- El sistema
integral de seguridad municipal de santa
lucía - La oficina de
prevención y seguridad pública
(opsp) - Consideraciones
- La
transversalidad - Anexos
Criminología y Sistemas Integrales de
Seguridad a nivel
de los Municipios. El caso de Santa Lucía (Gran
Canaria-España)
Comunicación presentada en el XV
Congreso Mundial de Criminología (Barcelona, julio
2.008)
Como sabemos existen diversos y diferentes
ámbitos y niveles de seguridad / inseguridad.
Desde fenómenos globales que a todos nos afectan a nivel
planetario hasta niveles individuales e interpersonales y de
convivencia. Estos últimos son los que producen un mayor
número de victimaciones que a su vez son "vividas" con un
alto grado de intensidad y de afectación.
Los municipios son las administraciones más
próximas a los ciudadanos y por ende, los ayuntamientos se
convierten en los destinatarios del mayor número de
exigencias ciudadanas. Representan y en parte son, percibidos por
los ciudadanos, como el "poder
político-administrativo", la "autoridad
pública" que los acompaña y asegura. Sin embargo,
los municipios, casi nunca tienen competencias mas
que parciales en materia de
seguridad, al menos, entendida popularmente, como casi en
exclusiva la que dispensan las agencias formales; policía,
administración de justicia,
prisiones y otras.
Por contra, los ayuntamientos sí tienen muchas de
las competencias para desarrollar políticas
preventivas y/o paliativas de seguridad, entendida de una manera
más dinámica y convergente. Diríamos
que, gran parte de los componentes y recursos sociales
y comunitarios, implicados en los abordajes de los
fenómenos transgresivos, residen en los municipios;
servicios
sociales y asistenciales, policía local, juzgado de paz,
protección civil, emergencias, etcétera.
Una visión integrada de la seguridad supone una
sistematización y organización que pasa, de necesidad, por la
coordinación. Una coordinación que
casi nunca se da y que es el "tendón de Aquiles" del
aprovechamiento de medios y de
recursos disponibles o por implementar.
Por su parte, la Criminología es, por su propia
concepción, la disciplina
social más relacionada con la seguridad, entendida esta
como un conjunto de instrumentos, técnicas y
procedimientos
de respuestas de control de
determinadas conductas transgresoras, objeto, "primigenio" de la
Criminología.
Las características del conocimiento
criminológico, es decir; dinámico,
sintético, integral y contextual, le convierte en un
soporte indispensable en el diseño
y práctica de políticas de control (seguridad) que
como se ha dicho, si se pretenden integrales, han de ser, de
necesidad, basadas en la coordinación de la multiplicidad
de recursos que casi siempre coexisten de manera inconexa y
por ello, infrautilizados, reiterativos y victimantes.
Punto de partida.
Vivimos en el tiempo
aún del imperante paradigma de la
peligrosidad / seguridad- respuesta
que produce una eficiencia y
efectividad "normalizadamente" muy limitada basada en responder a
las manifestaciones, a los síntomas del fenómeno.
Esta "constante" de limitación se acompaña de una
"constante" exigibilidad de soluciones que
viene obligando a los poderes públicos al progresivo
reconocimiento de unas y otras, limitaciones y exigencias, que
les va forzando un cambio de
tendencia que advierte de un progresivo cambio de paradigma. Una
especie de necesaria (dada la evidente obligación de
mantenimiento
de elementos de respuesta) ampliación del anterior hacia
el paradigma de la peligrosidad /
seguridad-anticipación.
Con una visión integral y dinámica el
municipio gran canario de Santa Lucía puso en marcha en
2.005 una Asesoría de Seguridad en la Alcaldía y
una Oficina de
Prevención y Seguridad Pública (OPSP) adscrita a la
Concejalía de Seguridad, encargando la dirección y coordinación de las
mismas a dos criminólogos. Al proyecto se le
asignaron los siguientes objetivos
iniciales:
1. Acercar el
servicio de
seguridad y emergencias a los vecinos y vecinas.
2. Conocer y
canalizar las necesidades e inquietudes ciudadanas.
3. Diseñar y
ejecutar políticas de seguridad pública.
4. Facilitar
información, técnicas y
coordinación a los servicios intervinientes para la
resolución de situaciones de riesgo y conflicto.
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