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La desincorporación de la empresa pública en México: el caso teléfonos de México, S.A. de C.V. (página 2)




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La privatización de las empresas públicas es un fenómeno que se inicio en la década de los ochenta.  No ha sido exclusivo de países en vías de desarrollo, si no aún en los países industrializados se han visto motivados a cuestionar el papel del Estado dado el agotamiento de sus programas económicos... Cada vez son más las naciones que se han incorporado al grupo de países interesados y preocupados por reducir las dimensiones del aparato estatal.[3]

          Uno de los argumentos más comunes que se ha utilizado en todas las latitudes del mundo, sin excepción de ideologías, para justificar el crecimiento del Estado ha consistido en la necesidad de alcanzar un desarrollo más integral de la economía, para lo cual ha sido indispensable crear las empresas públicas.  Esta concepción condujo eventualmente a dispersar los escasos recursos disponibles y, en muchos casos a subsidiar y mantener entidades improductivas e ineficientes, limitando así la capacidad estatal para dedicarse más amplia y selectivamente a aquellas actividades consideradas como prioritarias que garantizan un desarrollo social y económico más balanceado.[4]

          Según datos del INEGI la actividad del Estado en la economía de México fue tan grande que llegó a estar integrado por 1,155 entidades en 1982, después de que en 1934, contaba con solo 15 paraestatales y para fines de 1962 con 206.

          Puede afirmarse que la participación del Estado en la economía ha sido una constante a lo largo de la historia de nuestro país. No obstante, podemos ubicar a la Constitución de 1917 como el punto de partida de la expansión y la intervención del Estado en la economía.  Es precisamente en la Constitución de 1917 cuando se establecen las bases para la rectoría del Estado reservándose para si mismo diversas áreas económicas y estratégicas y restringiendo la participación del sector privado.

En este orden de ideas podemos distinguir cuatro etapas en el desarrollo del sector paraestatal en México:[5]

PRIMERA ETAPA (1920-1940)

En esta época se consolido el país como nación;  después de la gesta revolucionaria se dio paso de la época de caudillos "a la época de instituciones" creando entre otras instituciones el Consejo Nacional de la Economía y la Secretaría de Economía Nacional, el Banco de México, El Banco de Crédito Agrícola, el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas, Nacional Financiera, Comisión Federal Electricidad, Banco de Comercio Exterior, Ferrocarriles Nacionales de México y Petróleos Mexicanos.

SEGUNDA ETAPA (1945 - 1954)

Según Rogozinski esta etapa se caracteriza principalmente por impulsar el desarrollo industrial que era necesario por las condiciones generadas por la Segunda Guerra Mundial, se establece en México el modelo de   sustitución  de  importaciones;   fue  así  como en  este  periodo  una  gran  parte  de la inversión pública, se destinó al sector de transportes y comunicaciones e infraestructura para satisfacer la demanda del crecimiento industrial.

          Se crean las siguientes Instituciones:  Banco Nacional de Fomento Cooperativo, Hospital Infantil de México, Instituto Mexicano del Seguro Social y Altos Hornos de México, Instituto Nacional de Cardiología,  Guanos y Fertilizantes de México, Diesel Nacional, Constructora Nacional de Carros de Ferrocarriles y otras Empresas Paraestatales.

TERCERA ETAPA (1955 - 1969)

En esta etapa la inversión pública se oriento hacia algunos sectores productivos del área de energéticos y a partir de 1958 el Estado se hizo cargo de la petroquímica básica; este período se distingue por el gran impulso que se dio al sector Agropecuario y al abastecimiento de productos básicos sin embargo en esta etapa el eje dinámico de la economía nacional fue la expansión del sector secundario o industrial.

          Las empresas e instituciones paraestatales que se formaron en esta etapa fueron entre otras la siguientes: Instituto Mexicano del Café, ISSSTE, Conasupo, Comisión Nacional de Fruticultura, Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Financiera Nacional Azucarera y Sistema de Transporte Colectivo, Siderúrgica Lázaro Cárdenas - Las Truchas, etc.

CUARTA ETAPA (1970-1982)

Los años setenta son determinantes en lo que respecta a la expansión del Estado, sobre todo por que se profundiza su crecimiento no planeado, como participa en la producción (el Estado) de un amplio número de bienes y servicios a consecuencia de la creación de empresas y organismos pero principalmente el Estado absorbe un sin número de Compañías del Sector Privado con problemas financiero y de eficiencia.  Esta etapa se caracteriza por rescatar innumerables empresas privadas en quiebra y con el pretexto que su desaparición provocaría desempleo y desajustes en la planta productiva. Cabe mencionar que esta política de rescate no ha sido privativa de México sino también de muchos países desarrollados.

          A mediados de los setenta México contabiliza grandes reservas de petróleo tanto en el subsuelo como en su plataforma marítima.  El precio del petróleo se dispara hasta llegar a cifras récords nunca imaginadas y es así como México con una óptica "miope" orienta su inversión en expandir la plataforma petrolera y desarrollar la industria de bienes de capital.  En esta etapa se crearon entre otras Entidades Paraestatales las siguientes:  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Comisión Exterior, Consejo Nacional de Fomento Educativo, Productos Pesqueros Mexicanos, Infonavit, Comisión Nacional del Cacao, Instituto del Estudio del Trabajo,  Fonacot, Consejo para Promover la Cultura y Recreación de los trabajadores, Instituto Nacional de Ciencias Penales.

          El l0 de Septiembre de 1982, el Lic. López Portillo en su último Informe de Gobierno dio a conocer la decisión de nacionalizar la Banca, con este acto se incorporan al sector público 56 Instituciones Bancarias y un gran número de empresas que dependían del Sector Financiero, conformando un universo de 1155 Paraestatales.

          Como se explica, la expansión de la Empresa Pública[6]  se debió a características particulares o de (coyuntura) en nuestro país, sin embargo, pueden señalarse algunas características que tuvieron la expansión del Sector Paraestatal;  como se ha dicho la creación de empresas públicas se justificaba por necesidades de tipo coyunturales.

          No obstante, la instrumentación de medidas políticas y económicas de corto plazo generaron grandes problemas, entre los que podemos señalar los siguientes: Rezago tecnológico, baja productividad en las empresas, insuficiencia en la asignación de recursos por parte del Estado, duplicidad de funciones, falta de coordinación sectorial, ineficiencia, corrupción y distorsión de las funciones prioritarias del Estado. esto provocó que el país sufriera una crisis "estructural" a partir del año de l982 que se manifestó con severos desequilibrios económicos, endeudamiento externo excesivo, estancamiento en las actividades productivas, inflación y desplome de los ingresos petroleros por la dramática caída del precio del barril de petróleo. Estos problemas determinaron la toma de medidas que algunos nombraron como cambio estructural[7]  de la economía y peyorativamente como la aplicación de políticas neoliberales. El doctor Zorrilla, señala que una de las causas fundamentales de la crisis económica de la década pasada fue principalmente "Por falta de control interno y disposición ilimitada de recursos, México tuvo que endeudarse fuertemente para hacer frente a la demanda social, con paternalismos y sin establecimiento de prioridades; la demanda social, por condición humana, no tiene límite; todos aspiramos a mejorar, a perfeccionarnos, a tener más y más medios para realizar nuestra tarea vital y la de los nuestros; la administración no midió la importancia relativa de cada demanda social, no le otorgó prioridades y como dijo bien Omar Guerrero Orozco, improvisó funcionarios para atenderla; comenzaron a aparecer fallas y defectos internos: clientelismo político, afanes de poder, contratación ilimitada y de más y más administradores, corrupción, feudalismo y prebendalismo.[8]

PROGRAMA DE DESINCORPORACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA EN MéXICO

Según Rogozinsky, establece que los objetivos que se dieron para el inicio del programa de desincorporación de entidades son amplios y variados; y establece como los más importantes:[9]

·       Fortalecer las finanzas públicas.

·       Canalizar adecuadamente los escasos recursos del sector público en las áreas estratégicas y prioritarias.

·       Eliminar gastos y subsidios no justificables, ni desde el punto de vista social ni del económico.

·       Promover la productividad de la economía, transfiriendo parte de esta tarea al sector privado.

·       Mejorar la eficiencia del sector público, disminuyendo el tamaño de su estructura.

El entonces presidente de la República Salinas de Gortari, en reiteradas ocasiones había señalado que "El Estado mexicano posee recursos que no son abundantes.  No podría distribuir un patrimonio escaso entre 1155 entidades paraestatales que participaban en 63 ramas de distintas actividades económicas; Los déficit de esas empresas no estratégicas (el subrayado es mío) hacían imposible que el gobierno siguiera subsidiándolas.  Subsanar esos problemas implicaba transferencia de recursos (fiscales) que el gobierno no poseía; muchas de las paraestatales, solo existían en papel y muchas otras duplicaban funciones "(fondos y fideicomisos).

          Las políticas públicas aplicadas desde 1982-1988 y 1988-1994 para la desincorporación de la empresa pública tenía la característica fundamental de delimitar las funciones del Estado y su tamaño y por consiguiente la intervención de éste en las principales actividades económicas; para entender porque se desincorporaron las empresas hay que entender claramente la concepción del Estado que tenía CSG, al señalar, "La fuerza económica del Estado no radica en su tamaño, ni en los ámbitos del quehacer productivo que posee, sino en la creación de las condiciones de un desarrollo efectivo que dé base permanente al empleo y a la calidad de vida".[10]

          Algunos autores establecen claramente el proceso de desincorporación de entidades paraestatales y no a la de la privatización o venta de empresas, porque este último constituye parte del primero.  Para este estudio el concepto de entidades paraestatales es muy amplio e incluye organismos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y fideicomisos públicos (las empresas de participación estatal minoritaria por ley no se consideran entidades paraestatales). El plan nacional de desarrollo 1989-1994 estableció las diferentes alternativas de desincorporación, si la empresa no cumplía adecuadamente con los objetivos para los que fue creada, no era rentable y no poseía potencial económico, o sólo existía en papel, entonces se liquidaba o extinguía.  Si dos o más paraestatales incrementaban su eficiencia al unirse, se decidía su fusión.  En el caso en que las entidades prioritarias estuvieran vinculadas con los programas de desarrollo regional, se sometían a la alternativa de transferencia.  Finalmente, cuando se trataba de una entidad no estratégica ni prioritaria con viabilidad económica, se resolvía incorporarla al proceso de enajenación o venta para que fuera adquirida por el sector social o privado.

          El gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tuvo la responsabilidad de llevar a cabo la venta de empresas desde que este proceso se inició en el año 1985.  Y específicamente fue responsabilizado al área de la coordinación de asesor del C.  Secretario de Hacienda y Crédito Público, posteriormente y a partir del año de 1990 se creó la Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales, integrada por un coordinador general, un subcoordinador general, por las direcciones generales de Ingeniería Financiera, de Enajenaciones, de Saneamiento Financiero, y de Operación y Control de Empresas, así como por el personal de apoyo.

          Los argumentos que esgrimieron del gobierno federal y las características que establecieron para el proceso de venta de las entidades paraestatales fueron entre otros las siguientes.

Transparencia.

Marco Jurídico.

Marco Normativo.

Licitación Pública.

Rentabilidad.

Reestructuración de empresas.

Revocación de proceso de ventas.

Los anteriores argumentos se utilizaron en múltiples ocasiones y en distintos foros para justificar la desincorporación de las entidades paraestatales, en la transparencia se elaboró un documento compilador de todas las acciones que emprendía la unidad de desincorporación de entidades paraestatales, que se le denominó Libro Blanco (sic), para establecer el marco jurídico se reformaron los artículos 28 y 123 constitucionales y otras leyes y reglamentos concurrentes con el objetivo planteado.  Para establecer el procedimiento y el marco normativo se formó un cuerpo colegiado denominado Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento[11]; A la unidad de desincorporación,  le correspondió la responsabilidad de vender no solo las empresas de participación estatal mayoritaria, sino también de participación estatal minoritaria y activos.      

          A diferencia de otros países como Gran Bretaña que el mecanismo más utilizado para la venta de las empresas paraestatales fue el de la Bolsa de Valores, en México se argumentó que esto no era posible en virtud de que las mayoría de las empresas del sector público no estaban registradas en la bolsa mexicana de valores y menos aun las que habían mostrado resultados favorables en sus estados financieros en los últimos tres ejercicios, tal y como lo señala la Comisión Nacional de Valores.

          Un caso excepcional en ese sentido lo constituyó Teléfonos de México S.A. de C.V. sí bien muchas empresas paraestatales se encontraban en condiciones de eficiencia y productividad, técnicamente rentables y algunas otras eran necesario la aplicación de bastantes recursos para ser las competitivas.  La pasada administración utilizó muy frecuentemente el mecanismo de reestructurar las empresas para poderlas desincorporarlas, privatizarlas o venderlas, para lograr tal objetivo se tuvieron que transferir bastantes recursos y hacerlas técnicamente rentables para los posibles adquirientes o interesados en la compra de las entidades paraestatales.  Como se verá más adelante, el proceso de venta de una empresa tiene diferentes etapas[12], que deben de llevarse a cabo estrictamente.  Sin embargo, esto no garantiza, en algunos casos, que la entidad pueda ser vendida, debido sobre todo a que existen empresas con problemas de endeudamiento equipo obsoleto y poca probabilidad de éxito que no crea interés entre los inversionistas industriales a pesar de las labores de promoción.

 Otra de las razones por la que se establece la revocación del proceso de venta es las condiciones económicas del momento, la sobre oferta a nivel nacional y internacional del producto que esa compañía genera, y el límite máximo establecido que son de tres licitaciones para su venta; si esto no resulta, era necesario solicitar a la Comisión Intersecretarial de gasto financiamiento para que la paraestatal en cuestión se desincorpora por la vía de liquidación.

          El gobierno federal de la pasada administración estableció varias etapas para el proceso de la enajenación, etapa seriada y consecuente para establecer el proceso de desincorporación, pudiéndose resumir en las siguientes etapas:

a)  La dependencia coordinadora propone la desincorporación de la entidad paraestatal, sin importar que su destino sea la venta, la liquidación, la extinción, la fusión o la trasferencia

b)  Supuestamente las empresas o entidades paraestatales a desincorporar no deberían ser estratégicas o prioritarias.

Bajo estas dos premisas las propuestas de desincorporación y de acuerdo al artículo de entidades paraestatales se siguieron algunos criterios, como son los siguientes:[13]

1)    Las entidades no estratégicas o prioritarias deberán ser desincorporadas

2)  De acuerdo con el punto anterior el Estado podrá retirarse de sectores de cierta actividad económica.

3)  El sector público promoverá el desarrollo tecnológico en la industria        mexicana para mantenerse a escala competitiva.

4)   El Estado podrá desincorporar su participación minoritaria en una empresa o, por lo contrario podrán mantener temporalmente cierto porcentaje, con el fin de promover y vigilar el desempeño de sus socios y vigilar que se cumpla con la función primordial de la entidad paraestatal (sic)

5)   Evitar la creación de monopolios.  En la desincorporación de las empresas de algunos sectores es necesario establecer en los dictámenes que dicho procedimiento no deberá favorecer la integración de monopolios (es ilógico, sospechoso e irresponsable que esto no sucedió en el caso de Teléfonos de México).

Una vez cumplido estos criterios la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (CIGF), decidirá si es conveniente la desincorporación y, en su caso seleccionar el procedimiento para qué deje de formar parte del sector público, la entidad paraestatal:

1.- Liquidación.

2.- Extinción.

3.- Fusión.

4.- Transferencia o Venta.

          En caso de que la CIGF decida el destino de una empresa, será la venta, es indispensable contar con el acuerdo del jefe del ejecutivo federal o cuando una entidad es criada por ley, solo el Congreso de Unión podrá decidir su desincorporación.  Una vez que se cuenta con dicha aprobación el C. Secretario de la  SHCP, comunica el acuerdo al Secretario de la Coordinadora Sectorial, y se procederá a designar una Institución de crédito que colaborará en las actividades de enajenación; que fungirá como agente de venta del gobierno federal.

Cumplido estos requisitos se establece la Estrategia de venta para determinar las características, ubicación y estructura de la entidad paraestatal; y el criterio que utilizo el gobierno federal, fue entre otras.

1)  Razón y objeto social.

2)  Ubicación geográfica.

3)  Estructura accionaria

4)  Aspectos tecnológicos, comerciales, financieros y laborales

5)  Características del mercado nacional e internacional.

6)  Restricciones legales y reglamentarias.

7) Objetivos específicos, determinados en función de los lineamientos de   política económica.

8)  Efectos de la desincorporación sobre su rama de actividad.

9)  Perspectivas económicas.

Integración del "Libro Blanco"

De acuerdo al criterio que siguieron los funcionarios para la elaboración e implementación de la desincorporación de las entidades paraestatales y en el supuesto de darle transparencia a todas y cada una de las acciones, que implicaba el proceso de desincorporación, por tal motivo se le denominó "Libro Blanco" y ha constituido un sustento documental, elaborado por el banco agente, bajo la supervisión de la unidad de desincorporación, sobre proceso de venta de una empresa un activo o una unidad industrial.[14] El contenido básico del Libro Blanco consta de lo siguiente:

1)  Síntesis ejecutiva del proceso.  Es un resumen cronológico del proceso.

2)  Recomendación de la dependencia coordinadora. Se incluye oficio.

3) Dictamen de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento. Se integra dictamen.

4)  Acuerdo de venta del ejecutivo. Se incorpora oficio.

5)  Asignación del banco agente.  Se incluye oficio.

6)  Contrato de comisión mercantil...

7)  Perfil informativo.

8)  Prospecto descriptivo...

9)  Estrategia de venta...

10) Valuación técnica-financiera...

11) Derechos a terceros.

12) Ofertas y recomendación del banco agente.

13) Autorización y resolución de venta.

14) Documentos legales.

15) Compraventa formal.

16) Documentación financiera de la venta.

17) Adecuaciones de venta.

18) Desincorporación.

19) Anexos

La Coordinación General de la Unidad de Desincorporación envía un ejemplar del "Libro Blanco" a la coordinadora sectorial y a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación para que se lleven a cabo el seguimiento y el control de los procesos de desincorporación, de acuerdo con sus atribuciones.  Asimismo, se entrega uno de estos documentos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la H. Cámara de Diputados, con el objeto de que este órgano técnico de fiscalización realice las evaluaciones correspondientes a las empresas vendidas.  La Unidad de Desincorporación conserva un ejemplar adicional en sus archivos.

EL CASO DE TELÉFONOS DE MéXICO, S.A. DE C.V.

Después de haber analizado el marco teórico legal, económico, de la implementación del proceso de desincorporación de las entidades paraestatales, es necesario aplicar un criterio racional y objetivo para ver un caso específico.  El caso de Teléfonos de México, S.A. de C.V. más  allá de este ensayo, pues su venta y las consecuencias económicas políticas y tecnológicas que de ella (la venta)  han derivado no alcanzan esta modesta investigación, sin embargo dejaremos para el final de las conclusiones los comentarios de destacados, investigadores, ideólogos, políticos, juristas y economistas que han dado su opinión respecto a éste caso específico que conlleva una reflexión seria acerca de sí los mexicanos fuimos consultados, e informados veraz y oportunamente sobre la venta de Teléfonos de México, S.A. de C.V. (TELMEX).  Es importante referirnos al documento oficial el "Libro Blanco" documento que tuve la oportunidad de conocer a través de la H. Cámara de Diputados y del libro cuasi oficial de Jacques Rogozinsky, así como bastante información que existe para nuestra sorpresa en Internet y en Servidores extranjeros. 

"En 1990 se realiza la venta de Teléfonos de México, S. A. de C. V., y subsidiarias:[15]

01)  Alquiladora de Casas, S.A. de C. V.

02)  Anuncios en Directorios, S. A. de C. V.

03)  Canalizaciones Mexicanas, S. A. de C. V.

04)  Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, S.A. de C.V.

05)  Construcciones Telefónicas Mexicanas, S.A. de C.V.

06)  Construcciones y Canalizaciones, S.A. de C.V.

07)  Editorial Argos, S.A. de C.V.

08)  Fincas Coahuila, S.A. de C.V.

09)  Fuerza y Clima, S.A. de C.V.

10)  Imprenta Nuevo Mundo, S.A. de C.V.

11)  Impulsora Mexicana de Telecomunicaciones, S.A. de C.V.

12)  Industrial Afiliada, S.A. de C.V.

13)  Inmobiliaria Aztlán, S.A. de C.V.

14)  Operadora Mercantil, S.A. de C.V.

15)  Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V.

16)  Renta de Equipo, S.A. de C.V.

17)  Sercotel, S.A. de C.V.

18)  Servicios y Supervisión, S.A. de C.V.

19)  Teleconstructora, S.A. de C.V.

20)  Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V.

          * Los procesos de estas entidades, fueron autorizados originalmente como fusión.

A)  Formalización de la propuesta de desincorporación.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con oficio número 5.- 1986 del 30 de marzo de 1989, propuso la venta de la participación accionaria del Gobierno Federal en el capital Social de Teléfonos de México, S.A. de C.V. (TELMEX).  El 21 de septiembre del mismo año el Presidente de la República anunció la decisión del Gobierno Federal de enajenar su participación accionaria en la empresa con el "fin" de lograr un sector de telecomunicaciones más competitivo y eficiente "conservando" la rectoría del Estado; se emitieron, además, los lineamientos a los que debería ajustarse esta venta.

Con base en el acuerdo número XXXVIII del gabinete económico del 15 de agosto de 1989, la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento mediante el acta del 23 de octubre de 1989, dictaminó favorablemente la enajenación de los títulos representativos de TELMEX en poder del Gobierno Federal y de las entidades paraestatales;  y mediante el acuerdo número 90-III-E-7 del 12 de febrero de 1990 dictaminó que la desincorporación de TELMEX implicaba la de sus 18 filiales más 2 en proceso de fusión.

Con fecha 15 de octubre de 1990, mediante oficio número 1.0.00784, la Secretaría de Programación y Presupuesto ordenó la resectorización en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  El 27 de octubre, el titular de esta última fue designado Presidente del Consejo de Administración.  El 30 de Enero de 1990 mediante oficio No. 1.0.00.71 la SPP solicitó al Secretario de Hacienda, mediante oficio 1.0.00.72 la designación de la Sociedad Nacional de Crédito, por medio de la cual se efectuaría la venta al de la participación estatal en el capital social de la empresa.  El 26 de marzo de 1990 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio número JRS/0124/90 designó al Banco Internacional, S. N. C., como responsable de la propagación, evaluación y venta de la participación accionaria del Gobierno Federal en el capital de la empresa y sus entidades filiales.

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de TELMEX del 15 de junio de 1990 acordó entre otros puntos: a) modificar el régimen de las acciones que integran el capital social de la empresa.  El 26 de marzo de 1990 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio número JRS/0124/90 designó al Banco Internacional, S. N. C., como responsable de la propagación, evaluación y venta de la participación accionaria del  Gobierno Federal en el capital de la empresa y sus entidades filiales.

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de TELMEX del 15 de junio de 1990 acordó entre otros puntos: a)modificar el régimen de las acciones que integran la serie "AA" que deberá representar el 51% de las acciones comunes con derecho a voto y que solo podrán ser suscritas o adquiridas por inversionistas mexicanos; b) aumentar el capital social y decretar un dividendo en acciones de la serie "L" que se distribuirán a razón de 1.5 acciones "L" por cada acción común de las series "AA" y "A" en que se divida el capital social, mediante la capitalización de utilidades obtenidas en ejercicios anteriores; c) aumentar el número de miembros que integran el Consejo de Administración a 19 miembros titulares; d) modificar los estatutos de la sociedad para que los mismos reflejen la nueva estructura del capital social y la nueva integración del Consejo de Administración; y e) facultar al Consejo de Administración para que integre un plan de participación de los trabajadores en el capital social de la entidad.

Después del aumento del capital y de acuerdo a la nueva estructura del capital, el 20.4% del capital social tendrá mayoría dentro del Consejo de Administración y controlar el voto de la empresa, suscripción solo para mexicanos; el 19.6% en acciones "A" con voto completo sin restricciones de propiedad y el 60% en acciones "L" con voto limitado.

B)  DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO. (artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en vigor a partir del 27 de enero de 1990).- El 18 de junio de 1990, mediante oficio número DA-90-003 la Secretaría de la "Contraloría" General de la Federación designó al Despacho Roberto Casas Alatriste, para realizar la auditoría de venta de los estados financieros al 30 de junio de 1990, los cuales fueron considerados por el agente financiero para la elaboración de la evaluación técnico-financiera de la entidad.

C)  PROSPECTO DE VENTA.- El prospecto de venta fue terminado por el banco agente en agosto de 1990 y entregado a los grupos de inversionistas calificados, entre el 13 de agosto y el 21 de septiembre de 1990. 

D)  LICITACIÓN PUBLICA.- En junio de 1990, el Banco Internacional, S. N. C., y su "asesor financiero", Goldman Sachs & Co., concluyeron la Evaluación Técnico-Financiera de la entidad.

          La Comisión Nacional de Valores otorgó, el 10 de agosto de 1990, autorización número 5860 para realizar la subasta de las acciones "AA" sin el cupón correspondiente al dividendo en acciones "L" de voto limitado.

El 13 de agosto de 1990 en los periódicos Excélsior, La Prensa, El Nacional, El Economista, Novedades, El Día, El Universal, La Jornada, Uno Más Uno, La Afición, El Sol de México, El Heraldo de México, Ovaciones Segunda Edición; así como en El Norte, El Porvenir y el Diario de Monterrey, y Ocho Columnas y Occidental de Guadalajara, se publicó la convocatoria y bases de licitación de las acciones "AA" propiedad del Gobierno Federal, representativas del 20.4% del capital social y la opción del 5.1% de las acciones serie "L".  El 16 de agosto de 1990, en Novedades, El Día, El Universal, Excélsior, La Jornada, El Heraldo de México y El Nacional se publicó la invitación a los accionistas o manifestar su interés en participar en el proceso de desincorporación de la entidad.  Entre el 20 de agosto y 31 de octubre de 1990 el Banco Internacional, S. N. C., "coordinó" visitas a la empresa así como entrevistas a los funcionarios de TELMEX y del sector comunicaciones.

El 15 de noviembre de 1990, ante los Notarios Públicos números 1, 74, 87,89 y 181 del Distrito Federal, se recibieron las propuestas de compra siguientes:

1) Grupo lidereado por Acciones y Valores de México, S.A. de C.V., representado por Roberto Hernández Ramírez; Conjuntamente, con Controladora Mextel, S.A. de C.V.; Accitel de México, S.A. de C.V., Telefónica de México, S.A. de C.V., GTE Mexican Telephone Incorporated, quienes ofrecieron pagar la cantidad de 0.780 centavos de dólar USA por acciones "AA", con importe de 1,687.2 millones de dólares USA, por las 2,163"040,972 acciones más la opción de compra del 5.1% de las acciones "L".

2) Grupo lidereado por Grupo Carso, S.A. de C.V., representado por Carlos Slim Helú, Jaime Chico Pardo, Juan Antonio Pérez Simón, Alejandro Escoto Cano y Sergio F. Medina Noriega; conjuntamente con Seguros de México, S.A., un grupo de inversionistas mexicanos, Soutwestern Bell International Holdings Co., y France Cable et Radio, "quienes ofrecieron" 0.80165 centavos de dólar USA  por acción, por un total de 2,163"040,972 acciones "AA" sin el cupón correspondiente al dividendo en acciones "L" de TELMEX, junto con la opción de compra de acciones de serie "L", la cual representa un 5.1% del capital accionario de TELMEX, según convenio sobre la opción a acordarse entre el Gobierno y el Consorcio.  El precio ofrecido fue de 1,734.0 millones de dólares USA por las acciones y para incrementar el valor de la oferta se ofreció 23.6 millones de dólares USA en dividendos.

3)  Grupo lidereado por Gentor, S.A. de C.V., representado por Roberto Acosta Campillo y Salvador Benítez Lozano, quienes ofrecieron comprar únicamente el 10.4% del capital social; 1,103"151,000 acciones de las 2,163"040,972 acciones "AA" en subasta, a un precio de 0.634546 centavos de dólar USA por acción e importe de 700 millones de dólares USA, más la opción de compra del 5.1% de acciones la serie "L".

(Cabe mencionar, que las bases de la desincorporación establecían como mínimo 2 posturas.  Roberto Hernández, ex-colaborador y ex-socio de Carlos Slim Helú en su Casa de Bolsa, sólo ofreció 2 centavos de dólar menos que la postura de este último; a quien con posterioridad, el Gobierno Federal le Adjudicó el banco más grande de Latinoamérica: Banco Nacional de México "Banamex", sobre el Grupo Gentor, S. A. de C. V., a la fecha grupo desconocido).

E)  FORMALIZACIÓN DE LA ENAJENACIÓN. El 6 de diciembre de 1990 la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiero emitió el acuerdo número 90-XXIII-E-2 relativo a TELMEX, mediante el cual el Director General de esta empresa debería formalizar las negociaciones con el sindicato para precisar su participación accionaria, antes del anuncio de la venta.

La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento en la sesión celebrada el 6 de diciembre de 1990 a través del acuerdo número 90-XXIII-E-1 acordó vender TELMEX al Grupo Carso, S.A. de C.V., Seguros de México, S.A. de C.V., y un grupo de inversionistas mexicanos, y a las empresas Southwestern Bell International Holdings, Co. y France Cable et Radio, por haber presentado las "mejores condiciones" para el Estado y haber "cumplido" con las disposiciones establecidas para adquirir el total de las acciones "AA".

El 9 de diciembre de 1990 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió la resolución número RVP-179-A que aprobó la venta de las acciones "AA" propiedad del Gobierno Federal en favor de la oferta presentada por el Grupo Carso, S.A. de C.V., Seguros de México, S.A., un grupo de inversionistas mexicanos, y a las empresas Southwestern Bell International Holdings, Co., u France Cable et Radio, en 1,757.6 millones de dólares.  Esta misma fecha la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el oficio número JRS/0457-A/90 por medio del cual se autorizó al Banco Internacional, S. N. C., proceder a efectuar la venta de la participación accionaria del Gobierno Federal motivo e la licitación en la empresa Teléfonos de México, S.A. de C.V.

En esa misma fecha y con base en el artículo 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y trabajadores a través de un crédito otorgado por Nacional Financiera, S. N. C., adquirieron el 4.4. % del capital social de la empresa, 186"615,300 acciones serie "A" con un crédito por 325 millones de dólares, equivalentes a $955,167.5 millones.  Las acciones se quedarían en garantía de pago del crédito, según autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en oficio número JRS/0457-B/90 y Resolución de Venta números RVP-179-B, ambos del 9 de diciembre de 1990.

F) CONCLUSIÓN DEL PROCESO.- (Primera Etapa). El 13 de diciembre de 1990 se firmó el Contrato de Compraventa con el Grupo Carso, S.A. de C.V., Bernando Quintana Y., y Rómulo O"Farril N., y 33 inversionistas mexicanos, Southwestern Bell International Holding Co., y France Cable et Radio, ganadores de la licitación.  El 20 de diciembre de 1990, ante la presencia de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de la Contraloría General de la Federación y el Secretario General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y representantes del grupo ganador, se firmó un contrato de fideicomiso sobre la totalidad de las acciones "AA", motivo de la compraventa, con vigencia de 10 años, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los compradores.

          Las acciones adquiridas por los inversionistas nacionales, equivalen al 10.4% del capital social de la entidad, mientras que los dos inversionistas extranjeros compraron cada uno el 5.0% con lo cual el total de acciones adquiridas ascendió al 20.4% del capital social de la entidad.

          El monto de la operación ascendió a 1,757.6 millones de dólares USA, correspondiendo 1,734.0 millones de dólares USA a las acciones y 23.6 millones de dólares USA de dividendos.  La equivalencia total en moneda nacional ascendió a $5"171,216.0 millones.

          La licitación contemplaba el pago de contado y la alternativa de pagar a 6 meses devengando intereses a la tasa de mercado.  Los inversionistas extranjeros pagaron de contado y el grupo mexicano, el término del plazo pactado.

          (Narración de hechos muy claros: Con el 10.4% (sic) el grupo mexicano tiene el control (sic) del Consejo de Administración de TELMEX, el otro 10% los grupos extranjeros.  Los extranjeros (sic) pagan al contado 850 millones de dólares americanos aproximadamente, restándole al grupo mexicano el saldo de 900 millones de dólares americanos aproximadamente, presumiéndose que fue divididos en un paquete adquirido por el Grupo Carso de aproximadamente 500 millones de dólares americanos, y 400 millones de dólares americanos aproximadamente entre 16 inversionistas bajo un paquete de 25 millones de dólares americanos cada uno.  De los 500 millones de dólares al Grupo Carso, se presume que se le otorgó indebidamente un crédito (sic)a seis meses, lapso en el cual, sin haber cubierto el pago total de las acciones adquiridas (sic), se les entregó la Presidencia del Consejo de Administración de TELMEX, para que, con las utilidades de la propia empresa durante esos seis meses de crédito (sic), con las utilidades de las colocaciones accionarias (sic) de la Serie "L" y con las correspondientes utilidades bursátiles (sic) del incremento en el valor de las acciones por la desincorporación y privatización de TELMEX, se obtuvo con exceso -en abuso y detrimento del Gobierno Federal- la cantidad adeudada a plazo al Gobierno Federal, finalizando que TELMEX es una empresa que reporta utilidades dictaminadas anuales de más de (TRES MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS...)

          Con la operación anterior, TELMEX dejó de ser Entidad de Participación estatal Mayoritaria.

          Entre septiembre y octubre de 1991, Southwestern Bell International Holdings Co., adquirió el 5.0% France Cable et Radio el 0.033% y dos inversionistas mexicanos el 0.067% de las acciones "L" por un monto de 476.6 millones de dólares USA equivalente a $1"454,078.7 millones.

          (Segunda Etapa) la colocación, a nivel internacional, de la oferta pública secundaria del 16.45% de las acciones "L" de TELMEX fue preparada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco Internacional-ISEFI y Goldman Sachs & Co., consistió básicamente en lo siguiente:

·         incrementar la liquidez de la acción a través de esta oferta pública,

·         contratar a Goldman Sachs & Co., Como coordinador general y co-líder en las sindicaciones internacionales; 

·         C) seleccionar bancos de inversión y casas de bolsa que colocarían las acciones de TELMEX en el mercado; 

·         seleccionar colocadores por concurso; 

·         definir bancos y casas de bolsa para la colocación en el resto del mundo; y,

·         en México programa patrocinado por TELMEX, de American Depositary Receipts Shares (ADS).

          El 9 de abril de 1991 se presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC), de los Estados Unidos, la solicitud de registro de la oferta pública de acciones "L".  En esas fechas la cotización de las acciones "A" era de 2.69 dólares cada una. El 19 de abril de 1991, el Banco Internacional, S. N. C., informó a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento que las acciones "L" estaban cotizadas en 3.12 dólares por acción.

          Entre el 26 de abril y el 10 de mayo se realizaron presentaciones en español, ingles japonés ante inversionistas en 25 ciudades de México, Japón, Europa, Estados Unidos y Canadá.  La colocación de las acciones "L" en el mercado se efectuó tomando como referencia los valores fundamentales de TELMEX, sus perspectivas a futuro y su cotización en los días previos a la colocación.

          El 13 de mayo de 1991 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones para la oferta pública internacional.  El 14 de mayo de 1991 simultáneamente en México, Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón se llevó al cabo la oferta pública nacional e internacional de acciones "L" propiedad del Gobierno Federal.  Se colocó el 15.7% del capital social de la empresa resultante de la venta de 1,665 millones de acciones "L" de las cuales 1,377 millones se colocaron en los mercados de más de 20 países y 288 millones de acciones en el mercado nacional, de estas últimas 150 millones de acciones fueron adquiridas por TELMEX para el fondo de jubilaciones de sus empleados administrativos.  El 20 de mayo de ese mismo año se recibió un importe neto de comisiones por 2,166.7 millones de dólares USA.  El 6 de junio de 1991 fueron adquiridas 80 millones de acciones "L" por los colocadores internacionales, en ejercicio de una parte de la opción de sobre demanda "Green Shoe" puesta a su disposición por el Gobierno Federal, el importe de esta última venta fue de 104.1 millones de dólares USA  adicionales.  El monto total por la colocación de 1,745 millones de acciones "L" ascendió a 2,270.8 millones de dólares USA, equivalentes a $6"818,006.0 millones.

          Con estas operaciones la entidad dejó de ser de participación estatal mayoritaria al conservar el Gobierno Federal únicamente el 9.52% del capital social.

          (Tercera etapa) Con base en los buenos resultados de la empresa, el desempeño financiero de la acción y el deseo de reafirmar la presencia de México en los mercados internacionales de capital, en los primeros meses de 1992 el Gobierno Federal decidió realizar una segunda oferta de acciones "L" de TELMEX por conducto del Banco Internacional-ISEFI y Goldman Sachs & Co.

          La Estrategia tenía como objetivo pulverizar la oferta para evitar la sobre competencia por un mismo mercado y lograr mayor liquidez.  El 27 de abril y el 8 de mayo se realizaron presentaciones ante inversionistas de México, Japón, Europa, Estados Unidos y Canadá dado que eran indispensables para promover la venta de acciones de TELMEX; se distribuyeron más de 60,000 prospectos preliminares de TELMEX en español, ingles y francés en más de 20 países.

          Para la determinación del precio de oferta de la acción se llevó al cabo un análisis de las perspectivas de la empresa, del mercado de las telecomunicaciones a nivel internacional y condiciones de los diferentes mercados de capital.

          El 11 de mayo de 1992 se fijó el precio para la oferta de 56.125 dólares por ADS (mismo que incluye 20 acciones "L") en los mercados internacionales.

          El 12 de mayo de 1992 se llevó al cabo una segunda oferta pública nacional e internacional de acciones "L".  El volumen colocado fue de 500 millones de acciones correspondientes al 4.7% del capital social.  El 18 de mayo de ese mismo año se recibió un importe de 1,360.4 millones de dólares USA equivalentes a $4"212,735.3 millones.

          El 17 de diciembre de 1992, mediante oficio número JRS/232/92/ la Unidad de Desincorporación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó al Subsecretario de Programación y Presupuesto de la misma Secretaría, la cancelación de la clave programático-presupuestal asignada a TELMEX y a sus subsidiarias del Registro de la Administración Pública Paraestatal.

          (Cuarta Etapa) Del 29 de octubre al 14 de diciembre de 1993, se realizó una oferta pública de acciones "L" en mercado abierto por un total de 329 millones de acciones correspondientes al 3.1% del capital social.  La operación anterior ascendió a 902.8 millones de dólares USA equivalentes a $2"912,933.6 miles.

          Al 31 de diciembre de 1993, el Gobierno Federal era propietario de 20"420,175 acciones serie "A" y 160"431,473 acciones serie "L" que representan el 1.7% del capital social de Teléfonos de México, S.A. de C.V.

Resumen de la venta accionaria de Telmex

G) OPINIÓN DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS.- Los comisarios públicos designados por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, emitieron su opinión respecto a la forma en que se llevó al cabo el proceso de desincorporación, el 20 de diciembre de 1992.

          Ahora bien, considerando que TELMEX realiza funciones catalogadas como áreas prioritarias, porque se encuentra directamente vinculadas a satisfacción de los intereses nacionales y necesidades populares, tal como se corrobora en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, aunado al Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de mayo de 1989, y finalmente mencionado el apartado 5.3.9 del Capítulo 5 del Plan Nacional de Desarrollo, donde se establece categóricamente que las entidades que no reúnan las características de estratégicas, prioritarias, o de ambas, serán desincorporadas bajo los siguientes criterios...

* Se liquidarán o extinguirán entidades que ya cumplieron con sus objetivos, que carecen de viabilidad económica, o cuyas actividades conviene realizar, por razones de mayor eficiencia, en otras entidades para estatales o dependencias de Gobierno;

*    Se fusionarán entidades para mejorar el uso de los recursos con la integración o complementación de procesos productivos, de comercialización y de gestión administrativa;

* Se transferirán a gobiernos de los estados empresas prioritarias de importancia regional o local vinculadas con sus programas de desarrollo; y

* Se venderán empresas que no son prioritarias ni estratégicas y que, por sus condiciones de viabilidad económica, son susceptibles de ser adquiridas por los sectores social y privado.

          De la simple lectura, el cuestionamiento se impone: "¿Dónde encontraron la fundamentación y motivación para desincorporar TELMEX?

          Así narrado, era lógico y de esperarse que SÓLO se presentaran tres ofertas y todas ellas muy por abajo del valor real que las acciones tenían, ello se debió, entre otras cosas a lo siguiente:

a).- El plazo, con toda mal fe, fue muy breve, si se toma en consideración la magnitud y el valor de las acciones a ser enajenadas, fue de sólo 3 meses aproximadamente, para la que la empresa más rentable del mundo.

b).- Que las mismas SÓLO podían ser adquiridas por mexicanos; y

c).- Que la convocatoria -únicamente- se hizo en periódicos de circulación nacional.

Por no ser idóneas las licitaciones presentadas en los términos del artículo 134, párrafo tercero, constitucional, lo debido hubiera sido suspender la venta del paquete accionario, precisamente para evitar una afectación multimillonaria al patrimonio público y a sus finanzas, y actuar en los términos de Ley; pero, en contra de lo dispuesto expresamente por el indicado precepto, se procedió a la venta con todas las desventajas económicas para la Nación.

          Es de hacerse notar que los autores del informe de Desincorporación de Entidades Paraestatales, con toda mala fe y con vista a eludir la responsabilidad en que incurrieron quien realizó la venta de las empresas propiedad del Estado, en la página 27, cuando transcriben el artículo 134, omiten incorporar los últimos párrafos del precepto, que son precisamente los que fincan la responsabilidad que ahora, por medio de la presente acusación se exige, y que a la letra disponen:

"Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado."

"El manejo de los recursos económicos federales se sujetará alas bases de este artículo."

"Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del título cuarto de esta Constitución."

          En ese contexto, en contra de todo lo que era de esperarse, la Comisión Intersecretarial de Gastos Financiamiento, en la sesión celebrada el 6 de diciembre de 1990, a través del acuerdo número 90-XXIII-E-1, "... acordó vender TELMEX al Grupo Carso, S.A. de C.V., Seguros México, S.A., y un grupo de inversionistas mexicanos, y a la empresa Sothwestern Bell International Holdings, Co. Y France Cable et Radio, por haber presentado las mejores condiciones para el Estado y haber cumplido con las disposiciones establecidas para adquirir el total de las acciones "AA".

          Es necesario tomar en cuenta, que, como se ha afirmado anteriormente, por virtud del acuerdo tomado por la asamblea de accionistas de Teléfonos de México, S.A. de C.V., con fecha 15 de junio de 1990, las acciones "AA", sólo pueden ser suscritas o adquiridas por inversionistas mexicanos.

          Tres días después, el 9 de diciembre de 1990, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió la resolución número RVP-179-A, por virtud de la cual se aprobó la venta de las acciones "AA", propiedad del Estado Mexicano, en favor del Grupo Carso, S.A., de C.V., Seguros México, S.A., un grupo de inversionistas mexicanos y las empresas extranjeras Southwestern Bel International Holdings Corporation y France Cable et Radio, en 1,757.6 millones de dólares.

          Hoy día, el contrato definitivo de fideicomiso de la compraventa accionaria de TELMEX, no aparece, ignorando su paradero.

          En el mismo informe oficial denominado  Desincorporación de entidades paraestatales, se asienta que a escasos tres meses de la venta de las acciones "AA", las acciones "A" estaban cotizadas en 2.69 DÓLARES CADA UNA, es decir, que entre el precio de ellas y el pactado y por el que fueron vendidas por la administración del entonces Presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, las acciones "AA", cuya posición da a sus tenedores el control de la empresa perteneciente a Teléfonos de México, S.A. de C.V., existe una diferencia de casi 1.90 DÓLARES POR CADA ACCIÓN.

          En pocas palabras la administración del señor Salinas de Gortari, por mala fe, negligencia o por una maniobra fraudulenta, hizo que el erario perdiera, en el mejor de los casos 1.90 DÓLARES POR ACCIÓN; y si se toma en cuenta que se trató de la venta de 2,163"040,972 acciones "AA", se puede afirmar, sin lugar a dudas, que la perdida que sufrió la Nación fue la precitada.

          En el mismo informe de Desincorporación de entidades paraestatales se asienta:  "El 19 de abril de 1991, el Banco Internacional, SNC informó a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento que las acciones "L" estaban cotizadas en 3.12 dólares por acción," Por lo que sí se compara el precio de venta de las acciones "AA" y el asignado a estas acciones se ve que existe una diferencia de más de 2.30 dólares por acción, lo que significa, en principio un daño a la Nación por la cantidad arriba citada.

          Con los argumentos anteriormente expuestos un grupo de mexicanos de distintas corrientes ideológicas, condición económicas y afiliación partidista, se preguntan si la desincorporación y venta de TELMEX tuvo un origen de reducir del tamaño del Estado o bien darle la oportunidad a un grupo reducido de "inversionistas" para que controlaran una rama de uno de los sectores estratégicos más importantes como es el de las Telecomunicaciones. El entonces presidente Carlos Salinas había manifestado, el 18 de septiembre de 1989 lo siguiente:[16]

·       Garantizar para el Estado la rectoría de las telecomunicaciones.

·       Mejorar radicalmente el servicio telefónico.

·       Garantizar los derechos de los trabajadores.

·       Expandir el sistema telefónico.

·       Realizar investigación científica y tecnológica.

·       Conservarla bajo el control mayoritario de mexicanos.

CONCLUSIONES

Como vemos estos argumentos se fueron diluyendo para esgrimir otros más contundentes, que buscara el propósito de la venta de la paraestatal multimencionada.  Escapa de éste análisis los atropellos jurídicos y económicos que se dieron en este proceso de desincorporación, pero si es importante que a seis años de la desincorporación de TELMEX se haga una revisión a fondo del proceso de privatización y sus consecuencias en el corto y largo plazo para el país.  Algunos investigadores como los destacados periodistas Luis Rubio. Fernanda Matus y Ana Luz Ruelas, de ésta última de la Universidad de Sinaloa han hecho sus aportaciones sobre la situación actual que guarda TELMEX a seis años de su venta.[17]

          "La reprivatización de TELMEX creó una gran expectativa entre los usuarios del país de poder tener, al fin, después de años de espera, acceso a líneas telefónicas y aún servicio eficiente.  Se pensó que por el hecho de tener una empresa privada como proveedora del servicio este mejoraria inmediatamente", señala la investigadora mexicana Ana Luz Ruelas.

          En un extenso y minucioso estudio que en breve será publicado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM y la Universidad de Austin, Texas, la especialista sentencia que aquellas expectativas no fue del todo ciertas, a pesar de que TELMEX instaló más líneas e invirtió fuertes cantidades para mejorar la infraestructura.

          En su visión, el problema es de raíz: las razones -no oficiales- que decidieron la venta de TELMEX, fueron muy diferentes a la que salieron a la luz pública.

          La primera fue infundir confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros.  La privatización de TELMEX fue una señal inequívoca de nueva estrategia de apertura y desregulación que caracterizó el programa de desarrollo económico del presidente Carlos Salinas de Gortari, señala.

          ¿Otras razones? México fue presionado por los organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y comercio -hoy Organización Mundial de Comercio (OMG), y el Banco Mundial, que ejercieron la misma presión en otros Países latinoamericanos.

          La experta asegura que el proceso de apertura en el sector de las telecomunicaciones en México puede apreciarse como un asunto del exclusivo interés de grupos empresariales.

          Para Ruelas, la de TELMEX implicó prácticamente la venta completa de las telecomunicaciones del país a un grupo privado, además de que el paquete no sólo incluyó los servicios básicos de telefonía local, nacional e internacional, sino una serie de servicios anexos y otras actividades del sector, entre ellas la red federal de microondas, un bien de la nación.

          La investigación echa abajo las justificaciones y oficiales de que TELMEX era ineficiente y la única solución era privatizarla.

          TELMEX siempre fue rentable.  Sus utilidades netas se han incrementado constantemente.  En 1984 tuvo una utilidad neta de cinco por ciento, en 1985 fue de 12.7 por ciento, en 1986 alcanzó 14.4 por ciento, y en 1988 se disparó hasta 42 por ciento y en 1989, cuando curiosamente se anunció su venta, bajó a 21 por ciento pero con una rentabilidad de 11 por ciento.

          "En ese contexto de ascendente éxito financiero y rentabilidad ¿qué tan recomendable resultaba para el Gobierno mexicano, deshacerse de TELMEX? Obviamente el entorno internacional y acorde a la política de liberalización económica que había emprendido, privatizar TELMEX mostraría con gran contundencia hacia el exterior la firmeza gubernamental de abatir éste y otros sectores de la economía a los capitales extranjeros".

          En su investigación titulada "México y Estados Unidos en la Revolución Mundial de las Telecomunicaciones", la investigadora de la UNAM apunta que en 1995, la insolvencia económica del Estado mexicano fue otra vez el argumento principal para desregular y privatiza el único subsector redituable considerado constitucionalmente como prioritario estratégico.[18]

          El destacado economista el Dr. Luis Rubio, en múltiples foros tanto académicos como periodísticos ha señalado que en éste hecho (la venta de TELMEX) no solo se discute la transparencia o no del proceso de desincorporación sino que se discute con gran profundidad el modelo económico y sus posibles consecuencias en el corto plazo.  Con relación a la demanda de juicio político que el día 30 de noviembre de 1995 presentó la fracción parlamentaria del PRD (Diputados y Senadores) en el H. Cámara de Diputados, el destacado economista Luis Rubio señala lo siguiente:

                                      "Con la demanda penal por daño patrimonial en contra de Carlos Salinas, la privatización de la empresa Teléfonos de México, amenaza en convertirse en "casus belli" sobre el sexenio pasado y, particularmente, sobre las políticas de apertura, desregulación y privatización en general".

"La demanda argumenta temas jurídicos, pero en realidad se trata de un planteamiento ideológico a través del descrédito de la apertura y de la privatización, además de la persona del expresidente.  Por supuesto, no hay nada malo en eso, pues se trata de un recurso legítimo para cualquier ciudadano y los partidos tienen todo el derecho - y la obligación - de explotar las flaquezas de sus contrincantes en el poder para hacer transparente la política. Por ello, no hay nada malo en la denuncia, pero hay que llamar al pan, pan y al vino, vino."

          Nos encontramos en el ojo de una profunda disputa por el poder y por el modelo de economía que debe seguir el país, lo que hace de este tipo de batallas un componente intrínseco de estas luchas.  Algunas batallas se liberan en los tribunales, otras tras bambalinas entre los políticos y otras más en el foro de la opinión pública.  Lo que salga de estas batallas habrá de determinar la viabilidad del sistema político actual y la posibilidad de que éste se transforme para bien.

          No cabe duda de que el proceso de privatización de TELMEX, adoleció de muchas deficiencias, la más importante fue la de posponer el inicio de la competencia en el sector telefónico; lo que le garantizó a TELMEX su posición monopólica para seguir explotando por muchos años esa concesión.  Otros de los cuestionamientos es la incorporación del Sindicato de Telefonistas en su calidad de accionistas de la empresa.  En este contexto el reclamo de la sociedad en general es si la privatización de TELMEX tiene solo una carga de discusión de políticas o es exclusivamente de carácter económico; no solo por que la empresa es sumamente exitosa en lo financiero sino fundamentalmente y esto es una posibilidad real que nuestro país deje en manos de las compañías telefónicas transnacionales un recurso -tecnológico- que debe ser garante de nuestra soberanía.

          Para concluir quiero citar textualmente lo que el maestro David Ibarra ha señalado en su documento Privatización -UNAM-de 1988.[19]

          "El papel del Estado en la vida económica habrá de cambiar, pero no podrá abolirse".  De ahí el daño y abrir las puertas a tesis ideológicas que condenan urbi et orbi toda intervención estatal, simplemente para facilitar la justificación de las alteraciones en las funciones del Estado sin el necesario escrutinio público de sus alcances, implicaciones, y de la distribución consecuente de los costos entre la población.

          Quiérase o no, ensanchar las atribuciones del mercado, "despolitizar la economía" entraña una transferencia real de poder en favor del sector empresarial nacional o extranjero.  Las causas que respaldan la necesidad del cambio pueden ser legítimas, pero el uso de expedientes ideologizados denota desconfianza en los procedimientos de la democracia como vía de concentración y ordenamiento social.

BIBLIOGRAFÍA

Rodríguez Castañeda Rafael.-Operación Telmex Contacto En Los Poderes.-Edit. Grijalbo.-1995.

Tena Suck Antonio.-Rivas Torres Rodolfo.-Manual De Investigación Documental.-Edit. Plaza Y Valdes.-1995.

Rogozinsky Jacques.-La Privatización De Empresas Paraestatales.-Edit.-Fondo De Cultura Económica.-1993.

García Paéz Benjamín.-Modernización De Estado Y Empresa Política.-Inap.-1993.

Ibarra David.-Privatización Y Otras Expresiones De Los Acomodos De Poder Entre Estado Y Mercado En América Latina.-Unam.-1990.

INAP No. 84.-Políticas Públicas.-1993.

González Tiburcio Enrique.-Reforma Del Estado Y Política Social.-Inap.-1990.

Aguilar Villanueva Luis F.-El Estudio De Las Políticas Públicas.-Edit. Miguel Angel Porrúa.-1994.

Lindblom Charles.-Edit.-El Proceso De Elaboración De Políticas Públicas.-Edit. Miguel Angel Porrúa.-1991.

Claus Offe.-Contradicciones En El Estado Del Bienestar.-Edit. Alianza.-1991.

Ayala Espino José Luis.-Límites Del Mercado.-Inap.-1991.

Uvalle Berrones Ricardo.-Los Nuevos Derroteros De La Vida Estatal.-Iapem.-1994.

Cabrera Mendoza Enrique.-Del Administrador Al Gerente Público.-Inap.-1995.

 

 

 

 

Autor:

Roberto Armando Naif

Coordinador DE la especialización: Dr.  Pedro Zorrilla Martínez

Instituto Nacional de Administración Publica, A.C.

Especialización en Políticas Públicas

Ciudad de México, D.F. A 10 de Julio de 1996


[1] Villarreal Rene.-La contra-revolución monetarista.-Edith. Oceano.-1984.-Pag. 29,30.

[2] Ibíd., pp. 187,197.

[3] Rodríguez Arana Jaime.-La Privatización de la Empresa Pública.-Pág. 78,79.-Edit. Monte Carbo, S.A. Madrid.-1991.

[4] Rogozinsky Jacques.-La Privatización de las Empresas para Estatales.-Edit. Fondo de Cultura Económica.-Méx. 1994.-Pag. 11,17

[5] ibid., Pags. 25, 34.

[6] Ibarra David.-Privatización y otras expresiones de los acomodos de poder entre estado y mercado en América Latina.-UNAM.-1990.-Pags. 13, 16.

[7] Uvalle Berrones Ricardo.-Los nuevos derroteros de la vida estatal.-Pag. 84.-IAPEM.

[8] Zorrilla Martínez Pedro Dr.- Intervención Villahermosa Tabasco, Julio 1990.

[9] Rogozinsky Jacques, et.al Op.cit. Pag. 41,47.

[10] ibid.-Pag. 43.

[11] Esta comisión es un cuerpo colegiado integrado por las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Contraloría General de la Federación, de Desarrollo Social, de Comercio y Fomento Industrial, del Trabajo y Previsión Social, y por el Banco de México.

[12] Rogozinsky Jacques.-Op.Cit.Pag. 57, 71.

[13] ibid.-Pag. 60,61.

[14] ibid.-Pag. 101-105.

[15] Denuncia de Juicio político a solo unas horas de que Carlos Salinas quede impunes por responsabilidad política.

[16] Rodríguez Castañeda Rafael.-Operación Telmex.-Editorial Grijalbo.-Pag. 85.

[17] Servicios hemerográficos de la UNAM.-Internet.-1996.

[18] Matús Ma. Fernanda, Periódico Reforma.-17-05-96.

[19] Ibarra david-op.Cit pag. 69


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