Perspectiva democrática y participación ciudadana (página 2)

Si lo moldeamos de forma tangible y lo dibujamos dentro
de una red de
interconexiones donde se permita eslabonar decisiones de
índole general, se presenta la oportunidad de experimental
como logar distribuir el poder lo
más distribuible posible, en la toma de
decisiones públicas.

La burocracia,
llámense gobiernos y administraciones, partidos
políticos, sindicatos y
medios de
comunicación de presencia sea en municipios, estados o
país buscan apropiarse de la vida nacional, en acciones
necesarias de desarrollo,
apertura democrática, construcción histórica. En otras
tantas ha omitido, dentro de esta gran agenda nacional, atender
reclamos de la sociedad civil,
de que cada uno pueda tener una vida especial, sin sobresaltos y
equilibrada. Ampliemos el espectro donde estemos incluidos el
gran número de mexicanos que solo vemos pasar el tren, con
una broncota adentro.

De ese poder hablo, de esa tangibilidad explicativa,
donde lo público es el actor principal que nos concierne a
todos, y ahí esta depositado el poder, el que queremos
ejercer.

La mejor manera de ello sería dividiéndolo
en cuantas partes seamos todos y la unión de las partes en
mayoría se impone. En lo social, sino más complejo,
es complicado porque atañen voluntades y capacidad
humanas, ¿humanizadas?.., donde se acuerde establecer
criterios que amplíen la participación ciudadana, como forma de
distribuir las decisiones públicas y dé mayor
amplitud al ejercicio de este poder.

No se agotará el tema ni las propuestas posibles,
trabajo de
titanes, sólo se contribuirá con algunos apartados
relacionados y que sería plausible llevarlos a cabo de
forma ágil, sin tantos enconos, ni contratiempo. Muchas
otras ya están en marcha, se están renovando o
siguen estructurándose.

De ahí deriva mi cuestionamiento y bajo la
máxima de una cantante sesentera, Joan Baez
"Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre,
acabarás formando parte de ella". Permítaseme
el cántico y la arenga reflexiva.

Señalar un imaginario colectivo, del que
habló Castoriadi, es remontarnos a los origines de
la
organización tribal, la fortaleza a través de
la colectividad, diseñada y experimentada día a
día, dentro de la cotidianidad de la supervivencia como
especie. Siguieron, a través de la historia, innumerables
formas de organización social y de Estados
representativos, sólo en la medida de lograr sumar a la
colectividad en su visión de gobierno. Es
decir, la legitimidad lograda se daba en la medida en que el
propio Estado,
posibilitaba la satisfacción de las demandas de los
ciudadanos, confiriéndole a su gobierno un perfil
incluyente.

La estrategia es
lograr dinamizar la búsqueda ciudadana en la
conformación de una nueva concepción del Estado que
tienda a sentar las bases para el cambio
democrático a través de ésta nueva forma de
inclusión.

En la ubicación de los aspectos fundamentales
para la vida democrática, la práctica personal y de
grupo dentro
de la sociedad
civil, han permitido marcar líneas prioritarias para
acceder a estadios superiores de convivencia social y extender el
poder a la sociedad civil.

Para mayor comprensión de la importancia que
juega la sociedad civil en el establecimiento y operación
de una alternativa democrática, se hace necesario
extendernos en exponer algunos elementos inherentes a la
visión que le conferimos a la sociedad civil como
"imaginario colectivo" donde ésta sociedad se construye
diferenciada y organizada.

Entendemos el concepto de
sociedad civil como un terreno y un espíritu
público, que está en peligro por la lógica
de los mecanismos políticos, administrativos y
económicos actuales. O mejor aún, la consideramos
como la expresión misma de la democracia.

La sociedad civil se concibe como un espacio de la vida
social organizada que es voluntariamente autogenerada,
independiente, autónoma del Estado y limitada por un orden
legal o juego de
reglas compartidas. Por lo cual queda claro que es distinta a "la
sociedad" en general en cuanto a que involucra a ciudadanos
actuando colectivamente en una esfera pública para
expresar sus intereses, pasiones e ideas. La sociedad civil se
nos presenta como una entidad intermedia (gozne o
articulación) entre la esfera privada y el
Estado.

Así encontramos ciertas funciones
democráticas de la sociedad civil, dentro de las cuales
están:

1.- Limitar el poder del Estado y realizar un control de su
actuación vigilando sus abusos y violaciones a la ley para
someterlos al escrutinio público.2.- Suple el papel de los
partidos políticos en la estimulación de la
participación política. 3.- Fomenta
atributos democráticos, tales como la tolerancia, la
moderación, la voluntad de compromiso y el respeto a las
posiciones contrarias. 4.- Crea otros canales distintos de los
partidos políticos, para la articulación,
agregación y representación de
intereses.

La sociedad civil debe alcanzar la mayor libertad
posible con la mayor igualdad
deseable, a través de plantearse un compromiso a favor de
la libertad y la igualdad que en términos prácticos
debe resolver el dilema de un Estado y una sociedad civil que
pueda combinarse para promover la igualdad con la libertad
(trascender la falsa disyuntiva de sacrifica la igualdad por la
libertad o la libertad a favor de la igualdad). Los
términos prácticos se circunscriben en el sentido
de estimular un conjunto de reformas que permitan restringir el
poder estatal y expandir a la sociedad civil. No en la
lógica neoliberal, donde el Estado se achica a favor del
mercado.

Lo anterior, presupone la necesidad de democratizar y
reestructurar las instituciones
del Estado, en todos sus niveles. Y aún con más
premura aquel nivel de gobierno más cercano a la sociedad;
el municipio.

Cebe un pequeño paréntesis para ahondar en
la importancia que representan los ayuntamientos, como poder
local, con capacidad de servicio y de
gestión
desde la cercanía de estos gobiernos locales. Es en este
nivel de gobierno donde más se posibilitan las políticas
pensadas desde la proximidad, con lógicas transversales y
con mecanismos y estilos de gobierno y gestión
participativos. Sin considerarlo de forma excluyente a los otros
niveles de gobierno, éste asegura, en plenitud, el
bienestar ciudadano.

Debe existir un efectivo sistema de
derecho que posibilite las acciones de la sociedad civil en
varios terrenos, dentro de sus derechos políticos,
sociales, económicos y ambientales, siendo factibles
dentro del establecimiento de una agenda política consensuada
para tal fin.

Es buscar que el Estado y la sociedad civil sean dos
caras de la moneda democratizadora, es convertir ambas partes en
el peso y el contrapeso del poder del otro.

En este sentido podemos arribar a una serie de
conclusiones:

La sociedad civil se diferencia del Estado; Las
relaciones entre el Estado y la sociedad civil deben estar
sujetas a normas e
instituciones autónomas, visibles y sometidas al
público; El proceso
democrático comprende la democratización tanto de
las instituciones del Estado, como de la sociedad civil.; El
Estado debe respetar las libertades de la sociedad civil pero no
a costa de su igualdad y a su vez debe garantizar la igualdad
pero no sobre la libertad de la sociedad civil: La igualdad es
igualdad de condiciones para desiguales aspiraciones y la
libertad es libertad de elecciones para iguales opciones; Un
Estado con valores como
la igualdad social es generalmente resultado de una sociedad
civil fuerte y comprometida con la igualdad social y un Estado
ajeno a cualquier compromiso social es resultado casi siempre de
una sociedad civil débil y desarticulada; El neoliberalismo
es enemigo de la sociedad civil porque el mercado no puede quedar
desregulado, sino debe sujetarse a los controles institucionales
y normativos del Estado y al contrapeso de las organizaciones de
la sociedad civil.

Se requiere que la sociedad civil sea el espacio
público por excelencia, el lugar donde los ciudadanos, en
condiciones de igualdad y libertad, cuestionen y enfrenten
cualquier norma o decisión que no haya tenido su origen o
rectificación en ellos mismos.

Es poner en relevancia la esfera pública como el
factor determinante de retroalimentación de todo proceso
democrático y la esencia de la política
democrática. Así considerada, la sociedad civil es
la representación legítima y real del poder
político, a condición de su plena
secularización.

II

Un capítulo aparte, por su trascendencia en lo
político, es sin duda posibilitar la participación
ciudadana en los procesos
electorales, no sólo con su voto, muchas veces maniatado,
manipulado y sobre todo conculcado, sino a través de las
candidaturas ciudadanas, sociales o independientes al margen de
los partidos políticos, que dé la posibilidad no
sólo del derecho al voto, sino un camino
democrático de darle también voz.

La gobernabilidad democrática pasa también
por reconocer la inaplazable manifestación soberana de la
voz del voto, logrando la inclusión constitucional de las
figuras jurídicas de este tipo de candidaturas. No debemos
olvidar el precepto contenido en el artículo 39 de la
Constitución federal, referente a que
«La soberanía nacional reside esencial y
originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana
del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El
pueblo tiene en todo tiempo el
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su
gobierno».

En los últimos meses del año pasado se
debatió en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación,
a petición de partes del estado de Yucatán, el
marco jurídico para reformar el actual sistema
político-electoral mexicano. El ministro Juan Silva
Meza propuso en ese máximo tribunal, tomando en cuenta el
sentido constitucional del artículo 41 de la Carta Magna,
que se declare que los partidos políticos no tienen
autorizado el monopolio
exclusivo de las candidaturas para cargos de elección
popular. El caso Yucatán ha creado ya jurisprudencia
en el tema, ahora están permitidas las candidaturas
ciudadanas o independientes para puestos de elección
popular a nivel estatal, es decir, para gobernador, presidentes
municipales y diputados locales.

Para ello es importante hacer los mayores esfuerzos
legislativos, políticos y sociales que nos permitan llevar
a la práctica la libre asociación y
organización ciudadana en todo momento y en toda
circunstancia, y para todos los fines legalmente reconocidos y
piedra angular de los derechos fundamentales (que van más
allá de los derechos políticos) de los ciudadanos.
Se debe reconocer la organización ciudadana de
participación política no partidista en los
procesos electorales, promoviendo el marco normativo legalmente
constituido y políticamente reconocido para su
realización.

III

Otro apartado, que por su importancia es necesario
resaltar, en la construcción de la democracia
participativa, pensada como un conjunto de reglas para la
participación en la toma decisiones colectivas, en el que
esta prevista y propiciada la más amplia
participación posible de los interesados. Una vía
hacia este tipo de democracia se caracteriza por la apertura de
espacios concretos de incidencia ciudadana en las acciones de
gobernancia.

Es por ello que usando las experiencias
históricas, locales e internacionales, que permitan
vincular la sociedad civil organizada en las actividades de
gobierno, se viene haciendo recurrente acercarse a una figura
jurídica capaz de lograrlo, estamos pensando en la
contraloría social.

Para definir qué es una contraloría social
debemos pensar en su finalidad, al ser un cuerpo ciudadano con la
oportunidad de hacer sugerencias y denuncias sobre determinados
asuntos de orden público, dando seguimiento y evaluación
a los proyectos
vinculados a la localidad donde hace vida la organización
social a la cual pertenece.

Este sistema de participación fomenta las
posibilidades de lograr evalúa la eficiencia de la
administración
pública, tradicionalmente en lo referente al diseño
y ejecución de obra pública, aunque en su
connotación más general, la inversión para el desarrollo,
principalmente a nivel municipal y sub municipal. Así se
promueve y apoya la participación de los ciudadanos en
acciones de vigilancia y evaluación para garantizar que se
respeten los lineamientos y se cumplan los objetivos de
los programas
sociales.

Como puede observarse la contraloría social opera
un conjunto de tareas de programación, control, vigilancia y
evaluación que realizan las personas de manera organizada,
bajo un esquema de derechos y compromisos ciudadanos, con el
propósito de contribuir a que la gestión
gubernamental se realice en términos de transparencia,
eficacia y
honradez.

Se busca ante todo lograr una mayor transparencia en el
ejercicio gubernamental, en los procedimientos de
operación, en la prestación de los servicios y en
el manejo de los recursos
asignados a la población beneficiada, como requisito
indispensable de todo sistema que se precie de ser
democrático, en este sentido, la transparencia tiene que
ver con conocer la ejecución de obras, la calidad de los
servicios y, en general, el manejo de los recursos
públicos, en estricto apoyo a la legalidad y a
los planes y programas que le dan sustento.

La contraloría participa además, en
observar los criterios de equidad con
las cuales se deciden quiénes, cuándo y
dónde serán los beneficiados de la obra social
(planeación, control y evaluación),
así como mantener un canal de comunicación con ellos a fin de evitar
desvíos o retrasos en la ejecución de la obra
social. Lo cual es sumamente valioso en momentos coyunturales de
posible uso electoral de dichos apoyos. Esto es, se evita que los
recursos sean utilizados con intereses particulares por
algún grupo o partido político.

No solo eso, también permite que la ciudadanía tenga conocimiento
del destino de los recursos públicos programados
anualmente en las administraciones municipales. Por ejemplo,
quién conoce de verdad el uso detallados de los cuantiosos
recursos utilizados en las recientes remodelaciones de plazas, en
los puentes o distribuidores viales, en el desarrollo socia y
rural, en la recreación
y el deporte, en la
planta tratadora de aguas residuales, en el relleno sanitario en
general, en la obra pública en Morelia; nadie, salvo un
contado número de personas de esa administración, ya que para el consumo
colectivo se da sólo a través de los informes de
gobierno y anexos financieros bastante
genéricos.

Lo que estaría buscándose con las
contralorías sociales son la participación activa
de la ciudadanía apoyando la eficaz gestión del
gobierno y trasparentando la rendición de cuentas;
previendo conflictos
sociales al determinar oportunamente problemas
derivados de las acciones y servicios, fortaleciendo las
relaciones entre gobierno y sociedad y fomentando las
responsabilidades de los ciudadanos a fin de que se obtenga el
máximo provecho de los apoyos que reciben.

Otras tareas que cumplen las contralorías
sociales es lo referente a exigir el cumplimiento de la
normatividad existente en la ejecución de la obra
pública, destacando los aspectos ambientales, de derechos humanos,
económicos, sociales, culturales y productivos.

Sin convertirse en defensoría de oficio, la
contraloría social debe albergar a ciudadanos de diversos
perfiles sociales y conocimiento en la materia, que
permita orientar, sugerir y lograr la aplicación no
sólo de los reglamentos y leyes, sino de
criterios de aplicación del gasto gubernamental (presupuesto
participativo) y las prioridades en su
ejecución.

Este tipo de contralorías no sólo sirven
para las tareas de fiscalización social a los gobiernos en
turno, sino pueden instaurarse dentro de áreas educativas
en sus diferentes modalidades y áreas, de otras entidades
de gobierno, sindicatos, organismos no gubernamentales y partidos
políticos, entre otros susceptibles de ello.

La actividad de la contraloría se erige dentro de
los parámetros de las diferentes responsabilidades
adquiridas históricamente por cada una de las instancias
antes mencionadas. Se busca el cumplimiento cabal de sus
atribuciones, bajo los principios de
equidad, calidad, honradez y transparencia.

La autonomía organizativa, de las
contralorías, es una condición indispensable para
el ejercicio de sus propias facultades. Debido a que ello
determinará su permanencia y fortalecimiento
institucional.

Existen, en México,
innumerables casos que han intentando la construcción
social de estos espacios de participación ciudadana, hoy
pocos, poquísimos casos exitosos se registran, debido
principalmente al carácter coyuntural, testimonial y
voluntarista de esas experiencias, aún así su
valor sigue
presente (como podríamos pensar del cooperativismo), faltará formalizarlo, como
un instrumento de participación ciudadana en la
legislación en la materia y sobre todo tendrá que
construirse desde abajo y hacia arriba.

IV

Estos son puntos sensibles que deben definirse en la
ruta hacia un mejor presente bajo la premisa de la igualdad, la
equidad y la justicia. Su plataforma conceptual podría
derivarse de lo que Heinz Dieterich (Bases de la democracia
participativa y del nuevo socialismo, 2001)
engloba dentro del Nuevo Proyecto
Histórico: La economía planificada de equivalencias; la
democracia participativa y el sujeto
racional-ético-estético.

B. Javier
López-Osorio

Morelia, Mich., a 30 de diciembre de
2008.