- Planteamiento del
problema - Marco
teórico - Marco
metodológico - Conclusiones,
recomendaciones y materiales de referencia - Materiales de
referencia
Introducción
La justicia es un
derecho humano fundamental que el Estado como
garante del poder de
imperio que le ha sido conferido por los administrados,
está en el deber de impartir. Por ello, cada nación
desde la óptica
del hecho social que le da origen a sus instituciones
ha interpretado de distinta forma lo que debe entenderse por la
justicia y la manera como la misma debe ser administrada.
En Venezuela, la
justicia se concibe como el principio supremo ante el cual
están supeditados todos los procesos
judiciales, no en vano el ordenamiento jurídico refiere a
grosso modo que el proceso
constituye el instrumento fundamental para la realización
de tan magna garantía. Así las cosas, estando la
mayoría de la población de la
República Bolivariana de Venezuela en los estratos
económicos más vulnerables, es de esperarse que el
legislador asuma una actitud
tendente a asegurar una reducción progresiva de los
importes económicos que los justiciables deben soportar
para acceder al sistema formal de
administración de justicia. En ese sentido
resulta imprescindible efectuar un análisis sobre todos los preceptos que se
funden junto a la gratuidad para la efectiva prestación
del bien jurídico perseguido por el Poder Judicial de
la República Bolivariana de Venezuela que no es otro que
la justicia.
En tal sentido con la aprobación de la referida norma
superior, se confía en que la justicia sea un derecho
más asequible para los administrados, ya que el Decreto
con Fuerza y Rango
de Ley de Arancel
Judicial (1999) contemplaba las tasas o derechos judiciales que en
principio deben sufragar los justiciables por accionar los
tribunales de justicia.
El Código
de Procedimiento
Civil de Venezuela (1987) si bien se ha constituido como la norma
rectora de todos los procedimientos
civiles que se desarrollan en las instancias civiles y
mercantiles, el mismo es de anterior aplicación a la
entrada en vigencia de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999); de allí surge la
disyuntiva de que si sus disposiciones se acoplan perfectamente a
las consideraciones que respecto a la justicia se encuentran
consagradas sacramentalmente en la aludida norma superior y las
novísimas normas
procedimentales que conforman el ordenamiento jurídico de
la nación
venezolana.
Sobre este particular, el Tribunal Supremo de Justicia de la
República Bolivariana de Venezuela en su Sala
Constitucional como máximo intérprete de las normas
y de los principios que se
encuentran consagrados en el texto de la
Constitución, ha examinado exhaustivamente el precepto de
la gratuidad de la justicia, con el objeto de determinar el
alcance y el enfoque definitivo de cómo debe ser observado
el mismo a la hora de ser invocado por algún
administrado.
Por todo lo anteriormente expuesto, se procede a describir la
estructura del
cuerpo del trabajo, el
cual se distribuyó de la siguiente manera: En el primer
capítulo se trata el problema de la
investigación. En el segundo capítulo se abarca
el marco
teórico vinculante. El capítulo tercero,
está constituido por el marco metodológico. En el
capítulo cuarto, se presentan los resultados obtenidos con
sus conclusiones y recomendaciones, y finalmente los materiales de
referencia correspondientes.
CAPÍTULO I
Planteamiento del
problema
El Problema
La justicia ha sido definida a través de la historia como la virtud
moral que
inclina a dar a cada cual lo que le pertenece como propio. El
objeto de esta virtud es el derecho objetivo,
aquello que se debe a otro por estarle vinculado en fuerza de
unos títulos naturales o adquiridos legítimamente.
Hay derechos primarios o fundamentales que son exigencia
indispensable de la misma naturaleza
humana, derivan de la ley natural pero no son primarios,
otros en cambio, tienen
como razón de existir la voluntad positiva de dios o del
hombre en
cuanto representante de dios. El hombre debe
usarlos, haciendo mención al derecho formal y subjetivo.
Así como también debe respetar a estos derechos,
cumpliendo con el acto propio de la justicia de dar a cada uno lo
que le pertenece. La justicia en consecuencia es la capacidad de
vivir en la verdad con el prójimo, siendo ésta una
de las virtudes más elevadas para la obtención de
la paz social.
Por otra parte, la justicia legal es entendida como el medio a
través del cual el Estado procura
el bien común a todos los que habitan en un determinado
territorio, mediante la promulgación de leyes justas y
sabias, y en la constitución de un poder público
capaz de darlas a conocer y de hacerlas cumplir; en tal sentido,
la
administración o regencia de tan basto principio,
emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la
República y por autoridad de
la Ley, a través de los órganos que conforman el
Poder Judicial.
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