Representación y participación social: la "participación ciudadana" y su virtualidad para la construcción de espacios públicos
Para que la sociedad se
autogobierne se requiere de un Estado
democrático. La esfera de satisfacción de
necesidades públicas constituye una dimensión de la
institucionalidad pública.
Problemas en la Representación y la
participación social: las asimetrías en la
representación son fuente de iniquidades en las tareas
distributivas del Estado; la democratización de las
instituciones
clásicas de representación deben ser impulsada
desde la sociedad como complementada por ella;
recuperación de las funciones
políticas de la sociedad.
El problema específico refiere a cómo
potenciar las formas de auto-representación o
representación social. El marco de análisis es la participación ciudadana y su virtualidad
para la construcción de espacios
públicos.
Los sectores marginados se han erigido en la historia política
contemporánea en actores clave en la lucha por la
ampliación de las capacidades de organización política y social. Pero
el énfasis sigue estando en la obtención desde la
base social de espacios crecientes de libertad
colectiva y un rol determinante en la vida social.
El movimiento
(social) a favor del fortalecimiento de la esfera pública
no supone necesariamente una relación expresa y menos
directa con el Estado. Y
ello en un doble sentido: porque da cuenta que de los esfuerzos
por producir bienes
públicos desde la propia sociedad; y porque opera a favor
del ejercicio de una función de
crítica
y control que la
sociedad ejerce sobre el Estado.
La teoría
de los movimientos sociales muestra como
ellos pueden influir en la sociedad civil y
determinar el curso de la sociedad política sin penetrarla
e incluso desarrollando una política de puro
oposición.
Una nueva expresión que se perfila desde fines de
la década de los sesenta: la noción de
participación ciudadana: refiere a la participación política, abstrae
tanto la participación mediada por partidos
políticos como la que el ciudadano ejerce cuando elige
a las autoridades políticas. Expresa la
intervención directa de los agentes sociales en
actividades públicas.
Tras las estrategias
gubernamentales tendientes a crear condiciones para que la
sociedad ejerza una incidencia directa sobre el Estado suelen ser
afectados tres campos: el campo correspondiente a la
formación de políticas publicas a través de
facilitar la intervención de intereses particulares en su
elaboración; el campo relativo a la acción
legislativa permitiendo su ejercicio directo a través de
la iniciativa y el referéndum, así como indirecto
por medio de la revocación del mandato de autoridades
electas; y en la prestación de servicios
públicos, a través de su transferencia a la
sociedad civil.
Son los años ochenta los que inauguran una
apelación a la participación ciudadana como
instrumento para la profundización de la democracia.
La implantación de un modelo de
economía abierta donde el Estado tenga un
papel mínimo se mezcla, así, en una difícil
tensión con la necesidad de restitución y sobre
todo, de transformación de los regimenes
democráticos. En la reforma política se intenta
vincular al perfeccionamiento de los mecanismos de
representación política, dirigiéndolos a la
inclusión de nuevos actores.
A la par del desarrollo de
significativos procesos de
privatización y desregulación, la
década de los 80 experimenta un singular auge de los
procedes de descentralización, los que junto con las
aperturas democráticas impulsan modificaciones en los
regimenes normativos, especialmente del nivel municipal.
Modificación a los regimenes electorales, adquieren
respaldo jurídico una serie de modalidades de
participación ciudadana. En el campo municipal no
sólo las formas clásicas de participación
directa tienden a ser reforzadas, sino que ellas se
amplían para abarcar la consulta popular o el
referéndum, incluso con iniciativa popular y carácter vinculante en algunos
casos.
En la década de los 80 los esfuerzos se orientan
tanto a fortalecer los mecanismo de la democracia directa como a
introducir un pluralismo integrativo. El aparato estatal cede
espacios de autoridad para
dar cabida a la inclusión de nuevos sujetos en los
procesos de formación de política. El rasgo
integrativo que plasmado en que los sujetos convocados no
retienen su propia autonomía política, sino que
trasladan su autoridad social a las instancias de
representación política ya constituidas, deviniendo
su participación en ellas más en
colaboración funcional que en representación de
intereses para incrementar los espacios de su influencia. Los
sujetos de la participación son construidos desde el
Estado. Los ámbitos y las modalidades de la
participación también son prefigurados desde el
Estado.
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