La corrupción es un tema muy difícil de
abordar en nuestro país, más aún cuando se
involucra a un funcionario público: es muy complicado
recoger información fiable sobre actividades
ilegales o derivadas de la
corrupción. Usualmente lo que se da a
conocer de la corrupción proviene de hechos o
escándalos publicados, en mayor o menor grado, por
algún medio de comunicación o por denuncias ciudadanas. En
el primer caso, salen a la luz
pública actos de corrupción oficial cuando no
existe la ley mordaza en
ese medio, ya que es una práctica común que se
destinen grandes sumas millonarias para comprar el silencio de
algunos medios de
comunicación.
Pemex no solo enfrenta grandes problemas por
falta de inversiones en
infraestructura, también enfrenta problemas, quizá
mas fuertes aún, en materia de
corrupción y de tráfico de influencias, que le
ocasionan pérdidas millonarias y graves caídas en
los índices de producción. El robo de combustible de los
oleoductos y de las terminales donde están involucrados
funcionarios de la paraestatal, también representa un alto
costo donde la
paraestatal pierde cientos de millones de dólares
anualmente.
En Pemex existe una verdadera mafia de funcionarios
deshonestos que muchos ya la identifican como "el cártel
de Pemex", cuya influencia abarca desde la asignación de
contratos y
obra pública hasta el robo y saqueo de combustible en
ductos y terminales. Los actos de corrupción en Pemex se
facilitan porque no hay eficientes mecanismos de control y de
transparencia que permitan el escrutinio público. El
Instituto Federal de Acceso a la Información es solo un
buen intento de transparentar la función
pública, pero no es suficiente. La transparencia puede ser
un medio para evitar la corrupción, pero también se
debe insistir en el castigo severo, sin importar de quien se
trate, de aquellos que han defraudado la confianza y han actuado
mal con los bienes que se
les ha confiado.
Pemex está al borde del colapso debido a la
corrupción y a la ineficiencia de sus directivos. Esto es
lo que afirmó el
periódico estadounidense The New York Times
en un reportaje. Según el diario neoyorquino, citando a
empleados y directivos de Pemex, la corrupción representa
un costo de al menos 1,000 millones de dólares al
año para la paraestatal. Además Pemex podría
haber perdido en 2002 unos 3,500 millones de dólares en
impuestos y
royalties (derechos o
compensación que el Estado
cobra al concesionario que explota riquezas naturales). Las
ventas de
crudo de la petrolera están afectadas con la
imposición de royalties de hasta el 60%. La falta de
inversión y la tremenda exigencia de
impuestos por parte del Estado, son
las causas que justifican la crítica
situación por la que pasa la petrolera estatal.
A Petróleos Mexicanos, no sólo la limitan los
elevados impuestos que paga, también carga con el pesado
lastre que representan las cuantiosas prebendas que otorga al
sindicato
petrolero y su "generosidad" con proveedores y
contratistas, además de las prácticas de abuso y de
corrupción de muchos de sus funcionarios. Algunos de los
hechos más notables sobre la corrupción en la
paraestatal que han salido a la luz pública han sido los
siguientes:
En 1983, Jorge Díaz Serrano, director de Pemex en
el sexenio de López Portillo, fue desaforado y
arrestado por un fraude cometido durante su gestión al
frente de Pemex. El senador Jorge Díaz Serrano fue
acusado de haber adquirido de manera irregular durante su
gestión como titular de Pemex, dos barcos petroleros a
precios millonarios: el Abkatum y el Cantarell.
En 2004, se hizo público el pago con cargo a Pemex,
de los gastos de cirugía estética de la esposa
del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz
Leos, que ascendieron a 163 mil pesos. También se
descubrió que en su gestión le hizo entrega de
una cantidad cercana a los 7,800 millones de pesos al
sindicato petrolero que dirige Carlos Romero Deschamps.
Contrariamente a lo que se manejó oficialmente,
Raúl Muñoz Leos no fue despedido de Pemex por
el escándalo de la cirugía estética,
sino por oponerse a continuar otorgándoles contratos a
los hijos de la familia presidencial.
En 2004, Amado Yáñez, accionista principal
de Oceanografía, negoció con el entonces
secretario de Energía, Felipe Calderón y con
sus colaboradores Juan Camilo Mouriño y César
Nava, millonarios contratos petroleros, según un
expediente que Pemex entregó a una comisión
especial de legisladores. Tras declarar desierta la
licitación para el alquiler del buque, la filial de
Pemex adjudicó directamente el contrato 418235843 a la
naviera. Con dicho convenio, como única
garantía, Oceanografía obtuvo un sospechoso
crédito de Bancomext (Banco Nacional de Comercio
Exterior). Los directivos de Oceanografía cobraron el
préstamo por más de 60 millones de pesos
mediante cuatro facturas presuntamente apócrifas. El
fallo de la licitación fue enviado a Mouriño
junto con los oficios de PEP, en los que notifica a
Oceanografía que su propuesta fue desechada por
insolvencia económica y técnica. Enterado
Mouriño del caso, semanas después PEP le
otorgó el contrato a Oceanografía en forma
directa.
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