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Representación y participación social: la "participación ciudadana" y su virtualidad para la construcción de espacios públicos (página 2)



Partes: 1, 2

El plano de la gestión
de empresas y
servicios
públicos es también objeto de transformaciones.
En Colombia, a
partir del 1986 se instituye la participación de los
usuarios en la
administración de las empresas municipales. Pero es en
el plano de la provisión de los servicios
sociales donde comienzan a suscitarse las transformaciones
más significativas en las relaciones Estado/sociedad.

La descentralización de los servicios sociales
y la ampliación de su oferta por
vía del vinculo entre financiamiento
publico y logros así como por medio del estimulo a la
provisión privada, crea el marco de un nuevo arreglo
institucional para la provisión de servicios
públicos que se perfila como dominante en la década
siguiente.

La década de los noventa se caracteriza por dos
tendencias: de una parte, se suscita un conjunto de reformas
constitucionales que como el énfasis en los instrumentos
de la democracia
directa y da oportunidad a la participación ciudadana en la administración
pública. De otra parte, se evidencia un claro refuerzo
a la transferencia de los servicios sociales por parte del
gobierno central.
La autogestión social, que combina manejo descentralizado
de los recursos y
creación de cuerpos colegiados para su administración, se erige en el paradigma del
nuevo arreglo institucional que hace de la cooperación
social la vía para la provisión de los servicios
públicos.

La tendencia que queda reforzada es, en primer termino,
a la descentralización de los servicios sociales hacia las
entidades territoriales, junto con un esfuerzo por estimular la
competencia a
nivel de la oferta, tanto por vía de mecanismos de
financiamiento asociados en alguna medida a logros, como por
medio de estimular también la provisión privada de
los servicios. Los programas
sociales se estructuran cada vez más con base en la
cooperación sector
público y sector privado e invocan a la sociedad civil
organizada para su ejecución.

El signo de los años noventa es la reforma
constitucional, teniendo como uno de los principales motivos el
reforzamiento de la democracia. Las reformas recurrentes se
orientan a la introducción de las figuras de la
iniciativa popular en la formulación de las leyes y del
referéndum en el nivel nacional, concebidos como derechos políticos de
participación ciudadana. En definitiva, una clara
tendencia, manifestada en todas las reformas constitucionales
acaecidas en la década del noventa, apunta a la
introducción de la iniciativa popular y del
referéndum, entendidos como nuevos derechos
políticos o como formas de participación ciudadana.
Las reformas apuntan también al establecimiento de nuevos
mecanismos de intervención ciudadana asociados a los
procesos de
descentralización; y con la participación ciudadana
en la administración publica.

Es evidente que la apertura de opciones para la
expresión directa de los ciudadanos amplia el espectro de
sus oportunidades políticas
y, en definitiva, los espacios de influencia de la sociedad sobre
el Estado.
Pero este tipo de soluciones
constituye un severo riesgo para el
fortalecimiento del espacio público.

Por medio de los instrumentos de la democracia directa
puede ser clausurado el debate acerca
de los instrumentos posibles para perfeccionar la
representación social en la formación de la
voluntad política. La
razón, es que los mecanismos de la democracia directa
tienen efectos duales: pueden servir para la protección
como para la lesión de los derechos de las
minorías, y en particular de los excluidos social y
políticamente. Adicionalmente esos instrumentos de
democracia constituyen la negación de la
deliberación pública como fundamento de la participación política.

La participación directa supone, por
definición, prescindir de mediaciones, abriendo por ello
una oportunidad a la manifestación de la voluntad de los
sectores que, en principio, carecen de organización y recursos de poder pero que
tienen como único recurso su peso cuantitativo.

Sartori: el referéndum suple la democracia
representativa, argumentando que una democracia donde el
ciudadano vota sobre cuestiones por decidir (en vez de para
elegir quienes deciden) supone una democracia de "suma nula"
donde quien vence gana todo y quien es derrotado pierde todo,
anulando las posibilidades de negociación y del intercambio.

La informática, en cambio solo
estaría posibilitando que cada individuo
exprese su voluntad en cuanto a las decisiones a adoptar, pero no
así la deliberación entre los individuos para
conformar una voluntad propiamente colectiva.

Pilares de la democracia representativa: los parlamentos
y los partidos
políticos.

El desarrollo
práctico de la participación ciudadana ha estado
centralmente asociado a la intervención de los ciudadanos
en actividades públicas en tanto portadoras de intereses
y, específicamente, al asunto de la intervención de
las organizaciones de
intereses en las decisiones estatales. El término
participación administrativa se vincula con la tendencia a
insertar la participación ciudadana en un ámbito
específico del aparato del Estado: la
administración pública.

El corporativismo supone sustituir el parlamento
político por uno compuesto por grupos
socioeconómicos.

En el seno del poder
ejecutivo donde se producen las mayores transformaciones
dando lugar del pluralismo integrativo.

Pueden distinguirse por lo menos otras dos vertientes de
desarrollo de la participación ciudadana. Una que
encuentra asideros en transformaciones institucionales del
aparato del Estado, "el control
comunitarios". Otra vertiente, se gesta desde la sociedad
manteniendo una pretensión de autonomía respecto de
aquel.

La vertiente de participación ciudadana surge
asociada a su vez al proceso de
interpenetración reciproca entre el Estado y la sociedad.
Haberlas: transformación estructural de la esfera
pública gestando una desprivatización de la esfera
social como una mayor despublificación del
Estado.

Frente a la visión de parlamentos debilitados y a
la conciencia de
partidos políticos cada vez mas burocratizados, la
participación ciudadana se convierte así en una de
las respuestas a la crisis de las
bases sobre las cuales se sustenta formalmente la relación
entre el Estado y la sociedad. La difuminación de las
garantías que debe proveer al ciudadano la
representación parlamentaria, dada la perdida de capacidad
de los parlamentos para controlar al gobierno, así como la
preeminencia que adquiere la burocracia
estatal, marcan el signo de la crisis como crisis de
representación.

Las asociaciones secundarias contribuyen a la igualdad
política al posibilitar la representación de
intereses que tienen una débil o ninguna influencia en la
formulación o, al menos en la instrumentación de las políticas
publicas.

La descentralización como ámbito de
ejercicio de la participación. La intención de
lograr un control sobre los objetos de acción
más inmediatos conduce a un amplio movimiento
para favorecer la circunscripción de la
participación social exclusivamente en los mambitos
descentralizados y, con ello, a desdeñar la
representación social en la formulación de las
políticas globales.

Problemas que han enfrentado la teoría
y la práctica de la participación ciudadana. Uno,
refiere a la desnaturalización de las prácticas
participativas por parte de la burocracia estatal. Otro, alude al
fracaso de las soluciones convencionales en suscitar un
compromiso sostenido de cooperación voluntaria en los
asuntos políticos.

La participación ciudadana, traducida como la
intervención de grupos organizados en la vida
política, puede afectar el sistema de
representación de intereses a favor de un mayor
pluralismo.

Democracia como el poder mayoritario de decisión
de individuos soberanos; o desde la concepción
neocorporativista, adecuado flujo de información entre la sociedad y el gobierno
y en la coordinación de los asuntos sociales a
través de la colaboración del Estado con
asociaciones secundarias, representando los principales interés
sociales institucionalmente construidos.

El principio de la igualdad política, que se
expresa en la primacía de la representación
territorial (un individuo, un voto), tiene como propósito
neutralizar el peso que las desigualdades socioeconómicas
tienen sobre la distribución del poder
político.

Problema clave que cercena la esfera publica: las
diferencias de recursos de poder e influencia emanadas de los
desniveles socioeconómicos, que determinan que a pesar de
la existencia de una igualdad política formal opere en los
hechos una profunda desigualdad entre los actores sociales. Tanto
el pluralismo corporativo como una macro-regulación
descentralizada pueden producir un reforzamiento de las
desigualdades políticas y por ende, sociales,
transgrediendo con ello los contenidos normativos en los que se
asienta la diferenciación entre el Estado y la sociedad
bajo un marco democrático. Como no existe una
distribución equitativa de los recursos del poder social,
la probabilidad
de expresión y defensa de cada uno de los intereses
concernidos está en directa relación con su
capacidad de gestar algún tipo de organización
social que les represente. Como consecuencia de la libertad de
organización de intereses particulares, en realidad son
los grupos bien organizados los que obtienen influencia sobre la
opinión
pública y éxito
en la divulgación de sus concepciones.

La teoría que sustenta la participación
ciudadana en las decisiones públicas muestra
así otra debilidad: coloca su énfasis en la
eventual receptividad de los funcionarios, sin considerar que
aunque se cuente con ella la participación ciudadana no
puede desplegarse, establemente inserta en un contexto que
detenta objetivos y
genera incentivos
incompatibles.

Principales fuentes de
resistencia a la
participación ciudadana: los ciudadanos son vistos como
flatos de información y experiencia profesional y se asume
que su intervención en las actividades administrativas
produce retrasos, conflictos y
costos en las
operaciones.

La mera alusión a la condición de la
deliberación pública supone contradecir, dos de los
pilares sobre los cuales se sustenta el modelo
burocrático: la jerarquía y la no
discrecionalidad.

Participación ciudadana, racionalidad
comunicativa y resolución de problemas
constituyen los ejes de un triangulo indivisible.

La resistencia a la participación se plantea en
primera instancia a los costos de oportunidad de la
participación ciudadana para los sujetos sociales y las
compensaciones que pueden ser establecidas a efectos de minimizar
tales costos. Los individuos no necesariamente tienen incentivos
para ejercer la participación social, más bien
pueden tener razones para no participar.

La indivisibilidad de los bienes
públicos conduciría a que la mayoría de los
individuos se inhibiera de participar en su generación, a
conciencia de que de todas maneras resultaran beneficiados por
ellos. De allí que para estimular su participación
se requieran incentivos selectivos y separadas que incluso pueden
incluir incentivos materiales.
Otra perspectiva enfatiza en la posibilidad de la
cooperación voluntaria y en la importancia que revisten la
comunidad y la
confianza para promoverla.

Tomar parte en una actividad puede significar dejar de
hacer otra, incluso para cooperar voluntariamente, es necesario
que se tenga una probabilidad de que la participación
genere los resultados que se espera. El contexto social amplio
muestra ser clave en la construcción de esta probabilidad, y dentro
de él, el contexto institucional. Otorgar incentivos a la
participación implica un costo
administrativo, y por ende, requiere de la movilización de
recursos agénciales.

Autogestión social: descentralización de
la adopción
de las decisiones en las unidades productivas básicas
junto con la inclusión de los públicos concernidos
en la dirección de tales unidades.

Control de los consumidores: se trata de favorecer su
incorporación en la administración de los servicios
en un enfoque integrativo, sólo aplicable toda vez que no
sea posible delegar directamente tales responsabilidades bajo un
enfoque competitivo pero externo a las propias agencias
gubernamentales.

El ciudadano como participante en política da
paso al ciudadano como consumidor, y
eventualmente, como co-administrador.
Los survey de mercado
sustituyen el dialogo y la
deliberación publica.

La persona, como
ciudadano, tiene derecho a protestar cuando aquellos derechos son
violados, pero no tiene derecho a reivindicar nuevos espacios
para expresar su autonomía. En el modelo libertario la
función
activa de la ciudadanía es conservadora, no
creadora.

La Nueva Derecha desafía el paradigma de la
ciudadanía social y el rol potencialmente igualitario que
ella tendría, apelando a las disfunciones
económicas y a los limitados efectos que sobre el
bienestar habrían tenido las políticas sociales del
denominado Estado de Bienestar.

La familia y la
comunidad local proveerían el auto cuidado y autocontrol
que demanda el
cumplimiento de los deberes y obligaciones
sociales. Con esto queda destacado que las condiciones sociales
de la ciudadanía no sólo son de orden
económico en términos de trabajo e
ingreso, sino también culturales.

La participación en política, para esta
concepción liberal-conservadora, sólo aparece como
contrapartida a la disputa por el poder político cuyo
ejercicio debe quedar circunscrito a los momentos en que se torna
necesario limitar el poder. La familia es
visualizada como la principal institución social de la que
dependen la democracia y la modernidad,
así como el autogobierno resulta el ideal a
perseguir.

Se trata de promover el desplazamiento de la actividad
ciudadana a la esfera del mercado, aunque en el marco del
reconocimiento del carácter público de los recursos y
de las necesidades. El autogobierno se expresa en el hogar
público.

La Nueva Derecha está comprometida con la idea de
que la vida política, al igual que la vida
económica, es o debe ser una cuestión de libertad e
iniciativa individual. La propuesta no sólo apunta al
Estado mínimo y al derrocamiento de la política,
sino al derrocamiento de la ciudadanía activa. El
ciudadano deja de ser una entidad relevante, salvo para la
elección de las autoridades, y es transmutado por el
consumidor que controla el servicio, el
miembro de un grupo que
despliega su acción social sólo en el ámbito
de una comunidad menor para ejercitar sus deberes de autocontrol
y autocuidado y, en última instancia, el individuo guiado
sólo por la defensa de sus derechos
individuales.

El modelo hegemónico supone que el ciudadano
adquiere influencia en arenas no políticas y,
fundamentalmente, como participante administrativo con base en su
experiencia. Las autoridades electas no sólo pierden
espacios de influencia, sino de legitimidad social. El horizonte
es, una sociedad donde la política pierde sentido, y con
ella, la ciudadanía como identidad
específica.

El pluralismo integrativo, que implica la
colaboración de actores sociales en la formulación
de políticas y en la prestación de servicios
públicos, puede conducir a asentar las desigualdades
políticas que son producto de
las desigualdades económicas y sociales. La
autorregulación social en una estructura de
suyo desigual puede, devenir en profundización de las
desigualdades, y en mayor exclusión y conflicto.

La participación política, desde la
perspectiva institucional, indica una sociedad en la cual se
dispone de los recursos para sostener los costos de la
participación asó como de suficientes intereses
vinculados a decisiones políticas que conduzcan a percibir
los beneficios de la participación.

La ciudadanía esta sujeta a construcción
con base en estructuras
institucionales que la posibilitan. Una de las premisas centrales
en este sentido es que los actores políticos actúan
sobre el marco de identidades que son moldeadas por instituciones
políticas y procesos.

Entre las estrategias para
lograr la democracia esta la construcción de reglas e
identidades, e incluyen además el desarrollo de
capacidades para una apropiada acción política
entre ciudadanos, grupos e instituciones.

La virtualidad de la noción de lo público
radica en que expresa la preocupación de los individuos
por los asuntos que les son comunes y su capacidad para influir
en ellos.

La participación ciudadana enmarcada desde la
perspectiva de la noción de lo público, expresa el
reclamo a la libertad como a la igualdad de los sujetos sociales
para tomar parte en acciones
públicas, con base en una comprensión amplia de la
política y del propio ámbito público como
espacio de los ciudadanos.

En definitiva, lo que crecientemente queda asentado por
distintas corrientes de pensamiento es
que las funciones
protectoras, mediadoras en los conflictos y redistributivas del
Estado democrático no pueden ser asumidas por la sociedad
y menos por el mercado. El problema concierne a que la estructura
de la sociedad civil, en razón de las desigualdades
económicas y sociales, no crea las condiciones para la
igualdad de voto, la participación efectiva, una
comprensión política adecuada y el control por
igual de la agenda política, como al hecho de que la
estructura del Estado democrático liberal, tal como opera,
no genera una fuerza
organizativa que pueda regular adecuadamente los centros de poder
civil.

El proyecto
democratizador apunta a la recuperación de la esfera de la
sociedad y del Estado, como simultáneamente
públicas y políticas. La reducción del poder
del Estado no se traduce automáticamente en la
ampliación del poder de la sociedad.

El proyecto liberal no sólo asume la
separación entre el Estado y la sociedad, sino que plantea
las relaciones entre ambos en términos de
oposición. Su acción sobre él se manifiesta
a centralmente a través del voto. La acción del
Estado se vuelve cada vez mas privada, las decisiones importantes
se toman en secreto.

La autonomía del Estado expresaría la
posibilidad de influir en forma decisiva e independiente en la
conformación y cambio de la sociedad, con base en
objetivos propios. La Capacidad del Estado entendida como la
posibilidad real de penetrar la sociedad civil y llevar a cabo
sus objetivos a través de la instrumentación de
políticas que abarcan el territorio concernido. Pero la
autonomía y capacidad del Estado también depende de
la propia autonomía adquirida, en los campos
político y económico, por la sociedad civil. Esta
es una condición básica para el despliegue de la
autonomía del Estado respecto de los grupos de poder
privado, en tanto es un requisito indispensable para que desde la
sociedad civil pueda ejercerse una función de crítica
y control sobre el Estado que suscite y movilice la
representatividad del Estado.

Desde la década de los ochenta América
Latina enfrenta el auge de un proyecto que supone mayores
niveles de exclusión económica y
desintegración social.

Los esquemas de participación ciudadana en los
procesos de decisión y de formulación de
políticas basados sólo en el despliegue de la
representación funcional y en modelos
integrativos, no ofrecen una respuesta convincente, puesto que no
sólo pueden atentar contra el principio de la igualdad
política y del pluralismo, sino que suponen lesionar el
principio de la autonomía de la sociedad civil, que se
revela central tanto para su fortalecimiento como para el
desarrollo de una relación virtuosa con el
Estado.

La respuesta de mayor auge, en el sentido de favorecer
tanto las posibilidades de elección de los consumidores en
contra de las elecciones políticas del ciudadano como de
otorgar espacio a la participación social solo con base en
la experiencia, limita al mismo tiempo la
legitimidad de las autoridades políticas electas, supone
afianzar la despolitización social y favorecer así
el extrañamiento de lo político respecto de la
sociedad. Esta última solución es precisamente la
renuncia a la posibilidad de auto-organización de la
sociedad. Su adopción no apunta a la ampliación de
la esfera pública, significa más bien su
difuminación. No compromete la construcción de
ciudadanía, se traduce más bien en su
anulación. No se interesa por la comunidad, se afirma solo
en el individuo. Proclama como valor supremo
la libertad, pero no proporciona instrumentos para realizarla.
Predica el fortalecimiento de la sociedad civil pero deviene, en
su debilidad.

Principios que se revelan claves para el desarrollo de
la legitimidad democrática: la igualdad política,
el pluralismo político y la deliberación, la
solidaridad que
da cuenta de modos de acción colectiva
auto-organizados.

La ciudadanía no se agota en el reconocimiento de
derechos, sino que esta sujeta a construcción con base en
estructuras institucionales que la posibilitan.

Las desigualdades económicas y sociales
constituyen las condiciones fundamentales a través de las
cuales se viola la equidad.

La noción de igualdad política requiere la
implantación no sólo de la igualdad política
formal, sino de condiciones de aislamiento y una
consideración efectiva. Las condiciones de aislamiento
remiten a las garantías de que el proceso político
no ha sido interferido por factores irrelevantes a él. La
consideración efectiva remite a la necesidad de que las
opiniones rivales más importantes puedan conseguir la
consideración suficiente para que las personas tengan la
oportunidad de decidir entre ellas.

El pluralismo es la creencia en el valor de la
diversidad, remarca la aceptación del disenso, la
oposición, la política de adversarios y la
discusión. Quienes forman parte de la mayoría deben
respetar los derechos de las minorías.

Para la deliberación se requiere de la interacción social; de la ausencia de
relaciones de supra-subordinación entre los participantes,
la única autoridad que
debe poder mediar es la del mejor argumento; posibilidad de la
discrecionalidad.

Desde la visión liberal la identidad de ciudadano
solo se construye alrededor de la participación en las
instituciones estatales, priva sobre cualquier otro tipo de
identidad. Su resultado tiende a ser la negación del
pluralismo, tanto como la afirmación de un modelo de
ciudadanía culturalmente homogéneo, asentado solo
en los valores de
la democracia occidental.

Desde la perspectiva de la democracia radical, el bien
común, interpretado como un imaginario social,
constituirá, a la vez, una gramática de conducta que
coincide con la lealtad a los principios
ético-políticos de la democracia moderna: libertad
e igualdad para todos. Actuar como ciudadano implica la exigencia
de tratar a los otros como personas libres e iguales.

A juicio del autor la ciudadanía no se ejerce
exclusivamente en relación con las instituciones
político-estatales, sino que se ejercita y, sobre todo, se
puede construir respecto de cualquier esfera donde los principios
de la igualdad y de la libertad para todos sean
desafiados.

Los movimiento sociales retan las necesidades, criterios
y fundamentos de muchos ejes de dominación al proponer
formas radicalizadas de democracia para incrementar la
habilitación de mas personas en muchas esferas de la vida
social, al proponer extensiones de los derechos humanos
y otros conceptos de justicia para
ampliar y profundizar el piso normativo en donde se basan los
cambios sustantivos y de procedimiento,

La mayor virtualidad de las asociaciones voluntarias en
un proyecto de construcción de ciudadanía estriba,
en que pueden crear un espacio para el despliegue de nuevos
valores,
asociados al reconocimiento del otro y a la
solidaridad.

El buen gobierno es el grado en que la vida social y
política de una región se acerca al ideal de la
comunidad cívica: compromiso cívico, es
decir, participación activa en los asuntos
públicos; igualdad política; solidaridad, confianza
y tolerancia;
estructuras sociales de cooperación.

Puede estimarse que las prácticas sociales
fundadas en la solidaridad constituyen prácticas de
construcción de ciudadanía en la medida en que
contribuyen a desarrollar las condiciones éticas para la
creación de un tejido asociacional crítico,
comprometido con el fortalecimiento de la democracia. Las
prácticas de solidaridad y el asociamiento crítico
se revelan como bases sociales para la construcción de
ciudadanía, y como condiciones de la participación
ciudadana, enmarcada en la ampliación de la
institucionalidad publica. El asociacionismo crítico
provee del tejido social en torno al cual es
posible construir instituciones de representación que
posibiliten la participación política bajo los
principios de la igualdad política, el respeto al
pluralismo y la deliberación pública.

Tercer Sector remite a todo aquel tejido asociacional
cuyas practicas sociales se funden en la solidaridad y que se
traducen en la constitución de ámbitos
públicos voluntarios de interrelación social,
capaces de auto-organizarse para la satisfacción de
necesidades colectivas. Incluye todo el conjunto de instituciones
privadas de servicio público. El Tercer Sector y las
prácticas sociales que involucran la producción de bienes públicos con
base en la solidaridad, constituyen el cimiento social de la
ampliación de la institucionalidad pública que da
cabida a una pluralidad de instituciones de
participación.

Postrimerías del siglo XX: la respuesta
hegemónica supone la negación de la
actuación legítima del Estado a favor de la
sociedad, traduciéndose con esto el fortalecimiento de la
sociedad mercantil.

Se invoca al ciudadano como participante administrativo
para supuestamente obtener un mayor pluralismo político,
pero lo que se obtiene es la desnaturalización de la
participación ciudadana, que puede producirse cuando son
mezcladas las funciones de instancias de representación
social con funciones de administración de servicios
públicos.

Premisas para la constitución de una
institucionalidad de representación social:

  • Relación regulativa en vez de constitutiva de
    la política: al suscitarse una relación
    constitutiva y no regulativa de la política, el
    potencial de la ciudadana como mecanismo de la publicidad
    tiene escasas probabilidades de actualización. La
    construcción de sujetos desde el Estado abre las
    oportunidades no solo para un favorecimiento expreso de
    categorías de intereses particulares, sino para la
    despolitización de los temas en la medida en que la
    dinámica y la direccionalidad de la
    participación ciudadana son determinadas desde un solo
    eje de la relación. Los sujetos sociales son
    prefigurados afectando su capacidad de influencia y control
    sobre los asuntos públicos.

  • Interacción política racionalizada
    comunicativamente: llama la atención sobre la importancia de una
    esfera pública autónoma de deliberación
    sobre las políticas públicas, pero no se limita
    al ámbito social sino que presupone una
    interacción comunicativa con los actores
    publico-estatales. La recuperación de un modelo de
    formación de políticas que es discursivo,
    democrático y participativo tiene importantes
    consecuencias practicas, en tanto reivindica la competencia
    de los ciudadanos comunes y de los intereses concernidos para
    intervenir en la formación de la voluntad
    política y recupera su capacidad de hacer propuestas
    de políticas publicas.

  • Pluralismo de la representación social y
    política

 

 

 

 

Autor:

Jorge Enrique Díaz
Varela
[1]

[1] Estudiante de Ciencias
Políticas y Administrativas Escuela
Superior de Administración Publica ESAP

Partes: 1, 2
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