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La Responsabilidad Penal Médica (página 4)




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El aumento en un grado en cada uno de los casos mencionados, obedece a lo dispuesto en la parte final del artículo 345 del Código Penal, el cual establece que si el aborto es realizado por un facultativo abusando de su oficio, las penas establecidas para cada uno de los casos deben ser aumentadas en un grado.

Todo lo anterior, es sin perjuicio del caso en que el médico, sin abusar de su profesión, debe practicar o colaborar en un aborto terapéutico, ineludible e inevitable, en que en que no se da otra posibilidad para salvar la vida de la mujer y llevarlo a cabo, dicho médico habrá obrado no sólo justificadamente, pues lo habrá hecho en el ejercicio y uso legítimos de su profesión y actividad médica de salvar una vida, por tanto, no se ha incurrido en el delito de aborto.

Una opinión muy difundida reconoce en tales casos la existencia de un verdadero estado de necesidad, de un conflicto de bienes de un valor desigual, un bien de mayor valor, la vida de la madre, fruto ya logrado, ser con vida consciente, vida con honda eficacia sobre otras vidas, y un bien de menor valor, vida inconsciente, puramente fisiológica, vida que no anima a un ser humano propiamente dicho, sino a una esperanza de él. La solución jurídica del conflicto, conforme a las normas penales generales, es el sacrificio del bien menor. El aborto practicado, en este caso, se considera por la doctrina dominante lícito y permitido, y numerosas legislaciones declaran expresamente su impunidad.

e) Abusos sexuales.  Artículo 368 del Código Penal.

Los delitos sexuales pueden variar desde simples tocaciones libidinosas o impúdicas revestidas o teñidas de sexualidad, hasta la violación.

El médico, que dada su calidad y desempeño profesional respecto de su paciente, incurre en abusos sexuales,  cuando dicho paciente se encuentra bajo su cuidado o curación, agrava su responsabilidad penal, puesto que se le impondrá la pena señala al delito con exclusión de su grado mínimo, si ella consta de dos o mas grados, o de su mitad inferior, si la pena es de un grado de una divisible.

Ejemplo, según lo dispuesto en el artículo 366 bis del Código Penal:  "El que realizare una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona menor de catorce años, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo  a  presidio mayor en su grado mínimo".

Si dicha acción sexual es realizada por un médico que desempeñando su profesión se encuentre encargado de la curación o cuidado de la menor, la pena que se le impondrá deberá excluir su grado mínimo, esto es, deberá excluirse la pena de presidio menor en su grado máximo  y  deberá aplicarse la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

Las penas  accesorias a aplicar en este caso, según el tipo de delito sexual en el cual se pueda haber incurrido, se determinaran en razón de:

- si la pena aplicable es la de presidio o reclusión mayores - cinco años y un día - en adelante, corresponderá aplicar las  penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

- si la pena aplicable es la de presidio o reclusión menores en su grados máximos - tres años y un día a cinco años - corresponderá aplicar  las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

- si la pena aplicable es de presidio o reclusión menores en sus grados mínimos y medios - sesenta y un días a tres años -  corresponderá aplicar  las penas accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

f) Recetar sustancias o  drogas estupefacientes o sicotrópicas Artículo 6° de la Ley 20.000.

Incurre en delito, el médico cirujano, odontólogo o médico veterinario que recete sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productotas de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin  necesidad médica o terapéutica.

Dicho delito será penado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio - cinco años y un día a quince años -  y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

Más la aplicación de las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Si se tratare de otras drogas o sustancias de esta índole que no produzcan  efectos tóxicos o daños considerables a la salud,  podrá rebajarse la pena indicada anteriormente,  hasta en un grado, es decir, podrá rebajarse la pena, según corresponda a las circunstancias del  caso,  de:

1°.- presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en si grado mínimo, esto es, de una pena que va de diez años y un día, se podrá rebajar a una pena que va de cinco años y un día a diez años.

En tal caso, serán aplicables las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

2°.- presidio mayor en su grado mínimo a presidio menor en su grado máximo, esto es, de una pena va de cinco años y un día, se podrá rebajar a una pena que va de tres años y un día a cinco años.

En tal caso, serán aplicables las  penas accesorias de  inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena

6.- Incumplimiento de deberes propios de la profesión médica, castigados a título de falta

La  falta, es un delito cuya pena asignada por la ley puede ser de prisión y/o multa; y que sólo se castiga siempre y cuando se encuentre en grado de consumada.

Nuestro Código Penal, contempla los siguientes casos en esta materia:

a)  El facultativo que, notando en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito grave, no diere parte a la autoridad oportunamente.  Artículo 494 N° 9.

b) El médico, cirujano, farmacéutico, dentista o matrona que  no prestaren los servicios de su profesión durante el turno que les señale la autoridad administrativa.  Artículo 494 N° 11.

Lo que significa que, conjuntamente con la sanción administrativa que la falta conlleva, se aplica, además, la sanción penal aludida.

c) El médico, cirujano, farmacéutico, matrona o cualquiera otro que, llamado en clase de perito o testigo, se negare a practicar una operación propia de su profesión u oficio o a prestar una declaración requerida por la autoridad judicial, en los casos y en la forma que determine el Código de Procedimientos y sin perjuicio de los apremios legales.  Artículo 494 N° 12.

En tal situación, el juez se encuentra facultado tanto para arrestarlo mientras no preste la colaboración de que se trata, como para castigarle penalmente como autor de la falta omisiva señalada.

La sanción que contempla el artículo 494 del Código Penal para tales casos es la pena de multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales; todo ello, sin perjuicio de que en determinadas infracciones, atendida su gravedad, se contemplen multas de cuantía superior.

7.-  Jurisprudencia

La jurisprudencia, según su significado etimológico "prudentia iuis", representa el "discernimiento del derecho" o "prudencia del juez".

La jurisprudencia puede ser entendida como "la interpretación y aplicación del derecho, constante, repetida, uniforme y coherente, que hacen los tribunales de justicia, sobre la base de un mismo criterio, al momento de dictar sus fallos o decisiones sobre un asunto o materia en particular de que conocen".

El Artículo 3° inciso segundo del código civil Chileno declara que "las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren".

Según tal disposición, ningún tribunal Chileno esta vinculado con sus fallos anteriores y tampoco con los dictados previamente por los tribunales superiores de justicia, sin embargo, lo más probable es que confiera alguna estabilidad en los criterios de interpretación y decisión que hubiese observado anteriormente en alguna materia determinada, y de igual forma, es un hecho que los fallos concordantes de los tribunales superiores de justicia van a  influir en los criterios y decisiones que adopten los tribunales inferiores.

Primer Caso

Negligencia médica. Cuasidelito de homicidio.

Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Copiapó.

En Causa Ruc. 0510000049-2 y Rit. 57-2006, se condena a cada uno de los médicos, A.V.S. y C.A.S.  a la pena de sesenta y un días  de reclusión menor en su grado mínimo, y a la accesoria de suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena, como autores de un cuasidelito de homicidio.

Se les condena además a  por concepto de indemnización de los perjuicios la suma de $60.000.000.- (sesenta millones de pesos), por concepto de daño moral, y al paso de las costas a la causa.

Se otorga a los sentenciados el beneficio de remisión condicional de la pena corporal impuesta, quedando sujetos a la vigilancia y control de Gendarmería de Chile por el término de un año.  Condicionándose  el otorgamiento de este beneficio a la satisfacción de la indemnización civil y costas que se imponen en esta sentencia.

Sentencia confirma por la I.Corte de Apelaciones de Copiapó. Rol de Corte N° 297-2006.

I. Corte de Apelaciones de Copiapó, treinta y uno de enero del año dos mil siete.

Texto Sentencia

VISTOS:      

Que en esta causa rol único 0510000049-2, rol interno Nº 57-2006 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó y rol Corte Nº 297-2006, por sentencia definitiva de ocho de diciembre del año dos mil seis, el señalado tribunal condenó a los imputados Aquiles Antonio Viterbo Salinas y Cecilia de Fátima Aros Schoettge respectivamente, a las penas de sesenta y un días de reclusión menor en su grado mínimo, más las accesorias correspondientes, como autores del delito culposo de homicidio de Melissa Clara Carrizo Jofré previsto en el artículo 491 del Código Penal, cuyo suceder causal se inició el día Primero de Junio del año 2.004 en la ciudad de El Salvador, para concluir con el fallecimiento de la víctima el día 16 de julio de ese mismo año en la ciudad de Santiago, y a pagar la suma de $ 60.000.000 por concepto de indemnización de perjuicios a Patricio Carrizo Díaz.

En contra del referido fallo, el señor abogado Miguel Soto Piñeiro, en representación de los imputados, dedujo recurso de nulidad aduciendo que la sentencia adolece del motivo de nulidad previsto en el N° 2 del artículo 373 del Código Procesal Penal, por haberse efectuado una errónea aplicación del derecho que influyó en lo dispositivo del fallo, por las razones que se expresarán más adelante.

El día 11 de enero del presente año se llevó a efecto la vista del recurso interviniendo el recurrente, el señor Fiscal del Ministerio Público don Juan Ignacio Henríquez y el abogado de la parte querellante don Patricio Pinto Galleguillos. Se fijó el día treinta y uno de enero para dar a conocer la decisión del tribunal.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente ha deducido recurso de nulidad sustentado en la causal de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, esto es, por efectuar los sentenciadores una errónea aplicación del derecho que influyó en lo dispositivo de la sentencia.

Al efecto parte su recurso con algunas consideraciones generales, indicando que la sentencia condenó a sus clientes aplicando lo dispuesto en los artículos 15 N° 1, 391 N° 2 y 491 N° 1, todos del Código Penal, sin que se encuentren acreditados los supuestos de que dependen la existencia del referido delito culposo, todo vez que en el marco de una confusa y no concluyente descripción de los hechos, en ninguna parte se llega a precisar la relación existente entre la presunta negligencia y la producción del resultado y, a lo más, se hace una afirmación en tal sentido que no se desarrolla.

 Indica que la sentencia no esclarece si la responsabilidad imprudente es activa o omisiva, lo que estima relevante por cuanto sólo en la acción existe causalidad y por ende es dable establecer el vínculo de causalidad real entre la acción y resultado, ya que en la omisión no concurre un verdadero vínculo causal sino una causalidad hipotética cuya determinación es por agregación y no por supresión.

  Indica que en el juicio no resultó esclarecida la causal precisa de la muerte pues a la víctima no se le practicó la autopsia de rigor, por lo que difícilmente puede determinarse cuál es la acción u omisión que causó el resultado.

  Ahonda en la necesaria vinculación entre la producción del resultado, el vínculo causal y la acción u omisión negligente, volviendo a señalar que, si bien la sentencia menciona el vínculo causal, no se expresa cómo se dio por acreditad o.

  Señala que si la ley de fondo aplicable "artículos 15 N° 1, 391 N° 2, 490 N° 1 y 491 del Código Penal- exigen una acción u omisión imprudente, un resultado constitutivo de un delito contra las personas y la necesaria conexión de antijuridicidad entre uno y otro, el reflejo procesal es que todos los extremos deben ser objeto de prueba rendida en el proceso y del razonamiento o motivación de la resolución que recae sobre dicha prueba, en términos de derrotar la presunción de inocencia y, en particular, el indubio pro reo.

Agregó que respecto de los actos médicos realizados por los condenados no se esclarece en la sentencia si la negligencia estaría constituida por un error diagnóstico, por una demora en realizarlo, por la omisión de realizar un intervención quirúrgica oportuna en función a ese diagnóstico o por la suma de ese complejo de acciones y omisiones.

Por vía ejemplar, como demostración de las insuficiencias de la sentencia, indica que en ella se condena a los dos acusados como coautores de un delito culposo, citando al efecto el artículo 15 N° 1 del Código Penal, en circunstancias que es estructuralmente improcedente hablar de coautora en los delitos culposos.

Indicó que todo lo anterior es relevante por cuanto los vacíos en la determinación de la relación de causalidad y/o de imputación objetiva son llenados por el principio indubio pro reo, en términos que si no está probado el vínculo entre acción y resultado, subsistiendo la duda a este respecto, debe afirmarse positivamente que tal duda no existe, pues el espacio es llenado por el principio antes señalado.

 En cuanto a la forma que se produjo la errónea aplicación del Derecho señala que en la sentencia se han infringido los artículos 5°, 19 N° 3, inciso quinto y siguientes de la Constitución Política de la República; el artículo 11 N° 1 de la Declaración de los Derechos Humanos; el artículo 14 N° 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 N° 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos en relación con los artículos 4 y 340 del Código Procesal Penal y con los artículos 15 N° 1, 391 N° 2, 490 N° 1 y 491 del Código Penal.

 Indica al efecto que el contenido mínimo que debe asignársele a la presunción de inocencia es el principio pro reo, haciendo una serie de referencias y citas respecto del mismo, para luego sostener que, en este caso, al no estar establecida en la sentencia de forma concluyente cuál fue la causa de la muerte y, por ende, al cuál es la relación existente entre las acciones y/o omisiones imputadas a los querellados y el resultado, debe resolverse a favor de estos últimos, asumiendo, in dubio pro reo, que no son sus acciones u omisiones la causa precisa y determinante de la muerte.

Indica que lo anterior no puede soslayarse sosteniendo que las acciones u omisiones de los condenados son la causa de la causa del proceso multifactorial que habría conducido a la muerte, vale decir la causa de la causa del mal, como erróneamente lo sostiene la sentencia recurrida, pues esto, que tuvo alguna recepción jurisdiccional en nuestro país a principios del siglo pasado, había sido rechazado ya en el marco de las teorías puramente causales, por cuanto no esclarece la necesaria relación de antijuridicidad que debe existir en el delito culposo y que modernamente es exigido por las teorías de la imputación objetiva, bajo denominación de concreción del riesgo en el resultado, en el segundo nivel de imputación.

 Así para que una acción u omisión determinada, en este caso un acto médico, se inserte en el iter de un proceso dado, sólo será relevante a efectos de atribución de responsabilidad a título de culpa, en la medida que se haya esclarecido inequívoca y concluyentemente cuál fue la incidencia del acto médico en la producción del resultado.

 Indica que en este caso la incertidumbre al respecto se demuestra con la sola consideración de las declaraciones de uno de los peritos de los acusadores que al efecto cita que no pudo afirmar que el mal diagnóstico tenga relación con la muerte del paciente y que coincide con los dichos del perito que declaró por la defensa.

 Redunda en sus argumentos respecto de las exigencias del delito culposo y que en la duda debe ser resuelta indubio pro reo.

Reiterando su argumentación en orden a que la sentencia no esclarece cuál sea la concreta negligencia imputada, refiere que la acusación aludía a una omisión dolosa, sin embargo la sentencia no condena por u n delito doloso ni señala inequívocamente que la negligencia consista en una omisión, con lo que se hace imposible una defensa eficaz al no guardar la necesaria congruencia con la acusación.

 Expresa el recurrente que en ningún caso puede acontecer lo señalado, "como al pasar" por la sentencia, esto es, la imputación conjunta de una acción y una omisión de carácter culposo, por cuanto ambas son excluyentes, y si acción y omisión son sucesivas, lógica y causalmente la última de ellas excluye a las restantes en términos de imputación, pues concurre una prohibición de regreso que impide extender las cadenas imputativas más allá de la última acción u omisión relevante.

Indica que la indeterminación de la sentencia llega a su extremo cuando, después de aludir conjuntamente a la acción y omisión, se hace referencia a la no aplicación de un tratamiento indicado para una obstrucción intestinal; aplicar un tratamiento errado que agravó el estado del paciente y a la pérdida de tiempo fundamental para su recuperación; lo que lo hace preguntarse cuál de las tres conductas aludidas es la que está vinculada causalmente al resultado y cómo lo está.

 Añade que la no aplicación de un tratamiento indicado para una obstrucción intestinal tiene como supuesto que se haya diagnosticado dicho cuadro, lo que en términos inequívocos, no ocurrió desde que la menor fue remitida a Santiago con tres posibles diagnósticos.

 Así entiende que el problema se retrotrae a un momento anterior al aludido en la sentencia, por cuanto debía precisarse si existió negligencia al realizar un diagnóstico oportuno, haciendo presente al respecto lo dicho por diversos testigos y efectuando consideraciones fácticas respecto del punto, concluyendo que no se aplicó un tratamiento indicado por no realizarse un diagnóstico exacto lo que, a su juicio, no le es imputable a los condenados.

 Concluye en este punto que, con independencia de cuál sea la conducta imputada, que el fallo no aclara, no concurre la infracción al deber de cuidado; no está acreditada cuál sea la causa del resultado y no se ha esclarecido de qué forma el resultado es imputable a la conducta desplegada por los condenados, por lo que no concurre ninguno de los elementos que permiten afirmar la responsabilidad por un delito culposo, todo lo cual lo lleva a sostener que la condena su fundamente en una errónea aplicación de la Ley penal.

 SEGUNDO: Que en la sentencia cuya invalidación se reclama, los jueces establecieron como hechos de la causa los siguientes:

 "Que el día 01 de Junio de 2004, la menor Melissa Carrizo Jofré fue atendida en el Servicio de Urgencia del Hospital de El Salvador por dolores abdominales, siendo derivada a su domicilio. Al día siguiente, 02 de Junio de 2004, la menor Carrizo Jofré ingresa por urgencia al referido centro asistencial por cuadro abdominal difuso, con dolor de varios días de evolución, asociado a escasa evacuación intestinal, siendo evaluada ese mismo día por la acusada Aros Schoettge, quien diagnostica síndrome de colon irritable sin diarrea. El día 03 de Junio de 2004, en horas de la mañana, la doctora Aros Schoettge evalúa a la menor, y solicita una radiografía de abdomen simple para descartar una obstrucción intestinal y, además, solicita evaluación por cirujano de adulto para determinar si el cuadro sería o no quirúrgico. Luego, aproximadamente a mediodía del mismo 03 de Junio de 2004 y, disponiendo ya de la radiografía aludida, los acusados, diagnostican retención estercorácea y constipación, indicando tratamiento a base de lavados intestinales. Lo que resultaba del todo contraproducente para la real condición de la menor Carrizo Jofré, que a esa altura presentaba un cuadro de obstrucción intestinal. Posteriormente, en horas de la tarde del mismo día, la imputada Aros Schoettge advirtió alteraciones en los exámenes y persistencia del cuadro de la víctima, pero con un abdomen más blando, aún meteorizada, evacuando de a poco, con nauseas y con escasos vómitos de tipo bilioso, disponiendo régimen liviano, más líquidos a tolerancia y suministro de analgésico y lavados, tratamiento que por el errado diagnóstico agravó la condición real de la menor. El día 04 de Junio de 2004, los imputados Aros Schoettge y Viterbo Salinas, mantuvieron este errado diagnóstico y tratamiento, agravándose la condición de la menor por el cuadro obstructivo no tratado, para luego aproximadamente a las 21:00 horas, advertir dicho empeoramiento asumiendo la evidente obstrucción intestinal de la menor, resolviendo los acusados Viterbo y Aros el traslado de la menor a la Clínica Las Condes por no tener medios de estudios para aclarar la causa de la obstrucción, verificándose dicho traslado en horas de la mañana del día siguiente, 05 de Junio de 2004, con diagnóstico de obstrucción intestinal baja de origen no precisado, suscrito por ambos médicos tratantes en la hoja de derivación, siendo ingresada la menor Carrizo Jofré a la Clínica Las Condes, en condición grave, a las 13:12 horas de día 05 de Junio de 2004.

Con lo anterior, los imputados Viterbo Salinas y Aros Schoettge, omitieron realizar la intervención quirúrgica de rigor atendida la condición de la menor Carrizo Jofré, contando con los recursos y elementos técnicos para ello, agravada por el errado diagnóstico y tratamiento recibido, resolviendo además, el traslado a la Clínica Las Condes, pasadas las 22:00 horas del día 04 de Junio de 2004, con el consiguiente retardo en la intervención quirúrgica que con urgencia necesitaba la menor.

 Una vez ingresada la menor Carrizo Jofré a la Clínica Las Condes en condición grave, deshidratada, febril, con evidente compromiso peritoneal, recibió el diagnóstico de obstrucción intestinal y se resolvió una intervención quirúrgica urgente, sin embargo, a pesar de la correcta intervención efectuada por los facultativos de Clínica Las Condes, la menor permaneció hospitalizada por más de un mes, pero por la gravedad del cuadro de ingreso, falleció el día 16 de Julio de 2004, a las 04:45 horas, con un diagnóstico de causa de muerte de encefalopatía hipóxica anóxica, falla orgánica múltiple."

Los jueces de la causa, luego de señalar que tales hechos configuran el delito culposo previsto en el artículo 491 del Código Penal, proceden a explicar la concurrencia de los supuestos del mismo, esto es, la imputabilidad, traducida en la calidad de médicos tratantes de la víctima; la negligencia culpable en la conducta despegada por los acusados, que determinan en una acción y omisión culposa; el resultado, traducido en la muerte de la paciente, y el vínculo de causalidad entre la muerte y la conducta culposa de los imputados, señalando como causa basal de la misma la no aplicación del tratamiento indicado para el caso de un obstrucción intestinal.

 De este modo, en términos generales, y como una primera aproximación, puede señalarse que, sobre la base de los hechos establecidos en la sentencia, los sentenciadores determinaron, acertadamente, que se reunían todos los presupuestos del delito culposo previsto en el artículo 491 del Código Penal.

TERCERO: Que el recurrente, en su primera línea argumental, indica que en el juicio no resultó esclarecida la causa precisa de la muerte pues a la víctima no se le practicó la autopsia de rigor y que, por lo mismo, no puede esclarecerse cual es la acción u omisión que causó el resultado, citando, incluso, parte de la declaración de uno de los peritos de los acusadores que indicó que no podía afirmar que el mal diagnóstico tenga relación con la muerte de la paciente porque no sabe su causa exacta, agregando en el recurso que sus dichos coincidían con los de uno de los peritos de la defensa.

 Desde luego dicha alegación debe ser rechazada. Como se vio, los jueces sí establecieron, de manera categórica, que la causa de la muerte de la menor fue por encefalopatía hipóxica anóxica, falla orgánica múltiple. Así lo señalaron en la parte final del motivo undécimo de la sentencia y lo vuelven a reiterar en el motivo decimocuarto.

 De la misma manera establecieron, también de modo categórico, que la muerte se produjo debido a que los acusados no aplicaron el tratamiento indicado para la obstrucción intestinal que presentaba la menor, calificando esta omisión como causa basal de la muerte.

Así lo señalaron expresamente en el motivo decimocuarto de la sentencia, efectuando un análisis pormenorizado de la prueba rendida a este respecto, particularmente en la página 68 de la misma, dando cuenta y explicando que producto del grave cuadro que presentaba al momento del ingreso a la Clínica Las Condes aún la intervención quirúrgica exitosa que allí se le practicó no pudo salvarle la vida, pues la menor nunca mejoró, no pudo alimentarse, el intestino no se recuperó produciéndose un continuo que viene de una complicación a otra que deterioró sus órganos produciéndole úlceras y pancreatitis hasta hacer un paro respiratorio que le produjo una falla orgánica múltiple y la muerte.

 Sin perjuicio del análisis que efectuaron los jueces, y teniendo presente que el recurso intentado se basa en un errónea aplicación del Derecho, del establecimiento fáctico del motivo undécimo; en otros términos, de los mismos hechos que los jueces dieron por establecidos en dicho motivo, puede desprenderse con claridad meridiana la causa de la muerte y la vinculación causal de la misma con la conducta negligente de los imputados, traducida en no haber intervenido quirúrgicamente a la menor contando con los medios suficientes para ello y no obstante determinaron, finalmente, que esta presentaba un cuadro de obstrucción intestinal que hacía imperiosa dicha intervención, en términos que, aún a despecho de una insuficiente argumentación de la sentencia, que por lo demás no se divisa y no fue atacado con la causal de invalidación respectiva, la conclusión de que concurren todos y cada uno de los elementos del ilícito establecido, tienen justificación en la soberana determinación de los hechos que hicieron los jueces del fondo.

 No está demás recordar que el recurso de nulidad estructurado en el Código Procesal Penal, según sea la causal invocada, tiene por objeto, o asegurar el respeto a las garantías y derechos fundamentales, (las comprendidas en los artículos 373 letra a) y 374) o bien, conseguir sentencias ajustadas a Derecho (artículo 373 letra b).

 Como reiteradamente se ha señalado, y si bien en este caso se ha alegado exclusivamente la aplicación indebida del derecho por el tribunal, aún tratándose de la causal que se refiere a la errónea construcción de la sentencia, prevista en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, esto es, la existencia de un motivo absoluto de nulidad, particularmente, el de no contener la sentencia las exigencias de las letras c), d) y e) del artículo 342 del Código citado, el recurso de nulidad no puede ser sede para debatir acerca del mérito de la prueba rendida y su valoración, cuestión privativa de los jueces del juicio, sino, exclusivamente el cumplimiento de la diferentes garantías que el ordenamiento reconoce a los intervinientes.

 En ese entendido la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, que se relaciona con la estructura sustancial de la sentencia, protege la garantía de la sentencia fundada, ínsita en la del juicio previo, oral y público, ya recogida en el artículo 1° del Código, reiterada en el artículo 36 y desarrollada en los artículos 297 y 342 del Código y la razonabilidad de la misma, en la medida que la libertad de valoración de la prueba no puede contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, como lo señala el artículo 297 del Código Procesal Penal ya citado o, en otros términos: "permite la revisión del respeto a los límites a la valoración de la prueba impuestos por las reglas de la sana crítica." (Derecho Procesal Penal Chileno, María Inés Horvitz y Julián López, Tomo II, pag. 300).

Si aún invocándose la causal de falta de razonamientos y valoración de la prueba en la sentencia no puede el tribunal del recurso proceder a valorar la prueba rendida, con menor razón puede hacerlo cuando la causal invocada es la errónea aplicación del derecho y, en este caso, a pretexto de la infracción a la normativa que consagra la presunción de inocencia.

Ciertamente que, al momento de dictar sentencia, podría vulnerarse la presunción de inocencia, respecto de dos de sus manifestaciones: el indubio pro reo y la regla del onus probandi. En el primer caso si los sentenciadores, afirmando la existencia de una duda fáctica penalmente relevante, la resolvieran en contra del imputado. En el segundo, en el entendido, por cierto discutible, que esta categoría es aplicable al proceso penal, si hicieren de cargo del acusado la demostración de su inocencia.

 Nada de eso ha ocurrido en este caso. Los jueces no han manifestado duda alguna respecto de los hechos que configuran el delito establecido y los han establecido, con certeza plena, sobre la base de la prueba rendida en el juicio, por lo que malamente podrían haber aplicado incorrectamente el indubio, ni, por otro lado, han exigido prueba alguna de los acusados para desvirtuar la imputación.

 A su turno, el establecimiento fáctico se ha realizado con pleno respecto de los principios que rigen la prueba en el proceso penal, particularmente el de libertad probatoria reconocido expresamente en el artículo 295 del Código Procesal Penal que permite, de manera absoluta, que todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sean probados por cualquier medio probatorio no existiendo, por ende, limitaciones en orden a exigir medios precisos para la prueba de ciertos hechos que, en virtud de otras leyes, si lo requieren. Por ejemplo, el estado civil, a través de la partida correspondiente o la exigencia de escrituras, públicas o privadas, para ciertos actos o contratos, o, como lo exige el recurrente a propósito de la acreditación de la causa de la muerte de la menor, la práctica de la necropsia médico-legal.

 Así, si el recurrente entendía que el análisis y ponderación efectuada por los jueces no se adecuaba a los principios que informan la valoración de la prueba, debió invocar y justificar la causal respectiva, mas nada de ello realizó, lo que impide un pronunciamiento del tribunal a ese respecto.

Por lo demás, al alegar en estrados, el señor abogado recurrente citó como disposiciones fundantes de su recurso, entre otras, la prevista en el artículo 374 letra e) con relación a lo dispuesto en el artículo 342 letra c), d) y e) y 297 del Código Procesal Penal, relacionándolo, además, con lo prescrito en el artículo 379 del Código Procesal Penal. Si bien no lo señaló expresamente en su alegato, la cita y relación que de las normas efectúa, pudieren hacer pensar que reclama del tribunal una actuación de oficio por infracción a las normas sobre construcción de la sentencia, desde que no podría alegar una nueva causal por impedírselo expresamente el mismo artículo 379 por él citado en su inciso segundo, mas, como se dijo, no se divisa en la sentencia errores en tal sentido, al menos de la magnitud como para estimar el la misma deba ser invalidada de oficio.

 En el caso que nos ocupa, basta leer la sentencia para entender que ella cumple con las exigencias establecidas en la ley y con ello con el requisito de fundamentación y razonabilidad ya señaladas.

 Los sentenciadores han analizado, pormenorizadamente, la totalidad de la prueba rendida, han dado las razones por las cuales le han otorgado credibilidad a parte de ella, esencialmente la de cargo, como asimismo, porqué desestiman la producida por la defensa y las declaraciones de los imputados.

Se trata de un proceso completo, que no ha omitido la prueba producida y en que las conclusiones que vierten en el fallo reproduce el razonamiento utilizado para alcanzarlas.

CUARTO: Que también el recurrente reprocha a los sentenciadores, no esclarecer en la sentencia si la responsabilidad imprudente que se imputa es activa u omisiva.

 Debe desecharse tal alegación. Los sentenciadores, ya en el establecimiento de los hechos, cronológicamente, dan cuenta que los acusados al mediodía del día 3 de junio del año 2.004 diagnosticaron a la menor, retención estercorácea y constipación, indicándole tratamiento en base a lavados intestinales, lo que resultaba contraproducente para la condición de la paciente. Luego señalan que ese mismo día, en horas de la tarde, la imputada Aros Schoettge advirtiendo alteraciones en los exámenes y persistencia del cuadro de la víctima, dispuso un régimen liviano, más líquidos a tolerancia y suministro de analgésico y lavados, tratamiento que por el errado diagnóstico agravó la condición real de la menor. Seguidamente indican que el día 04 de Junio de 2004, los imputados mantuvieron este errado diagnóstico y tratamiento, agravándose la condición de la menor por el cuadro obstructivo no tratado.

 Continúan señalando que, aproximadamente a las 21:00 horas de ese mismo día, al advertir dicho empeoramiento, asumieron la evidente obstrucción intestinal de la menor, resolvieron el traslado de la menor a la Clínica Las Condes verificándose dicho traslado en horas de la mañana del día siguiente, con diagnóstico de obstrucción intestinal baja de origen no precisado.    Agregan que, con lo anterior, los imputados omitieron realizar la intervención quirúrgica de rigor atendida la condición de la menor Carrizo Jofré, contando con los recursos y elementos técnicos para ello, resolviendo además, el traslado a la Clínica Las Condes, pasadas las 22:00 horas del día 04 de Junio de 2004, con el consiguiente retardo en la intervención quirúrgica que con urgencia necesitaba la menor.

 Así, lo primero que determinan, de modo categórico, es que los imputados erraron en el diagnóstico y de modo persistente se mantuvieron en ese error y prescribieron un tratamiento inadecuado que agravó el cuadro de la paciente y, luego, que omitieron la realización de la intervención quirúrgica que era necesaria y para la cual contaban con los medios necesarios, pero eso sí, como se vio, también de modo categórico, dan a esta última imprudencia, el carácter de causa basal de la muerte de la menor.

Luego, como los mismos sentenciadores lo señalan, los acusados incurrieron en acciones y omisiones culposas, pero le dieron el carácter de causa basal exclusivamente a la omisión del tratamiento debido, cual era la intervención quirúrgica necesaria. De esto último, por lo demás, se desprende, inequívocamente, que los jueces determinan la causalidad de la omisión con el resultado mediante un proceso de agregación hipotética y no sobre la base de una supresión mental de dicha omisión, como lo pretendió ver el recurrente en su alegato.

 De este modo, se determina en la sentencia la realización de una serie sucesiva de acciones imprudentes determinadas en tiempo y, finalmente, de una omisión causante del resultado. Luego, no lleva razón el recurrente cuando expresa que se atribuye a sus clientes conjuntamente una acción y una omisión, pues, como se vio, estamos ante acciones sucesivas "por lo demás determinadas con precisión de día y hora al menos aproximada- y finalmente, con la omisión de la intervención que exigía el estado de la paciente que produce el resultado. Por lo mismo, no puede decirse que se contraría la prohibición de regreso que trae a colación el recurrente, pues la causa del resultado es, precisamente, la última omisión relevante.

 QUINTO: Que, en este mismo orden de ideas, señala el recurrente que, respecto de la no aplicación del tratamiento indicado para una obstrucción intestinal, ello tiene como supuesto que se haya diagnosticado dicho cuadro, lo que en términos inequívocos no ocurrió en este caso desde que la menor fue remitida a Santiago con tres posibles diagnósticos.

 Basta para rechazar esta alegación decir que en el fáctum de la sentencia, -motivo undécimo- expresamente los sentenciadores dieron por acreditado, como se dijo: ""para luego aproximadamente a las 21:00 horas, advertir dicho e mejoramiento asumiendo la evidente obstrucción intestinal de la menor, resolviendo los acusados Viterbo y Aros el traslado de la menor a la Clínica Las Condes por no tener medios de estudios para aclarar la causa de la obstrucción.

Así, como se ve, los sentenciadores establecieron como hecho de la causa, que los acusados estaban consientes del cuadro patológico que presentaba la ofendida, lo que, por lo mismo, no puede ser discutido por esta vía. La referencia a la parte de la sentencia en que se reseña el contenido de la hoja de interconsulta médica con que se remitiera a la menor a la Clínica Las Condes, no viene al caso pues, desde luego, no es una conclusión del tribunal sino una mera referencia a uno de los instrumentos incorporados en el juicio, al tiempo que al razonar sobre la forma que establecieron este hecho, los jueces, en el motivo decimocuarto, bajo los números 6 y 7, dan cuenta de los otros antecedentes que tuvieron en consideración, incluyendo la declaración de los imputados.

 También hizo caudal el señor defensor, respecto a la inexistencia de negligencia en realizar un diagnóstico oportuno y al efecto hizo presente lo declarado por un médico en calidad de testigo de la Fiscalía; a la inexistencia de un radiólogo y un equipo de scanner en el Hospital, y el tipo de obstrucción intestinal que sufría la víctima, todo lo cual lo lleva a concluir que no existió negligencia en el diagnóstico.

Así, en esta parte, sin ambages, el recurrente, considerando la prueba rendida, pretende que se determine un hecho distinto al establecido en la sentencia, todo lo cual, sin perjuicio de lo tantas veces dicho, escapa, con mucho, a la naturaleza del recurso.

Por último, de igual forma, la afirmación del recurrente que el tratamiento aplicado a la víctima era el que correspondía de acuerdo al diagnóstico realizado, respecto del cual no concurrió negligencia diagnóstica, es ajena, en absoluto, a lo determinado en la sentencia.

 SEXTO: Que, por otro lado, como demostración de las insuficiencias de la sentencia, el recurrente expresa que se ha condenado a los imputados como coautores de un delito culposo, en circunstancias que es improcedente hablar de coautoría en este especie de ilícitos.

 Si bien lo anterior lo señala  a modo ejemplar, y en todo caso, aún cuando quisiera dársele el carácter de error de derecho, no indica que ello hubiere influido en lo dispositivo de la sentencia, ciertamente los jueces no han señalado que los imputados sean coautores del ilícito establecido, bastando para ello ver la parte resolutiva de la sentencia y el considerando decimoséptimo que se refiere, precisamente, a la participación, sino que es el recurrente quien arriba a tal conclusión que construye, exclusivamente, sobre la base de la cita en la sentencia del artículo 15 N° 1 del Código Penal que, en su entender, sólo es aplicable para el caso de coautoría mas, por respetable que sea su opinión, no se puede dejar de tener presente que para algunos, por ejemplo, don Mario Garrido Montt: "el artículo 15 N° 1 tiene un concepto de autor aplicable a la situación del sujeto único, que si bien no es incompatible con la posibilidad de coautores, preferente y especialmente alude al autor individual." (Etapas de Ejecución del Delito. Autoría y Participación, pag. 257, primera edición), de lo que deviene que tratándose de un punto sujeto a discusión doctrinaria, el recurrente, asumiendo una de la posiciones existentes, no puede atribuirle a los sentenciadores la misma, si es que estos no lo han señalado expresamente.

 SÉPTIMO: Que en otro orden de ideas, el recurrente indicó que la acusación aludía a una omisión dolosa, consistente en no haber realizado oportunamente la intervención quirúrgica requerida, sin embargo la sentencia no condena por un delito doloso, ni señala inequívocamente que la negligencia consista en una omisión, lo que no hacía posible una defensa eficaz, al no guardar la necesaria congruencia con la acusación.

Basta indicar a este respecto que el recurrente, si estimó que había infracción al principio de congruencia o correlación entre la acusación y el fallo, debió invocar la causal respectiva en su recurso "prevista en el artículo 374 letra f del Código Procesal Penal-, mas no lo hizo por lo que resulta ajena al debate.

  En todo caso, como se ha dicho, los jueces si establecieron una negligencia consistente en una omisión, sin perjuicio de estimar que la misma no podía calificarse de dolosa, al tiempo que el cambio de calificación del delito, en ningún caso puede estimarse como infracción al principio de congruencia pues el mismo supone conformidad, concordancia o correspondencia entre la determinación fáctica del fallo con relación a los hechos y circunstancias penalmente relevantes que han sido objeto de la imputación contenida en la acusación, mas no en la calificación de esos hechos, desde que, como se hizo en este caso, los jueces están autorizados por el artículo 341 inciso segundo y tercero del Código Procesal, para dar a los hechos una calificación distinta, siempre que permitan debatir en torno a ella.

  OCTAVO: Que, por último, y sólo en su alegato, el señor defensor indicó que la sentencia, al establecer que los hechos son constitutivos del delito culposo previsto en el artículo 491 del Código Penal, incurriría en una vulneración al principio de tipicidad pues al aludir la norma a causar un mal, ello sólo podría cometerse por medio de un comportamiento activo y no por una omisión.

  Desde luego, estamos frente a una nueva causal de nulidad del fallo que no fue planteada en el recurso, por lo que por aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 379 del Código Procesal Penal no puede ser aceptada, cuanto más, si las eventuales competencias oficiosas de la Corte dicen relación, exclusivamente, con la eventual existencia de un motivo absoluto de nulidad cuyo no es el caso.

  En todo caso, la interpretación del señor abogado no resulta aceptable. La posibilidad de que los delitos culposos pueden cometerse por acción u omisión, está ya planteada, sin limitación, en el artículo 2° del Código Penal, mientras que la expresión causar mal a las personas empleada en el artículo 491 claramente dice relación con el resultado y no con la forma de producción del mismo. Por lo demás la posibilidad omisiva en los ilícitos culposos previsto en los artículos 490, 491 y 492 del C    En todo caso, la interpretación del señor abogado no resulta aceptable. La posibilidad de que los delitos culposos pueden cometerse por acción u omisión, está ya planteada, sin limitación, en el artículo 2° del Código Penal, mientras que la expresión causar mal a las personas empleada en el artículo 491 claramente dice relación con el resultado y no con la forma de producción del mismo. Por lo demás la posibilidad omisiva en los ilícitos culposos previsto en los artículos 490, 491 y 492 del Código Penal, es aceptada por la doctrina. A modo de ejemplo, por el profesor Enrique Cury, (en su artículo: Contribución al estudio de la responsabilidad médica por hechos culposos; Revista de Ciencias Penales, Tomo XXXVII, Volumen II, pag. 100) y por el profesor señor Jaime Campos, quien luego de indicar que el vocablo " negligencia culpable" utilizado por el artículo 491 del Código Penal alude tanto a imprudencia, negligencia e impericia, precisa que la negligencia : "consiste en el incumplimiento de un deber, en una falta de precaución, una omisión de la atención y diligencia debida, un desprecio al cuidado, una pereza volitiva, todos ellas conductas que usualmente se cometerán por vía de omisión, es decir, con una actitud pasiva del ser humano" (en su artículo: La responsabilidad médica de carácter culposo en la legislación y jurisprudencia,; Revista de Ciencias Penales, Tomo XXXVII, Volumen II, pag. 125)

Por lo demás, desde el punto de vista del bien jurídico protegido, ciertamente que merece igual juicio de reproche el médico que, en ejercicio de su profesión, causa un resultado lesivo en el paciente, sea que lo provoque por ejecutar imprudentemente una intervención médica o bien por no ejecutarla.

NOVENO: Que, en subsidio, el señor abogado defensor indicó que en el otorgamiento del beneficio de la remisión condicional de la pena los sentenciadores incurrieron en una infracción de ley al condicionar el mismo al entero de la indemnización y pago de las costas de la causa.

  Señaló al efecto que la sentencia carece de motivación, por lo que, a su juicio, cae en el arbitrio entrando así en tensión con lo previsto en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y con el artículo 7 N° 7 del Pacto Americano de Derecho Humanos que proscriben la prisión por deudas. Por ello pide que se anule la sentencia en esta parte. En ningún caso el recurso puede prosperar sobre esta base.

  Desde luego, por cuanto, como reiteradamente se ha resuelto, el pronunciamiento respecto del otorgamiento de beneficios de la Ley 18.216 no forma parte de la sentencia definitiva. En efecto, se trata de una cuestión que no dice relación con la decisión de absolución o condena ni cono los motivos fácticos y jurídicos de dicha decisión, sino la determinación respecto de la forma de cumplimiento de la sentencia que, por razones históricas de economía procesal, se efectúa conjuntamente con la sentencia.

  En todo caso, no es atendible la posición del defensor en orden a que sería exigible fundamentación respecto de la razón por la cual sujetaron el beneficio otorgado a la satisfacción de la indemnización civil y las costas de la causa, pues la razón de ello no es otra que la propia ley 18.216, en cuanto en la letra d) de su artículo 5°, lo establece como condición del beneficio de la remisión condicional de la pena.

  Por lo demás, de la misma norma antes citada, se desprende que, por el contrario, la prescindencia de esta exigencia si requeriría fundamento, en la medida que para ello se requiere la existencia de un impedimento justificado.

  La alegación de que esta decisión podría contrariar la prohibición de prisión por deudas es inaceptable. La eventual privación de libertad de los imputados tendrá su origen en la comisión de un ilícito penal determinado por sentencia definitiva ejecutoriada, pena que, lógicamente, debe ser cumplida, constituyendo la suspensión de su cumplimiento una cuestión distinta que opera sólo en cuanto se reúnan los requisitos que la ley establece para ello.

  Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 372, 373 letra b), 375, 376 y 384 del Código Procesal Penal, SE RECHAZA el recurso de nulidad deducido por el señor Defensor Miguel Soto Piñeiro, en contra de la sentencia definitiva de ocho de diciembre del año dos mil seis, dictada por la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, declarándose que no es nula.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

 Redactada por el Ministro Dinko Franulic Cetinic.

Rol Corte Nº 297-2006

Segundo Caso

Negligencia médica. Elementos del tipo del artículo 491 del Código Penal. Configuración del cuasidelito de lesiones.

I. Corte de Apelaciones de Rancagua, 02 de Noviembre de 2006.  Rol 938-2005

Este fallo aborda los siguientes temas:

1) Determinación de los elementos del tipo del artículo 491 del Código Penal

2) Requisitos para que la infracción a la lex artis configure el cuasidelito de lesiones.

Sumario 1

Determinación de los elementos del tipo del artículo 491 del Código Penal

En el caso que nos ocupa, si bien se contó con la anuencia de la afectada para la práctica del procedimiento médico al que fue sometida, el que estaba encaminado a la extracción del dispositivo anticonceptivo que portaba en su útero, no concurre, sin embargo, el elemento de haberse observado por el autor las reglas del arte médica, esto es, aquel "código no escrito, en su mayor parte consuetudinario y dictado por la experiencia", reuniéndose de esta manera los elementos del tipo en análisis (artículo 490 del Código Penal), desde que el sujeto activo, un profesional médico, al no ceñirse al procedimiento que correspondía realizar según la "lex artis", causó mal al sujeto pasivo (lesiones que son de carácter grave, debiendo sanar en 31 a 60 días), existiendo de parte del autor negligencia culpable en el desempeño de su profesión.

Sumario 2

Requisitos para que la infracción a la lex artis configure el cuasidelito de lesiones

Demostrado que existió infracción a las reglas del arte médica, punto en el que se encuentran contestes los informes médicos referidos precedentemente, "esto no significa todavía incriminación a título de lesiones", ya que deberá concurrir, además, la existencia de un daño en la salud y que la inobservancia de las reglas profesionales pueda ser imputada a negligencia culpable (artículo 491 del Código Penal).

La conducta observada en el hecho por el imputado durante el tratamiento practicado a su

paciente provocó daños a la salud de esta última y revela, en concepto de esta Corte, la negligencia culpable que exige el tipo penal por el que se acusó a aquél, desde que se advierte que, al verse impedido de extraer el dispositivo en una primera ocasión, y debiendo por tanto sospechar que algo anormal acontecía en este caso, no ordenó la práctica de los exámenes pertinentes para determinar la ubicación exacta del mecanismo en cuestión, lo que seguramente le habría permitido sacarlo sin mayores problemas para la salud de la ofendida y, yendo aún más allá, realiza un segundo fallido intento de extracción, ahora en pabellón y con el empleo de anestesia en su paciente, a la que abandona, sin controlar su post-operatorio a fin de verificar la ausencia de complicaciones, quien es dada de alta, sin ser evaluada por ningún profesional y sin que se le entregaran indicaciones, ni tampoco explicaciones en cuanto a los resultados del procedimiento, obligaciones todas que empecían obviamente al profesional que la asistió, quien reconoce que, luego de tratar sin éxito de ubicar el dispositivo de la víctima mediante procedimiento llevado a efecto en pabellón, y mientras ella se encontraba aún bajo los efectos de la anestesia, él se tuvo que retirar, ya que tenía que realizar otras labores, por eso no conversó con la afectada pero, "seguramente", dejó las instrucciones en la ficha la cual, conforme a los antecedentes recabados en autos, nunca apareció y, al parecer, se extravió.


Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


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