A pesar de su pésima administración y malos manejos, de las
prácticas de corrupción, de su pesado régimen
fiscal o de su
falta de inversión, Pemex es una de las empresas con
más alto índice de rentabilidad,
de ahí la incongruencia de su enorme endeudamiento. Las
ventas totales
de Pemex, a pesar de la declinación en la producción, se han mantenido en plan ascendente:
773,587 millones de pesos en 2004; 928,643 millones de pesos en
2005; 1.062495 billones de pesos en 2006. En 2007, las ventas
totales de Pemex registraron 1.134982 billones de pesos.
Pemex tiene unos enormes ingresos producto de
sus ventas totales, de tal forma que cualquier empresa del mundo
envidiaría esos números y desearía estar en
esa clase de
bancarrota. Los ingresos de Pemex en 2007 son comparables con los
de Exxon-Shell y fueron mayores que los ingresos de las treinta
empresas más grandes de México
juntas, incluyendo a grandes compañías como
Wal-Mart, Cemex, Bimbo, Televisa,
Telmex, FEMSA, Vitro.
El gobierno obtiene
el 40% de sus ingresos de los impuestos que le
aplica a Pemex; pero además el país obtiene cerca
de 150 mil empleos bien pagados que se traducen en el bienestar
de muchos cientos de miles de personas; y el control del
energético representa, para el sector
público, un instrumento de desarrollo que
se utiliza en muchos casos y regiones. Como recurso
estratégico, es decir que juega un papel clave en la
marcha económica, los mexicanos lo declararon
inalienable.
El papel del petróleo en nuestra economía es bien conocido, pues
¿qué haría el gobierno sin ese 40% de sus
ingresos? Ni siquiera gente tan reaccionaria como Augusto
Pinochet dudó en conservar una empresa pública de
esa naturaleza.
Privatizó muchas actividades pero la industria del
cobre no,
porque con él se mantenía el gasto
público. Por ello, aquellos que pretenden impulsar la
privatización son tan pueriles, pues
plantean diversas formas de privatización del petróleo,
pero ni siquiera tienen la imaginación de decir para
qué, en beneficio de quién, sustituyendo su papel
con qué actividad, con qué inversión.
En cuanto al petróleo, México esta perdiendo
terreno frente a la competencia
internacional fundamentalmente por causas tecnológicas y
operativas. Las reservas del petróleo están
disminuyendo y hay reservas privadas para poco más de 9
años de producción. La producción ha
caído, se extraen 300 mil barriles diarios menos que hace
3 años. 4 de cada 10 litros de gasolinas que consumimos
vienen de otros países, porque PEMEX no cuenta con la
capacidad necesaria para refinar el
petróleo.
LAS
PRIVATIZACIONES EN MEXICO
Y referente a las privatizaciones, centenares de empresas
públicas se privatizaron a partir de 1982, entre las que
se cuentan los bancos,
teléfonos, ferrocarriles, aerolíneas, industria
siderúrgica e industria azucarera. El Estado
obtuvo 32 mil millones de dólares, pero los fracasos de
los empresarios privados le ha costado al país una
cantidad cercana a los 110 mil millones de dólares. Este
tipo de privatizaciones no tiene ni caso discutirlo. Baste con
decir que no deberíamos ni aceptarlas ni permitirlas.
Existen varias clases de privatización, una
sería la venta de la empresa, otra
privatización parcial ha venido ocurriendo al autorizar la
generación privada de energía que luego distribuye
la Comisión Federal de Electricidad.
Pero hay todavía un tercer caso de privatización,
que es más grave que la venta porque está
disfrazada, y que en el pasado se denunció, la simple
venta del petróleo.
LAS REFORMAS
ENERGETICAS
LA REFORMA ENERGETICA DE FELIPE CALDERON
(PAN).
El gobierno de Felipe Calderón, en su iniciativa de
reforma energética, resalta la necesidad urgente de abrir
la industria petrolera al capital
privado y hacer alianzas estratégicas con otras
compañías, para poder
incursionar en aguas profundas en busca del "tesoro" bajo el mar
e incrementar la capacidad de refinación, entre
otras cosas.
La propuesta de reforma de las capacidades jurídicas de
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para
realizar contratos con
terceros para auxiliarse en su actividad industrial. Veamos,
pues, el núcleo de la propuesta de reforma a la luz del sistema de
derechos. En el
segundo párrafo
del art. 4 de la propuesta se establece que: "Petróleos
Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar
con terceros los servicios de
refinación de petróleo. Dicha
contratación no podrá, en modo alguno transmitir la
propiedad del
hidrocarburo al contratista, quien tendrá la
obligación de entregar a Petróleos Mexicanos o a
sus organismos subsidiarios todos los productos y
residuos aprovechables que resulten de los procesos
realizados".
En él se hace énfasis del crítico
estado actual
de Pemex: la producción de crudo y las reservas
están en plena caída y hay necesidad de incursionar
en aguas profundas; la capacidad de refinación es
insuficiente y hay que construir refinerías nuevas; no
tiene tecnología, ni experiencia ni capital para
invertir en exploración de aguas profundas, entonces hay
que recurrir al capital privado. Nada que no hayamos oído
antes, lo que llama la atención es que todos los problemas
convergen en una sola solución, en sus dos facetas:
inversión privada y alianzas estratégicas.
El argumento de inconstitucionalidad consiste, en síntesis,
en señalar que mediante la modificación de Ley Reglamentaria
del art. 27 constitucional en el ramo del Petróleo, se
está haciendo una reconfiguración encubierta y,
desde luego, inaceptable, del contenido del mandato
constitucional sobre el control público de una actividad
estratégica como la industria petrolera.
LA REFORMA ENERGETICA DEL PRI
En cambio, el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó
México durante 72 años, mantiene una
posición ambigua. El PRI presentó este mes su
proyecto
energético, que considera la posibilidad de ir aumentado
de manera gradual la presencia de empresas privadas en Pemex. La
participación privada en la compañía estatal
comenzaría con un 30% y alcanzaría el 60%
progresivamente. El PRI plantea que el Estado mantenga la
propiedad, dirección, control y usufructo de las
paraestatales CFE, Pemex y Luz y Fuerza.
LA REFORMA ENERGETICA DEL FAP
La coalición Frente Amplio Progresista (FAP)
presentó su propuesta de reforma energética,
que rechaza la iniciativa privada en áreas
estratégicas de la estatal Pemex, como alternativa al plan
del Gobierno. El pueblo mexicano rechazó la
privatización de Pemex, en la consulta popular que
concluyó el domingo. La coalición centra su
propuesta en la modernización de Petróleos
Mexicanos (Pemex) sin privatizar el aprovechamiento de crudo, los
activos o la
renta petrolera.
La propuesta de la coalición de izquierda, avalada por un
grupo de
intelectuales
y expertos, plantea dotar a Pemex de mayor autonomía
financiera y de gestión, así como de un
régimen fiscal que permita el buen desempeño de la empresa. Este plan, que
busca anclar a Pemex en la "transparencia", fue presentado
formalmente al Senado y respaldado con una marcha en el Distrito
Federal. La propuesta ciudadana estipula cinco reformas a Pemex y
la creación de una Ley Orgánica para la
paraestatal. Elaborada por un grupo de profesionales, expertos,
académicos e intelectuales, apoyados con trabajo de
Cuauhtémoc Cárdenas, la propuesta cuenta
también con el aval de Andrés Manuel López
Obrador.
Consideran un Pemex con ductos y refinerías propiedad
de la nación;
sin contratos discrecionales, inciertos e interpretables; no de
riesgo, ni de
servicios múltiples; de desempeño o incentivados
sin acotamiento alguno, que son mecanismos de transferencia de la
renta petrolera. La reforma energética es uno de los
puntos centrales de la vida política mexicana
desde hace meses. El Ejecutivo Nacional propone cambiar el
artículo 27 de la Constitución para permitir que empresas
extranjeras operen ductos y participen en procesos y en
áreas estratégicas que hasta ahora han sido
manejadas por el Estado mexicano, como la refinación,
distribución y almacenamiento
del petróleo.
La izquierda no se opone a que el sector privado, tanto
nacional como extranjero, siga ofreciendo algunos servicios a
Pemex, siempre y cuando no se ponga en riesgo la riqueza nacional
de la industria petrolera. Considera que la iniciativa privada
participe, pero nunca en áreas estratégicas como
refinamiento, almacenamiento, manejo de oleoductos o transporte. En
algunos casos se podría aceptar a particulares en el
área de perforación, pero no se permitirá su
participación en la renta petrolera, pues Pemex no
necesita hacerlos socios.
Por otra parte, en la consulta popular fase 3, los mexicanos
consultados volvieron a rechazar mayoritariamente la entrada de
capital privado en la "explotación, transporte,
distribución, almacenamiento y refinación de los
hidrocarburos". La enorme mayoría tampoco
estuvo de acuerdo con la aprobación de la reforma
energética que propuso al Congreso el presidente Felipe
Calderón.
REPERCUSIONES
Una cosa es exportar un millón de barriles al
día para tener ingresos que permitieran el financiamiento
de la sustitución de importaciones, o
simplemente las importaciones del mismo sector industrial, de tal
manera que siguiera creciendo; y otra cosa es aumentar la
plataforma de exportación, sin crecimiento ni
inversión, para pagar intereses de la deuda, los
déficits comerciales o saciar la voracidad de los
imperialistas. Y es precisamente el caso que estamos
viviendo.
Tenemos reservas probadas para mantener la extracción,
al ritmo actual, durante los próximos 9 años.
¿Cuántos años tienen ustedes? Digamos que
oscilan entre los 18 y los 24. Ahora piensen que cuando ustedes
tengan entre 31 y 37 años no va a producirse ya más
petróleo en México, porque los gobiernos que
empezaron con De la Madrid, y
siguieron con Salinas, Zedillo, Fox y Calderón,
prefirieron venderlo para pagar los gastos corrientes
y las deudas, que conservarlo para ustedes. Ya no hablo de sus
hijos, sino de ustedes. Son ustedes los que se van a quedar sin
petróleo, porque lo están privatizando en sus
propias narices.
Y quién es el beneficiario de este tipo de
privatización. Pues el primero y más directo
es Estados
Unidos, que se dedica a guardar sus reservas de
petróleo mientras se consume las nuestras. Aquí no
necesitó mandar soldados, ni bombardear, sólo tuvo
que becar a Salinas en Harvard, a Zedillo en otra Universidad, y
apoyar al gerente de la
Coca cola para
que tomara las riendas de un gobierno y un país que no ha
podido producir un líder
ni un movimiento que
defienda su interés
como nación
y como pueblo.
Y quién son los representantes de esa política
antinacional de aumentar la exportación de
petróleo. Pues nada menos que Felipe Calderón,
quien comprometió nuestros recursos
petroleros y multiplicar la exportación de crudo a EU a
cambio de favores para su campaña presidencial de
2006.
Pero si no lo exportamos, nos podrán preguntar,
¿cómo nos financiamos y qué hacemos con
él? Y es cierto, se requiere de un proyecto
económico que deje que basar el gasto público en el
ingreso del petróleo y que genere ingresos alternativos.
Al mismo tiempo, se
trata de iniciar la generación de tecnologías
alternativas al petróleo, que hayan sido puestas en
operación antes de que se nos agote el recurso.
Si al mismo tiempo que reorientamos los recursos financieros,
hacia actividades productivas, renegociamos los pagos de deudas
que la administración
pública no tendría que seguir pagando -como las
carreteras y los bancos-, entonces sí que
estaríamos avanzando en la instrumentación de un proyecto
económico alternativo.
Si tuviéramos una política
económica alternativa, que no dependiera del
petróleo, pero que tampoco pretendiera cobrarnos por comer
pan o por tener necesidad de medicamentos, podríamos
destinar el petróleo a que se extrajera a un ritmo menor
mientras desarrollamos las tecnologías, la infraestructura
y la red de
alternativas que nos permitieran seguir funcionando. Esa
debería ser la política sobre Pemex. Esa
política debería empezar por una reducción
drástica de la exportación y una inversión
importante en las tecnologías y la
investigación sobre lo que debe sustituirlo.
El sector privado piensa que el mercado lo es
todo. Aquí convendría hacer una acotación,
porque vivimos en un momento paradójico o trágico,
pues hemos tenido al frente del Estado, en importantes
áreas de la
administración pública, a empresarios bien
identificados, que pueden ser muy competentes en el sector
privado, pero que son extraordinariamente ineptos en la
gestión pública, pues no podemos trasladar los
criterios de rentabilidad a la empresa pública, no porque
deba operar con números rojos, ni porque no pueda asumir
una estrategia
competitiva, sino porque más allá de ambas cosas,
está la noción sobre el papel del sector
público y sus empresas en la promoción del desarrollo, en la
rectoría del estado, y en la defensa del interés
colectivo por encima de cualquier interés corporativo,
individual o privado.
Las empresas gubernamentales difieren de las privadas en dos
importantes sentidos: En primer lugar, porque las privadas
maximizan ganancias, y las gubernamentales pueden perseguir otros
objetivos
tales como el empleo, los
salarios, etc. Y
en segundo lugar, en que las empresas públicas enfrentan
distintos incentivos que se
imponen por la ausencia de competencia y por la imposibilidad de
quiebra. El uso
limitado del pago de incentivos, y el mayor grado de la seguridad
laboral pueden
ser parte de la explicación de las diferencias del
comportamiento
individual.
Y esto tiene que ver con la energía porque para los
privatizadores se trata de un bien que puede generar altas
utilidades, que tiene una demanda en
expansión y donde se puede incursionar en condiciones de
poca competencia. Por eso el estado no puede adoptar las herramientas
de análisis o los criterios de la
economía global para administrar un conjunto de empresas
que no son ni serán negocio. Sólo se vuelven
negocio en manos de los privados, pero en ese momento se pierden
como instrumento económico de progreso para el resto de
los ciudadanos.
Este es un punto que tienen que defender a sangre y fuego
los mexicanos. Es una de nuestras conquistas históricas.
No porque las haya inventado Juárez o Cárdenas,
sino todos, todos los que en un proceso social
e histórico le conferimos al estado un carácter tutelar y una responsabilidad
social. La herramienta de conocimiento y
de planeación
económica del estado es la economía
política. Cualquiera que sean los rumbos que la
reforma legal de estas cuestiones siga, no debemos dejar que el
estado abandone su responsabilidad, pues nadie más
podría sobrellevarla.
CONCLUSIONES
- La reforma energética surge como una
iniciativa para cambiar el marco jurídico y permitir la
participación de empresas privadas en la
generación y distribución de la energía
eléctrica, en la extracción y el
procesamiento de petróleo y en la producción de
otras formas de energía.- Es incapaz de llevar a cabo una política
económica que genere desarrollo y competitividad y crecimiento
económico del país. - Absorbe todas las utilidades de Pemex y no le deja
margen de crecimiento - No genera ningún resultado favorable para el
país, como por ejemplo, una recaudación
tributaria eficaz o la creación de un ambiente
favorable para la inversión y la generación
de empleo, etc. - El actual gobierno como administrador es deshonesto, ineficiente y
de visión miope, pues la única idea que se le
ocurre para incrementar sus ingresos es despilfarrando los
recursos petroleros o aumentando o creando nuevos
impuestos.
- Es incapaz de llevar a cabo una política
- El Gobierno Federal parte de una premisa falsa y evade toda
la responsabilidad que le corresponde como principal promotor
de la crisis
económica del país: - Las privatizaciones en México han generado
más pérdidas que beneficios - En lugar de privatizar las actividades petroleras se deben
hacer reformas estructurales en Pemex (como combatir la
corrupción, darle autonomía de
gestión y modificar su régimen fiscal, para
impulsar su crecimiento y modernización).
Autor:
MC Federico Plancarte Sánchez
Investigador, Conferencista y Consultor de Negocios y
Tecnologías de Información
2008
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