La corrupción en Chimborazo (página 3)

26 de julio del 2004 el ex-gerente de
la Empresa
Cemento
Chimborazo, Francisco Fierro, anunció medidas legales en
contra de los anteriores administradores de la cementera. Fierro
señaló que se han encontrado irregularidades
financieras, "estaban buscando vender la Empresa a
precio de
huevo". El funcionario no precisó los nombres de los
presuntos involucrados pero dijo que se trata de quienes
encabezaron las dos últimas administraciones, "se hizo una
compra de clinker en donde la empresa pierde 300 mil
dólares por el descargue y transporte de
ese material en Esmeraldas". Dijo además que tiene la
autorización de la Junta de Accionistas para iniciar con
las acciones
legales para quienes compraron equipos con presunto
sobreprecio.

Gustavo García, ex-procurador jurídico de la
cementera denunció que hubo irregularidades en la compra
del un separador de alta eficiencia que
inicialmente estuvo presupuestado en un millón 500 mil
dólares y que hasta el momento tendría un costo de 4
millones de dólares, "hay una auditoría que determina horrores en la
parte técnica en la
administración del Ing. Hugo Vallejos, una persona
detestable para la Empresa", según García durante
esa administración se habría dejado en
"soletas técnicas"
a la Empresa.

La Contraloría realizó una auditoría en
Cemento Chimborazo, pero hasta ahora no se conoce ningún
resultado final, "he pedido al contralor que se agilite la
entrega del informe final",
señaló Álex Alcívar, gerente general
del Banco Nacional de
Fomento (BNF). El director regional de contraloría,
Humberto Gallegos dijo no conocer sobre el tema, "eso lo maneja
una unidad que está en Quito".

En la Cemento los viáticos son otro sueldo

El tema de los viáticos vuelve a ser noticia en la
Cemento Chimborazo. En el año 1998 el ex-presidente del
directorio, Teodoro Gallegos Salem era cuestionado por los
trabajadores por el cobro exagerado de viáticos. En el
año 2004 Héctor Ballesteros, presidente de la
Empresa, quien es además presidente del Banco Nacional de
Fomento (BNF) y primo político del presidente Lucio
Gutiérrez cobró de la Cemento Chimborazo 3.384
dólares, sólo por viáticos. A esto hay que
sumar que Ballesteros gana un sueldo mensual en la Cemento
Chimborazo de 4.977,94 dólares por ejercer la presidencia
de la cementera, según un rol de pagos. De lo que se
conoce Ballesteros visitaba la Cemento Chimborazo tres
días a la semana. Sin embargo, el alto funcionario no
sólo percibe dinero de la
Cemento Chimborazo. Como delegado directo del presidente
Gutiérrez ante el BNF, ejerció las funciones de
presidente del directorio de esa entidad, por ello ganaba
dietas y
viáticos. El 10 de febrero del 2005 el secretario general
del BNF, René Jarrín, solicitó mediante
oficio Nro. SG-2005-062 al gerente de finanzas de la
entidad, Galo Soria, la reliquidación del año 2004
de las dietas del ex-presidente del directorio. Para cobrar esta
reliquidación que ascendió a la suma de 18.816
dólares, Héctor Ballesteros, presentó la
factura Nro.
0344. Al siguiente día los valores
fueron depositados en la cuenta Nro. 0010183175 sin detallar de
qué banco.

El mismo 10 de febrero Ballesteros extendió otra
factura la Nro. 0343 en donde se descubre que el primo
político del presidente ganaba 2.500 dólares por
gastos de
representación y 2.500 dólares por gastos de
residencia, es decir, un total de 5 mil dólares mensuales.
Sumado a la cifra que ganaba en Cemento Chimborazo Ballesteros
pudo haber tenido unos ingresos
superiores a los 10 mil dólares mensuales, es decir,
ganaría más que Gutiérrez, quien lo puso en
ese cargo.

En el BNF, en el año 2004, los miembros del directorio
ganaron un total de 60 mil dólares por "gastos de
representación" y "gastos de residencia" según
consta en las partidas presupuestarias 4.15.06.06.000 y
4.15.06.09.000. En la Cemento Chimborazo los viáticos
también son pagados a funcionarios y trabajadores. En el
año 2004, Gustavo García, ex-procurador judicial de
la empresa salió 56 veces a ciudades como Quito, Guayaquil
y Ambato percibiendo un total de viáticos de 8 mil 593
dólares con 75 centavos. Es decir, que en promedio
percibía 716 dólares mensuales sólo por
viáticos.

Sumado a esto la Empresa paga viáticos a los dirigentes
sindicales. Según la cláusula 33 del Contrato
Colectivo, que norma ese beneficio, "el empleador (Cemento
Chimborazo) se compromete a pagar los viáticos y/o
subsistencias necesarias para estos fines (los sindicales), de
acuerdo a la tabla de gastos de estadía y
movilización". A renglón seguido se señala
que la Empresa proveerá un vehículo a tiempo
completo al Comité de Empresa, "así como el
combustible necesario para la movilización".

Finalmente en la Junta General de Accionistas de la Cemento
Chimborazo del 26 de marzo del 2004, se resolvió
incrementar en un 100% las dietas que perciben los miembros del
directorio por cada reunión, los gastos de
representación del presidente del directorio,
Héctor Ballesteros y sus honorarios. Carlos Julio Orozco,
representante de la Corporación Financiera Nacional, fue
el único que votó en contra de ese incremento.

En el BNF y la Cemento se cruzan los puestos.

Carlos Díaz Merino, actual gerente técnico de la
Cemento Chimborazo, no es un personaje nuevo en la empresa. El 23
de octubre de 1997 suscribió dos actas de finiquito por
renuncia voluntaria que sumaron un total de 57 millones 320 mil
863 sucres, pese a ello fue nuevamente requerido por Francisco
Fierro, ex-gerente de la cementera en el año 2003 por lo
que nuevamente se posesionó como gerente
técnico.

Según fuentes de la
Cemento Chimborazo, Carlos Díaz, quien también
ejerció la gerencia
general, puso en el puesto de asesor jurídico a Gustavo
García, que a su vez se volvió la mano derecha de
Francisco Fierro. García defendió a Fierro de los
ataques del diputado Rodrigo García, quien
cuestionó el manejo de la cementera.

Según su propia versión Gustavo García es
ahora asesor jurídico en el Banco Nacional de Fomento.
Además logró que su esposa, Ximena Díaz de
García, ingresara con nombramiento como asesora de la
regional del BNF en Riobamba. Pero los nexos familiares no quedan
ahí. Según la documentación existente, Galo
Vásquez Garzón, director de la empresa,
también colocó a uno de sus hijos en la Cemento
Chimborazo. Galo Vásquez Bosques ingresó a la
Cemento Chimborazo con un sueldo de 300 dólares mensuales,
sin embargo en su liquidación consta un rubro de 513.87
dólares. Vásquez ingresó en agosto del 2003
mediante la tercerizadora Eficientservi S.A. y su contrato
duró un año. Mediante el memorándum Nro.
045A-GAF-04 del 30 de julio del 2004, la gerente administrativa
de la Cemento Chimborazo, Paola Ortiz, solicitó un
contrato de
trabajo para Vázquez. En septiembre Ortiz
solicitó un bono de 400 dólares para el empleado
"por el trabajo
realizado". En el documento la Jefa de Personal, Lili
Martínez, observaba que "generalmente los bonos no deben
superar el valor
convenido".

Ballesteros: el paro lo
provoca el contrato colectivo

Según Héctor Ballesteros el pedido de su salida
por parte de los trabajadores de la Cemento Chimborazo y el
cierre de carreteras son provocadas por las aspiraciones
salariales de los trabajadores, "quieren un incremento del 25% en
el nuevo contrato colectivo". Luis Quinchuela, secretario general
del Comité de Empresa lo niega.

Hoy la administración de la Cemento Chimborazo
reconoce que tienen 134 trabajadores, quienes reciben los sueldos
estipulados por la ley, subsidios de
antigüedad, bono escalafonario, y cuatro gratificaciones al
año: el 21 de abril por las fiestas de Riobamba, 1 de
mayo, 10 de agosto, 15 de noviembre por el Día del
trabajador cementero y una liquidación adicional de
vacaciones. Además en la cláusula 54 se establece
que Cemento Chimborazo seguirá pagando el impuesto a la
renta de cada uno de los trabajadores, "como lo viene haciendo en
la actualidad".

La Primera revisión del décimo octavo contrato
colectivo firmado el 15 de febrero del año 2003
también garantiza una estabilidad de cuatro años a
cada uno de los trabajadores. Este contrato colectivo
caducó el 15 de febrero de este año por lo que la
clase sindical
se apresta a negociar uno nuevo con los administradores. En la
cláusula 17 los trabajadores también se protegen
del vaivén económico pues preveen un cambio de
moneda en el país y una devaluación monetaria, "si éstas
llegase a producirse, las partes tratarán de llegar a un
acuerdo en un plazo no mayor a tres meses a partir de la fecha de
vigencia de la nueva moneda".

Pero como en otros contratos del
sector
público en Cemento Chimborazo los puestos se heredan.
Según la cláusula 20 "de existir una vacante se
dará preferencia a los hijos de los trabajadores, siempre
y cuando reúnan los requisitos para cubrir dicha vacante,
previo concurso de merecimientos".

Según la ley los turnos nocturnos son pagados con el
25% adicional, sin embargo en esta Empresa se reconoce el 80%. En
la cláusula 33 se establecen las especiales condiciones de
los dirigentes de los trabajadores: permisos con el 100% de sus
sueldos y
salarios y por el tiempo que fuere necesario, viáticos
y subsistencias para los sindicalistas y un vehículo a
tiempo completo para el Comité de Empresa.

Otras cláusulas

Cláusula 55.- Establece que Cemento Chimborazo
contratará pólizas de seguro privadas
con una cobertura de 24 horas al día.

Cláusula 56.- En cada una de las gratificaciones
(21 de abril, 1 de mayo, 10 de agosto y 15 de noviembre el
trabajador recibirá otro sueldo).

Cláusula 58.- Cemento Chimborazo podrá
realizar préstamos a sus trabajadores hasta por 6 sueldos,
con un plazo de 30 meses y sin intereses.

Cláusula 59.- Becas estudiantiles a los hijos de
los trabajadores que tengan en promedio 17.51.

Cláusula 62.- Cemento Chimborazo
entregará 35 mil dólares para el agasajo
navideño de los trabajadores.

Cláusula 65.- Habrá paseos anuales de los
trabajadores a Atacames en donde Cemento Chimborazo posee
cabañas.

Un viaje sin justificativos por orden del
directorio

En el año 2003 el ex-gerente de Cemento Chimborazo,
Francisco Fierro, quien es además presidente de Sociedad
Patriótica (SP) en Chimborazo admitió haber
realizado un viaje a China
conjuntamente con el diputado Gilmar Gutiérrez por
invitación del Partido Popular Chino, "fue una
invitación política, pero
aproveché del viaje para gestionar la compra de clinker".
El viaje, según su versión, fue financiado por el
gobierno chino.
De lo que se conoce nunca se concretó una negociación con ese país.

El 18 de mayo del 2004 el directorio de la Cemento Chimborazo,
autorizó el viaje de Héctor Ballesteros y Carlos
Díaz, gerente técnico de la empresa a la ciudad de
Berlín en Alemania para
visitar al Refra Koloquiun 2004. El periplo duraría desde
el 30 de mayo al 13 de junio del 2004 y la empresa pagaría
viáticos y subsistencias. No obstante el viaje de
Ballesteros y su acompañante se extendió a otras
ciudades de Europa.
Así lo atestigua un memorándum interno del 18 de
junio del 2004 en donde Ballesteros solicita al mismo Carlos
Díaz, el pago de una factura por pasajes aéreos que
los llevaron a Hannover-Zurich-Grass y Berlín, "para
atender asuntos relacionados con el mejoramiento de la producción". En total por este viaje
Cemento Chimborazo canceló 7.007,92 dólares en
pasajes, viáticos y subsistencias.

El 12 de julio del 2004 el directorio de la Cemento Chimborazo
autorizó el cobro de viáticos por parte de Carlos
Díaz, "sin que los referidos viáticos sean sujetos
de liquidación o justificación".

ENTREVISTA.

Héctor Ballesteros, presidente de directorio del
Banco Nacional de Fomento.

Héctor Ballesteros tiene 62 años de edad, es
médico veterinario, casado con Martha Hurtado
Borbúa, prima del presidente Lucio Gutiérrez. En
una entrevista con
Diario Hoy justificaba haber accedido al puesto por ser pariente
de Gutiérrez, "es fácil decir que no pondrá
a los familiares cuando se está fuera". En esta entrevista
dice que no cobra dos sueldos, aunque en algunas respuestas se
contradice.

Los trabajadores del BNF piden su salida con un paro en
Guayaquil. ¿Cuál es su respuesta?

Si por haber realizado acciones para mejorarle al BNF, ponerle
en el sitial en el que se encuentra ahora como una de las mejores
entidades financieras del país tengo que irme del Banco,
me iré con todo gusto. Parece que trabajamos.

¿Los trabajadores de Cemento Chimborazo
también piden su salida?

Es igual. Cuando trabajamos en función de
mejorar y hacer trabajar a las personas no les caemos bien. En la
Cemento Chimborazo cuando llegamos hace un año y medio
producía 400 toneladas al día, hoy produce 700
toneladas/ día. Cuando la política interviene y
creen que debemos salir las personas, yo prefiero que se vayan
las personas y sobrevivan las entidades.

¿Se dice que usted cobraría dos sueldos en el
BNF y Cemento Chimborazo?

Eso es una falacia. Es una mentira. Si
sería así no cree que me hubieran denunciado hace
dos años que trabajo en el
BNF y en la Cemento Chimborazo.

¿Ha conversado con el presidente de la
República sobre estos temas?

Lo sabe el presidente, si yo lo represento a él no va a
estar al tanto. El presidente me ha dado su respaldo. De lo que
yo conozco lo único que querían los señores
es más dinero tanto del BNF como de la Cemento Chimborazo,
a pesar de que en la Cemento el promedio de sueldos de un obrero
está en 2.500 dólares mensuales y estos
señores están pidiendo que se incremente 25%
más en el Contrato Colectivo, o sea que ellos quieren
llegar a más de 3 mil dólares mensuales, no
sé si es que todos los trabajadores del país tengan
ese tipo de salarios.

¿Usted ganaría 4900 dólares en la
Cemento Chimborazo?

Ahí si tengo un sueldo en la Cemento Chimborazo de 4
mil dólares mensuales. Y usted me va ha decir por
qué gano eso, porque estoy dirigiendo una empresa y le
hecho producir. Creo que cualquier directivo tiene derecho a
ganar bien porque ningún directivo va a ganar menos que
los empleados, sino yo le preguntaría cuánto gana
el gerente de su diario. Se merece él ese sueldo y usted
se merece el sueldo de acuerdo a la labor que realiza.

¿Usted habría cobrado 18 mil 800
dólares por una reliquidación en el BNF?

Lo que he cobrado son 16 mil dólares, pero son sueldos
atrasados del 2004 y ahí están y me gustaría
que ustedes le pidan la papeleta. Cobre esto
porque recién me aprobaron el presupuesto del
BNF. Cuando hay mentes perturbadas que quieren hacer
escándalo por una de esas cosas para buscar protagonismo
politiquero es una pena para la institución.

¿En el año 2004 el directorio de Cemento
Chimborazo aprobó un viaje de usted y Carlos Díaz a
Alemania, sin embargo ustedes también fueron a
Suiza?

Y qué cree que nos fuimos a pasear. Fuimos a buscar
cómo mejorar la planta y fuimos invitados una parte del
viaje por la empresa… una empresa alemana y el resto hemos
cobrado unos pocos días de viáticos para realizar
los trabajos de mejoramiento de la planta y eso casi no le ha
costado nada a la empresa. Había que mejorar una torre
para que no desaparezca una planta que es del Estado y que
siempre ha sido mal manejado.

¿Holcim le dejaría de vender clinker a la
Cemento Chimborazo?

Nosotros no compramos clinker desde hace seis meses.

¿Cuánto haría falta para modernizar la
Cemento?

Para modernizarla totalmente yo creo que se necesitaría
unos 30 millones de dólares.

¿Cree usted que hay la capacidad de garantía
para obtener dinero?

Nosotros no vamos ha llegar a una modernización total,
pero si en forma paulatina. Le comento que tenemos ofertas de
empresas
alemanas, inglesas para invertir, pero con esto que esta
sucediendo creo que hemos perdido esa oportunidad para que no
desaparezca una empresa del Estado.

¿Ratifica que el presidente le ha dicho que se
mantenga en el cargo?

Sí señor.

Reportaje publicado en Diario La Prensa el 3 de
marzo del 2005

CONSEJO PROVINCIAL: Un raro manejo de fondos
públicos

La Red

El 22 de enero del 2003 el Contralor General del Estado
(e) Genaro Peña, aprobó un informe en donde consta
la auditoría financiera realizada al Consejo Provincial
desde el 1 de octubre de 1997 al 30 de agosto del 2000. El
documento recogía muchas observaciones, todas graves,
tanto así que hasta el momento se han iniciado cinco
instrucciones fiscales en contra de funcionarios de la
Cámara Provincial, incluido el prefecto Alfonso
Burbano.

Uno de los casos es la adquisición de repuestos al
almacén
denominado "Centro de Repuestos", que develaría la
existencia de una red de corrupción al interior del Consejo
Provincial. Entre las irregularidades encontradas por la
Contraloría está el uso de proformas falsas,
presunto delito que se
completó con el hecho de que los repuestos comprados nunca
ingresaban a las bodegas del Consejo Provincial.

Cosa insólita: un formulario de pro forma, posiblemente
robado, perteneciente a la empresa Ecuafiltros y con el
número 2413 fue utilizada en cuatro ocasiones para un
número igual de adquisiciones. Carlos Gavilanes, gerente
de esa empresa confirmó que el documento nunca fue emitido
por la empresa y que quien firmaba las proformas, José
Sánchez, tampoco trabajó en Ecuafiltros. En todos
esos casos la empresa beneficiada y "ganadora" del contrato era
"Centro de Repuestos", representada por Fanny Mucarsel.

Aquí se detecta una nueva irregularidad. Se presume que
los repuestos nunca llegaron, al menos así lo afirman los
trabajadores Wilson Oñate, Guillermo Barba y Gonzalo
Vimos, quienes al ser notificados de esa irregularidad dijeron
"no hemos solicitado repuesto alguno, ni se nos han entregado
tales bienes". Los
trabajadores iniciaron acciones legales por abuso de confianza y
robo de repuestos "pues se hace aparecer como que a nosotros se
nos ha entregado repuestos que no los utilizamos en nuestras
actividades".

Lo que dice la Ley

Código Penal

Art. Innumerado

La misma pena señalada en los artículos
anteriores (1 a 5 años de prisión y multa de diez
mil a cincuenta mil sucres) se impondrá a las personas
elegidas por votación popular, a los representantes o
delegados y a los funcionarios, empleados o servidores
públicos que aprovechándose de la
representación popular o del cargo que ejercen se
favorezcan o hayan favorecido a personas naturales o
jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones
legales o reglamentarias, les hubiesen concedido contratos o
permitido la realización de negocios con
el Estado o
cualquier otro organismo del sector público.

Quedan comprendidos en la misma disposición anterior y
sujetos a igual pena los directores, vocales o miembros de los
organismos administradores del estado o del sector público
en general, que, con su voto, hubiesen cooperado a la
comisión del delito al que se refiere el inciso
precedente.

Los negocios de dos funcionarios
públicos

Alfonso Burbano y Armando Becerra Totoy, prefecto de
Chimborazo y alcalde de Guano, respectivamente tienen varias
coincidencias. Los dos tenían afinidades políticas,
vivían en la misma ciudad, firmaban contratos entre ellos
y finalmente ambos están enjuiciados.

Cuando el Consejo Provincial requirió de adoquines, una
de las empresas calificadas para ello fue Prefabricados Las Abras
de propiedad de
Armando Becerra, en ese entonces alcalde de Guano. Fueron en
total 87 millones 280 mil sucres en adoquines.

Por Ley Armando Becerra estaba impedido de realizar cualquier
transacción pública y por ello recurrió a
una medida legal el arrendamiento
de su fábrica a Edgar Estrada. Sin embargo, al momento de
contratar con el Consejo Provincial, Becerra Totoy
prefirió él mismo firmar en los contratos.
Así lo hizo al menos el 4 de mayo de 1998 y el 2 de
septiembre de 1999. Armando Becerra también aparece
cobrando cheques del
Consejo Provincial el 3 y 7 de septiembre de 1999.

Pero posiblemente luego los involucrados se dieron cuenta del
error y prefirieron elaborar contratos sin una persona natural y
anotando únicamente como contratista al "representante de
Prefabricados Las Abras". Los cheques también fueron
girados a nombre de la empresa. Otro elemento irregular es que
esta fábrica de adoquines no aparece como tal en ninguna
institución del Estado. En efecto Las Abras jamás
pagó impuestos pues no
estaba registrada en el Servicio de
Rentas Internas, ni en la Superintendencia de
Compañías.

Becerra Totoy fue alcalde de Guano desde el 10 de agosto de
1996 hasta el 9 de agosto del año 2000 y viene enfrentando
otro juicio por enriquecimiento ilícito por haber
contratado con su misma fábrica siendo alcalde de
Guano.

Lo que dice la Ley

Ley de Contratación Pública

Art. 55.- INHABILIDADES GENERALES.- No podrá celebrar
contratos con el Estado o con entidades del sector
público:

A) El Presidente, el vicepresidente de la República,
los ministros del Estado, los legisladores, los presidentes o
representantes legales de entidades del sector público con
ámbito de acción
nacional, los prefectos y alcaldes.

Un "Papa Noel" llamado Consejo Provincial

El prefecto Alfonso Burbano señaló siempre su
predisposición de escuchar al pueblo y de hablarles con el
"lenguaje de
las obras". Así los miércoles recibía las
peticiones de asociaciones, gremios, barrios, entidades privadas
e indígenas. La cola de personas con solicitudes era larga
y había que atenderlos. Al final y según el informe
de Contraloría, estas peticiones eran atendidas, aunque
algunas de ellas estaban fuera del área de acción
del Consejo Provincial. Fueron construidos centros de capacitación, graderíos de un
circuito automovilístico, capillas ardientes, cerramientos
para sedes privadas; y entregados mobiliarios, equipos, aportes
para seminarios de entidades privadas, etc. Todo esto fue
observado por la Contraloría General del Estado. En el
período auditado, en algunas obras analizadas, las
inversiones
ilegales sumaron 448 millones 247 mil sucres.

En la reforma presupuestaria presentada en mayo de este
año el Prefecto Provincial volvió a incluir esta
clase de entregas haciendo caso omiso a las observaciones de la
Contraloría General del Estado. Pero el Consejo Provincial
sirvió como central telefónica. Entre octubre de
1997 y abril del 2000, en un muestreo de 24
llamadas a celulares se registró un gasto total de 61
millones 582 mil sucres. Nunca se dio un detalle de las llamadas
y si éstas se referían a asuntos oficiales.
Así el dinero de
los contribuyentes se desvaneció en conversaciones,
posiblemente, personales.

Finalmente los trabajadores y empleados del Consejo Provincial
fueron beneficiados de pagos excesivos en sus remuneraciones.
La Contraloría estableció que el sistema
financiero de la Cámara Provincial no calculó
bien los porcentajes y pago excesivamente en rubros como:
compensación por el incremento del costo de vida y
decimosexto sueldo.

Lo que dice la Ley

Constitución de la República

Art. 233

Inciso tercero

"El Consejo Provincial representará a la provincia y,
además a las atribuciones previstas en la ley,
promoverá y ejecutará obras de alcance provincial
en vialidad, medio
ambiente, riego y manejo de las cuencas hidrográficas
de su jurisdicción. EJECUTARÁ OBRAS EXCLUSIVAMENTE
EN ÁREAS RURALES".

Ley de Régimen Provincial

ARTÍCULO 29.- Son atribuciones y deberes del
Consejo Provincial:

n) Crear escuelas de trabajo, asilos para indigentes, escuelas
para ciegos, centros de educación para
adultos, centros de artesanos, en cuanto disponga de medios
económicos suficientes, en asocio con el Ministerio de
Salud
Pública o en otras instituciones.

f) Construir locales escolares.

La acusación particular es inevitable

Ningún funcionario público está exento de
sus responsabilidades. Así lo dice la Ley y éste
podría ser el principal argumento y este podría ser
el principal argumento para que el Consejo Provincial presente
acusación particular en los cinco procesos
judiciales que se llevan adelante en los tribunales de justicia por
estos casos.

Según Vinicio Escobar, representante de la
Procuraduría General del Estado, el Código
de Procedimiento
Penal señala con claridad que las autoridades del sector
público no pueden renunciar al derecho de presentar la
acusación particular, "por lo tanto están obligados
a no renunciar a ese derecho. Nosotros estaremos vigilantes".

La Cámara provincial tendría noventa días
para efectivizar esta acusación particular, a partir de la
notificación del inicio de la instrucción fiscal. En el
caso del Consejo Provincial eso sucedía hace quince
días.

Escobar señaló además que la
Procuraduría interviene en estos casos debido a que la Ley
le permite "supervisar el curso de los juicios y reclamos que
involucren a las entidades del sector público que tengan
personería jurídica… en defensa del patrimonio
nacional y del interés
público".

Lo que dice la Ley

Código de Procedimiento Penal

La acusación particular

Art. 52.- Ejercicio.-… Podrán también proponer
acusación particular los representantes de los
órganos de control distintos
del Ministerio Público, a quienes la ley faculta para
intervenir como parte de los procesos penales que interesen a los
fines de la institución que representan. La persona
jurídica ofendida podrá acusar por medio de su
representante legal, quien podrá actuar por si mismo o
mediante procurador judicial.

Art. 63.- Renuncia.-… No pueden renunciar a ese derecho…
los representantes de las instituciones del sector
público.

La dieta de los consejeros

Todas las semanas el pleno del consejo provincial sesionaba
para tratar asuntos de la provincia. Antes o después,
según se desprende del Informe de Contraloría,
estas sesiones se convertían en verdaderos festines. La
dieta incluía platos como pollos brosterizados, lomos a la
plancha, ceviches, empanadas chilenas, arroz con camarón,
camarones apanados, arroz marinero, sánduches de
jamón, fritada, tropipollos, ceviches mixtos, entre otros
platillos. Todo esto fue desembolsado de caja chica y el monto es
millonario en sucres.

Más presuntas irregularidades

• Llamadas a celulares por más de 100 millones de
  sucres. No se especifica si son oficiales o personales.

• Contratos de adquisición en Compusystem, por
  más de 640 millones de sucres. La cónyuge del
  propietario de esta empresa es Aída Peralta,
  guardalmacén del consejo provincial.

• Pago excesivo de dietas a los consejeros provinciales en
  más de 125 millones de sucres.

• Desaparición de varias cajas de dinamita.

• El pago de la reparación de un tractor a Nelson
  Páez quien se registra como un tapicero automotriz.
  Según el contrato esta tarea se supone que fue
  realizada en los talleres de la Escuela Politécnica
  Nacional.

• La compra de equipos de radiocomunicación sin que
  se haya tenido una frecuencia. Los equipos fueron incautados
  por miembros del Ejército.

• La compra de repuestos que no encaja con las
  máquinas de la entidad o que no eran utilizados.

ENTREVISTA. Marco Piedra, abogado defensor de Burbano

"Si se pierden repuestos es responsabilidad del bodeguero"

¿El informe de contraloría permitió
abrir la instrucción fiscal?

El informe en ningún momento acusa al Ing. Burbano de
nada. El informe lo que dice es que inicie una indagación
previa, pero en lugar de eso la fiscalía lo que hace es
enviar una instrucción fiscal y los imputa directamente y
pide orden de prisión. Aquí lo que se debió
haber hecho es una indagación previa.

¿No fue ya una indagación el informe de
Contraloría?

La contraloría lo que hace es informar lo que
encuentra. Si el informe de contraloría fuera definitivo
para qué juzgar. La contraloría presenta una
denuncia que está enfocada a que se haga una
indagación previa y no una instrucción fiscal. Hay
presión
política.

¿Contra el fiscal?

Presión política a la fiscalía y a la
presidencia de la corte. Mientras la pezuña de la
política intervenga en la Función Judicial nadie
tendrá seguridad
jurídica, cualquier persona puede ir a prisión.

¿Ustedes han pedido revocatoria de
la orden de prisión?

Nosotros estamos solicitando la revocatoria de la orden de
prisión. En el un caso (adoquines) se dio la fianza, en el
otro caso es idéntico. Lo que corresponde es la
revocatoria de la orden de prisión. En el caso de los
repuestos el prefecto no los compró. Hay un departamento
de Adquisiciones, eso para por una serie de departamentos y las
adquisiciones se realizan de acuerdo a la oferta que se
remitan.

¿Las licencias que se le han dado son
legales?

El prefecto tiene el derecho a que se le conceda las licencias
que la Ley establece. Está defendiéndose de una
injusticia. En el caso de los repuestos él no los compra.
Al Ing. Burbano, llega a su despacho el cheque para
que firme el pago de los repuestos contra-entrega. El repuesto
debió haber entrado al consejo para que se pague y estar
todos los formularios en
regla.

¿Pero tampoco los repuestos nunca
ingresaron?

Los repuestos están ingresados en bodega. La casa
comercial para cobrar el valor tiene que presentar en el
departamento financiero el acta de entrega-recepción de la
mercadería. Si en la bodega se pierde la mercadería
desaparece o hacen lo que quieren, ya es cuestión de
responsabilidad del bodeguero, eso ya no es responsabilidad del
prefecto.

Análisis

La responsabilidad de los consejeros

La problemática del consejo provincial se la
podría dividir en dos partes. Una cosa son las acusaciones
en contra del prefecto, Alfonso Burbano, y otra las inversiones
que desde allí se generan a favor de la provincia. En el
primer caso, Burbano deberá comprobar su inocencia o los
fiscales su culpabilidad.
Aquí no cabe aquella frase tan utilizada de que "la
justicia está politizada" pues de por medio hay un informe
de Contraloría que indica graves presunciones de
responsabilidad. El prefecto durante el proceso de
auditoría y la lectura del
borrador del informe pudo haber descargado responsabilidades
¿por qué no lo hizo?

En el caso de las obras, la situación es diferente. No
es posible que el Consejo Provincial siga invirtiendo en obras
pequeñas o hasta cierto punto clientelares; sillas,
computadoras,
juegos
infantiles y canchas no son obras prioritarias. El escaso
presupuesto de las entidades del sector público debe ser
gastado en proyectos que
generen trabajo y prosperidad, no en dádivas.

Los consejeros deben velar para que esos grandes proyectos se
cumplan y para que las presuntas irregularidades cesen, esa es su
función, para eso están en el Consejo Provincial
para ejercer una acción fiscalizadora. Pero el problema no
es solo de los funcionarios del Estado, lo es también de
nosotros que nos conformamos con pequeñas cosas.
Posiblemente por eso se dio la reelección del Prefecto
Burbano; bien dicen que los pueblos se merecen los gobiernos que
tienen. Es necesario pensar en el futuro y empezar a invertir en
obras significativas en vialidad, riego y fomento de la
agroindustria.

Que lo que vive ahora el Consejo Provincial y su prefecto
sirva para generar correctivos y no crear una imagen de que
"aquí no pasa nada", pues sí pasa y mucho. Los
consejeros tienen la palabra.

SEGUNDA PARTE

Un distributivo sin objetivos

El 6 de mayo del 2003 el prefecto Alfonso Burbano
remitió al gobernador, Froilán Ricaurte, la primera
reforma presupuestaria de este año. En ella se estimaba
una elevación de 8 millones 618 mil dólares, fruto
de la asignación que realiza el gobierno al Consejo
Provincial por diferentes leyes,
¿Cómo se distribuyeron esos recursos?

La reforma establece, en primer lugar, incremento en las
remuneraciones de trabajadores y empleados, "por servicios
prestados en programas y
proyectos de formación de obra pública"
(¿?). Para ello se incrementa las partidas presupuestarias
relacionadas con esos rubros.

Del presupuesto total del consejo provincial estimado en 16
millones 366 mil dólares se dedican dos millones 108 mil
dólares para gasto corriente, es decir, el 12.08%. Esto es
gastos en el personal, pago de servicios, muebles,
vehículos, etc. Ya en la distribución de los recursos la reforma
plantea tres programas: educación y cultura,
transporte y comunicaciones
y servicios sociales. Otro capítulo está destinado
a la conclusión de obras pendientes de años
anteriores.

En cada uno de estos programas el gobernador Ricaurte
realizó algunas observaciones. Por ejemplo en el programa
educación y cultura se plantea la entrega de sillas
plástica, equipos de cómputo, escritorios y la
terminación del área de quirófano del
patronato de amparo social del
consejo provincial de Chimborazo por 14.500 dólares.
Aquí caben dos preguntas ¿son obras educativas de
trascendencia la entrega de sillas plásticas? Y ¿la
Ley le faculta realizar estas inversiones? Otro elemento es que
el distributivo establece costos diferentes
para lo mismo. Por ejemplo, un equipo de cómputo para la
Universidad de
Bolívar y
otro para el jardín de infantes La Libertad de
880 dólares.

Forestación ¿Una excusa para
gastar?

El consejo provincial pretendía gastar 328 mil
dólares en forestación sólo en lo que tiene
que ver a la "formación y adquisición de
plantaciones de años anteriores". Sin embargo, los
beneficiarios son tan difusos y generales que no se alcanza a
entender que éste sea un documento técnico. "Obras"
como la recuperación de bosques andinos se remiten en
catorce ocasiones sin detallar ubicaciones o beneficiario;
"forestación y reforestación", se repite once veces
sin detallar nada. La Brigada Galápagos institución
que trabaja en forestación aparece con un rubro de 50 mil
dólares y a pesar de tener un convenio con esa
institución militar, el consejo provincial establece que
realizará compras de
plantas nativas y
exóticas. Finalmente para ilustrar toda esta
situación a un rubro denominado "forestación y
reforestación", sin detalles se le asigna la cantidad de
24 mil 585 dólares y a "plantaciones" (nuevamente sin
detalles) 28 mil dólares.

Un millón de dólares en el aire

En lo que respecta a turismo, el consejo prioriza
obra como un estudio de marketing
turístico por 3.500 dólares, la
publicación "Chimborazo Gigante" por 10 mil
dólares, un aporte a la Asociación Canina de
Chimborazo por 2 mil dólares y la actualización de
inventario
turístico de la provincia por 15 mil dólares.

Llama la atención que también se incluyan los
estudios para la nueva red de ferrocarril en
Riobamba por 20 mil dólares, cuando sus instalaciones
fueron entregadas por fideicomiso a
la Cámara de
Comercio.

En lo que respecta a vías, el distributivo establece
obras de mejoramiento, pero al final anota "varias obras por
administración directa" por 821 mil 759 dólares y
"varias obras por contrato" por 245 mil 491 dólares. Es
decir, el Consejo en este documento técnico no establece
que en que se gastaría más de un millón de
dólares, dejando entrever la falta de planificación.

El gasto sin plan

Pero el distributivo que el consejo provincial presentó
al gobernador Froilán Ricaurte también tiene otras
imprecisiones. En el rubro que tiene el objetivo de
concluir varias obras en años anteriores se puede leer
varios ítems como, nuevamente, la entrega de computadoras,
de ovinos (borregos) a una asociación en Guamote.
Nuevamente aparece como beneficiario la Asociación de
Empleados del consejo provincial con 5 mil dólares y una
donación a la Universidad Nacional de Loja por 4 mil
dólares al proveerles una data show y una computadora.

La lista es larga y contempla pequeñas obras y entregas
a asociaciones, cooperativas
de taxis, gremios artesanales, colegios profesionales,
comunidades, escuelas, la ESPOCH (organismo que tiene presupuesto
propio) y nuevamente el Riobamba Radio Club. La
pregunta es ¿qué consideraciones se hicieron a la
hora de hacer este distributivo?

De acuerdo al documento remitido por el Consejo Provincial no
se establece prioridades, ni planes. No hay proyectos de gran
envergadura. Con esto el presupuesto se diluía en
pequeños gastos. ¿Qué hay del Plan de Desarrollo
Provincial?

El dinero público en entidades
privadas

En el programa servicios sociales se observan varias obras
como la construcción del alcantarillado pluvial en
la Cooperativa
Caminos del Sol por 17 mil dólares, baterías
sanitarias en la ESPOCH por 7 mil dólares y alcantarillado
de la Fundación Lo Nuestro por 15 mil dólares, en
esta última no se establece qué tipo de programa de
vivienda es.

Cabe recordar que según la constitución el consejo provincial
está impedido de realizar obras en zonas urbanas.
Más adelante se anota las "obras de interés
comunitario", donde se incluye las donaciones del consejo a las
asociaciones y barrios. Aquí se incluye construcciones de
centros de capacitación, el adoquinado de la cooperativa
de vivienda de los trabajadores del consejo provincial, la
construcción de la cancha deportiva y centro de
capacitación de Radio Club Riobamba, (entidad privada sin
fines de lucro), la "terminación y adquisición de
butacas a favor de la UNECH por 20 mil dólares.

Los gremios periodísticos también
fueron beneficiados

En su reforma presupuestaria dos gremios que tienen que ver
con los medios de
comunicación fueron beneficiados. La asociación
ecuatoriana de radiodifusión, AER por 31 mil 400
dólares y la Unión Nacional de Periodistas con 43
mil 613 dólares. UNP tiene otro rubro en la partida "obras
de interés comunitarios" por 20 mil dólares,
recibiendo un total de 63 mil 500 dólares. Esta
institución gremial es dirigida por Diego Moncayo,
director de capacitación del Consejo Provincial.

UNP Terminación y adquisición de butacas
20.000

UNP Cancha de uso múltiple 3.000

UNP Terminación centro de capacitación
38.000

UNP Mobiliario centro de capacitación 2.500

UNP Implementación aula de capacitación
113.08

El mayor salario de la
provincia

El prefecto provincial Alfonso Burbano, ganaba uno de los
mayores salarios de la provincia. Según la reforma
presentada por él mismo, su básico era de 1.800
dólares es decir, que cómodamente percibía
una remuneración de 7.200 dólares mensuales. La
cifra coincide con la proporcionada por el diputado Rodrigo
García en entrevista con este Diario, donde anotó
que Burbano ganaba 8.000 dólares.

Luego de este sueldo, los de mayor importancia son del
procurador síndico y los directores de capacitación
y difusión, administrativo y de planificación. Los
cuatro, según la reforma, tendrían un básico
de 395, 78 dólares. Según los cálculos,
estos directores ganarían la suma de 1.580 dólares
mensuales.

¿Hacía dónde va la provincia?

El Consejo Provincial es una institución eje en el
desarrollo de Chimborazo. Como hemos visto gran parte del
presupuesto se pretende gastarlo en rubros que no están
aún muy claros y en donaciones a asociaciones e
instituciones gremiales, cosa que está en contra de la
Ley. Con estas políticas de gasto nos preguntamos
¿Hacía dónde va el desarrollo de
Chimborazo?

Con esfuerzo, se logró elaborar un plan provincial de
desarrollo, pero este al igual que otros documentos parece
estar destinado al archivo. Los
consejeros, representantes de la sociedad chimboracense en el
consejo deben tener conciencia de su
obligación al defender los dineros del Estado. Existe la
imperiosa necesidad de cambiar la política de gastos al
interior de la cámara provincial. Ellos no pueden evadir
su responsabilidad y tratar solamente esta crisis en el
plano político. Cada consejero deberá defender sus
acciones u omisiones en un momento dado, pero más
allá de eso deben meditar que en sus manos está el
destino de una provincia. El reorientar el gasto
público ahora, en proyectos grandes, es verdaderamente
servir a un pueblo. Abramos una página positiva en ese
sentido.

Lo que dice la Ley

Código Penal

Art. 257.- Serán reprimidos con reclusión mayor
ordinaria de cuatro a ochos años, los servidores de los
organismos y entidades del sector público y toda persona
encargada de un servicio público, que hubiere abusado de
dinero públicos o privados, de efectos que los represente,
piezas, títulos, documentos o efectos mobiliarios que
estuvieren en su poder en
virtud o razón de cargo; ya consista en abuso en desfalco,
malversación, disposición arbitraria o cualquier
otra forma semejante. La pena será de ocho a doce
años si la infracción se refiere a fondos
destinados a la defensa nacional.

Reportaje publicado en Diario La Prensa el 2 y 3 de julio
del 2003

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*CONSEJO PROVINCIAL: Un manejo económico
cuestionado por la Contraloría

Martínez y Burbano los prefectos mejor pagados de la
historia de
Chimborazo.

Un sueldo superior al del Presidente de la
República

Ángel Martínez (PPT) y Alfonso Burbano son
los prefectos mejor pagados en la historia de Chimborazo. De
acuerdo a una comunicación parcial de resultados emitida
por la Contraloría General del Estado el 16 de julio del
2004, institución que realizó una auditoría
financiera en el período comprendido entre el 1 de
septiembre del 2000 al 31 de diciembre del 2003, estos dos
personajes ganaron 7.890,40 dólares mensuales una cifra
superior al que gana el Presidente Lucio Gutiérrez
Borbúa, cuyo sueldo alcanza a 6.400
dólares.

El Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector
Público mediante Resolución Nro. 164 señala
en su artículo 5 que "ningún funcionario, empleado
u obrero del sector público, podrá percibir una
remuneración superior a los límites
que esta resolución señala para el Presidente de la
República". Esta Resolución del CONAREM, que fue
emitida el 18 de marzo del 2003, fue irrespetada por el prefecto
y los consejeros en sesión del 5 de mayo del 2003 cuando
resolvieron fijar el sueldo del Prefecto en 1.800 dólares,
gastos de representación 1.500 dólares y gastos de
residencia a 1.500 dólares con el carácter de retroactivo a partir del
primero de enero del 2003.

La Contraloría determinó que el incremento del
sueldo básico del prefecto afectó directamente a
los gastos de Responsabilidad y Antigüedad, que
también tuvieron su incremento por lo que el sueldo del
Prefecto se incrementó de 5.540,65 a 7.890,40
dólares. Como anteriormente se anotó este suelo fue
aprobado en mayo del 2003, pero tuvo el carácter de
retroactivo desde enero del 2003. Según la
Contraloría la inobservancia de la resolución del
CONAREM ha ocasionado que la remuneración del Prefecto sea
mayor a la del presidente Lucio Gutiérrez, produciendo
egresos adicionales al Consejo Provincial, que inciden
además en el pago de dietas, desde el 1 de marzo hasta el
31 de diciembre del 2003. El ex-prefecto habría cobrado en
exceso $ 7.106,26; el prefecto actual $ 9.991,66 y los consejeros
un total de 23.294.08 dólares.

Burbano: "No estuve de acuerdo"

La inobservancia de esta resolución del CONAREM fue
notificada a los ex-prefectos Alfonso Burbano y Ángel
Martínez a fin de que justifiquen estos egresos. El
único que contestó fue el prefecto Burbano quien
señala que efectivamente el Consejo Provincial
trató ese tema en sesión del 5 de mayo del 2003,
"en el momento de tratar el punto de revisar los emolumentos del
prefecto, el suscrito se retiró por delicadeza y por no
estar de acuerdo". Burbano continúa: "El señor
Vicepresidente Doctor Ángel Martínez, fue quien
dirigió esa parte de la sesión aspecto que se puede
comprobar con las actas o cintas magnetofónicas de lo
manifestado". Burbano dice que mientras ejerció esa
función nunca inobservó la resolución del
CONAREM, "lo que haya sucedido después desconozco y no es
de mi responsabilidad". En efecto la Contraloría
revisó la cinta magnetofónica y quien
presidió esa sesión de aumento de sueldo fue el
vicepresidente, Ángel Martínez Luna.

El consejero Estuardo Gavilánez, negó que el
Consejo haya aprobado el sueldo del Prefecto, aunque
admitió que este organismo tiene la facultad de aprobar el
sueldo básico del prefecto provincial , "depende de los
títulos, años de trabajo para que suba su sueldo".
Este hecho dejaría a entrever que los consejeros, mediante
resolución, pueden incrementar sus dietas, pues
según el propio Gavilánez éstas se fijan
tomando en cuenta el 25% de la remuneración del prefecto,
"esa es una ley que esta en vigencia desde 1988".
Gavilánez negó que se haya incrementado los gastos
de representación y gastos de residencia del Prefecto por
un total de 3 mil dólares mensuales, tal como lo
señala la Contraloría.

Finalmente el director de la Regional VI de la
Contraloría, Mario Ríos, señaló que
desde que se reglamentó este tema, el prefecto ya
está ganando menos que el presidente de la
República. Esta afirmación fue corroborada por
Ángel Martínez, quien manifestó: "una vez
admitido el Registro Oficial
que contempla el límite máximo que debe percibir un
servidor
público que es 6.400 dólares como el sueldo del Sr.
presidente de la república, se procedió a ajustarse
a la normativa legal para el sueldo del Sr. prefecto".
Según Martínez la ley de homologación
salarial entró recién en vigencia a partir del
2004.

Más gastos de representación sin sustento
legal

El diez de noviembre y ocho de diciembre del 2003,
respectivamente, fue discutido y aprobado, el Reglamento sobre
gastos de Representación de los consejeros provinciales.
En el artículo 2 de ese reglamento se indica que los
gastos de representación se pagarán mensualmente y
asciende a la suma de 500 dólares, siempre y cuando
asistan a por lo menos cuatro sesiones ordinarias al mes.

Analizado el tema la Contraloría determinó que
dicho incremento no tenía un sustento legal, pues en el
artículo 21 de la Ley Orgánica de Régimen
Provincial preceptúa que la función de Consejero es
gratuita y obligatoria. Sin embargo, el consejero Estuardo
Gavilánez, (PSC) no esta de acuerdo con ese
artículo, "la actividad no es gratuita desde hace algunos
años atrás. Hay una ley aprobada en 1988 que fija
las dietas de los concejales y consejeros y corresponderá
al 25% de las remuneraciones del prefecto o alcalde". En esa
misma ley, en el artículo 22, literal b) del citado cuerpo
legal se prohíbe al prefecto provincial y a los consejeros
percibir, directa o indirectamente, cantidad alguna de los fondos
de la Corporación, en cualquier forma que sea, excepto en
lo referente a viáticos, gastos de representación y
de viaje, que señale el Consejo, de acuerdo con las
circunstancias".

El procurador general del estado el 13 de julio del 2002
señala que "estimo que los consejeros provinciales pueden
percibir, por excepción, los valores que
corresponden por gastos de representación, viáticos
y de viaje". Por lo tanto no justificaría establecer una
cantidad fija mensual por conceptos de gastos de
representación y de viaje. El consejo provincial por este
rubro egresó, desde mayo a diciembre del 2003 un total de
23.500 dólares.

El consejero Marcelo Villalva, (PK) quien por este rubro
cobró un total de 4.000 dólares, admite que
pudieron haber existido errores, "puede existir alguna falla al
fijar una cantidad mensual, pueden haber suficientes argumentos".
Villalva señala que la Constitución dice "que
ningún ciudadano puede ser obligado a realizar un trabajo
gratuito o forzoso". El consejero argumenta que los viajes a
cantones y parroquias tienen que ser pagados, "esto sí
justifica e incluso hay una jurisprudencia
sobre el tema".

Villalva señaló que la Contraloría les ha
pedido que deroguen ese Reglamento, "no vamos a devolver esos
recursos".

Por su parte Ángel Martínez apela a la
autonomía de los consejos provinciales para haber
reglamentado este pago. Agrega además que con esta
normativa se está "evitando así los trámites
burocráticos para que en este consejo no se elabore
diariamente delegaciones, representaciones, etc. donde se
aumentaría el costo horas-hombre en la
elaboración de unos doscientos documentos ya que la labor
del consejo es de lunes a domingo…".

Un bono que no debió ser cobrado por el
Prefecto

El día del Servidor Provincial es muy especial para los
empleados y trabajadores del consejo provincial. Ese día
reciben un bono que solamente puede ser percibido por empleados y
funcionarios a nombramiento y a contrato, que trabajen a tiempo
completo y que estén amparados en la Ley de Servicio Civil
y Carrera Administrativa. Sin embargo, el ex-prefecto Alfonso
Burbano y el actual aspirante a la reelección,
Ángel Martínez, quienes no estarían
amparados por la Ley de Servicio Civil cobraron este bono.
Burbano lo hizo en los años 2000, 2001 y 2002, cobrando
las siguientes cantidades : 475.20; 1.650 y 5.540,65
dólares respectivamente. Martínez cobró el
valor del 2003, es decir 3.696,60 dólares.

Al respecto Alfonso Burbano apeló a la autonomía
del consejo provincial para dictar normas propias.
Agrega que "el prefecto al ser elegido por votación
popular posee nombramiento a tiempo fijo por cuatro años,
gana sueldo fijado en el presupuesto de acuerdo con disposiciones
legales". Más adelante señala que "se demuestra con
claridad que el Prefecto es un servidor provincial –aunque
no de carrera –con funciones definidas, con nombramiento a
tiempo fijo y posesionado legalmente… lo cual implica que tiene
derecho a beneficios de Ley como todo servidor, sea funcionario o
empleado".

Ángel Martínez Luna tuvo una respuesta similar a
la de Burbano. Los empleados reciben viáticos para acudir
a sus juegos.

El dinero del Consejo Provincial invertido en eventos
gremiales

"Comisiones de Servicio y pagos de viáticos fuera de la
Ley". Eso es lo que la Contraloría determinó en
algunos trámites administrativos destinados a pagar
viáticos para los empleados y trabajadores que
acudían a sus juegos deportivos nacionales. La
Federación Nacional de Asociaciones de Empleados de los
Consejos Provinciales, FENACOPE, año a año realiza
sus juegos nacionales y en Chimborazo la participación de
los delegados es pagada con el dinero del Consejo Provincial.

En los años 2001 y 2002 el desembolso de
viáticos fue autorizado por Alfonso Burbano Arauz,
mientras que en el 2003 lo fue por Ángel Martínez
Luna. Pero estos egresos también fueron autorizados por
unanimidad por todos los consejeros, quienes mediante
resoluciones Nro. 134-2001-SG y 0200-2002-SG autorizaron egresos
para "cubrir movilización, alimentación y
estadía durante los días 25 al 27 de abril del 2001
para El Oro y del 4 al
6 de julio del 2002 para Tungurahua". Ahí se entregaron
viáticos por un total de 12.445 dólares.

El 16 de junio del 2003 el Sindicato de
Obreros de Morona Santiago realizó una invitación a
su similar de Chimborazo a participar en una jornada deportiva en
varias disciplinas en Macas. La actividad fue autorizada por el
prefecto Ángel Martínez, "declarando en
comisión de servicios a la delegación", los
días 16,17 y 18 de julio del 2003. Esta
autorización también se hizo extensiva para los
viáticos requeridos por un total de 1.750
dólares.

El 3 de julio del 2003 nuevamente se solicitó la
representación deportiva de los empleados. Esta vez el
presidente de la FENACOPE solicitó la
representación para una jornada deportiva a realizarse en
Loja del 13 al 15 de agosto del 2003. Nuevamente el prefecto
Martínez y el consejo en pleno resolvió aprobar
"comisión de servicios" y "pago de viáticos" por un
total de 4.350 dólares. El total de viáticos, en
estas cuatro "jornadas deportivas" asciende a 18.545
dólares. La Contraloría considera que todos estos
actos son improcedentes pues "no se cumplió tareas
específicas inherentes a su función y de
carácter oficial". Al respecto Alfonso Burbano
justificó esos gastos pues en esas jornadas deportivas se
realizaban sesiones de trabajo de la CONCOPE "para dar más
brillantez al evento… Estas ayudas entregadas a los empleados
para que asistan a las jornadas deportivas se han hecho
vía presupuesto institucional y por muchos años,
por lo que se ha constituido en UN DERECHO ADQUIRIDO"

ENTREVISTA. Mario Ríos, director de la Regional
VI de Contraloría.

"Los consejeros deben percibir únicamente
dietas"

¿El sueldo del prefecto es mayor que el del
presidente de la república?

Desde que salió la reglamentación el prefecto
está ganando menos que el Sr. presidente de la
república. Está regulado y corregido eso.

¿Hay gastos de representación de los
consejeros objetados por el presidente de la
república?

La Ley en ese sentido es muy práctica. Por mandato
legal está dicho qué es lo que tienen que percibir
por mandato legal los señores consejeros. Nuestra
función es observar si no se ha cumplido y sí
están fuera del contexto legal revelarlo en los informes.

¿Qué es lo que tienen que percibir los
consejeros?

En la ley dice que los consejeros percibirán
únicamente dietas.

¿Y si han recibido otros dineros, tienen que
devolver?

Eso la contraloría general del estado, en el
departamento de responsabilidades determinará las
responsabilidades del caso.

¿Es válido que el dinero del consejo
provincial se haya invertido en instituciones privadas?

Al respecto la contraloría lo que está
observando es que los dineros del estado sean manejados
correctamente. En este sentido los dineros que hayan sido
canalizados a entidades públicas y privadas hayan cumplido
con el objeto para los cuales fueron asignados.

¿Se han tomado en cuenta las recomendaciones dejadas
anteriormente por la Contraloría?

Hemos terminado las labores de campo de la auditoría
financiera del Consejo Provincial. Varias recomendaciones de los
informes de auditorías anteriores no se han dado,
lastimosamente, cumplimiento. Estamos dejando de nuevo esas
recomendaciones para que sean cumplidas. De esta auditoría
estamos dejando otras recomendaciones.

¿Cómo que hay un vacío legal para
hacer cumplir esas recomendaciones?

La contraloría general del estado emite las
recomendaciones y estas tienen el carácter de fuerza legal.
Si no las cumplen las sanciones administrativas son de 1 a 10
remuneraciones unificadas. Por ejemplo, si un funcionario gana
1000 dólares su sanción será de 10.000
dólares. De persistir estas irregularidades y afectar a la
buena marcha de la institución, hoy tenemos la facultad de
destituir al funcionario.

Un millón 326 mil dólares sin
fiscalización

La contraloría general del estado en su informe de
resultados parciales determinó que un millón
326.767,71 dólares fueron entregados por el consejo
provincial sin que de por medio haya existido un proceso de
fiscalización o la suscripción de actas de
cumplimiento. Según se explica en el documento el consejo
provincial entregó dineros, vía convenios "en la
mayoría de los casos la jefa de adquisiciones del consejo
ha tramitado la compra de bienes de larga duración y
materiales,
entregando a los beneficiarios la autorización para
retiro… observamos que los convenios no han sido objetos de
fiscalización".

La Contraloría suma deficiencias: "falta observación y análisis de los objetivos que
persiguen los beneficiarios por parte de los técnicos del
consejo que preparan las bases, pues los informes, en la
mayoría de los casos, no reflejan la satisfacción o
atención de una necesidad de uso público sino el
incremento del patrimonio de gremios de carácter privado".
Entre los beneficiarios privados de estos recursos están
la Cooperativa de Volquetes El Progreso, equipos de
cómputo para el Colegio de Agrónomos Profesionales,
máquinas industriales a personas que no se
encuentran agrupadas o formando academias artesanales, entre
otros.

El consejero Marcelo Villalva, aduce que no es la
función de los consejeros verificar estas inversiones, "si
la obra está mal hecha eso si tenemos que llamar la
atención al prefecto y a sus directores departamentales.
Ellos tienen que justificar. Cierto es que pueden haber fallas
humanas". Ángel Martínez al respecto señala
que esta cifra corresponde a un resultado parcial de
Contraloría, "al cierre del examen consta como
recomendación para que el consejo fiscalice
oportunamente".

253 mil dólares sin justificativos

253.116,05 dólares no han sido justificados hasta el
momento por funcionarios del consejo provincial de Chimborazo. La
contraloría determinó que no existe respaldo
documental que justifique esos egresos.

El 1 de julio de este año, la contraloría
detectó que el egreso de 292.920 dólares no
tenía los justificativos pertinentes por lo que
pidió a las autoridades y funcionarios la
documentación para que justifiquen estos egresos. Como
respuesta recibió documentación que
respaldaría 39.804 dólares faltando por definir el
destino de 253.116 dólares, ¿Dónde esta ese
dinero?

La Contraloría también analizó el rubro
"Anticipo de Fondos" en donde se detectó que el consejo
provincial entregó 74.208,38 dólares a diferentes
contratistas, "que no han sido devengados". Los plazos de
cumplimientos de obra se finiquitaron en meses y años
anteriores en relación a la fecha de corte de cuenta de
auditoría, "sin que se dispongan de garantías que
permitan la recuperación de estos valores". La
Contraloría preguntó sobre estos contratos a la
Dirección de Obras Públicas,
Financiera y Asesoría Jurídica, sin que hasta el
momento haya una respuesta por parte de las dos últimas.
Obras Públicas del consejo provincial señaló
que: "Dejamos constancia que existen actas legalizadas a la fecha
es por que los contratistas no se acercaban a presentar la
documentación corregida y/o visitar la obra en campo para
tomar los datos que
permitan legalizar el Acta de Entrega Recepción entre las
partes". Según esta comunicación la
Contraloría observó que "no hubo seguimiento de
algunas obras, lo que ocasionó la tardanza para liquidar
los contratos".

El dinero de dos convenios sin explicación

Ha sido público que varios municipios de Chimborazo
firmaron convenios de cooperación con el consejo
provincial. Colta y Penipe, suscribieron acuerdos para la
ejecución de obras por un monto de 38 mil y 59 mil
dólares, respectivamente. Según los auditores de
contraloría dichos dineros y convenios jamás fueron
fiscalizados por los técnicos responsables de hacerlo, "no
existe ningún documento que pruebe el seguimiento
realizado a los dineros entregados y a la ejecución de las
obras objetos de los convenios".

El consejo provincial en oficios enviados el 10 de mayo y el
21 de junio del 2004 solicitó se presente un informe del
estado en que se encuentran las obras objeto de los convenios y
los documentos que demuestren su ejecución, sin que hasta
julio del 2004 haya una respuesta.

Los dineros del consejo provincial en instituciones
privadas

A 7.632 dólares alcanza la cifra entregada por el
consejo provincial de Chimborazo en auspicios para la
realización de eventos particulares como el II Encuentro
Nacional de Periodistas del Ecuador, el
cincuentenario de la Unión Nacional de Periodistas, 250
banderines para el Club Deportivo Politécnica.
Según la Contraloría el consejo entregó
estos recursos basándose únicamente en oficios
enviados por los directivos de las entidades beneficiadas, "sin
suscribir convenio de cooperación en el que se detalle la
participación y obligación de las partes o la
determinación de que constituye actividad relacionada con
la gestión
de la Entidad".

Pero eso no es todo. De otras partidas presupuestarias como
"Obras de Infraestructura" y "Obras a concluirse en años
anteriores" la prefectura como ordenadora de gastos y la
dirección financiera como ordenadora de pagos, han hecho
realidad pagos por 15.987 dólares por varios eventos como
el transporte de funcionarios al congreso, actuaciones
artísticas del Trío Antología en eventos
como la posesión de la Sociedad Médica en Sibambe,
arreglos florales, donaciones en equipos de cómputo para
el Colegio de Ingenieros Zootecnistas, institución que fue
encabezada por el consejero Estuardo Gavilánez, entrega de
uniformes deportivos, incluidas zapatillas para los servidores
del consejo provincial, entre otros. La contraloría
señala que estas entregas "no tienen ninguna
relación con la obra o el servicio público que
realiza el Consejo".

El consejero Estuardo Gavilánez señaló
que esos gastos son legales e incluso pasaron por el Tribunal
Constitucional, "si hubiera estado al margen de la Ley de
Régimen Provincial el Tribunal no hubiera aprobado el
presupuesto que ahora estamos ejecutando". No es un delito apoyar
a las instituciones públicas con carácter educativo
como tienen los colegios profesionales".

Villalva dice que todos tiene derecho a recibir esas ayudas,
"acaso no son ecuatorianos o chimboracenses… que los taxistas,
los peluqueros le digan a la Contraloría si somos
chmboracenses o no o si somos iguales ante la Constitución
o no".

Ángel Martínez señaló que el
Tribunal Constitucional luego de un análisis y estudio
dictaminó que el consejo sí está facultado
para hacer esas obras y que no existen perjuicio económico
pues son obras civiles, tangibles, factibles de
constatación. Cabe recordar que la votación en el
Tribunal Constitucional, (TC) fue dividida. Luis Herrería
Bonnet, uno de los magistrados del TC en entrevista, en esa
época señaló su inconformidad con esos
gastos.

Obras que no cumplen con objetivo institucional

A pesar de que el consejo provincial ha entregado recursos a
las entidades privadas, los auditores de la contraloría,
en una constatación física determinaron
que algunas de esas inversiones no cumplen con el fin
institucional.

Por ejemplo; fue firmado un contrato para la
"adecuación y construcción del segundo piso del
Centro de Capacitación de la Unión de Taxistas de
Chimborazo", sin embargo se construyó una losa. El
fiscalizador justificó el cambio "por cuanto las bases
existentes no soportaban un piso alto". La obra, según los
auditores, se encuentra abandonada desde abril del 2002, sin
brindar beneficio alguno. Lo mismo sucedería con el
Paradero Turístico Ozogoche, "el cual se encuentra a nivel
de cimentación y paredes".

Por otra parte asociaciones como la de Quimianos Residentes en
Riobamba y Cooperativa 4 de julio de Chunchi solicitaron la
construcción de cerramientos para posteriormente construir
sus centros de capacitación, cosa que jamás
sucedió. Esas obras se encuentran abandonadas.

Tres contratos fueron firmados para el Centro de
Capacitación de la Asociación de Peluqueros y
Anexos de Chimborazo por un monto total de 18.498 dólares
para la construcción de su segunda planta. La
Contraloría determina que "se aprobó en el
presupuesto obras parciales sin un ordenamiento o
planificación técnica o en su defecto no se
consideró un solo contrato".

Otra cosa que llama la atención es la
suscripción de contratos para la construcción de
bóvedas para la Asociación de Jubilados
Pensionistas de Guamote y el Club de Militares y Policías
Retirados de Riobamba, "obras que no corresponden a las
atribuciones, fines y deberes de la Cámara".
También se cuestiona el gasto de dinero en obras para la
Hermandad del Señor de la Agonía de
Yaruquíes y un cerramiento de hierro para la
Cooperativa de Transportes Alausí donde, según los
constataron los auditores, funciona una lavadora de carros, un
área deportiva y un aula para reuniones.

Contratos de forestación cuestionados

El 2 de enero del 2002 el consejo emitió la
Resolución Nro. 008-2002-SG para la contratación de
tutores y así impulsar el proyecto de
Recuperación de Bosques Andinos en la provincia de
Chimborazo. En julio de ese año fueron contratados cinco
egresados de la Facultad de Recursos
Naturales de la ESPOCH por un total de 24.436 dólares.
El contrato con los tutores comprendía la producción y entrega de plantas, cuidado,
mantenimiento,
manejo de viveros forestales y capacitación a los
comuneros beneficiados. El plazo para el cumplimiento del trabajo
era de un año, sin embargo, luego de más de dos
años la contraloría determinó que los
trabajos han sido cumplidos en un 75%. Según la
observación, la fiscalización por parte de la
dirección de planificación del consejo provincial
"no ha sido llevada a efecto en los términos
contractuales, puesto que no hay informes escritos".

Otras observaciones de Contraloría

• El Reglamento para el funcionamiento de Comités de
  Contratación no han sido elaborados de acuerdo a
  estipulaciones legales.

• No se han practicado evaluaciones presupuestarias.

• Sistema de cómputo utilizado para procesar
  contabilidad no está integrada con la
  información de bodega.

• Inobservancia de normas técnicas de
  contabilidad.

• No se cumplen recomendaciones emitidas por
  Contraloría.

• Deficiencias en el funcionamiento de caja chica.

• Retraso en la elaboración de conciliaciones
  bancarias.

• Saldos de cuentas no resueltos por más de cinco
  años.

• Falta de suscripción de actas de
  entrega-recepción de bienes de consumo y de larga
  duración.

• Proformas para trámites de adquisiciones no
  reúnen requisitos básicos.

• Bienes inservibles no dados de baja.

Análisis

Nuevamente el consejo provincial es observado por la
Contraloría General del Estado y posiblemente por los
mismos vicios institucionales que fueron anotados en informes
anteriores emitidos por ese organismo de control.

Las observaciones técnicas que hace la
contraloría nos llevan a una sola conclusión: el
dinero de los contribuyentes no debe ser gastado en obras que no
beneficien a la comunidad como
viáticos para juegos y otras actividades ajenas a los
objetivos que tiene el consejo provincial, ¿es que acaso
nos sobra dinero?

Todos los organismos del Estado se quejan de la falta de
recursos. Si eso es verdad el prefecto y los consejeros
deberían ser muy celosos a la hora de gastar nuestro
dinero. Por mandato de la ley y por sentido común el
consejo provincial tiene que gastar en obras de regadío,
saneamiento ambiental, educación y salud y no en cosas vanas
como los juegos gremiales o reuniones solemnes. Al parecer el
presupuesto institucional nuevamente tiene un tratamiento
clientelar y eso es antitécnico, antieconómico y
ahonda aún más el atraso que tiene la
provincia.

Por otro lado a los gremios y asociaciones se les debe pedir
que cada quien asuma con sus gastos y que el consejo se ocupe de
lo importante, ¡Si los socios de esas entidades privadas no
pueden financiar sus reuniones qué clase de asociaciones o
colegios son!.

Así mismo, la actuación de los consejeros que
están en funciones o de candidatos, está en duda.
Ellos están para fiscalizar y legislar no para entregar
bienes a asociaciones y poner su visto bueno en gastos
superfluos. Sino cumplen su función es mejor que no
estén ahí pues, como hemos visto, su
actuación en las reuniones del consejo tienen un alto
precio.

Muchos de los involucrados en este reportaje dirán que
empezó la campaña sucia. La confrontación de
fuentes y la revisión de documentos son condiciones
básicas en la actividad periodística. Pedimos la
opinión de los involucrados y en la mayoría de los
casos la obtuvimos. Nuestra obligación es revelar los
hechos, el lector sabrá cómo los interpreta.

Cabe preguntarse hasta cuando el consejo provincial de
Chimborazo hará caso omiso de lo que sugiere la
contraloría general del estado, un organismo de control
respetable en el país que hace su trabajo pero que, como
vemos, no puede obligar a las entidades a cumplir con sus
recomendaciones. Al parecer hace falta cubrir ese vacío
legal. Pero como no todo es malo hay que reconocer que el actual
prefecto, Fernando Guevara, hace serios intentos por ejecutar,
por fin, el Plan de Desarrollo Provincial, ese es un buen augurio
en la cámara.

Finalmente, frente a las puertas de un proceso electoral vale
la pena meditar nuestro voto en forma objetiva, es decir, por los
hechos y no las palabras. Por las acciones administrativas y no
los ofrecimientos de que "ahora si vamos a mejorar a nuestra
provincia".

Ley de Régimen Provincial

Art. 3

Corresponde a los consejos provinciales:

b) Prestar servicios
públicos de interés provincial directamente o
en colaboración con los organismos del estado o de las
municipalidades.

c) Realizar obras públicas de carácter
provincial e interprovincial.

d) Coordinar la acción de las municipalidades de la
provincia, para fines de progreso común.

e) Procurar el cabal cumplimiento y ejercicio de los servicios
y de las obras públicas que se realicen en la
provincia.

Reportaje publicado en Diario La Prensa de Riobamba el 13
de octubre del 2004.

EERSA: Muchas Preguntas sin respuesta

Los dueños de la Empresa

"La Empresa Eléctrica es nuestra". Cuantas veces
hemos escuchado esta frase por parte de políticos,
trabajadores y administradores. Pero ¿hasta dónde
ejercemos nuestro derecho de ser propietarios? Este Diario
intentó conocer cifras reales de la actual
administración, pero solamente recibimos respuestas a
medias. Por ejemplo, Nicolás Alvear, gerente de la EERSA,
afirmó que el año anterior se tuvo pérdidas
del 17%, cuando una tabla del Consejo Nacional de
Electrificación, CONELEC, señalaba que en el 2002,
sólo en el primer semestre, este porcentaje alcanzó
el 15.47%.

Ya en el 2001 fue de 18.31%. La tendencia en los
últimos tres años es al alza, aunque el gerente lo
niegue y diga todo lo contrario. Cifras como estas son las que no
se informan a los verdaderos propietarios de la EERSA: NOSOTROS,
quienes mes a mes pagamos una más alta que Quito y
Guayaquil, la razón: No se sabe.

Tema aparte es la generación. Desde 1997 no se han
construido nuevas centrales hidroeléctricas. Según
algunos consultados la ley no lo permitiría, si primero no
hay la división de la empresa en generadora y
distribuidora, ¿Pero no es más importante nuestras
necesidades que la propia Ley?, ¿A quién le
disgustaría que invirtamos en generación? Mientras
la provincia no se abastezca de energía producida por
centrales hidroeléctricas seguiremos consumiendo
energía mucho más cara proveniente de las
termoeléctricas, el mercado ocasional
así lo establece.

Este cuadro se completa cuando los trabajadores se apresta a
iniciar un paro de actividades. Los reclamos pueden ser justos,
pero como siempre los que salimos perdiendo somos los
dueños de la Empresa. Todos intervienen en nuestra Empresa
menos nosotros: LOS DUEÑOS.

¿Cómo se calcula el precio de la
energía?

Tres organismos, en diferentes etapas, establecen el costo de
la energía: El Consejo Nacional de Control de
Energía, CENACE; el Consejo Nacional de
Electrificación, CONELEC y las empresas eléctricas,
en nuestro caso la EERSA. El CONELEC y el CENACE establecen los
costos de transmisión. Por ejemplo, el Proyecto
Hidroeléctrico Paute a las subestaciones de la EERSA.

Por último las empresas eléctricas establecen
los que se conoce como Valor Agregado de Distribución,
VAD, donde se toma en cuenta la subtransmisión, la
transmisión de media y baja tensión, la comercialización y los gastos
administrativos.

Según una fuente de la EERSA el cálculo
del VAD se hace como si todos los equipos y las redes de transmisión
fueran nuevos, cuando en realidad se trata de una red que ha
cumplido su vida útil. El VAD debe tener el visto bueno
del CONELEC.

Las pérdidas tienden a subir

Parámetros técnicos señalan que las
pérdidas en una empresa eléctrica no deben superar
el 10%. En la EERSA estas "pérdidas" ascienden, en el
año 2002, al 17,38 %. Cada empresa eléctrica del
país tiene un rango de pérdidas técnicas que
son normales en el negocio, en el caso de la EERSA éstas
son del 9.10%.

También existen las pérdidas no técnicas
que están asociadas a la eficiencia en los diferentes
procesos de lectura,
facturación y cobros; afectadas, en gran medida por los
hurtos o robos de energía. En la Eléctrica Riobamba
estas pérdidas son del 6.36 %, cuando el límite es
del 3.22 %, es decir, casi se duplica el rango aceptable. Todo es
provocado por una ineficiencia en el control de la
distribución de energía.

De acuerdo a datos proporcionados por funcionarios de la
Empresa, las pérdidas técnicas, que son normales de
cualquier institución de este tipo, son del 7%. A esto hay
que sumar una pérdida (negra) por robos del 10%, un
porcentaje, que se dice, tiende a subir. Según Alvear
estos rangos son "aceptables". Sin embargo este porcentaje (17%)
es dudoso debido a que sólo en el primer semestre del 2002
el CONELEC registra pérdidas del 15.47%.

Respecto a este tema no se ha hecho mucho. Apenas 5 personas
estarían enjuiciadas por robar energía y los
procesos estarían semiparalizados. Mientras eso sucede un
crecimiento desproporcionado y la falta de control
provocaría más robos. Al final quienes pagan todo
esto son los consumidores quienes mes a mes pagan las planillas
sin derecho a reclamo.

El desfase tarifario no es pagado por el Gobierno

Como anotamos el kilovatio / hora es más caro en el
sistema
interconectado que en las empresas eléctricas. Ahí
hay un desfase que el gobierno intenta corregir mediante "el
sinceramiento de las tarifas". Cada mes hay un incremento en las
planillas. Además este "déficit tarifario" fue
reconocido por el gobierno mediante los decretos 1311 y
2048ª. Así el Estado debe a la EERSA dos millones 870
mil dólares por pago de este déficit. Alvear al ser
consultado sobre la forma de cómo cobrar dijo: ¿Esa
es la pregunta del millón, el Estado no cuenta con
dinero?

Análisis

Luz cara y un sistema a punto de colapsar

La luz es un negocio
y la EERSA es una empresa que debe ganar dinero por vender
energía
eléctrica. Todos nuestros consultados, a
excepción del gerente de la EERSA, Nicolás Alvear,
coinciden en señalar que pagamos una de las tarifas
más altas del mercado nacional. Según datos
proporcionados por la gerencia, el Sistema Nacional
Interconectado, que es el mercado mayorista de energía en
el país, nos vendería a 11 centavos el kilovatio /
Hora (Kw/h), a su vez la EERSA distribuye a los consumidores a un
promedio del 9.21 centavos el Kw/h, es decir la EERSA vende
más barato de lo que compra . ¿Cómo explicar
que ante esto haya ganancias? Según el gerente de la EERSA
las utilidades se explican porque nosotros contamos con
generación propia. En efecto los proyectos
hidroeléctricos Alao, Nízag y Río Blanco
producen en promedio, el 56% de todo lo que consume Chimborazo.
Esta energía producida por los tres proyectos ingresa al
sistema interconectado pero obligatoriamente debe ingresar a
nuestra provincia.

Algunos hechos motivarían que la energía
eléctrica sea más cara en Chimborazo. La primera es
que la política tarifaria del Consejo Nacional de
Electrificación CONELEC señala que quienes consumen
menos de 60 Kw/h son beneficiados por un subsidio, el cual es
pagado por los que rebasan ese límite. Por su
distribución poblacional un 60% de consumidores se
encuentra en el sector rural y son quienes menos consumen
energía, por tanto ellos son subsidiados. El restante 40%
(preferentemente población urbana) paga ese subsidio que de
paso, se señala, no es muy representativo.

Otro factor es el incremento que todos los meses se da en el
sector eléctrico. Según el gobierno hasta octubre
del 2003 las tarifas en el sistema eléctrico deben tener
"precios
reales" por ello mes a mes se incrementa 1.64% por cada 50 Kw/h
de consumo, en el
sector residencial. Es decir, si usted consume 200 Kw/h al mes
tendría un incremento total de 6.56%, éste es el
llamado "incremento acumulativo" y la razón de que muchos
ciudadanos se admiren al momento de pagar la luz.

Un tercer motivo, para que la EERSA tenga utilidades, es su
bajo nivel de inversión en la renovación de su red
eléctrica. Una fuente de la Empresa, que prefirió
omitir su nombre, fue tajante: "el sistema está a punto de
colapsar". Las redes de la mayoría de la provincia han
concluido con su vida útil y la Empresa no ha hecho nada
para cambiar esta situación. Aquí se
explicarían dos cosas: los continuos cortes de
energía y el incremento de llamadas pérdidas
técnicas. Usar redes caducas sin inversión provoca
utilidades para la Empresa, pero mayores pérdidas de
energía que al final son pagadas por los consumidores.

Mientras esto sucede en el sector residencial las tarifas en
el sector comercial e industrial permanecen congeladas. En otra
resolución el CONELEC decidió descontar un 20% a
aquellas industrias que
consuman energía de 22h00 a 6h00 para propiciar el consumo
en horas no pico.

*Costo para el sector residencial en centavos de dólar
por Kilovatio/hora.

FUENTE: CONELEC

SEGUNDA PARTE

Una "papa
caliente"

El "nuevo" edificio de la EERSA está en centro de la
polémica. Esta estructura
ubicada en las calles Juan Larrea y Primera Constituyente fue
construida en los años 70 para albergar al Banco Popular.
Pasó a manos de la EERSA, institución que
canjeó 887 mil dólares en certificados de
depósito reprogramables, CDR`s por la estructura. Los
CDR´s fueron otorgados a la EERSA debido a que esta
institución tuvo el dinero depositado el Bancomex, un
banco que sucumbió en la crisis bancaria durante el
gobierno de Jamil Mahuad.

Según Nicolás Alvear, la compra del edificio fue
beneficiosa para EERSA, pues se recuperó el dinero de la
banca cerrada y
además por el costo. "En papeles del Banco Popular el
edifico estaba avaluado en 1 millón 300 mil
dólares". Alvear señala que en la
remodelación se habrían gastado de promedio de 200
mil dólares.

Para Wilson Lozano, ex-gerente de la EERSA, las cifras no
concuerdan. Primero: el depósito de 28 mil millones de
sucres en el Bancomex, al cambio de ese entonces, unos 4 millones
de dólares. Segundo: Lozano dice tener conocimiento
que se gastó unos 340 mil dólares en la
remodelación, él se pregunta: ¿Con ese
dinero y los CDR´s no era mejor emprender en la
construcción del proyecto Molobog?.

Polémica aparte es el proceso de remodelación.
Esta obra se declaró en emergencia y por eso se
habría ejecutado mediante un contrato directo sin un
concurso de precios y ofertas.

Respecto al edifico de las calles García Moreno y 10 de
Agosto la Junta de Accionistas no ha decidido qué hacer.
Hay dos alternativas: venderlo o alquilarlo. Hay cuestionamientos
en la funcionalidad del edificio. Los funcionarios comentan que
el edifico fue hecho para que ahí funcione un banco. Se
preguntan: ¿No hubiera sido mejor construir un nuevo
edificio de acuerdo a las necesidades de la empresa?

Bancomex un banco escogido a dedo

Abraham Romero, cuando era alcalde de Riobamba criticó
el depósito que Alvear realizó en el Bancomex.
Señaló que los dineros de la Empresa no
debían ser concentrados en un solo banco, un criterio
compartido por quienes saben de administración.

Alvear se defiende diciendo que, según la Ley,
él no estaba obligado de recurrir a la banca estatal.
Además no concentró los depósitos de la
EERSA en Bancomex, "distribuí el dinero en dos bancos de la
Costa y dos de la Sierra".

Lozano agrega que el procedimiento es inusual. Dice que se
debía proceder a una subasta de capitales y otorgar el
dinero a los bancos que paguen un mejor interés, "en mi
época llamábamos a concurso en sobre cerrado y
depositábamos en los bancos que nos pagaban mejor". Para
eso también se tomaba en cuenta el nivel de confiabilidad
del banco, es decir, se realizaba un análisis de riesgo. En
conclusión, para muchos, el canje del edificio por la
deuda de Bancomex es una "papa caliente"que el actual gerente
dejó de tener en sus manos.

Los proyectos pendientes

En el año 1997el proyecto hidroeléctrico
Río Blanco (3 megavatios) era inaugurado por la EERSA ese
fue el último hito de generación eléctrica
en Chimborazo. Río Blanco, Nízag y Alao producen en
conjunto aproximadamente el 56% de todo lo que se consume en la
provincia.

Dos proyectos quedaron en carpeta. Bilbao, que aprovecha las
aguas del río Chambo y Molobog que usaría las aguas
del canal de riego Chambo-Guano. En el caso de Bilbao, se
señala que sería muy riesgoso emprender en ese
proyecto, debido al proceso eruptivo del volcán
Tungurahua. Por esa causa ese proyecto estaría condenado
al archivo.

Pero con Molobog, la respuesta de Alvear es otra. Él
aduce que la EERSA no se ha dividido en dos empresas: una de
generación y otra de distribución y por eso es
imposible emprender en el proyecto.

Lozano tiene otra opinión, "simplemente no hay
interés". ¿Entonces cómo construimos
Río Blanco? Al parecer faltaría una decisión
política y las ganas de invertir en el sector
eléctrico. Según Lozano para Molobog quedaron 28
mil millones de sucres, justamente lo que se congeló en
Bancomex. Se tenía una proyección de 5.5
megavatios/hora. Una cosa sí es clara: si Chimborazo tiene
suficiente generación propia de darse racionamientos
eléctricos estos serían de corto período o,
incluso, no habría cortes.

Todos los meses la luz sube

Todos los meses se da un incremento en el sector
eléctrico. Según el gobierno hasta octubre del 2003
las tarifas en el sistema eléctrico deben tener "precios
reales" por ello mes a mes se incrementa 1.64% por cada 50 Kw/h
de consumo, en el sector residencial; es decir, si usted consume
200 Kw/h al mes tendría un incremento total de 6.56%,
éste es el llamado "incremento acumulativo" y la
razón de que muchos ciudadanos al momento de pagar la
luz.

Un gerente cuestionado

"Yo no puse a Nicolás Alvear en la gerencia de la
EERSA, pero sí hable por él ante el Fondo de
Solidaridad".
Lozano dice que cometió un error, pero tampoco lo fue en
su totalidad pues dice que para el nombramiento se tuvo el apoyo
de los otros accionistas mayoritarios, como el consejo provincial
y el municipio de Riobamba.

Ante un boletín de prensa del Diputado Guillermo Haro,
en donde se denunciaba actos de corrupción
en la EERSA, Alvear respondió al legislador que estaba
dispuesto a contestar sus inquietudes, "proporcionándole
toda la información que usted requiera para aclarar
comentarios". El 8 de mayo Haro planteó 23 interrogantes
al gerente de la EERSA y según el numeral octavo del Art.
130 de la Constitución, éste tenía 10
días para contestar. Las respuestas nunca llegaron. Ante
esto la posición de Guillermo Haro es clara, "vamos a
llamar al representante del Fondo de Solidaridad para que nos
explique la serie de negociados que se han detectado

en la EERSA".

Las preguntas de Haro fueron

• Sobre los depósitos en Bancomex.

• Sobre la contratación de seguros, que la EERSA
  celebró en el 2001.

• Sobre la contratación de personal.

• Sobre las pérdidas técnicas y no
  técnicas.

• Sobre las obras de electrificación rural.

• Sobre la adquisición del Jeep Nissan-Patrol Wagon
  GL 4500