Problemática de las personas privadas de la libertad

Partes: 1, 2, 3, 4

Situación de salud de las internas del
Anexo II de Chorrillos a setiembre de 2008

INTRODUCCIÓN

Nuestro derecho a la salud e integridad física y moral, se
encuentra estipulado en el artículo 2º inciso 1 de la
Constitución Política del
Perú: "Toda persona tiene
derecho: […] a su integridad moral, psíquica y
física y a su libre desarrollo y
bienestar […]", por cuanto es deber del Estado
protegerlo y ampararlo.

Sin embargo, el aparato estatal no vela por dicho derecho, o
lo hace muy poco, porque este derecho fundamental sea
cumplido a favor de las personas privadas de su libertad; y
mucho menos en los acusados por "terrorismo" y
"traición a la patria", en donde la represión que
el Estado
aplica va desde mellar la moral hasta
las más inhumanas condiciones de vida llegando incluso a
aplicar medidas genocidas contra los mismos,
aprovechándose de la falta de interés de
parte de la sociedad
civil.

Los informes sobre
la situación penitenciaria en materia de
salud en nuestro país, presentan a la población penal con diagnósticos que
no distinguen la situación particular de las mujeres
incluyéndolas en un análisis general con la demás
población penitenciaria.

Es por ello que consideramos necesario presentar un informe en
materia de salud. Informe que refleje la convergencia de la
situación especial de la mujer, acusada
por el Estado, de terrorismo y traición a la patria
y el respeto su
derecho a la salud.

En nuestro país existen ochenta y cuatro (84)
establecimientos penitenciarios, de los cuales cincuenta (50) son
mixtos; veinticuatro (24) de hombres y diez (10) son
destinados para las mujeres que se encuentran con
restricción de libertad.

El establecimiento penitenciario Anexo II – Chorrillos cuenta
con tres (3) pabellones. En el pabellón "B", se encuentran
las mujeres acusadas por terrorismo y traición a la
patria. Con el estudio de las mismas se hace posible demostrar la
poca atención que el sistema
penitenciario presta a las internas.

Nosotros los jóvenes y adolescentes
como parte de la sociedad civil
y futuros ciudadanos de nuestro país, jugamos un
papel muy importante; puesto que deberíamos ser los
más audaces fiscalizadores y críticos de las
medidas adoptadas por el Estado, medidas que repercuten en los
más diversos ámbitos de nuestras vidas.

No sólo por el simple hecho que estas decisiones tengan
una influencia decisiva para un determinado individuo;
sino porque somos nosotros los que nos encontramos en una etapa
de formación decisiva y el preocuparnos por los otros
miembros de nuestra sociedad desde ahora, garantizará los
cimientos de la fortaleza de nuestra solidaridad y
sensibilidad ante los problemas
sociales presentes y futuros.

Es por ello que consideramos necesario incluir a los
adolescentes en este informe de investigación.

Existieron ciertas dificultades al realizar este informe;
puesto que al acudir al Instituto Nacional Penitenciario (INPE),
este organismo se negó a proporcionar información, argumentando que lo solicitado
se encontraba en el portal web, ello es
falso. No sólo se tiene que criticar este proceder por el
obstaculizar una investigación; sino también por
atentar con uno de nuestros derechos fundamentales, el
acceso a la información; que se encuentra estipulado en el
artículo 2º, inciso 5 de la Constitución, y en
la Ley Nº
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Sin embargo entidades como la Defensoria del Pueblo y la
Comisión Episcopal de Acción
Social (CEAS), que dicho sea de paso, nos comentó que el
INPE desde el 2006 no les envía información
sobre los establecimientos penitenciarios; fueron las que nos
proporcionaron mayor información teórica sobre este
tema. Este hecho comprueba que aún existen entidades que
fortalecen el vínculo de la sociedad civil con la
problemática social.

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