- El Sistema de Salud en
Argentina - El subsector
público - La Autogestión
hospitalaria - Los
elementos que intervienen en el proceso administrativo de un
hospital - El
Director - Juicio
de valores - La
Administración Hospitalaria - Estructura
de un hospital - Descripción
y esquematización de los procedimientos
básicos - Conclusiones
El gasto en salud en Argentina es menor al 10% del PBI,
una cifra baja con respecto a lo que gastan los países
desarrollados. El sector
público contribuye con 22 % al gasto total, el de
seguridad
social con 36% y el privado con 42%. Dentro del sector
público, 75% del gasto directo proviene de los gobiernos
provinciales; 16%, de los municipales, y sólo 9% del
gasto
público corresponde al gobierno federal.
Más allá de la cantidad de recursos
involucrados, existen muchos cuestionamientos acerca de la
eficiencia del
gasto en salud de los diferentes subsectores.
Desde el punto de vista de la provisión de los
servicios de
salud existen tres tipos de prestadores: el sector público
(dentro de éste están la nación,
las provincias y los municipios, con participaciones variables
según la provincia); los prestadores privados, y un tercer
grupo de menor
importancia relativa, que corresponde a algunos organismos
sociales que prestan servicios por su propia cuenta.
El financiamiento, por su parte, se origina en tres
fuentes: los
impuestos
nacionales, provinciales y municipales (en el caso del sector
público); las contribuciones a la seguridad social
(en el caso de las obras sociales), y los pagos directos del
sector privado. El sistema de obras sociales opera con bastante
polémica acerca de la calidad de las
prestaciones y
de los costos que
demanda a la
sociedad. En
los hechos, la ineficacia en su funcionamiento ha obligado a la
población beneficiaria de bajos ingresos a
recurrir al hospital público (generando presiones sobre el
sector), y a la población con mayor nivel adquisitivo, a
atenderse en el sistema privado para garantizarse una cobertura
de salud razonable.
El subsector
público
El subsistema público -por medio de la nación,
las provincias y los municipios- se encarga de las funciones de
promoción y prevención,
además de prestar servicios mediante hospitales y unidades
asistenciales. En los últimos años, el subsistema
ha tendido a una progresiva descentralización (que corresponde a una
concepción de política de salud)
que se aceleró en la última década; por este
motivo, si bien las leyes que marcan
la política de salud provienen del nivel federal, las
políticas son crecientemente aplicadas en
el ámbito provincial. En la práctica, la atención primaria se realiza tanto en
establecimientos con esa finalidad (dispensarios, hospitales de
baja complejidad) como en hospitales de alta complejidad, lo que
genera una gran ineficiencia desde el punto de vista de la
asignación de los recursos.
Dado que cada provincia tiene la facultad de
autodeterminar su política en el ámbito de salud,
existen importantes diferencias en el ámbito regional. La
mayoría de las provincias dividen su territorio en zonas
sanitarias, pero la gestión
y la participación en el manejo del sistema de salud es
absolutamente diferente.
Existen en el país alrededor de 1300 hospitales
públicos con internación distribuidos en todo el
territorio nacional. El modelo de
organización reposa en grandes estructuras,
donde se integran desde el cuidado primario hasta las tareas de
alta complejidad. No existe un sistema de derivación
explícito, sino que los médicos que atienden en el
hospital son los que deciden qué pacientes se internan,
cuánto tiempo y
qué prácticas complementarias deben ser
realizadas.
La asignación del gasto provincial en salud entre
los diferentes hospitales se realiza, en la mayoría de las
provincias, de acuerdo con el comportamiento
histórico. En realidad no se transfiere un presupuesto para
que sea manejado por el hospital, sino que desde el gobierno
central se pagan los sueldos y
salarios y se compran los insumos, esto otorga a los
hospitales bastante poco margen de acción
para administrar sus recursos y competir en el mercado; no
existen incentivos para
conseguir pacientes y competir, puesto que los fondos que
transfiere el Estado no
guardan relación con la cantidad de pacientes
atendidos.
La
Autogestión hospitalaria
Las reformas introducidas por el Decreto del
Poder
Ejecutivo Nacional al REGIMEN DE HOSPITALES PUBLICOS DE
GESTION DESCENTRALIZADA (2000) en reemplazo del Hospital
Público de Autogestión (1993) operan en la dirección de facturar aquellos servicios
para los cuales existe la posibilidad de cobro, ya sea al
paciente o a un tercero pagador. La vigencia del Decreto
introdujo cambios importantes en el funcionamiento de los
hospitales públicos, tanto desde el punto de vista de la
eficiencia como de la equidad. Estos
se refieren básicamente a:
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