La desincorporación de la empresa pública en México: el caso teléfonos de México, S.A. de C.V. (página 2)
La privatización de las empresas
públicas es un fenómeno que se inicio en la
década de los ochenta. No ha sido exclusivo de
países en vías de desarrollo, si
no aún en los países industrializados se han visto
motivados a cuestionar el papel del Estado dado el
agotamiento de sus programas
económicos… Cada vez son más las naciones que se
han incorporado al grupo de
países interesados y preocupados por reducir las
dimensiones del aparato estatal.[3]
Uno de
los argumentos más comunes que se ha utilizado en todas
las latitudes del mundo, sin excepción de
ideologías, para justificar el crecimiento del Estado ha
consistido en la necesidad de alcanzar un desarrollo más
integral de la economía, para lo cual ha sido
indispensable crear las empresas públicas. Esta
concepción condujo eventualmente a dispersar los escasos
recursos
disponibles y, en muchos casos a subsidiar y mantener entidades
improductivas e ineficientes, limitando así la capacidad
estatal para dedicarse más amplia y selectivamente a
aquellas actividades consideradas como prioritarias que
garantizan un desarrollo social
y económico más balanceado.[4]
Según datos del INEGI
la actividad del Estado en la economía de México fue
tan grande que llegó a estar integrado por 1,155 entidades
en 1982, después de que en 1934, contaba con solo 15
paraestatales y para fines de 1962 con 206.
Puede
afirmarse que la participación del Estado en la
economía ha sido una constante a lo largo de la historia de nuestro
país. No obstante, podemos ubicar a la Constitución de 1917 como el punto de
partida de la expansión y la intervención del
Estado en la economía. Es precisamente en la
Constitución de 1917 cuando se establecen las bases para
la rectoría del Estado reservándose para si mismo
diversas áreas económicas y estratégicas y
restringiendo la participación del sector privado.
En este orden de ideas podemos distinguir cuatro etapas en el
desarrollo del sector paraestatal en
México:[5]
PRIMERA ETAPA (1920-1940)
En esta época se consolido el país como nación; después de la gesta
revolucionaria se dio paso de la época de caudillos "a la
época de instituciones"
creando entre otras instituciones el Consejo Nacional de la
Economía y la Secretaría de Economía
Nacional, el Banco de
México, El Banco de Crédito
Agrícola, el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras
Públicas, Nacional Financiera, Comisión Federal
Electricidad,
Banco de Comercio
Exterior, Ferrocarriles Nacionales de México y
Petróleos Mexicanos.
SEGUNDA ETAPA (1945 – 1954)
Según Rogozinski esta etapa se caracteriza
principalmente por impulsar el desarrollo industrial que era
necesario por las condiciones generadas por la Segunda Guerra
Mundial, se establece en México el modelo
de sustitución de importaciones; fue
así como en este periodo una
gran parte de la inversión pública, se destinó
al sector de transportes y comunicaciones
e infraestructura para satisfacer la demanda del
crecimiento industrial.
Se
crean las siguientes Instituciones: Banco Nacional de
Fomento Cooperativo, Hospital Infantil de México,
Instituto Mexicano del Seguro Social
y Altos Hornos de México, Instituto Nacional de
Cardiología, Guanos y Fertilizantes de
México, Diesel Nacional, Constructora Nacional de Carros
de Ferrocarriles y otras Empresas Paraestatales.
TERCERA ETAPA (1955 – 1969)
En esta etapa la inversión pública se oriento
hacia algunos sectores productivos del área de
energéticos y a partir de 1958 el Estado se
hizo cargo de la petroquímica básica; este
período se distingue por el gran impulso que se dio al
sector Agropecuario y al abastecimiento de productos
básicos sin embargo en esta etapa el eje dinámico
de la economía nacional fue la expansión del sector
secundario o industrial.
Las
empresas e instituciones paraestatales que se formaron en esta
etapa fueron entre otras la siguientes: Instituto Mexicano del
Café,
ISSSTE, Conasupo, Comisión Nacional de Fruticultura,
Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuertos y Servicios
Auxiliares, Financiera Nacional Azucarera y Sistema de
Transporte
Colectivo, Siderúrgica Lázaro
Cárdenas – Las Truchas, etc.
CUARTA ETAPA (1970-1982)
Los años setenta son determinantes en lo que respecta a
la expansión del Estado, sobre todo por que se profundiza
su crecimiento no planeado, como participa en la
producción (el Estado) de un amplio
número de bienes y
servicios a consecuencia de la creación de empresas y
organismos pero principalmente el Estado absorbe un sin
número de Compañías del Sector Privado con
problemas
financiero y de eficiencia.
Esta etapa se caracteriza por rescatar innumerables empresas
privadas en quiebra y con el
pretexto que su desaparición provocaría desempleo y
desajustes en la planta productiva. Cabe mencionar que esta
política
de rescate no ha sido privativa de México sino
también de muchos países desarrollados.
A
mediados de los setenta México contabiliza grandes
reservas de petróleo
tanto en el subsuelo como en su plataforma marítima.
El precio del
petróleo se dispara hasta llegar a cifras récords
nunca imaginadas y es así como México con una
óptica
"miope" orienta su inversión en expandir la plataforma
petrolera y desarrollar la industria de
bienes de capital.
En esta etapa se crearon entre otras Entidades Paraestatales las
siguientes: Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, Comisión Exterior, Consejo Nacional
de Fomento Educativo, Productos Pesqueros Mexicanos, Infonavit,
Comisión Nacional del Cacao, Instituto del Estudio del
Trabajo,
Fonacot, Consejo para Promover la Cultura y
Recreación de los trabajadores, Instituto
Nacional de Ciencias
Penales.
El l0
de Septiembre de 1982, el Lic. López Portillo en su
último Informe de
Gobierno dio a
conocer la decisión de nacionalizar la Banca, con este
acto se incorporan al sector público 56 Instituciones
Bancarias y un gran número de empresas que
dependían del Sector Financiero, conformando un universo de 1155
Paraestatales.
Como se
explica, la expansión de la Empresa
Pública[6] se debió a
características particulares o de (coyuntura) en nuestro
país, sin embargo, pueden señalarse algunas
características que tuvieron la expansión del
Sector Paraestatal; como se ha dicho la creación de
empresas públicas se justificaba por necesidades de tipo
coyunturales.
No
obstante, la instrumentación de medidas
políticas y económicas de corto
plazo generaron grandes problemas, entre los que podemos
señalar los siguientes: Rezago tecnológico, baja
productividad
en las empresas, insuficiencia en la asignación de
recursos por parte del Estado, duplicidad de funciones, falta
de coordinación sectorial, ineficiencia,
corrupción y distorsión de las
funciones prioritarias del Estado. esto provocó que el
país sufriera una crisis
"estructural" a partir del año de l982 que se
manifestó con severos desequilibrios económicos,
endeudamiento externo excesivo, estancamiento en las actividades
productivas, inflación y desplome de los ingresos
petroleros por la dramática caída del precio del
barril de petróleo. Estos problemas determinaron la toma
de medidas que algunos nombraron como cambio
estructural[7] de la economía y
peyorativamente como la aplicación de políticas
neoliberales. El doctor Zorrilla, señala que una de las
causas fundamentales de la crisis económica de la
década pasada fue principalmente "Por falta de control
interno y disposición ilimitada de recursos,
México tuvo que endeudarse fuertemente para hacer frente a
la demanda social, con paternalismos y sin establecimiento de
prioridades; la demanda social, por condición humana, no
tiene límite; todos aspiramos a mejorar, a
perfeccionarnos, a tener más y más medios para
realizar nuestra tarea vital y la de los nuestros; la
administración no midió la importancia relativa
de cada demanda social, no le otorgó prioridades y como
dijo bien Omar Guerrero Orozco, improvisó funcionarios
para atenderla; comenzaron a aparecer fallas y defectos internos:
clientelismo político, afanes de poder,
contratación ilimitada y de más y más
administradores, corrupción, feudalismo y
prebendalismo.[8]
PROGRAMA DE DESINCORPORACIÓN
DE LA EMPRESA
PÚBLICA EN MéXICO
Según Rogozinsky, establece que los objetivos que
se dieron para el inicio del programa de
desincorporación de entidades son amplios y variados; y
establece como los más importantes:[9]
· Fortalecer las
finanzas
públicas.
· Canalizar
adecuadamente los escasos recursos del sector
público en las áreas estratégicas y
prioritarias.
· Eliminar gastos y
subsidios no justificables, ni desde el punto de vista social ni
del económico.
· Promover la
productividad de la economía, transfiriendo parte de esta
tarea al sector privado.
· Mejorar la
eficiencia del sector público, disminuyendo el
tamaño de su estructura.
El entonces presidente de la
República Salinas de Gortari, en reiteradas ocasiones
había señalado que "El Estado mexicano posee
recursos que no son abundantes. No podría distribuir
un patrimonio
escaso entre 1155 entidades paraestatales que participaban en 63
ramas de distintas actividades económicas; Los
déficit de esas empresas no
estratégicas (el subrayado es mío)
hacían imposible que el gobierno siguiera
subsidiándolas. Subsanar esos problemas implicaba
transferencia de recursos (fiscales) que el gobierno no
poseía; muchas de las paraestatales, solo existían
en papel y muchas otras duplicaban funciones "(fondos y
fideicomisos).
Las
políticas públicas aplicadas desde 1982-1988 y
1988-1994 para la desincorporación de la empresa
pública tenía la característica fundamental
de delimitar las funciones del Estado y su tamaño y por
consiguiente la intervención de éste en las
principales actividades económicas; para entender porque
se desincorporaron las empresas hay que entender claramente la
concepción del Estado que tenía CSG, al
señalar, "La fuerza
económica del Estado no radica en su tamaño, ni en
los ámbitos del quehacer productivo que posee, sino en la
creación de las condiciones de un desarrollo efectivo que
dé base permanente al empleo y a la
calidad de
vida".[10]
Algunos
autores establecen claramente el proceso de
desincorporación de entidades paraestatales y no a la de
la privatización o venta de
empresas, porque este último constituye parte del
primero. Para este estudio el concepto de
entidades paraestatales es muy amplio e incluye organismos
descentralizados, empresas de participación mayoritaria y
fideicomisos públicos (las empresas de
participación estatal minoritaria por ley no se
consideran entidades paraestatales). El plan nacional de
desarrollo 1989-1994 estableció las diferentes
alternativas de desincorporación, si la empresa no
cumplía adecuadamente con los objetivos para los que fue
creada, no era rentable y no poseía potencial
económico, o sólo existía en papel, entonces
se liquidaba o extinguía. Si dos o más
paraestatales incrementaban su eficiencia al unirse, se
decidía su fusión. En el caso en que
las entidades prioritarias estuvieran vinculadas con los
programas de desarrollo regional, se sometían a la
alternativa de transferencia. Finalmente, cuando se
trataba de una entidad no estratégica ni prioritaria con
viabilidad económica, se resolvía incorporarla al
proceso de enajenación o venta para que fuera
adquirida por el sector social o privado.
El
gobierno federal a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público tuvo la responsabilidad de llevar a cabo la venta de
empresas desde que este proceso se inició en el año
1985. Y específicamente fue responsabilizado al
área de la coordinación de asesor del C.
Secretario de Hacienda y Crédito Público,
posteriormente y a partir del año de 1990 se creó
la Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales,
integrada por un coordinador general, un subcoordinador general,
por las direcciones generales de Ingeniería Financiera, de Enajenaciones, de
Saneamiento Financiero, y de Operación y Control de
Empresas, así como por el personal de
apoyo.
Los
argumentos que esgrimieron del gobierno federal y las
características que establecieron para el proceso de venta
de las entidades paraestatales fueron entre otros las
siguientes.
Transparencia.
Marco Jurídico.
Marco Normativo.
Licitación Pública.
Rentabilidad.
Reestructuración de empresas.
Revocación de proceso de ventas.
Los anteriores argumentos se utilizaron en múltiples
ocasiones y en distintos foros para justificar la
desincorporación de las entidades paraestatales, en la
transparencia se elaboró un documento compilador de
todas las acciones que
emprendía la unidad de desincorporación de
entidades paraestatales, que se le denominó Libro
Blanco (sic), para establecer el marco jurídico se
reformaron los artículos 28 y 123 constitucionales y otras
leyes y
reglamentos concurrentes con el objetivo
planteado. Para establecer el procedimiento y
el marco normativo se formó un cuerpo colegiado denominado
Comisión Intersecretarial de Gasto
Financiamiento[11]; A la unidad de
desincorporación, le correspondió la
responsabilidad de vender no solo las empresas de
participación estatal mayoritaria, sino también de
participación estatal minoritaria y activos.
A
diferencia de otros países como Gran Bretaña que el
mecanismo más utilizado para la venta de las empresas
paraestatales fue el de la Bolsa de Valores,
en México se argumentó que esto no era posible en
virtud de que las mayoría de las empresas del sector
público no estaban registradas en la bolsa mexicana de
valores y
menos aun las que habían mostrado resultados favorables en
sus estados
financieros en los últimos tres ejercicios, tal y como
lo señala la Comisión Nacional de Valores.
Un caso
excepcional en ese sentido lo constituyó
Teléfonos de México S.A. de C.V. sí
bien muchas empresas paraestatales se encontraban en condiciones
de eficiencia y productividad, técnicamente rentables y
algunas otras eran necesario la aplicación de bastantes
recursos para ser las competitivas. La pasada administración utilizó muy
frecuentemente el mecanismo de reestructurar las empresas para
poderlas desincorporarlas, privatizarlas o venderlas, para lograr
tal objetivo se tuvieron que transferir bastantes recursos y
hacerlas técnicamente rentables para los posibles
adquirientes o interesados en la compra de las entidades
paraestatales. Como se verá más adelante, el
proceso de venta de una empresa tiene
diferentes etapas[12], que deben de llevarse a
cabo estrictamente. Sin embargo, esto no garantiza, en
algunos casos, que la entidad pueda ser vendida, debido sobre
todo a que existen empresas con problemas de endeudamiento equipo
obsoleto y poca probabilidad
de éxito
que no crea interés
entre los inversionistas industriales a pesar de las labores de
promoción.
Otra de las razones por la que se establece la
revocación del proceso de venta es las condiciones
económicas del momento, la sobre oferta a nivel
nacional y internacional del producto que
esa compañía genera, y el límite
máximo establecido que son de tres licitaciones para su
venta; si esto no resulta, era necesario solicitar a la
Comisión Intersecretarial de gasto financiamiento
para que la paraestatal en cuestión se desincorpora por la
vía de liquidación.
El
gobierno federal de la pasada administración estableció varias
etapas para el proceso de la enajenación, etapa seriada y consecuente
para establecer el proceso de desincorporación,
pudiéndose resumir en las siguientes etapas:
a) La dependencia coordinadora propone la
desincorporación de la entidad paraestatal, sin importar
que su destino sea la venta, la liquidación,
la extinción, la fusión o la
trasferencia
b) Supuestamente las empresas o entidades paraestatales
a desincorporar no deberían ser estratégicas
o prioritarias.
Bajo estas dos premisas las propuestas de
desincorporación y de acuerdo al artículo de
entidades paraestatales se siguieron algunos criterios, como son
los siguientes:[13]
1) Las entidades no estratégicas o
prioritarias deberán ser desincorporadas
2) De acuerdo con el punto anterior el Estado
podrá retirarse de sectores de cierta actividad
económica.
3) El sector público promoverá el
desarrollo tecnológico en la
industria mexicana para
mantenerse a escala
competitiva.
4) El Estado podrá desincorporar su
participación minoritaria en una empresa o, por lo
contrario podrán mantener temporalmente cierto porcentaje,
con el fin de promover y vigilar el desempeño de sus socios y vigilar que se
cumpla con la función
primordial de la entidad paraestatal (sic)
5) Evitar la creación de monopolios.
En la desincorporación de las empresas de algunos sectores
es necesario establecer en los dictámenes que dicho
procedimiento no deberá favorecer la integración de monopolios (es
ilógico, sospechoso e irresponsable que esto no
sucedió en el caso de Teléfonos de
México).
Una vez cumplido estos criterios la Comisión
Intersecretarial de Gasto Financiamiento (CIGF), decidirá
si es conveniente la desincorporación y, en su caso
seleccionar el procedimiento para qué deje de formar parte
del sector público, la entidad paraestatal:
1.- Liquidación.
2.- Extinción.
3.- Fusión.
4.- Transferencia o Venta.
En caso
de que la CIGF decida el destino de una empresa, será la
venta, es indispensable contar con el acuerdo del jefe del
ejecutivo federal o cuando una entidad es criada por ley, solo el
Congreso de Unión podrá decidir su
desincorporación. Una vez que se cuenta con dicha
aprobación el C. Secretario de la SHCP, comunica el
acuerdo al Secretario de la Coordinadora Sectorial, y se
procederá a designar una Institución de
crédito que colaborará en las actividades de
enajenación; que fungirá como agente de venta del
gobierno federal.
Cumplido estos requisitos se establece la Estrategia de
venta para determinar las características,
ubicación y estructura de la entidad paraestatal; y el
criterio que utilizo el gobierno federal, fue entre otras.
1) Razón y objeto social.
2) Ubicación geográfica.
3) Estructura accionaria
4) Aspectos tecnológicos, comerciales,
financieros y laborales
5) Características del mercado nacional
e internacional.
6) Restricciones legales y reglamentarias.
7) Objetivos específicos, determinados en
función de los lineamientos de política
económica.
8) Efectos de la desincorporación sobre su rama
de actividad.
9) Perspectivas económicas.
Integración del "Libro Blanco"
De acuerdo al criterio que siguieron los funcionarios para la
elaboración e implementación de la
desincorporación de las entidades paraestatales y en el
supuesto de darle transparencia a todas y cada una de las
acciones, que implicaba el proceso de desincorporación,
por tal motivo se le denominó "Libro Blanco" y ha
constituido un sustento documental, elaborado por el banco
agente, bajo la supervisión de la unidad de
desincorporación, sobre proceso de venta de una empresa un
activo o una unidad industrial.[14] El contenido
básico del Libro Blanco consta de lo siguiente:
1) Síntesis
ejecutiva del proceso. Es un resumen cronológico del
proceso.
2) Recomendación de la dependencia coordinadora.
Se incluye oficio.
3) Dictamen de la Comisión Intersecretarial de Gasto
Financiamiento. Se integra dictamen.
4) Acuerdo de venta del ejecutivo. Se incorpora
oficio.
5) Asignación del banco agente. Se incluye
oficio.
6) Contrato de
comisión mercantil…
7) Perfil informativo.
8) Prospecto descriptivo…
9) Estrategia de venta…
10) Valuación técnica-financiera…
11) Derechos a
terceros.
12) Ofertas y recomendación del banco agente.
13) Autorización y resolución de venta.
14) Documentos
legales.
15) Compraventa formal.
16) Documentación financiera de la venta.
17) Adecuaciones de venta.
18) Desincorporación.
19) Anexos
La Coordinación General de la Unidad de
Desincorporación envía un ejemplar del "Libro
Blanco" a la coordinadora sectorial y a la Secretaría de
la Contraloría General de la Federación para que se
lleven a cabo el seguimiento y el control de los procesos de
desincorporación, de acuerdo con sus atribuciones.
Asimismo, se entrega uno de estos documentos a la
Contaduría Mayor de Hacienda de la H. Cámara de
Diputados, con el objeto de que este órgano técnico
de fiscalización realice las evaluaciones correspondientes
a las empresas vendidas. La Unidad de
Desincorporación conserva un ejemplar adicional en sus
archivos.
EL CASO DE TELÉFONOS DE MéXICO,
S.A. DE C.V.
Después de haber analizado el marco
teórico legal, económico, de la
implementación del proceso de desincorporación de
las entidades paraestatales, es necesario aplicar un criterio
racional y objetivo para ver un caso específico. El
caso de Teléfonos de México, S.A. de C.V.
más allá de este ensayo, pues
su venta y las consecuencias económicas políticas y
tecnológicas que de ella (la venta) han derivado no
alcanzan esta modesta investigación, sin embargo dejaremos para
el final de las conclusiones los comentarios de destacados,
investigadores, ideólogos, políticos, juristas y
economistas que han dado su opinión respecto a éste
caso específico que conlleva una reflexión seria
acerca de sí los mexicanos fuimos consultados, e
informados veraz y oportunamente sobre la venta de
Teléfonos de México, S.A. de C.V. (TELMEX).
Es importante referirnos al documento oficial el "Libro
Blanco" documento que tuve la oportunidad de conocer a
través de la H. Cámara de Diputados y del libro
cuasi oficial de Jacques Rogozinsky, así como bastante
información que existe para nuestra
sorpresa en Internet y en
Servidores extranjeros.
"En 1990 se realiza la venta de Teléfonos de
México, S. A. de C. V., y
subsidiarias:[15]
01) Alquiladora de Casas, S.A. de C. V.
02) Anuncios en Directorios, S. A. de C. V.
03) Canalizaciones Mexicanas, S. A. de C. V.
04) Compañía de Teléfonos y Bienes
Raíces, S.A. de C.V.
05) Construcciones Telefónicas Mexicanas, S.A. de
C.V.
06) Construcciones y Canalizaciones, S.A. de C.V.
07) Editorial Argos, S.A. de C.V.
08) Fincas Coahuila, S.A. de C.V.
09) Fuerza y Clima, S.A. de
C.V.
10) Imprenta Nuevo
Mundo, S.A. de C.V.
11) Impulsora Mexicana de Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
12) Industrial Afiliada, S.A. de C.V.
13) Inmobiliaria Aztlán, S.A. de C.V.
14) Operadora Mercantil, S.A. de C.V.
15) Radio
Móvil Dipsa, S.A. de C.V.
16) Renta de Equipo, S.A. de C.V.
17) Sercotel, S.A. de C.V.
18) Servicios y Supervisión, S.A. de C.V.
19) Teleconstructora, S.A. de C.V.
20) Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V.
* Los
procesos de estas entidades, fueron autorizados originalmente
como fusión.
A) Formalización de la propuesta de
desincorporación.- La Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, con oficio número 5.- 1986
del 30 de marzo de 1989, propuso la venta de la
participación accionaria del Gobierno Federal en el
capital Social de Teléfonos de México, S.A. de C.V.
(TELMEX). El 21 de septiembre del mismo año el
Presidente de la República anunció la
decisión del Gobierno Federal de enajenar su
participación accionaria en la empresa con el "fin" de
lograr un sector de telecomunicaciones más competitivo y
eficiente "conservando" la rectoría del Estado; se
emitieron, además, los lineamientos a los que
debería ajustarse esta venta.
Con base en el acuerdo número XXXVIII del gabinete
económico del 15 de agosto de 1989, la
Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento mediante
el acta del 23 de octubre de 1989, dictaminó
favorablemente la enajenación de los títulos
representativos de TELMEX en poder del Gobierno Federal y de las
entidades paraestatales; y mediante el acuerdo
número 90-III-E-7 del 12 de febrero de 1990
dictaminó que la desincorporación de TELMEX
implicaba la de sus 18 filiales más 2 en proceso de
fusión.
Con fecha 15 de octubre de 1990, mediante oficio número
1.0.00784, la Secretaría de Programación y Presupuesto
ordenó la resectorización en la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público. El 27 de
octubre, el titular de esta última fue designado
Presidente del Consejo de Administración. El 30 de
Enero de 1990 mediante oficio No. 1.0.00.71 la SPP
solicitó al Secretario de Hacienda, mediante oficio
1.0.00.72 la designación de la Sociedad
Nacional de Crédito, por medio de la cual se
efectuaría la venta al de la participación estatal
en el capital social de la empresa. El 26 de marzo de 1990
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
mediante oficio número JRS/0124/90 designó al Banco
Internacional, S. N. C., como responsable de la
propagación, evaluación
y venta de la participación accionaria del Gobierno
Federal en el capital de la empresa y sus entidades filiales.
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de TELMEX
del 15 de junio de 1990 acordó entre otros puntos: a)
modificar el régimen de las acciones que integran el
capital social de la empresa. El 26 de marzo de 1990 la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
mediante oficio número JRS/0124/90 designó al Banco
Internacional, S. N. C., como responsable de la
propagación, evaluación y venta de la
participación accionaria del Gobierno Federal en el
capital de la empresa y sus entidades filiales.
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de TELMEX
del 15 de junio de 1990 acordó entre otros puntos:
a)modificar el régimen de las acciones que integran la
serie "AA" que deberá representar el 51% de las acciones
comunes con derecho a voto y que solo podrán ser suscritas
o adquiridas por inversionistas mexicanos; b) aumentar el capital
social y decretar un dividendo en acciones de la serie "L" que se
distribuirán a razón de 1.5 acciones "L" por cada
acción
común de las series "AA" y "A" en que se divida el capital
social, mediante la capitalización de utilidades obtenidas
en ejercicios anteriores; c) aumentar el número de
miembros que integran el Consejo de Administración a 19
miembros titulares; d) modificar los estatutos de la sociedad
para que los mismos reflejen la nueva estructura del capital
social y la nueva integración del Consejo de
Administración; y e) facultar al Consejo de
Administración para que integre un plan de
participación de los trabajadores en el capital social de
la entidad.
Después del aumento del capital y de acuerdo a la nueva
estructura del capital, el 20.4% del capital social tendrá
mayoría dentro del Consejo de Administración y
controlar el voto de la empresa, suscripción solo para
mexicanos; el 19.6% en acciones "A" con voto completo sin
restricciones de propiedad y el
60% en acciones "L" con voto limitado.
B) DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO.
(artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, en vigor a partir del 27 de enero de
1990).- El 18 de junio de 1990, mediante oficio número
DA-90-003 la Secretaría de la "Contraloría" General
de la Federación designó al Despacho Roberto Casas
Alatriste, para realizar la auditoría de venta de los estados
financieros al 30 de junio de 1990, los cuales fueron
considerados por el agente financiero para la elaboración
de la evaluación técnico-financiera de la
entidad.
C) PROSPECTO DE VENTA.- El prospecto de venta fue
terminado por el banco agente en agosto de 1990 y entregado a los
grupos de
inversionistas calificados, entre el 13 de agosto y el 21 de
septiembre de 1990.
D) LICITACIÓN PUBLICA.- En junio de 1990,
el Banco Internacional, S. N. C., y su "asesor financiero",
Goldman Sachs & Co., concluyeron la Evaluación
Técnico-Financiera de la entidad.
La
Comisión Nacional de Valores otorgó, el 10 de
agosto de 1990, autorización número 5860 para
realizar la subasta de las acciones "AA" sin el cupón
correspondiente al dividendo en acciones "L" de voto
limitado.
El 13 de agosto de 1990 en los periódicos
Excélsior, La Prensa, El
Nacional, El Economista, Novedades, El Día, El Universal,
La Jornada, Uno Más Uno, La Afición, El Sol de
México, El Heraldo de México, Ovaciones Segunda
Edición; así como en El Norte, El
Porvenir y el Diario de Monterrey, y Ocho Columnas y Occidental
de Guadalajara, se publicó la convocatoria y bases de
licitación de las acciones "AA" propiedad del Gobierno
Federal, representativas del 20.4% del capital social y la
opción del 5.1% de las acciones serie "L". El 16 de
agosto de 1990, en Novedades, El Día, El Universal,
Excélsior, La Jornada, El Heraldo de México y El
Nacional se publicó la invitación a los accionistas
o manifestar su interés en participar en el proceso de
desincorporación de la entidad. Entre el 20 de
agosto y 31 de octubre de 1990 el Banco Internacional, S. N. C.,
"coordinó" visitas a la empresa así como entrevistas a
los funcionarios de TELMEX y del sector comunicaciones.
El 15 de noviembre de 1990, ante los Notarios Públicos
números 1, 74, 87,89 y 181 del Distrito Federal, se
recibieron las propuestas de compra siguientes:
1) Grupo lidereado por Acciones y Valores de México,
S.A. de C.V., representado por Roberto Hernández Ramírez;
Conjuntamente, con Controladora Mextel, S.A. de C.V.; Accitel de
México, S.A. de C.V., Telefónica de México,
S.A. de C.V., GTE Mexican Telephone Incorporated, quienes
ofrecieron pagar la cantidad de 0.780 centavos de dólar
USA por acciones "AA", con importe de 1,687.2 millones de
dólares USA, por las 2,163"040,972 acciones más la
opción de compra del 5.1% de las acciones "L".
2) Grupo lidereado por Grupo Carso, S.A. de C.V., representado
por Carlos Slim Helú, Jaime Chico Pardo, Juan Antonio
Pérez Simón, Alejandro Escoto Cano y Sergio F.
Medina Noriega; conjuntamente con Seguros de
México, S.A., un grupo de inversionistas mexicanos,
Soutwestern Bell International Holdings Co., y France Cable et
Radio, "quienes ofrecieron" 0.80165 centavos de dólar
USA por acción, por un total de 2,163"040,972
acciones "AA" sin el cupón correspondiente al dividendo en
acciones "L" de TELMEX, junto con la opción de compra de
acciones de serie "L", la cual representa un 5.1% del capital
accionario de TELMEX, según convenio sobre la
opción a acordarse entre el Gobierno y el Consorcio.
El precio ofrecido fue de 1,734.0 millones de dólares USA
por las acciones y para incrementar el valor de la
oferta se ofreció 23.6 millones de dólares USA en
dividendos.
3) Grupo lidereado por Gentor, S.A. de C.V.,
representado por Roberto Acosta Campillo y Salvador
Benítez Lozano, quienes ofrecieron comprar
únicamente el 10.4% del capital social; 1,103"151,000
acciones de las 2,163"040,972 acciones "AA" en subasta, a un
precio de 0.634546 centavos de dólar USA por acción
e importe de 700 millones de dólares USA, más la
opción de compra del 5.1% de acciones la serie "L".
(Cabe mencionar, que las bases de la desincorporación
establecían como mínimo 2 posturas. Roberto
Hernández, ex-colaborador y ex-socio de Carlos Slim
Helú en su Casa de Bolsa, sólo ofreció 2
centavos de dólar menos que la postura de este
último; a quien con posterioridad, el Gobierno Federal le
Adjudicó el banco más grande de Latinoamérica: Banco Nacional de
México "Banamex", sobre el Grupo Gentor, S. A. de C. V., a
la fecha grupo desconocido).
E) FORMALIZACIÓN DE LA ENAJENACIÓN.
El 6 de diciembre de 1990 la Comisión
Intersecretarial de Gasto Financiero emitió el acuerdo
número 90-XXIII-E-2 relativo a TELMEX, mediante el cual el
Director General de esta empresa debería formalizar las
negociaciones con el sindicato para
precisar su participación accionaria, antes del anuncio de
la venta.
La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento en
la sesión celebrada el 6 de diciembre de 1990 a
través del acuerdo número 90-XXIII-E-1
acordó vender TELMEX al Grupo Carso, S.A. de C.V., Seguros
de México, S.A. de C.V., y un grupo de inversionistas
mexicanos, y a las empresas Southwestern Bell International
Holdings, Co. y France Cable et Radio, por haber presentado las
"mejores condiciones" para el Estado y haber "cumplido" con las
disposiciones establecidas para adquirir el total de las acciones
"AA".
El 9 de diciembre de 1990 la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público emitió la
resolución número RVP-179-A que aprobó la
venta de las acciones "AA" propiedad del Gobierno Federal en
favor de la oferta presentada por el Grupo Carso, S.A. de C.V.,
Seguros de México, S.A., un grupo de inversionistas
mexicanos, y a las empresas Southwestern Bell International
Holdings, Co., u France Cable et Radio, en 1,757.6 millones de
dólares. Esta misma fecha la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público emitió el oficio
número JRS/0457-A/90 por medio del cual se autorizó
al Banco Internacional, S. N. C., proceder a efectuar la venta de
la participación accionaria del Gobierno Federal motivo e
la licitación en la empresa Teléfonos de
México, S.A. de C.V.
En esa misma fecha y con base en el artículo 32 de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Sindicato de
Telefonistas de la República Mexicana y trabajadores a
través de un crédito otorgado por Nacional
Financiera, S. N. C., adquirieron el 4.4. % del capital social de
la empresa, 186"615,300 acciones serie "A" con un crédito
por 325 millones de dólares, equivalentes a $955,167.5
millones. Las acciones se quedarían en
garantía de pago del crédito, según
autorización de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en oficio número
JRS/0457-B/90 y Resolución de Venta números
RVP-179-B, ambos del 9 de diciembre de 1990.
F) CONCLUSIÓN DEL PROCESO.- (Primera Etapa). El
13 de diciembre de 1990 se firmó el Contrato
de Compraventa con el Grupo Carso, S.A. de C.V., Bernando
Quintana Y., y Rómulo O"Farril N., y 33 inversionistas
mexicanos, Southwestern Bell International Holding Co., y France
Cable et Radio, ganadores de la licitación. El 20 de
diciembre de 1990, ante la presencia de los titulares de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Secretaría de la Contraloría General de la
Federación y el Secretario General del Sindicato de
Telefonistas de la República Mexicana y representantes del
grupo ganador, se firmó un contrato de fideicomiso
sobre la totalidad de las acciones "AA", motivo de la
compraventa, con vigencia de 10 años, para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones
contraídas por los compradores.
Las
acciones adquiridas por los inversionistas nacionales, equivalen
al 10.4% del capital social de la entidad, mientras que los dos
inversionistas extranjeros compraron cada uno el 5.0% con lo cual
el total de acciones adquiridas ascendió al 20.4% del
capital social de la entidad.
El
monto de la operación ascendió a 1,757.6 millones
de dólares USA, correspondiendo 1,734.0 millones de
dólares USA a las acciones y 23.6 millones de
dólares USA de dividendos. La equivalencia total en
moneda nacional ascendió a $5"171,216.0 millones.
La
licitación contemplaba el pago de contado y la alternativa
de pagar a 6 meses devengando intereses a la tasa de
mercado. Los inversionistas extranjeros pagaron de contado
y el grupo mexicano, el término del plazo pactado.
(Narración de hechos muy claros: Con el 10.4% (sic) el
grupo mexicano tiene el control (sic) del Consejo de
Administración de TELMEX, el otro 10% los grupos
extranjeros. Los extranjeros (sic) pagan al contado 850
millones de dólares americanos aproximadamente,
restándole al grupo mexicano el saldo de 900 millones de
dólares americanos aproximadamente, presumiéndose
que fue divididos en un paquete adquirido por el Grupo Carso de
aproximadamente 500 millones de dólares americanos, y 400
millones de dólares americanos aproximadamente entre 16
inversionistas bajo un paquete de 25 millones de dólares
americanos cada uno. De los 500 millones de dólares
al Grupo Carso, se presume que se le otorgó indebidamente
un crédito (sic)a seis meses, lapso en el cual, sin haber
cubierto el pago total de las acciones adquiridas (sic), se les
entregó la Presidencia del Consejo de
Administración de TELMEX, para que, con las utilidades de
la propia empresa durante esos seis meses de crédito
(sic), con las utilidades de las colocaciones accionarias (sic)
de la Serie "L" y con las correspondientes utilidades
bursátiles (sic) del incremento en el valor de las
acciones por la desincorporación y privatización de
TELMEX, se obtuvo con exceso -en abuso y detrimento del Gobierno
Federal- la cantidad adeudada a plazo al Gobierno Federal,
finalizando que TELMEX es una empresa que reporta utilidades
dictaminadas anuales de más de (TRES MILLONES DE
DÓLARES AMERICANOS…)
Con la
operación anterior, TELMEX dejó de ser Entidad de
Participación estatal Mayoritaria.
Entre
septiembre y octubre de 1991, Southwestern Bell International
Holdings Co., adquirió el 5.0% France Cable et Radio el
0.033% y dos inversionistas mexicanos el 0.067% de las acciones
"L" por un monto de 476.6 millones de dólares USA
equivalente a $1"454,078.7 millones.
(Segunda Etapa) la colocación, a nivel internacional, de
la oferta pública secundaria del 16.45% de las acciones
"L" de TELMEX fue preparada por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, Banco Internacional-ISEFI y
Goldman Sachs & Co., consistió básicamente en
lo siguiente:
·
incrementar la liquidez de la acción a través de
esta oferta pública,
·
contratar a Goldman Sachs & Co., Como coordinador general y
co-líder
en las sindicaciones internacionales;
· C)
seleccionar bancos de
inversión y casas de bolsa que colocarían las
acciones de TELMEX en el mercado;
·
seleccionar colocadores por concurso;
·
definir bancos y casas de bolsa para la colocación en el
resto del mundo; y,
· en
México programa patrocinado por TELMEX, de American
Depositary Receipts Shares (ADS).
El 9 de
abril de 1991 se presentó ante la Securities and Exchange
Commission (SEC), de los Estados Unidos,
la solicitud de registro de la
oferta pública de acciones "L". En esas fechas la
cotización de las acciones "A" era de 2.69 dólares
cada una. El 19 de abril de 1991, el Banco Internacional, S. N.
C., informó a la Comisión Intersecretarial de Gasto
Financiamiento que las acciones "L" estaban cotizadas en 3.12
dólares por acción.
Entre
el 26 de abril y el 10 de mayo se realizaron presentaciones en
español,
ingles japonés ante inversionistas en 25 ciudades de
México, Japón,
Europa, Estados
Unidos y Canadá. La colocación de las
acciones "L" en el mercado se efectuó tomando como
referencia los valores
fundamentales de TELMEX, sus perspectivas a futuro y su
cotización en los días previos a la
colocación.
El 13
de mayo de 1991 se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación las disposiciones para la oferta pública
internacional. El 14 de mayo de 1991 simultáneamente
en México, Estados Unidos, Canadá, Europa y
Japón se llevó al cabo la oferta pública
nacional e internacional de acciones "L" propiedad del Gobierno
Federal. Se colocó el 15.7% del capital social de la
empresa resultante de la venta de 1,665 millones de acciones "L"
de las cuales 1,377 millones se colocaron en los mercados de
más de 20 países y 288 millones de acciones en el
mercado nacional, de estas últimas 150 millones de
acciones fueron adquiridas por TELMEX para el fondo de
jubilaciones de sus empleados administrativos. El 20 de
mayo de ese mismo año se recibió un importe neto de
comisiones por 2,166.7 millones de dólares USA. El 6
de junio de 1991 fueron adquiridas 80 millones de acciones "L"
por los colocadores internacionales, en ejercicio de una parte de
la opción de sobre demanda "Green Shoe" puesta a su
disposición por el Gobierno Federal, el importe de esta
última venta fue de 104.1 millones de dólares
USA adicionales. El monto total por la
colocación de 1,745 millones de acciones "L"
ascendió a 2,270.8 millones de dólares USA,
equivalentes a $6"818,006.0 millones.
Con
estas operaciones la
entidad dejó de ser de participación estatal
mayoritaria al conservar el Gobierno Federal únicamente el
9.52% del capital social.
(Tercera etapa) Con base en los buenos resultados de la empresa,
el desempeño financiero de la acción y el deseo de
reafirmar la presencia de México en los mercados
internacionales de capital, en los primeros meses de 1992 el
Gobierno Federal decidió realizar una segunda oferta de
acciones "L" de TELMEX por conducto del Banco Internacional-ISEFI
y Goldman Sachs & Co.
La
Estrategia tenía como objetivo pulverizar la oferta para
evitar la sobre competencia por
un mismo mercado y lograr mayor liquidez. El 27 de abril y
el 8 de mayo se realizaron presentaciones ante inversionistas de
México, Japón, Europa, Estados Unidos y
Canadá dado que eran indispensables para promover la venta
de acciones de TELMEX; se distribuyeron más de 60,000
prospectos preliminares de TELMEX en español, ingles y
francés en más de 20 países.
Para la
determinación del precio de oferta de la acción se
llevó al cabo un análisis de las perspectivas de la empresa,
del mercado de las telecomunicaciones a nivel internacional y
condiciones de los diferentes mercados de capital.
El 11
de mayo de 1992 se fijó el precio para la oferta de 56.125
dólares por ADS (mismo que incluye 20 acciones "L") en los
mercados internacionales.
El 12
de mayo de 1992 se llevó al cabo una segunda oferta
pública nacional e internacional de acciones "L". El
volumen
colocado fue de 500 millones de acciones correspondientes al 4.7%
del capital social. El 18 de mayo de ese mismo año
se recibió un importe de 1,360.4 millones de
dólares USA equivalentes a $4"212,735.3 millones.
El 17
de diciembre de 1992, mediante oficio número JRS/232/92/
la Unidad de Desincorporación de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público solicitó al
Subsecretario de Programación y Presupuesto de la misma
Secretaría, la cancelación de la clave
programático-presupuestal asignada a TELMEX y a sus
subsidiarias del Registro de la Administración
Pública Paraestatal.
(Cuarta
Etapa) Del 29 de octubre al 14 de diciembre de 1993, se
realizó una oferta pública de acciones "L" en
mercado abierto por un total de 329 millones de acciones
correspondientes al 3.1% del capital social. La
operación anterior ascendió a 902.8 millones de
dólares USA equivalentes a $2"912,933.6 miles.
Al 31
de diciembre de 1993, el Gobierno Federal era propietario de
20"420,175 acciones serie "A" y 160"431,473 acciones serie "L"
que representan el 1.7% del capital social de Teléfonos de
México, S.A. de C.V.
Resumen de la venta accionaria de
Telmex
G) OPINIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS.-
Los comisarios públicos designados por la
Secretaría de la Contraloría General de la
Federación, emitieron su opinión respecto a la
forma en que se llevó al cabo el proceso de
desincorporación, el 20 de diciembre de 1992.
Ahora
bien, considerando que TELMEX realiza funciones catalogadas como
áreas prioritarias, porque se encuentra directamente
vinculadas a satisfacción de los intereses nacionales y
necesidades populares, tal como se corrobora en lo dispuesto por
el segundo párrafo
del artículo 6 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, aunado al Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el
día 31 de mayo de 1989, y finalmente mencionado el
apartado 5.3.9 del Capítulo 5 del Plan Nacional de
Desarrollo, donde se establece categóricamente que las
entidades que no reúnan las características de
estratégicas, prioritarias, o de ambas, serán
desincorporadas bajo los siguientes criterios…
* Se liquidarán o extinguirán entidades que ya
cumplieron con sus objetivos, que carecen de viabilidad
económica, o cuyas actividades conviene realizar, por
razones de mayor eficiencia, en otras entidades para estatales o
dependencias de Gobierno;
* Se fusionarán entidades para mejorar el
uso de los recursos con la integración o
complementación de procesos productivos, de comercialización y de gestión
administrativa;
* Se transferirán a gobiernos de los estados empresas
prioritarias de importancia regional o local vinculadas con sus
programas de desarrollo; y
* Se venderán empresas que no son prioritarias ni
estratégicas y que, por sus condiciones de viabilidad
económica, son susceptibles de ser adquiridas por los
sectores social y privado.
De la
simple lectura, el
cuestionamiento se impone: "¿Dónde encontraron
la fundamentación y motivación para desincorporar
TELMEX?
Así narrado, era lógico y de esperarse que
SÓLO se presentaran tres ofertas y todas ellas muy por
abajo del valor real que las acciones tenían, ello se
debió, entre otras cosas a lo siguiente:
a).- El plazo, con toda mal fe, fue muy breve, si se toma en
consideración la magnitud y el valor de las acciones a ser
enajenadas, fue de sólo 3 meses aproximadamente, para la
que la empresa más rentable del mundo.
b).- Que las mismas SÓLO podían ser adquiridas
por mexicanos; y
c).- Que la convocatoria -únicamente- se hizo en
periódicos de circulación nacional.
Por no ser idóneas las licitaciones presentadas en los
términos del artículo 134, párrafo tercero,
constitucional, lo debido hubiera sido suspender la venta del
paquete accionario, precisamente para evitar una
afectación multimillonaria al patrimonio público y
a sus finanzas, y
actuar en los términos de Ley; pero, en contra de lo
dispuesto expresamente por el indicado precepto, se
procedió a la venta con todas las desventajas
económicas para la Nación.
Es de
hacerse notar que los autores del informe de
Desincorporación de Entidades Paraestatales, con toda mala
fe y con vista a eludir la responsabilidad en que incurrieron
quien realizó la venta de las empresas propiedad del
Estado, en la página 27, cuando transcriben el
artículo 134, omiten incorporar los últimos
párrafos del precepto, que son precisamente los que fincan
la responsabilidad que ahora, por medio de la presente
acusación se exige, y que a la letra disponen:
"Cuando las licitaciones a que hace referencia el
párrafo anterior no sean idóneas para asegurar
dichas condiciones, las leyes establecerán las bases,
procedimientos
reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la
economía, eficacia,
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores
condiciones para el Estado."
"El manejo de los recursos económicos federales se
sujetará alas bases de este artículo."
"Los servidores
públicos serán responsables del cumplimiento de
estas bases en los términos del título cuarto de
esta Constitución."
En ese
contexto, en contra de todo lo que era de esperarse, la
Comisión Intersecretarial de Gastos Financiamiento, en la
sesión celebrada el 6 de diciembre de 1990, a
través del acuerdo número 90-XXIII-E-1, "…
acordó vender TELMEX al Grupo Carso, S.A. de C.V., Seguros
México, S.A., y un grupo de inversionistas mexicanos, y a
la empresa Sothwestern Bell International Holdings, Co. Y France
Cable et Radio, por haber presentado las mejores condiciones para
el Estado y haber cumplido con las disposiciones establecidas
para adquirir el total de las acciones "AA".
Es
necesario tomar en cuenta, que, como se ha afirmado
anteriormente, por virtud del acuerdo tomado por la asamblea de
accionistas de Teléfonos de México, S.A. de C.V.,
con fecha 15 de junio de 1990, las acciones "AA",
sólo pueden ser suscritas o adquiridas por inversionistas
mexicanos.
Tres
días después, el 9 de diciembre de 1990, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
emitió la resolución número RVP-179-A, por
virtud de la cual se aprobó la venta de las acciones "AA",
propiedad del Estado Mexicano, en favor del Grupo Carso, S.A., de
C.V., Seguros México, S.A., un grupo de inversionistas
mexicanos y las empresas extranjeras Southwestern Bel
International Holdings Corporation y France Cable et Radio, en
1,757.6 millones de dólares.
Hoy
día, el contrato definitivo de fideicomiso de la
compraventa accionaria de TELMEX, no aparece, ignorando su
paradero.
En el
mismo informe oficial denominado Desincorporación de
entidades paraestatales, se asienta que a escasos tres meses de
la venta de las acciones "AA", las acciones "A" estaban cotizadas
en 2.69 DÓLARES CADA UNA, es decir, que entre el precio de
ellas y el pactado y por el que fueron vendidas por la
administración del entonces Presidente de la
República Carlos Salinas de Gortari, las acciones "AA",
cuya posición da a sus tenedores el control de la empresa
perteneciente a Teléfonos de México, S.A. de C.V.,
existe una diferencia de casi 1.90 DÓLARES POR CADA
ACCIÓN.
En
pocas palabras la administración del señor Salinas
de Gortari, por mala fe, negligencia o por una maniobra
fraudulenta, hizo que el erario perdiera, en el mejor de los
casos 1.90 DÓLARES POR ACCIÓN; y si se toma en
cuenta que se trató de la venta de 2,163"040,972 acciones
"AA", se puede afirmar, sin lugar a dudas, que la perdida que
sufrió la Nación fue la precitada.
En el
mismo informe de Desincorporación de entidades
paraestatales se asienta: "El 19 de abril de 1991,
el Banco Internacional, SNC informó a la Comisión
Intersecretarial de Gasto Financiamiento que las acciones "L"
estaban cotizadas en 3.12 dólares por acción," Por
lo que sí se compara el precio de venta de las acciones
"AA" y el asignado a estas acciones se ve que existe una
diferencia de más de 2.30 dólares por
acción, lo que significa, en principio un daño a
la Nación por la cantidad arriba citada.
Con los
argumentos anteriormente expuestos un grupo de mexicanos de
distintas corrientes ideológicas, condición
económicas y afiliación partidista, se preguntan si
la desincorporación y venta de TELMEX tuvo un origen de
reducir del tamaño del Estado o bien darle la oportunidad
a un grupo reducido de "inversionistas" para que controlaran una
rama de uno de los sectores estratégicos más
importantes como es el de las Telecomunicaciones. El entonces
presidente Carlos Salinas había manifestado, el 18 de
septiembre de 1989 lo siguiente:[16]
· Garantizar para
el Estado la rectoría de las telecomunicaciones.
· Mejorar
radicalmente el servicio
telefónico.
· Garantizar los
derechos de los trabajadores.
· Expandir el
sistema telefónico.
· Realizar investigación científica y
tecnológica.
· Conservarla bajo
el control mayoritario de mexicanos.
CONCLUSIONES
Como vemos estos argumentos se fueron diluyendo para esgrimir
otros más contundentes, que buscara el propósito de
la venta de la paraestatal multimencionada. Escapa de
éste análisis los atropellos jurídicos y
económicos que se dieron en este proceso de
desincorporación, pero si es importante que a seis
años de la desincorporación de TELMEX se haga una
revisión a fondo del proceso de privatización y sus
consecuencias en el corto y largo plazo para el
país. Algunos investigadores como los destacados
periodistas Luis Rubio. Fernanda Matus y Ana Luz Ruelas, de
ésta última de la Universidad de
Sinaloa han hecho sus aportaciones sobre la situación
actual que guarda TELMEX a seis años de su
venta.[17]
"La
reprivatización de TELMEX creó una gran expectativa
entre los usuarios del país de poder tener, al fin,
después de años de espera, acceso a líneas
telefónicas y aún servicio eficiente. Se
pensó que por el hecho de tener una empresa privada como
proveedora del servicio este mejoraria inmediatamente",
señala la investigadora mexicana Ana Luz Ruelas.
En un
extenso y minucioso estudio que en breve será publicado
por la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Centro de
Investigaciones sobre América
del Norte (CISAN) de la UNAM y la
Universidad de Austin, Texas, la especialista sentencia que
aquellas expectativas no fue del todo ciertas, a pesar de que
TELMEX instaló más líneas e invirtió
fuertes cantidades para mejorar la infraestructura.
En su
visión, el problema es de raíz: las razones -no
oficiales- que decidieron la venta de TELMEX, fueron muy
diferentes a la que salieron a la luz pública.
La
primera fue infundir confianza entre los inversionistas
nacionales y extranjeros. La privatización de TELMEX
fue una señal inequívoca de nueva estrategia de
apertura y desregulación que caracterizó el
programa de desarrollo
económico del presidente Carlos Salinas de Gortari,
señala.
¿Otras razones? México fue presionado por los
organismos internacionales como la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y comercio -hoy
Organización Mundial de Comercio (OMG), y
el Banco Mundial,
que ejercieron la misma presión en
otros Países latinoamericanos.
La
experta asegura que el proceso de apertura en el sector de las
telecomunicaciones en México puede apreciarse como un
asunto del exclusivo interés de grupos empresariales.
Para
Ruelas, la de TELMEX implicó prácticamente la venta
completa de las telecomunicaciones del país a un grupo
privado, además de que el paquete no sólo
incluyó los servicios básicos de telefonía local, nacional e internacional,
sino una serie de servicios anexos y otras actividades del
sector, entre ellas la red federal de microondas, un
bien de la nación.
La
investigación echa abajo las justificaciones y
oficiales de que TELMEX era ineficiente y la única
solución era privatizarla.
TELMEX
siempre fue rentable. Sus utilidades netas se han
incrementado constantemente. En 1984 tuvo una utilidad neta de
cinco por ciento, en 1985 fue de 12.7 por ciento, en 1986
alcanzó 14.4 por ciento, y en 1988 se disparó hasta
42 por ciento y en 1989, cuando curiosamente se anunció su
venta, bajó a 21 por ciento pero con una rentabilidad
de 11 por ciento.
"En ese
contexto de ascendente éxito financiero y rentabilidad
¿qué tan recomendable resultaba para el Gobierno
mexicano, deshacerse de TELMEX? Obviamente el entorno
internacional y acorde a la política de
liberalización económica que había
emprendido, privatizar TELMEX mostraría con gran
contundencia hacia el exterior la firmeza gubernamental de abatir
éste y otros sectores de la economía a los
capitales extranjeros".
En su
investigación titulada "México y Estados Unidos en
la Revolución Mundial de las
Telecomunicaciones", la investigadora de la UNAM apunta
que en 1995, la insolvencia económica del Estado mexicano
fue otra vez el argumento principal para desregular y privatiza
el único subsector redituable considerado
constitucionalmente como prioritario
estratégico.[18]
El
destacado economista el Dr. Luis Rubio, en múltiples foros
tanto académicos como periodísticos ha
señalado que en éste hecho (la venta de TELMEX) no
solo se discute la transparencia o no del proceso de
desincorporación sino que se discute con gran profundidad
el modelo económico y sus posibles consecuencias en el
corto plazo. Con relación a la demanda de juicio
político que el día 30 de noviembre de 1995
presentó la fracción parlamentaria del PRD
(Diputados y Senadores) en el H. Cámara de Diputados, el
destacado economista Luis Rubio señala lo siguiente:
"Con la demanda penal por daño patrimonial en contra de
Carlos Salinas, la privatización de la empresa
Teléfonos de México, amenaza en convertirse en
"casus belli" sobre el sexenio pasado y, particularmente, sobre
las políticas de apertura, desregulación y
privatización en general".
"La demanda argumenta temas jurídicos, pero en realidad
se trata de un planteamiento ideológico a través
del descrédito de la apertura y de la
privatización, además de la persona del
expresidente. Por supuesto, no hay nada malo en eso, pues
se trata de un recurso legítimo para cualquier ciudadano y
los partidos tienen todo el derecho – y la obligación – de
explotar las flaquezas de sus contrincantes en el poder para
hacer transparente la política. Por ello, no hay nada malo
en la denuncia, pero hay que llamar al pan, pan y al vino,
vino."
Nos
encontramos en el ojo de una profunda disputa por el poder y por
el modelo de economía que debe seguir el país, lo
que hace de este tipo de batallas un componente intrínseco
de estas luchas. Algunas batallas se liberan en los
tribunales, otras tras bambalinas entre los políticos y
otras más en el foro de la opinión
pública. Lo que salga de estas batallas
habrá de determinar la viabilidad del sistema
político actual y la posibilidad de que éste se
transforme para bien.
No cabe
duda de que el proceso de privatización de TELMEX,
adoleció de muchas deficiencias, la más importante
fue la de posponer el inicio de la competencia en el sector
telefónico; lo que le garantizó a TELMEX su
posición monopólica para seguir explotando por
muchos años esa concesión. Otros de los
cuestionamientos es la incorporación del Sindicato de
Telefonistas en su calidad de
accionistas de la empresa. En este contexto el reclamo de
la sociedad en general es si la privatización de TELMEX
tiene solo una carga de discusión de políticas o es
exclusivamente de carácter económico; no solo por que
la empresa es sumamente exitosa en lo financiero sino
fundamentalmente y esto es una posibilidad real que nuestro
país deje en manos de las compañías
telefónicas transnacionales un recurso
-tecnológico- que debe ser garante de nuestra soberanía.
Para
concluir quiero citar textualmente lo que el maestro David Ibarra
ha señalado en su documento Privatización -UNAM-de
1988.[19]
"El
papel del Estado en la vida económica habrá de
cambiar, pero no podrá abolirse". De ahí el
daño y abrir las puertas a tesis
ideológicas que condenan urbi et orbi toda
intervención estatal, simplemente para facilitar la
justificación de las alteraciones en las funciones del
Estado sin el necesario escrutinio público de sus
alcances, implicaciones, y de la distribución consecuente de los costos entre la
población.
Quiérase o no, ensanchar las atribuciones del mercado,
"despolitizar la economía" entraña una
transferencia real de poder en favor del sector empresarial
nacional o extranjero. Las causas que respaldan la
necesidad del cambio pueden
ser legítimas, pero el uso de expedientes ideologizados
denota desconfianza en los procedimientos de la democracia
como vía de concentración y ordenamiento
social.
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Cabrera Mendoza Enrique.-Del Administrador Al
Gerente
Público.-Inap.-1995.
Autor:
Roberto Armando Naif
Coordinador DE la especialización: Dr. Pedro
Zorrilla Martínez
Instituto Nacional de Administración
Publica, A.C.
Especialización en Políticas Públicas
Ciudad de México, D.F. A 10 de Julio de
1996
[1] Villarreal Rene.-La
contra-revolución monetarista.-Edith. Oceano.-1984.-Pag.
29,30.
[2] Ibíd., pp. 187,197.
[3] Rodríguez Arana Jaime.-La
Privatización de la Empresa Pública.-Pág.
78,79.-Edit. Monte Carbo, S.A. Madrid.-1991.
[4] Rogozinsky Jacques.-La
Privatización de las Empresas para Estatales.-Edit.
Fondo de Cultura Económica.-Méx. 1994.-Pag.
11,17
[5] ibid., Pags. 25, 34.
[6] Ibarra David.-Privatización y
otras expresiones de los acomodos de poder entre estado y
mercado en América
Latina.-UNAM.-1990.-Pags. 13, 16.
[7] Uvalle Berrones Ricardo.-Los nuevos
derroteros de la vida estatal.-Pag. 84.-IAPEM.
[8] Zorrilla Martínez Pedro Dr.-
Intervención Villahermosa Tabasco, Julio 1990.
[9] Rogozinsky Jacques, et.al Op.cit. Pag.
41,47.
[10] ibid.-Pag. 43.
[11] Esta comisión es un cuerpo
colegiado integrado por las secretarías de Hacienda y
Crédito Público, de la Contraloría General
de la Federación, de Desarrollo Social, de Comercio y
Fomento Industrial, del Trabajo y Previsión Social, y
por el Banco de México.
[12] Rogozinsky Jacques.-Op.Cit.Pag. 57,
71.
[13] ibid.-Pag. 60,61.
[14] ibid.-Pag. 101-105.
[15] Denuncia de Juicio político a
solo unas horas de que Carlos Salinas quede impunes por
responsabilidad política.
[16] Rodríguez Castañeda
Rafael.-Operación Telmex.-Editorial Grijalbo.-Pag.
85.
[17] Servicios hemerográficos de la
UNAM.-Internet.-1996.
[18] Matús Ma. Fernanda, Periódico Reforma.-17-05-96.
[19] Ibarra david-op.Cit pag. 69
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