Al mismo tiempo,
instituciones
intergubernamentales como el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial
(BIRF), el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), La Organización Mundial de Comercio (OMC), y los
tratados de
integración subregional determinan, por
negociación y consenso de sus miembros, el
marco para una gran parte de las políticas
públicas nacionales. Las decisiones de ámbito
nacional que deben ser adoptadas dentro de esta nueva
institucionalidad internacional, ya no se limitan sólo a
la fijación de aranceles de
importación o al tratamiento de medidas
comerciales, sino que abarcan desde la política
monetaria y fiscal, hasta
las políticas internas de apoyo a la producción y al desarrollo sectorial, los
servicios, las
normas para la
inversión, las medidas laborales y las
políticas ambientales, entre otras. Hoy más que
nunca la agricultura,
en su concepción ampliada, se ha incorporado con plenos
derechos y
obligaciones
al contexto de esa institucionalidad internacional.
Tanto el GATT de 1994, como el
Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y
México) y
prácticamente todos los acuerdos comerciales y de
integración posteriores, incluyen expresamente a la
agricultura en dichos acuerdos y definen normas
económicas, así como mecanismos institucionales que
abarcan la totalidad de las políticas públicas
relacionadas con el sector agropecuario.
Reconociendo la complejidad del tema de la institucionalidad
público-privada de la agricultura, se adelantarán
algunas reflexiones de orden general entendiendo que cada
país tiene arreglos organizativos diferentes y estrategias
propias para su transformación.
La primera reflexión gira en torno a la
necesidad de superar la distinción entre lo público
y lo privado, reconociendo que los actuales desafíos
enfrentados por la agricultura requieren de una acción
cohesionada, integral y compartida. Por ejemplo, el desarrollo de
ventajas competitivas requiere de una visión de conjunto y
de la articulación de los distintos agentes
públicos y privados, que permita presentar un frente
común que beneficien a todos. La segunda reflexión
se refiere a la necesidad de incorporar los avances en el manejo
de la información y de las comunicaciones
y el aprovechamiento de las redes a la institucionalidad
agrícola. No se conciben las grandes estructuras
burocráticas ni los largos procesos en la
toma de
decisiones, sino que se torna esencial la descentralización para la ejecución
de programas y
proyectos del
sector agropecuario. La tercera se relaciona con el desarrollo de
la institucionalidad agrícola para: i) Fortalecer su
poder de
negociación y obtener respaldo en las instancias de
decisión política y de
grupos de
interés; ii) Identificar, capturar y
adaptar las tecnologías que son factores clave para la
productividad
y competitividad; iii) Identificar posibilidades de
mercados,
predecir la evolución de la demanda y
orientar la producción; iv) Desarrollar proyectos de
riesgo
compartido entre el sector
público y empresarial; v) Generar y poner a
disposición de los agentes productivo-comerciales, la
información pertinente, oportuna para una gestión
eficaz en la producción y el comercio. La
cuarta reflexión se refiere al papel que el Estado
juega en ciertas funciones que,
por el momento, parecen no ser delegables y que requieren de un
nuevo tratamiento ante la evolución del entorno. Se trata
de funciones que el Estado casi
siempre ha asumido, como es el caso de las entidades que se
ocupan de la protección fito y zoosanitaria, la
conservación del medio
ambiente, la defensa de la biodiversidad
y la gestión integral del patrimonio
genético de los países y de la región. La
quinta reflexión tiene que ver con la inversión en
el recurso humano. La institucionalidad agrícola, en una
unión de esfuerzos públicos y privados, debe
mejorar sustancialmente la educación y la
formación de los agentes que participan en los procesos
productivos en las zonas rurales. No se trata de una capacitación exclusivamente
agrícola, sino de una capacitación que conduzca a
entender mejor las relaciones urbano-rurales y que permita a los
agricultores, a los técnicos, a los jóvenes, a las
mujeres y a las familias rurales, tener acceso y utilizar los
progresos de la informática y de la
comunicación. Esto requiere repensar la
institucionalidad agrícola en una dimensión
más amplia del conocimiento
con una tendencia a elevar los niveles de vida. La sexta y
última reflexión se dirige a las nuevas reglas y
funciones de los organismos internacionales de cooperación
y de promoción del desarrollo de la agricultura
y el medio rural, que deben corresponderse con una
institucionalidad agrícola renovada por parte del sector
público y privado de los países. Estas
instituciones deben actuar de manera convergente y concertada,
con enfoques más prácticos y novedosos y deben
orientar sus recursos y
servicios para atender la demanda y actuar con cuerpos
gerenciales y administrativos renovados y con las capacidades
técnicas en los nuevos temas, que son
centrales en las agendas de los líderes del desarrollo de
la agricultura y el mejoramiento de la vida rural. Se requieren
pues, organizaciones
menos burocráticas y más ágiles, con nuevos
sistemas,
métodos
y procedimientos,
con personal
comprometido con nuevos valores y
actitudes, con
instancias de decisión más cercanas a quienes
demandan sus servicios y sobre todo, comprometidos a apoyar a los
Estados Miembros en sus procesos de transformación
institucional pública y privada. Para lograr ese
propósito, los instrumentos de la institucionalidad, es
decir las políticas para la agricultura y el medio rural,
deben transformarse en políticas proactivas y creativas y,
al mismo tiempo, constituirse en verdaderas "políticas de
Estado", no sólo en el sentido temporal, sino en el hecho
de ser orgánicamente consistentes, con las
políticas macro-económicas y las de otros sectores,
así como consensuadas y concertadas con el sector privado
agrícola en el más amplio sentido del
término.
Lo anterior implica la consideración de nuevos
horizontes que implican la estructuración de una
institucionalidad eficaz y participativa, a fin de integrar
dinámica y sinérgicamente al sector
público y al sector privado, que considere las alianzas
estratégicas y tácticas, para ello requiere el
desarrollo del sector, pero sobre todo, optimizando y potenciando
los espacios que permitan al contexto regional e internacional
instrumentar las nuevas reglas de juego
implícitas y explícitas que lo rigen.
Incentivos: Puede darse por el lado de la
formulación de políticas macroeconómicas,
comerciales y sectoriales acertadas, que no perjudiquen a la
agricultura. De acuerdo a información estadística del INEI, al 2004 el 54% de la
población nacional se encontraba en estado
de pobreza; y de
dicho porcentaje, la población en tal estado de zonas
rurales representaba el 71%. El sector agricultura representa el
4.4% del PBI nacional. Sin embargo, según la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO), dichas actividades son las que
más empleos generan en el Perú, pues representan el
35.15% del total de trabajadores. Así, 3 de cada 4
agricultores son pobres, con bajos niveles tecnológicos y
activos
productivos; el sector agrícola enfrenta aún graves
problemas que
impiden su desarrollo: fragmentación de la propiedad de
las tierras (85% de los 1.7 millones de agricultores tiene menos
de 3 has., el 36% tiene menos de 1 ha. y solamente el 5% tiene
más de 10 has.), falta de titularidad sobre las tierras
(se estima que entre el 55% y 70% de los predios rurales no se
encuentran titulados. Según el PETT, hoy existen 2"014,389
de predios rurales sin título, principalmente en la
sierra), uso ineficiente del agua, poca
tecnificación del riego, carencia de política
integral de certificación, y falta de instrumentos
financieros y seguros.
Propuestas:
- Ampliar el ámbito de aplicación de esta
ley a toda
clase de
nueva actividad agroindustrial desarrollada en el país,
especialmente en las zonas de la sierra, ya que contempla un
régimen especial de impuesto a la
renta (una tasa de 15% sobre la renta de tercera
categoría y posibilidad de depreciar, a razón del
20% anual, el monto de las inversiones
en obras de infraestructura hidráulica y obras de
riesgo) y el derecho a recuperar anticipadamente el IGV por
aquellas inversiones realizadas durante la etapa pre productiva
(hasta 5 años como máximo), para adquirir
bienes de
capital,
insumos, servicios y contratos de
construcción. Asimismo, debería
facilitarse la importación de insumos y fertilizantes,
mediante la reducción progresiva de los aranceles hasta
llegar a tasa cero. - Establecer el régimen de reinversión de
utilidades (pago de Impuesto a la Renta de 15%) a efecto de que
empresas de
cualquier sector puedan realizar inversiones en el agro. - Llevar a cabo un programa
agresivo de titulización de la propiedad rural, debiendo
fusionar para ello el Proyecto de
Titulación de Tierras – PETT con la Comisión de
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI a
efectos de que éste pueda continuar con el proceso de
formalización de la propiedad en zonas rurales,
siguiendo la metodología que exitosamente
desarrolló en zonas urbanas llegando a formalizar
más del 80% de los lotes existentes. - Fijar un programa de desarrollo de infraestructura
pública en zonas rurales (mediante concesiones y/o APP),
para establecer canales de comunicación y transporte
entre la producción de la microempresa y
la demanda a nivel nacional e internacional. - Implementar un programa de promoción de riego
mediante la creación de fondos concursables para la
tecnificación del riego. A mayor cofinanciamiento de los
participantes, mayor puntaje para recibir los fondos para riego
tecnificado. Debe recordarse que casi el 100% de la agricultura
de la costa y un 40% de la sierra es agricultura de riego; sin
embargo, la adopción
de técnicas modernas de riego es reducida. - Establecer esquemas que promuevan la integración
empresarial de los pequeños agricultores. La
aplicación de estos programas debe estar coordinada con
las Juntas de Usuarios de Riego, asociaciones de productores,
entre otros; y debe estar coordinado con los programas de
dotación de infraestructura y capacitación. - Junto con la aplicación de programas de desarrollo
de capacidades productivas y de provisión de servicios
públicos, se debe mejorar los sistemas de
información acerca del clima, precios,
siembras y cosechas; con el objeto de lograr una mejor planificación de los productores. En el
pasado la carencia de información ha limitado la
viabilidad de las asociaciones entre el sector privado (cuyo
rol es establecer la conexión con el mercado
urbano y con mercados internacionales) y los pequeños
productores organizados. - Implementar un seguro agrario
de tal manera que se reduzca el riesgo y el costo de los
préstamos al sector agrícola (se estima que solo
el 10% de las colocaciones de los bancos, cajas
rurales y municipales se destinan a la microempresa en zonas
rurales). Este permite a los agricultores reducir su exposición a los riesgos
productivos ajenos a su control
(eventos
climáticos). Por ello, se evita que los productores
gasten recursos económicos en protegerse de riesgos que
el sistema puede
asumir a costes menores (sistema de seguros); y les permite a
estos tener recursos para pagar a las instituciones que les
dieron crédito, reduciendo así el riesgo
de los préstamos y, consecuentemente, el costo del
crédito. - Para superar las limitaciones de infraestructura en
relación con el crédito, crear el "servicio
público de ventanilla" a través del Banco de la
Nación (BN), con el fin de que entidades
pequeñas (Cajas Municipales, Cajas Rurales, etc.) puedan
ofrecer sus servicios financieros, incrementando su cobertura a
un muy bajo costo (comisión mínima del BN a
entidades financieras). Así, la creación y
funcionamiento de sucursales no se convertiría en un
costo prohibitivo para las instituciones de microfinanzas. - Establecer un fondo encargado de financiar las investigaciones
privadas (tanto universidades, como centro de investigación particulares) en manejo
semillas y tratamiento de la tierra.
De esta manera, los centros privados competirían por el
financiamiento y, mediante un sistema
técnico de puntajes, se escogerían las propuestas
más productivas y beneficiosas. - Promover, mediante la flexibilización del marco
legal (reducción de barreras para la constitución y autorización de
funcionamiento de los fondos), la creación de fondos de
inversión de capital de riesgo especializados en
agricultura e industria
forestal. - Establecer un régimen de asignación de
titularidad a particulares, sobre tierras deforestadas del
Estado en situación de abandono, para su
reforestación o uso agrícola. Para el primer
caso, aprovechar la creciente oferta de
financiamiento por parte de los países desarrollados
emisores de gas de carbono,
para elaborar proyectos de reforestación en
países proveedores
de bosques. Se deberá realizar un estudio de
zonificación ecológico-económico para
determinar en detalle qué destinos deben tener las
tierras, recalificándolas para su uso más
eficiente. - Fomentar el empleo a
través del establecimiento de una política
forestal. Para ello, se busca ampliar el límite de
extensión de las concesiones forestales a 200,000 has. o
más (actualmente las concesiones forestales sólo
pueden ser de una extensión de hasta 50,000 has., lo
cual dificulta la generación de economías de
escala y de
incentivos
para la inversión privada, sobre todo extranjera).
Así, también se deben de extender los plazos de
concesión. - Crear un plan de
promoción de certificación orgánica a
través del cual el Estado difunda los beneficios que la
certificación genera y financie parte de los costos del
proceso de certificación. Así, todo aquel que
quisiera obtener esta certificación pagaría
sólo una parte del costo.
Desarrollo agrícola
El concepto de
desarrollo como crecimiento ha sido muy popular en
Iberoamérica. De hecho, siempre ha habido una tendencia a
medir el avance hacia el desarrollo en términos de
crecimiento, sobre todo en términos del crecimiento del
PNB. Sin embargo, es bien sabido actualmente que el crecimiento
no es lo mismo que el desarrollo, y esta diferencia ha sido
cuidadosamente estudiada por autores como Streeten (1981), Grant
(1978) y Morris (1979). Amartya Sen (1983) ha señalado que
a pesar de que el crecimiento no puede ser identificado con el
desarrollo "difícilmente puede ser negado que el crecimiento
económico es uno de los aspectos del proceso de
desarrollo
económico" pero, agrega: creo que las limitaciones
reales de la economía tradicional del desarrollo surgen
no de la elección de los medios para el
fin del crecimiento económico, sino del insuficiente
reconocimiento de que el crecimiento económico es un medio
para otros fines. Creo que de estas consideraciones surgen dos
conclusiones importantes. La primera es que debemos ubicar el
crecimiento económico como una nota esencial del
desarrollo mas no identificarlo con él La segunda es que
es importante identificar con claridad los fines para los que el
crecimiento económico no es más que un medio.
Tomando en cuenta estas conclusiones, así como las
anteriormente alcanzadas, trataré de esbozar en la
última sección las condiciones que un concepto
apropiado de desarrollo debe satisfacer. Las consideraciones
anteriores revelaron algunas de las condiciones que debe
satisfacer un concepto adecuado de desarrollo económico.
Con el objeto de presentar una visión unitaria y
sistemática de tales condiciones, será conveniente
introducir las siguientes distinciones. En primer lugar, es
importante distinguir la finalidad del desarrollo
económico, es decir, las condiciones para la vida
humana que se quieren alcanzar mediante tal proceso. En segundo
lugar, hay que distinguir la ideología, es decir,
la clase de sistema económico que se supone sería
la meta del
desarrollo y mediante la cual se alcanzaría su finalidad.
Por ejemplo, la ideología de un concepto de desarrollo
económico sería una economía pura de
mercado, mientras que la de otro concepto sería una
economía completamente estatizada. Mediante estas
distinciones, un concepto de desarrollo económico de la
sociedad
subdesarrollada S es un concepto del proceso de
transformación que transforma la economía de S
en la clase de sistema económico que describe una cierta
ideología, según la cual se alcanzan ciertas
condiciones para la vida humana.
De acuerdo con Sunkel y Paz, "el desarrollo significa lograr
una creciente eficacia en la
manipulación creadora de su medio ambiente,
tecnológico, cultural y social así como sus
relaciones con otras unidades políticas y
geográficas". Esto se refiere a la reorientación de
la política de desarrollo tanto interno como externo. Algo
importante que marcan es el grado de control que el
Estado-Nación
tiene sobre influencias externas tan significativas. Esto lo
entiendo, como que tan interventor es el gobierno con
respecto a la búsqueda de elementos que favorezcan al
mejoramiento de, sistema productivo interno, a su vez que tanto
influencia tiene el gobierno con respecto a las relaciones de
intercambio con otros países. Puedo decir que el ingreso
per capita es el mejor indicador para reflejar el nivel y ritmo
de desarrollo. Y de acuerdo con los autores, se llega a
considerar que se es un país desarrollado cuando se tiene
al sistema capitalista en una fase madura. El subdesarrollo,
ha sido causa de numerosos estudios tanto económicos,
geográficos, políticos, históricos
etc. Se entiende por subdesarrollo cuando se tiene en
comparación con otros países, una estructura
productiva atrasada, las condiciones de vida de la
población son limitadas, se tiene dependencia con el
mercado internacional, desigualdad económica, no se tienen
bienes de capital para la inversión en rubros necesarios
del país. Ambos conceptos son dependientes y de
acuerdo con Sunkel y Paz "la característica principal que
diferencia ambas estructuras es que la desarrollada, tuvo gracias
a su capacidad andrógena de crecimiento, es la dominante y
la subdesarrollada, tuvo el carácter inducido de su dinámica es
dependiente".
En plena era de globalización y búsqueda del
bienestar integral, es esencial aplicar estrategias de desarrollo
que no pongan en riesgo la calidad del
espacio natural, las condiciones de vida de las generaciones
presentes y futuras y la viabilidad de las industrias. En
algunos países, el Estado, las empresas y la sociedad han
construido consensos para priorizar este criterio de
sostenibilidad en sus decisiones de desarrollo económico,
social, empresarial, cultural y tecnológico, mientras que
en otros países, como el Perú, las fuentes de
desarrollo
sostenible se han visto comprometidas. Partiendo de este
diagnóstico es imprescindible construir una
agenda común para lograr el desarrollo sostenible de
nuestro país, que sea impulsada desde los ámbitos
sociales privados y públicos. Este desafío supone
la formación de gestores del desarrollo sostenible que
dispongan de un conjunto de capacidades, destrezas y herramientas
esenciales para integrar criterios de sostenibilidad en las
decisiones de tipo empresarial, social, político y
ambiental. La adopción de una visión sostenible del
desarrollo contribuirá a generar condiciones para evaluar
y mejorar el aprovechamiento del espacio natural, mejorar las
condiciones de vida y bienestar económico de la
población e impulsar la ventaja competitiva duradera en
las empresas, las que, a su vez, generarán puestos de
trabajo de
mayor calidad. En este marco, el Estado debe asumir el compromiso
de promover la difusión y adopción de esta
visión responsable del desarrollo, así como
diseñar políticas de control para orientar su
implementación y permanente vinculación a las
tendencias de esta materia en el
mundo.
El sector agrícola como cualquier otro sector va a
aportar al desarrollo económico y social de las regiones y
del país en general; porque proporciona los alimentos para
que los habitantes estén en las mejores condiciones,
proporciona las fuentes de empleo que necesita la comunidad,
aporta las divisas a
través de las exportaciones y
aporta otros factores, con lo cual el país crece y esto se
refleja en mejor estado de vida de la gente, en todo lo cual
está presente el estado y el sector privado unidos como
uno solo.
Estimulación del desarrollo agrícola:
Analizando la información del Banco Mundial (2003), la
mayoría de los países más pobres del mundo
se encuentran en África y
Asia central y
meridional, aunque están también dispersos por toda
América
Latina (Perú y otros), Europa oriental y
Oriente Medio. Casi todos ellos dependen de la agricultura como
fuente principal de ingresos y medios
de subsistencia para sus poblaciones fundamentalmente rurales. La
mayor parte de la población rural de estos países
continúa en la pobreza debido
a que la agricultura ha crecido menos que la población, y
las oportunidades de empleo no agrícola son escasas. La
agricultura y el desarrollo rural tropiezan actualmente con una
gran variedad de problemas que condicionan los resultados de
cualquier iniciativa. Es fácil comprender la magnitud del
desafío si se tienen presentes algunas cifras. En el
decenio de 1990, el ingreso medio per cápita de los
países en desarrollo creció a un ritmo del 1,6% al
año. Tendrá que crecer aproximadamente un 3,6%
anual para alcanzar los objetivos de
desarrollo del milenio, en particular, el de la reducción
de la pobreza a la mitad para el año 2015. Como el 24% de
la producción total procede de la agricultura de
países de ingreso bajo, el crecimiento acelerado de este
sector es fundamental para aumentar los ingresos. De hecho, la
agricultura deberá crecer alrededor de un 3,5% anual " es
decir, un punto porcentual por encima del ritmo de los
años noventa" para poder contribuir adecuadamente al
objetivo de
reducción de la pobreza. Por supuesto, el crecimiento no
basta. Para poder reducir la pobreza se necesita un crecimiento
cuyos beneficios se distribuyan ampliamente. Una serie de
reuniones internacionales de alto nivel reafirmaron el compromiso
de los países donantes con el desarrollo y confirmaron que
el crecimiento agrícola y el desarrollo rural son
ingredientes fundamentales para liberar a los países de la
pobreza. De todas formas, estimular de hecho la agricultura y el
desarrollo rural en los países pobres será mucho
más difícil que hacer una declaración de
buenas intenciones. Lo que se necesita es una combinación
de los siguientes elementos: reforma de las políticas
agrícolas y comerciales en los países industriales;
más ayuda para la agricultura y el desarrollo rural, y
ampliación de los programas de inversión e introducción de cambios normativos
adecuados en los países en desarrollo.
Ingredientes para un desarrollo agrícola y rural
eficaz: Se encuentran experiencias positivas en el terreno de
la agricultura y el desarrollo rural en distintos lugares de Asia
oriental, Europa central y varios países de América
Latina. Ghana y Mozambique han logrado algunos éxitos,
aunque la pobreza extrema y el hambre continúan siendo
todavía un problema considerable. Junto a estos logros,
hay también fracasos, que pueden resultar ilustrativos.
Teniendo en cuenta los éxitos y los fracasos del pasado,
se ha identificado varios ingredientes críticos para el
desarrollo eficaz de la agricultura y el sector rural:
- Suficiente inversión pública en las zonas
rurales. Los países que han conseguido desarrollar
sus zonas rurales han demostrado su compromiso asignando
recursos públicos para la infraestructura,
investigación y asistencia técnica necesarias con
el fin de aumentar la productividad agrícola y no
agrícola en esas zonas. La inversión
pública suficiente con el fin de ofrecer servicios de
educación y atención de la salud en las zonas rurales
es también fundamental para contar con una
población productiva. - Buen gobierno. El buen gobierno es un ingrediente
fundamental para garantizar la gestión adecuada del
gasto
público con destino a los servicios rurales antes
mencionados y para crear un clima positivo que atraiga la
inversión privada hacia las zonas rurales. Los
agricultores " independientemente de que se trate de
particulares o compañías" son empresarios, y los
empresarios no invertirán en una actividad que
esté sometida a excesivos impuestos, no
esté protegida por el imperio de la ley, o se encuentre
en un lugar donde no haya carreteras, agua o electricidad.
Por ello, en países como Perú, con un sistema de
gobierno que favorece un clima propicio a la inversión
rural, se viene registrando un considerable crecimiento en los
sectores de la agricultura y el desarrollo rural. - Estabilidad política. Se distingue del buen
gobierno porque hace referencia sobre todo a la ausencia de
guerras u
otros disturbios civiles violentos. Los disturbios y guerras
civiles destruyen vidas, perturban la infraestructura y acaban
con la seguridad.
La estabilidad política se da por el lado de la
continuidad en los programas de entre un gobierno y otro. En
nuestro país cada nuevo gobierno quiere encarcelar a los
gobernantes anteriores, no continúa las
políticas, y más bien se dedica a destruir todo
lo hecho por los anteriores gobernantes. Esto tiene que
revertirse para enfilar al sector agrícola, entre otros,
por la senda del crecimiento y desarrollo. - Crecimiento económico y generación de
ingresos. Un elemento más amplio, que es
también condición para el éxito, ha sido una economía en
crecimiento que genere los ingresos necesarios para que los
consumidores compren un volumen cada
vez mayor de productos
agrícolas. El crecimiento de las economías
depende de las mismas condiciones de buen gobierno,
políticas económicas acertadas e inversiones
públicas útiles que necesita la agricultura para
instaurar un círculo virtuoso. - Gestión de riesgos y de la vulnerabilidad.
Las personas cuyos ingresos dependen de la agricultura se
encuentran entre las más vulnerables del mundo. Factores
externos, como el clima, la sequía y la
fluctuación de precios de los productos
agrícolas, pueden echar por tierra
el trabajo
de los agricultores en un episodio o en una campaña. Las
sequías provocan situaciones de hambre, y se necesita
asistencia de emergencia, incluida la ayuda alimentaria. Esta
inestabilidad de los ingresos dificulta a los agricultores el
acceso al crédito necesario y otros servicios
financieros que podrían protegerlos frente a esas
conmociones. El Banco Mundial está examinando y
aplicando diversos instrumentos y planteamientos que pueden
reducir los efectos de las crisis
externas, como el riego, el seguro de las cosechas y el
microfinanciamiento rural. - Reforma de la política agrícola y
comercial. Una cuestión antigua, pero que no se ha
abordado hasta hace poco en la comunidad de donantes, es el
impacto de la política agrícola y comercial
estadounidense, japonesa y europea en los países en
desarrollo. El sector agrícola prospera cuando se
dispone de tierra y mano de obra barata, lo que representa una
ventaja comparativa para los países en desarrollo. No
obstante, las fuertes subvenciones y los altos niveles de
protección en los países de la
Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) alejan los productos agrícolas
de los países en desarrollo de los mercados de la OCDE,
al mismo tiempo que mantienen artificialmente bajos los precios
agrícolas mundiales. Cuando los países pobres no
pueden tener acceso a los mercados agrícolas de la OCDE,
tienen pocos incentivos para invertir en la agricultura. Todos
estos ingredientes demuestran que hay un requisito
básico para lograr el éxito: el compromiso
gubernamental con el desarrollo rural. En su estrategia,
Reaching the Rural Poor (formulada para el Banco Mundial), el
Banco se ha comprometido a ayudar a sus países clientes a
formular sus propias estrategias nacionales de desarrollo
rural, que contribuyan a reforzar la agricultura y reducir la
pobreza rural. Mediante una combinación de actividades
de promoción, análisis y asistencia técnica, el
Banco solicitará la reforma en los países
industriales y ayudará a los países en desarrollo
a conseguir un verdadero compromiso con la agricultura y el
desarrollo rural mediante inversiones públicas, reformas
normativas y el desarrollo institucional.
El desarrollo agrícola y la reducción de la
pobreza: En los decenios de 1970 y 1980, las autoridades
normativas y los especialistas en desarrollo comenzaron a
concentrarse en la forma de emplear el desarrollo agrícola
para reducir la pobreza, fomentar la seguridad alimentaria y
contribuir el crecimiento. Las lecciones surgidas de esa
época pueden resumirse en seis «modificadores de la
equidad»
del crecimiento agrícola:
- Promover el desarrollo agrícola de base amplia. Hay
pocas economías de escala en el sector de
producción agrícola de los países en
desarrollo (a diferencia de las logradas en los sectores de
elaboración y comercialización). Por ende, es atractivo
concentrarse en la finca familiar por razones de equidad y de
eficiencia.
Pero conviene dar prioridad a las fincas pequeñas y
medianas en las actividades de investigación y
extensión agrícolas financiadas con fondos
públicos, así como en las de
comercialización, crédito y suministro de
insumos. - Emprender una reforma
agraria cuando sea necesario. Se puede necesitar esa
reforma, en particular con programas de redistribución
con asistencia del mercado, donde los terrenos productivos se
concentren casi exclusivamente en las fincas de gran
tamaño. - Invertir en capital humano,
por ejemplo, en programas de educación, abastecimiento
de agua pura, atención de salud, planificación familiar y nutrición en las
zonas rurales, para aumentar la productividad de los pobres y
ampliar sus oportunidades de empleo remunerado. - Asegurarse de que los programas de extensión y
educación agrícolas, crédito y asistencia
a pequeñas empresas lleguen a la mujer del
sector rural, ya que ella desempeña una función
importante en las actividades agrícolas y otras
afines. - Permitir que todos los interesados del sector rural (no
solamente los ricos y poderosos) participen en el
establecimiento de prioridades para inversiones públicas
de las que esperen beneficiarse o que pretendan ayudar a
financiar. - Fomentar activamente el concepto de economía no
agrícola rural. Esa economía no solamente es una
importante fuente de ingresos y empleo en las zonas rurales,
sobre todo para los pobres, sino que se beneficia de potentes
multiplicadores del ingreso y del empleo cuando crece la
agricultura. En muchos países, los posibles efectos
multiplicadores están limitados por códigos de
inversión y legislación conexa en los que se
discrimina a las pequeñas empresas rurales no
agrícolas.
Desarrollo agrícola
sostenible:
La nueva prioridad de la sostenibilidad del medio ambiente que
ha surgido en el decenio de 1990 no niega la necesidad de que la
agricultura siga contribuyendo al crecimiento, al alivio de la
pobreza y a una mayor seguridad alimentaria; pero ahora se exige
que la agricultura haga todo eso de una forma que no degrade el
medio ambiente. Además de los cinco elementos del
crecimiento agrícola y los seis modificadores de la
equidad (en este caso no se permite abreviar nada), actualmente
se necesitan ocho modificadores ambientales para el desarrollo
agrícola sostenible. Todavía hay que elaborar
detalladamente esos modificadores y ensayarlos para adquirir
experiencia en el campo del desarrollo. Hasta cierto punto, el
proceso está aún en la fase de investigación
y diseño.
- Dar mayor prioridad a las regiones atrasadas en materia de
desarrollo agrícola, aunque muchas puedan ser carentes
de recursos. Considerando el rápido crecimiento
demográfico y las pocas oportunidades de trabajo fuera
de la finca, en los próximos decenios el crecimiento
agrícola será el único medio viable de
atender las necesidades alimentarias y de subsistencia de
poblaciones cada vez mayores en muchas regiones atrasadas. Si
se deja de hacer eso, habrá emigración excesiva,
que agravará los problemas de los barrios pobres urbanos
ya sobrecargados. Esa situación también
llevará al empeoramiento de la pobreza y a una mayor
degradación de las faldas de las montañas, los
bosques y los suelos. El
mejoramiento de las regiones atrasadas exigirá
más recursos para el desarrollo agrícola, en
lugar de desvío de los recursos de las regiones
agrícolas favorecidas con una buena dotación,
donde el aumento de la productividad es todavía
importante. - Prestar más atención en las investigaciones
agrícolas a las características de sostenibilidad
de la tecnología recomendada, a los aspectos
más amplios del aprovechamiento de recursos
naturales en las cuencas hidrográficas y la tierra y
a los problemas de las zonas carentes de recursos. - Velar por que los agricultores tengan derechos inalienables
de propiedad de sus recursos. Eso no implica necesariamente que
los gobiernos deban invertir en ambiciosos programas de
registro de
escrituras de propiedad de la tierra. En muchos casos (por
ejemplo, en África al Sur del Sahara), los sistemas
autóctonos de tenencia de la tierra funcionan
todavía sorprendentemente bien. Permiten atender mejor
las necesidades de equidad y reconocer los derechos de muchos
usuarios en comparación con los sistemas de
establecimiento de derechos de propiedad totalmente
privados. - Privatizar los recursos de propiedad común o, donde
esa no sea una opción deseable (por los beneficios de
las externalidades o por razones de equidad), fortalecer los
sistemas de manejo comunitarios. - Resolver los problemas creados por las externalidades con
el establecimiento de un sistema óptimo de cobro de
impuestos a las sustancias contaminantes y causantes de
degradación, reglamentación, empoderamiento de
las organizaciones locales o modificaciones apropiadas de los
derechos de propiedad. Pero es preciso tener en cuenta que los
precios del mercado libre no siempre son los mejores; es
posible que las externalidades exijan intervenciones
óptimas en materia de impuestos o subsidios. - Mejorar la actuación de las instituciones
públicas pertinentes encargadas de ordenar y reglamentar
los recursos naturales (como los departamentos de riego y
silvicultura). Delegar la responsabilidad de las decisiones de manejo a
los usuarios de recursos o a grupos de usuarios, donde sea
posible. Eso exige también traspaso de derechos
inalienables de propiedad o de uso. - Corregir los desajustes de precios que fomenten el uso
excesivo de insumos modernos en la agricultura intensiva. Es
decir, eliminar los subsidios a los fertilizantes y plaguicidas
y cobrar el costo total del abastecimiento de agua de riego y
de electricidad. Quizá sea necesario seguir
subvencionando los fertilizantes en las regiones atrasadas,
donde el uso corriente sea poco y la fertilidad del suelo sea cada
vez menor.
Autor:
DR. DOMINGO HERNANDEZ
CELIS
LIMA PERU
 Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente  |