RESUMEN
GENERAL
Un médico y un jurista escribieron el libro
pretendiendo la comprensión del delincuente mediante el
psicoanálisis, dirigiéndolo
especialmente al ámbito jurídico.
Es el resultado de una investigación psicoanalítica de
casos criminales.
En principio el delincuente representa un peligro para la
sociedad, la
valoración psicológica del mismo es necesaria para
el
conocimiento de los móviles, ya que en función de
los mismos sus actos se condenan o encomian.
Parten de la idea de que comprender al delincuente
permitirá que el juicio sobre el mismo se sienta como
justo en general, con lo que su trabajo
redundará en el interés
social ya que el sentimiento de justicia
pertenece a los fundamentos psicológicos de toda
formación social.
Para llevarlo a cabo se basan en tres preguntas:
a) ¿Qué es el sentimiento de la
justicia conocido por el jurista como sentimiento
jurídico y cuál es su transcendencia
social?b) ¿Qué es la criminalidad y
quién el criminal?c) ¿Qué hemos de hacer con el
criminal?
Como iremos viendo es una revisión del sistema punitivo,
que escrito en los años treinta, resulta no sólo
avanzado, también de absoluta actualidad.
En el Capítulo I "La lucha por el derecho"
abordan el efecto psicológico de las sentencias
injustas.
La respuesta popular cuando se condena a un inocente o hay una
desproporción evidente entre el delito y la pena
impuesta, es de hostilidad al ordenamiento jurídico, de
rebeldía. Suponen una conmoción en el mecanismo de
las inhibiciones que el hombre se
ha impuesto en
consideración a la sociedad, se siente como propia la
injusticia cometida contra una persona del mismo
nivel social "a cada uno de nosotros podría ocurrirnos lo
mismo", por lo que se rompe el equilibrio
entre las inhibiciones y los instintos, a favor de éstos,
hasta ese momento frenados.
Esa regresión la explican desde la teoría del
desarrollo del Yo, las limitaciones del instinto se basan en
temores de desplacer o en esperanzas positivas de placer,
significan la adaptación de las exigencias subjetivas del
instinto a los datos de la
realidad objetiva, formándose un equilibrio entre la
renuncia al instinto por cada uno de nosotros y las
satisfacciones, equilibrio que se perturba cada vez que se exige
al instinto una nueva renuncia.
La educación se basa en ello, ya que
representa una adaptación dirigida sistemáticamente
de las exigencias primitivamente asociales del instinto del
niño, a las exigencias del educador.
La necesidad de cariño o el miedo a perderlo del
niño, como forma de castigo, enlazado con el sentimiento
de seguridad,
explican las limitaciones del instinto a modo de comercio
amoroso, desde la niñez más remota.
Todo estado social
de derecho implica el equilibrio descrito, siendo el regulador
más sensible el sentimiento de justicia, que funciona
instintivamente.
La susceptibilidad del sentimiento jurídico, cuya
lesión es capaz de enardecer a las masas, se explica
más fácilmente por la naturaleza del
pacto, hecho entre una parte débil y otra fuerte: el Yo,
renuncia en espera de una prestación recíproca por
parte de la sociedad (equivalente aquí al ser querido),
reconocimiento, respeto,
libertades.; el trato injusto por el
Estado-sociedad, le defrauda, entendiendo que el instinto se
ha frenado a cambio de nada
y surge la rebeldía.
Así, muestran que el defensor a ultranza del orden
establecido, es un defensor de su libertad,
sólo espera que la otra parte (la sociedad) sea la primera
en infringir el contrato social y
le posibilite el retorno, la regresión, al individualismo
primitivo no renunciado del todo, a pesar de su muy limitada
libertad personal.
En el II capítulo "La crisis de la
Justicia oficial en nuestros días" admitiendo el
sentimiento jurídico como un elemento básico de la
convivencia social cuya función es mantener
autolimitaciones individuales y cuya lesión produce una
regresión que acaba en rebeldía, entienden que el
mantenimiento
del orden social, llegado este punto, sólo es posible
mediante la coacción, ya que el hombre no se
presta voluntariamente a seguir inhibiendo sus instintos.
Pero la crisis de la justicia oficial existente obliga a
revisar los fundamentos sobre los que descansa y dado que
sólo es posible el recto enjuiciamiento de un acto si
junto con el conocimiento
del hecho se examinan los móviles que impulsaron al autor,
se inicia la participación en el proceso de
peritos médicos, dando paso a la llamada Psicología
científica.
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