2. Los actores
políticos, empresariales, partidistas, sindicalistas,
burocratistas y tecnocratistas estatales y civiles de diverso
nivel, continuaban pugnando por preservar los términos del
intercambio puntofijista como si la sociedad
aún fuera la misma de treinta años atrás. En
este sentido, la otrora fabulosa renta petrolera seguía
siendo considerada como inagotable cornucopia de la que todos
-gobernantes y gobernados, dominantes y dominados-, unos
más otros menos, querían seguir extrayendo y
distribuyendo, directa o mediadamente, legal mas no siempre
legítimamente, gratificaciones tangibles e intangibles sin
que éstas dejaran de seguir ilusoriamente goteando
paternalista y clientelarmente hacia las clases medias y
populares.
3. La ausencia de una
voluntad de fortalecimiento y autonomización de la
sociedad
civil, correlacionaba con la persistencia de la clase política de seguir
ejerciendo el poder, al
margen de todo compromiso éticopolítico, es decir,
más por el peso de sus maquinarias electorales, la
maniobra cortoplacista, la concertación cupular y el
acuerdo a puerta cerrada que por la transparencia testimonial, la
legitimidad y la representatividad popular de sus
líderes.
4. De espaldas al
aumento de las frustraciones que las grandes mayorías
populares venían acumulando desde hacía varios
años, las organizaciones
corporativas (partidos, sindicatos,
empresarios), desvinculadas de la representatividad colectiva,
continuaban pugnando por seguir siendo los exclusivos canales de
participación controlada y de asignación de
identidades y gratificaciones funcionales a una política
populista y clientelar de masas, en condiciones estructurales en
que el estado ya
no tenía capacidad financiera para seguir activando los
mecanismos de concertación tutelada (asistencialistas
hacia abajo y proteccionistas hacia arriba).
5. Las tendencias
dinámicas que podían preanunciar avances
sustantivos hacia la definición de un nuevo patrón
de acumulación y de un nuevo estilo de desarrollo
capitalista, así como las que podían potenciar la
construcción de un sistema
hegemónico nacional, democrático, activamente
participativo y justo, se encontraban bloqueadas.
El reconocimiento de la anterior realidad, determinó
que el gobierno de
Pérez, a contrapelo de la propaganda
electoral del año anterior, implantara el programa
económico de ajuste estructural (PAE) que llegó a
conocerse como el tristemente célebre paquete neoliberal.
Éste tuvo como meta flexibilizar, bajo el liderazgo del
gran empresariado privado y el capital
trasnacional, la economía, privatizar las empresas
estatales, y, supuestamente por esta vía, abrir de manera
irreversible, la sociedad venezolana a la competencia de
los mercados
internacionales globalizados.
La realidad demostró que los supuestos y el cálculo
que se desprendió de ellos fueron erróneos. Al
contrario de lo esperado por la clase política, los
tecnócratas y políticos de turno, con la puesta en
marcha del PAE, lejos de recuperar la bonanza consumista perdida
durante el decenio anterior, se inauguró la fase terminal
de la Cuarta República, cuyo desenlace final fue su
desplome electoral en diciembre de 1998.
Este periodo marcó
nueve hitos cruciales que, aún hoy, mantienen su impronta
en el imaginario político de los venezolanos, a saber: 1)
La violenta explosión popular, conocida como El Caracazo,
sangrientamente reprimida entre el 27 de febrero y el 4 de marzo
de 1989. 2) El abstencionismo sin precedentes en las primeras
elecciones directas de alcaldes y gobernadores, celebradas
tardíamente en diciembre de 1989. 3) El fracasado pero,
por este hecho mismo, políticamente exitoso golpe militar
del 4 de febrero de 1992. 4) El fracasado golpe
cívicomilitar del 27 de noviembre de 1992. 5) El castigo
que el electorado le propinó al partido de gobierno en las
elecciones regionales del 6 de diciembre de 1992. 6) La
destitución del presidente Pérez por haber decidido
la Corte Suprema de Justicia
someterlo a un antejuicio de mérito, por el supuesto uso
indebido de Bs.250.000.000. 7) El sometimiento a antejuicio del
expresidente Lusinchi por un supuesto similar al de Pérez.
8) El segundo castigo electoral que el pueblo le propinó
al partido de gobierno en las elecciones nacionales del 5 de
diciembre de 1993. 9) La quiebra de
dieciocho bancos privados a
comienzos de l995 y la intervención de éstos por
parte del estado
venezolano.
El desplome final del régimen
puntofijista[4] a los cuarenta
años de su instauración, se vio significada por la
abrumadora victoria electoral de Hugo
Chávez Frías en diciembre de 1998, líder
del intento de golpe de estado
de febrero de 1992. Este hecho marcó el inicio de una
nueva época en Venezuela
signada por un proceso
inédito de protagonismo ciudadano que, en lo inmediato,
produjo tres cristalizaciones cruciales: 1) La
aprobación, mediante amplio consenso por referendo
popular de diciembre de 1999 -el primero en la historia venezolana-, de la
Constitución Política de la
República Bolivariana de Venezuela y la consecuente
derogación de la Constitución de 1961. 2) Durante
2000, los procesos
electorales mediante los cuales se eligieron y relegitimaron
todos los poderes de la novel República Bolivariana. 3) El
proceso electoral que, bajo la coordinación del Consejo Nacional
Electoral, por primera vez en la historia venezolana se
realizó para elegir mediante voto secreto y universal los
directorios de las federaciones sindicales del país.
Pero, fundamentalmente, creemos, ha significado la puesta en
marcha de un largo y difícil -no exento de contradicciones
intraclases y antagonismos interclases- proceso de fragua, de
reconstitución y revaloración del estado nacional
como estado integral ya no estadocéntrico al estilo
secular, sino, inéditamente sociocéntrico;
asimismo, de regeneración del cuerpo social, de
búsqueda de facultamiento de las instancias formales e
informales de la sociedad civil, del régimen
político, del sistema de partidos, del escenario
electoral, de la nación
y de la sociedad considerada en su conjunto más inclusivo
y a la cual pertenece el estado venezolano. Proceso que
está pasando por la necesaria puesta en marcha de una
tendencia -esperamos transitoria- a la centralización
político-administrativa, cuyo efecto más inmediato,
nos parece, es la desaceleración de los efectos
desintegradores de la reforma formal del estado venezolano, tal
cual se comenzó a practicar tardíamente y con
más contramarchas que marchas, durante el último
decenio del siglo pasado.
Sin embargo, la promisoria República no puede
considerarse más que en incipiente y tenso proceso de
construcción y consolidación ribeteada de
fragilidades, en especial si consideramos que el viejo sistema de
relaciones sociales, de hondas raíces
ideológico-culturales en la historia venezolana, se
resiste a ser olvidado y continúa prolongándose
desde el pasado, y en cuyo ínterin se viene suscitando una
constelación de síntomas morbosos y anómicos
pletóricos de turbulencias y entropías, a veces
insospechadas.
2. El
trabajo social…
una mirada…
Siguiendo a una diversidad de investigadores, podemos afirmar
que, a diferencia de otros países latinoamericanos, en
Venezuela no se puede hablar de la existencia de un estado
oligárquico[5], pues, por un
lado, la oligarquía como clase económica fue
destruida en el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX, con
motivo de la prolongada Guerra
Federal. Por otro lado, los exesclavos, campesinos y sectores
medios urbanos
emergentes no pudieron llegar a constituirse en clase social, en
especial por la persistencia de relaciones de servidumbre y
enfeudamiento de hondas raíces coloniales, retardatarias
de civilidad, modernización y democracia;
asimismo, por la migración
de sectores terratenientes al campo financiero y, posteriormente,
industrial, y por la reconcentración de la propiedad de
la tierra en
manos privadas a costa de las tierras públicas y terrenos
baldíos.
Fue así como el imperialismo
europeo, especialmente inglés
y norteamericano, encontró -en un país en el que lo
nacional y la gesta bolivariana habían perdido sentidos
políticos, jurídicos y económicos- las
condiciones propicias para intervenir abiertamente en sus asuntos
internos, intensificándose por esta vía la entrega
de las riquezas del subsuelo a los monopolios extranjeros, la
quiebra de la agricultura,
la pobreza
rural y la dependencia económica y política del
país a los intereses de los centros metropolitanos.
La penetración del capitalismo,
especialmente mediante las inversiones
petroleras, fue garantizada a medida que el régimen
dictatorial del general Juan Vicente Gómez fue
consolidándose -con el apoyo de todas las fuerzas sociales
preponderantes del país-, como un orden de unión,
paz y trabajo que
abarcó de 1908, año de la instauración de la
dictadura, a
1936, año de su muerte.
Es así que algunos políticos y académicos
coinciden en afirmar que el estado nacional venezolano es un
producto
decantado del periodo colonial realizado en el siglo veinte pero
con mentalidad de los siglos dieciocho y diecinueve.
Sin embargo, en este escenario, de amplias evocaciones
premodernas y sentimientos antipremodernos, comenzó a
tomar cuerpo también la construcción tardía
y no menos abrupta e inestable de modernidad en
nuestro país.
En efecto, a la muerte de
Gómez, se comenzaron a abrir las compuertas al estado
posgomecista, pospatrimonialista y soberanista, cuyas relaciones
con la sociedad civil se vieron mediadas por la
construcción de un moderno régimen
jurídico-político de corte
democráticorrepresentativo, dinamizado por el juego de
partidos
políticos, sindicatos y organizaciones de masas.
A través de la acción
amplia y directa del estado en la perspectiva de la
modernización e industrialización, especialmente
petrolera, la sociedad civil pasó de una situación
de postración militar, política y
socioeconómica a una de búsqueda de relaciones
democráticas e igualitarias con el estado y de
transición hacia patrones de vida urbanos, que ya
había arrancado por los años veinte.
En el plano asistencial, especialmente
médico-sanitario, se esperaba poder corregir las
desigualdades sociales y erradicar las enfermedades, epidemias y
flagelos sociales de manera realista, es decir, en la medida que
el presupuesto
asignado al gasto social y las capacidades organizacionales e
institucionales del estado lo permitieran; asimismo, morigerar
los efectos perversos del descuidado tratamiento dado a la
integración social y a la producción de ciudadanía en el viejo tiempo
histórico, y colocar a la población en condiciones de asumirse como
fuerza de
trabajo económica y socialmente productiva.
Fue así como a partir de 1936 se creó el
Ministerio del Trabajo. Asimismo, (Freites y Yégüez,
2000; Martínez, 1975) se aprobó la Ley de Defensa
contra el Paludismo y la
Anquilostomiasis, se reorganizaron y potenciaron los
inoperantes y atrasados servicios
higiénico-sanitarios y benéfico-asistenciales, se
creó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y, junto
con éste, las Divisiones Especiales de Malariología
y Tisiología, el Instituto Nacional de Puericultura y las
Colonias Infantiles Escolares, y se iniciaron las campañas
de erradicación de enfermedades venéreas, lepra y
tuberculosis,
los planes de vacunación masiva y la red nacional de dispensarios
médicos.
Esta política de salubridad pública se
profundizó en 1938 con el inicio de operaciones del
Instituto Nacional de Higiene y
las Divisiones de Sanidad Rural, Venerología y
Dermatología, y Materno-Infantil. Asimismo, se crearon el
Consejo Venezolano del Niño, la Junta de Beneficencia de
Caracas y una serie de oficinas de servicio
social en las diversas dependencias centrales y decentralizadas,
muchas de ellas como cristalización de la labor caritativa
que mujeres, algunas de ellas militantes católicas,
venían sosteniendo desde los años de la dictadura
de Gómez.
Todo lo anterior fue profundizado en 1943 en especial con la
creación del Instituto Nacional de Obras Sanitarias, la
promoción de la construcción de
viviendas populares, el mejoramiento de la vivienda rural, la
creación de comedores populares y los centros de distribución de leche y,
mediante proyectos de ley
modernizadores como el de la Reforma
Agraria el cual, finalmente, no pudo operar con motivo del
derrocamiento del General Medina en 1945.
En el escenario antes esbozado, surgió el
servicio/asistencia/visitaduría social en tanto oficio
auxiliar novedoso y políticamente necesario en Venezuela.
Esto por cuanto el estado de la salud pública
requería de un personal que
realizara en los propios hogares, una acción
socioterapéutica y educativa con las familias infectadas e
hiciera efectivas -al igual que lo hacían las enfermeras
visitadoras, cuyas funciones se
confundían con las de las servidoras sociales- las
prescripciones médicas y la profilaxis que condujeran a la
erradicación definitiva de aquella enfermedad
(Márquez, 1987; Martínez, 1975).
La labor auxiliar del servicio/asistencia/visitaduría
social fue encomendada a un pequeño y eficiente grupo de
mujeres de alto nivel social, por lo general dedicadas a la
"humanitaria" y "apasionante" práctica del voluntariado
social y la militancia católica (Martínez, 1975,
130), a veces con sentido antigomecista durante los años
veinte.
Posteriormente se contrató a una social work
puertorriqueña, con el afán de que las pioneras de
la asistencia/visitaduría/servicio social, a quienes
sólo se les exigió saber leer y escribir,
recibieran, primero, un cursillo de emergencia de tres meses y,
al año siguiente, uno de seis meses de
duración.
Las materias impartidas estuvieron, al decir de
Martínez (1975:132), imbuidas de un positivismo y
un evolucionismo que "aceptaba resolver problemas" y
necesidades humanas mediante mecanismos de ajuste
sicológico y sociocultural.
Poco tiempo después se creó la Oficina de
Asistencia Social de la División de Tisiología del
Ministerio de Sanidad (Martínez, 1975: 132-133), en julio
de 1938 se creó la Oficina de Servicio Social del
Departamento Libertador, adscrito a la División de
Asistencia Social, y en 1940, bajo la influencia
benéfico-asistencial y caritativa del trabajo social
especialmente belga y francés, por decreto ejecutivo se
creó la Escuela Nacional
de Servicio Social.
Ésta, adscrita al Ministerio de Educación pero
dependiente del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,
comenzó a operar en enero de 1941 con un plan de estudios
de nivel medio o preuniversitario, primero de dos, luego de tres
y en 1950 de cuatro años de duración.
Según Martínez (1975:160), dicho plan de
estudios -integrado mayormente por materias
"humanístico-sociales, biosicosociales y
médico-asistenciales"- estaba técnica y
filosófica, ética y
espiritualmente consustanciado con la realidad y las instituciones
del país, específicamente con la demanda de
personal auxiliar especializado en asistencia social, planteada
por la política sanitaria de los gobiernos de los
Generales López y Medina.
Ahora bien, teniendo en cuenta el nivel de exigencia planteado
por la complejidad de la política socioasistencial, las
autoridades docentes
comenzaron a sentir la necesidad de mejorar la calidad de la
enseñanza de la asistencia/servicio social.
Con este afán, en 1944 -y no en 1936 como afirma Quiroz
(1999:33)-, contrataron a una asistente social chilena, para
asesorar la reorganización del plan de estudios
(Martínez, 1975:166)[6].
El auge que rápidamente adquirió nuestro oficio
a partir de la experiencia de la Escuela Nacional, cuyos
egresados obtenían el título de trabajadores
sociales y no de asistentes ni servidores
sociales, quedó expresado en octubre de 1945 con la
creación privada de la Escuela Católica de Servicio
Social, en 1950 con la segunda reforma curricular de la Escuela
Nacional y, en diciembre de 1958, con la creación de la
Escuela de Trabajo Social, adscrita a la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad
Central de Venezuela[7].
Este último suceso significó no sólo la
universitarización de la profesión que nos ocupa,
sino, la instauración pragmática de tres niveles de
capacitación en trabajo social que perduran
institucionalmente desvinculados sin solución de
continuidad: uno, para las cursantes de estudios secundarios
-clausurada a inicios de los noventa- que escogieron la
mención "servicio social asistencial" en su título
de bachillerato; otro, de técnicos superiores impartidos
por los colegios universitarios adscritos al Ministerio de
Educación, los cuales no son reconocidos por las
universidades, y el tercero, universitario de licenciatura en
trabajo social[8].
En 1959, se creó en la Universidad Católica
"Andrés
Bello", la carrera de servicio social, la cual fue clausurada
rápidamente a causa de la inopia de
estudiantes[9]. En el ámbito
estatal, la Universidad de Oriente creó en 1968 el
Departamento de Trabajo Social, adscrito a la Escuela de Ciencias
Sociales y en 1977 se aprobó la creación de la
Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Zulia, adscrita a
la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas,
la cual venía funcionando desde 1972 en la Facultad de
Medicina.
La universitarización de la formación en
servicio/asistencia/visitaduría social en 1958,
marcó un hito crucial en Venezuela. Si bien este
oficio/profesión ganó en prestigio, perdió
organicidad con los aparatos de política socioasistencial
del estado venezolano. La creación de escuelas de trabajo
social en las universidades, significó un salto
cualitativo de gran valor
político, social e institucional que implicó la
construcción de una plataforma superior al proceso
pedagógico seguido por la vieja Escuela Nacional de
Servicio Social, el cual había sido pensado y realizado en
función
de estudiantes que no tenían más que el certificado
de conclusión de estudios, primeramente escolares y,
posteriormente, secundarios inconclusos.
Ateniéndonos al exiguo número de colegas que han
escrito sobre el trabajo
social en Venezuela, dicha construcción fue una tarea para
la cual la planta profesoral y directiva de la nueva Escuela de
Trabajo Social, egresada con carácter de técnicas
preuniversitarias de la vieja Escuela Nacional, no estaba
habilitada.
En esencia, de lo que se trató fue de una
tensión crucial entre dos tipos de práctica de la
profesión, ambos complementarios pero asumidos como
antagónicos por tirios y troyanos: uno, strictu sensu o
tradicional que magnificaba la sustantividad inherente a la
resolución -institucionalmente funcional al nuevo sistema
político que se estaba implementando- de los problemas
-clasificados como propios de la asistencia/servicio social- de
los carenciados, y, otro, latu sensu reputado como moderno,
apropiado por los docentes universitarios y reproducido por
amplios sectores de sus alumnos, referido a la
transformación de las estructuras de
explotación y dominación que determinaban el
sistema de necesidades de las clases populares.
Pero, fundamentalmente, en nuestro criterio, se trataba de un
desfase[10] entre el imaginario de
las pioneras formadoras de las primeras generaciones de
trabajadores sociales que fueron academizadas por decreto, la
teoría
del trabajo social y la práctica curricular y entre estos
y la realidad del país.
Dicho desfase parecía estar más determinado por
una discontinuidad de sentido entre tres tiempos sociales que,
evocando a Bagú (1970), parecían corresponderse con
la discursividad de tres realidades co-constitutivas de la
configuración social venezolana: el tiempo social del
stablishment, el tiempo social de las clases
sociales sujetadas a la necesidad, y el tiempo social de la
universidad, cuyo saber tiende, al decir de Lacan (Roudinescu,
1994:504), a sustituir al de la Iglesia.
Así que de la visión de Martínez (1975),
Méndez (1986) y Méndez, Márquez, Urbina y
Tramontín (1990) pareciera derivarse que la
formación de los trabajadores sociales quedó
enclaustrada en el tiempo social de la academia, mejor dicho, en
las contradicciones y antagonismos de las prácticas y
discursos
academicistas.
Es la razón por la cual parafraseando a Martínez
(1975) las escuelas de trabajo social, no estaban contribuyendo a
capacitar los "cuadros" que exigía el país, ni
trasmitían a éstos "el compromiso" de ser "agentes
dinámicos del cambio
sociocultural" y colaboradores con equipos interdisciplinarios en
"la aplicación de programas
sociales útiles a la cohesión orgánica,
funcional, ideológica y política del pueblo", y de
"labores planificadas dirigidas a crear el Estado de bienestar
que", en los años setenta del siglo pasado, algunos
sectores sociales "busca(ban) para la sociedad venezolana".
Durante los setenta, ochenta, noventa del siglo veinte e
inicios del actual siglo, la formación de trabajadores
sociales y trabajadoras sociales siguió
debatiéndose entre dos tipos de necesidades
-también complementarias pero asumidas como
antagónicas dentro de los docentes- a las que,
supuestamente, se enfrentaba el país en esos tres
decenios: la de mejorar y la de cambiar
(Méndez, 1986; Méndez, Márquez, Urbina y
Tramontín (1990:85). Reforma (modernización) o
revolución
(crítica). Reformismo o revolucionarismo. No
hubo términos medios ni puntos de encuentro.
Esta sostenida tensión significó -nos parece- la
constitución de las tres únicas escuelas
venezolanas de trabajo social en campos de guerra de posiciones,
cuyo saldo histórico ha sido el deterioro de la salud
organizacional, la baja productividad y
el aislacionismo respecto del resto de las escuelas de sus
respectivas facultades y de otras universidades nacionales y
latinoamericanas.[11]
En cuanto a la Carrera de la Universidad de Oriente,
ésta continúa siendo afectada especialmente por el
aislamiento con respecto a las demás escuelas de trabajo
social nacionales y extranjeras.
En el caso de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad
del Zulia, aquella situación logró ser objeto de
procesamiento y resoluciones creíbles a inicios de
los noventa del siglo pasado, en virtud de lo cual ingresó
en una etapa de incremento de productividad y legitimación de las normas
mínimas de convivencia social y académica entre los
miembros de la comunidad
docente-estudiantil.
En relación a la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad Central de Venezuela la guerra de posiciones no ha
sido superada, razón por la cual su saldo histórico
continúa siendo el deterioro sostenido de la salud
organizacional (Barrantes, 1996) y sicofísica de un
número significativo de docentes, algunos de los cuales
han migrado a otras escuelas; asimismo, la baja productividad
intelectual y el aislacionismo respecto del resto de las escuelas
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y de
otras universidades nacionales y latinoamericanas.
Dentro del espectro institucional de enclaustramiento
academicista arriba esbozado, debemos ubicar los únicos
tres procesos (1969, 1974, 1993) de reforma curricular realizados
durante el periodo que nos ocupa.
Recapitulando, las escuelas de trabajo social no han
contribuido de manera innegable a hacer del heterogéneo e
inorgánico conglomerado de trabajadores sociales y
trabajadoras sociales una comunidad ético-estética, científico-política
y tecnoprofesional productora y difusora de conocimientos
con especial referencia a la
intervención-acción en la trama societal en
la que todos estamos implicados para bien o para mal.
Con lo anterior no significamos -en modo alguno- que el
inorgánico aglomerado de trabajadores sociales y
trabajadoras sociales desconozcamos lo siguiente:
1)
La innegable suficiencia
pedagógica[12] de las
escuelas de trabajo social, en cuyo seno conviven -no sin
tensiones intersubjetivas y sistémicas- testimonios
evidentes de actividad intelectual e investigativa con
deficiencias, desfases y baja productividad derivadas, si
bien de estructuras organizacionales basadas en los poderes
administrativistas, partidistas y academicistas, fundamentalmente
de la secular ausencia de un plan maestro pedagógico y
político-científico integralizador que coordine,
oriente, potencie y relance la formación de trabajadores
sociales y trabajadoras sociales en nuestro país.
2)
La existencia de profesionales -algunas desaparecidas
físicamente como Argelia Pulido y Helena Guerra- que son
testimonio viviente de calidad intelectual, académica,
humana y ética, cuyos productos
editoriales -por lo general muy poco apreciados y menos
aún difundidos por nosotros mismos- forman parte de la
historia especialmente oral del trabajo social en Venezuela y de
alguna que otra de las múltiples entidades gubernamentales
de asistencia social.
No obstante lo anterior, lo cierto es que el aglomerado
inorgánico de trabajadores sociales y trabajadoras
sociales venezolanos hemos ingresado al siglo veintiuno carentes
de una ley de ejercicio profesional y de estructuras
organizacionales e institucionales que nos permita constituirnos
en actores-sujetos con capacidad de influencia y experticia en
los ámbitos humano-sociales en el nombre de los cuales se
viene discursivamente justificando la razón de ser de
nuestra profesión.
Hacia ello apunta el espíritu y la letra de nuestra
propuesta de Ley de Ejercicio del Trabajo Social de la
República Bolivariana de Venezuela, que a
continuación exponemos brevemente.
3. La Ley de Ejercicio del
Trabajo Social: una propuesta innovadora
El Proyecto de Ley
de Ejercicio del Trabajo Social es la síntesis
del esfuerzo sostenido de un colectivo de entre diez y ciento
treinta hombres y mujeres que, desde hace más de tres
años, venimos trabajando por la instauración de la
democracia y propiciando la restructuración del actual
Colegio de Trabajadores Sociales de Venezuela, así como
contribuyendo a la discusión, redacción y aprobación legislativa
de dicha Ley.
Se trata de un Proyecto novedoso que establece mecanismos
ausentes en otras leyes de otras
profesiones nacionales y extranjeras. Además, tiene la
bondad de, por un lado, promover efectivamente el desarrollo
integral del trabajo social y de su ejercicio disciplinario,
interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, y,
por otro lado, asegurar el fiel cumplimiento de la futura Ley de
Ejercicio del Trabajo Social.
En este sentido, integra y enriquece los dos proyectos que le
anteceden en la discusión legislativa y profesional. Estos
son los siguientes:
1. El Anteproyecto de
Ley de Ejercicio de los Profesionales del Trabajo Social que fue
consignado en marzo de 1986 ante la Comisión Permanente de
Asuntos Sociales de la antigua Cámara de Diputados, cuyo
trámite quedó sin efecto al quedar extinta la
Cuarta República.
2. El Anteproyecto de Ley de Ejercicio Profesional
de l@s (sic) Trabajadores Sociales, que es el mismo de
1986 pero con enmiendas y agregados que
no logran un buen producto histórico-jurídico, el
cual fue consignado ante la Comisión Permanente de
Desarrollo
Social Integral de la Asamblea Nacional el 13 de junio
próximo pasado por un grupo de colegas dentro de los
cuales se encuentra el autor del Proyecto de Ley del Trabajo
Social.
3.1. Limitaciones de los proyectos anteriores
Los dos proyectos mencionados soslayan los siguientes aspectos
cruciales:
1. Su origen
sociohistórico-político. Ninguno de los dos parte
de un análisis de sus respectivas realidades en y
a través de las cuales adquieren sentidos y significados,
en el primer caso, gremialista, reivindicacionista-economicista,
que se corresponden con la lógica
del estado bienestarista, asistencialista y desarrollista que
colapsó en 1989 y cuya correlación de fuerzas
varió -esperamos definitivamente- a partir de 1999. En el
segundo caso, restauracionista de las condiciones propias del
régimen denominado puntofijista, de espaldas al actual
proceso sociopolíticocultural de siembra de la
Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y de la República misma en las conciencias
ciudadanas.
2. El estado del arte de la
profesión con especial referencia a Venezuela.
3. Las capacidades académicas,
investigativas, organizacionales y gremiales de los trabajadores
sociales y las trabajadoras sociales.
Es la razón por la que ambos proyectos ostentan como
coincidencia de fondo, no sólo su visión estrecha
del trabajo social, que queda reducido a su simple ejercicio
gremial-profesional-reivindicacionista-economicista, sino
también su desfase de la actual realidad nacional y,
fundamentalmente de la realidad de los trabajadores sociales y
las trabajadoras sociales. Esto por cuanto ambos proponen -sin
fundamentación de ningún tipo- como figura
jurídico-organizacional, una federación de colegios
de trabajo social que no se corresponde con la trayectoria real y
verdadera -especialmente organizativa y gremial pero
también académica e investigativa- de los
trabajadores sociales y las trabajadoras sociales del
país.
Veamos tres ejemplos gremiales y uno académico, de que
la propuesta de una federación de colegios no se
corresponde con la realidad real y verdadera de los trabajadores
sociales y las trabajadoras sociales de Venezuela:
1) A casi
diecisiete años de haber sido presentado ante la antigua
Cámara de Diputados el Anteproyecto de Ley de Ejercicio de
los Profesionales en Trabajo Social, aún no contamos con
una Ley del Trabajo Social en Venezuela.
2) En el
largo periodo de cerca de treinta años que tiene de vida
el Colegio de Trabajadores Sociales de Venezuela -un colegio sin
ley-, apenas hemos sido capaces de crear descoordinada e
inorgánicamente, una media docena de filiales del
mismo.
3) Desde
hace doce años la Junta Directiva del Colegio de
Trabajadores Sociales de
Venezuela[13] tiene secuestrada la
legalidad, la
representatividad y la institucionalidad de esta Entidad -un
colegio que, bajo la figura jurídica de una organización no gubernamental (ONG) sin ley-
en virtud de lo cual su junta directiva se resiste a convocar a
elecciones, no obstante los cuestionamientos, las movilizaciones
y "tomas" intermitentes del Colegio por parte de diversos
grupos de
estudiantes y colegas.
4) En el
plano académico tenemos que la Asociación
Venezolana de Escuelas de Trabajo Social desde que fue creada
hace poco más de veinte años, no ha operado con
criterios de eficiencia,
efectividad y prospectiva, en virtud de lo cual la
formación de trabajadores sociales y trabajadoras sociales
no cuenta con un plan maestro que integre el perfil
técnico-profesional-cientifico-vocacional y las
actividades de cada escuela de trabajo social entre sí y
con la realidad nacional de cara al futuro.
3.2. El Proyecto de Ley de Ejercicio del Trabajo Social.
Ventajas competitivas
Las diferencias fundamentales del proyecto de Ley de Ejercicio
del Trabajo Social -que son también sus ventajas
comparativas y competitivas- con respecto a los dos proyectos que
le anteceden, son las siguientes:
1. No pretende, en modo alguno, reducir la futura
Ley de Ejercicio del Trabajo Social a la simple regulación
gremialista, reivindicacionista y economicista del ejercicio de
los profesionales del trabajo social, tal como lo hacen los dos
anteproyectos que le anteceden.
2. Remite el concepto mismo de
trabajo social en tanto específica práctica social
disciplinaria, interdisciplinaria, pluridisciplinaria y
transdisciplinaria, a sus fundamentos éticos,
políticos, epistemológicos y hermenéuticos
así como al marco jurídico-político de
nuestra vida democrática representativa, participativa y
protagónica, dentro del cual tanto el trabajo social como
sus inagotables formas de ejercicio adquieren
significación
sociohistóricopolíticocultural.
3. En el sentido anterior, refiere la futura Ley
de Ejercicio del Trabajo Social a la Constitución de 1998
y al pensamiento de
El Libertador Simón Bolívar y
demás próceres, héroes y heroínas de
la independencia
nacional y latinoindoafrocaribeña; asimismo, con los
procesos estatales, sociopolíticos, culturales, civiles y
mercadistas, mediante los cuales las clases sociales
-especialmente subalternopopulares- satisfacen sus carencias y
potencian sus aspiraciones; finalmente, con la necesidad
histórica que tiene la neonata República
Bolivariana de Venezuela de construir ciudadanía, justicia
e institucionalidad ciertamente con perspectiva de corto, mediano
y largo plazo, pero fundamentalmente sobre la base de la
incorporación del discurso del
otro en la lógica misma de dicha construcción.
4. Propone la figura federada -tan federada como
nuestro país nacional según el artículo 4 de
la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela-, decentrada, flexible, plural, solidaria, cooperativa,
ética y democráticamente integralizadora del
Colegio Federado de Trabajadores Sociales. Esta se enraíza
en las antepropuestas que hace algunas décadas intentaron,
sin acciones
consecuentes por parte de los ductores gremiales y
académicos del trabajo social, crear sedes o filiales de
dicho Colegio en las diversas entidades federales de la
República. Definitivamente, el proyecto de Ley de
Ejercicio del Trabajo Social asegura -como nunca antes- la
presencia decidida de los trabajadores sociales y las
trabajadoras sociales en el escenario principal de la historia
del país.
5. Potencia
efectivamente una ética de la eficiencia, de la
efectividad y del redespliegue de las capacidades innovativas,
sobre la base del involucramiento activo de los trabajadores
sociales y las trabajadoras sociales, en los asuntos que les
concierne como ciudadanos y profesionales.
6. Instaura potentes y novedosos dispositivos que
no se encuentran en ninguna otra ley de ejercicio profesional -de
allí su carácter innovativo- como son el sistema
organizacional mismo del Colegio Federado y su potente red de
órganos nacionales, estadales y regionales. Entre estos,
se encuentran la Convención Venezolana de Trabajadores
Sociales, el Instituto de Previsión Social, el Foro Venezolano de
Políticas Públicas y "Cantera Social", la Revista
Venezolana de Políticas Públicas.
Asimismo, las comisiones permanentes tales como las
académicas; de cultura,
recreación y deportes; de concursos y
premiaciones; de ética y derechos humanos;
de relaciones gremiales e interinstitucionales; y de investigación y acción social.
Finalmente, crea la novedosa figura de las juntas
conciliadoras dotadas del procedimiento
arbitral para la resolución
de conflictos entre los agremiados entre sí y entre
estos y los agentes externos.
6.
Contiene afinamientos éticos, políticos,
académicos y científicos que fortalecen y promueven
el desarrollo decidido del trabajo social en tanto
práctica social disciplinaria, interdisciplinaria,
multidisciplinaria y transdisciplinaria de la intervención
social, así como la protección y el relanzamiento
del ejercicio profesional de técnicos medios y superiores,
técnicas medias y superiores, licenciados y licenciadas
con posgrados o sin estos. Asimismo, de los licenciados en
promoción social, educación social,
orientación social, mediación social, terapia
social, desarrollo
humano y otras áreas del trabajo social cuando las
hubiere en el país.
Sólo todos y cada uno de nosotros podemos encarnar en
el día a día, no sólo el trabajo social que
queremos y nos merecemos, sino, fundamentalmente, el que
éticogeopolíticamente debemos construir porque es
el trabajo social que está por hacerse de cara a los retos
inéditos que nos está planteando la
construcción sociocolectiva de la República
Bolivariana de Venezuela en estos tiempos de imperio, globalización y posmodernidad.
Consideraciones
finales
Hemos dado cuenta del proceso políticosocial de
alimentación recíproca pero mediada
-¿debiéramos decir mediatizada?- por el tiempo
social de la academia universitaria, entre dos prácticas,
una, del estado rentista petrolero, desarrollista y bienestarista
venezolano y, otra, de los trabajadores sociales en tanto
agentes-actores-sujetos de un
arte/oficio/profesión/disciplina
paramédica y parajurídica que, si bien durante sus
veintidós primeros años estuvo consustanciada con
las necesidades asistenciales de aquél, los últimos
cuarenta y tres años ha estado
desencajada[14] tanto de las
necesidades de reproducción sistémica del estado y
la sociedad venezolana como de la reproducción individual
y social de las clases subalterno-populares y, más
específicamente, de la enseñanza superior.
Hoy, cuando la configuración societal venezolana se
encuentra atravesando una prolongada crisis agonal
o de reconstitución no resuelta, las conexiones de sentido
de las prácticas discursivas del trabajo social parecieran
que no han cambiado sustantivamente con respecto a dicho estado y
a sus formas de relacionarse éste con la sociedad a la que
pertenece y con sus propias instituciones.
En la actualidad contamos con una nueva Constitución y
se están sentando las bases para consolidar la novel
República Bolivariana de Venezuela; ello bajo nuevos
esquemas de protagonismo ciudadano y una nueva institucionalidad
que no puede considerarse más que en incipiente,
ambivalente y frágil proceso de instauración y
consolidación, en especial si consideramos que las salidas
a las crisis y las innovaciones democráticas están
determinadas no sólo por los propios términos que
las suscitan, sino, también porque -evocando el Marx del
Dieciocho Brumario- somos prisioneros de los fantasmas del
pasado y de nuestras formas de pensar, oír, hacer, sentir
y soñar, que son las mismas que condujeron a las
circunstancias que se desean superar, sea, el viejo sistema de
relaciones sociales de hondas raíces
ideológico-simbólico-culturales en la historia
venezolana que, resistiéndose a ser olvidado,
continúa prolongándose desde el pasado reciente y
mediato, y en cuyo ínterin se viene suscitando una
constelación de síntomas morbosos y anómicos
pletóricos de puntos de estrangulamiento, turbulencias y
entropías, a veces insospechadas.
En este proceso, la relevancia del papel jugado por los
trabajadores sociales no ha sido objeto de
problematización metódica por parte de
éstos, ni de publificación por parte de los medios
de difusión masiva ni por los organismos
académicos, gremiales, estudiantiles, ni estatales ni
civiles en general. Pero el reto nos lo ha lanzado la realidad
misma que está a la espera de la inventiva de los
trabajadores sociales y las trabajadoras sociales de la
República Bolivariana de Venezuela.
Finalmente, la actuación científico-profesional
y el trabajo social mismo, están planteando una serie de
discusiones que no han sido asumidas en todas sus consecuencias
por amplios sectores de trabajadores sociales y trabajadoras
sociales venezolanos. Entre aquellas tres nos parecen
cruciales:
1. Las conexiones de sentido de las
prácticas del trabajo social con respecto a la
construcción social del estado venezolano y de las formas
de relacionarse éste con la sociedad y sus propias
instituciones.
2. La relevancia de los roles y las capacidades y
retos de los trabajadores sociales y de las trabajadoras sociales
en estos tiempos de imperio, globalización y posmodernidad
que, para bien o para mal, sobredeterminan la refundación
de la vida democrática en Venezuela.
3. La construcción de espacios de
alimentación recíproca y encuentros de
integración pluriversa entre las prácticas del
trabajo social; de las diversas ciencias y tecnologías
sociales, naturales, bioéticas y telemáticas; de la
academia, del estado, del sistema político y de la
sociedad civil.
Estas nos exigen abandonar toda esperanza de solución,
si no media una rigurosa y exhaustiva política de
investigación-docencia-intervención-acción-implicación
societal ético-geopolíticamente orientada, en
especial aquella que tiene que ver con la necesidad de
recontextuar, resemantizar, revalorar y rescribir, desde otras
posicionalidades epistémicas, el trabajo social que
está por hacerse en Venezuela y en América
Latina.
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llaman trabajo social?", primera parte de la ponencia presentada
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Versión ampliada y modificada de la primera
parte de la ponencia "Pregun´ticas´ para una
reflexión autocrítica. Por un
"Trabajo-Social-Por-Hacerse… científico", presentada por
el autor al Segundo Encuentro Regional de Trabajo Social
México, Centroamérica y El Caribe, realizado del 22
al 26 de octubre de 1984 en San Ramón,
Costa Rica. Redescubierto catorce años después por
Mario Quiroz y publicado en el volumen 1, No. 3,
2000, de la Revista de Trabajo Social, Departamento de Servicio
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Autor:
César A. Barrantes A.
Ex profesor de la
Universidad de Costa Rica. Trabajador social, planificador
social, analista de política social, consultor social,
profesor-investigador de grado y posgrado de la Universidad
Central de Venezuela y la Universidad del Zulia. Presidente
fundador de la Red Latinoiberoamericana y Caribeña de
Trabajadores Sociales (RELATS).
[1] Este apartado
básicamente ha sido tomado de Barrantes (1997, cap.
II)
[2] El primer ciclo recesivo se
inició en febrero de 1983 con la primera devaluación de la moneda nacional y se
prolongó a mediados de 1987, cuando se produjo un breve
repunte económico que alcanzó a finales de 1988. El
segundo ciclo va de principios de
1989 hasta el presente. Determinado por la crisis del modelo
económico sustitutivo de importaciones y
la mengua de la renta petrolera en que se sustentaban la Cuarta
República y el Pacto de Punto Fijo, el agotamiento de
éstos allí quedó también
diagnosticado.
[3] A partir de la muerte del
General Gómez, quien gobernó dictatorialmente entre
1908 y 1936, se sucedieron dos gobiernos militares elegidos por
el Congreso Nacional como ensayos
democráticos posgomecistas. En 1945 el presidente General
Medina fue derrocado y sustituido por una junta cívico-militar
socialdemócrata presidida por Rómulo Betancourt.
Ésta gobernó hasta 1948 cuando se eligió al
primer mandatario civil, el escritor Rómulo Gallegos,
quien nueve meses después, fue depuesto por el General
Pérez Jiménez, cuya dictadura fue abolida el 23 de
enero de 1958 por la sublevación popular que, antecedida
por el fracasado levantamiento militar dirigido por el coronel
Trejo el 1 de enero, condujo a la hegemonía
socialdemócratacristiana y al régimen
político denominado puntofijista, en virtud de que los
partidos predominantes suscribieron un pacto en la casa rotulada
Punto Fijo, propiedad de unos de sus dirigentes: Rafael Caldera.
Este pacto tiene el mismo significado excluyente que el del Pacto
de Ochomogo que, en Costa Rica, fue celebrado entre los ganadores
de la denominada guerra civil de 1948: un pacto que
excluyó y persiguió a los comunistas y
calderonistas e instauró el régimen político
que hoy podemos denominar socialdemócratacristiano
neoligárquico.
[4] Sobre el término
puntofijimo, ver la cita número tres.
[5] En Europa y Estados Unidos el
nacimiento del trabajo social, estuvo vinculado al derrumbe de
los estados liberales y a los procesos de su
reconstitución en estados interventores, providenciales o
de bienestar. En América Latina, mediando especificidades
de cada país, la historia de la demanda institucional de
visitadoras/servidoras/asistentes sociales y de escuelas de
formación profesional, resulta ser paradigmática
(Lizarraga, 2000; Cornelli, 2000; Quiroz Neira, 2000; Tello y
Arteaga, 2000; Jiménez, 1992; Campos y otras, 1977; Netto,
1997; Molina y Romero, 1998; Poveda, 1998; Iamamoto, 1984;
Martínez, 1977). Aquélla se produjo -en unos
países más tarde que en otros- dentro del marco de
la penetración diferencial del capitalismo, el
desmoronamiento de los estados oligárquicos en donde
éste existió y del incremento de las luchas
populares. Fue así como se comenzaron a tecnificar y
profesionalizar los elementales aparatos de estado en cada
país -entre éstos las fuerzas armadas y la
administración de la asistencia social- en especial
cuando a aquél le llegaba el momento de modernizarse e
intervenir en la economía y en la cuestión social;
en esta última, a través de legislaciones
cooptativas de las fuerzas sociales populares.
[6] Contrario a la creencia de
Quiroz (1999:33) de que la creación de la primera escuela
de asistencia/visitaduría social en el Chile de 1924
"marcó un hito…al participar…en la creación y
desarrollo de otras escuelas…latinoamerican(as)", los procesos
venezolano y de otros países muestran que la demanda de
estos profesionales fue endógena a cada
configuración societal bajo la influencia estadounidense y
europea, especialmente belga y francesa. Diversas historias
locales (Tello, 2000) señalan que -en muchos casos- la
influencia chilena se produjo, entre otras opciones, por la
vía de la consultoría, cuando las escuelas
latinoamericanas se veían concitadas a restructurarse.
[7] El artículo primero
del decreto No. 386 del 17 de octubre de 1958, señala que
"Los estudios de Trabajo Social serán de índole
humanístico y profesional y se harán en dos etapas:
la primera, mediante un plan de estudios, de segundo ciclo de
educación secundaria, con especialización en
humanidades y orientación hacia el ejercicio profesional
del Trabajador Social; y en la segunda se hará en
universidades o instituciones de Educación
Superior…"
[8] La historia es más
compleja, pero los objetivos y
las limitaciones de espacio asignados a esta comunicación no nos permiten
desarrollarla.
[9] En 2000 esta Universidad
jesuita, reabrió dicha Carrera con el nombre de Trabajo
Social, un enfoque interdisciplinario y una concepción
metódica centrada ya no en el servicio, la asistencia y la
promoción institucionalmente funcional, sino, centrada en
el desarrollo integral de la persona humana.
En 2002 dicha Carrera fue congelada nuevamente por inopia
de postulantes.
[10] Este desfase se vio
posteriormente reforzado al influjo de los radicalismos
cientifizantes e ideologizantes que pusieron en la palestra
política dos grandes matrices del
denominado movimiento de
reconceptualización del
servicio/asistencia/visitaduría social: la
modernizadora y la crítica (Celats, 1983).
Para una crítica a las tendencias reconceptualizadoras
desde otra experiencia, ver Barrantes (1979; 1986).
[11] Estos rasgos no son
exclusivos de las escuelas de trabajo social, sino,
también -aunque de manera diferencial- del trabajo social
venezolano, pero por razones de espacio no abordaremos este
proceso.
[12] Mención especial
debemos hacer de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad
del Zulia en donde operan desde hace varios años los hasta
hoy únicos cuatro proyectos académicos de gran
valía en Venezuela: el Centro de Investigaciones
en Trabajo Social, la Revista Venezolana de Trabajo Social, la
Maestría en Intervención Social, y el programa de
profesionalización de los técnicos
en trabajo social.
[13] La filial del Zulia, una de
las seis existentes en el país que tiene veinticuatro
estados, tiene diez años de no convocar a elecciones.
[14] Con este término no
significamos, en modo alguno, esterilización, inutilidad o
superfluidad. Mucho menos ahistoricidad o asocialidad, pues eso
que llamamos trabajo social (Barrantes, 1986) es una
práctica y un producto societales cuyos usos y fundamentos
en Venezuela están a la espera de ser reconceptuados,
resemantizados.
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