El siguiente trabajo habla de dos tipos de Modelos Económicos, tan contrarios, como son el sistema Social y el Sistema Neoliberal, en dos épocas tan cercanas para la actualidad y en donde en ambas se produjo una crisis económica debido a diversos hechos.

Como se verá en los objetivos, se tratará de dar una importancia histórica a los sistemas económicos, dejando de lado toda investidura política, ya que lo que importa es tener bien al país, siguiendo las convicciones que lo lleven a uno por el camino de lo realizable y sin pensar en ideales inalcanzables para la realidad chilena de cualquier, época.

En Chile se han aplicado en los últimos 30 años, 4 tipos diferentes de modelos económicos. Así existe el Sistema Social, aplicado por el gobierno de la Unidad Popular (1970 – 1973); el Sistema Neoliberal, aplicado en el Gobierno Militar (1973 – 1989); el Sistema Social de Mercado, reflejado en los dos gobierno de la Concertación DC (Aylwin, 1990 – 1993 y Frei Ruiz-Tagle, 1994 – 1999); y el Sistema Social de mercado con tendencia Liberal, presentado quizás con la intención de seguir el mismo camino que los anteriores pero que se ve una clara tendencia liberal en la economía Chilena (gobierno de Lagos 2000 – 2006).

• Conocer las causas de la crisis económicas del gobierno de la UP
• Conocer en lo que influyó el Pronunciamiento Militar en la Economía de la época
• Conocer causas de la crisis económica de 1982
• Conocer e interpretar el sistema económico actual del país y entender las perspectivas futuras de la evolución económica de Chile.

Al aproximarse las elecciones presidenciales de 1970 de 1970, la izquierda chilena formó la llamada Unidad Popular (partido socialista, comunista, radical, social demócrata y al MAPU), postulando al doctor Salvador Allende; la Democracia Cristiana, postuló a Radomiro Tomic; y la Democracia Radical y el Partido Nacional, hicieron lo propio con el ex presidente Jorge Alessandri.

Los resultados fueron estrechos, lo que provocó que el congreso tubo la obligación de decidir entre las mayorías, que eran Allende y Alessandri, generalmente el congreso escogía a quien había obtenido a la primera mayoría relativa, pero esta vez se trataba de un militante socialista, y que por lo mismo propiciaba la instauración de un régimen socialista en Chile, por lo que la elección no se hacía tan simple.

Así, el día 4 de noviembre de 1970, asume el cargo de presidente de la república , el primer presidente marxista elegido popularmente en el mundo.

Las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo.

En la nueva economía la planificación jugará un papel importantísimo. Sus órganos centrales estarán al más alto nivel administrativo; y sus decisiones, generadas democráticamente, tendrán carácter ejecutivo.

El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. Así quedarán integrando este sector de actividades nacionalizadas las siguientes:

1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral;

2) E1 sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros;

3) El comercio exterior;

4) Las grandes empresas y monopolios de distribución;

5) Los monopolios industriales estratégicos;

6) En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel.

Todas estas expropiaciones se harán siempre con pleno resguardo del interés del pequeño accionista.

Esta área comprende aquellos sectores de la industria, la minería, la agricultura y los servicios en que permanece vigente la propiedad privada de los medios de producción.

Estas empresas en número serán la mayoría. Así por ejemplo en 1967, de las 30.500 industrias (incluyendo la industria artesanal), sólo unas 150 controlaban monopólicamente todos los mercados, concentrando la ayuda del Estado, el crédito bancario y explotando al resto de los empresarios industriales del país vendiéndoles cara la materia prima y comprándoles barato sus productos.

Las empresas que integran este sector serán beneficiadas con la planificación general de la economía nacional. El Estado procurará las asistencias financiera y técnica necesarias a las empresas de esta área, para que puedan cumplir con la importante función que desempeñan en la economía nacional, atendiendo el número de las personas que trabajan en ellas, como el volumen de la producción que generan.

Además, se simplificarán los sistemas de patentes, aranceles aduaneros, contribuciones y tributos para estas empresas y se les asegurará una adecuada y justa comercialización de sus productos.

En estas empresas se deberán garantizar los derechos de obreros y empleados a salarios y condiciones de trabajo justos. El respeto de estos derechos será cautelado por el Estado y los trabajadores de la empresa respectiva

Este sector será mixto porque se compondrá de empresas que combinen los capitales del Estado a los particulares.

Los préstamos o créditos concedidos por los organismos de fomento a las empresas de esta área podrán serlo en calidad de aportes para que el Estado sea socio y no acreedor. Lo mismo será válido para los casos en que dichas empresas obtengan créditos con el aval o garantía del Estado o de sus instituciones.

La Reforma Agraria es concebida como un proceso simultáneo y complementario con las transformaciones generales que se desea promover en la estructura social, política y económica del país, de manera que su realización es inseparable del resto de la política general. La experiencia ya existente en esta materia y los vacíos o inconsecuencias que de ella se desprenden, conducen a reformular la política de distribución y organización de la propiedad de la tierra en base a las siguientes directivas:

1.— Aceleración del proceso de Reforma Agraria expropiando los predios que excedan a la cabida máxima establecida, según las condiciones de las distintas zonas, incluso los frutales, vitivinícolas y forestales, sin que el dueño tenga derecho preferencial a elegir la reserva. La expropiación podrá incluir la totalidad o parte de los activos de los predios expropiados (maquinarias, herramientas, animales, etc.).

2.—Incorporación inmediata al cultivo agrícola de las tierras abandonadas y mal explotadas de propiedad estatal.

3.—Las tierras expropiadas se organizarán preferentemente en formas cooperativas de propiedad. Los campesinos tendrán títulos de dominio que acrediten su propiedad sobre la casa y el huerto que se les asigne y sobre los derechos correspondientes en el predio indivisible de la cooperativa.

Cuando las condiciones lo aconsejen, se asignarán tierras en propiedad a los campesinos, impulsando la organización del trabajo y de la comercialización sobre bases de cooperación mutua.

También se destinarán tierras para crear empresas agrícolas estatales con la tecnología moderna.

4.—En casos calificados se asignarán tierras a los pequeños agricultores, arrendatarios, medieros y empleados agrícolas capacitados para el trabajo agropecuario.

5.—Reorganización de la propiedad minifundiaria a través de formas progresivamente cooperativas de trabajo agrícola.

6.—Incorporación de los pequeños y medianos campesinos a las ventajas y servicios de las cooperativas que operen en su área geográfica.

7.—Defensa de la integridad y ampliación y asegurar la dirección democrática de las comunidades indígenas, amenazadas por la usurpación, y que al pueblo mapuche y demás indígenas se les aseguren tierras suficientes y asistencia técnica y crediticia apropiadas.

La política económica del Estado se llevará adelante a través del sistema nacional de planificación económica y de los mecanismos de control, orientación, crédito a la producción, asistencia técnica, política tributaria y de comercio exterior, como asimismo mediante la propia gestión del sector estatal de la economía. Tendrá como objetivos:

1.—Resolver los problemas inmediatos de las grandes mayorías. Para esto se volcará la capacidad productiva del país de los artículos superfluos y caros destinados a satisfacer a los sectores de altos ingresos hacia la producción de artículos de consumo popular, baratos y de buena calidad.

2.—Garantizar ocupación a todos los chilenos en edad de trabajar con un nivel de remuneraciones adecuado. Esto significará diseñar una política que genere un gran empleo proponiéndose el uso adecuado de los recursos del país y la adaptación de la tecnología a las exigencias del desarrollo nacional.

3.—Liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero. Esto lleva a expropiar el capital imperialista, a realizar una política de un creciente autofinanciamiento de nuestras actividades, a fijar las condiciones en que opera el capital extranjero que no sea expropiado, a lograr una mayor independencia en la tecnología, el transporte externo, etcétera.

4.—Asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado que tienda a desarrollar al máximo las fuerzas productivas, procurando el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, naturales, financieros y técnicos disponibles a fin de incrementar la productividad del trabajo y de satisfacer tanto a las exigencias del desarrollo independiente de la economía, como a las necesidades y aspiraciones de la población trabajadora, compatibles con una vida digna y humana.

5.—Ejecutar una política de comercio exterior tendiente a desarrollar y diversificar nuestras exportaciones, abrir nuevos mercados, lograr una creciente independencia tecnológica y financiera y evitar las escandalosas devaluaciones de nuestra moneda.

6.—Tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad monetaria. La lucha contra la inflación se decide esencialmente con los cambios estructurales enunciados. Debe, además, incluir medidas que adecúen el flujo de circulante a las reales necesidades del mercado, controle y redistribuya el crédito y evite la usura en el comercio del dinero. Racionalice la distribución y el comercio. Estabilice los precios. Impida que la estructura de la demanda proveniente de las altas rentas incentive el alza de los precios.

La garantía del cumplimiento de estos objetivos reside en el control por el pueblo organizado del poder político y económico; expresado en el área estatal de la economía y en la planificación general de ésta. Es este poder popular el que asegurará el cumplimiento de las tareas señaladas.

Ya conocido el programa de gobierno que pretendía utilizar y mostrar la Unidad Popular, veamos los hechos, o mejor dicho la realidad de lo acontecido en el gobierno de la Unidad Popular visto de diferentes áreas, como son la minería, la agricultura, y otras áreas que involucran un cambio en la economía de Chile en este período (1970 – 1973). Así trataremos de explicar el modelo económico impuesto en este gobierno, el modelo llamado Sistema Social.

Todo lo ocurrido en 1971, como son el comienzo del cumplimiento de los programas, llevan a una situación de desabastecimiento y a acciones ilegales de ocupación que continuarán durante meses, en el primero de los casos, que se mencionará de manera superficial, cabe destacar que obligó a Allende a reconocer frente la XXV Convención Nacional del Partido Radical que "estamos en una economía de guerra"(1), dado que no sólo comienzan a escasear los productos alimenticios sino también los medicamentos, el combustible y otros elementos de primera necesidad y, en cuanto a las ocupaciones, la dirección general de Carabineros de Chile, informaba que hasta el 15 de junio y durante ese año habían sido ocupados en forma ilegal "339 industrias, 658 fundos, 218 terrenos urbanos, poblaciones construidas y edificios de departamentos y 154 establecimientos educacionales.

Así en diciembre de 1971, se realizó la "marcha de las cacerolas", donde un grupo de mujeres opositoras al gobierno de la UP desfilan golpeando ollas, como protesta de la grave falta de productos.

El hecho llevará a la oposición a acusar constitucionalmente al ministro José Tohá.

Nacionalización del Cobre: Entre 1965 y 1970, el estado chileno había obtenido créditos extranjeros por un monto de 580 millones de dólares, destinados a la modernización de las empresas y de las minas; figuraban como aval de la deuda total y había sido el único deudor que había realizado desembolsos, mientras tanto las empresas habían contabilizado ingresos por un total de 602 millones de dólares y habían acumulado una deuda de 632 millones.

El programa de chilenización del cobre había pagado por las acciones adquiridas un precio muy superior al fijado en los libros de las propias empresas. Así, la Braden Company, dueña de El Teniente, cobró como la Kennecott Co. Un total de 81 millones de dólares, mientras que el valor en libros era de 72 millones. Además, El Teniente, bajo la administración de la Kennecott, había obtenido créditos del Eximbank por un total de 100 millones de dólares para ampliaciones del mineral, con una cláusula que obligaba al estado chileno a cancelar el total de la deuda en el caso de que no se cumpliera el contrato de administración.

El gobierno de Allende consideraba que el primer paso para la independencia económica con el exterior debía ser la nacionalización del cobre, ya que éste sería el "sueldo de Chile". El proceso se realizó mediante reforma constitucional aprobada unánimemente por el congreso nacional con la ley del 16 de julio de 1971, que fijaba la expropiación de los derechos de las empresas Anaconda Company y Kennecott Koper Corporation, así como las minas de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente.

El procedimiento y el pago de indemnizaciones a las empresas generaron conflictos en las relaciones con Estados Unidos, puesto que contravenía el convenio establecido en el mandato de Frei, según el cual el estado chileno adquiría progresivamente el porcentaje restante de las acciones de la gran minería del cobre y mientras tanto, y por un período de once años, esta debería permanecer bajo las administraciones americanas.

La industria del Salitre: La nacionalización también alcanzó también al salitre, así se formó Soquimich, integrada por la CORFO y la empresa Anglo-Lautaro.

En 1970, tras los cambios lectorales, la compañía Anglo-Lautaro se retiró de Soquimich, y la CORFO mantuvo el 51% de la compañía hasta 1971, cuando se decidió la nacionalización total. En esa época las empresas relevantes eran las oficinas de Pedro de Valdivia, María Elena, Victoria, Alemania.

El Sistema Bancario chileno: En 1970 el sistema bancario chileno comprendía un banco comercial público (banco del estado) y 27 bancos comerciales privados, de los cuales 22 eran nacionales y 5 extranjeros. El mercado estaba muy concentrado y el banco del estado, el más grande del país, reunía casi la mitad de los activos y los pasivos totales. Entre las instituciones privadas, la más grande equivalía en tamaño a todas las restantes.

Los bancos nacionales y extranjeros se ceñían a la misma reglamentación, existían restricciones especiales para el acceso de nuevos bancos extranjeros o la adquisición de bancos nacionales por parte de otros foráneos. El número de bancos extranjeros era pequeño y su participación en el mercado era baja.

Entre los años 1970 y 1973 el estado de Chile aumentó en alto grado su participación en el sector financiero, los controles públicos se hicieron más intensos, y muchos bancos fueron intervenidos o nacionalizados, adoptando el Banco Central un papel, activo en la asignación de créditos que redujo la influencia de los bancos privados. El número de bancos bajo de 28 en 1970 a 22 en 1973, algunos se fusionaron, otros desaparecieron, todos los bancos extranjeros desaparecieron excepto uno que era banco estatal en su país de origen.

La Reforma y el Gobierno de Allende: La tercera etapa de la reforma agraria comenzada en el gobierno de Frei Montalva, la finalizó Allende, impulsor de un decreto de virtud del cual se expropiaban alrededor de 3 millones de hectáreas, que debían ser redistribuidas entre más de un millón de campesinos.

Estas medidas fueron anuladas por el gobierno militar de Pinochet, que en diciembre de 1978 se pone fin al proceso de expropiación de tierras en Chile.

A modo de balance, cabe indicar que entre los años 1965 y 1973 se expropiaron 5809 predios, los cuales sumaban en total una superficie de 9695000 de hectáreas, más 334000 que le traspasó la Caja de Colonización. De esta superficie, unas 780000 hectáreas se destinaban a riego, o sea, el 64,9% de la superficie regada del país. En definitiva; las expropiaciones afectaron aproximadamente al 50% de la tierra cultivable.(2)

Como conclusión del gobierno de Allende se puede decir que trató de cumplir los prometido de la mejor manera posible, sin embargo se generó algo que era inevitable, un mal manejo del dinero de la nación. Lo que llevó a lo que nos interesa como objetivo, a una preocupación del país e incluso se dice que existieron políticos que pidieron lo que se conoció como el pronunciamiento militar o el golpe militar, todo depende del punto de vista político que se tenga, sin embargo fuera de llamarlo por un punto político lo que interesa, es lo que produjo en el país este cambio brusco de mando en el gobierno.

"La muerte transitoria de la democracia en Chile será lamentable, pero la responsabilidad directa pertenece claramente al Dr. Allende y a aquellos de sus seguidores que CONSTANTEMENTE ATROPELLARON LA CONSTITUCION. 

El Presidente Allende no se convirtió en mártir, aun cuando fuera cierto que se suicidó el martes.  El bombardeo y asalto de su palacio presidencial y la toma del poder por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile pusieron un fin amargo al primer gobierno marxista libremente elegido en Occidente. 

Y la batalla parece apenas haber comenzado.  Con la mayoría de los canales de comunicación de Chile con el mundo exterior aún restringidos, es difícil tener una idea más completa de la violencia que aparentemente continúa.  Pero SI UNA SANGRIENTA GUERRA CIVIL COMENZARA, o si los generales que ahora controlan el poder deciden no llamar a nuevas elecciones, NO HABRA DUDA ALGUNA RESPECTO DE QUIEN ES LA RESPONSABILIDAD POR LA TRAGEDIA de Chile.  La responsabilidad es del Dr. Allende y de aquellos en los partidos marxistas que aplicaron una estrategia para controlar el poder total, al punto que la oposición perdió las esperanzas de controlarlos por medios constitucionales. 

Lo que ocurrió en Santiago no es un golpe típicamente latinoamericano. Las fuerzas armadas toleraron al Dr. Allende por casi tres años.  En ese período, él se las ingenió para hundir al país en la peor crisis social y económica de su historia moderna.  La expropiación de campos y empresas privadas provocó una alarmante caída en la producción, y las pérdidas de las empresas estatales, según cifras oficiales, superaron los $ 1.000 millones de dólares.  La inflación alcanzó a 350% en los últimos 12 meses.  Los pequeños empresarios quebraron; los funcionarios públicos y trabajadores especializados sufrieron la casi desparición de sus sueldos por causa de la inflación; las dueñas de casa tenían que hacer interminables colas para obtener alimentos esenciales, y si es que encontraban.  La creciente desesperación originó el enorme movimiento huelguístico que los camioneros iniciaron hace seis semanas. 

Pero el gobierno de Allende fue más allá de la destrucción de la economía.  VIOLO LA LETRA Y EL ESPIRITU DE LA CONSTITUCION.  La forma en que sobrepasó duramente al Congreso y a los Tribunales de Justicia debilitó la fe en las instituciones democráticas del país. 

El mes pasado, una resolución aprobada por la mayoría opositora en el Congreso señalaba que "el gobierno no es responsable sólo por violaciones aisladas de la Constitución y la ley;  ha convertido tales violaciones en un método PERMANENTE de conducta".  El sentimiento de que el Parlamento era ya irrelevante aumentó por la violencia en las calles y por la forma en que el gobierno toleró el surgimiento de grupos armados de extrema izquierda que se estaban preparando de manera abierta para la guerra civil. 

Las fuerzas armadas intervinieron sólo cuando estuvo claramente establecido que existía un mandato popular para la intervención militar.  Las fuerzas armadas TUVIERON QUE INTERVENIR  porque fallaron todos los medios constitucionales para frenar a un gobierno que se comportaba de modo inconstitucional.  

El detonante para el golpe fueron los esfuerzos de los extremistas de izquierda para promover la subversión dentro de las fuerzas armadas.  El señor Carlos Altamirano, ex secretario general del partido socialista, y el señor Oscar Garretón del Movimiento de Acción Popular Unitaria, ambos líderes de la Unidad Popular de Allende, fueron señalados por la Armada como los "autores intelectuales" del plan de amotinamiento de los marinos en Valparaíso".

Este es el texto íntegro de la resolución de la Cámara de Diputados de Chile, aprobada por amplia mayoría el 23 de agosto de 1973. En ella se hace un listado de las violaciones constitucionales y legales del gobierno del Presidente Allende, y se acuerda "representarles" este "grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República", entre otras autoridades, "a las Fuerzas Armadas". Asimismo acuerda "representarles que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado,...les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes".

ACUERDO:

"Considerando:

1º Que es condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho que los Poderes Públicos, con pleno respeto al principio de independencia recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y la leyes les señalan, y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución Política del Estado;

2º Que la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia y atentar contra ella es, pues, destruir no sólo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación sino que, en la práctica, negar toda posibilidad de vida democrática;

3º Que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del Estado que, de acuerdo a su artículo 2º, señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y que las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue y, en el artículo 3º, se deduce que un Gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado, incurre en sedición;

4º Que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política, el que tuvo como preciso objeto asegurar el sometimiento de la acción de su Gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se comprometió a respetar;

5º Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece;

6º Que, para lograr este fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho;

7º Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos:

a) Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en "resquicios legales", siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del legislador;

b) Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional al privar de todo efecto real a la atribución que a éste le compete para destinar a los Ministros de Estado que violan la Constitución o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental, y

c) Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho "tabla rasa" de la alta función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental;

8º Que, en lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes desmanes:

a) Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la Excma. Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces;

b) Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del Gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto, o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención;

c) Ha violado leyes expresas y ha hecho "tabla rasa" del principio de separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la Excma. Corte Suprema, el Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de hacer un "juicio de méritos" a los fallos judiciales, determinando cuándo éstos deben ser cumplidos;

9º Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República --un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad administrativa-- el Gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él;

10º Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pueden destacarse los siguientes:

a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas, los derechos y los bienes de todos los habitantes de la República, en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia y en numerosos otros aspectos, siendo de notar que el propio Presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su Gobierno, al proclamar desde el principio que él no se considera Presidente de todos los chilenos;

b) Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del Gobierno; clausurando ilegalmente diarios y radios; imponiendo a estas últimas "cadenas" ilegales; encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición; recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta, y violando abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el Canal Nacional de Televisión, al entregarlo a la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo exige la ley, y al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria y de difamación de los adversarios políticos;

c) Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la Constitución reconoce a las Universidades para establecer y mantener estaciones de televisión, al amparar la usurpación del Canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa Universidad, y al obstaculizar la extensión a provincias del Canal de la Universidad Católica de Chile;

d) Ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen, mientras ha permitido constantemente que grupos a menudo armados, se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de calles y caminos para amedrentar a la población;

e) Ha atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo en aplicación en forma ilegal y subrepticia, a través del llamado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista;

f) Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad, al permitir y amparar más de 1.500 "tomas" ilegales de predios agrícolas, y al promover centenares de "tomas" de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía; sistema que ha sido una de las causas determinantes de la insólita disminución de la producción, del desabastecimiento, el mercado negro y el alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina del erario nacional y, en general, de la crisis económica que azota al país y que amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguridad nacional;

g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas;

h) Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el caso de El Teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión;

i) Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente perseguidos como los de Sumar, Helvetia, Banco Central, El Teniente y Chuquicamata; ha seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo expresamente la Ley de Reforma Agraria; ha negado la participación real de los trabajadores de acuerdo a la Reforma Constitucional que les reconoce dicho derecho; ha impulsado el fin de la libertad sindical mediante el paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores;

j) Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla.

11º Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento, bajo el estímulo y la protección del Gobierno, de una serie de organismos que son sediciosos porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorgan, con manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 10 Nº 16 de la Carta Fundamental, como por ejemplo, los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, los Comités de Vigilancia, las JAP, etc.; destinados todos a crear el mal llamado "Poder Popular", cuyo fin es sustituir a los Poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos por el Presidente de la República en su último Mensaje Presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas;

12º Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la Nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas; como también tiene especial gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las asonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al Gobierno. No pueden silenciarse, por su alta gravedad, los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros;

13º Que al constituirse el actual Ministerio, con participación de altos miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el Excmo. señor Presidente de la República lo denominó "de seguridad nacional" y le señaló como tareas fundamentales las de "imponer el orden político" e "imponer el orden económico", lo que sólo es concebible sobre la base del plano restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional de la República;

14º Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no sólo para un sector de la Nación o para una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes y de convivencia democrática indispensable para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo;

15º Por último, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado

LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:

PRIMERO: Representar a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado y miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos Nºs 5 a 12 precedentes;

SEGUNDO: Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos;

TERCERO: Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional, y

CUARTO: Transmitir este acuerdo a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización".

Luego del Pronunciamiento Militar del 11 de Septiembre de 1973, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto Ley Nº 1, la Junta Militar conformada por los Comandantes en Jefe de Ejército, Marina, Aviación y General Director de carabineros, asumió el gobierno de la nación, aplicando un nuevo modelo llamado Sistema Neoliberal.

A continuación daremos una pequeña explicación del neoliberalismo como parte económica, es sólo una explicación de lo que es universalmente el neoliberalismo.

El Neoliberalismo es una doctrina filosófica que tiene ramificaciones en todos los campos de las ciencias sociales. Los neoliberales se dedican a ensalzar la competencia capitalista, afirmando que el mecanismo de esta última garantiza automáticamente las mejores condiciones para la evolución de las fuerzas productivas.

"Una peculiaridad del Neoliberalismo es que combina la exaltación de la libre competencia y de la restauración automática del equilibrio con el reconocimiento de la necesidad de la intromisión del Estado en la economía. Lo peculiar de esta argumentación reside en que la defensa de la intervención del Estado en la economía se presenta como una lucha por la libre competencia".

La argumentación del Neoliberalismo es que la libre competencia es el estado ideal de la economía, pero no siempre puede ponerse en vigor, porque los monopolios la contrarrestan. Esta reacción puede ser superada y la libre competencia puede ser restablecida tan sólo aplicando una serie de medidas de política económica.

La teoría de los neoliberales se basa, en forma enmascarada, en la idea del papel decisivo del Estado en la economía, es decir, el rol del Estado debe ser el de promover la libre competencia.

Defienden un mercado altamente competitivo.

Aceptan la intervención del Estado en la economía, como arbitro o promovedor de la libre competencia.

Se oponen al acaparamiento y a la especulación.

Se oponen a la formación de monopolios y oligopolios

Se oponen a la fijación compulsiva de salarios por el Estado.

Rechazan la regulación de precios por el Estado, ya que deben fijarse en base a la relación oferta/demanda.

Se oponen a la creación compulsiva de empleo.

Se oponen al gasto público burocrático.

Defienden el libre comercio internacional.

Defienden la libertad de contratación del trabajo y la libre movilidad de los factores de producción.

A continuación, tal como lo hicimos con el gobierno de Allende, daremos un desarrollo de los hechos ocurridos explicando cada área desde un punto de vista económico, mostrando todo e cambio de pensamiento que se produjo de un gobierno a otro.

El 9 de Julio de 1977, al conmemorarse un aniversario más del Combate de La Concepción, se realizó un acto masivo en el cerro Chacarillas. En donde el presidente Pinochet aprovechó para explicar las tres etapas en que se dividiría el plan político para la recuperación del país. La primera etapa era la de recuperación, en la que el país se encontraba en esos momentos. Una segunda etapa, se extendería desde 1981 a 1985, caracterizada por la conducción cívico-militar del país y se instalaría una Cámara legislativa designada por el gobierno o con su visto bueno. Por último, la etapa de normalidad constitucional empezaría en 1985, año en que el poder sería devuelto a la civilidad.

El gobierno militar reemplazó la política estatista de desarrollo, representada principalmente por la CORFO, por el establecimiento de una economía de libre mercado, propugnada por un sector de economistas vinculados con la universidad de Chicago, conocido como los "Chicago Boys". En este modelo económico, el estado pasa a desempeñar un rol subsidiario del sector privado y el desarrollo económico de la nación a estar regido por las leyes de mercado. En el marco de la política económica la Junta cambió el sistema monetario de escudo a peso, mantuvo bajos aranceles para la importación y exportación de productos no tradicionales. Una de las primeras medidas fue el retiro de Chile del Pacto Andino, que tuvo lugar en 1975, a fin de poder ofrecer a la inversión extranjera las mismas garantías que a los inversionistas nacionales, lo que se tradujo en la ausencia de restricciones para la inversión extranjera.

Entre 1974 y 1988 el gobierno procedió a otorgar facilidades crediticias y tributarias a la banca privada. Por otra parte a través de la CORFO, se inició una política de desestatización de empresas, según los mecanismos de venta y devolución de estas, conocido como política de modernización.

Entre las empresas estatales que se conservaron está Codelco, por su notable aporte a la defensa nacional, equivalente al 10% de sus utilidades anuales.

Las cifras oficiales indican que entre 1974 y 1979, la inflación decayó del 600% a un 39%. El sector de las exportaciones no tradicionales registró en 1988 un incremento del 60% de sus utilidades.

Entre 1979 y 1983 el país atravesó una grave crisis económica. Se inició con el descenso dramático de la producción industrial, que llevó a la Sofofa a anunciar el quiebre de 427 empresas. A inicios de 1981 Chile tenía una deuda externa de 11000 millones de dólares, convirtiéndose en el país con la deuda externa más alta del mundo. En 1982, ante el virtual quiebre de la banca privada, el gobierno militar procedió a conceder préstamos, por intermedio del banco central, estimados en 5000 millones de dólares, repartidos entre 20 bancos, que se encontraban técnicamente quebrados. Estos préstamos son conocidos como "deuda subordinada".

En junio de 1982, el ministro de hacienda anunció públicamente que el Estado de Chile estaba al borde de la quiebra, con una deuda externa de 16000 millones de dólares.

A partir de 1982 comenzó un lento proceso de recuperación económica centrado principalmente en la exportación de productos no tradicionales de origen agroforestal.

Uno de los factores que incidió positivamente en este proceso fue, además de los bajos aranceles y franquicias tributarias, la progresiva desaparición del latifundio y su sustitución por pequeñas unidades productivas.

Estas medidas llevaron a que la economía chilena fuera considerada a partir de 1988 sólida y rentable, lo que ha convertido a Chile en un país atractivo para la inversión extranjera.

"La madre de todas las descalificaciones que se le hacen al gobierno del ex Presidente Pinochet es haber removido al gobierno "democrático" del ex Presidente Allende. Esto es una falsificación histórica.

Es verdad que el candidado marxista Salvador Allende fue elegido en 1970 a través de una elección democrática, aunque sólo con un 36.6% de la votación. Sin embargo, es igualmente verdad que su gobierno perdió su carácter democrático al haber violado repetidamente la Constitución.

En este Acuerdo se hace un listado de las violaciones constitucionales y legales del gobierno del Presidente Allende, y se acuerda "representarles" este "grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República", entre otras autoridades, "a las Fuerzas Armadas". Asimismo acuerda "representarles que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado,...les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes".

Al no existir en la Constitución chilena un mecanismo viable para remover a un Presidente que había perdido su carácter democrático, la Cámara de Diputados, con el voto de todos los representantes del Partido Demócrata Cristiano, le "representó" a las Fuerzas Armadas que "les corresponde poner inmediato término" a esta grave situación. Ese fue, de hecho, un llamado inequívoco a remover al Presidente Allende.

Las Fuerzas Armadas, lideradas por quien era en ese momento Comandante en Jefe del Ejército, el general Augusto Pinochet, cumplieron con el Acuerdo de la Cámara de Diputados dieciocho días más tarde, el 11 de Septiembre de 1973. Es incomprensible que el gobierno jamás haya traducido y publicado ese Acuerdo en el exterior, señal inequívoca de la incompetencia comunicacional que tan caro le ha costado ante la opinión pública mundial.

Por lo tanto, el orígen del gobierno del Presidente Pinochet es aquel de cualquier gobierno revolucionario, que sólo tiene la alternativa de usar la fuerza para remover a un tirano, y, por lo tanto, no puede objetivamente ser calificada de "dictadura". Como bien dijera Benjamín Franklin, uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, "la rebelión contra un tirano es obediencia a Dios".

Cuando se remueve a un Presidente elegido por un tercio de la población, y especialmente si su gobierno ha estimulado la creación de milicias armadas, es inevitable que se produzca un estado de "guerra civil". En algunos países, conflictos de esta naturaleza produjeron cientos de miles de victimas. Así por ejemplo, la guerra civil española habría producido un millón de muertos. Incluso la guerra civil norteamericana, también producto de una Constitución que no era clara acerca de la existencia o no del derecho de secesión de los estados de la Unión, resultó, hace ya más de un siglo, en 650.000 muertos (más que el total de caídos en todas las guerras norteamericanas del siglo XX).

Como en cualquier período revolucionario, hubo excesivas restricciones a las garantías individuales durante el gobierno del Presidente Pinochet. Las denuncié, no sin recibir ataques personales en un país en que primaba la incondicionalidad de unos y la ciega oposición de otros, en esta misma publicación en múltiples ocasiones.

Por ello, hoy puedo sostener con la misma independencia que, si bien algunas de ellas, como el exilio, fueron una injusta e innecesaria política de estado, las muertes no producidas en combate fueron delitos injustificables de algunos servicios de inteligencia en su guerra contra el terrorismo. A los culpables debe aplicárseles todo el rigor de las leyes vigentes, y precisamente en virtud de ellas cumple, en estos momentos, en la cárcel una condena de siete años el general responsable de la ex Dirección Nacional de Inteligencia cuando se cometieron algunas de esas violaciones. Culpar, sin prueba alguna, de algunos de estos hechos puntuales al ex Presidente Pinochet es una clara arbitrariedad.

Luego del Gobierno Militar se volvió a un sistema democrático mediante lo que se conoció como el plebiscito de 1988. Donde se votaba entre la mantención del gobierno de Pinochet, o se llamaba a elección presidencial (sí y no, respectivamente).

Fue una época de enfrentamientos entre una y otra opción. Se utilizaba los espacios televisivos por cada opción, todo con el fin de ganar el plebiscito.

Al final el 5 de Octubre de 1988 se hizo el histórico plebiscito, con el triunfo del NO, esto quería decir que era hora de elección popular la que se hizo el año siguiente con el triunfo del abanderado de la coalición de diversos partidos (DC, PPD, PS), agrupados en la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición que se mantiene en la actualidad.

Esto llevo un cambio total en lo que fue la economía y la política económica. En esta época se puso en práctica el llamado "Sistema Social de Mercado".

Luego de dos gobiernos de la concertación liderados en esa época por el partido del presidente (DC), se pensó en lo que sería la elección más dura para la concertación, ya que el abanderado de la derecha, Joaquín Lavín, en la época alcalde de Las Condes, tenía un alto apoyo popular, y así se vio reflejado en las elecciones presidenciales, en donde se obligó a, por primera vez en Chile, ir a una segunda vuelta electoral, debido al empate técnico que ocurrió en dichas elecciones, así después en enero del siguiente año, ganó en segunda vuelta, el abanderado de la concertación, Ricardo Lagos (PRSD), de esta forma se planteó seguir con el sistema económico implantado por sus antecesores, sin embargo se ha reconocido una tendencia Liberal, como quedará demostrado más adelante en una entrevista de opiniones a diversas personas relacionadas con el mundo de la economía.

Se ha amalgamar éstos tres gobierno en sólo un capitulo, debido a que son similares en el aspecto económico, y cada uno a continuado la obra del anterior, por lo que no ha habido un cambio tan profundo en lo a economía se refiere, no se ha experimentado un cambio tan profundo como ocurrió con el gobierno de Allende y de Pinochet.

A continuación se verá un resumen de las actividades más importantes de los dos primeros gobiernos y luego se analizará lo hecho hasta el momento por el actual presidente de la república Ricardo Lagos, junto con ver un posible análisis futuro y en perspectiva de lo que será la economía en el país en futuros gobiernos.

Respecto a la economía de este gobierno Luis Galdames establece que: "en lo relativo al desarrollo económico se continuó aplicando el modelo de Gobierno anterior, dándose énfasis en los asuntos sociales. El comercio exterior experimentó un nuevo crecimiento debido al factor confianza y a la mantención de reglas. Además el país tubo relaciones extranjeras para mejorar relaciones económicas con países asiáticos. El crecimiento de la economía favoreció mayormente al sector capitalista. La distribución del ingreso continuó siendo desfavorable para la clase trabajadora, aunque los índices de pobreza experimentaron una mejoría relativa".

a) Continuidad del modelo económico: Con el retorno de la democracia Chile gozo nuevamente de nuevas líneas de crédito y programas de donación así como un nuevo crecimiento del comercio exterior, asimismo se renovaron los esfuerzos por mejorar el comercio con los países asiáticos. La Asociación Latinoamericana de Integración se lograron acuerdos bilaterales con México, Argentina, Bolivia y Venezuela para desarrollar un programa de rebajas arancelarias puesto en marcha en junio de 1991. Se inicio la construcción de un oleoducto entre Argentina y Chile que uniría las ciudades de Neuquén y San Vicente, también se establecieron conversaciones con el país vecino para la construcción de un gasoducto para proveer a Chile de gas natural.

El gobierno chileno logro postergar el vencimiento de los pagos de la deuda externa. Al finalizar su mandato el producto geográfico bruto PGB había crecido en un 10.4%, las exportaciones un 12.3% real y la inflación se había reducido a un 12.7% anual, con esto se logro una tasa de ahorro del 18.7% del PGB, mientras que el ahorro total nacional de la década de 1980 no supero el 9.5% del PGB. El desempleo había descendido a menos de un 5% , el salario mínimo había ascendido en un 27.8% y se había recatado de la extrema pobreza y de la marginalidad a 700.000 pobres. A pesar de estas cifras la distribución de la riqueza continua siendo desfavorable para 1/3 de la población chilena.

El gobierno de la DC que estableció el sistema parlamentario en 1990, inicio acciones a favor de los pequeños y medianos agricultores, marginados en los años precedentes. Los precios de garantía fueron efectivos en el momento en que los precios de importación eran inferiores al precio garantizado. Estas medidas incrementaron notablemente la productividad.

Las actividades frutícolas fueren las que más se beneficiaron de las políticas macroeconómicas aplicadas por el Ejecutivo desde 1982. El sector agrícola ha basado su dinamismo en dos factores susceptibles de variación: en primer lugar, en unos salarios bajos; y en segundo lugar, en las ofertas de frutas de invierno o de fuera de temporada a los países más desarrollados. En cuanto al primer factor la acción sindical puede presionar al alza los salarios. En el otro los competidores del modelo chileno, tales como Argentina y Brasil, pueden interferir negativamente en la demanda.

Las frutas constituyeron el 90% de las exportaciones agrícolas chilenas. Las zonas más aptas para el cultivo de frutas han recibido fuertes inversiones, modificando sensiblemente el patrón de uso del suelo e induciendo a cambios significativos en la estructura del territorio. "En términos geográficos, estas áreas se sitúan en el semiárido Norte Chico y en el Chile Central, de clima de clima mediterráneo".(2)

También en el área de la agricultura, América Latina está teniendo un cambio en el pensamiento, ya qua espacios semiáridos y tropicles están oniendose bajo producción mediante regadíos tales son los casos de Baja California en méxico, la costa peruana, Sertao brasileño, los oasis de los Andes, los áridos de Argentina, el Norte Chico en Chile. En donde los nuevos productos hortifrutícolas se destinan básicamente a la exportación.

Esta es una situación inédita en América Latina ya que Europa y USA gravaban con fuertes aranceles las importaciones de aquellos productos agrícolas que competían con los de sus respectivos territorios. Por una parte la creación de una zona global de libre cambio modifica el modelo de producción agrícola latinoamericano: los pequeños campesinos productores de granos no pueden competir con los grandes productores de USA y Europa, y dejan de ser rentables las grandes haciendas latinoamericanas dedicadas al trigo o al ganado de forma extensiva. Pero en cambio las frutas latinoamericanas tienen acceso a los mercados europeos y estadounidenses, a precios competitivos debido al bajo costo de la mano de obra y a la depresión de los aranceles.

En 1970 las exportaciones agrícolas constituían el 44% del total de la exportación, mientras que en la década de 1990 el porcentaje descendió hasta un 24%. Chile representa un caso excepcional, ya que en el país ha aumentado el peso de la exportación de productos agropecuarios.

Primera exportación de fruta a Rusia: la mayor distribuidora de frutas, verduras y alimentos de Moscú cerró en 1994 contratos con empresas de Chile. La operación se llevó a cabo a través de su contacto con Chile Consulting establecido durante la exposición permanente de productos chilenos en la capital rusa. Con anterioridad la misma empresa rusa había importado fruta chilena, pero en ese caso desde países bajos y a través de empresas estadounidenses. Para comercializar la fruta este local dispone de un sistema frigorífico con capacidad para más de 1000 toneladas de alimentos, los clientes de la entidad son renombrados hoteles y restaurantes, entre ellos las cadenas de Mc Donald´s, que adquiere manzanas chilenas para sus postres.

En la senda de la Agroexportación: Desde la década del 70 y la del 80, Chile se centralizó, en la exportación de bienes primarios no tradicionales, como productos forestales, pesqueros y agrícolas. Si se comparan las cifras de las exportaciones con las de las importaciones, se aprecia que la balanza comercial silvoagropecuaria es muy favorable a Chile. En un análisis más pormenorizado, por epígrafes de producción, se aprecia el fuerte precio específico de las frutas frescas, que mediados los 90 aportaban 1147 millones de dólares, un 65% del total de las exportaciones primarias sin elaboración. "La tendencia a lo largo de esta década es aumentar el peso relativo de este apartado, dentro del conjunto de las exportaciones de origen silvoagropecuario. Así pues la exportación de Chile está muy focalizada en el aspecto frutícola".(3)

El MERCOSUR y su incidencia en la agricultura chilena: En 1996, después de 2 años, el Presidente Frei Ruiz-Tagle firmó el acuerdo de asociación con el Mercado Común del Sur o MERCOSUR, que agrupa a más de 200 millones de consumidores. Aunque las ventas chilenas a los países de MERCOSUR representaban apenas un 11% del total de las exportaciones, aumentaban a buen ritmo y se centraban en productos de alto valor añadido.

Al analizar el detalle de estas exportaciones se apreciaba que un 40% de las ventas externas chilenas de productos agrícolas desgravarían en 8 años. Por su parte, las maquinarias y equipos agrícolas dejaron de pagar aranceles a partir de 1 de octubre de 1996.

Objetivos de la asociación chilena con MERCOSUR: Al presentar el proyecto de asociación con el MERCOSUR, algunos diputados pidieron algunos beneficios para seguridad de algunos sectores que consideraban desprotegidos, entre estos sectores, estaba el agrícola. Entre las medidas había una bonificación del 50% en la compra de fertilizantes.

El 13 de agosto de 1996 la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la asociación de Chile al MERCOSUR. Esta aprobación incluye el cumplimiento de los acuerdos referentes a la permanencia en MERCOSUR. Los principales objetivos de este acuerdo son:

- Formar un área de libre comercio.

- Promover la coordinación de la red de infraestructuras, principalmente puertos y carreteras.

- Impulsar las inversiones recíprocas

- Desarrollar la cooperación económica, energética, científica y tecnológica.

Plan de modernización agrícola: En mayo de 1996 al ministerio de agricultura elaboró un plan estratégico para modernizar y transformar la agricultura y la ganadería al objeto de afrontar con garantías los retos a que se veía sometido el sector agropecuario chileno ante la globalización de la economía, particularmente tras su asociación con el MERCOSUR.

El objetivo general es el de garantizar el abastecimiento alimentario a la población e incrementar las rentas de los agricultores.

Los ejes orientadores de este plan estratégico se pueden resumir en: ampliación y gestión de mercados externos; innovación tecnológica; capacitación; subvenciones a los agricultores en forma de precios de garantía o de ayudas a las mejoras de las explotaciones; y aumento y cobertura de las infraestructuras y servicios básicos en el medio rural.

La política seguida por Codelco en la década de 1990 se ha basado en la mejora del proceso tecnológico y en la reducción de la mano de obra, en este segundo caso se ha producido una notable reducción de trabajadores mediante programas de jubilación anticipadas y la no reposición de las plazas vacantes debidas a retiros normales. Codelco es además un organismo técnico y especializado de asesoramiento al gobierno en todo aquello relacionado con la minería chilena, también interviene en su función asesora en las políticas de producción y comercio del cobre, de sus subproductores y de los minerales metálicos y no metálicos.

La fuerte competencia del nitrato sintético hundió el mercado del salitre, sin embargo la producción salitrera de Chile es todavía relativamente elevada pues en 1995 se produjeron 995000 toneladas. Lo que sucede es que las nuevas técnicas de producción permiten que esta se obtenga en solo 3 centros activos: María Elena, Pedro de Valdivia y la planta de evaporación solar de Coya Sur.

La producción de salitre de Soquimich en 1983 se obtuvieron 700000 toneladas, en 1990 ya eran 837000 y en 1995 la cifra se aproxima al millón de toneladas. Para obtener esta producción es preciso mover inmensas cantidades de caliche cada año, por ejemplo la oficina Pedro de Valdivia moviliza más de 35000 toneladas diarias de mineral.

Una gran parte de la producción de salitre se destina a la exportación, en 1995 salieron de los puertos chilenos 207000 toneladas de nitrato potasio y 315000 de nitrato sódico, los principales países de destino eran España, USA, Bélgica, China, Alemania, Japón y Corea del Sur. El valor fue de apenas 100 millones de dólares. La minería no metálica el salitre ocupa el lugar principal.

América Latina en una economía globalizada: La respuesta chilena (Texto Anexo nº 4)
Comentarios de Michel Camdessus,
Director Gerente del