La minería y su repercusión económica en el Perú (página 2)

Generalmente, se dice que una mina es explotable cuando la
inversión para la explotación es
inferior al beneficio obtenido por la comercialización del mineral.

Hay gran variedad de materiales que
se pueden obtener de dichos yacimientos. Pueden clasificarse como
sigue:

Metales: incluyen los metales preciosos
(el oro, la plata
y los metales del grupo del
platino), los metales siderúrgicos (hierro,
níquel, cobalto, titanio, vanadio y cromo), los metales
básicos (cobre, plomo,
estaño
y cinc), los metales ligeros (magnesio y aluminio), los
metales nucleares (uranio, radio y torio) y
los metales especiales, como el litio, el germanio, el galio o el
arsénico.

Minerales industriales: incluyen los de potasio y azufre, el
cuarzo, la trona, la sal común, el amianto, el talco, el
feldespato y los fosfatos.

Materiales de construcción: incluyen la arena, la grava,
los áridos, las arcillas para ladrillos, la caliza y los
esquistos para la fabricación de cemento. En
este grupo también se incluyen la pizarra para tejados y
las piedras pulidas, como el granito, el travertino o el
mármol.

Gemas: incluyen los diamantes, los rubíes, los zafiros
y las esmeraldas.

Combustibles: incluyen el carbón, el lignito, la turba,
el
petróleo y el gas (aunque
generalmente estos últimos no se consideran productos
mineros). El uranio se incluye con frecuencia entre los
combustibles.

EL ROL DE LA MINERÍA
EN NUESTRA ECONOMÍA

La minería es
uno de los sectores más importantes de la economía peruana y representa normalmente
más del 50% de las exportaciones
peruanas con cifras alrededor de los 4 mil millones de
dólares al año. Por su propia naturaleza la
gran minería constituye un sector que genera grandes
movimientos de capital
más no de mano de obra, así el año 2003
aportó el 4.7% del PBI, sin embargo ocupó
sólo al 0.7% de la PEA. La minería se ha vuelto tan
importante que desde el año 1993 el Perú ha
duplicado su producción de minerales.

Los principales minerales que exporta nuestro país son:
cobre, oro, hierro, plata, zinc y plomo entre otros. Actualmente
todos ellos son fuertemente demandados como insumos para procesos
industriales de alto nivel tecnológico.

El Perú es un país de tradición minera.
Durante la época de la colonia se explotaron las minas de
plata de Potosí (Hoy Bolivia) y las
minas de azogue de Santa Bárbara (Huancavelica). El azogue
es conocido hoy como el mercurio y fue
en su momento indispensable para la separación de la
plata. Diversas fuentes
coinciden que los minerales provenientes de estas minas
permitieron la supervivencia y el desarrollo de
Europa.

En el Perú, la explotación en Cerro de Pasco
(Pasco) comenzó en 1905 y en 1922 se inauguró el
complejo metalúrgico de la Oroya (Junín). En los
años noventa se otorgaron numerosas concesiones mineras
como parte de la política de apertura
de mercados del
gobierno de
Alberto Fujimori. Actualmente las mayores explotaciones de cobre
se registran en Cuajone (Moquegua), Toquepala (Tacna), Cerro
Verde (Arequipa) y Tintaya (Cuzco). Cerro de Pasco y sus
inmediaciones continúan extrayendo zinc, el plomo y la
plata. Marcona (Ica) con hierro y San Rafael (Puno) con
estaño. Con respecto al oro, Yanacocha y Sipán
(Cajamarca), Pierina (Ancash) y Santa Rosa (La Libertad)
constituyen las mayores explotaciones.

El Perú posee el 16% de las reservas de minerales
conocidas, incluyéndole 15% de las de cobre y el 7% de las
de zinc. Se estima que hasta el día de hoy el Perú
únicamente ha extraído el 12% de sus recursos
minerales y que con tecnología adecuada
puede triplicar su actual producción, especialmente en
metales básicos. Los principales demandantes de oro son
Estados
Unidos, Suiza y Reino Unido. Así, desde 1990 las
extracciones en el Perú se han incrementado en un
500%.

La privatización de la gran minería
nacional, emprendida por el gobierno peruano en 1991, ha
atraído a más de cien empresas
extranjeras. El 40% de estas inversiones
procede de Canadá, y el resto, de Australia, Estados
Unidos, México,
Sudáfrica, China, Suiza,
Reino Unido, Luxemburgo e Italia. Las
empresas estatales como Centromín y Minero Perú
fueron prácticamente desactivadas y sus activos
liquidados.

Es así, que pudo apreciar que para el período
comprendido entre 1992 y 2007 se había planeado invertir
9.811 millones de dólares en el sector. El proyecto
más ambicioso es el de las empresas canadienses Noranda,
Río Algom y Teck, y la japonesa Mitsubishi, en el
yacimiento polimetálico de Antamina que produce cobre,
plomo, plata y zinc: Se ubica en Ancash y es considerado como uno
de los mayores yacimientos del mundo.

Su entrada en el 2002 representa la tercera parte del
crecimiento del sector para el período 2000 – 2005,
estimado en un 9%.

MINERÍA EN CIFRAS (POSICIONAMIENTO
DEL PERÚ EN LATIOAMÉRICA)

El Perú tiene una expectante posición
competitiva en la minería mundial, manteniendo un liderazgo
minero en Latinoamérica y una sólida historia y trayectoria
minera.

En el mercado
Latinoamericano, el Perú es el mayor productor de oro,
zinc, plomo y estaño. Asimismo, es el segundo mayor
productor en plata y cobre, además de producir otros
importantes productos metálicos y no
metálicos.

POTENCIAL DE
PERÚ

El potencial de exploración y desarrollo que
ofrece Perú, puede reflejarse en que actualmente
sólo el 10% de las áreas de concesiones mineras
están siendo exploradas. En el mapa de ubicación
podemos observar que la mayor concentración de operaciones y
proyectos
mineros se hallan sobre la franja de la cordillera central,
existiendo oportunidades de exploración en estas
áreas, además de la costa, sierra y selva del
territorio nacional.

Un indicador del crecimiento minero, podemos observar en
las exportaciones mineras, habiendo crecido de US$ 1,447 millones
de 1990 a US$ 3,600 millones al año 2002.

Para la próxima década, la minería
peruana proyecta inversiones que superan los US$ 7,000
millones.

INVERSIONISTAS
EXTRANJEROS

En la última década, más de 50
inversionistas extranjeros se han establecido en Perú,
algunos con gran liderazgo en la minería mundial, entre
ellas, procedentes de:

USA : Phelps Dodge, Cyprus, Doe Run, Asarco.

México : Grupo México

Canadá : Teck, Barrick Gold, Inmet, Rio Algom,
Noranda, Cominco

Australia : BHP, Pasminco

Inglaterra : Billiton

Reino Unido : Río Tinto

Sud África : Anglo American

Así como las mencionadas con anterioridad se
puede mencionar muchas otras compañías reconocidas
a nivel mundial, que han sido y son atraídas por el
ambiente
favorable para las inversiones y principalmente por el gran
potencial minero que ofrece el Perú.

PRODUCCIÓN MINERA

La producción minera en los últimos
años, ha alcanzado un saldo positivo, por cuanto, nuestro
PBI, se ha visto favorecido con su crecimiento, repercutiendo en
nuestra economía.

Para mayor referencia, podemos apreciar los siguientes
cuadros:

APORTE FISCAL DE
EMPRESAS MINERAS

Cánones y regalías

Referirse al régimen fiscal de la actividad
minera es mencionar los cánones (pagos por ingresos
provenientes de la explotación de recursos
naturales) y regalías (porcentaje sobre la
producción de metales), además de los impuestos a la
renta que todas las empresas pagan.

Además de estos pagos, relativamente reducidos,
las compañías mineras en el País se han
beneficiado de exoneraciones tributarias.

Pago reducido de impuestos

En nuestro país, los beneficios tributarios
así como los convenios de estabilidad tributaria,
obtenidos por la gran minería durante el gobierno del ex
presidente Alberto Fujimori (1990-2000), generan un pago reducido
del impuesto a la
renta en relación con las utilidades reales de las
empresas.

Se indico que el promedio de aporte de la minería
al fisco peruano durante el periodo 1998-2003 fue de apenas el
2.7% del total de los ingresos fiscales en dicho
periodo.

Sin embargo, se sostiene que la actividad minera es la
actividad económica que más aporta por impuesto a
las utilidades. En el 2003 pagó al fisco peruano alrededor
de $300 millones, lo que constituye el 23% del total de lo
recibido por el fisco en ese concepto,
señala.

Además, se incide en que los precios de los
minerales tienen una tendencia cíclica y que por eso se
debe considerar un periodo largo para establecer el promedio de
los ingresos fiscales y no tomar como única referencia un
año de buenos precios como fue el 2003.

Pero en los últimos años han sido los
temas del canon y las regalías los que han generado la
mayor controversia en ambos países.

En el 2002 el canon minero se elevó de 20% a 50%
del impuesto a la renta, y en el 2004 se modificó la
distribución del canon para beneficiar a
los distritos productores (de acuerdo a los índices de
pobreza y no
por el número de pobladores de una comunidad).

Aunque esas medidas parecieran positivas: el canon
minero también ha sido pequeño, alcanzando a ser el
0.7% de las exportaciones mineras peruanas. El canon minero
también es ínfimo si se le compara con el ingreso
por ventas de las
empresas. Por ejemplo, en el periodo 1993 al 2003 el canon
generado por Minera Yanacocha, principal productora
aurífera de América
Latina, representó el 3% de su ingreso por las ventas
del mineral, y el canon recibido por el departamento de
Cajamarca, donde se ubica la mina, fue equivalente sólo al
1.3% del ingreso por ventas.

Sin embargo, funcionarios gubernamentales dijeron que
con las modificaciones en la ley del canon y
la bonanza en los precios de los metales que empezó a
fines del 2003, el canon aumentó sustancialmente. El
ministro de Energía y Minas Glodomiro Sánchez dijo
que en el 2004 el canon aumentó a 450 millones de soles
($136 millones), frente a los 120 millones de soles ($36
millones) pagados a las regiones donde operan las minas en el
2001.

Regalías en cuestión

Con el propósito de que las empresas mineras
hagan un mayor aporte económico al país, se dio en
el 2004 una encarnizada polémica entre parlamentarios y
empresas multinacionales mineras en torno al cobro de
regalías.

Tenemos el caso, que el congresista peruano Javier Diez
Canseco las definió no como un tributo sino como "la
compensación a la nación
por la explotación de sus recursos naturales".

En junio del 2004, el Congreso peruano aprobó la
ley de regalías mineras, que considera la
aplicación de una tasa de 1% sobre las ventas brutas que
alcancen los $60 millones, de 2% para las que se encuentren entre
$60 millones y $120 millones, y de 3% para las que superen los
$120 millones. Se estima que el fisco peruano recibirá
este año unos $40 millones por este concepto.

No obstante que la ley fue promulgada por el Ejecutivo
un mes después, el debate en
torno a este tema ha continuado. Uno de los puntos en
discusión es la propuesta de que el cobro de la
regalía se haga en función de
la cotización internacional de los minerales.

El gobierno consideró justo establecer un
mecanismo que permita acumular fondos para cuando el recurso no
renovable se agote. Entonces, la propuesta de regalía fue
considerada una contraprestación, no un
tributo.

LA MINERÍA
PERUANA, DESARROLLO NACIONAL Y REGIONAL

La minería nacional sigue siendo un motor de
desarrollo para la economía nacional. El actual proceso de
regionalización presenta nuevos retos para este sector y
para las autoridades recién elegidas, quienes
tendrán que trabajar coordinadamente con el gobierno
central y las empresas para mantener la competitividad
de este sector.

Impacto en el desarrollo nacional

La minería peruana ha crecido en los
últimos años. Esto vuelve a poner sobre el tapete
el rol dinamizador que la minería tiene en la
economía. Es ampliamente reconocida su contribución
a las exportaciones, 48% del total sin incluir al petróleo o sus derivados. Lo cual ha
servido para mantener el equilibrio de
nuestra economía en años, como el 2001, en que el
crecimiento fue casi nulo.

Por otro lado, se sabe que la minería no genera
mucho empleo. Se
estima que la minería formal sólo emplea un poco
más de 60,000 personas, lo cual representa alrededor del
2% del empleo en el país. Sin embargo, el 62% de los
puestos de trabajo
creados por la actividad minera se ubican en la sierra, en zonas
donde sólo se realizan actividades agropecuarias de poca
rentabilidad.
Por otro lado, si se incluye la minería informal y
artesanal se deberían añadir entre 20,000 y 30,000
puestos de trabajo adicionales. A pesar de que este tipo de
minería no es la que el país quiere ni debiera
desarrollar, lo cierto es que en muchas zonas ésta se
convierte en la única alternativa de sustento para pueblos
enteros.

Pero poco es lo que se ha dicho acerca de su capacidad
de compra interna. De los insumos utilizados por este sector es
de origen nacional. Más aún, en las medianas y
pequeñas empresas el porcentaje nacional se elevaron
respectivamente. Se podría argumentar que algunos de los
insumos nacionales no son sino mera combinación de
productos importados y que, por lo tanto, no hay mayor
generación de valor
agregado. Sin embargo, ese pequeño procesamiento realizado
en el país genera trabajo en otras industrias y se
estima que cada puesto de trabajo minero genera 5 en otros
sectores.

Más interesante aún es el potencial de
desarrollo de las industrias proveedoras para la minería.
Muchas de ellas no lograban desarrollar por un problema de
costos,
principalmente de energía, y por la falta de
producción nacional de algunas materias primas. Tales son
los casos de la industria del
hierro y acero y de los
explosivos. La explotación del gas de Camisea
permitirá que ambas industrias amplíen su capacidad
. Dos de las empresas líderes en cada una de estas
industrias, Aceros Arequipa y EXSA, ya tienen desarrollados
proyectos para construir nuevas plantas en sur
del país.

Impacto en el desarrollo regional

El actual proceso de regionalización es uno de
los mayores retos que tendrá que enfrentar el país
en los próximos años. Sin reglas claras y sin el
presupuesto
adecuado, este proceso puede conducirnos al desastre. Los
gobiernos regionales tendrán que identificar opciones de
inversión y promocionarlas, junto con el gobierno central,
para poder generar
crecimiento
económico. La minería es uno de los pocos
sectores que ofrece oportunidades de inversión
descentralizada y ampliamente identificadas por los
inversionistas.

Un aspecto importante de la minería es que genera
ingresos a las regiones a través de dos mecanismos. Por un
lado, el 80% de los ingresos por concepto del Derecho de
Vigencia, pago que se efectúa para solicitar y mantener
los petitorios mineros, es distribuido a los gobiernos
locales.

Por otro lado, el Canon Minero podría representar
una importante fuente de ingresos si es que es bien administrado.
A partir de enero de 2002, los recursos disponibles para el Canon
se elevaron del 20% al 50% del Impuesto a la Renta pagado por las
empresas mineras. El cual será distribuido a las
municipalidades de las provincias en donde se encuentra el
recurso natural (20%); a las municipalidades provinciales y
distritales del departamento en donde se encuentra el recurso
(60%), y a los gobiernos regionales (20%) .

Regionalización y competitividad
minera

La última encuesta a las
empresas mineras lanzada por el Instituto Fraser de Canadá
ubica al Perú y Brasil, como dos
de los países con más potencial geológico,
después de Chile, ubicándolos en el quintil
superior (ver Cuadro 4). Sin embargo, cuando se evalúa el
potencial de sus políticas
mineras, el Perú con las justas se mantiene en el tercio
superior mientras que Chile se mantiene en el 15% superior.
Según esta encuesta, el 14% de los empresarios mineros
opinaron uno de los principales problemas del
Perú radica en la incertidumbre de la
administración e interpretación de sus regulaciones; y el
11% la duplicación e inconsistencia de sus regulaciones.
Ambos temas tienen gran relación con el proceso de
regionalización, ya que no se tiene claro las competencias que
desempeñarán las Direcciones Regionales del
Ministerio de Energía y Minas y si éstas
dependerán de los gobiernos regionales o del gobierno
central. Se debe, por tanto, buscar una definición al
respecto para reducir la incertidumbre en los inversionistas
mineros.

Regionalización y los grandes retos de la
minería

Finalmente, las empresas mineras están
experimentando cambios importantes en su conducta para
honrar su compromiso de servir de vehículo al desarrollo
sustentable. Recientemente, las empresas asociadas a la
Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y
Energía han hecho público un Código
de Conducta mediante el cual se comprometen a cumplir la
legislación vigente, a promover y aplicar prácticas
de protección ambiental y a fomentar el diálogo y
la participación de los distintos grupos
sociales en proyectos de desarrollo local.

Este Código representa un gran reto para las
empresas ya que tendrán que establecer nuevas
prácticas empresariales, muchas de las cuales
requerirán cambios organizativos y de operación.
Pero también representa un gran reto para los nuevos
gobiernos regionales ya que tendrán que convertirse en
socios adecuados para las empresas, especialmente en la
conducción de proyectos de desarrollo productivo, al mismo
tiempo que
tendrán que atender las necesidades de las poblaciones
locales y coordinar con el gobierno central en la
aplicación de las políticas de estado. Un rol
bastante difícil, pero ciertamente no
imposible.

IMPACTO DE LA
ACTIVIDAD MINERA

Consecuencias de la actividad minera en el
Perú

1. Minería y agricultura:

Como bien, se tiene conocimiento
que con la apertura de la economía liberal en los
años 90, el sector agrario fue sumamente perjudicado
debido a los subsidios aplicados por los países
exportadores para favorecer la entrada de productos importados al
mercado nacional. Esto trajo como consecuencia el menoscabo de la
producción agrícola y contribuyó a la
caída de los precios de los principales productos
agropecuarios: el arroz, papa, carne, lana y fibra, entre otros.
La situación se agravó aún más por el
incumplimiento del gobierno de dar prioridad al desarrollo del
sector agrario y de aplicar medidas efectivas para su
reactivación. Peor aún será para los
productores con la firma del Tratado de Libre
Comercio (TLC) ya que
los pequeños productores no podrán competir con la
producción tecnificada de los EE..UU.

Asimismo, desde hace más de una década, en
el Perú, se viene aplicando una política neoliberal
sujeta a los compromisos de los gobiernos de turno con el
Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial,
OMC, BID, etc.
Dentro de este contexto, se dictaron normas que
otorgaron prioridad a la actividad minera sobre la actividad
agrícola; facilidades para el acceso a tierras y agua para uso
minero, vulnerando los derechos de propiedad de
las comunidades; facilidades económicas para el desarrollo
de la minería en mejores condiciones que otros sectores
económicos, a través de contratos de
estabilidad tributaria, beneficios por la reinversión de
utilidades, la exoneración de impuestos, la
flexibilización laboral, la
fiscalización ambiental, etc.

Ha sido y es asunto vergonzante la ausencia o presencia
débil del Estado para resolver los conflictos
entre las comunidades y las empresas mineras. Su rol de promotor
de las inversiones mineras hace que su actuación en los
conflictos se incline a favor de las empresas mineras. Un ejemplo
de esta situación es el deplorable papel que viene
cumpliendo el Estado en
Tambogrande, Majas y otros centros mineros en el
país.

2. Minería, medio ambiente
y agua:

Los pasivos ambientales y sociales del sector minero no
han sido resueltos totalmente hasta la fecha: cuencas, lagos,
lagunas y ciudades contaminadas y en destrucción
permanente, conflictos entre las comunidades y las empresas por
el control de
la tierra.
Todo esto se intentó resolver con la aplicación por
cinco años de los Programas de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por parte de las
empresas mineras, sin embargo, no se han obtenido resultados
satisfactorios públicos hasta la fecha.

La autoridad
encargada de la fiscalización y el cumplimiento de estos
programas es el Ministerio de Energía y Minas. Este
órgano ha incurrido en violación de sus propias
normas al exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por
las empresas mineras, facilitando la ampliación del
período de ejecución de los PAMAs con la
dación de una nueva norma: el PEMA (Programa Especial
de Manejo Ambiental) para empresas que no hayan cumplido con el
PAMA pueden acogerse al PEMA.

Tras el otorgamiento por el Estado de las concesiones
mineras, las empresas desarrollan el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) con una Consultora Ambiental pagada por la empresa y se
procede a la aprobación del mismo por el Ministerio de
Energía y Minas después de la Audiencia
Pública. Esta última no constituye una consulta
sino una reunión para sugerir cambios que permitan superar
las 'imperfecciones' del EIA. El Ministerio de Energía y
Minas no tiene la capacidad para fiscalizar la veracidad de los
datos de los
indicadores
ambientales consignados en la línea base del EIA y hasta
el momento no ha desaprobado ningún EIA correspondiente a
un proyecto minero de mediana o gran envergadura que implique el
retiro del mismo. A pesar que existe un rechazo al mecanismo,
poco se hace para mejorar el procedimiento. La
Audiencia Pública resulta ser un mecanismo estatal pro
mina con fachada democrática y participativa.

3. Minería, tierra y
territorio:

El artículo 89º de la Constitución Política de 1993,
sólo reconoció el carácter imprescriptible del derecho de
propiedad de las comunidades campesinas y nativas sobre sus
tierras, no haciendo lo mismo con las características de
inembargabilidad e inalienabilidad como lo establecía la
Constitución de 1979. En ese sentido, la actual
Constitución no garantiza el derecho de las comunidades a
un territorio que ha sido suyo desde tiempos inmemoriales,
disminuyendo el derecho de propiedad y no reconociendo todos los
atributos que este derecho tiene en el caso de las comunidades
con respecto a las tierras y territorios que ocupan.

Los propietarios de los territorios, sean comunales o
individuales, sólo tienen derecho al suelo, mientras
que el Estado es propietario del subsuelo, en donde se encuentran
los recursos mineros. Por ello, las concesiones para el
desarrollo de las actividades mineras sitúan en una
posición de inseguridad
jurídica el derecho de propiedad de las comunidades, muy a
pesar de que la Constitución Política señale
que este derecho es inviolable, que el Estado lo garantiza y que
a nadie se pueda privar de su propiedad sino, exclusivamente, por
causa de seguridad
nacional o necesidad pública declarada por ley. Sin
embargo, es el propio Estado que, mediante el procedimiento de
servidumbre que le compete al Ministerio de Energía y
Minas, viola la Constitución y el derecho de propiedad con
el fin de otorgar tierras a las empresas mineras cuando las
comunidades no están de acuerdo en cederla para la
realización de actividades mineras, con ello el propio
Estado viola derechos de sus ciudadanos.

El conflicto
generalmente se origina cuando se hacen contratos de
compra-venta de tierras
para que las empresas mineras tengan acceso y desarrollen sus
actividades. Estos contratos no observan los requisitos legales
establecidos por la ley No. 26505 que señala que para
disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre
las tierras comunales de la sierra o selva, se requerirá
del Acuerdo de la Asamblea General con el voto no menor de los
dos tercios de todos los miembros hábiles de la Comunidad,
mientras que para el caso de la costa se requerirá el voto
a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros
asistentes a la Asamblea instalada con el quórum
correspondiente. En la realidad, las empresas se aprovechan de
las urgencias económicas de los pobladores, de la falta de
conocimiento de sus derechos. Asimismo, el carácter
expropiatorio de la vigente ley de servidumbre minera y su
rechazo por parte de las comunidades han hecho que su
aplicación sea inviable (además de ser una norma
inconstitucional).

El Estado no ha implementado procedimientos de
participación y consulta adecuados y efectivos, para que
las comunidades tomen decisiones en la función a sus
prioridades de desarrollo o sobre el desarrollo de actividades
mineras en sus territorios, de acuerdo al Convenio Nº 169 de
la OIT, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, suscrito por el Estado
Peruano.

Alternativas de
solución al problema minero

Lo primero que debemos hacer es reconocer que los
problemas generados por la minería en el Perú, mas
allá de tener expresiones técnicas y
particulares, tienen una naturaleza política expresada en
la aplicación, por parte de las clases dominantes que
controlan el estado, de una estrategia de
dominación y sometimiento a los grandes grupos de poder
dominantes e imperialistas a escala mundial.
Esa estrategia hoy se llama neoliberalismo
y se encuentra sostenida jurídicamente en la
Constitución de 1993 promulgada por el corrupto y
dictatorial gobierno de Alberto Fujimori.

En ese sentido, lo primero que debemos exigir si
realmente queremos acabar con las nefastas consecuencias
generadas por la minería, es la convocatoria cuanto antes
a una Asamblea Constituyente que le permita al pueblo en su
conjunto rehacer, de acuerdo a sus necesidades y genuinas
aspiraciones, el modelo de
estado imperante. En esta nueva constitución del estado
peruano se anularan los grandes beneficios tributarios y
concesiones de los que hoy gozan las empresas mineras, se
promoverá la creación de formas realmente
democráticas que permitan al pueblo y a los trabajadores
ser tomados en cuenta a la hora de realizar las grandes
decisiones de trascendencia nacional, se respetara realmente el
derecho a la tierra y al territorio de las comunidades
indígenas sobre las que muchas veces se han asentado los
consorcios mineros, se aplicaran mecanismos que promuevan la
preservación de la vida y del medio ambiente, entre otras
medidas que reivindiquen al pueblo y al ser humano sobre la gran
inversión privada.

Por último, hay que indicar que estas demandas ya
fueron planteadas en su momento (elecciones presidenciales del
2006) por Ollanta Humala y tímidamente por Alan
García, logrando concitar la atención de millones de peruanos que en esa
oportunidad depositaron su voto por el cambio y
contra el continuismo neoliberal. Alan García, sin
embargo, viene demostrando una vez mas que lo dicho en la
campaña electoral no era mas que retórica
demagógica y que una ves en el gobierno esta dispuesto a
profundizar el saqueo neoliberal. Es tarea pues del pueblo, ha
través de la movilización y la lucha unitaria y
centralizada, imponer nuevamente estas demandas
programáticas que nos permitirán avanzar hacia el
ansiado objetivo de la
liberación nacional y de esa manera empalmar con los
grandes procesos de transformación social que hoy se viven
en los países hermanos.

CONCLUSIONES

* La minería nacional sigue siendo un motor de
desarrollo para la economía nacional. El actual proceso de
regionalización presenta nuevos retos para este sector y
para las autoridades, quienes tendrán que trabajar
coordinadamente con el gobierno central y las empresas para
mantener la competitividad de este sector.

* El gobierno autoritario de Fujimori, con un programa
neoliberal brindó las condiciones propicias para atraer la
inversión
extranjera. Esto permitió que los empresarios mineros
se beneficiaran, afectando a los productores agropecuarios y
otros sectores económicos, incrementando el desempleo.
Durante este período, se reforzó el centralismo y se
profundizó la recesión. Por su parte el gobierno de
Alejandro Toledo, con la misma política
económica, obligo a seguir las recomendaciones del
Fondo Monetario Internacional (FMI) y facilito
la inversión de las empresas mineras. Y por ultimo el
actual gobierno presidido por Alan García Pérez le
da continuidad a estas iniciativas antisociales.

* Con política neoliberal el Estado a
través del Ministerio de Energía y Minas, se
convierte en propietario o accionista de empresas mineras; en
regulador de la política del sector minero, en
fiscalizador para el cumplimiento de las normas ambientales y, a
la vez, en promotor de las inversiones mineras. En consecuencia,
no existe ninguna institución que vigile las actividades
del Ministerio de Energía y Minas y proteja los derechos e
intereses de las comunidades afectadas. Es decir el Estado ha
implementado toda una red para facilitar la
inversión minera, sin el cumplimiento de las normas
ambientales y una adecuada y real participación de las
comunidades afectadas y los trabajadores en la toma de
decisiones.

* Finalmente, cabe decir, a mi entender, que nuestro
país tiene potencial, allá los altos mandos que no
toman las medidas necesarias para aprovechar las riquezas que son
derrochadas en nuestro país por extranjeros.

BIBLIOGRAFÍA

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Ed. Santillana. 2000

MALPICA SANTIESTEBAN, C. La minería como motor de
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Fuente Encarta. CENTROMIN. Ministerio de energía
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sector minero. Análisis económico. PUCP. Lima,
Perú. 2007.

BLANCO BARRERA, J. Impacto de la actividad minera en el
Perú. Marzo, 2008.

Autor:

Valle Cabanillas, Gerelyn

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS HUMANOS

CURSO : MACROECONOMÍA

PROFESOR : JORGE CÓRDOVA