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Responsabilidad por Hecho Ajeno - Derecho (página 4)

Enviado por Williams Romero G.



Partes: 1, 2, 3, 4, 5


En caso del transporte gratuito se aplica la responsabilidad p accidente de tránsito.

·              Registro de Vehículos

Se eliminó la norma contenida en la Ley de 1996 que le daba efecto contra terceros a los actos inscritos en el Registro de Vehículos. Aparentemente se consideró que bastan las normas contenidas en el artículo 78 del Reglamento, que permanece vigente.

·              Disposiciones de leyes anteriores que se mantienen

1.               La responsabilidad solidaria del conductor, del propietario del vehículo y su empresa aseguradora (Art. 127);

2.               La presunción juris tantum tantum de tener igual responsabilidad por los daños causados en caso de colisión entre vehículos (Art. 127);

3.               La presunción juris tantum de culpa del conductor que se encuentra bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o conduzca a exceso de velocidad (Art. 129);

4.               La exención de responsabilidad cuando se pruebe que el daño proviene de un hecho de la victima o de un tercero que haga inevitable el daño y que el accidente hubiese S1do imprevisible para el conductor (Art. 127);

5.               La exención de responsabilidad a los propietarios que hayan sido privados de su posesión como consecuencia de hurto, robo o apropiación indebida habiéndose eliminado "la requisición forzosa" contemplada en la lev anterior (Art. 128);

6.               La acción directa de la víctima o sus herederos contra el asegurador dentro de los límites de la suma asegurada en i ron trato (Art. 132);

7.               La no oponibilidad a las víctimas o sus causas habientes de las excepciones que pudiera tener el asegurador contra el asegurado (Art. 133);

8.               La prescripción de 12 meses a partir del accidente (Art. 134);

9.               La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por los daños causados por el vehículo (Art. 49, Ord. 1°).

Ámbito de aplicación del Régimen Especial

De conformidad con el artículo 127 de la Ley, la responsabilidad especial por accidentes de tránsito se refiere a "todo daño que se cause con motivo de la circulación del vehículo". Al decir "todo daño" están comprendidos los daños morales, y además los daños materiales.

REQUISITOS

Se deben dar las siguientes condiciones:

Intervención o implicación del vehículo en la producción del accidente

Es necesario que el vehículo haya intervenido en la producción del daño, que haya sido la causa adecuada del accidente que genera la responsabilidad especial de tránsito.

Este requisito nos permite determinar si se requiere una intervención activa del vehículo, o basta la intervención pasiva de un vehículo inerte; si es o no indispensable un contacto del vehículo con la persona o cosa dañada y, en general, para determinar si el hecho del vehículo ha sido una causa del accidente y en consecuencia del daño causado.

En Francia, esta cuestión tiene especial importancia, por cuanto la Ley Badinter de 1985, excluye expresamente el caso fortuito o fuerza mayor como excepción del responsable, lo que se justifica porque esa ley ha establecido un régimen para la reparación de los daños sufridos por las víctimas de accidentes de tránsito por medio de un seguro de responsabilidad civil y es la institución que lo administra quien debe reparar el daño, independientemente de la responsabilidad en que haya podido incurrir el conductor del vehículo.

Esta cuestión ha dado lugar a una controvertida jurisprudencia el Francia, que ha ido precisando el criterio de lo que debe entenderse por implicación del vehículo en el accidente.

Se deben aplicarse a tal efecto, los mismos principios que en la responsabilidad por hechos de las cosas determinan la relación de causalidad entre el hecho generador del daño y la persona responsable.

En primer lugar, no es necesario que haya un contacto físico entre el vehículo y la persona o cosa dañada. A tal efecto, si el conductor del vehículo hace una maniobra que obliga a otro vehículo o a una persona a desplazarse para evitar un choque, y esa maniobra tiene como consecuencia la generación de un accidente hay implicación del primer vehículo; el ciclista, que para evadir los efectos de la maniobra inesperada de un vehículo, cae al suelo y se causa un daño, o lo causa a un tercero. Es evidente que en este caso la causa adecuada del daño ha sido la maniobra intempestiva del primer vehículo.

En la jurisprudencia francesa también se ha considerado que el vehículo está implicado en el accidente, cuando se debe al hecho de haber encandilado al conductor de otro vehículo y en general si las circunstancias demuestran el rol jugado por un vehículo en la producción del accidente. En estos casos, la intervención del vehículo ha sido una condición necesaria del accidente, un hecho que ha jugado un papel preponderante en su producción.

En segundo lugar, el vehículo aun inerte, puede estar implicado en la producción del daño; por ejemplo, si el vehículo que es detenido intempestivamente por su conductor, o el vehículo manejado por su conductor, que se desmaya y por ello no se detiene. No se trata de determinar la culpa del conductor que lo detuvo, se trata de saber si hay un vínculo causal entre el vehículo estacionado y el accidente, si este hecho constituye o no una causa adecuada  para su producción. Cuando el vehículo está en circulación se presume su implicación en el accidente; pero ello no excluye que el vehículo inerte haya sido la causa del accidente.

Esta responsabilidad especial no se aplica cuando el conductor ha separado definitivamente del vehículo, aun cuando ello no excluya que el conductor sea responsable por hecho propio (Art. 1185 Código Civil).

Debe tratarse del daño causado por un vehículo

En el  artículo 27 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre dispone que "los vehículos de tránsito y transporte terrestre se clasifican en: 1) tracción a sangre. 2) a motor. La tipología de vehículos y su características técnicas serán establecidas en el Reglamento de este Decreto Ley". Al incluir la ley los vehículos de tracción a sangre amplían de una manera inusitada, al incluir no sólo las bicicletas, sino los velocípedos, triciclos, excluyendo sólo los patines (Arts. 9 y 109 del Reglamento). En general, las leyes extranjeras que regulan sólo la responsabilidad por la circulación de vehículos a motor, excluyen los vehículos de tracción a sangre.

En el artículo 5 del Reglamento dispone.- "Se considera vehículo todo artefacto o aparato destinado al transporte de personas o cosas capaz de circular por las vías públicas o privadas destinadas al uso público permanente o casual".

Aun cuando la definición es muy amplia, es evidente que no comprende el uso de aquellos aparatos que no están destinados a circular por las vías públicas o privadas (zona destinada al tránsito de vehículos, personas o animales), como son los ascensores, las escaleras mecánicas, los teleféricos, que por su naturaleza no pueden circular por las vías públicas o privadas.

Los ferrocarriles, que tienen vías particulares, también están excluidos. La Ley del Sistema de Transporte Ferroviario no contiene disposiciones sobre la responsabilidad por daños derivados de accidentes causados por ferrocarriles (el artículo 13 de la citada Ley sólo se refiere a la responsabilidad de los concesionarios por los perjuicios, daños y retardos sufridos por Ion pasajeros y la carga, sin incluir a terceros), pues éstos no aparecen en la exhaustiva enumeración de la tipología de los vehículos contenido en el Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. En su artículo 4°, dispone: "El tránsito de ferrocarriles se regirá por leyes especiales". Además, los ferrocarriles no circulan por las vías públicas o privadas, sino por vías especiales, generalmente protegidas por cercas y barreras, en las cuales no circulan otros vehículos ni personas.

De allí que los daños por accidentes ferroviarios están regidos por las normas sobre la responsabilidad por el hecho de las cosas, a que se refiere el artículo 1193 Código Civil.

Los tranvías que circulan por las mismas vías que los vehículos a que se refiere la legislación sobre Tránsito Terrestre, aun cuando deban hacerlo únicamente por los rieles que determinan su ruta, y con mayor razón los que carecen de rieles (trolebús), sí están regidos por esta responsabilidad especial por accidentes de tránsito, a pesar de no estar mencionados expresamente en el Reglamento.

El Reglamento crea una categoría denominada "aparato apto para circular", que comprende todo tractor, pala mecánica, máquina de tracción, equipos para construcción de carreteras, máquinas para perforación de pozos, aparatos, montacargas, camiones eléctricos con ruedas de tamaño pequeño usados en fábricas, almacenes y estaciones de ferrocarril y en fin todo artefacto que sin ser considerado vehículo necesite ocasionalmente trasladarse por vías públicas o por las privadas de uso público sin ser transportado por otro vehículo (Art. 19 del reglamento).

Todos aquellos aparatos aptos para circular, incluidos los que no están destinados al transporte de cosas o personas, cuando son transportados por otros vehículos, quedan excluidos, en cuyo caso son responsables únicamente el conductor, el propietario y el asegurador del vehículo que los transporta. No hay concurrencia de responsabilidad, porque el vehículo que lo transporta no está en circulación.

Podemos observar que el artículo 79  Ley de Tránsito y Transporte Terrestre dispone: " Los vehículos y las maquinarias calificados como otros aparatos para circular que por su características no estén destinados al tránsito y circulación por las vías de uso público, serán objeto de registros especiales que llevará el Ministerio de Transporte y Comunicaciones."

Esta disposición nos conduce a la duda de si los daños producidos por tales aparatos aptos para circular estén regidos en todo caso por la responsabilidad especial prevista por la Ley de Tráfico y Tránsito Terrestre o por la responsabilidad por hecho de las cosas prevista en el artículo 1193 Código Civil. Una posible solución sería distinguir entre los daños causados por tales aparatos mientras están en circulación por sus propios medios por la vía pública, en cuyo caso la responsabilidad se regirá por el artículo 127 de la Ley de Tráfico y Tránsito Terrestre. En cambio, cuando estén siendo utilizados en sus propias faenas fuera de las vías públicas o privadas, están sujetos a la responsabilidad civil ordinaria por el hecho de las cosas prevista en el artículo 1193 Código Civil, al no estar en circulación en una vía pública o en una privada destinada a ello.

También quedan excluidos todos aquellos medios de transporte que no tengan carácter terrestre, como los fluviales y marítimos, regidos por la Ley de Comercio Marítimo, y los daños causados por aeronaves, regulados por la Ley de Aviación Civil respectivamente.

Accidente con motivo de la Circulación

El tercer elemento es que el accidente se produzca con motivo de la circulación de un vehículo, no solamente en las vías públicas o privadas destinadas al uso público permanente o casual, sino también por la circulación dentro de espacios privados, siempre que estén destinados al uso público, como un estacionamiento, por cuanto la razón de crear una responsabilidad especial por los daños causados por vehículos es en función de los peligros que representa un vehículo en movimiento y la frecuencia de los daños causados por este motivo.

En cambio, no están comprendidos los daños que sea consecuencia de un incendio o una explosión de un vehículo o el daño causado por la emanaciones gaseosas del mismo, ni a nuestro juicio los accidentes de aparatos aptos para la circulación, cuando estén realizando las labores que le son propias; por ejemplo, un tractor agrícola preparando un terreno para su cultivo.

También deben ser excluidos aquellos accidentes que ocurren independientemente de la circulación del vehículo; como es el desprendimiento de una puerta o de otra parte del mismo cuando el vehículo está fuera de la circulación, así como el vehículo depositado o estacionado en una edificación de varios pisos, que se desprende por una rampa y causa un daño.

PERSONAS RESPONSABLES

En el  artículo 127 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, señala que el conductor, el propietario del vehículo y su empresa aseguradora están solidariamente obligados a reparar todo daño "que se cause con motivo de la circulación del vehículo".

 El Conductor

En el artículo 151 del Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre, define al conductor como: " toda persona que conduce, maneja o tiene control físico de un vehículo de motor en la vía pública; que controla o maneja un vehículo remolcado por otro o que dirige, maniobra o está a cargo del manejo directo de cualquier otro vehículo. Los conductores tienen la responsabilidad, en todo momento, de controlar sus vehículos o animales."

El conductor es la persona que está manejando físicamente el vehículo para el momento del accidente, bien sea por su propia cuenta o por cuenta de otro. Es el guardián material en su acepción más restringida, quien de hecho tiene el control y dirección sobre la cosa. Por lo tanto, el ladrón, o quien de cualquier manera, sea de hecho o de derecho, tenga a su cargo el control físico del vehículo es su conductor.

Dicho artículo hace referencia a quien tiene el control del vehículo en la vía pública, criterio restrictivo que no puede ser aceptado, porque si lo está conduciendo en una vía privada de uso público, el vehículo continúa en circulación, los daños que cause están sujetos al régimen especial de responsabilidad creado por la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.

Cuando el conductor entrega a otra persona un vehículo para que tenga el control físico sobre el mismo, deja de ser conductor; por ejemplo, cuando el conductor lo entrega a un empleado de un estacionamiento, o a un taller mecánico para su reparación.

De acuerdo con la doctrina y jurisprudencia extranjera el concepto de conductor se extiende inclusive al tiempo en que haya dejado de conducir el vehículo, cuando todavía esté bajo su control. Por ejemplo, cuando el conductor lo estaciona sin entregárselo a otra persona. Esta regla se desprende de la responsabilidad por hecho  de las cosas (Art. 1193 Código Civil); pero a nuestro juicio no es aplicable en Venezuela, por ser contraria a la definición de conductor contenida en el Reglamento.

Se considera conductor de un vehículo solamente desde el momento en que toma control físico del mismo hasta que se lo entregue otra persona o lo haga por su propia iniciativa. No hay duda de que sigue siendo conductor mientras lo maneja, mientras tiene su control físico; si un tercero lo toma sin su consentimiento (hurto, robo, requisición por la autoridad) o si lo entrega al empleado del estacionamiento, deja de ser conductor.

En Venezuela, el criterio es más restrictivo al decir el Reglamento quien "tiene el control físico"; pero ofrece duda cuando el conductor se baja momentáneamente del vehículo para retomar inmediatamente el control; por ejemplo, se baja para comprar el periódico.

Al abandonar el conductor el control del vehículo pierde tal carácter, como cuando estaciona el vehículo, así sea en un lugar prohibido, en cuyo caso podría ser responsable por hecho propio (Art. 1185 Código Civil) al haber incurrido en culpa.

Cuando el abandono es transitorio, habrá que analizar las circunstancias para determinar si conserva la condición de conductor; por ejemplo, se baja del vehículo mientras le están suministrando gasolina o se baja para comprar un refresco, en cuyo caso mantiene su condición de conductor.

 El Propietario

No es quien tenga el derecho de propiedad conforme a las reglas del derecho común, ni quien tenga la guarda intelectual, sino quien aparezca como adquirente en el Registro Nacional de Vehículos y Conductores para el momento del accidente (Art. 48). La responsabilidad no se traslada a quien con posterioridad al accidente aparezca como adquirente, pues no se trata de una responsabilidad propter rem, como la garantía prevista por la Ley de 1927. Tiene evidentemente una gran ventaja para la víctima; no es necesario probar una cuestión de hecho como quién es el guardián, sea intelectual o jurídico. Es únicamente la persona que aparece como "adquirente" en el referido Registro, aun cuando lo haya adquirido con reserva de dominio (Art. 48 de la Ley), o haya dejado de ser propietario por un acto  que no haya sido inscrito en el Registro de Vehículos.

El Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre de 1998, que continúa vigente en todo lo que no sea contrario a la actual Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, dispone en su artículo 78 lo siguiente: " El Registro Nacional de Vehículos será público y en él se incluirán el conjunto de datos relativos a la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos, así como todo acto o contrato, decisión judicial, administrativa o arbitral, que implique la constitución, declaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción de la propiedad, dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre los vehículos, para que surta efecto ante las autoridades y ante terceros."

La manera de interpretar dicho artículo es que ante las autoridades administrativas y ante las víctimas del daño producido por accidentes de tránsito, que son el objeto propio de la ley, el Registro Nacional de Vehículos sea el que determine quién es propietario; pero a los solos efectos de dicha ley, pues el Reglamento no puede crear una norma de carácter general, derogatoria de las normas legales que rigen la propiedad de los bienes muebles.

Tomando en consideración la citada disposición reglamentaria, la organización y el régimen establecido en las leyes anteriores para determinar quién es el propietario a los efectos de la responsabilidad civil por accidentes de tránsito, a nuestro juicio, el propietario es solamente la persona que aparezca como adquirente en el Registro de Vehículos (Art. 48 de la Ley vigente), en el momento del accidente.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha dictaminado que "el legislador considera a un ciudadano propietario de un vehículo, frente a las autoridades y ante terceros cuando aparezca   como titular de un derecho real en el Registro Nacional de Vehículo (Sentencia N° 2843 del 19-11-2002).

De conformidad con el artículo 131 de la Ley: "Las empresas de arrendamiento financiero no están sujetas a la responsabilidad solidaria establecida en la Ley, salvo que para el momento del accidente la empresa aseguradora estuviese en posesión del vehículo", estableciendo así una excepción a la responsabilidad de quien aparezca como propietario en el Registro Automotor.

El Asegurador

Para que la empresa aseguradora sea responsable, es necesario que previamente el propietario haya contratado y esté vigente una póliza de seguro por responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito, que es una obligación impuesta al "propietario" de los vehículos de motor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley, al establecer como requisitos para poder circular "mantener en vigencia el seguro de responsabilidad civil". En cambio, para los vehículos de tracción a sangre no se exige el seguro de responsabilidad civil y es poco probable que el propietario o conductor lo contrate. La responsabilidad de asegurador es contractual, pero se deriva de un contrato dirigido, por cuanto la Ley y el Reglamento contienen estipulaciones obligatorias, que pueden ser normadas, además, por la Superintendencia de Seguros.

A pesar de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para que un vehículo a motor pueda circular, en Venezuela circulan miles de vehículos sin cumplir este requisito, lo que incide sobre la posibilidad de la víctima de obtener una reparación del propietario o del conductor, si éstos no tienen la suficiente solvencia.

Al existir una póliza vigente, el asegurador es solidariamente responsable por la reparación de los daños causados como consecuencia de la circulación del vehículo asegurado.

En el Artículo 132 de la Ley le concede una acción directa a la víctima y a sus herederos contra el asegurador, dentro de los límites de la suma asegurada por el contrato. El asegurador no podrá oponerle a la victima las excepciones que tenga respecto del asegurado; pero podrá repetir de éste lo pagado a las víctimas, en los siguientes supuestos: no haber pagado el asegurado la prima en los términos convenidos; con su proceder el ejercicio de los derechos del garante; haber destinado el vehículo a usos normalmente no previsibles en el momento de la celebración del contrato, por los daños causados intencionalmente por el asegurado o con su complicidad; haber entregado el vehículo a un conductor incapacitado o inhabilitado para conducir a sabiendas de tal circunstancia y no mantener el vehículo con su diseño original, externo o interno en cuanto a las condiciones de seguridad y de buen funcionamiento exigidas por la ley (Art. 132).

La responsabilidad del asegurador está limitada al monto del seguro, correspondiéndole a las autoridades de tránsito determinar mediante Resolución el monto mínimo, sin excluir que en virtud del contrato entre el asegurado y el asegurador, éste pueda responder por sumas mayores.

Si fueron varias las víctimas y el total de las indemnizaciones excede de la suma asegurada, esta se dividirá proporcionalmente entre ellas. Si el asegurador prueba haber pagado de buena fe a algunas de las víctimas, queda liberado respecto de los demás hasta concurrencia con la cantidad asegurada (Art. 132 LTTT). Si hubiere pagado de buena fe la totalidad de la suma asegurada, quedará exonerado frente a las demás víctimas.

FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES DE TRÁ NSITO

Responsabilidad por culpa hasta 1960

De acuerdo con la interpretación de la Sala Política y Administrativa del 25 de julio de 1941, la Ley de 1930 fundamentó  la responsabilidad por accidentes de tránsito exclusivamente en culpa probada del conductor, excluyéndose la aplicación de las responsabilidades complejas reguladas por el Código Civil. La Ley de 1955, principalmente por su defectuosa redacción, puso en duda si la responsabilidad continuaba fundamentada en la culpa, creando una simple presunción de culpa en contra del conductor, que fue la opinión dominante, o si podía derivarse de ella una responsabilidad objetiva.

Responsabilidad objetiva a partir de la Ley de 1960

A partir de la Ley de 1960 se establece una responsabilidad objetiva a cargo del conductor, del propietario y del asegurador, ya que a éstos no se les permite probar la ausencia de culpa para eximirse de responsabilidad. La única excepción que permite la ley es el hecho de la víctima y del tercero, que haga inevitable el daño y sea normalmente imprevisible para el conductor. Tanto la doctrina como la jurisprudencia predomina la tesis de ser una responsabilidad objetiva, bien sea por riesgo, o como la denominó Goldschmidt una responsabilidad por causalidad.

En sentencia de la Sala Civil de Casación del 30 de mayo de 1974, se pronunció en los siguientes términos: "A partir de la Ley sancionada en 1960 la responsabilidad del conductor (y con mayor razón la del propietario) no aparece basada en su culpabilidad, sino que la responsabilidad aparece fundamentada ahora en el principio objetivo de causalidad".

No hay duda sobre el carácter objetivo de la responsabilidad, porque no se le  permite a las personas responsables demostrar que actuaron con toda la diligencia necesaria para evitar la producción del daño; se precisa que sólo el hecho del tercero o de la víctima son causales eximentes de responsabilidad, cuando hayan sido inevitables e imprevisibles para el conductor. Estas excepciones en realidad no inciden sobre la culpa de ninguna de las personas responsables, simplemente rompen el vínculo de causalidad entre el hecho del vehículo y el accidente  (causa inmediata o directa del daño).

Responsabilidad por culpa o vínculo de causalidad

Algunos han querido ver en ciertas normas de la Ley una fundamentación de dicha responsabilidad en la culpa, sin descartar la responsabilidad objetiva, concretamente al establecer todas las leyes desde 1960 que en caso de colisión de vehículos se presume, hasta prueba  en contrario, que los conductores tienen igual responsabilidad por los daños causados (Art. 127 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre) y en la establecida írsele la Ley de 1996, según la cual.- " se presume salvo prueba en contrario que es culpable de un accidente de tránsito, el conductor que en el momento del accidente se encontrase bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o que condujese a exceso de velocidad (Art. 129)."

A nuestro entender ninguna de las disposiciones mencionadas anteriormente puede conducirnos a pensar que la responsabilidad por accidentes de tránsito también está fundamentada en la culpa; por cuanto en ambos casos se trata más bien de cuestiones relativas al vínculo de causalidad.

La Colisión de Vehículos

La frase final del artículo 127 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, dice textualmente así: "En caso de colisión entre vehículos se presume, salvo prueba en contrario, que los conductores tienen igual responsabilidad por los daños causados". Igual redacción encontramos desde la Ley de 1960, donde aparece por primera vez.

En  esta norma el texto no se hace referencia alguna a presunción de culpa, sino presunción de responsabilidad .Esta redacción corresponde al fondo de lo que se quiere expresar porque no se trata de imputarle igual culpa a los conductores de los vehículos que hayan chocado (sean dos o más) sino imputarle igual medida en el vínculo de causalidad entre el hecho de cada vehículo y el accidente, y en consecuencia con el daño. Tratándose de una responsabilidad objetiva, de una responsabilidad por causalidad, como también se la denomina, la culpa solo influye excepcionalmente.

En la colisión de vehículos, como en todo caso en el cual intervengan dos o más cosas, es necesario determinar cuál ha sido la causa o las causas del daño. Para ello es necesario analizar si hay un vínculo de causalidad jurídico adecuado entre los hechos imputables a los conductores de los vehículos que han intervenido en el accidente y el daño. El resultado puede ser que ambas hayan concurrido a la producción del daño en la misma medida, habiendo incurrido en los supuestos de la norma que comentamos, o que alguno de ellos haya tenido mayor influencia en la producción del daño, o que la causa del daño sea imputable exclusivamente a uno de los conductores. Un ejemplo nos permitirá aclarar el concepto. Supongamos que un conductor que viene a una velocidad reglamentaria y al cruzar la intersección teniendo el semáforo luz verde, continúa a la misma velocidad y repentinamente se encuentra con un automóvil que atraviesa la intersección, violando la luz roja del semáforo, excediendo en gran medida la velocidad reglamentaria. Si el conductor del primer vehículo no pudo maniobrar para esquivar la colisión, es evidente que invocará como excepción el hecho del tercero que para el conductor fue imprevisible e inevitable. Es evidente que la causa del daño está en el segundo vehículo que atravesó intempestivamente el cruce de vía, violando las normas de tránsito.

Si la velocidad de ambos vehículos excedía la reglamentaria, pero uno de ellos atravesó la intersección violando la luz roja, es este último el que ha tenido una mayor implicación en la producción del daño.

Se presume que ambos vehículos vienen a la velocidad reglamentada, cumpliendo todas las normas sobre tránsito, frenan y por este motivo chocan; pero han detenido los vehículos por el hecho de tercer vehículo, que atraviesa el cruce teniendo el semáforo luz roja y a toda velocidad, sin colidir con ninguno de los dos vehículos mencionados en primer lugar, y sin sufrir ningún daño, parece obvio que en este caso la causa adecuada de los daños sufridos por los dos vehículos ha sido el imprevisible e inevitable hecho del tercero, rompiéndose de esta manera el vínculo de causalidad entre la colisión y el daño.

La norma al establecer " salvo prueba en contrario", sólo presume que ambos vehículos han tenido igual implicación en el daño; pero ello no excluye que no pueda demostrar que el hecho del otro vehículo, fue para su conductor un hecho imprevisible e inevitable.

Al destruir el vínculo de causalidad entre el hecho de uno de los vehículos sólo puede presumirse que el conductor del otro vehículo fue la causa jurídica del daño.

La culpa sólo incide indirectamente, no se responde por no haber incurrido en culpa, sino que ésta ha servido para determinar el vínculo de causalidad.

Para establecer la responsabilidad de cada uno de ellos, será necesario precisar la influencia que tuvo cada vehículo en la producción del daño, que es precisamente la regla establecida en el artículo 1189 Código Civil, cuando el hecho de la víctima ha contribuido a causar el daño "la obligación de repararlo se disminuirá en la medida en que la víctima ha contribuido a aquél". La culpa sólo puede intervenir de una manera indirecta, para determinar la medida en que cada uno ha contribuido a causar el daño; tratándose de una responsabilidad objetiva habrá que analizar los hechos que puedan atribuirse a cada vehículo en la producción del daño para determinar cuál ha sido la causa adecuada del daño.

La ausencia de culpa de uno de los conductores y el hecho culposo del otro pueden incidir en el vínculo de causalidad, si uno de los conductores se ha detenido en una intersección, respetando la luz roja del semáforo, y otro vehículo lo choca por de tras, es evidente que la causa adecuada del daño ha sido el hecho del segundo vehículo. Con mayor razón, si el primer vehículo estando la luz verde en el semáforo atraviesa la intersección, y otro vehículo que, irrespetando la luz roja continúa su tránsito, chocando al primer automóvil, en cuyo caso fue el hecho del segundo vehículo, cuyo conductor ha violado la señal de tránsito, ha sido la causa adecuada del daño, siendo su conductor el único responsable.

No se trata de una presunción de culpa, sino de una presunción de responsabilidad. En el caso de colisión, salvo prueba en contrario, se presume que ambos vehículos han contribuido en la misma medida a la producción del daño.

Al señalar la norma  "salvo prueba en contrario", esto significa que cada una de las partes puede alegar y probar hechos que destruyan total o parcialmente el vínculo de causalidad, por lo cual pensamos que pueden presentarse cuatro situaciones distintas:

  1. Si los demandados no logran probar un hecho de algunos de los vehículos intervinientes en el accidente que destruya el vínculo de causalidad, los conductores, propietarios y aseguradores de ambos vehículos deberán pagar la totalidad del daño producido a la otra parte, procediendo una compensación parcial del monto de los daños en favor de quien ha sufrido daños por una cantidad inferior.
    Si "A" sufrió daños por cuatro y "B" daños por seis, producida la compensación, "B" deberá pagar a "A" la diferencia de dos.
  2. Si uno de los intervinientes en la colisión "A" alega y existe prueba en el juicio que esta se produjo exclusivamente por el hecho del otro vehículo "A" está exento de toda responsabilidad y "B" deberá
    pagar la totalidad de los daños sufridos por "A".
  3. Si ambos alegan y prueban que la colisión se produjo exclusivamente  por un hecho inevitable e imprevisible de un tercero, éste será el único responsable de los daños causados a ambos vehículos.
  4. Si ambas partes alegan y hay pruebas de hechos imputables a la parte contraria, el Juez deberá determinar en qué medida ha contribuido el hecho de cada vehículo en la producción del daño y sobre esta base procederá a repartir la responsabilidad entre ambos, en consideración a la contribución de cada uno en la generación del daño.

Uso de drogas y exceso de velocidad

En el artículo 129 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, expresa: " Se presume, salvo prueba en contrario, que el conductor es responsable de un accidente de tránsito cuando al ocurrir este el conductor se encuentra bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o conduzca a exceso de velocidad."

Existe un cambio en la redacción respecto a las leyes anteriores que decían "Se presume, salvo prueba en contrario, que es culpable de un accidente" . Con buen criterio, el legislador ha cambiado la palabra "culpable" por "responsable". En efecto, el conductor que en el momento del accidente se encontrase bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o que condujese a exceso de velocidad ha incurrido en culpa; es responsable de conformidad con el artículo 1185 del Código Civil.

Para que funcione la presunción de responsabilidad prevista en el artículo 129 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, es necesario que se pruebe ese hecho culposo, por lo cual no podemos hablar de presunción de culpa. A nuestro juicio, se trata de una presunción de causalidad: el accidente se debió a uno de los hechos antes expresados; pero esa presunción de causalidad es, como siempre, una presunción juris tantum, que puede ser desvirtuada probando que otro hecho fue la causa del daño.

El conductor de un vehículo puede transitar a una velocidad ligeramente superior a la reglamentaria; si hay prueba de que el hecho imprevisible e inevitable de un tercero (por ejemplo, conducir embriagado), ésta fue la causa adecuada del daño, o y no el exceso de velocidad del primero. Quedaría excluido el exceso de velocidad como causa del daño.

Por lo tanto en ambos casos se trata de presunciones de la existencia de un vínculo de causalidad.

.DEFENSAS DE LOS DEMANDADOS

Fundamento Legal

Desde la Ley de 1960, incluida la vigente, se establece como única defensa de los demandados (conductor, propietario y asegurador) "un hecho de la víctima o de un tercero que haga inevitable el daño o sea normalmente imprevisible para el conductor".

El hecho de la víctima o de un tercero que reúna los requisitos de inevitabilidad del daño y su imprevisibilidad para el conductor constituyen causa extraña no imputable que rompe el vínculo de causalidad entre la cosa (el vehículo) y el hecho generador del daño (el accidente). Es lo que la doctrina francesa ha denominado: la implicación del vehículo como requisito de esta responsabilidad.

Hecho de la Víctima

Tanto el hecho de la víctima como del tercero deben ser imprevisibles e inevitables para el conductor, no es necesaria la culpa de la víctima. Cuando los hechos no culpables de la víctima pueden ser causa de exoneración (Según dice. Acedo Sucre); por ejemplo, el peatón que se resbala de la acera (hecho no culposo), cae a la calzada por donde circulan normalmente vehículos y es atropellado  por un automóvil que no ha sobrepasado el límite de velocidad Reglamentaría. Es evidente que en este caso la causa adecuada del daño sufrido por el peatón ha sido el resbalón accidental (hecho no culposo de la víctima), y no el hecho del automóvil, para cuyo conductor ha sido normalmente imprevisible e inevitable el arrollamiento.

Si hubiese culpa del tercero, pueden presentarse varias situaciones: el hecho del tercero es la única causa del daño; a) si conducía un vehículo, se aplicarán las disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre; b) si el daño ha sido causado por una cosa que no es un vehículo, se aplica el artículo 1193 Código Civil; c) si no hay implicación de ninguna cosa, la responsabilidad se rige por el artículo 1185 Código Civil; d) si e) tercero ha contribuido a causar el daño, responderá solidariamente con el conductor y el propietario.

El Hecho del Tercero

Se entiende como terceros a quienes, siendo personas distintas al conductor, hayan intervenido en el accidente y hayan incurrido en hechos que constituyan causas del daño.

Al ser el hecho del tercero imprevisible e inevitable (aplicando un criterio de normalidad, de lo que suele suceder) éste constituye la causa jurídica del daño; no el hecho del vehículo que solo ha desempeñado un papel incidental en la producción del mismo. Si una persona se cae de un cuarto piso del un edificio, por un hecho accidental o por su propia voluntad (culpa), sobre un vehículo en circulación, no existe vínculo de causalidad entre la implicación del vehículo y el daño causado a éste, o a terceros; ha sido exclusivamente la caída de la persona sobre el vehículo la causa jurídica del daño (la causa adecuada).

El hecho de la víctima o del tercero que reúnan los requisitos antes mencionados, constituye excepciones comunes al conductor, al propietario y al asegurador, ya que rompen el vínculo de causalidad entre el daño y la intervención del vehículo.

Al excluir el hecho del tercero la responsabilidad del conductor el propietario y su asegurador, se establece un vínculo de causalidad  entre el daño y el hecho del tercero. Si éste ha incurrido en culpa, será el único responsable del daño causado en virtud de la responsabilidad ordinaria por hecho ilícito (Art. 1185 Código Civil) y la acción de la víctima solí prescribirá a los diez años.

Características Comunes al Hecho de la Víctima y del Tercero

El daño causado por un accidente de tránsito se debe a la implicación de un vehículo conducido por una persona, que es su conductor. En consecuencia, el hecho de la víctima o de un tercero debe ser tanto inevitable como imprevisible para el conductor. éste es quien puede evitar el daño que se podría producir por la acción del vehículo, bien sea maniobrando o deteniendo el vehículo oportunamente, siempre que las circunstancias en que se encuentra así lo presentan.

La inevitabilidad del daño debe ser analizada teniendo en consideración la situación concreta que se presenta en el momento del accidente, lugar del accidente, velocidad permitida, existencia o no de obstáculos que impidan la circulación, la prudencia que debe tener el conductor cuando transita, la presencia de peatones, aun cuando ello estuviere prohibido, y demás condiciones que hagan o no posible que ocurra el accidente. Hechos subjetivos que afecten al conductor, tales como su enfermedad, no son causas de exclusión de la responsabilidad con un criterio de normalidad, lo que suele suceder, en cuanto a las circunstancias objetivas del accidente.

5. El Caso fortuito

Analizamos el caso fortuito o fuerza mayor, que no aparece en ninguna de las leyes desde la de 1960 hasta la vigente, al haberse controvertido en la doctrina y jurisprudencia nacional si tal defensa es o no procedente.

Con motivo de la discusión del proyecto presentado por el Ejecutivo en 1960, la Cámara de Diputados eliminó el "caso fortuito o fuerza mayor" como eximente de responsabilidad, limitándolo al hecho de  la víctima o del tercero, que reuniera las condiciones de inevitabilidad e imprevisibilidad del daño por el conductor. De esta manera se llegó a la redacción del artículo 21 de la Ley de 1960.

Esta exclusión mereció la crítica del Dr. Goldschmidt quien considero "ser muy severo al respecto y que negar la fuerza mayor y descartarla completamente como causal de exclusión de responsabilidad no es factible".

Melich considera que "no es fácil justificar tal decisión, pronosticando que los tribunales no tardarán en acudir a ciertos artificios para escapar al exagerado rigor de la presunción".

Otros autores como Henríquez La Roche, Alcalá De Armas, se han pronunciado por una interpretación literal de la Ley, excluyendo el caso fortuito como causal eximente de responsabilidad.

Acedo Sucre, opina  que este asunto debe tratarse como un problema de causalidad, pues la fuerza mayor destruye el vínculo de causalidad entre la cosa y el hecho generador del daño. éste ha sido el criterio admitido por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil en sentencia del 30 de mayo de 1974, según el cual: " La ocurrencia de un evento calificable como de fuerza mayor o caso fortuito, siempre que provenga de causa exterior al vehículo de acuerdo con el espíritu del precepto, produce la ruptura del nexo causal entre el comportamiento del obligado y el hecho dañoso a indemnizar por lo que al producirse la fractura del nexo causal la obligación carecerá de uno de sus presupuestos fundamentales."

En consecuencia, el hecho de la naturaleza, exterior al vehículo, exime tanto al conductor como al propietario.

Al tratar sobre la responsabilidad por el hecho de las cosas en general, hemos dicho que solamente el caso fortuito o fuerza mayor exterior a la cosa, produce la ruptura del nexo causal entre la cosa y el hecho generador del daño, porque en caso de ser un hecho interno de la cosa (vicio, defecto, desgaste, mala instalación) no se rompe tal vínculo; la cosa es la causa adecuada del daño, por ejemplo, el accidente provocado por cualquier defecto en el mecanismo de la cosa o en su fabricación, aun ignorado por el guardián o el propietario, no lo exime de responsabilidad, porque subsiste este vínculo entre la cosa y el daño. Distinto es el caso de un hecho exterior; por ejemplo, si mientras una persona está conduciendo un automóvil se produce una súbdita inundación que arrastra al vehículo, y el conductor no puede evitar que choque contra la pared de una casa y la tumbe, caso en el cual es evidente que la causa generadora del daño ha sido la inundación (fuerza mayor) y no el vehículo, pues aun siendo la intervención del vehículo un antecedente necesario del daño, no fue su causa adecuada.

El caso fortuito exterior,  dispensa al conductor, al propietario y a su asegurador, porque se rompe el vínculo de causalidad entre el hecho del vehículo y el daño causado. La inundación, el terremoto, el hecho del príncipe que han sido imprevisibles e inevitables para el conductor y para el propietario hacen cesar su responsabilidad, porque rompen el vínculo de causalidad.

En cambio, el hecho interior no constituye causa eximente de responsabilidad, porque en tal caso no se rompe el vínculo de causalidad entre el hecho del vehículo y el daño, éste ha sido causado por el vehículo, aun cuando no haya habido culpa del conductor ni del propietario, porque se trata de una responsabilidad objetiva, responsabilidad por riesgo o por causalidad. Sin embargo, la responsabilidad del conductor y del propietario no tienen por qué ser idénticas. La fuerza mayor interna no es previsible en todos los casos para el conductor; pero sí puede serlo para el propietario.

Es indudable que la inevitabilidad del hecho del tercero o de la víctima, atañe fundamentalmente a quien conduce el vehículo. Si un peatón se lanza intempestivamente a la calzada, el propietario nada puede hacer; sólo el conductor está en capacidad de ejecutar una maniobra que impida el arrollamiento. Si el conductor lo logra también el propietario quedará exento de responsabilidad, pues es fundamentalmente su garante.

Tratándose de fuerza mayor (hecho de la naturaleza o del príncipe), éste puede ser imprevisible, tanto para el conductor como  para el propietario. Por ejemplo, que un lugar por donde transite el automóvil se inunda en invierno es previsible; pero si es un lugar que jamás se ha inundado el hecho es imprevisible para ambos. El hecho de tener el vehículo un defecto de fabricación o de mantenimiento puede ser imprevisible para el conductor y no serlo para el propietario. éste tiene la obligación de mantener el vehículo en buenas condiciones, de hacerle las reparaciones mayores que requiera, de informarse al adquirir el vehículo, especialmente si es de segunda mano, que éste no ha intervenido en un choque (lo que causa fallas a la estructura), si ha sido reconstruido, si el dueño anterior ha cumplido con su obligación de hacerlo revisar periódicamente por un taller autorizado por el fabricante. El incumplimiento de tales deberes viola su obligación de evitar daños a terceros. En este caso, es evidente que el propietario no puede alegar la fuerza mayor, porque ha incurrido en culpa; el propietario no puede alegar el caso fortuito o fuerza mayor interior (ruptura del sistema de frenos o de la dirección del vehículo). En cambio, podrá alegar el caso fortuito exterior (la inundación, el encandilamiento del conductor por las luces de otro vehículo).

Estamos en presencia de una responsabilidad objetiva y que para el propietario ella se fundamenta en el riesgo que pone en la sociedad al introducir en ella una cosa de la cual obtiene provecho de su utilización (riesgo provecho). Como contrapartida a esas ventajas tiene la carga económica de indemnizar los daños que cause su vehículo a terceros.

El Hecho Interior del Vehículo no Exonera al Propietario

El argumento principal que se han esgrimido para rechazar que sólo el hecho exterior al vehículo pueda constituir causa extraña no imputable (siempre que se trate de un hecho imprevisible e inevitable), ha sido imponerle una carga demasiado grande al conductor, quien en definitiva, a menos que sea el propietario del vehículo, es sólo una persona conectada transitoriamente con el vehículo, bien sea accidentalmente o por una relación de dependencia, no derivando generalmente ningún provecho personal; ni ha sido el conductor quien ha puesto un riesgo especial en la sociedad al manejar un vehículo, En cambio, el propietario es, en la generalidad de los casos, la persona que obtiene un provecho económico, o por lo menos de comodidad por el uso del vehículo; es en definitiva quien ha puesto el riesgo la sociedad. Por ello, aun cuando el conductor y el propietario son solidariamente responsables, sabemos que los deudores solidarios pueden estar obligados de distinta manera (Art. 1122 Código Civil).

El propietario es fundamentalmente garante de la responsabilidad del conductor y en principio se puede aprovechar de todas las defensas que éste tuviese en contra de la víctima. Pero no es necesariamente así, porque el conductor y el propietario no están en una misma posición.

En la doctrina francesa se ha distinguido la guarda de la estructura de la guarda de la utilización. El conductor es guardián material de la utilización, pero no de la estructura, porque en el momento en que el propietario pone el vehículo en manos del guardián material, sólo le está transfiriendo la utilización del vehículo; pero no su estructura. Por el hecho de ser conductor, especialmente si se trata de una persona que transitoriamente conduce el vehículo, no se supone que éste deba mantener el vehículo en buenas condiciones, cerciorarse de no tener vicios de fabricación, de no haber sufrido un daño al haber intervenido en accidentes anteriores. En cambio, el propietario sí tiene tales obligaciones, y por ello continúa manteniendo la guarda de la estructura; sólo traslada al conductor la guarda de la utilización. Como corolario de lo anteriormente expuesto, la fuerza mayor para exonerar al propietario debe ser un hecho externo a la cosa, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia. El conductor sólo tiene la guarda de la utilización, por ello debe tratarse con menor rigor y permitirle que se exonere de su responsabilidad también por un hecho interno, que le es imprevisible y cuyas consecuencias pueden serle inevitables.

El hecho externo a la cosa (inundación, terremoto) es imprevisible para el conductor como para el propietario y por consiguiente, exonera de responsabilidad a ambos.

En cambio, el hecho interno que sólo es imprevisible e inevitable para el conductor no exonera al propietario, pues éste como guardián de la estructura, debe precaverse de los hechos internos que puedan afectar al vehículo; que ni son inevitables ni imprevisibles para el propietario.

Tratándose de una responsabilidad objetiva, el legislador puede excluir la fuerza mayor, tomando en consideración que el propietario es quien se aprovecha en todo caso del vehículo, el conductor no propietario generalmente no obtiene provecho por el uso del mismo, y sería contrario a la equidad imponerle una carga tan fuerte, como puede ser el daño causado por el vehículo.

El conductor puede exonerarse de su responsabilidad por fuerza mayor interna o externa, porque respecto de él se rompe el vínculo de causalidad entre la intervención de la utilización del vehículo y el accidente; en cambio, el propietario tiene que demostrar la fuerza mayor exterior para romper el vínculo de causalidad entre la estructura del vehículo y el accidente. El propietario no puede alegar el caso fortuito o fuerza mayor interior (ruptura de frenos o de la dirección del vehículo). En cambio, podrá alegar el caso fortuito exterior (la inundación, el encandilamiento del conductor por las luces de otro vehículo).

El Vehículo Inerte

Aplicando el criterio de la guarda de las cosas, mientras el conductor no haya entregado la cosa a un tercero o se haya desprendido de su control definitivamente; por ejemplo, dejándolo en un garaje particular, la cosa continúa bajo su guarda.

La jurisprudencia francesa considera que continúa siendo responsable el guardián del vehículo, así esté inerte, en aquellos casos en los cuales todavía tiene la facultad de volver a tomar el control del vehículo; por ejemplo, habiéndolo dejado en la tarde en el garaje, lo toma nuevamente por la mañana para continuar conduciéndolo.

El conductor no es propiamente el guardián y por ello al abandonar el vehículo deja de ser su conductor, al no tener el control físico de la cosa.

En el Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre define en el artículo 231.-  la parada breve: detención de un vehículo sin apagar el motor para recoger o dejar personas o cosas sin interrumpir el normal funcionamiento del tránsito; parada: inmovilización de un vehículo por tiempo breve para tomar o dejar personas o cargar o descargar cosas. Es evidente que en el caso de paradas, tal como la define el Reglamento, el conductor sigue teniendo el control físico del vehículo y por consiguiente, en caso de accidente se aplica la responsabilidad especial por tránsito terrestre. No puede llegarse al extremo de considerar que el conductor pierde ese carácter por haberse separado momentáneamente del vehículo; por ejemplo, se baja del automóvil para comprar un periódico y de inmediato sigue conduciéndolo.

Ahora, si lo estaciona toda la mañana mientras está trabajando en otro lugar al no tener su control físico pierde la condición de conductor, en cuyo caso no es aplicable la responsabilidad especial por accidentes de tránsito. Sin embargo, debe señalarse que si lo estaciona en un lugar prohibido o inadecuado, incurre en culpa y por consiguiente, el conductor es responsable por el hecho ilícito en que ha incurrido de conformidad con el Art. 1185 Código Civil; pero el propietario y su asegurador no responden en tal caso.

Vehículos de Tracción de Sangre

En la mayoría de las legislaciones extranjeras se excluyen los vehículos de tracción de sangre del régimen de la responsabilidad por accidente de tránsito.

En Venezuela, el Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre expresa que "los propietarios así como los conductores de vehículos de tracción de sangre tendrán los mismos derechos y obligaciones que los conductores y propietarios de vehículos a motor, en cuanto les sean aplicables" (Art. 133). Por ello están regidos por la responsabilidad especial por accidentes de tránsito.

Sin embargo, no están comprendidos en dicha categoría las patinetas, velocípedo y cosas similares porque no están destinadas a circular por las vías públicas y ni siquiera por las vías privadas de uso público. El hecho del hombre es lo principal en el uso de tales objetos, siendo la cosa un simple accesorio. Pretender que se trata de un accidente de tránsito sería parecido a considerar que agredir a una persona con un bastón estamos en presencia de daños producidos por cosas. Según el art. 316 del citado Reglamento, los conductores de tales objetos tienen los mismos derechos y obligaciones de los peatones.

En relación  a los aparatos movidos por la acción de un animal, la responsabilidad también que está regida por la responsabilidad por el hecho de los animales, que es el factor principal en la producción de un daño.

En cambio, se justifica que tratándose de accidentes producidos por medios usuales de transporte, como una bicicleta, se aplique la responsabilidad especial por accidentes de tránsito.

Pérdida del Control Físico del Vehículo

En el  Artículo 128 del Decreto Ley de Tránsito y Transporte Terrestre dispone: "Los propietarios no serán responsables de los daños causados por sus vehículos cuando hayan sido privados como consecuencia de hurto, robo o apropiación indebida".

Parecería que esa defensa sólo puede ser opuesta por el propietario, y es evidente que en tales casos el conductor también queda exento de responsabilidad porque se ha roto el vínculo de causalidad entre el hecho del vehículo y el accidente, en cuyo caso el hecho preponderante para producir el daño fue el hecho del ladrón.

El hecho del ladrón, es para el propietario imprevisible e inevitable, rompe el vínculo de causalidad entre el vehículo y el accidente. El conductor que ha sido despojado de vehículo pierde su condición de tal; deja de ser conductor al no tener el  control físico del vehículo.

En caso de robo, hurto o apropiación indebida, por requisición de la autoridad competente (como decía la Ley de 1996) o cualquier otro hecho, aun no culposo de un tercero (haberse confundido creyendo que era su propio vehículo), la persona que tenía la posesión material del vehículo hasta el momento de la desposesión, deja de ser su conductor al haber perdido contra su voluntad el control físico sobre el mismo. A partir de la desposesión, es el ladrón quien debe ser considerado como conductor, pues es quien de hecho tiene el poder de dirección y control para el momento del accidente.

Aun cuando la Ley limita esta defensa cuando ocurren los casos señalados, cualquier hecho de un tercero contra la voluntad del conductor o del propietario son a nuestro juicio suficientes para eximir a los presuntos responsables; por ejemplo, la "requisición forzosa" que estaba prevista en la Ley de 1996 (eliminada en el Decreto Ley en 2001, o si un tercero usa el vehículo, sin autorización del propietario, ni del conductor, lo toma prestado o se confunde creyendo que es suyo el vehículo.

En todos estos casos, también queda exonerado el conductor de toda responsabilidad, al no tener el control físico del vehículo, aplicando la definición contenida en el artículo 151 del Reglamento de la Ley.

Sin embargo, pensamos que el conductor que ha facilitado la apropiación indebida; por ejemplo, dejando el automóvil abierto y con las llaves del encendido puede ser responsable, por haber incurrido en culpa y ser coautor del daño, en virtud de la responsabilidad civil ordinaria (Art. 1185 Código Civil).

Cuando el vehículo es objeto de arrendamiento financiero, se excluye la responsabilidad del propietario arrendador, salvo que éste en posesión del vehículo para el momento del accidente. (Art. 131).

El Hecho Interior del Vehículo no exime al Propietario de su Responsabilidad

El hecho interior del vehículo que causa un daño, es imprevisible para el conductor y generalmente, también es inevitable al no haber podido conducir en forma apropiada el vehículo, a menos que huya incurrido en culpa; por ejemplo, no haber sabido como evadir la acción intempestiva del vehículo que ha sufrido un accidente en sus mecanismos (por ejemplo, el sistema de frenos o dirección).

La responsabilidad del conductor, el propietario y en consecuencia su asegurador, es una responsabilidad objetiva; y por consiguiente, la ausencia de culpa por parte del propietario no lo excluye de su responsabilidad; no podrá probar que desconocía el defecto del vehículo.

Por ello, parte de la doctrina considera que sólo el hecho exterior puede eximir al propietario de su responsabilidad.

En Francia se ha utilizado la distinción entre guarda de la estructura y guarda de la utilización para llegar a esta conclusión, basándose en que la guarda de la estructura no se traslada a la persona a quien se ha entregado la cosa conservando el propietario la guarda de la estructura y en consecuencia es responsable de los daños producidos como consecuencia de un defecto en los mecanismos del vehículo.

La situación del Conductor como Víctima

En otras legislaciones se ha previsto expresamente la situación del conductor frente al propietario, cuando el accidente no se ha debido a su culpa, o ha concurrido con ella.

La Ley nada dice sobre el particular. Tratándose de un trabajador del propietario, es evidente que proceden las indemnizaciones  previstas en la Ley del Trabajo por accidentes de trabajo, a menos que el conductor hubiese provocado intencionalmente el accidente (Art. 563 LOT).

En cambio si  el conductor utiliza el vehículo gratuitamente por su propia cuenta, no está amparado por la responsabilidad especial por accidentes de tránsito.

En este supuesto, en que la víctima tiene la posibilidad de reclamar los daños por hecho ilícito (Art. 1185 Código Civil) probando la culpa, no pudiendo hacerlo por la responsabilidad por daños causados por las cosas (Art. 1193 Código Civil), pues en tal caso le ha sido transferida la guarda del vehículo.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

El Decreto Ley establece un lapso de doce meses a partir de la fecha del accidente para intentar la acción (Artículo 134 Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.-  Las acciones civiles a que se refiere este Decreto Ley para exigir la reparación de todo daño prescribirán a los doce (12) meses de sucedido el accidente. La acción de repetición a que se contrae el artículo anterior prescribirá en igual término, a partir del pago de la indemnización. correspondiente).

La acción del asegurador contra el asegurado, en los casos que proceda será igualmente de doce meses, pero a partir de la fecha del pago a la víctima.

PROCEDIMIENTO PARA SUSTANCIAR LA PRETENSIÓN POR ACCIDENTES DE TRÁ NSITO

Se seguirá el procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil (Arts. 859 al 880 Código Civil) salvo lo dispuesto en el Código Procesal Penal. La acción civil se seguirá ante el Tribunal competente por la cuantía, en la circunscripción donde ocurrió el accidente (Artículo 150 Ley de Tránsito y Transporte Terrestre,- El procedimiento para determinar la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito en los cuales se hayan ocasionado daños a personas o cosas, será el establecido para el juicio oral en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal sobre la reparación de daños.

  La acción se interpondrá por ante el Tribunal competente según la cuantía del daño, en la circunscripción donde haya ocurrido en hecho. ).

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL DAÑO CAUSADO POR ACCIDENTE DE TRÁ NSITO  CON LA NUEVA LEY DE TRASPORTE TERRESTRE  DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SEGÚN GACETA 38.985 DE FECHA 1º DE AGOSTO DE 2008

El ámbito de aplicación de esta responsabilidad lo encontramos en la Nueva Ley de Transporte Terrestre Artículo 1º .La presente Ley tiene por objeto la regulación del transporte terrestre, a los fines de garantizar el derecho al libre tránsito de personas y de bienes por todo el territorio nacional, la realización de la actividad económica del transporte y de sus servicios conexos, por vías públicas y privadas de uso público, así como lo relacionado con la planificación, ejecución, gestión, control y coordinación de la conservación, aprovechamiento y administración de la infraestructura, todo lo cual conforma el Sistema Nacional de Transporte Terrestre.

Quedan exceptuados de la presente Ley los transportes sobre rieles que se rigen por sus leyes especiales.

La Finalidad del Nuevo Sistema

Artículo 2. El Sistema Nacional de Transporte Terrestre tiene como finalidad ordenar, transformar y orientar el sector hacia su pleno desarrollo. Asimismo, la ejecución de la infraestructura que se requiere para operarlo de manera eficiente y la coordinación de los órganos competentes del Poder Público, en la rectoría, planificación y ejecución de los procedimientos para el control del transporte terrestre.

La nueva ley establece  competencia en lo que se refiere a los órganos: según los artículos  4, 5, 6, y 7 de la novísima ley. Artículo 4. La regulación del transporte terrestre corresponde a los organismos competentes en esta materia. La competencia se distribuye entre el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal.

DE LA COMPETENCIA DEL PODER PÚBLICO NACIONAL

Articulo 5. Es de la competencia del Poder Público Nacional, en materia de transporte terrestre,  lo  relacionado con  licencias de conducir, el  Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras, tipología de unidades de transporte, condiciones de carácter nacional para la prestación de los servicios de transporte de uso público y de uso privado de personas, el transporte terrestre público de pasajeros y pasajeras en rutas suburbanas e interurbanas, sin menoscabo de las competencias que la ley y los reglamentos atribuyan a los municipios o gobiernos metropolitanos, el transporte de carga, la circulación en el ámbito nacional, el régimen sancionatorio, el control y fiscalización del tránsito en la vialidad, sin perjuicio de las competencias de los estados y municipios, los servicios conexos de carácter nacional, los procedimientos por accidentes de tránsito, las normas técnicas y administrativas para la construcción, mantenimiento y gestión de la vialidad, así como la actuación en el otorgamiento de concesiones,  el ordenamiento de  las estaciones  de  peajes,  el establecimiento de las tarifas en el ámbito nacional y las demás que le atribuya la ley.

DE LA COMPETENCIA DEL PODER PÚBLICO ESTADAL

Artículo 6. Es de la competencia del Poder Público Estadal, en materia de transporte terrestre, la conservación, administración y aprovechamiento de las carreteras y autopistas nacionales, en coordinación con el Poder Público Nacional, el servicio de transporte terrestre público y terminales de pasajeros y pasajeras interurbanos de carácter estadal, la ejecución, conservación, administración, aprovechamiento y el control de la circulación de las vías terrestres estadales y el destino de las multas impuestas, de conformidad con lo previsto en esta Ley.

DE LA COMPETENCIA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Artículo 7. Es de la competencia del Poder Público Municipal, en materia de transporte terrestre, la prestación del servicio de transporte terrestre público urbano y el establecimiento de zonas terminales y recorridos urbanos, para el transporte suburbano e interurbano de pasajeros y pasajeras con origen y destino dentro de los limites de su jurisdicción, bajo las normas de carácter nacional aplicables, así como las condiciones de operación de los servicios de transporte terrestre público y privado en el ámbito de su jurisdicción; la ingeniería de tránsito para la ordenación de la circulación de vehículos y personas de acuerdo con las normas de carácter nacional; las autorizaciones o permisos de vehículos a tracción de sangre: la construcción y mantenimiento de la vialidad urbana; los servicios conexos; el destino de las multas impuestas de conformidad con lo previsto en esta Ley; el control y fiscalización de tránsito, según la normativa de carácter nacional y las demás que por su naturaleza le sean atribuidas. Cualquier restricción de circulación que los municipios deseen aplicar debe ser evaluada y aprobada por el ministerio del poder popular con competencia en materia de transporte terrestre.

Responsables: El conductor o la conductora, el propietario o la propietaria Según el Articulo 71 Se consideran propietarios o propietarias quien figure en el Registro Nacional de Vehículos y de conductores y conductoras como adquiriente, aun cuando lo haya adquirido con reserva de dominio. Sobre las empresas aseguradoras.

Responsabilidad Civil Por accidente de Transito

Artículo 192. El conductor o la conductora, o el propietario o la propietaria del vehículo y su empresa aseguradora, están solidariamente obligados u obligadas a reparar todo daño que se cause con motivo de la circulación del vehículo, a menos que se pruebe que el daño proviene de un hecho de la víctima, o de un tercero que haga inevitable el daño; o que el accidente se hubiese producido por caso fortuito o fuerza mayor. Cuando el hecho de la victima o del tercero haya contribuido a causar el daño, se aplicará lo establecido en el Código Civil. En caso de colisión entre vehículos, se presume, salvo prueba en contrario, que los conductores o las conductoras tienen igual responsabilidad civil por los daños causados.

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE LOS PROPIETARIOS O PROPIETARIOS DE LOS VEHÍCULOS

Artículo 193. Los propietarios o propietarias no serán responsables de los daños causados por sus vehículos cuando hayan sido privados de su posesión como consecuencia de hurto, robo o apropiación indebida.

Accidentes de Transito Bajo Efectos de Alcohol u otras sustancias

Artículo 194. Se presume, salvo prueba en contrario, que el conductor o la conductora es responsable de un accidente de tránsito cuando al ocurrir éste, se encuentre bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, o conduzca a exceso de velocidad. Al conductor o conductora se le practicará el examen toxicológico correspondiente, el cual podrá realizarse a través de pruebas e instrumentos científicos por parte de las autoridades competentes del transporte terrestre al momento de levantar el accidente. Los mecanismos e instrumentos para la práctica del examen, serán desarrollados en el Reglamento de esta Ley.

Prescripción de las acciones civiles

Artículo 196. Las acciones civiles a que se refiere esta Ley para exigir la reparación de todo darlo prescribirán a los doce (12) meses de sucedido el accidente. La acción de repetición a que se contrae el artículo anterior prescribirá en igual término, a partir del pago de la Indemnización correspondiente.

Conclusión

La responsabilidad civil consiste en la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, (normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios). Se define la responsabilidad como la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido.[] Aunque normalmente la persona que responde es la autora del daño, es posible que se haga responsable a una persona distinta del autor del daño, caso en el que se habla de responsabilidad por hechos ajenos,[] como ocurre, por ejemplo, cuando a los padres se les hace responder de los daños causados por sus hijos, o al propietario del vehículo de los daños causados por el conductor con motivo de la circulación.

La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. Cuando la norma jurídica violada es una ley (en sentido amplio), hablamos de responsabilidad extracontractual, la cual, a su vez, puede ser delictual o penal (si el daño causado fue debido a una acción tipificada como delito), o cuasi-delictual o no dolosa (si el perjuicio se originó en una falta involuntaria). Cuando la norma jurídica transgredida es una obligación establecida en una declaración de voluntad particular (contrato, oferta unilateral, etc.), hablamos, entonces, de responsabilidad contractual. Surge cuando el daño o perjuicio causado no tiene su origen en una relación contractual, sino en cualquier otro tipo de actividad.

La responsabilidad extra contractual, la podemos definir como "aquella que existe cuando una persona causa, ya por si misma, ya por medio de otra de la que responde, ya por una cosa de su propiedad o de que se sirve, un daño a otra persona, respecto de la cual no estaba ligada por un vínculo obligatorio anterior relacionado con el daño producido". Esta área del Derecho Civil también se conoce como delitos y cuasidelitos civiles (fuentes de las obligaciones).

Un caso de responsabilidad extracontractual es el que puede surgir por los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de actividades que crean riesgos a personas ajenas a la misma (la conducción de un automóvil, el desarrollo de una actividad industrial. Otro supuesto es el de la responsabilidad por daños causados por bienes propios: cuando se desprende un elemento de un edificio y causa lesiones a quien pasa por debajo; cuando alguien sufre un accidente por el mal estado del suelo. También se es responsable por los daños y perjuicios que originen los animales de los que se sea propietario.

La responsabilidad puede tener su origen en actos de otra persona, por la que debemos responder: un padre es responsable de los daños y perjuicios que cause su hijo menor de edad, un empresario por los que causen sus empleados.

Anexos

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL MERCANTIL Y MENORES DEL ESTADO LARA.

AÑOS: 194° y 145°

DEMANDANTE: LUIS ALBERTO OLMOS VALECILLOS, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la cédula de identidad N° 3.736.145, de este domicilio.

APODERADOS DEL DEMANDANTE: Abogados EDILIO CENTENO BAZAN y RAFAEL ANGEL CABRITA VIERA, ambos de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nros. 3.034.953 y 1.691.619, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 13.504 y 2.391.

DEMANDADO: Ciudadano ANTONIO HERNANDEZ GARCIA, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la cédula de identidad N° 420.424, de este domicilio, en su carácter de representante legal de la firma " LUBRICANTES BRISAS DEL OBELISCO" , de este domicilio

APODERADA DEl DEMANDADO: Abogada GISELA ROMERO DE CRESPO, de este domicilio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 8.008.

MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS.

SENTENCIA: DEFINITIVA.

Con fecha 07 de agosto del año 1992 fue presentada demanda con pretensiones de indemnización de daños y perjuicios por el ciudadano Luis Alberto Olmos en contra del ciudadano Antonio Hernández, bajo cuya dirección gira el fondo de comercio " LUBRICANTES BRISAS DEL OBELISCO" , ubicado en el Kilómetro 4, frente al Cementerio nuevo, Intercomunal Barquisimeto-Quibor. Por auto de fecha 10/08/1992, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Lara, admitió la demanda y cumplida la citación del demandado, en fecha 18/12/92, la parte demandada presentó escrito mediante el cual opuso cuestiones previas establecidas en los ordinales 6°, 3°, Ordinal 6° en concordancia con el Ord. 2° de los artículos 340 y 346 del Código de Procedimiento Civil y se reservó la oportunidad para contestar la demanda. Mediante sentencia interlocutoria de fecha 09/02/92, el Juzgado a-quo declaró subsanada la cuestión previa Ord. 6° Art. 346 del CPC, en concordancia con el Ord. 2° del Art. 340 ejusdem. Sin lugar la cuestión previa Ord. 3° del Art. 346 del C.P.C. Contradicha la del Ord. 3° del Art. 346 del C.P.C. Al folio (54 al 57) consta escrito de contestación a la demanda, mediante el cual el demandado, rechazó negó y contradijo la demanda y opuso la falta de cualidad para sostener el juicio. En la oportunidad de promover pruebas ambas partes presentaron escritos, los cuales se admitieron a sustanciación salvo su apreciación en la definitiva. Evacuadas las pruebas y agregadas a los autos, en fecha 03/10/1994, el Juzgado a-quo dictó sentencia y declaró Con lugar la demanda. En fecha 10/01/95, la parte demandada, apeló de la decisión. Por auto de fecha 20/01/1995, se oyó la apelación en ambos efectos, correspondiéndole para su conocimiento a esta alzada y recibida la misma, la Juez que se encontraba al frente del Despacho para ese momento se inhibió de conocer al igual que el Juez Superior Primero, por lo que se convocó a los suplentes y conjueces los cuales manifestaron su excusa para conocer de dicho juicio. Siendo el último convocado Dr. Moisés Rosales, quien se avocó al conocimiento de la causa. Por auto de fecha 22/03/2004, la Juez Titular Dra. Delia Raquel Pérez Martín de Anzola, se avocó al conocimiento de la causa, de conformidad con la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 27/06/1996, ampliada y aclarada en fallo de la misma Sala el 23/10/1996 y visto que la causa se encuentra paralizada, se ordenó la notificación del Dr. Moisés Rosales Delgado, Tercer Conjuez de este Tribunal y de las partes, para la continuación de la causa, de conformidad con los artículos 14 y 233 del C.P.C., debiendo advertírseles que una vez trascurrido el lapso de 10 días se reanudará la causa, lapso que se computará al día siguiente a que conste el autos la última notificación, dejándose luego transcurrir el lapso de tres días hábiles previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Se fijó para informes de conformidad con el Art. 517 del C.P.C., se libraron boletas. A los folios (213, 214 y 215) constan las boletas de notificación.

MOTIVA

De los límites de competencia del Juzgador Superior en la revisión de la providencia apelada.

Son diferentes las facultades del Juez Superior en los casos de apelación de autos interlocutorios o de sentencias. En efecto, la apelación de la sentencia otorga al superior competencia sobre todo el proceso como fallador de instancia, y por lo mismo tiene la obligación de revisar el expediente en todos sus aspectos para dictar la sentencia que resuelva sobre el litigio; en cambio, cuando se apela de un auto interlocutorio el superior no adquiere competencia sino sobre el punto incidental o especial que fuera materia del recurso, porque la instancia continúa ante el inferior, y por esto no puede ocuparse de los demás aspectos del proceso.

Uno de los efectos peculiares de la apelación, que también comparte la casación, es en materia civil, que el superior no puede agravar la situación del apelante único, porque se entiende que la interpuso solo en lo desfavorable de la providencia, lo que se conoce como " reformatio in peius" y significa una especie de limitación de la competencia del superior en la revisión de la providencia apelada.

Establecido lo anterior, observa esta sentenciadora de la Alzada que la demanda propuesta fue declarada con lugar por la decisión emanada del A Quo, en fecha 03 de octubre de 1994, de cuyo texto aparece la condenatoria de la parte demandada a pagar al actor los daños reclamados y los intereses producidos hasta el pago definitivo de la obligación, decisión ésta que fue objetada por la parte demandada; todo lo cual implica que el ámbito de competencia de conocimiento de esta Alzada es amplio para la revisión de la providencia objetada, como consecuencia de lo cual se determinará el ajuste o no a derecho de esa decisión, con estricto apego a los términos en que resultó planteada la controversia y a la actividad probatoria que aparece del expediente, Así Se Declara.

De los términos en que resultó planteada la controversia.

Establece la primera parte del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, la manera conforme a la cual debe ser contestada la demanda, y en ese sentido señala que interpuesta una demanda contentiva de la acción y de las pretensiones del demandante, la cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley, la litis resulta trabada una vez como la parte demandada proceda a dar contestación a la demanda, correspondiéndole el deber de expresar con claridad si contradice la demanda en todo o en parte o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación, y las razones y defensas o excepciones perentorias que creyere conveniente alegar; de forma tal que una vez como fuere contestada la demanda o precluido que fuere el plazo para realizarla, no podrá ya admitirse la alegación de hechos nuevos, ni la contestación de la demanda, ni la reconvención, ni las citas de terceros.

Aduce la parte actora que el día 20 de abril de 1992, a las 8:40 aproximadamente de la mañana, acudió el ciudadano Vicente Ramón Pacheco, al autolavado " Lubricantes Brisas del Obelisco" , ubicado en el Km. 4, frente al cementerio nuevo, con la finalidad de efectuar un lavado al vehículo propiedad del ciudadano Luis Alberto Olmos, marca Ford, clase camioneta, tipo PicK-up, modelo F-150, año 90, colores blanco y rojo, placas 631-XCX; momento para el cual habían otros carros esperando por el mismo servicio, razón por la cual decidió dejar la camioneta y volver más tarde. Que cuando retornó al auto lavado el señor Pacheco pasó por la Oficina y pagó el monto del servicio, pero que cuando salió a buscar la camioneta en el estacionamiento del auto lavado, no la consiguió, razón por la cual retornó a la Oficina y planteó el problema ante una señora que lo había atendido, siendo que la camioneta definitivamente no apareció. Que la camioneta fue entregada a una señora que atendía la oficina del auto lavado, fondo de comercio que -señala- gira bajo la responsabilidad de ciudadano Antonio Hernández García. Que ese vehículo fue objeto de apropiación indebida o de hurto mientras se encontraba en el auto lavado " Lubricantes Brisas del Obelisco" puesto que fue sacado de allí sin su consentimiento ignorándose hasta el momento su paradero, siendo lo cierto que mientras el vehículo estaba bajo la responsabilidad por su custodia, del representante del fondo de comercio referido, a quien le fue confiada la camioneta. Que agotada la vía amistosa, es por lo que acude a demandar al representante legal de ese fondo de comercio para que convenga en devolver la camioneta a su propietario, la cual había sido mandada a lavar para su venta al ciudadano Giuseppe Rufino, domiciliado en la ciudad Ojeda, Estado Zulia, por la cantidad de Bs. 750.000, o en caso contrario sea condenado a pagar esa cantidad de dinero que hubiere recibido para esa fecha, mas los intereses que tal cantidad produjere hasta el momento del pago definitivo de la obligación o de la devolución del vehículo en las mismas excelentes condiciones en que se encontraba para el momento de haberla confiado al auto lavado. Fundamentando el ejercicio de la acción en lo dispuesto en el artículo 1.185 del Código Civil.

En la oportunidad respectiva, la demandada dio contestación a la demanda, negando en todas sus partes la demanda interpuesta en su contra, tanto en los hechos como en el derecho. Que de los términos de la narración de los hechos, de los cuales el actor pretende la responsabilidad del demandado, aparece que el responsable directo y excluyente del vehículo es el señor Ramón Vicente Pacheco Pérez a quien el actor confesó, le fue confiado un vehículo de su propiedad, persona ésta que fue la que supuestamente llevó el carro al auto lavado y quien decidió unilateralmente dejarlo en el servicio del auto lavado ubicado en el Km. 4 de Barquisimeto, en plena carretera para efectuar un simple lavado y dejándole en un negocio con personas respecto de las cuales no tiene ninguna relación, así como tampoco con ese comercio, a tal punto que ni siquiera conoce el nombre de la persona a quien señala le fue entregado el carro. Que conforme a la narración de los hechos es evidente que el único responsable de ese vehículo era el gestor Vicente Ramón Pacheco Pérez, a quien le había sido confiada el vehículo para que gestionara, diligenciara o hiciera el encargo realizado, respecto de cuyo bien debía mantener la debida vigilancia, pues de lo contrario obraría con negligencia, resultando ser el único legitimado pasivo ante un eventual requerimiento de responsabilidad. Que por otro lado el actor en ningún momento señaló que entregó el vehículo al ciudadano Antonio Hernández García, pues conforme señaló dijo haberlo entregado a una persona del sexo femenino, razón por la cual ni siquiera la tenencia momentánea de la cosa puede atribuírsele ni exigírsele responsabilidad por custodia, al nunca haberle sido confiada la cosa. Que por otro lado es pública y notoria la mecánica como funcionan los auto lavados, como auto servicios, donde el trabajo se efectúa o bien con la persona dentro del carro o bajo la observación y vista de los usuarios; casos en los cuales no se puede hablar de guarda ni de custodia, porque el bien no sale de las esferas del usuario, por lo que al abandonar su sitio de observación, lo hace a su propio riesgo y responsabilidad. Que aparece extraño que el custodio del carro hubiese llevado a lavar ese carro a un auto lavado de esa ubicación existiendo en la ciudad otros mas céntricos, siendo que no media ninguna relación de amistad o conocimiento anterior. Que no puede pretenderse la responsabilidad del demandado como custodio de ese carro por el solo hecho de ser el propietario de un fondo de comercio donde funciona un auto lavado. Que en el Derecho Moderno la obligación de custodia de los bienes ha abandonado viejos conceptos y hoy en día entiende que la obligación específica del deudor de custodiar la cosa objeto del contrato como obligación de los contratos de depósito, especialmente el voluntario, el comodato, el mandato, el usufructo y la gestión de negocios, contratos en los cuales aparece implícita la obligación de custodiar. Que con fundamento en lo expuesto es claro que el demandado nunca ha tenido la condición de custodio de ese vehículo, el cual nunca recibió bajo forma alguna, y que en el caso negado que el carro hubiere sido lavado en ese auto lavado, el hecho de ser propietario no le otorga la condición de custodio de los vehículos que allí se lavan, razón por la cual carece de cualidad para sostener como demandado el presente proceso, defensa que solicita sea declarada como punto previo a la decisión. Que no es cierto que el demandado hubiere incurrido en el ilícito civil imputado, ni que deba resarcir los daños y perjuicios reclamados mas los intereses. Que el actor confunde la responsabilidad contractual con la extracontractual, las cuales no pueden superponerse, lo que conduce a declarar sin lugar la demanda. Que por otro lado son indispensables para comprobar la responsabilidad civil por hecho ilícito, la acreditación del hecho en sí, el daño y una relación de causalidad entre el primero y el segundo. Que aun cuando no le hubiere sido opuesto formalmente a su representado y por tanto no tendría la carga de impugnarlo, impugna el recaudo que corre al folio N° 4 de este expediente y el cual tiene la apariencia de ser una tarja de fecha 20/04/92, y ello por cuanto el recaudo no proviene de puño y letra del demandado, ni tampoco fue elaborado por él; además por que ese recaudo, al cual le es atribuido el valor de cosa tarja (instrumento privado sin firma), el cual depende de la coincidencia entre un talón y otro, siendo que en el caso de autos el mismo jamás podrá tener ese valor de coincidencia, pues nunca fue separada la factura del ticket, conforme fácilmente se observa, lo que es indicativo que el recaudo siempre estuvo en manos de la misma persona, y por ello no puede pedirse su coincidencia. Que es común cuando se acude a un auto lavado le sea entregado a la persona la tarja que se divide al momento de pactar el servicio, quedando un parte al comerciante, las cuales deben coincidir con la factura, de manera que no es correcto que se den ambas a una sola persona. Que con fundamento en lo expuesto solicita la declaratoria sin lugar de la demanda interpuesta.


Partes: 1, 2, 3, 4, 5


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