de España y el Tratado de Regularización de la Guerra.

"...El Mariscal Antonio José de Sucre, quien fuera el artífice del Tratado de Armisticio con el Gobierno de España, así como el Tratado de Regularización de la Guerra, ambos del año 1820, y que constituyen documentos de necesaria y obligatoria lectura para los analistas del Derecho Humanitario." (Marquina, 1995: 4)

Ambos instrumentos jurídicos de derecho histórico, son piezas de valor incalculable como definitorios del cese de las hostilidades en tierra y en mar, con sus respectivos límites y procedimientos y dan la orientación apropiada sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra y sobre el manejo civilizado que debe dársele a los pobladores civiles.

Es precisamente, este punto relativo al tratamiento humanitario a la población civil, en el que haciendo abstracción, subsumiendo las normas al caso específico y recurriendo a disposiciones directas de derecho internacional como Pactos, tratados o acuerdos y al derecho interno estatal que versen sobre situaciones y sujetos de derecho análogo, se aplican a los desplazados por conflicto bélico externo, pero que involucra al Estado venezolano de algún modo y aunque éste no sea sujeto partícipe, pues incide directamente sobre el territorio nacional y sobre sus ciudadanos. Porque como consecuencia de los conflictos de baja intensidad que se desarrollan en la región, se afecta internamente a Venezuela, en el orden económico, social, político, jurídico y demográfico.

2. Organismo Internacional con máximas competencias en materia de refugiados y desplazados

Los problemas fundamentales de los refugiados y las soluciones necesarias para ellos han sido los mismos a lo largo de la historia y en todo el mundo: los refugiados y los desplazados tienen que ser alimentados, vestidos y albergados; estas personas anhelan regresar a sus hogares cuando pueden hacerlo y necesitan la ayuda para ello; también, requieren hallar nuevos hogares cuando no pueden volver a los que tenían.

"La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue establecida por la Asamblea General en 1950 para proteger a los refugiados y promover soluciones duraderas a sus problemas. El ACNUR depende enteramente de contribuciones voluntarias de los gobiernos y de fuentes privadas para solventar los programas que ejecuta para ayudar al número posible de más de 12 millones de refugiados del mundo.

La función básica del ACNUR es dar protección internacional a los refugiados, quienes, por definición, no disfrutan del amparo de su país de origen. En ejercicio de esta función, la ACNUR vela por que los refugiados reciban asilo y obtengan un estatuto jurídico favorable en el país de asilo." (Naciones Unidas, Op.Cit:153)

El estatuto jurídico de los refugiados se ha definido en forma más específica en dos instrumentos internacionales: La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su protocolo, de 1967, en los que se estipulan los derechos y deberes de los refugiados y se establecen las normas relativas a diversas cuestiones, como la protección contra el rechazo y las expulsiones y detenciones ilícitas, así como los derechos del refugiado al empleo, la educación pública y la asistencia médica gratuita y otros derechos como el de propiedad industrial. En virtud de la Convención, respecto de muchas de estas cuestiones los refugiados deben recibir el mismo trato que los nacionales de su país de residencia o transito.

La asistencia material es también indispensable para que los refugiados o las personas desplazadas puedan encontrar soluciones permanentes a sus problemas, ya sea mediante la repatriación voluntaria, el asentamiento local en el país que primero les concedió asilo o la migración a otro Estado. Las medidas de asistencia material varían mucho según las necesidades. La integración mediante asentamientos rurales, en general, es una solución viable y aplicada en la práctica internacional cuando se trata de refugiados que proceden de un medio rural y que no pueden abrigar la esperanza de repatriarse por algún tiempo.La diferencia conceptual que existe entre la figura del refugiado y la del desplazado, es determinada por el tiempo que permanezca esa persona en el territorio de otro Estado, porque el desplazado es una categoría de persona en tránsito, lo que quiere decir que entra a otro Estado y luego vuelve a salir de él, en un lapso relativamente breve, pero el cual no es determinado con precisión, porque naturalmente no es posible "tasar" o establecer un tiempo de estada fijo en estas situaciones, pues las condiciones particulares de cada caso van a definir el tiempo de permanencia de esta categoría de personas.

3. Normativas que regulan la materia de desplazados y de refugiados en el Ordenamiento Jurídico venezolano vigente

La materia de refugiados y de los desplazados como tal no estaba hasta ahora recogida en ninguna disposición legislativa del derecho interno venezolano hasta ahora, aunque dentro de nuestro ordenamiento jurídico positivo si han existido normas de este tipo, que es por citar un ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, sobre Derechos Civiles y Políticos de aplicación en el ámbito interamericano, y el cual fue suscrito y ratificado por Venezuela; pero más específicamente, se inspira en la Convención sobre Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas; ahora también la Constitución del 30 de diciembre de 1999, recoge disposiciones expresas sobre la materia, lo cual es una novedad importantísima y debe señalarse que es un aspecto innovador en el constitucionalismo contemporáneo.

"La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio". (artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)

Como ya se ha señalado en esta norma, la alusión expresa a los refugiados, y por extensión a los desplazados, se recoge de lo establecido en una norma de carácter internacional como lo es la Convención sobre Refugiados, de la Organización de las Naciones Unidas de 1951 y en el Estatuto de Refugiados derivado del Protocolo de 1967.

Pero, esta norma constitucional, no obstante, que es muy importante, es sólo una declaración formal, la cual no establece los mecanismos y procedimientos para garantizar tales derechos. Por lo cual, debe ser discutida, sancionada y promulgada una ley que trate sobre la materia de refugiados y desplazados y otra que regule la materia de asilos, sus términos y condiciones, y además dichas leyes deben tener el carácter de orgánicas, porque la importancia de la materia así lo requiere.

No obstante, se debe destacar que la figura del desplazado, en el contexto de este análisis, no tiene que ver con el tratamiento sino por la simple calificación nominal, porque Venezuela ha demostrado que está dispuesta a tratar a estas personas con un sentido humanitario y justo.

Además, hay una norma que vincula aun más al Estado venezolano a darle la debida y oportuna asistencia a los refugiados o desplazados, igual que a cualquier otra persona. Esta afirmación se desprende del contenido del artículo de la Constitución de 1999, que consagra los fines del Estado.

"El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución.

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines." (artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)

Pero, se plantea entonces una paradoja para el Estado, que consiste en lograr darle amparo y protección a los refugiados y desplazados, e integrarlos al desarrollo económico y social del país y que sean un factor proactivo en el desarrollo sostenible de la sociedad y del entorno local en que se encuentren, y haciendo de ésta una verdadera "sociedad justa y amante de la paz", sin que ello implique la disminución o merma de las mismas garantías y beneficios de desarrollo integral de la personalidad del resto de los habitantes de Venezuela, y sin provocar condiciones para que se de el distanciamiento, discriminación o mal trato a los refugiados o desplazados.

La responsabilidad y compromiso del Estado aumenta considerablemente en ese sentido, por el grado de comprensión de los conceptos de igualdad, no-discriminación y solidaridad, que se requiere poseer no sólo en el ámbito de los actores políticos sino más aun de la sociedad en general.

4. Problemas que se han suscitado en el territorio venezolano por la presencia de refugiados y desplazados por conflictos originados en otros países

En los últimos años, Venezuela ha experimentado el fenómeno del ingreso frecuente, permanente, y algunas veces silente de grupos de extranjeros, que en su mayoría son de nacionalidad colombiana, los que huyen de su país debido al ampliamente extendido conflicto de baja intensidad que ha venido sucediendo en Colombia desde hace casi cincuenta años, lo cual se ha incrementado por la acción que ejerce el narcotráfico en dicho país y por la reacción de los denominados "grupos de autodefensas", que son una especie de fuerza paralela que busca defenderse de las guerrillas o grupos subversivos de concepción marxista, pero dicha situación de la emigración de ciudadanos colombianos hacia Estados limítrofes con la República de Colombia, se ha incrementado mucho más desde hace unos meses como una consecuencia del llamado "Plan Colombia".

Esta situación constituye un problema para tales Estados limítrofes con Colombia, debido a las implicaciones sanitarias, socioeconómicas, de policía y de desarrollo que tiene este fenómeno de la migración hacia dichos países, de personas que toman la condición de refugiados, por el hecho de huir de un lugar debido a que no se sienten protegidos o se ven amenazados; en particular, esto ha significado para Venezuela un problema de Estado.

Los estados de Venezuela que frecuentemente se ven más afectados por la incursión de grupos de desplazados son Amazonas, Apure, Táchira y el Zulia. Particularmente, en el caso del estado Zulia, en los años 1993, 1994 y 1995, se habían producido operaciones de carácter interministerial coordinadas con las autoridades colombianas y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que tenía por objeto repatriar al territorio colombiano a contingentes humanos de campesinos colombianos que llevaban varios meses asentados en la Sierra de Perijá, y que según el testimonio de miembros de las étnias Yucpa y Barí que se encuentran en esa área del estado Zulia, "los colonos", como se le denominó en aquél entonces a dicho grupo de desplazados, le estaban causando un daño al ecosistema y a la biodiversidad de la Sierra de Perijá, porque estaban provocando incendios forestales para poder realizar cultivos y así estaban deforestando la zona, en particular la selva de Sirapata.

Otro problema para la administración pública nacional, que se ha dado por la presencia de grupos de desplazados, es el incremento de indocumentados dentro del territorio nacional, porque dichas personas ingresan al territorio nacional horrorizados por el conflicto interno que experimenta Colombia desde hace casi medio siglo y buscan protección, asistencia y que de alguna manera se les satisfagan las necesidades que en su país de origen no se les pueden cubrir. Pero generalmente ellos ingresan por las zonas selváticas o boscosas de la frontera, sin que medie registro alguno o identificación ante las autoridades venezolanas de inmigración y extranjería, y se asientan en el territorio nacional muchas veces de tal manera; lo cual hace imposible algún tipo de control, registro o identificación de esas personas. En el Zulia ese fenómeno se ha dado con mucha frecuencia en los municipios Maracaibo, Machiques de Perijá, la Villa del Rosario y Jesús Enrique Losada. Donde las autoridades venezolanas han coordinado varias veces operaciones de repatriación con las autoridades del Consulado colombiano, del DAS, del Defensor del Pueblo, del F2 y de otros organismos públicos del vecino país.

Caso específico de los efectos del Plan Colombia sobre esta situación

El "Plan Colombia" consiste en un programa de ayuda internacional que ha pedido el gobierno del presidente colombiano Andrés Pastrana, para hacerle frente a la problemática originada por el narcotráfico, la guerra interna y la ineficiencia del aparato estatal colombiano en lo relativo a la administración de justicia transparente y al respeto de los derechos humanos. El mayor aporte a este programa lo han destinado los Estados Unidos de Norteamérica con un estimado de un mil trescientos millones de U.S.$., y España y Noruega destinaron más o menos U.S. $. 120.000.000. Lo polémico de este plan es que el 66% de los recursos del mismo se previó destinar en gastos militares y para el combate contra la guerrilla y el narcotráfico en el vecino país, lo que inevitablemente ha traído como consecuencia, la intensificación de los actos de terrorismo, violencia y conculcación del derecho humanitario, por parte de los grupos subversivos colombianos y la extensión de un modo más evidente de ese conflicto hacia Perú, Ecuador, Brasil, y principalmente a Venezuela, pues las zonas de "distensión" o "desmilitarizadas" casualmente están situadas en la frontera con Venezuela; lo cual hace que las repercusiones sean mayores en nuestro país.

A pesar de la declaración pública que hiciera la guerrilla colombiana, en reiteradas oportunidades durante este año, con respecto a que los efectos del "Plan Colombia" no se trasladarían al territorio venezolano, las secuelas de la guerra civil colombiana, en la que a diario los grupos insurgentes violentan los principios más fundamentales del Derecho Internacional Humanitario y de la existencia humana en general, tienen otra connotación con respecto a Venezuela, pues ya se ha verificado hace dos meses la presencia de por lo menos ciento veinticuatro familias colombianas en territorio venezolano en calidad de desplazados, precisamente en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, lo cual fue verificado por el ACNUR, el día 22 de agosto de este año. Y en mayo de 1999, se produjo una situación similar en el sector conocido como "La Gabarra".

El problema inicial de la guerra interna que se da en Colombia, es que no respeta estratos sociales, edades ni sexos. Los niños han entrado en la actuación de las operaciones bélicas y la producción de estupefacientes y psicotrópicos ilícitos; pero uno de los problemas derivados, es la migración de personas del territorio colombiano hacia los países que le son fronterizos como Venezuela, y que esas personas, no obstante, que requieren asistencia, socorro y ayuda oportuna tanto del Estado al que ingresan huyendo de la guerra; también requieren esa atención y respaldo del resto de la comunidad internacional, para aliviar las cargas sanitarias, económicas o de cualquier otra índole que se le puedan causar al Estado receptor de estas personas, en cierta medida eso puede ponderarse por la condición jurídica de estas personas, es decir, si se trata de refuguidos o de desplazados, que en el caso de Venezuela hasta ahora sólo se ha dado el fenómeno de la presencia de desplazados.

5. Consideraciones finales

Las normas de derecho internacional, las de derecho humanitario y las relativas a los refugiados y desplazados, no han de ser simples y vanas declaraciones de principios, y es que en realidad no lo son, pero mientras no haya la conciencia plena y efectiva de su alcance y significado seguirán presentándose casos donde tales normas son conculcadas, sin importar la naturaleza del responsable de su violación.

Con respecto a los casos desplazados que se originan como consecuencia del conflicto de baja intensidad que se desarrolla en Colombia, esto provoca un desequilibrio regional de los países que limitan con la nación neogranadina.

Los representantes de los servicios de Inteligencia de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela acordaron el pasado 28 de septiembre en Brasilia, mejorar el flujo de sus informaciones para hacer frente a las consecuencias del componente militar del "Plan Colombia"; pero más allá de coordinar acciones reactivas deben realizarse esfuerzos integrales, es decir, la cooperación militar es buena, pero no basta, porque este problema es tan complejo que no se agota en los mecanismos de operaciones militares combinadas en el área amazónica y del Caribe. Es necesario realizar también esfuerzos intergubernamentales coordinados en materia social, sanitaria, de censos de población y más concretamente, en materia de asistencia humanitaria.

Porque no podrá haber una solución al problema provocado por el conflicto colombiano si no existe entre los gobiernos de la zona, el sentido común, la previsión y la convicción de hacer prevalecer el estado de derecho y el bien común internacional.

Con respecto a Venezuela, debe observarse con mucha seriedad, que es necesario que el Estado aplique en definitiva una política de fronteras adecuada, dinámica e integral, pues si no hay condiciones de vida dignas, los habitantes de los municipios y de los poblados fronterizos seguirán sufriendo de un modo peligroso para la estabilidad interna los efectos de los asentamientos de desplazados en sus localidades.

Es ahora una responsabilidad expresa del Estado, crear las condiciones más adecuadas, saludables y dignas para los pobladores de las fronteras, pues así lo consagra la Constitución de diciembre de 1999, en su artículo 15, y no debería ser una simple norma programática, semántica o declarativa sin efectividad real.

Como último punto fundamental para lograr un efectivo respeto y comprensión a los refugiados y desplazados y a las normas de derecho internacional que les amparan, por parte de la sociedad, es necesario difundir los valores y principios del derecho internacional sobre la materia de un modo continuo, y para ello nada mejor que incluir esos aspectos en los programas de educación formal a todos los niveles del sistema educativo venezolano.

Resumen

El Derecho Internacional Humanitario al encargarse de estudiar, regular y solucionar las situaciones derivadas del <<factum>> de un conflicto armado sea internacional o interno Estatal, con el objetivo principal de humanizar las acciones producto del acontecimiento bélico, y hacer que se respete la dignidad personal de los combatientes y de los civiles o los no combatientes; también regula de modo supletorio o derivado el tratamiento que deben recibir las personas que emigran de un Estado huyendo de él, porque se sienten amenazadas con fundadas razones, quienes pueden ser considerados como refugiados o desplazados, según su estada en el territorio de otro país sea prolongadamente o que en el segundo caso estén en tránsito, lo que implica que permanezcan por un período breve dentro del Estado al que llegan huyendo de la situación bélica verificada en el otro.

Las causas y consecuencias de la presencia de desplazados dentro del territorio venezolano, principalmente en las zonas fronterizas, constituye un compromiso y problema para el Estado venezolano debido a las consecuencias sanitarias, sociales, demográficas y de seguridad que representa para las autoridades de Venezuela, teniendo en cuenta además de modo permanente, el derecho que les asiste a los refugiados y los desplazados de ser recibidos y protegidos por las autoridades de cualquier Estado a donde ingresen, porque existen mecanismos internacionales que disponen expresamente ese deber.

Los casos de desplazados que han ingresado al territorio venezolano, especialmente de nacionalidad colombiana, debido al conflicto de baja intensidad que se desarrolla en dicho país, el cual se ha incrementado como consecuencia directa de la aplicación del "Plan Colombia", plantean desafíos para Venezuela, donde es necesario cambiar de paradigma en la concepción de lo que Política de Fronteras, desarrollo fronterizo y educación integral de derechos humanos.

Palabras Claves: Derecho Humanitario, refugiados, desplazados, desarrollo fronterizo.

6. Lista de referencias

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Oficial Nº.36.860 del 30 de diciembre de 1999. Caracas. Venezuela.
El ABC de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas, Nueva York. 1990.
Marquina, Alí. Derecho Humanitario y derecho procesal penal militar. Primera edición, Caracas. 1995.
Rousseau, Charles. Derecho Internacional Público. Tercera edición, Barcelona. 1966.

 

 

Autor:


Professor.Dr.Eugenio Caligiuri Ammendolia
Abogado Jorge Petit Medina


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