El apoyo a la economía popular y micropoderes burocráticos en Venezuela

1. Resumen
2. Introducción
3. El Fondo de
   cooperación y financiamiento de empresas
   asociativas
4. El Programa de
   inserción del joven y la mujer de escasos recursos al
   proceso productivo
5. El
   Programa de promoción y apoyo a la economía
   popular
7. Implicaciones
   de la desconcentración del programa
8. El
   agotamiento del optimismo
9. Los efectos de
   la incertidumbre
10. Propuestas
    para desbloquear el programa
11. Un final para
    recomenzar…
12. El
    programa de fomento a la economía solidaria
13. Conclusiones

Ponencia al Primer Congreso Interamericano del CLAD para la
Reforma del Estado y la
Administración
Pública, celebrado del 7 al 9 de noviembre de 1996 en
Río de Enero, Brasil, y aparece
publicada en el segundo tomo de la Memoria de
este Seminario. Forma
parte de la
investigación evaluativa realizada mediante el
Convenio de Investigaciones
FONCOFIN-Escuela de
Gerencia
Social y el apoyo institucional de la Universidad
Central de Venezuela. Ver
César Barrantes, El Apoyo a la Microempresa
Popular en Venezuela. Hacia una Política
Social Orgánica de Estado? Cuadernos de
Investigación No.14, Escuela de Gerencia Social,
Caracas, 1994. Para una versión ampliada, ver 
César  Barrantes, El Apoyo a la Economía Popular en Venezuela ¿Hacia
una Política
Social Orgánica de Estado? Fondo Editorial Tropykos,
Ediciones FACES, Universidad Central de Venezuela, Caracas,
1997.

RESUMEN

Se trata de un abordaje con perspectiva sociopolítica
de la microfísica del poder en uno
de los aparatos oficiales de política social en Venezuela.
La trayectoria analizada permitió dar cuenta de una
periodización que marca, por un
lado, el paso de una descentralización mediatizada por el
centralismo a
una sinérgica incipiente que pasó por una
desconcentración pletórica de  bloqueos, y,
por otro, el cambio de
concepciones paradigmáticas aupadas por diversos grupos de poder
político-técnico, ideopolítico y
burocrático que, gravitando en el ámbito
público =civil y oficial= se constituyeron, no sin
heterogeneidades y debilidades, en torno a
ideologías y enfoques que, siendo cooperantes en la
teoría
y en la práctica del buen gobierno, vienen
siendo asumidas como antagónicas en la antitética
práctica gubernamental del "borrón y cuenta nueva".
Se trata de las denominadas Economía Asociativa,
Economía Popular y Economía Solidaria cuyo
referente transideológico y metaempírico es la
producción popular, individual y colectiva,
formal e informal, sesgada hacia el intercambio mercantil a micro
y pequeña escala de
valores
intangibles y tangibles, especialmente agroalimentarios
(producidos también a mediana y gran escala por sectores
no populares para ser comercializados a precios
populares, hoy denominados solidarios por el gobierno de Caldera)
y de primera necesidad para las familias depauperadas.

INTRODUCCIÓN

Este documento ofrece un análisis con perspectiva
sociopolítica[1] de la
trayectoria or­ganizacional seguida por uno de los aparatos
de la política social de un estado que ha venido siendo
reducido al simple gobierno que administra lo
dado[2]: el Estado
venezolano. Se trata del rector de los pro­gra­mas
oficiales y civiles de promoción y apoyo a la Economía
Popular: el Fondo de Cooperación y
Finan­cia­miento de Empresas
Asociativas, FONCO­FIN, durante el periodo que va desde su
creación en mayo de 1987 hasta mar­zo­-abril de
1995, cuando se inició, esta vez bajo el signo
ideopolítico de la solidaridad
social postulada por el nuevo gobierno de Caldera, su quinta
restruc­tu­ra­ci­ón política,
programática y administrativa.

   Aquí analizamos el proceso
mediante el cual, en aras de cumplir con su misión,
FONCOFIN =una fundación de derecho
público adscrita al Despacho de la Familia=
organizó, asignó y usó recursos
tangi­bles e intangibles, trans­formó insumos y
recursos y aplicó tecnologías organizati­vas
para la obtención de resultados intraorganizaciones y
finales[3] y cierto tipo de
impactos con el afán de contribuir a la
crea­ción de cadenas de produc­ción y
mercadeo
locales y regiona­les, al abara­ta­miento del
consumo y al
incremento del empleo, el
ingreso y la calidad de
vida de familias y comunidades popula­res urbanas y
rurales.

   No obstante, consideramos a estos nueve
años como u­na larga y costosa inver­sión
inicial a la cual aún no se le vislumbra el punto de
retorno de su ren­ta­bi­li­dad económica,
social y política la cual ha estado muy vinculada, por lo
demás, a los avata­res del sistema
político[4] y de los
ingentes esfuerzos que auparon las trans­forma­ciones no
cristali­zadas, primero, del Ministerio del
Trabajo[5], y, al resultar
in­via­ble éste, del Ministerio de la Familia
(Exministerio de la Juventud) en
Minis­terio de Desarrollo Social
[6]y su Programa de
Promoción y Apoyo a la Economía Popular en una
Política Social orgánica de
Estado[7].