El desarrollo de la democracia (Parte II) (página 2)

 La libertad de
uno acaba dónde empieza la de otro. Este principio
sólo puede llevarse a la práctica mediante la
igualdad de oportunidades. Si no PUEDO elegir, si no tengo
OPCIÓN, entonces realmente no ELIJO (aunque quiera) y por
tanto no soy libre (o soy mucho menos libre que otro que
sí tiene más opciones, su libertad no acaba donde
empieza la mía porque la mía simplemente no
empieza, su libertad traspasa el límite de la mía).
Igualdad y
libertad son dos caras indisociables de los derechos del hombre. La
libertad debe estar "equitativamente distribuida" entre los
individuos de una sociedad. Como
dijo Noam Chomsky, Una libertad sin opciones es un regalo del
diablo. Por tanto, además de compatibilizar unos
derechos
humanos con otros, hay que "democratizarlos" para que TODOS
los ciudadanos tengan las mismas oportunidades reales de tener
acceso a ellos (los derechos humanos son universales y se
reconocen por igual para todos). Se trata de cumplir en la
práctica los principios de la
declaración de los derechos del hombre. Se trata por tanto
de dar la importancia adecuada a cada derecho humano
(respecto del resto de derechos) y de garantizar las mismas
oportunidades de acceso a cada derecho. Este doble
desafío es ahora mismo totalmente utópico, pero la
utopía es necesaria. No debemos consentir que se nos venda
la idea de que libertad implica inevitablemente desigualdad
porque es justo lo contrario. No puede existir libertad (en la
vida en sociedad) sin igualdad de oportunidades. Las grandes
desigualdades sociales son realmente consecuencia del libertinaje
(de la desigualdad de oportunidades, de la preponderancia de unas
libertades "secundarias" de una minoría sobre las
libertades "básicas" de la mayoría, del
"acaparamiento desigual" de las libertades). Admitiendo que la
igualdad absoluta es imposible (y también injusta), es
antinatural, la desigualdad excesiva tampoco es lógica
ni justa ni natural. No todos tenemos las mismas capacidades, no
todos debemos ganar igual, pero nadie puede trabajar cientos (ni
siquiera decenas) de veces lo que otros y por tanto tampoco
debería ganar cientos (ni decenas) de veces lo que otros
(no digamos ya el caso de unos pocos que se enriquecen con el
trabajo
ajeno).

Es lógico que haya ciertas desigualdades (debido a
nuestra desigualdad "natural") pero no es lógico que sean
excesivas (debido a las desigualdades "antinaturales"). Los seres
humanos somos distintos pero tampoco demasiado distintos. Es
necesario que la sociedad vuelva a ser "natural". Si no, la
sociedad está condenada, tarde o pronto, a su
extinción, no se puede ir contra-natura.

 Una Constitución no debe imponer soluciones
concretas (y susceptibles de discrepancia) a los problemas de
una sociedad. Por ejemplo, no debe imponer la unidad nacional
de un país (en democracia la
soberanía popular supera la
soberanía nacional, el concepto de
pueblo está por encima del concepto de nación,
la nación
debe someterse al pueblo y no al revés, la
Constitución puede establecer una estructura
territorial determinada, pero ésta siempre debe estar
abierta y susceptible de ser cambiada democráticamente),
no debe imponer un modelo
económico concreto (la
economía de libre mercado o la
economía estatalizada), etc. De lo que se trata es de
articular la democracia, de establecer el marco político
adecuado para poder resolver
los problemas de forma democrática (independientemente de
la solución final adoptada para los mismos por el conjunto
de la sociedad).

La democracia fija la METODOLOGÍA para convivir y
resolver los problemas, para decidir las soluciones a los
problemas, no debe fijar nunca las propias soluciones, no debe
fijar nunca los fines (los únicos fines fijados deben ser
los derechos humanos).

 Por otro lado, para evitar el estancamiento y
posibilitar el avance (necesario siempre en toda sociedad) es
imprescindible relajar las condiciones para permitir reformas de
la Carta
Magna, por ejemplo debería ser suficiente con ser
aprobada la reforma por la mayoría absoluta de los
parlamentos y siempre que dicha propuesta de reforma haya sido
presentada por 3 grupos
parlamentarios como mínimo (sin olvidar la
aprobación definitiva por parte del pueblo mediante
referéndum).

 En suma, el Estado debe
velar por el cumplimiento de los derechos humanos para TODOS los
ciudadanos, debe llevarlos a la práctica (en este
sentido se ha propuesto la creación de una renta
básica universal como forma de garantizar la libertad
individual, idea aparentemente utópica pero que cada vez
gana más adeptos y no dista mucho de ciertas ayudas
existentes en el Estado de
Bienestar, pero dicha renta básica universal no debe ser
impuesta constitucionalmente porque es una solución
concreta, como hemos dicho, la Constitución debe
garantizar la satisfacción de los derechos humanos pero no
debe imponer la forma de hacerlo), el Estado debe ser el
"regulador" de la sociedad. El "desmantelamiento sesgado" del
Estado (en realidad su "secuestro" por
parte de la minoría dominante) sólo puede producir
la "degeneración" de la sociedad, sólo puede
conducir al desastre, al caos, a la "ley de la
jungla". Otra cosa muy distinta sería tender
progresivamente a una sociedad sin Estado (si es que eso es
posible) si la mayoría de la sociedad lo decidiera
libremente así, como resultado de una evolución natural de la sociedad, como
resultado de una emancipación total del conjunto de la
sociedad. El Estado nunca debe convertirse en el instrumento de
una minoría (ya sea económica o política) para
someter a la mayoría (va contra el principio básico
de supervivencia de toda sociedad, el bienestar de la
mayoría), y por ahora, no es posible la sociedad sin el
Estado. Por tanto, una sociedad más democrática
necesita reforzar el papel del Estado (pero garantizando su
servicio al
conjunto de la sociedad y evitando que sea justo al
revés), necesita desarrollar el Estado de Bienestar
(no el Estado policial o represor).

 3. Una cámara de diputados (no
territorial) y una cámara de senadores
(territorial) claramente diferenciadas y con competencias
complementarias. El Congreso debe representar a los ciudadanos
y el Senado a los territorios. De todas formas,
habría que replantearse si realmente es necesario el
Senado, pero lo que está claro es que, si existe, debe
tener funciones
distintas y complementarias al Congreso, relacionadas con su
razón de ser: la relación de los distintos
territorios entre sí y con el Estado central.

 4. La elección de cualquier cargo
público (de cualquier representante de un grupo humano)
debe ser siempre libre, directa y secreta (tanto en el caso
de un representante del pueblo elegido por sufragio
universal como en el caso de un representante interno de un
organismo determinado, como un parlamento, un comité de
empresa,
etc.). El que sea la votación secreta garantiza la
libertad de voto (evita por ejemplo la disciplina de
voto impuesta por los partidos
políticos en los parlamentos, el mandato imperativo
debe ser para con la ciudadanía y no para con los partidos). El
anonimato es casi siempre el mejor salvoconducto de la
libertad.

 5. Una ley electoral que permita que el
voto de todos los ciudadanos valga igual y que busque un
equilibrio
entre gobernabilidad y representatividad
(intentando dar prioridad a ésta última). Para
mejorar dicho equilibrio, deberían crearse nuevos métodos (o
mejorarse los existentes) para repartir los escaños a
partir de los votos emitidos. Hasta que no se encuentre un
método
más eficiente, el sistema
D´Hondt podría ser sustituido por el
método Sainte-Laguë, que no favorece tanto a
los partidos mayoritarios y por tanto mejora la
representatividad. Por otro lado, debería haber
circunscripción electoral única en todo el
Estado para la elección de diputados y
circunscripciones territoriales para la elección de
senadores (junto con mecanismos que garanticen la
representatividad de todos los territorios) con sistema de
elección mayoritario plurinominal (donde el elector elige
varios candidatos a senador para su circunscripción). El
Congreso debe ser una cámara de representación de
los ciudadanos (independientemente de su situación
geográfica) y el Senado debe ser una cámara de
representación de los territorios (teniendo en cuenta por
supuesto el "peso" de cada uno de ellos y procurando una
mínima representación de todos los territorios por
ejemplo mediante elección de ciertos senadores por los
parlamentos regionales).

En estos tiempos donde los medios de
comunicación acercan a las personas, la proximidad
física de
los candidatos a los electores es irrelevante (sobre todo para la
elección de representantes en organismos estatales, otra
cosa son los organismos locales como los ayuntamientos), lo
importante es que los candidatos (y sobre todo sus programas) sean
conocidos por los electores. Además debe permitirse que
cualquier persona pueda
presentarse como candidato a cualquier cargo público,
independientemente de si pertenece a un partido político o
no (cumpliendo los mismos requisitos que los partidos en cuanto a
la defensa de ideas que no atenten contra los derechos humanos).
En caso de que se presente a través de un partido
político, las listas deben ser abiertas para
aumentar el margen de elección del electorado (el elector
elige no sólo su partido, sino también su candidato
favorito dentro de ese partido, es decir el orden de importancia
de los candidatos de un partido lo determina el electorado en vez
del propio partido). Cada sistema tiene sus ventajas y sus
inconvenientes, las listas abiertas aumentan el margen de
elección de los electores pero pueden provocar tensiones
dentro de los partidos, además existen diferentes sistemas de
listas abiertas. A este respecto, se deberían desarrollar
en el futuro métodos que vayan aumentando el margen de
elección de los electores y eviten los inconvenientes
detectados.

 6. La financiación de los partidos
políticos debe ser totalmente transparente y
controlada por el Estado. Los partidos deben
autofinanciarse a través de sus militantes
exclusivamente mediante un sistema de cuotas cuya cuantía
debe estar claramente limitada por ley. Nunca debe permitirse la
financiación por personas jurídicas, siempre deben
ser personas físicas. No debe haber financiación
externa de ningún tipo (ni pública ni privada).

 La ayuda del Estado debe ser secundaria y en
materia
fiscal o para
paliar gastos
electorales o facilitar el acceso a los medios de
comunicación, y debe "premiar" a los partidos
más austeros y "castigar" el despilfarro. Dicha ayuda
puede ser proporcional a los resultados electorales anteriores
pero, siendo secundaria, no debe ser excesivamente importante (ni
excesivamente proporcional a dichos resultados) y debe permitir a
otras fuerzas minoritarias darse a conocer (aquí puede
introducirse otro factor que determine la proporción de
las ayudas estatales a nuevas fuerzas políticas:
el número de afiliados de un partido), debe intentar
tender a que las distintas fuerzas políticas puedan
"competir" en igualdad de condiciones por acceder a las
instituciones (o por lo menos con una desigualdad
"razonable", no excesiva, tampoco es posible que TODAS las
fuerzas políticas puedan presentarse en sociedad de la
misma manera, no habría ni recursos ni
tiempo para
ello). Si no es así se tiende inevitablemente a un
bipartidismo excesivamente "estático" y a una democracia
excesivamente "estancada".

Así como el Estado debe "redistribuir riqueza" mediante
impuestos
progresivos para, al menos en teoría,
tender hacia una igualdad social, debe hacer lo propio con las
ayudas a los partidos políticos para tender hacia una
"igualdad democrática" razonable. Tampoco se puede
pretender que todas las ideas se reflejen en las instituciones,
sería imposible y provocaría ingobernabilidad.
Siempre la democracia representativa se basa en la
"agregación" de ideas. Se trata de llegar a un
"equilibrio" para por un lado conseguir gobernabilidad
("agrupando ideas") y por otro conseguir representatividad (no
"agrupando" demasiado las ideas, evitando que en dicha
agregación excesiva se pierda pluralidad). Una idea no es
más válida (ni más certera) porque sea
más mayoritaria (además si es mayoritaria y "juega
con ventaja" lo será cada vez más) y por tanto no
debe ser "privilegiada" en exceso.

Todas las ideas (siempre que sean respetuosas con la
democracia, es decir con los derechos humanos) deben ser
respetadas, pero también deben tener las mismas
oportunidades (deben poder defenderse en igualdad de
condiciones). Siempre la igualdad (de oportunidades) debe estar
presente en la filosofía democrática. Ante unas
elecciones, el pueblo tiene derecho a conocer las propuestas de
todos los principales partidos, es decir de aquellos que ya
existen en las instituciones, pero también de aquellos que
no existen aún en ellas pero tienen un número de
militantes que rebase cierto umbral (esto fomentaría
la "circulación" de partidos en la sociedad y la participación política de los
ciudadanos).

 Los gastos electorales de un partido deben ser
financiados únicamente mediante sus activos,
no pudiendo nunca acceder a créditos de ningún tipo. De esta
manera se evita la dependencia del poder político respecto
del poder económico. Los partidos políticos no
necesitan realizar tantos gastos, debe haber una
reducción drástica de los gastos en las
campañas electorales. En éstas los partidos
políticos deben explicar sus programas electorales y para
ello el Estado debe poner gratuitamente a disposición de
los mismos todo tipo de medios de
comunicación y además esto debe
hacerse no sólo durante las campañas sino que
durante toda la legislatura
(por supuesto de manera menos intensa) para incrementar la
información y la cultura
democrática del pueblo.

 7. Los partidos políticos deben funcionar
obligatoriamente de forma estrictamente democrática (a
todos los niveles) y perfectamente estipulada por ley. En
particular, debe obligarse a la realización de
elecciones primarias para que los militantes de los
partidos sean los que elijan a sus candidatos. Una organización que defienda ideas
antidemocráticas (es decir que atenten contra los derechos
humanos) o bien que defienda sus ideas (sean cuales sean
éstas) de forma antidemocrática (es decir
irrespetuosa o violenta) nunca puede obtener el status de partido
político. En democracia no se pueden consentir partidos
políticos antidemocráticos aunque sí
organizaciones
antidemocráticas (que defiendan cualesquiera ideas
pacíficamente o bien cuyo funcionamiento interno no sea
democrático) a las que pueda pertenecer o no libremente
cualquier ciudadano, pero en este caso el Estado tiene la
obligación de advertir a la ciudadanía del
incumplimiento de los derechos humanos, así como la
obligación de impedir que dichas organizaciones puedan
llegar a eliminar la propia democracia si acceden al poder.
Los únicos límites de
la democracia son los derechos humanos, son los principios
básicos democráticos. Si admitimos que los
derechos humanos son irrenunciables, entonces la democracia (cuyo
objetivo
fundamental es su cumplimiento) también es irrenunciable y
debe protegerse. No se puede eliminar la democracia, ni siquiera
democráticamente. Esto no significa que la forma de
implementarla sea única e intocable (lo que debe ser
intocable es su filosofía, sus principios
elementales).

 8. El poder
ejecutivo (presidente de la
república) y el poder
legislativo (diputados y senadores) deben ser elegidos
directamente por el pueblo mediante elecciones separadas
(presidenciales y legislativas). De esta forma el poder
ejecutivo es independiente del poder legislativo y ambos dependen
directamente del pueblo. El presidente de la república
debe ser elegido mediante sufragio universal directo por
mayoría absoluta (en primera vuelta o en segunda entre los
dos candidatos más votados en la primera). En el caso de
elecciones presidenciales debe haber una circunscripción
electoral única en todo el Estado.

 9. El poder judicial no
debe ser designado por el poder político. Para ello
podría plantearse, como mínimo, que sus
órganos directivos sean elegidos democráticamente
por el propio poder judicial. Pero Francisco Badarán
plantea además que el poder judicial debe tener un
órgano colegiado de carácter estatal constituido por personas
electas directamente por el pueblo (personas que pueden ser
cualesquiera ciudadanos no pertenecientes a ningún partido
político) y un órgano de juristas asociado
(elegido democráticamente por el pueblo o por los jueces)
para asesorar al órgano popular anterior (dado el
carácter eminentemente técnico del poder judicial).
Es especialmente importante que las personas elegidas en dichos
órganos no pertenezcan a ningún partido
político (el derecho de asociación se limita
mediante un régimen de incompatibilidades para garantizar
la separación de poderes). Es decir, se deben implantar
unas elecciones judiciales separadas de las elecciones
presidenciales y legislativas. Además, el poder
judicial debe tener autonomía financiera respecto del
poder político. De esta manera el poder judicial es
independiente del resto de poderes y es controlado directamente
por el pueblo. En el caso de España los
miembros del Tribunal Constitucional serían elegidos entre
ciudadanos independientes (nunca de un partido político)
por el pueblo, los miembros del Consejo General del Poder
Judicial serían elegidos entre candidatos juristas (nunca
militante de un partido político) por el pueblo o por los
jueces y el fiscal general del Estado (nunca militante de un
partido político, una vez más) podría ser
elegido por el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado,
dado que el derecho a la justicia es un
derecho básico, no está de más plantear
su socialización como forma de garantizar
dicho derecho a todos los ciudadanos por igual (desde luego como
mínimo debería eliminarse el concepto de
fianza que hace que los que tengan dinero sean
tratados de forma
distinta a los que no lo tienen). Francisco Badarán
propone a este respecto una "Seguridad Social
Jurídica" y además plantea universalizar el
principio de la unidad jurisdiccional, eliminando sin
excepciones la jurisdicción militar.

10. No deben existir tribunales de excepción
permanentes (sólo tendrían sentido dichos
tribunales en situaciones excepcionales transitorias como las
guerras). En
el caso de España debería eliminarse la Audiencia
Nacional. En democracia todos los ciudadanos deben ser iguales
ante la ley y cualquier idea debe ser respetada siempre que
esté acorde con los derechos humanos y se defienda
respetuosa y pacíficamente. Toda idea que cumpla los
requisitos anteriores (aunque defienda un cambio de
régimen político o un cambio en la estructura
territorial del país) tiene derecho a ser expuesta y
discutida públicamente por lo que no debe ser reprimida ni
criminalizada. Además deben establecerse medidas
preventivas para evitar los abusos policiales y medidas
correctoras contundentes que los castiguen ejemplarmente. El
Estado debe garantizar el Estado de Derecho
así como la seguridad de todos los ciudadanos (como el
resto de derechos humanos, especialmente los básicos).

11. El poder sindical no debe ser subvencionado por el
poder político. Como en el caso de los partidos
políticos, los sindicatos
pueden recibir ayudas fiscales, ayudas para las elecciones
sindicales, etc. Y deben autofinanciarse de forma similar
a los partidos políticos por sus afiliados y nunca por
personas físicas o jurídicas externas. Lo mismo
puede decirse respecto de su funcionamiento interno que debe
ser estrictamente democrático. De esta forma el poder
sindical es independiente del poder político y del poder
económico.

12. Es imprescindible evitar (o por lo menos minimizar) la
dependencia del poder de la prensa respecto
del poder económico. Debe haber leyes que impulsen
la libertad de
expresión para que ésta exista de verdad
(debería estar prohibido por ley la censura de todo tipo,
debería estar prohibido el reservarse el derecho de
publicación de una opinión, por lo menos en las
versiones electrónicas de los diarios, debería
protegerse al periodista para que pueda ejercer su trabajo con la
máxima libertad posible, etc.) y debe haber organismos
que vigilen escrupulosamente su cumplimiento. Deben
delimitarse claramente los límites de la libertad de
expresión, debe delimitarse claramente dónde
acaba la crítica
y dónde empieza el insulto, debe establecerse claramente
cuándo se atenta contra la dignidad o la
intimidad de las personas, pero también debe evitarse que
bajo la excusa de la "injuria" o de una intimidad "exagerada" se
camufle el intento de evitar la crítica (que siempre es
legítima en democracia, ya sea verídica o no,
mientras se haga desde el respeto y las
buenas formas). Obviamente en democracia nadie (que ejerza
alguna responsabilidad pública) debe estar
libre de crítica, en democracia nunca debe existir
ningún tema tabú (se debe poder hablar de todo,
la única condición es que se haga respetuosamente).
Deben establecerse mecanismos que velen por la veracidad y
pluralidad de las informaciones publicadas y por la
publicación de noticias o
eventos que la
ciudadanía tiene derecho a conocer. Por ejemplo, el
ciudadano tiene derecho a conocer la actividad diaria de su
ayuntamiento, de su parlamento regional, de su parlamento
nacional.

La prensa debería hacer un seguimiento diario (no
sólo una vez al año en el debate del
estado de la nación) de las actividades de los
representantes de los ciudadanos en las distintas instituciones,
informando sobre qué se habla, qué se propone,
qué se aprueba, qué se rechaza, etc. Los medios
deberían publicar diariamente una "agenda
política" informando sobre todo ello. Por ejemplo, el
ciudadano tiene derecho a conocer todos los eventos o
manifestaciones públicas que se han producido o que van a
producirse en su ciudad. No hay ninguna excusa por "causas
técnicas" que justifique en estos tiempos
(con tantos medios tecnológicos) que no se pueda incluir
en todos los diarios una relación de las
manifestaciones/eventos (una especie de "agenda social")
que se han producido el día anterior y de las
manifestaciones/eventos que están convocados para el
día siguiente en cada ciudad, ni que justifique que no se
pueda publicar en las versiones de Internet (por lo menos) de
todos los diarios todas las opiniones enviadas por los ciudadanos
que así lo deseen. Para evitar tener una democracia
"estancada" debe haber leyes que
obliguen a los medios de comunicación (en especial a
la
televisión pública) permitir el acceso a
partidos/organizaciones de todo tipo (no sólo a las
mayoritarias) para exponer sus ideas (hay que romper el actual
"monopolio" de
ideas que impide que haya "circulación y
renovación" de ideas y de partidos). Tenemos un sistema
donde no hay un "mercado libre de ideas" y eso produce
estancamiento. Dicho en términos mercantiles hay que
"liberalizar el mercado de ideas" obligando a los medios de
comunicación a ejercer de "distribuidores" de ideas.
Es necesario canalizar la participación ciudadana en
los medios. Los medios de comunicación, aun siendo en
muchos casos privados, proporcionan un servicio público
con una enorme responsabilidad y por tanto es imprescindible que
la sociedad exija un servicio de calidad y sobre
todo mínimamente fiable, objetivo y digno. El derecho a
la información (plural y veraz) es un derecho inalienable
de todo ciudadano y deben establecerse mecanismos que lo
garanticen. El derecho que tiene todo ciudadano o grupo de
ciudadanos a poseer un medio de comunicación con cierta
línea editorial ideológica no debe anular o limitar
seriamente el derecho de la ciudadanía en general a la
información y a la libertad de expresión (hay que
democratizar ésta para que no sea un privilegio de unos
pocos). Es imprescindible regular perfectamente la prensa para
que el ciudadano pueda distinguir claramente entre la
opinión y la información. Deben establecerse
mecanismos de control internos
y externos de los medios (especialmente de la televisión). El Estado debe fomentar
debates serios y verdaderamente plurales (especialmente en la
televisión), debe evitar cualquier discriminación y debe proporcionar ayudas
de tipo fiscal a los medios de comunicación con pocos
recursos. Asimismo se debe impedir la peligrosa
concentración de muchos medios de comunicación en
pocas manos (que afecta directamente a la pluralidad), es
decir, se deben evitar los monopolios (u oligopolios)
tanto en los medios de "distribución final" de noticias (los medios
de comunicación, a los que acceden los ciudadanos) como en
los medios "proveedores"
de noticias (las agencias de noticias a las que acuden los medios
de comunicación). Se debe imponer máxima
transparencia a todos los niveles: financiación,
relación entre medios, fuentes de
todas las noticias (sin atentar contra el secreto profesional de
la fuente original en caso de necesidad pero por lo menos
indicando la agencia de noticias, a este respecto es necesario
regular con sumo cuidado el secreto profesional
periodístico para por un lado respetar el anonimato de la
fuente original en caso de necesidad y por otro lado evitar el
uso de una sola agencia de noticias por la mayoría de
medios), etc. Se debe establecer un régimen de
incompatibilidades que garantice la independencia
de la prensa (prohibiendo relaciones directas o indirectas
con el poder político, con empresas de
sectores relacionados con él, con el poder
económico, es decir con la gran banca, con las
empresas industriales, etc.). Se debe regular perfectamente la
publicidad
para que ésta no influya en los contenidos de los medios,
etc, etc. En definitiva, se trata de poner un poco de orden en el
caos en el que está sumida la prensa, se trata de
recuperar el código
deontológico del periodismo,
se trata de evitar la degeneración de la prensa y por
tanto de la democracia.

Es indudable que dicha degeneración es también
consecuencia de la precarización del empleo en el
sector, de la obsesión por el beneficio sobre cualquier
otro criterio (aspectos que afectan en general a toda la población), pero quizás
debería protegerse un poco más a los profesionales
del cuarto poder (que en realidad es el primero),
así como también se protege a los "profesionales"
del poder político. Contrasta enormemente la
sobreprotección de los políticos (de los cargos del
poder ejecutivo, legislativo o judicial) y la precariedad de los
periodistas. Hay que equiparar el cuarto poder con
los tres
poderes tradicionales (reduciendo la excesiva
"protección" de estos tres y aumentándola en el
cuarto), hay que "reequilibrar" todos los poderes
además de separarlos.

Si con las medidas indicadas hasta ahora no es suficiente, no
debería descartarse una posible socialización de
la prensa (potenciando un sector
público fuerte de la prensa y permitiendo un
pequeño sector privado pero con las limitaciones
expuestas, en particular evitando grandes concentraciones
empresariales). No es tan descabellado pensar que si los tres
poderes tradicionales son públicos (el Estado tiene su
"monopolio") lo sea también el llamado cuarto
poder. No es tan descabellado pensar que si se tiene un
sector de salud
público para garantizar el derecho a la salud de todos los
ciudadanos, se tenga una prensa pública para garantizar el
derecho a la información (y por tanto a la libertad de
pensamiento,
el pensamiento es "modelado" por la información que recibe
nuestro cerebro) y sobre
todo a la libertad de expresión de todos los ciudadanos.
Así como no se debe jugar con la salud de las personas,
tampoco se debe hacer con la "salud mental" de
la sociedad (que es lo que hace la prensa), con la "salud
democrática". En cualquier caso, es muy importante que
el sector público de la prensa sea independiente del poder
político garantizando su autonomía respecto del
gobierno de
turno.

Dicha prensa pública (que debería estar
presente en todos los medios: televisión y radio, como hasta
ahora, pero también en prensa escrita y electrónica) debe fomentar el periodismo de
calidad, la pluralidad y la participación activa de toda
la ciudadanía (de todos los estratos e ideologías),
en definitiva debe fomentar la democracia activa y
real.

Por otro lado, frente al argumento de que con la
socialización de la prensa se restringe el derecho de un
ciudadano a crear un medio para difundir sus ideas (aun
así podría llegarse a un "equilibrio" para permitir
también cierta prensa privada limitada), se puede
argumentar que si nadie tiene la propiedad de
ningún medio de comunicación, y
simultáneamente, se garantiza por ley el separar
claramente la información de la opinión, la
libertad de expresión mediante la obligación de
publicar todas las opiniones (por lo menos en los medios
electrónicos) y la independencia de la prensa, nadie
tiene más oportunidad de expresar sus opiniones que los
demás, se democratiza la libertad de
expresión, todos los ciudadanos pueden difundir sus
ideas en IGUALDAD DE CONDICIONES. Esto sería la
auténtica "semilla" de la verdadera democracia. Puede
sonar muy utópico ahora mismo, pero quién sabe "la
utopía de hoy puede ser la realidad de mañana" (en
el pasado volar no parecía utópico, parecía
imposible). Si no hay ideas nunca habrá posibilidad de
llevarlas a cabo. Es la PRIMERA condición necesaria para
llevarlas a la práctica (luego hace falta voluntad,
medios, etc.). No debemos renunciar a la utopía, si ya en
la teoría renunciamos a lo que nos dicta la razón o
el sentido común, a lo que es lógico y necesario
para que las cosas mejoren o funcionen, entonces es imposible que
se puedan llevar a la práctica, es imposible cambiar las
cosas. Si ni siquiera podemos saber cómo PODRÍAN
hacerse las cosas entonces nunca PODRÁN hacerse. "Del
dicho al hecho hay un trecho, pero si ni siquiera hay dicho
entonces nunca habrá hecho, será imposible, no
utópico". Como dijo Noam Chomsky, Si supones que no
existe esperanza, entonces garantizas que no habrá
esperanza. Si supones que existe un instinto hacia la libertad,
entonces existen oportunidades de cambiar las cosas.

En resumen, se trata de conseguir acercarnos lo más
posible al ideal de unos medios de comunicación libres,
imparciales y abiertos a la participación de toda la
ciudadanía.

En la actualidad ya existen iniciativas internacionales para
intentar recuperar el periodismo de calidad. El organismo
Media Watch Global (Observatorio Internacional de Medios)
cuestiona y reprende a los medios basándose en la ética,
denuncia las faltas de
honestidad
mediática a través de informes,
investigaciones y estudios que elabora
periódicamente y distribuye. No sanciona, pero sus
informes crean dudas sobre la credibilidad de un determinado
medio y le ofrecen la oportunidad de corregirse. Este organismo
pretende crear lo que se ha denominado un quinto poder
como contraposición al cuarto poder tradicional,
como forma de recuperar un espacio de lo público en el
periodismo. S

in embargo, queda por ver si con este tipo de medidas
"morales" se consiguen evitar los numerosos y graves problemas de
la prensa, aunque es un intento muy interesante, puede resultar
insuficiente, el tiempo lo dirá.

13. Debe haber leyes que impongan máxima
transparencia y responsabilidad a los cargos electos de
cualquier institución pública acerca de sus
actividades, de su patrimonio,
etc. El pueblo tiene derecho a saber con exactitud a qué
se compromete un candidato a un cargo público antes de
votarlo, a qué se dedica una vez que ha sido elegido y a
pedir responsabilidades políticas (además de
jurídicas) por sus actos. Deben establecerse mecanismos
(por ejemplo referéndum revocatorio) para dar al
pueblo la posibilidad de revocar el mandato de cualquier cargo
electo en caso de incumplimiento de programa o de
decisiones tomadas en contra de la opinión pública
general (mandato imperativo). Esto es un reto muy
importante para la mayor parte de las "democracias" actuales para
avanzar hacia mayores grados de participación ciudadana. Mientras los
cargos electos no respondan de sus actos ante el pueblo que los
eligió, las democracias estarán
prácticamente vacías de contenido porque el voto
representa simplemente un "cheque en
blanco" carente de significado, porque va contra el principio
básico de soberanía popular. En una democracia,
el voto (libre) debe ser la MÁXIMA (que no única)
expresión de la soberanía popular y ello implica la
OBLIGACIÓN por parte de los cargos electos a someterse a
la misma. Adicionalmente, e independientemente de lo
anterior, es necesario limitar por ley la duración
máxima de los mandatos de todos los cargos
públicos electos (es decir, de todos los cargos
públicos de máxima responsabilidad, recordemos que
éstos deben ser siempre elegidos democráticamente).
Por ejemplo, parece razonable que cualquier candidato a cualquier
cargo público no pueda presentarse más de dos veces
a las elecciones correspondientes, es decir que cualquier cargo
público no pueda estar en el puesto más de dos
mandatos (salvo quizás casos excepcionales como alcaldes
de localidades con muy pocos habitantes). Por otro lado, deben
establecerse mecanismos que impongan la incompatibilidad entre
cargos públicos y cargos en la empresa
privada (no sólo durante el mandato ejercido en el
poder político sino que también por lo menos en los
años inmediatamente posteriores) para evitar el
clientelismo, para evitar el uso de cargos públicos con
fines de lucro personal, para
evitar la subordinación del poder político al poder
económico. No se trata tanto de prohibir la vuelta al
sector privado de antiguos cargos públicos (aunque no
debería descartarse esta medida más "contundente"
en caso necesario), sino que se trata más bien de
limitarla (evitando el acceso a ciertos cargos de responsabilidad
en la empresa privada relacionados con el trabajo
desempeñado en el poder político, fomentando la
incorporación a la administración
pública en vez de a la empresa privada, etc.).

14. El Estado debe ser laico y separado de todas las
iglesias. No debe financiar a ninguna iglesia ni
directa ni indirectamente. Esto implica, entre otras cosas, una
enseñanza oficial pública gratuita y
laica y una necesaria "convalidación" de toda
enseñanza privada (religiosa o no).

15. Deben desarrollarse mecanismos que aumenten la
participación directa del pueblo en cuestiones
fundamentales promoviendo el uso del referéndum
(que por supuesto debe ser vinculante, debe OBLIGAR
siempre al poder político a ejecutar la decisión
adoptada por el pueblo). Deben establecerse mecanismos que
estipulen claramente cuándo es OBLIGATORIO convocar un
referéndum (por ejemplo cuando se trate de decisiones
relacionadas con leyes y derechos básicos) y qué
requisitos técnicos se necesita para que mediante
iniciativa popular el poder político esté
OBLIGADO a convocar un referéndum (en particular el
número de firmas necesario debería ir disminuyendo
a medida que las posibilidades técnicas permitan agilizar
y abaratar los referendos).

Asimismo deben estipularse qué mayorías
se necesitan para conseguir aprobar los asuntos consultados
(cuanto más básicos sean éstos, más
amplias deberían ser dichas mayorías). Debe
promocionarse el uso de la iniciativa legislativa popular
intentando garantizar que ésta no se quede en papel
mojado, intentando evitar que se convierta en un simple
trámite que luego es rechazado por el parlamento de turno,
ampliando las materias sobre las que se puede tratar, dando
más poder de seguimiento a la misma por parte de sus
promotores e incluso dando a éstos la posibilidad de
defenderla directamente en el propio parlamento. Se trata de
encontrar fórmulas eficaces para que poco a poco la
ciudadanía pueda ir participando directamente en la labor
del legislativo (no sólo en la elaboración de
la agenda de asuntos a tratar sino que también en la
búsqueda de soluciones a los mismos).

16. Deben desarrollarse los mecanismos necesarios para
que los problemas nacionalistas puedan resolverse de manera
pacífica, justa y eficaz. Y para ello es imprescindible
reconocer el derecho de autodeterminación de todos
los pueblos (el de todas las personas hoy por hoy resulta mucho
más utópico), haya o no haya razones
históricas o culturales o de cualquier otra índole
(no se puede obligar a una comunidad de
personas a permanecer unida a otra comunidad en contra de su
voluntad, no es ético ni lógico). Como dijo Anthony
Carty, catedrático de derecho
público en la Universidad de
Aberdeen, el derecho de autodeterminación es un derecho
humano, es un derecho de participación política
fundamental que tienen los individuos, en tanto que miembros de
una comunidad, para que puedan ejercer el resto de derechos que
les corresponden. Sin el derecho de formar una nación,
también se resiente el resto de derechos
individuales.

En este sentido un Estado Federal puede ser la mejor
manera de articular un país con fuertes contrastes
culturales o nacionales que permita por un lado la libre
elección de sus Estados miembros de permanecer unidos o no
y por otro lado una unión basada en una
distribución equitativa de las competencias entre los
Estados que deseen permanecer unidos. En todo caso, debe ser
siempre el pueblo el que decida sobre la estructura territorial
de su Estado. En el caso de los separatismos sólo
tiene sentido que se pronuncien los habitantes de la
región secesionista (derecho de autodeterminación),
pero siempre garantizando que se haga de forma plenamente
democrática (donde todas las opciones, tanto la
separatista como la unionista, puedan darse a conocer
públicamente en igualdad de condiciones) y dando
opción de pronunciarse también a los habitantes de
dicha región que, por razones políticas, hayan
tenido que abandonarla en el pasado (siempre que se demuestre que
lo hicieron por causas políticas, por la existencia de
acoso o persecución o discriminaciones de raíz
política, cultural, lingüística, etc.).

17. Aun siendo el presidente de la república el
jefe supremo de las Fuerzas Armadas, cualquier actividad
relacionada con un conflicto
armado deberá ser aprobada por el parlamento (con una
mayoría muy amplia). Además debería
tenderse progresivamente a que sea el propio pueblo el que
decida directamente sobre la declaración o no de una
guerra (así probablemente la guerra
pasaría a la historia).

18. Es necesario potenciar la figura de un defensor
del pueblo al que pueda acudir cualquier ciudadano. Y para
ello es necesario dotarle de las competencias y de los recursos
adecuados para que su cargo no sea simbólico y debe ser
elegido directamente por el pueblo mediante sufragio
universal.

Evidentemente se deben establecer mecanismos que garanticen
la aplicación de la ley. Es importante que las leyes
estén bien hechas, pero también lo es que se lleven
a la práctica, para lo cual debe haber una vigilancia
escrupulosa de su cumplimiento.

A medida que la sociedad tiene mejores medios técnicos
(que agilizan y abaratan los procesos
electorales) y a medida que se racionalizan los costes
electorales evitando despilfarros innecesarios, se hace cada
vez más viable la posibilidad de realizar más
consultas directas al pueblo (elecciones presidenciales,
legislativas, judiciales, regionales, municipales, referendos,
etc.), lo cual permite mayor separación de poderes y
mayor participación de la ciudadanía.

Indudablemente, algunas de las medidas mencionadas son
más viables que otras (aunque ninguna es imposible de
llevar a cabo). Tampoco se trata de acometer todas las medidas
simultáneamente, se puede seguir un proceso
progresivo para ir implantando poco a poco las mismas. Lo
más importante es desbloquear el "estancamiento" actual e
iniciar un camino de reformas continuo.

Los costes adicionales para el Estado que suponen algunas de
estas medidas (más procesos electorales, posible
socialización de la Justicia, etc.) pueden ser compensados
con una mayor racionalización de otros gastos (a
través de una mejor gestión
"impuesta" por un mayor control y por una mayor transparencia),
con una lucha eficaz y determinante del fraude fiscal
(centrándose en las grandes fortunas, en las profesiones
liberales, en definitiva en aquellos sectores de la
economía donde todo el mundo sabe que hay grandes
cantidades de dinero negro, etc.), con un ahorro de
costes evitando duplicidades de competencias (por ejemplo entre
Congreso y Senado, entre los distintos cuerpos de seguridad del
Estado, entre las distintas administraciones estatales,
regionales y locales, etc.). Muchas veces el problema de los
recursos financieros del Estado tiene que ver más con su
gestión y distribución que con la necesidad de
mayor recaudación. Aun así, siempre queda la
posibilidad de aumentar los impuestos a las clases privilegiadas
(es decir a aquellas personas a las que les sobra más
dinero).

Es especialmente importante desarrollar la
separación del poder de la prensa respecto del poder
político y sobre todo del poder económico. Este
es uno de los grandes retos de las democracias representativas
(la progresiva dependencia del poder de la prensa respecto del
resto de poderes es una de las principales causas de la
degeneración democrática). En este caso la
teoría no está suficientemente elaborada (no hay
que olvidar que dicha teoría se desarrolló
fundamentalmente alrededor de la Revolución
francesa, y en esa época la prensa no estaba tan
desarrollada como en la actualidad). Evidentemente las teorías
deben evolucionar para corregir los errores detectados en su
aplicación pero también para adaptarse a las nuevas
circunstancias puesto que la sociedad cambia continuamente.
TODOS los poderes deben ser independientes e igualmente
"poderosos" y robustos para que sea efectivo su mutuo
control. Todos los poderes deben controlar al resto de poderes y
deben a su vez ser controlados por el resto de poderes. Un poder
debilitado (aunque incluso sea independiente) no puede controlar
a los otros, no digamos ya si no es independiente.

La prensa está ahora mismo completamente subordinada al
resto de poderes (y lo preocupante es que cada vez más) y
sus profesionales están en una situación de
precariedad que contrasta enormemente con la
sobreprotección de los profesionales de los otros poderes
(inmunidad, inviolabilidad, etc.). Es necesario, por un lado
disminuir la excesiva "protección" de los componentes
del poder político (aun admitiendo que sea necesaria
cierta "protección", habría aun así que
reconsiderar dicha necesidad, no se pueden justificar en una
democracia ciertos privilegios exagerados) y por otro lado
mejorar la "protección" de los profesionales de la
prensa (proporcionándoles por lo menos cierta
seguridad laboral y desde
luego garantías de que puedan ejercer su trabajo con total
libertad, hay que recuperar la libertad de expresión de
los periodistas como base de la libertad de prensa). Todos
los profesionales de todos los poderes (ejecutivo, legislativo,
judicial, prensa) deben tener un NIVEL de "protección"
similar (esto no significa que tengan el mismo TIPO de
"protección", por ejemplo, en el caso de un periodista
probablemente no tiene sentido la inmunidad) que les garantice
realizar su trabajo en mínimas condiciones de
independencia y efectividad. La prensa, como el resto de
poderes, debe ser independiente pero también debe ser
controlada (que no sometida), en este caso por el poder
político, mediante una legislación (y un control
escrupuloso de su aplicación) que garantice los derechos
de los ciudadanos de acceso a información plural y veraz
así como de participación activa, llevando a la
práctica la libertad de expresión de TODOS los
ciudadanos. Del logro de este importantísimo reto depende
la "salud" de cualquier democracia.

Como se ve, lejos de haber llegado a un punto de
perfección, la democracia representativa tiene
aún mucho margen para ser mejorada, y dado que es un
modelo que ya está implantado y funcionando (más o
menos, bien o mal), es técnicamente más factible
mejorarlo a corto plazo que aplicar y probar nuevos modelos de
democracia (que siempre necesitarán más tiempo para
desarrollar sus teorías e ir poniéndolas en
práctica). Esto no significa que haya que renunciar a
evolucionar el modelo de democracia representativa hacia modelos
más avanzados. El desarrollo de
la democracia representativa implica sobre todo la puesta en
práctica de sus postulados teóricos conocidos y
"tradicionales", pero también la búsqueda de
soluciones teóricas que la mejoren (en particular la
adaptación de sus postulados "tradicionales" a los tiempos
actuales, como la separación efectiva de todos los
poderes, en especial del cuarto poder, y la mejora del
equilibrio representatividad-gobernabilidad para sin impedir la
segunda mejorar la primera). El desarrollo de la democracia
representativa debe implicar siempre dar prioridad a la
mejora continua de la representatividad.

Autor:

José López