1. Resumen
2. Introducción
3. El Fondo de cooperación y financiamiento de empresas asociativas
4. El Programa de inserción del joven y la mujer de escasos recursos al proceso productivo
5. El Programa de promoción y apoyo a la economía popular
6. Análisis de la puesta en marcha del programa
7. Implicaciones de la desconcentración del programa
8. El agotamiento del optimismo
9. Los efectos de la incertidumbre
10. Propuestas para desbloquear el programa
11. Un final para recomenzar...
12. El programa de fomento a la economía solidaria
13. Conclusiones

Ponencia al Primer Congreso Interamericano del CLAD para la Reforma del Estado y la Administración Pública, celebrado del 7 al 9 de noviembre de 1996 en Río de Enero, Brasil, y aparece publicada en el segundo tomo de la Memoria de este Seminario. Forma parte de la investigación evaluativa realizada mediante el Convenio de Investigaciones FONCOFIN-Escuela de Gerencia Social y el apoyo institucional de la Universidad Central de Venezuela. Ver César Barrantes, El Apoyo a la Microempresa Popular en Venezuela. Hacia una Política Social Orgánica de Estado? Cuadernos de Investigación No.14, Escuela de Gerencia Social, Caracas, 1994. Para una versión ampliada, ver  César  Barrantes, El Apoyo a la Economía Popular en Venezuela ¿Hacia una Política Social Orgánica de Estado? Fondo Editorial Tropykos, Ediciones FACES, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1997.

RESUMEN

Se trata de un abordaje con perspectiva sociopolítica de la microfísica del poder en uno de los aparatos oficiales de política social en Venezuela. La trayectoria analizada permitió dar cuenta de una periodización que marca, por un lado, el paso de una descentralización mediatizada por el centralismo a una sinérgica incipiente que pasó por una desconcentración pletórica de  bloqueos, y, por otro, el cambio de concepciones paradigmáticas aupadas por diversos grupos de poder político-técnico, ideopolítico y burocrático que, gravitando en el ámbito público =civil y oficial= se constituyeron, no sin heterogeneidades y debilidades, en torno a ideologías y enfoques que, siendo cooperantes en la teoría y en la práctica del buen gobierno, vienen siendo asumidas como antagónicas en la antitética práctica gubernamental del "borrón y cuenta nueva". Se trata de las denominadas Economía Asociativa, Economía Popular y Economía Solidaria cuyo referente transideológico y metaempírico es la producción popular, individual y colectiva, formal e informal, sesgada hacia el intercambio mercantil a micro y pequeña escala de valores intangibles y tangibles, especialmente agroalimentarios (producidos también a mediana y gran escala por sectores no populares para ser comercializados a precios populares, hoy denominados solidarios por el gobierno de Caldera) y de primera necesidad para las familias depauperadas.

INTRODUCCIÓN

Este documento ofrece un análisis con perspectiva sociopolítica[1] de la trayectoria or­ganizacional seguida por uno de los aparatos de la política social de un estado que ha venido siendo reducido al simple gobierno que administra lo dado[2]: el Estado venezolano. Se trata del rector de los pro­gra­mas oficiales y civiles de promoción y apoyo a la Economía Popular: el Fondo de Cooperación y Finan­cia­miento de Empresas Asociativas, FONCO­FIN, durante el periodo que va desde su creación en mayo de 1987 hasta mar­zo­-abril de 1995, cuando se inició, esta vez bajo el signo ideopolítico de la solidaridad social postulada por el nuevo gobierno de Caldera, su quinta restruc­tu­ra­ci­ón política, programática y administrativa.

   Aquí analizamos el proceso mediante el cual, en aras de cumplir con su misión, FONCOFIN =una fundación de derecho público adscrita al Despacho de la Familia= organizó, asignó y usó recursos tangi­bles e intangibles, trans­formó insumos y recursos y aplicó tecnologías organizati­vas para la obtención de resultados intraorganizaciones y finales[3] y cierto tipo de impactos con el afán de contribuir a la crea­ción de cadenas de produc­ción y mercadeo locales y regiona­les, al abara­ta­miento del consumo y al incremento del empleo, el ingreso y la calidad de vida de familias y comunidades popula­res urbanas y rurales.

   No obstante, consideramos a estos nueve años como u­na larga y costosa inver­sión inicial a la cual aún no se le vislumbra el punto de retorno de su ren­ta­bi­li­dad económica, social y política la cual ha estado muy vinculada, por lo demás, a los avata­res del sistema político[4] y de los ingentes esfuerzos que auparon las trans­forma­ciones no cristali­zadas, primero, del Ministerio del Trabajo[5], y, al resultar in­via­ble éste, del Ministerio de la Familia (Exministerio de la Juventud) en Minis­terio de Desarrollo Social [6]y su Programa de Promoción y Apoyo a la Economía Popular en una Política Social orgánica de Estado[7].